Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. Pares La Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia (CEG) nace en el año 2004, después de que fuera liquidado el Instituto para el Desarrollo Luis Carlos Galán, entidad de carácter público, cuyos activos, misión y funciones pasaron entonces a la Corporación, de carácter mixto y dirigida desde su creación hasta hoy por Maruja Pachón, la hermana de Gloria Pachón, viuda de Luis Carlos Galán, quien a inicios de los años noventa había creado el Instituto siendo ministra de cultura. En este informe la Fundación Paz y Reconciliación hace un recuento de la contratación con entidades públicas de la Corporación Escuela Galán y las coincidencias con las buenas o antagónicas relaciones con el gobierno nacional y distrital. Contratación pública con la Corporación Escuela Galán Desde su creación hasta hoy, la Escuela Galán para el desarrollo ha manejado poco menos de medio billón de pesos en recursos públicos a través de contratos otorgados, en su mayoría, por contratación directa. En efecto, desde que se tiene registro, la Corporación Escuela Galán ha suscrito 45 contratos de modalidad de contratación directa o convenios interadministrativos, mientras por licitación ha alcanzado 17 (Cuadro n°1), es decir, el 73% de la contratación con el estado le ha sido adjudicada sin mediar proceso de competencia previa. La contratación directa o por convenios interadministrativos con entidades sin ánimo de lucro, como la Escuela Galán, ha sido una forma recurrente en Colombia de esquivar las leyes de contratación pública lo cual aumenta el riesgo corrupción. De un lado, al suscribir convenios interadministrativos las entidades públicas pueden transferir altos montos de dinero a los institutos y corporaciones que, al regirse por derecho privado, no tienen un tope de montos de contratación que los obligue a adelantar procesos licitatorios; de igual manera, los institutos y corporaciones con quien se firman los convenios o se contrata directamente no están en la obligación de implementar procesos de transparencia en la ejecución de los recursos. Es tal el riesgo, que en el 2016 el expresidente Juan Manuel Santos propuso modificar el Decreto 777 de 1992, que regula el régimen de contratación con las entidades sin ánimo de lucro, con el fin de eliminar la contratación directa con estas como una medida de lucha contra la corrupción. Escuela Galán Contratación con la nación: cercanía con gobierno Santos Aunque los miembros de la familia Galán directamente vinculados a las actividades políticas han asegurado que no tienen relación con la Corporación Escuela Galán, una de las cabezas de la familia es su fundadora y directora. Asimismo, es clara la vocación política de la Escuela y la trascendencia que tiene el apellido del gran líder asesinado en la marca de la institución. Ahora bien, los montos de contratación con el Estado anuales revelan un patrón sobre las correlaciones entre el aumento o descenso en la contratación de la Corporación con las entidades del estado y la relación de la familia con quienes las gobiernan. Así, a pesar de que fue durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez que se creó, no fue sino hasta que alcanzó la presidencia Juan Manuel Santos que los montos de contratación de la Escuela Galán con la nación aumentaron, pasando de un promedio anual durante el gobierno Uribe de 4.336 millones de pesos, a 44.017 millones anuales durante los dos cuatrienios del gobierno Santos. Es un aumento en la contratación con la nación de más del 1000%. Esto desde luego no es ni bueno, ni malo, es una realidad. Las cercanías políticas definen gran parte de la contratación pública en Colombia. La lejanía de familia Galán con el expresidente Uribe da un grado de contratación y la cercanía con el expresidente Santos da otro grado de contratación. En efecto, al inicio del primer mandato de Juan Manuel Santos como presidente, los hermanos Juan Manuel Galán y Carlos Fernando Galán eran congresista del Partido Liberal y director del Partido Cambio Radical, respectivamente, ambos de la coalición de gobierno. A comienzos del año 2012, Santos nombra Carlos Fernando como Secretario Anticorrupción y de Transparencia, un cargo que no existía hasta el momento, y en el que permanece Carlos Fernando hasta el año 2013. Justamente en estos dos años en que estuvo en el cargo, la escuela Galán presentó picos abruptos en la contratación de la nación, pasando de $13.824 millones de pesos entre 2010 y 2011, a $113.025 millones de pesos entre 2012 y 2013. En el segundo periodo de Santos, la relación con la familia Galán continúa, incluso más estrecha que antes. Carlos Fernando lidera la campaña en Bogotá del expresidente Santos y quien entonces era su jefe, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, logrando poco más 440 mil votos en primera vuelta y 1.337.349 en la segunda. Contratación con el distrito: cercanía con Peñalosa En el año 2015, Carlos Fernando Galán, Enrique Peñalosa y David Luna, ex candidatos a la alcaldía de Bogotá hacen una coalición denominada Equipo por Bogotá, con la que logran la elección de Peñalosa para el actual periodo como alcalde de la capital. La mayoría de aliados pasados de Peñalosa se adhieren en esta ocasión a la candidatura de Rafael Pardo. En años anteriores, desde el Concejo de Bogotá y el Congreso de la República, Carlos Fernando Galán había hecho una férrea oposición a los gobiernos distritales, denunciando, entre otros, el escándalo desatado en la alcaldía de Samuel Moreno conocido como “El Cartel de la Contratación”. Durante estos periodos, como se aprecia en el cuadro n° 2, la contratación con el distrito fue marginal. Pero las cosas cambiaron para la Corporación durante la alcaldía de Peñalosa. Mientras durante las tres administraciones anteriores, en 11 años la Escuela se ganó contratos con el distrito por $541 millones de pesos, en tan solo cuatro años del gobierno Peñalosa ha ganado contratos por $12.399 millones, lo que significó un aumento de recursos del distrito del 2.291% frente a la contratación con las demás alcaldías en su conjunto. El último contrato fue suscrito con Transmilenio en agosto de este año, después de iniciar la ley de garantías y una vez surtido el proceso licitatorio que lo permitía, por un valor $10.921 millones de pesos. Este contrato busca “Implementar los componentes de Pedagogía y Mediación Social dirigidos a los usuarios, actores del Sistema TransMilenio y a las comunidades priorizadas, con el fin de reducir la problemática de evasión, y mejorar la convivencia y la seguridad en el Sistema de Transporte Masivo gestionado por TRANSMILENIO S.A. – TMSA”. Palabras más, palabras menos, lo que se le encomendó a la Escuela Galán es la formación de los infractores, quienes para evitar las multas por cometer ilícitos menores en Transmilenio, como colarse al sistema sin pagar, deben recibir Talleres Pedagógicos de Código Nacional de Policía y Convivencia a cambio de evitar las multas tipo 1 y 2. Así mismo, la Escuela debe brindar talleres en centros educativos, empresas, entre otros, para generar conciencia entre los posibles “colados”, además de disponer una serie de mediadores en puntos de la troncal de Transmilenio para disuadir las acciones ilícitas y mediar conflictos que se presenten dentro del sistema. En el proceso licitatorio participaron 11 proponentes, entre ellos el consorcio conformado por la Escuela Galán y la Universidad Gran Colombia. Solo uno logró en la presentación de la oferta cumplir todos los requisitos, los demás subsanaron algunos faltantes que, según Transmilenio, no eran necesarios para la comparación de las propuestas, como lo define la convocatoria (foto n°1). Foto n° 1. Condición para subsanar documentos de la propuesta después de presentado el informe preliminar de evaluación. Pág. 18 pliego del proceso TMSA-­LP-­08­-2019. La Corporación Escuela Galán fue una de las que subsanó su propuesta, dado que no presentó el formato N° 09, correspondiente a las obligaciones tributarias de cada de una de las entidades sin ánimo de lucro que conforman el consorcio firmado por su representante legal (numeral 2.1.2.1). Finalmente, la Corporación Galán ganó la licitación con un puntaje de 99,6236, muy cerca de otros dos de los proponentes que obtuvieron 99,577 y 99,516 puntos respectivamente. Cabe resaltar que, como lo señaló uno de los competidores, la propuesta del consorcio en el que participa la Escuela Galán, tenía un presupuesto superior en algunos ítems a los del estudio de mercado, que deben servir como base para la evaluación, pero que sin embargo, para Transmilenio no era relevante dado que, como argumentan, no era una causal explicita de rechazo de la oferta (foto n° 2). Foto n° 2. Observación presentada por CONSORCIO BDP ‐ CEDAVIDA y respuesta de Transmilenio. Según el contrato, ejecutar dichas acciones en un periodo de seis meses (el contrato es por siete meses pero el primero es de acondicionamiento), permitiría reducir en un 80% la percepción de inseguridad en el transporte masivo de la capital, algo a todas luces, difícil de creer. En últimas, este contrato le permitiría subcontratar a la Corporación Escuela Galán más de 400 personas, en plena época electoral y cuando los gobiernos municipales no pueden contratar de forma directa por la Ley de Garantías. Algunas conclusiones Es completamente legítimo que una Corporación Educativa lleve el nombre de uno de los líderes más prestigiosos del país, asesinado por sus profundas convicciones éticas y su decidida lucha contra el narcotráfico y por la transformación de las costumbres políticas. Es también comprensible que la vocación de esta corporación sea la intervención en la vida pública y la pedagogía política. Es muy preocupante en todo caso que su mayor impulso y financiación no sea una obligación estatal y privada sin miramientos políticos coyunturales. Que al contrario este atada a la cercanía y al compromiso político con uno u otro gobierno y dependa directamente del protagonismo político de los hijos o familiares del líder inmolado. Un contrato por valor de 10.921.650.523, para la actuación de una corporación con la marca del apellido Galán con el fin realizar actividades directas con la población de la ciudad de Bogotá, y en el preciso momento de la disputa por la alcaldía en la que un miembro de la familia es candidato, tiene todo el sabor de favorecimiento político. Eso sin duda denota el interés de Peñalosa en esta candidatura y lesiona gravemente la independencia del candidato. Lea y descargue el informe completo

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal de justicia transicional creado a partir del Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las FARC, recibió este viernes un informe detallado sobre el exterminio del partido comunista que inicialmente documenta 525 hechos y 156 responsables de este genocidio político. “Ante la @JEP_Colombia se presentará hoy el caso del exterminio del Partido Comunista Colombiano que inicialmente documenta 525 hechos y 156 responsables de este genocidio político. Me uno a los anhelos de verdad y justicia para que nunca más ocurra algo así en el país”, expresó el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, hijo del asesinado Manuel Cepeda, integrante de la UP. Miembros del Partido Comunista y la Juventud Comunista-JUCO entregaron un informe con cinco (5) capítulos en los cuales se habla de los responsables de los crímenes, de las regiones donde se cometieron los delitos, entre otros ítems. Sin embargo, esta es una primera muestra de muchos más datos que darán a conocer en diciembre. “Celebro que esta Jurisdicción Especial para la Paz integre a su trabajo, el esclarecimiento y la labor de justicia transicional en este caso, que es uno de los más emblemáticos en materia del exterminio de una colectividad política ocurridos en Colombia”, señaló el congresista. Por su parte, la magistrada de ese tribunal, Catalina Díaz, expresó que el informe entregado a JEP es una forma de acceder y participar activamente ante esta Jurisdicción. El documento describe la violencia, los asesinatos y desapariciones contra integrantes de esta colectividad entre los años 1958 y 2016, por grupos paramilitares, de extrema derecha, narcotraficantes y agentes estatales. Por todo lo ocurrido, este episodio sangriento fue reconocido en 2012 como un genocidio. Dos años después la Fiscalía General de la Nación declaró oficialmente como delitos de lesa humanidad todos los crímenes cometidos durante esa época y en 2016, en el mismo gobierno del expresidente Juan Manuel Santos fue reconocida públicamente la responsabilidad del Estado colombiano en el exterminio. Ahora bien, el senador Cepeda también llamó a que se considere el caso del Partido Comunista como otro genocidio político. “Es un genocidio político porque se ha tratado de exterminar el partido político, desaparecer a las figuras más relevantes en el plano nacional y territorial, y además generar continuas campañas de descrédito para que el genocidio pueda encontrar un ambiente de permisividad en la sociedad colombiana”, agregó.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «Yo empecé hablar del medio ambiente en los años 70 y era rarísimo. Fui representante a la Cámara por 16 años y todo mi trabajo legislativo se enfocó en hacer una normatividad que protegiera el medio ambiente. Me enfrenté a la clase política para salvar territorios como el parque Tayrona en ese momento, y aún hoy está siendo objeto de un nuevo zarpazo, después de casi 40 años sigue la voracidad de las familias poderosas de la Costa que están tratando de que se vuelvan a construir hoteles en esa belleza natural que es la joya de la corona de los parques, que tiene todos los ecosistemas, todas las riquezas naturales, todas las riquezas históricas y culturales. El expresidente Uribe estuvo allá y habló con propietarios de una parte del parque, y habló con quienes quieren tomarse el parque para hacer negocios y acabar con esa belleza que es de todos los colombianos. Y no se lo vamos a permitir.» Pares habló con Alegría Fonseca Barrera, boyacense egresada de la Universidad Nacional de Colombia, graduada en Derecho y en Filosofía y Letras. Al inicio de su carrera profesional se desempeñó como Concejal de Bogotá. Estudió Economía en la Universidad de los Andes, con estudios en gerencia de proyectos del medio ambiente de la Universidad Fundación Getulio Vargas (Rio de Janeiro) y desarrollo y medio ambiente de la Universidad de Namur (Bélgica) y la Comunidad Económica Europea. Ha sido consultora de derecho ambiental y planificación. En 1970 fue elegida como representante a la Cámara por Bogotá. En su paso por el Congreso trabajó para estructurar una legislación ambiental para el país. En 1991 recibió en Estocolmo el Premio Mundial Global 500 de Naciones Unidas por su labor en legislación ambiental y defensa de los recursos naturales. En 1998 recibió el premio nacional ambiental otorgado por el Ministerio del Medio Ambiente. Desde hace 34 años es Directora de la Fundación Alma y ha impulsado la restauración de diferentes complejos de humedales en Bogotá y en el Magdalena Medio, adelantando un trabajo directo con comunidades locales. Pares: Esta semana en la cumbre climática en Nueva York, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la vida está en peligro y el mundo se enfrenta a una gravísima emergencia climática que está progresando, incluso más rápido de lo que los científicos habían predicho ¿estamos perdiendo la carrera contra el cambio climático y la supervivencia en la tierra? Alegría Fonseca Barrera: Esas declaraciones son ciertas y son graves, pero también son muy importantes porque la intención que tiene Naciones Unidas, como lo ha hecho desde hace mucho tiempo, especialmente desde la cumbre ambiental de Estocolmo 72, es estar pendiente de la cuestión ambiental. La Organización de Naciones Unidas ha sentado a todos los gobiernos y a todos los países en las diferentes cumbres que ha realizado para que se concienticen, para que entienda la cuestión ambiental y para que cada uno produzca documentos y leyes que cumplan los fines para los cuales fueron convocados a la cumbre. En esta última cumbre nos damos cuenta que todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha dicho no ha sido suficiente frente al tremendo problema planetario que ya se está viendo por científicos, por planificadores, por políticos, por jóvenes, por niños: el entorno en el cual vivimos está llamado a una extinción, con lo cual, obviamente, se extinguen todas las especies vivientes entre ellas la especie humana. «Es triste ver cómo el hombre ha asumido una actitud frente a la naturaleza que la ha avasallado, la ha dominado y explotado con fines eminentemente de lucro. Esa posición nos ha conducido a que los recursos naturales, que son finitos, no alcancen para llenar las ambiciones de las diferentes naciones.» Foto: Pares El hombre, nosotros como especie, somos un ser viviente más, un ser viviente con ciertas actitudes que lo han hecho dominante del entorno, sin embargo,necesitamos más de la naturaleza que la naturaleza de nosotros. Estamos en un momento crucial en el cual tenemos que tomar decisiones que conlleven a la acción. Nuestro gobierno ha manifestado tener ciertas políticas de reforestación, de cuidado de los bosques, de negociación con ganaderos para proteger el medio ambiente de la depredación, pero los resultados no se están viendo. Pares: ¿Cuál es el balance que hace del trabajo que está haciendo este gobierno en el tema de medio ambiente y protección a la naturaleza? A.F.B: Este gobierno está hablando con los ganaderos y con sectores de agricultores tratando de ver cómo se puede producir sin generar más gases de efecto invernadero, así como se ha hablado de reducir la deforestación. Sobre esos asuntos han dado declaraciones el ministro y el presidente. Y ahora, en la cumbre de Nueva York, ese ha sido el tema. Sin embargo, me parece totalmente contradictorio. ¿Cómo se atreve el presidente Duque a afirmar ante Naciones Unidas que las políticas medioambientales del país están perfectas, cuando él mismo está organizando el fracking? ¿Cómo es posible que sean las cortes las que están tratando de que el fracking no se realice porque no conocemos realmente los efectos, entonces, cómo es esa contradicción y esa falta de ética del primer mandatario de la nación? Todo es teórico, porque en la práctica no se está haciendo nada y una vez más se está realizando una politiquería y una demagogia ambiental que, lejos de ser benéfica para el desarrollo del país, es es una mentira grande. Yo reclamo consistencia por parte del gobierno respecto a qué va pasar, porque no tenemos ninguna seguridad ambiental. Se nos está incendiando la Amazonía en nuestras narices, no tenemos la posibilidad de atajar por ningún medio que eso suceda y simplemente después lloramos sobre la leche derramada. No, me parece que el presidente debe presentar una posición ética frente al mundo y que nos diga realmente si está interesado en la cuestión ambiental, o acaso es también una gran mentira para el país, tal y como está manejando el tema de la paz. «¿Cómo dice el presidente Duque que están haciendo tantos políticas de cuidado al medio ambiente cuando él está a favor del fracking, cómo se presenta con esa posición ambientalista cuando está en este momento tratando que se haga la aspersión del glifosato?» Foto: Pares Hay que andar rápido pero para eso tenemos, afortunadamente, a las comunidades, a las juventudes, estamos nosotros los luchadores ambientales que no tragamos entero y que vemos que realmente nuestro planeta se nos está desbaratando y que en este momento los políticos, los que toman decisiones están muy lejos del asunto ambiental. Yo le preguntaría a Colombia cuántos planes ambientales están en las diferentes agendas de los próximos gobernadores, de los próximos alcaldes, de los próximos diputados de los próximos ediles. Es que la cuestión ambiental es parte de la gobernanza, tiene que ver con todo, con economía, con la comunicación, con las artes, con la agricultura con el desarrollo económico; todo eso va a inmerso en la calidad de vida y la felicidad porque la economía sola no llena el corazón de la gente. Yo reclamo, no solamente justicia ambiental, sino verdad ambiental, ética por parte de los dirigentes, ética por parte de los candidatos y realmente una política ambiental fuerte, sincera y a corto plazo. Pares: Quiero conocer su análisis sobre dos asuntos concretos: la política gubernamental acerca de energías limpias y alternativas y lo ocurrido con el proyecto de Hidroituango en Antioquia. A.F.B: En el Plan Nacional de Desarrollo no hay nada sobre energías limpias. Eso de las energías alternativas no lo veo ni en el presupuesto nacional ni en el Plan Nacional de Desarrollo que es una ley que tiene una parte programática y una parte presupuestal, y no veo eso en ninguna de las dos. No hay unas partidas concretas y una política concreta respecto a las incentivos e impulso para la investigación de esas nuevas energías; lo que uno ve es la competencia del negocio estatal respecto a la energía. A Ecopetrol no le conviene por ningún motivo energías diferentes a los combustibles fósiles. El gobierno lo dice, pero dónde están los hechos, dónde están los presupuestos y cómo va a ser Ecopetrol para producir toda esta clase de energía. Ahora, las hidroeléctricas son una opción de energía que está acabando con las cuencas hidrográficas, con la calidad de vida de las comunidades que están alrededor de los ríos, con la pesca, con la flora y con la fauna. Hidroituango es una catástrofe ambiental, social, económica que representa claramente la ambición del negocio, el lucro rápido, la falta de tecnología y la ignorancia de los ingenieros. «Hidroituango es el monumento a la miopía del país, es una vergüenza nacional y mundial. El crimen que se está cometiendo contra las comunidades es inmenso, no tenemos la menor idea de cuál va ser su futuro, no solamente por la pesca, sino también por la propia vida.» Foto: Pares Dicen que pronto estará nuevamente en funcionamiento Hidroituango pero me parece que asusta más que digan que va a estar funcionando, a que no. Ahora, ¿cómo van a desbaratar eso? Es un callejón sin salida, un error de ingeniería que no tiene precedentes. La Contraloría ya dijo que había sido un desfalco total desde el punto de vista financiero, pero ¿cómo vamos a remediar semejante problema tan grave y tan vergonzoso? Pares: Uno de los últimos movimientos de conciencia ambiental que más ha impactado al mundo es el promovido por Greta Thunberg, una joven sueca de 16 años que ha conseguido movilizar a millones de personas. ¿Hay una conciencia ambiental en las juventudes y en la sociedad en este momento tan decisivo para el planeta? A.F.B: Hoy, después de tantos años, en estas generaciones sí hay una conciencia ambiental. Yo creo que funcionó lo que se dijo en el código de recursos naturales sobre educación, más todos los medios que han colaborado, las redes sociales, todo eso ha creado una conciencia grande en las nuevas generaciones. Ahora están las masas, la gente y los jóvenes y cuando uno habla de ambiente ya la gente está en eso; salvo los poderosos, salvo los que toman decisiones, salvo los dirigentes que a veces usan el medio ambiente para obtener votos pero a la hora de la verdad no hacen nada. Yo creo que la educación ambiental también hay que dársela a los dirigentes y a los que toman decisiones. Por ejemplo las decisiones que está tomando el presidente ahora son de doble filo, por una parte dice que protege al medio ambiente, pero por otra parte ataca el ambiente. Eso es antiético en un mandatario nacional. Rememos a la derecha y rememos a la izquierda y así, presidente Duque, no se llega a ningún puerto. Como sociedad, en Colombia le hemos hecho una cicatriz muy grande a la piel de la tierra, una cicatriz que no cierra y que cada día la estamos abriendo más. Sin embargo, lo que hemos hecho es grave pero hay cosas que son recuperables con voluntad política, tomando buenas decisiones y con la conciencia ambiental que debemos tener todos. Al gobierno nacional y a las autoridades yo les diría que no usen el ambiente como un tema para ganar votos y le diría al gobierno que sea coherente, que no haga demagogia con el medio ambiente, que sean serios y que finalmente sean éticos, es decir, que usen una ética en la que se conserve y se considere el porvenir, el bienestar y la felicidad de las nuevas generaciones, no su desgracia y su desaparición. Mensaje para el presidente Iván Duque

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Este viernes 27 de septiembre los estudiantes salieron nuevamente a las calles de Bogotá a protestar, entre otras cosas, en rechazo categórico al accionar del ESMAD. Además, le solicitan al distrito, en cabeza del alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, que respete la garantías al derecho de la protesta social. Para esta jornada, estudiantes de universidades públicas y privadas concertaron unirse para protestar. Así lució la movilización por el desmonte del Esmad, la lucha anticorrupción en la Universidad Distrital y por la autonomía universitaria. Foto: Sergio Saavedra Hoy se vió en la capital una manifestación pacífica e histórica, calles llenas de jóvenes. Foto: Sergio Saavedra De esta forma, miles de estudiantes de la Universidad Distrital, Javeriana, Externado, La Salle, Piloto, Santo Tomás, Los Andes, Nacional, Colegio Mayor de Cundinamarca, Sergio Arboleda, Rosario, EAN, Tadeo y Pedagógica se desplazaron en horas de la mañana hacia la carrera Séptima con Calle 40 y se desplazaron hasta el ICETEX. Necesitamos la rebeldía de las juventudes para construir una sociedad más libre y democrática. Necesitamos su esperanza para impedir que destruyan la paz. Foto: Sergio Saavedra. Los estudiantes, una vez más, dándole una lección de dignidad al país. Foto: Sergio Saavedra. Los estudiantes recibiendo solidaridad, marchando contra un gobierno que busca callarlos, esconder la corrupción y mostrar un país que no existe en la realidad. Fotos: Sergio Saavedra.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El presidente Iván Duque, en su afán de hostigar el régimen de su homólogo venezolano con quien tiene rotas las relaciones desde el mes de febrero, presentó el jueves un informe ante las Naciones Unidas en el cual enseñó una foto del ELN supuestamente reclutando a menores de edad en territorio venezolano, sin embargo, resultó ser falsa. El periódico El Colombiano presentó en exclusiva una nota sobre el origen de dicha imagen y señaló que ellos obtuvieron esa imagen en 2015 por medio de Inteligencia Militar en el marco de un especial que realizaron sobre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio del Tambo, departamento del Cauca, ubicado en el suroccidente de Colombia. En ese sentido, señaló el diario, que la fotografía presentada ante la ONU fue publicada el 7 de junio de ese año y no corresponde al supuesto reclutamiento de esa guerrilla el Estado de Táchira en Venezuela en 2018, sino a los eventos realizados por el ELN en un pequeño poblado llamado Huisitó, Cauca. “Debo hacer reconocimiento especial a @elcolombiano por señalar que una foto presentada por el presidente Iván Duque en la ONU como parte de la presencia del ELN en territorio venezolano es una imagen captada en el Cauca, un periodismo veraz fortalece la democracia”, expresó León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación-PARES. Duque se fue en contra de Maduro En el marco de la Asamblea 74 de la ONU, Duque le entregó al Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, el documento sobre las denuncias contra la dictadura de Nicolas Maduro, titulado Amenazas a la Democracia, la Seguridad y la Paz Regional, grupos armados organizados (GAO, ELN, disidentes de las antiguas FARC) en Venezuela. La presentación de ese dossier demuestra que Duque continúa con sus fracasadas estrategias de combatir al ELN y apoyar la salida del presidente venezolano Nicolás Maduro como de lugar, sin reconocer que ninguna de las dos le han salido bien. La Fundación PARES ya había recomendado al actual gobierno mejorar las relaciones con Venezuela, puesto que, la falta de control en la frontera también ha lesionado la seguridad en ambos países. Así lo expresó en junio el subdirector de PARES, Ariel Ávila: “El gran problema de Duque estos meses es que su gobierno no tiene un horizonte. Sin capital político, sin horizonte, sin congreso y sin encuestas”. Y la cuestión es que nada ha cambiado en los últimos tres meses. No obstante, Duque le manifestó a Guterres que dicho informe “muestra que ese régimen dictatorial (de Nicolás Maduro) lo que está representando es una gran amenaza para la seguridad del hemisferio”. Y en esa misma línea señaló que las 128 páginas del reporte, recogen información sobre la ubicación de muchos de los cabecillas de “grupos terroristas” colombianos en Venezuela y auspiciados por el régimen del país vecino. Según el primer mandatario colombiano, la información entregada es “muy contundente y tiene que servir para que el mundo entero no solamente siga condenando esa dictadura, sino para que se consoliden más acciones”. Por su parte, el director de PARES cuestionó a Duque y le dijo: “Presidente, ¿También va a guardar silencio sobre la metida de pata al presentar en la ONU una foto que no era del ELN en Venezuela?”. Hasta el momento nadie de presidencia se ha pronunciado, y mucho menos el representante de los colombianos y colombianas. La noticia ha tomado más fuerza y varios analistas internacionales aseguran que esta ha sido una verdadera vergüenza porque se lesiona la confianza ante las instancias internacionales.

Por: Solange Bonilla – Investigadora regional. Oficina Pares-Pacífico La Oficina de Pares-Pacífico en Buenaventura dialogó con cuatro representantes de la generación bisagra para entender por qué para ellos es importante recrear los cantos y músicas tradicionales de los pueblos ribereños y mareños en la ciudad, y conocer sus opiniones sobre el Encuentro Cantores del Río que se efectuará los días 26, 27 y 28 de septiembre en el puerto. La Generación Bisagra En las últimas décadas, cientos de personas de pueblos ribereños y mareños apartados y olvidados por la institucionalidad en el Sur del Pacífico, se han desplazado a ciudades como Buenaventura y Cali en busca de oportunidades laborales y educativas o a causa de las violencias y amedrentamientos de los grupos armados organizados. Los artistas de la Generación Bisagra nacieron y crecieron en comunidades negras ribereñas y mareñas, por tanto, aprendieron a hacer música oyendo y mirando cómo otros lo hacían en festividades religiosas y durante las faenas diarias. En las urbes, no solo se enfrentan a situaciones de discriminación por provenir del campo, sino también al abandono de los oficios tradicionales como la agricultura, la pesca y la minería artesanal, y de sus prácticas culturales: la participación en los velorios, los arrullos y las festividades religiosas. Por tanto, interrumpen la transmisión de los saberes a sus hijos y nietos. Por este motivo, Elizabeth Quiñonez Candelo cantadora de músicas tradicionales del Pacifico Sur oriunda de la vereda Silva del río Cajambre (Buenaventura), junto con otros músicos tradicionales como Néstor Alfonso Castro Aramburo del pueblo de Juntas del río Yurumanguí, Ubaldino Cuero Bravo de San Isidro en el río Cajambre y Álvaro Javier Caicedo Rentería de San José en el río Anchicayá, apuestan desde la ciudad a la visibilidad y la salvaguardia de los saberes heredados de sus ancestros. En otras palabras, hacen parte de la llamada generación bisagra que funciona como vaso comunicante entre las generaciones de sus padres y abuelos y la de sus hijos. Por un lado, la generación bisagra nació o creció en comunidades negras ribereñas y mareñas, por tanto, aprendió a hacer música oyendo y mirando cómo otros lo hacían en festividades religiosas y durante las faenas diarias; es decir que, sienten conexión con los alabaos –cantos fúnebres-, los arrullos a santos y vírgenes, y también acompañan sus labores con el mareaje de los versos cantados. Por otro lado, escuchan y bailan salsa, reggaetón, hip-hop y bachata, y hacen uso de diversas tecnologías digitales: tienen smartphone y consultan a diario Youtube, Facebook e Instagram. En este sentido, Ubaldino, Álvaro, Néstor y Elizabeth como parte de la generación bisagra, tienen la capacidad de dialogar con los saberes culturales de sus antecesores, así como con los de los más jóvenes. Sin embargo, esta labor no es sencilla: los mayores son celosos con sus conocimientos y los niños y adolescentes están más interesados en las músicas y tecnologías modernas; a la par, existen pocos escenarios de visibilidad con fines no comerciales que conserven el carácter espiritual. Generación bisagra y la transmisión del saber ancestral Existen personas en Buenaventura que provienen de familias que, pese a la migración, aún conservan la fuerte raíz espiritual y musical de sus pueblos. Este es el caso de Ubaldino, profesor de música de niños nacidos en el puerto que poco a poco han despertado curiosidad y amor por la música tradicional: “Yo aprendí a cantar escuchando a mi abuela cuando celebraba las fiestas de la Virgen del Carmen y la Virgen de las Mercedes, uno siempre estaba pendiente. A mí no me dejaban tocar, pero si me gustaba escuchar como cantaban las señoras. A veces mi abuela me escuchaba cantando y me decía: vos cantas porque tu abuelo cantaba muy bonito, ese hombre cuando era temporada de fiesta no bogaba canalete (canoa), él iba sentadito, todo el mundo lo llevaba, con su guitarra iba a todas las fiestas”. Igual que Ubaldino, Néstor también tiene vena musical: “mi abuelo era músico tradicional tocador de guitarra, mi papá era percusionista (bombo y cununo) y mi mamá Alba Aramburo es cantadora tradicional. El legado de mi abuelo lo hemos heredado casi todos en la familia, es una cadena: yo soy músico, mi hermana es cantadora y bailarina, unos sobrinos y mi hijo también tienen sangre musical. «Por esto, para nosotros continuar con las músicas es fomentar la cultura, los valores, esa riqueza tradicional y ancestral” señala Ubaldino Cuero Bravo. Foto: Cortesía En este sentido, las músicas tradicionales no solo son expresiones de la riqueza cultural de los pueblos, también son medios para fortalecer vínculos parentales y comunitarios: «en los arrullos a los santos y los alabaos a los muertos las familias y los amigos se reúnen, se hacen amigos y se conocen familiares”, expresa Ubaldino. “Los cantos y músicas tradicionales ayudan a la cohesión social, permiten a los que tenemos esa ligadura con la zona rural, a estar conectados en el día a día con nuestra espiritualidad” agrega Álvaro. “Mi abuelo era músico tradicional tocador de guitarra, mi papá era percusionista (bombo y cununo) y mi mamá Alba Aramburo es cantadora tradicional.» Néstor Alfonso Castro Aramburo. Foto: Cortesía Para Elizabeth el ejercicio musical también tiene un componente personal y liberador: “cuando me siento estresada la música libera mi alma, la música me quita el estrés, yo personalmente la uso como terapia, para tranquilizarme y generar paz a mi corazón, porque tengo para decir lo siguiente: la música libera el alma, aunque el cuerpo esté cautivo”. «La música libera el alma, aunque el cuerpo esté cautivo”. Elizabeth Quiñonez Candelo. Foto: Cortesía Por este valor cultural, social y personal que tiene el legado ancestral los representantes de la generación bisagra sienten la necesidad de transmitirlo a los niños y jóvenes que en la ciudad no han tenido la oportunidad de aprenderlo y disfrutarlo de manera orgánica: “Nosotros como generación bisagra tenemos el gran compromiso y la responsabilidad de enseñar a las nuevas generaciones lo que nosotros conocemos como música tradicional, aunque sabemos que la música va a ir evolucionando porque este mundo está cambiando, tenemos la gran responsabilidad de enseñar la esencia y que a partir de la esencia se puedan establecer otros estilos musicales, porque para hacer fusión se necesita conocer de la tradición. La gente ahora piensa que cualquier cosa donde suene un bombo es arrullo, ¡y no! Un arrullo es para adorar a un Santo, no es una rumba; me preocupa mucho esa ruptura con lo espiritual”, manifiesta Elizabeth. La necesidad de enseñar también surge porque como dice Álvaro: “muchos de los mayores fueron egoístas, se fueron con cualquier cantidad de información y nadie la sabe. Lo que hemos aprendido ha sido porque nos ha nacido interés; por eso la importancia de poder ir hasta las comunidades, barrios, veredas y trasmitir los saberes que tenemos, además de fomentarlos en la parte institucional”. Por este motivo, ellos han conformado agrupaciones musicales como Ritmo del Este (Néstor, Elizabeth y Ubaldino) y Palmeras del Pacífico (Álvaro), que a través de eventos públicos, labores pedagógicas y la vida cotidiana, establecen puentes de comunicación para que el legado continúe. Álvaro Javier Caicedo Rentería, Cantador de la agrupación Palmeras del Pacífico. Foto: Cortesía Encuentro de Cantores de Río Entre las múltiples actividades de pedagogía que lideran y acompañan Néstor, Álvaro, Elizabeth y Ubaldino está el Encuentro Cantores del Río que se realiza este fin de semana en la ciudad. Este evento a diferencia del Festival Petronio Álvarez -en el que también han participado- no es un concurso que exige a los participantes ejecutar las músicas y cantos según parámetros establecidos por el Festival, dejando al margen la espiritualidad y el sentido comunitario. La música tradicional del Pacífico tiene su color, tiene su aguaje, el Pacífico es muy extenso y diverso, en cuanto a lo rítmico y lo sonoro hay mucha diversidad. Foto: Cortesía Para Ubaldino “El Petronio es un festival que se hace a manera de concurso, la gente se prepara para el concurso porque hay que tocar como se pide. Dicen que es tradicional, pero realmente es como ellos quieren que suene. En cambio, Cantores del Río es una cosa más orgánica, se toca como uno lo hace en el río, se puede expresar uno como lo siente”. Néstor lo apoya y agrega que en el Festival “el músico del pacífico que ya tiene unas costumbres ha tenido que amoldarse al reglamento del concurso. La música tradicional del Pacífico tiene su color, tiene su aguaje, el Pacífico es muy extenso y diverso, en cuanto a lo rítmico y lo sonoro hay mucha diversidad”. Por este motivo, apoyan al Encuentro de Cantores de Río que este año celebra su vigésima ejecución. El evento es una iniciativa de la Secretaría de Cultura municipal en compañía de organizaciones culturales como Pacificarte interesadas por la salvaguardia de las músicas tradicionales. En él confluyen cantadores y cantadoras de las zonas ribereñas y mareñas del municipio con cantadores y habitantes de la ciudad. En esta oportunidad, la Secretaría en asociación con el Banco de la República propone una agenda académica en la que participará Nidia Góngora y otros músicos que fusionan músicas tradicionales con ritmos modernos. Por tanto, en palabras de Ubaldino «el encuentro se constituye en una oportunidad para que las nuevas generaciones puedan escuchar y ver en su esencia más pura la cultura ancestral de la región, y con ello, poder lograr que esta perdure en el tiempo”. Además, permite que se estimule “toda esa información que llevamos en nuestra sangre, en nuestro cordón umbilical” dice Elizabeth. En síntesis, este evento entre otras iniciativas que lideran y acompañan estos integrantes de la generación bisagra son puentes de comunicación necesarios entre lo urbano y lo rural y de visibilización de lo rural en lo urbano. #GeneraciónBisagra

Por: Redacción Pares La protesta o movilización social es un derecho fundamental que se desprende del derecho a la libertad de expresión y reunión, tal como lo contemplan la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación. Sin embargo, en el contexto colombiano queda en entredicho si esos pactos se cumplen a cabalidad, puesto que, el uso de la fuerza en la mayoría de las movilizaciones que empiezan siendo pacíficas, terminan en choques entre las partes. La protesta social, las personas marchando en la calle, explica Ariel Ávila, subdirector de Pares, son tal vez, uno de los signos que mejor muestra la salud de una democracia. Es un derecho en cualquier democracia, y como derecho se puede ejercer cuando una persona o colectivo lo decida, eso no los hace ni buenos, ni malos, los hace ciudadanos. La protesta social es legal y legítima en la democracia, es en modelos autoritarios donde no se puede protestar. El problema de estos regímenes demócrata-autoritarios es que utilizan un discurso del miedo eficiente y, por ende, la destrucción lenta de la democracia no se ve o no se percibe. Esos analistas, opinadores y políticos que dicen ser demócratas y lo primero que hacen es atacar el ejercicio democrático son los más peligrosos. «Así son las democracias, con protesta social, y al que no le guste se puede ir a vivir a a un país autoritario, de hecho, hay unos cuantos bastante cerca.» enfatiza Ávila. Las protestas estudiantiles en Bogotá Los últimos días se han presentado movilizaciones y protestas estudiantiles por parte de jóvenes de las universidades Javeriana, Pedagógica y Distrital en Bogotá. Todo comenzó cuando en agosto de este año se conoció que un exdirector de la Universidad Distrital, en asocio con políticos y profesores, al parecer se robó $11mil millones destinados a esta universidad pública. Este martes, los estudiantes de la Distrital, aprovechando el paro de transporte, protestaron por el saqueo a su universidad. La reacción por parte del gobierno distrital fue enviarles el ESMAD, que los acorraló dentro de la universidad. Los estudiantes no pudieron salir de la sede ubicada en la carrera séptima con calle 41 de Bogotá. Por su parte, los javerianos, que están al frente, se solidarizaron y se tomaron la calle para que estos pudieran evacuar. El ESMAD, en vez de dejar de atacar, cruzó la séptima e ingresó a la universidad Javeriana, echando gases a diestra y siniestra, incluso hasta en el Hospital Universitario San Ignacio. Lo que muestran las imágenes es un evidente uso desproporcionado de la fuerza por parte del ESMAD. La afectación a los estudiantes de la Distrital y la Javeriana y a las personas del San Ignacio es responsabilidad del Estado. Una vergüenza estas imágenes. Una vergüenza. https://t.co/q7nyfb8GcV — Catalina Botero (@cboteromarino) September 25, 2019 Por lo tanto, la comunidad académica de la Javeriana rechazó la represión policial y convocó el día miércoles a un plantón pacífico por la autonomía y la libre expresión universitaria. Comunicado de la Pontificia Universidad Javeriana pic.twitter.com/KxZhMbawKE — Pontificia Universidad Javeriana (@UniJaveriana) September 25, 2019 Sin embargo, cunado los estudiantes y profesores se ubicaron en las escaleras de la Javeriana en una movilización pacífica, llegó nuevamente el ESMAD arrojando agua y gases. Ingresaron, otra vez a la universidad, violando las vallas de contención y produciendo una estampida de quienes ejercían su derecho a una movilización pacífica. ¿Cuál es la normatividad en Colombia? “Lo primero que hay que tener en cuenta son las normas constitucionales en Colombia que consagran los derechos fundamentales que al mismo tiempo son el pilar del derecho a la protesta social y estoy hablando del derecho a la libre asociación, la libertad de expresión y de libre movilización. Ese sería el panorama constitucional”, explicó a la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, Reinaldo Villalba, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Ccajar. Sin embargo, en la práctica es distinto. De acuerdo con Villalba, se juntan varios factores que imposibilitan el derecho de la movilización social como está contemplado en los estándares internacionales. En primer lugar, hay cuerpos represivos como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que no acatan ese ordenamiento constitucional, y las normas legales que les impiden hacer ese uso abusivo de la fuerza. En segundo lugar, ese mismo cuerpo además de no acatar esa normatividad utiliza armas que les está prohibida; y por último, la legislación misma contribuye a limitar el ejercicio de la protesta social, provocando la criminalización de la misma como ocurre con el Código de Policía. Dicho Código, que entró en vigencia en agosto de 2017, está compuesto por al menos 25 capítulos. En uno de ellos se estipuló cómo proceder en una protesta social, sin embargo, diversas organizaciones le hicieron seguimiento y demandaron el articulado. Uno de los puntos que generó controversia fue, por ejemplo, detener a los protestantes si en la movilización se perturbaba la libre circulación ciudadana. ESMAD, el centro de la polémica El Esmad, compuesto por alrededor de 3000 policías y adscrito al Ministerio de Defensa, se creó en el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana con el fin de controlar disturbios, restablecer el orden y la seguridad de los habitantes. Sin embargo, este cuerpo ha estado inmerso en cientos de casos en los que reprimen e incluso asesinan a los manifestantes durante la movilización. En ese sentido, hay quienes reclaman la abolición o la eliminación del Esmad, y con fundadas razones, pues han convertido en un cuerpo represivo que no acata las normas constitucionales. Se ha comprobado también que dicho grupo lleva armas prohibidas como armas letales, pero que incluso utiliza armas que ellos mismo elaboran como las llamadas “recalzadas”, que consiste en llenar de elementos metálicos y otros elementos a los tubos vacíos del gas lacrimógenos y con eso han matado a personas. En su mayoría, las víctimas han sido por parte del Esmad tales como estudiantes y campesinos. «Lo que ha pasado en los últimos meses en Colombia es preocupante, a la minga indígena se le acusó de estar infiltrada por terroristas. A los estudiantes se les acusó de estar infiltrados por agentes violentos. Al final se trata de limitar el ejercicio democrático.» concluye Ávila.

Por: Redacción Pares La Comisión de la Verdad dió a conocer un video en el que tres hombres que fueron actores y participaron de manera directa en el conflicto armado interno -dos exintegrantes de grupos armados ilegales y uno de Fuerza Pública- reconocen su responsabilidad en la práctica de la desaparición de personas, en alguna de las cuatro modalidades que contempla el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Ya sean casos de desaparición forzada, o en circunstancias de secuestro, reclutamiento y combate. Las personas que realizaron este reconocimiento a la Comisión de la Verdad son el mayor del Ejército Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Casanare; José Éver Veloza, conocido como ‘HH’, excomandante del Bloque Calima y Bananeros de las AUC; y José Benito Ramírez, quien en la guerra fue conocido ‘Fabián Ramírez’, excomandante del Bloque Sur de las Farc-Ep. Todos lo hicieron de forma voluntaria y como resultado de un tejido de confianza con la Comisión de la Verdad, de cara al esclarecimiento y reconocimiento de los hechos. Los tres se comprometieron ante la Comisión y la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas a proporcionar información significativa sobre los hechos y el destino o paradero de desaparecidos. Mayor del Ejército Gustavo Enrique Soto Bracamonte Excomandante del Gaula Casanare entre 2006 y 2007. Es uno de los 11 miembros del Ejército ya retirado de las filas que ha manifestado encontrarse en mayor nivel de amenaza contra su vida en ocasión de las declaraciones que ha realizado ante la JEP y referidas a las dinámicas y responsabilidades alrededor de los asesinatos selectivos a civiles que el Ejército presentó como muertes de guerrilleros en combate, lo que se conoce en la opinión pública como “falsos positivos”. Luego de permanecer 10 años en prisión por su participación directa en la planeación y orden de estos crímenes, la JEP le concedió la libertad anticipada por su compromiso con la verdad relacionada con estos asesinatos selectivos a civiles. José Éver Veloza, antes ‘HH’ Fue comandante del Bloque Calima y Bananeros de las AUC. Se vinculó a los grupos paramilitares en el corregimiento de Villanueva, del municipio de Valencia, Córdoba, a finales de 1994, desde 1996, bajo la orientación de Vicente Castaño, comandó el Frente Turbo, vinculado al Bloque Bananero en el Urabá antioqueño, participando de la creación de los grupos paramilitares de la región y su consolidación hasta finales de los años 90. A partir de 2000, Veloza García asumió como comandante del Bloque Calima de las autodefensas, conformado principalmente por los frentes Calarcá, Calima, La Buitrera y Pacífico. Justicia y Paz lo condenó entre otros hechos por desaparición forzada en la región del Urabá. Se desmovilizó en noviembre de 2004 con el Bloque Bananero de las autodefensas. En el 2005 coordinó la desmovilización del Bloque Calima. Desde el 2007 participó en las versiones libres de Justicia y Paz dando información para algunos procesos y para algunas víctimas. José Benito Ramírez, antes ‘Fabián Ramírez’ Excomandante del Bloque sur de las Farc-Ep, José Benito Cabrera fue comandante del Frente 14, miembro del Estado Mayor y segundo al mando del Bloque Sur, hasta llegar a ser su comandante. Como jefe guerrillero, Ramírez ordenó asaltos guerrilleros en el sur del país durante la década de los 90, entre estas la del municipio de Las Delicias en el departamento del Putumayo el 30 de agosto de 1996. Durante el proceso de paz entre las Farc y el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002), participó en la negociación y también en el proceso de paz que concluyó con la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto entre el gobierno nacional y las Farc. A finales de 2018 ratificó su compromiso con la paz, y está colaborando junto con las FARC en un primer grupo de informaciones para la Unidad de Búsqueda.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, del partido de gobierno Centro Democrático radicó este martes un proyecto de Acto Legislativo en el Congreso de la República que busca modificar la Carta Magna de 1991 y en consecuencia avalar el referendo como mecanismo de anulación a las decisiones que deje en firma la Corte Constitucional. Este miércoles se conoció que el congresista Prada, quien ha sido llamado por la Corte Suprema de Justicia a indagatoria por soborno y fraude procesal en un caso de falsos testigos, tuvo la iniciativa de presentar este proyecto que facultaría a los ciudadanos y ciudadanas para derogar una sentencia del máximo tribunal de justicia. “Lo que sí es cierto es que la guardiana de la Constitución en algunas ocasiones, -sentimos los colombianos- ha pasado la raya y en lugar de proteger ha dejado vulnerables los derechos humanos”, expresó Prada en Caracol Radio. Según explicó, este sería un parágrafo adicional al artículo 377 de la Constitución que estipula el derecho ciudadano para que en la eventualidad de que el Congreso avale una ley, un acto legislativo que afecte los derechos fundamentales, los ciudadanos y ciudadanas puedan mediante el referendo derogar esa ley o esa norma constitucional. Asimismo, comentó que a pesar de que algunos sectores han rechazado esta propuesta, este no es un mecanismo fácil de cumplir y casi que tiene que haber un ánimo nacional. El procedimiento es el siguiente: dirigirse a la Registraduría, solicitar el referendo -en este caso para anular una sentencia si se ha afectado un derecho fundamental-, y en seis meses recoger el 5% del censo electoral que equivale un poco más de 1’800.000 firmas “Casi que es necesario que sea un sentimiento nacional o si no se quedan con la intención, eso no es simplemente que a alguien se le ocurrió algo y salió a recoger unas firmas, ese procedimiento es bastante largo”, agregó Prada. Y manifestó que el Centro Democrático es respetuoso de la institucionalidad y no puede ser visto esto contra la Corte Constitucional, sino que supuestamente se le quiere dar al pueblo colombiano, una herramienta para ir a las urnas. “A veces nos sentimos manicruzados, no hay un mecanismo distinto para que el ciudadano tenga la posibilidad de hacer una acción de acuerdo con lo que está pensando, en este caso, contrario a lo que está pensando la Corte, y en este caso es ampliar la facultad y vuelvo y digo no es fácil”, apuntó. Los tres sueños del Centro Democrático El subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación-PARES, Ariel Ávila dijo que el Centro Democrático ha demostrado básicamente tener tres grandes sueños en contra del sistema judicial en Colombia. El primero es destruir el sistema judicial colombiano para que no investiguen al expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, ni a varios de los militantes del partido de ellos investigados por la Corte Suprema. En ese sentido, han anunciado que quieren presentar un referendo por el cual están recogiendo firmas para acabar con las altas cortes y crear una sola. El otro sueño que tienen es que, si no lo logran bajo el referendo del periodista uribista Herbin Hoyos, se avale esta reforma de Álvaro Hernán Prada. “En lo fundamental es dar un golpe de Estado a la Corte Constitucional, ir arrinconándolos y cuando ese proyecto esté pasando al final de los debates, le van a meter los ‘paragrafitos’ para adicionar que esto sea una constituyente y reformar todo el sistema judicial”, insistió Ávila. Y lo tercero que han soñado es acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal de justicia transicional creado a partir del Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); y con el cual el Centro Democrático ha tenido rencillas políticas. En 2017 las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal presentaron proyectos de ley en el marco del artículo 377 y también para tumbar tres actos legislativos que tenían que ver con la implementación del acuerdo de paz, sin embargo, no llegaron a buen puerto. En últimas habrá que esperar si este proyecto prospera en el Congreso. Pero todo indica que ni siquiera todos los miembros del Centro Democrático lo apoyan, y mucho menos las otras bancadas de los partidos tradicionales y de oposición.

Por: Redacción Pares «La Militarización ha aumentado en las regiones, los combates han incrementado un 124%; entre junio del año pasado y el mismo mes del presente año se perdieron 576.000 trabajos, mientras apenas se crearon 212.000 nuevos puestos; se calcula que fueron seis millones de hectáreas de tierras despojadas y a la fecha solo existen órdenes de restitución respecto de 349.000 hectáreas que representan menos del 10% y durante el primer año del gobierno de Iván Duque han sido asesinadas por lo menos 212 personas defensoras de DDHH y 44 excombatientes de FARC en proceso de reincorporación sin que la respuesta estatal muestre efectividad.” Estas son algunas de las conclusiones a las que llega el último informe «El Aprendiz del embrujo» que más de quinientas organizaciones sociales y no gubernamentales, agrupadas en tres plataformas de derechos humanos, presentan ante al Parlamento Europeo y en seis departamentos del país, el balance en términos de derechos humanos del primer año de gestión del presidente Iván Duque Márquez. Este informe de más de 400 páginas, se se propone darle una mirada al primer año del gobierno actual. «A través de ensayos y testimonios, fotografías y caricaturas que se han ido tejiendo en el curso del año en todos los casos a costa de amenazas y cuestionamientos, pero también gracias a la entereza y al coraje de sus autores en un país cuyo gobierno explícitamente sospecha de sus líderes sociales, de sus comunicadores, de las mujeres, de los habitantes étnicos y campesinos, y de los representantes políticos que no comulgan con sus políticas y mucho menos con sus enfoques patriarcales y de fundamentalismo religioso.» Alrededor de «El aprendiz del Embrujo» se articulan los seis capítulos que contiene el informe: (1) un análisis de la situación de Colombia en el mundo (2) una valoración de los factores de estructuración del régimen político y los pactos contra el Estado social de derecho; (3) Un balance sobre la deconstrucción de la paz en el país que incluye la implementación del Acuerdo de Paz, la evolución del conflicto en las regiones y las negociaciones con el ELN2 (4) la pregunta por el lugar de los derechos en el “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” (5) un riguroso estudio sobre la situación que enfrentan las personas y organizaciones que trabajan por la paz y los derechos humanos en Colombia. Dice el informe que «Quienes nos ofrecen aquí sus miradas lo hacen a partir del enfoque de los derechos humanos, con la mira puesta en lo más relevante del proceso político de un año de gobierno; y por ello en esta abultada pero certera recopilación se pueden ver las trazas de la manera como se presentan los informes más técnicos sobre la situación de los derechos humanos, mas ahora articulados expositivamente sobre los principales elementos del régimen político nacional.» Esa mezcla de sentimientos ante todo expresa lo que lúcidamente la pensadora Hannah Arendt precisaba para una época como la que le tocó en suerte, cuando se empezaba a salir de la media noche del siglo XX donde imperó el oscuro silencio del totalitarismo, y las cosas aún no se renovaban pero permitían atisbar su caducidad, justo la oportunidad para mirar, mirarse y medir la hondura de la tragedia, y precisar responsabilidades sobre ella y tomar decisiones; es decir, para proyectar el “cumpleaños” hacia algo más que una rutinaria celebración, y asumir los destellos de la verdad que se debe construir, tan necesaria en el país de hoy una vez firmado el Acuerdo de Paz, cuyos pilares son precisamente la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Y ellas sólo serán posibles si se habla, si se trenzan las miradas personales y colectivas con honestidad y franqueza, y se “camina la palabra”, según nos lo vienen enseñando los indígenas del Cauca, aquí presentes. Por eso, el informe se propone como una combinación de textos analíticos y testimoniales, de palabra escrita y dibujada, de hechos contados y retratados con un sólo afán: ofrecer ventanas hacia la necesaria reflexión crítica sobre la forma como estamos viviendo y asumiendo nuestras responsabilidades políticas y personales. Descargue aquí el informe completo

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El presidente Iván Duque participó este lunes en la Cumbre de Cambio Climático en Naciones Unidas para discutir los compromisos que cada país miembro ha adquirido en defensa del medio ambiente. Y pese a que Colombia se comprometió ante la ONU, hay dos políticas de gobierno que van en contravía de ese discurso. De acuerdo con Duque, su gobierno “está comprometido en hacer una gran transformación y sembrar una ética del siglo XXI, que oriente a la sociedad a que todos tenemos algo que aportar para enfrentar los estragos del cambio climático”. Asimismo, expresó que poner este tema en la agenda mundial es fundamental cuando ha habido una serie de alertas sobre el aumento de la temperatura de la tierra, y el daño irreparable a los ecosistemas por la crisis climática. “Frente al cambio climático, el mensaje que yo quiero transmitir es que todos debemos reflexionar globalmente, pero tener la capacidad de actuar localmente”, afirmó Duque. El primer mandatario colombiano expresó en la cumbre que se llevó a cabo en el marco del 74 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que Colombia representa tan solo el 0,4% de todas las emisiones globales de gases efecto invernadero. Sin embargo, sigue siendo un país vulnerable debido a que este es un país que si bien no tiene grandes industrias que contaminen, sí hay proyectos relacionados con la extracción de hidrocarburos, con la práctica de erradicación de cultivos de uso ilícito, y la problemática de la deforestación; que aumentan los factores para que el planeta no pueda soportar las altas temperaturas. «Presidente Iván Duque ¿es en serio?» Tras el discurso, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda contrarrestó el discurso del presidente y publicó en Twitter: “interesante escuchar al presidente @IvanDuque en la ONU hablando contra los funestos efectos del cambio climático. No obstante, no dijo una palabra sobre su defensa del uso del fracking y del glifosato. No es coherente con la ecología y la defensa del planeta esa posición ambigua”. Hay que recordar que en mayo, el Presidente le dio una espaldarazo al uso del glifosato cuando señaló en uno de sus foros semanales que la discusión no se podía centrar en un herbicida, y sí en liberar a las comunidades de esa tragedia (de los sembradíos de coca) y darles ingresos sostenibles y legales. Así las cosas, hubo varios líderes políticos que rechazaron el discurso de Duque, prácticamente incoherente, teniendo en cuenta que hay otros frentes con los cuales no se ha comprometido e inciden en el cambio climático. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que el glifosato tiene una alta posibilidad de producir cáncer, y en ese sentido, debería evitarse el uso de manera preventiva. A esto se suma que el líquido contamina los cuerpos de agua y afecta a otros seres vivos que habitan en la naturaleza. “Pte @IvanDuque es en serio? ¿Aquí en Colombia fija la meta de deforestación en 900 mil hectáreas en 4 años pide a la Corte permiso para fumigar con Glifosato y ordena a su ministra de Minas autorizar el Fracking y afuera convoca coalición contra el cambio climático?! ¡No entiendo!”, escribió por su parte, Gustavo Bolívar, senador. El mismo mes que se desató la polémica del glifosato, salió a la luz la discusión sobre el fracking, porque Duque prometió durante su campaña a la presidencia que no estaría dispuesto a aceptar la extracción de hidrocarburos; no obstante, lo incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo -ruta de gobierno-, en un parágrafo titulado “exploración y producción de yacimientos no convencionales”. De todas formas, Duque resaltó en la Cumbre que “ya llegó el momento de pasar de los discursos a las acciones”. Ahora habrá que ver qué acciones seguirá tomando con esas prácticas que son nocivas para el medio ambiente. Detener la deforestación, una tarea pendiente Duque también aseguró que, su política de gobierno pretende proteger los recursos naturales enfrentando la minería ilegal, los cultivos ilícitos, el desarrollo ilegal de maderables y la expansión desmedida e irresponsable de la frontera agrícola. Y por consiguiente, una de las medidas que se propone este gobierno es sembrar 180 millones de árboles en el cuatrienio, involucrando a las comunidades en las regiones, paralelo a la suscripción del Pacto de Leticia, que busca proteger la Amazonía. Sin embargo, la Fundación Paz & Reconciliación-PARES, habló con Carlos Lozano Acosta, abogado ambientalista Asesor de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quien contó que el país todavía tiene una tarea pendiente protegiendo los ecosistemas que capturan carbono. “Ahí es clave el tema de la Amazonía que tiene un problema de deforestación serio que no se ha solucionado, y en general otros tipos de ecosistemas como los manglares, las ciénagas y los páramos”, expresó. Mientras tanto, Duque expresó que hubo una reducción del 17% en la deforestación durante lo corrido de su administración. Para el experto hacen falta más esfuerzos, y ahí un tema muy importante es que se necesita una política criminal consistente porque parte de esa deforestación viene de raíces criminales. “Eso no se está atendiendo. La pregunta es ¿cuál es la estrategia de judicialización del Estado colombiano?, y el trabajo es de la Fiscalía, pero debe coordinar con el gobierno”, aseguró. Y por último, en cuanto al tema de la fumigación aérea con glifosato, expresó que hay un consenso científico que señala que esta no es la solución óptima al tema de las drogas. Detener la deforestación, otra tarea pendiente El fenómeno de la deforestación, fundamentalmente en el Amazonas y el Nudo de Paramillo, se caracteriza por una confluencia temporal y geográfica del desarme y el agrupamiento de las FARC con la praderización y remoción de capa vegetal. Sin Reforma Rural Integral la restauración ecológica queda reducida a buenas intenciones, pues mientras no se configuren las dinámicas de seguridad en territorio y la presencia del Estado en estas zonas se reduzca al ámbito militar, la lucha contra la deforestación difícilmente transitará de la contención a la restauración. Así pues, el problema es político y administrativo, con fuertes raíces en las dinámicas de tenencia de tierras y expansión de latifundios hacia áreas de alto interés ambiental. La especulación con la tierra, el reemplazo de la agricultura por la tala en regiones empobrecidas del país, el asesinato de líderes sociales y la persistencia de actores armados en zonas pos-FARC tienen que ver con el conflicto armado y el ritmo con que se atienden los puntos pactados en La Habana. Si el gobierno piensa que la deforestación se detiene con militarizar Parques Nacionales (como ocurrió el año pasado cuando el ESMAD llegó con gases lacrimógenos al PNN Tinigua a sacar campesinos) y con campañas de sensibilización ciudadana, no sólo no cumplirá con su objetivo en materia de deforestación, sino que en el 2022 nos dejará con más de un millón de hectáreas deforestadas y unas mafias más enriquecidas que nunca.

Por: Redacción Pares Este martes, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra general (r) Jesús Armando Arias Cabrales por desapariciones en Holocausto del Palacio de Justicia. El general Jesús Armando Arias Cabrales fue el jefe militar de la operación de retoma del Palacio de Justicia y, como tal, dominó de principio a fin la acción. Ordenó el ingreso de vehículos militares al edificio, la ubicación de las tropas y asignó funciones a todos miembros de la Fuerza Pública que participaron en el operativo. Dispuso que las personas que salieran del edificio debían ser conducidas a la Casa del Florero, no para auxiliarlas sino para identificarlas, interrogarlas y establecer los posibles integrantes del M-19. Tras llegar a esta conclusión, después de estudiar más de 28.000 folios distribuidos en 135 cuadernos originales y 120 discos, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 35 años de prisión contra el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales. En la sentencia, adoptada por mayoría y con la participación de cuatro conjueces, la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria ratificó la responsabilidad del entonces comandante de la Brigada XIII del Ejército Nacional como coautor del delito de desaparición forzada en los hechos del holocausto del Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985. Para la Corte, quedó probado que el general Arias Cabrales tuvo el control total sobre las tropas y “fue por tanto el artífice principal de las conductas ocurridas con ocasión de la ‘solución final’ que se dio a los sucesos subsiguientes a la consolidación de ese operativo injustificable, no por omisión, sino por su aporte a la comisión de la conducta y por el control absoluto de la operación que los mandos le confiaron”. Entre otras consideraciones sobre la responsabilidad penal del comandante de la XIII Brigada y el entorno en que sucedió el holocausto del Palacio de Justicia, la providencia consigna: “El general Jesús Armando Arias Cabrales dirigió el operativo de principio a fin y fue el responsable directo del mando, durante la acción militar y las fases posteriores de consolidación del operativo. A nadie se le ocurriría pensar, en ese entramado de hechos y pruebas, que el general que dirigió el desproporcionado operativo de la retoma del Palacio de Justicia con el fin de enfrentar el acto terrorista ejecutado por el grupo guerrillero M-19, una vez culminada la acción militar y contrario a lo que acordaron los mandos, se hubiera desentendido de los prisioneros y olvidado de los agresores, pues como lo reafirmó el general Rafael Samudio, el mando conjunto sobre todas las tropas se le entregó al general acusado. … “Asimismo, está suficientemente probado que el general Jesús Armando Arias Cabrales, Arcano 6, no solo impartió órdenes, sino que participó directamente en el operativo, manejó situaciones puntuales con las personas capturadas y dispuso de ellos como consideró que la situación lo ameritaba. “El posterior desaparecimiento no puede desvincularse de esta compleja acción ni fraccionarse para encontrar la ilicitud en el acto final y no en el conjunto del comportamiento, pues como se ha indicado, la desaparición de los ‘capturados’ corresponde a un plan estratégicamente diseñado desde cuando se inició la operación conforme a las líneas del ‘Plan Tricolor’, y que culmina precisamente con la captura y clasificación de los sospechosos y con su posterior ocultamiento al poder civil, desde ese momento y hasta ahora. “Actuaron, entonces, además, a pesar de que lo sabían –como lo reconoció el general Samudio Molina—, ante una situación singular relacionada con el conflicto armado, por fuera del deber ético que imponen los protocolos I y II adicionales a los convenios de Ginebra, lo que explica que no distinguieran entre combatientes y no combatientes, entre ciudadanos y sospechosos, asumiendo decisiones de facto ante una situación que ha debido manejarse bajo las reglas del derecho. “Todo ello explica que el general Jesús Armando Arias Cabrales, al participar de toda esa compleja operación militar ejecutada por él y por sus subalternos, no omitió su deber, sino que actuó como coautor, pues concurren en su caso dos elementos esenciales de este tipo de imputación: un elemento objetivo expresado en el aporte a la comisión de la conducta con dominio funcional del hecho en la fase ejecutiva y subjetiva que se refleja en la exteriorización de la voluntad con base en el acuerdo o en la decisión común, como se probó (artículos 23 del Decreto 100 de 1980 y 29 de la Ley 599 de 2000)”. indica la sentencia. Una herida abierta Hace 34 años el centro de Bogotá ardía en llamas. La exguerrilla urbana del M-19 ingresó al Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza de Bolívar donde se concentra el centro del poder en Colombia, para hacerle un llamado al gobierno del expresidente Belisario Betancourt, quien aparentemente había incumplido unos acuerdos pactados un año atrás con dicho grupo. Según las pesquisas, un comando de la estructura subversiva ingresó al medio día al recinto y se tomó el Palacio con alrededor de 300 personas, entre magistrados, funcionarios públicos y visitantes. Sin embargo, todo viró hacia lo peor; tan pronto el gobierno tuvo conocimiento de la retención, dio la orden de hostigar a los subversivos, y horas más tarde ingresó una tanqueta por la puerta principal y un helicóptero dejó a varios uniformados por la parte alta del edificio, lo que se conoció como la retoma del Palacio. En 2014 la CIDH condenó a la nación y declaró este episodio como un crimen de Estado y principal responsable del asesinato y desaparición de once (11) personas que salieron con vida del recinto y años más tarde aparecieron en fosas.