Por: Redacción Pares Pares lo había advertido. El río Cauca, desde la lengua del Buey —en el Macizo Colombiano— hasta el Brazo de Loba cerca del municipio de Pinillos, en Bolívar, podría perder el 20% de su caudal y todos los colombianos tendríamos que asumir, no solo este crimen ambiental de proporciones incalculables, sino el inmenso descalabro financiero de un proyecto fallido. En la investigación realizada por la Contraloría General entre el 4 de marzo y el 17 de julio de 2019, se pudo determinar que la gestión de la gerencia y control del proyecto Hidroituango no solo ha incumplido los objetivos que se propuso en materia de resultados físicos y financieros, sino también los principios de eficiencia y eficacia, en este último caso generando una destrucción de valor. El controlde la CGR al proyecto Hidroituango deja ver situaciones de riesgos de daño o deterioro de algunos equipos, mayores costos por almacenamiento de los que no se han podido poner en servicio, así como riesgos de estabilidad en algunas zonas. Para la Contraloría, una de las decisiones tomadas por los directivos de Empresas Públicas de Medellín -EPM, que mayor impacto causó al proyecto, fue la no construcción de las guías de las compuertas de cierre de los túneles de desviación. Proyectos como el de Hidroituango deben cumplir con altos estándares de diseño y construcción, dado el impacto social, ambiental y económico que producen, pero la conclusión de la Contraloría es que esto no ha sido así. Más allá de los dos hallazgos fiscales detectados y su millonaria cuantía, los otros hallazgos de carácter administrativo señalados, cuatro (4), ponen al descubierto situaciones de riesgos de daño o deterioro de algunos equipos, mayores costos por almacenamiento de los que no se han podido poner en servicio, riesgos de estabilidad en algunas zonas, grietas dentro del macizo de casa de máquinas y modificaciones contractuales que vulneran el principio de planeación. La entidad aseguró que el proyecto ha tenido sobrecostos de gran relevancia, pues pasó de una inversión inicial de $9.6 millones de pesos, sobre la que presenta a la fecha por $11.5 billones de pesos. Se estima en $839.454 millones la afectación patrimonial que trajo la decisión de permitir el paso del río Cauca por la casa de máquinas, sin incluir algunos eventos cuya cuantía está por determinar. Además, el ente de control financiero logró evidenciar un daño en gestión fiscal total de $2.9 billones de pesos, y un lucro cesante calculado a partir de las obligaciones de energía en firme asignadas al proyecto. El control al proyecto Hidroituango fue realizado por un equipo de auditores y profesionales de la Contraloría, que contó en el tema financiero con el apoyo de expertos analistas de la Universidad Nacional. La razón para señalar esta situación es que se evidencian debilidades en los estudios técnicos tanto en obras de la logística inicial, como de las obras principales, que ocasionaron modificaciones a los contratos por mayores cantidades de obras, inclusión de nuevos ítems, rediseños y cambios de técnicas constructivas, lo que generó mayor tiempo y costos para el proyecto. Hidroituango tardaría 35 años en empezar a generar rentabilidad si el proyecto hidroeléctrico se pusiera en marcha hoy. Como están las cosas (sin que haya una fecha definida para que el proyecto empiece a operar), agrega el informe, Hidroituango tiene un valor negativo de $5,7 billones y no es claro cuánto tardaría en recuperarse la inversión. El comienzo del fin de un proyecto fallido Hoy sabemos que Empresas Públicas de Medellín -EPM asignó a dedo el contrato de adjudicación de las obras del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, que pretendía suministrar, para el año 2022, el 17% de toda la energía que consume el país. Esta mega obra no solo cambió el caudal al río Cauca siendo un desastre medioambiental anunciado, sino que también afectó las vidas de los habitantes del cañón del río. Además, el daño sobre la memoria histórica del país es enorme. El proyecto borró del mapa una zona en la que, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, se han perpetrado alrededor de 110 masacres y yacen 2.345 desaparecidos. ¿Qué pasó con la contratación de Hidroituango? La Fiscalía General de la Nación a comienzos de este año reveló detalles acerca de estas irregularidades que se presentaron en el año 2011, además, solicitó una audiencia de imputación de cargos contra Luis Guillermo Gómez Atehortua y Luis Javier Vélez Duque, exgerentes de EPM. Los exgerentes, dice la Fiscalía, deberán responder por incumplimiento y violación de los principios de transparencia y selección objetiva en el proceso contractual de Hidroituango. Además, la Fiscalía General anunció que citaría a indagatoria sobre este mismo asunto de irregularidades en la contratación del proyecto a Álvaro Villegas Moreno, Ana Cristina Moreno Palacios, Hugo Alejandro Mora Tamayo, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, Jesús Arturo Aristizábal, Maximiliano Valderrama Espinosa, Luis Javier Vélez Duque— en calidad de gerente EPM Ituango— y Juan Esteban Calle Restrepo —gerente de EPM E.S.P—. Según lo dio a conocer la entidad, Hidroituango abrió una licitación publica que se configuraba como una convocatoria para empresas internacionales con experiencia en construcción de hidroeléctricas. Para 2010 las cosas transcurrían sin mayores contratiempos, hasta que, sin ningún aviso previo, en marzo del mismo año se suspendió el proceso que posteriormente fue adjudicado de forma directa a EPM. Había seis empresas más que estaban participando del proceso de licitación: Consorcio Kepco, empresa encargada de suministrar el 93% de energía en Korea, China Three Gorges Corporation, una de las empresas más grandes del mundo y que, entre otras cosas, construyó la hidroeléctrica más grande del mundo; Three Gorges Dam. Por otra parte, se encontraban tres firmas brasileñas, Electrobrás que cuenta con amplia experiencia en la suministración de energía en Brasil, Odebrecht de la cual el país conoce su efecto negativo en los escándalos de corrupción más dramáticos a lo largo del continente en la historia reciente. Todas se descartaron. Constructora Camargo Correa ¿una nueva Odebrecht? De la tercera empresa, Constructora Camargo Correa -CCC, llama la atención que ha sido, hace más de 20 años, la empresa constructora del proyecto central hidroeléctrica Porce III, al nordeste antioqueño y la planta de aguas residuales de San Fernando, en Itagüí. Hace exactamente dos años, el gerente de CCC, Miller Soares Rufino Pereira, aseguró que el consorcio trabajaba únicamente en las obras civiles en Hidroituango con una participación del 55%. Las otras firmas que adelantaban trabajos eran la Constructora Concontreto con el 35 % y el 10 % restante lo manejaba Coninsa Ramón. Cabe decir que estas últimas firmas son antioqueñas. La asignación de este proyecto al consorcio fue en el año 2012 cuando Aníbal Gaviria Correa era alcalde de Medellín. Para hacerse a la asignación de la operación, construcción y mantenimiento de las obras de construcción de la presa, central de máquinas y demás obras asociadas, el consorcio CCC resolvió presentar la propuesta más económica: 1.900 millones de dólares. Con esta cifra, se generó una reducción del 13 % frente al presupuesto de 2.200 millones de dólares que había presentado EPM. Es decir, la estrategia fue presentar valores inferiores al umbral de presupuesto de EPM, aun cuando se calcula que el costo final de las obras que adelantó el consorcio CCC osciló entre los 5.300 millones de dólares, una cifra muy superior a lo prometido para ganarse la licitación. El ojo de la Fiscalía ya estaba sobre el proyecto Justamente, hace casi dos años la Fiscalía General le abrió investigación preliminar al consorcio CCC después de que se conocieran casos de corrupción en Brasil y Perú. El exfiscal Martínez advirtió en 2017, que un grupo de la polémica unidad anticorrupción había sido dispuesto por la fiscalía para recopilar información en el proceso de contratación con el proyecto Hidroituango. Este proceso de investigación comenzó a partir de una denuncia que fue interpuesta por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. En ese momento, Martínez Neira le comunicó a la opinión pública que se proyectaron dos líneas de investigación sobre los presuntos pagos irregulares en la contratación del proyecto de Hidroituango. El trabajo de investigación puso la lupa sobre dos aspectos. el primero es la fase precontractual de la adjudicación del proyecto y el segundo, la fase de celebración de contratos, que hasta hoy, empieza a arrojar algunos nombres de directivos que tendrán que dar explicaciones frente a la mencionada operación contractual del ambicioso proyecto antioqueño. Contraloría y Procuraduría también pusieron la lupa El Vicecontralor General, Ricardo Rodríguez Yee, reveló a comienzos de este año que la auditoria de más de 200 contratos, va en una primera inspección —específicamente— sobre la infraestructura física, es decir la presa, los túneles y las obras conexas. Rodríguez Yee sostuvo en ese momento que “la finalidad exclusiva de nosotros es identificar la gestión fiscal y nos ha llamado la atención los elementos de contratos que evidenciaban un retraso y también estamos viendo unas desviaciones de unos costos a partir de esos retrasos”. Por su parte, el 27 de febrero se llevó a cabo una audiencia de control político convocada por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, en la que advirtió que “Hay que solicitar una comisión de investigación independiente, una comisión con expertos nacionales y extranjeros, que no sea contratada por Empresas Públicas de Medellín, sino por el Gobierno Nacional, porque esto es un problema de Estado”. Las dinámicas que ha implicado el proyecto en el cañón, según las comunidades, mantienen sin hogar y trabajo a muchos de los pobladores. Foto: La FM En noviembre de 2018, cientos de familias de la región denunciaron que se sienten amenazados por los reclamos que adelantan y que los ejercicios de memoria en busca de los desaparecidos se han visto truncado. Recordemos que —según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica— en los 17 municipios que rodean el río Cauca en Antioquia se han perpetrado alrededor de 110 masacres.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Crece la polémica tras las versiones que arrojó el Ejército de Colombia acerca del suceso, en el que estuvieron implicados uniformados en el departamento de Norte de Santander, y que cobró la vida de Ezequiel Méndez Rivero, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y dejó herida a la líder política Yolanda González García, del partido ASI. Además, con la llegada de un audio que contradice la versión oficial, un rifirrafe interno entre el sindicato de la UNP y la directiva y, una presunta fuga y robo de información de base de datos que llevó a la inspección por parte de la Fiscalía General de la Nación, enlodan el panorama y mantienen en la incertidumbre la protección en las regiones del país pues, paralelamente, la violencia no cesa. Muchas dudas por la versión entregada En su momento, el Ejército señaló que las características de la camioneta en la que se transportaba González García correspondían a las “las mismas características reportadas en un caso de posible secuestro” y que —a la altura del sector conocido como el Alto de la Virgen donde estaba dispuesto un puesto de control—; el vehículo en el que se transportaba González García habría ignorado la señal de alto y, supuestamente, habría disparado en contra de los miembros del ejército. Sin embargo, un audio da cuenta que en el puesto de control no pasaron más de 10 segundos entre la orden de los militares y el inicio de los disparos. Sin embargo, de acuerdo con el audio entregado y publicado por Noticias Uno, la antesala a los disparos se desarrolló de la siguiente manera: – Militar: “¡Bájense del vehículo!” – Militar: “¿No están escuchando?” – Escolta: “¡No estamos armados!” -Militar: “Bájese del vehículo… ¡proceda!” -Militar: “¡Manos arriba!” – Los militares abren fuego. De esta forma, la “sucesión de disparos” como la catalogó el Ejército, puesta a la luz de este audio, no obedece a la versión entregada por la unidad que presenció lo sucedido en la vía que conduce de Cúcuta a Saravena. Hasta el momento la opinión pública está a la espera de nuevas versiones oficiales que permitan definir responsabilidades por la muerte de Méndez Rivero. Tal como lo expresó en medios de comunicación González García sobre la versión del Ejército, “es mentira porque él nunca sacó el arma, él lo que hizo fue mostrar el carné, identificarse y lo que hicieron fue matarlo”. Allanamiento a las instalaciones de la UNP Estos nuevos hallazgos no terminan por configurar la fase investigativa que está adelantando la Fiscalía General de la Nación, debido a que en horas de la madrugada de este 23 de septiembre agentes de la Fiscalía arribaron hasta la sede de la UNP para extraer información que se encuentra en discos duros y computadores. Esta acción se desarrolló después de que se conociera una denuncia hecha por la misma UNP, en voz del director Pablo Emilio González, en la que se señalaba un riesgo por una presunta filtración de información. En este sentido, los investigadores del CTI buscan compilar todo el material probatorio que los conduzcan a la denuncia hecha por la UNP. Asimismo, los equipos extraídos fueron llevados al búnker de la Fiscalía en donde esperan determinar pistas que conduzcan con los responsables que amenazan con la información. Incertidumbre ha generado la alerta sobre la presunta manipulación de terceros a la información que pondría en riesgo las cerca de 8.500 personas que están bajo la protección de la UNP, cifra entregada por el mismo González. La inconformidad del sindicato Ante este procedimiento judicial adelantado por la Fiscalía, el sindicato de la UNP manifestó su inconformidad por la forma en que actuaron en horas de la madrugada los agentes del CTI en las instalaciones de la UNP. El sindicato hizo hincapié en que “Genera preocupación que exfuncionario de la Fiscalía como es el Dr. Pablo Elías autorice a la Fiscalía a entrar a la UNP para que se lleven memorias y computadores y citen al personal a estas horas de la noche”, señaló el sindicato en sus redes sociales”. Ahora bien, según como lo dio a conocer EL Tiempo, las autoridades, por ejemplo, detectaron que la información de una protegida estaba en manos de personas con presunto nexo con un grupo criminal (no determinado). Dentro de la información, estaría el tipo de esquema de seguridad que tendía la protegida, el lugar de residencia y demás información personal. Frente a esta situación la UNP optó por cambiar su esquema y se tomaron otras acciones que contribuyeran a su seguridad. Una presunta persecución al interior de la UNP Como si fuera poco, la situación de la UNP sigue siendo polémica debido a que, entre otras cosas, el sindicato de la entidad, en cabeza de Yesid Barragán, manifestó que al interior de la UNP se estaría llevando una persecución orquestada por el director de la UNP, Emilio González. Es decir, Barragán insistió en unas consideraciones sobre presuntas irregularidades que se estarían presentando al interior y que estarían alimentando algunas denuncias que están evaluando hacer como sindicato. Barragán además resaltó su preocupación por las presuntas irregularidades a la hora de desarrollan algunos procedimientos que no corresponderían a los protocolos establecidos en la UNP. Frente a estas acciones adelantadas contra el sindicato, Barragán alertó que González estaría ‘desprestigiando al sindicato’, como el caso de posibles aperturas a procesos judiciales en contra de los sindicados. Barragán se refirió a la preocupación correspondiente a las acciones oportunas que pudo tomar la UNP para evitar el asesinato de Karina García. Frente a este caso señaló que hay posibilidad de que la UNP hubiese tenido una actitud negligente con respecto a las alertas señaladas por García. Además, se refirió a unas declaraciones en las que Pablo Emilio González se habría referido al sindicato como “congraciados con los grupos delincuenciales o con los grupos de las disidencias de la Farc», situación que los expone de manera grave. Estamos preocupados.” “Quiero dejar algo claro, y es que quiero que la opinión pública conozca que el sindicato en este momento se siente perseguido y hostigado por el Director de la UNP”.

Por: Redacción Pares Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela, y ahora proclamado por Iván Duque como ‘titán’ y ‘héroe de la democracia’, aparece en seis fotografías junto a miembros de la organización narcoparamilitar ‘Los Rastrojos’ que operan en la frontera colombo-venezolana, más exactamente en Norte de Santander. Las fotografías y videos corresponden al día 22 de febrero de 2019, en el municipio de Puerto Santander, día en que se organizó un concierto internacional para presionar al gobierno de Nicolás Maduro a aceptar unos paquetes con ayudas humanitarias. Ese día, Guaidó cruzó de manera clandestina la frontera y, como lo señala el analista y director de la Fundación Paz y Reconciliación León Valencia en su última columna de opinión, quedan entre el tintero las siguientes preguntas: ¿Fue Guaidó quien organizó su paso a Colombia el 22 de febrero? ¿O fue el gobierno colombiano quién se encargó o sugirió los acompañantes y la manera de pasar hacia nuestro país? En las fotografías reveladas por el investigador Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, Guaidó aparece ese 22 de febrero -día del gran ‘Concierto por la libertad de Venezuela’ como lo denominó el presidente de Colombia, Iván Duque- abrazado y sonriendo junto a Albeiro Lobo Quintero, alias ‘Brother’ quién recientemente se entregó a las autoridades. En la siguiente imagen aparece junto a Jhon Jairo Durán Contreras, alias ‘El Menor’ otro reconocido mienbro de esa organización narcoparamilitar. En una tercera fotografía aparece Guaidó, otra vez sonriente, junto a Argenys Vaca, encargado de las finanzas de ‘Los Rastrojos’. Ese mismo día, en Puerto Santander, también posó junto a Hernando Iván Posso, alias ‘Nandito’. Además, el autoproclamado presidente de Venezuela también aparece en otra imagen junto a Jonhatan Orlando Zambrano García, el principal contrabandista de gasolina de ‘Los Rastrojos’, quien al parecer fue quien lo condujo en su camioneta hasta territorio colombiano. En entrevista con el periodista Julián F. Martínez, el director de la Fundación Progresar -organismo no gubernamental que ha denunciado la violencia en la frontera con Venezuela- Wilfredo Cañizares, revela los detalles sobre cómo descubrió que el autoproclamado presidente de Venezuela tiene nexos con grupos paramilitares colombianos que buscan desestabilizar a la región. Ese 22 de febrero, ‘Los Rastrojos’ impusieron a la población un toque de queda de 24 horas en el municipio de Puerto Santander, en el que ejercen un control total y absoluto. Las familias de la zona no pudieron salir de sus casas, ni siquiera a conseguir alimentos, ya que los delincuentes estaban llevando a cabo la operación coordinada y planeada con anticipación con el fin de trasladar a Juan Guaidó a la frontera. Según Cañizares, esta operación de traslado de Guaidó desde territorio colombiano hasta la frontera con Venezuela es una prueba irrefutable de la connivencia de la fuerza pública y las autoridades locales con actores ilegales de todo tipo, en este caso concreto con ‘Los Rastrojos’. Por su parte, este lunes la Fiscalía de Venezuela ordenó la detención de cuatro funcionarios del estado de Táchira a los que acusa de haber ayudado al jefe del Parlamento, Juan Guaidó a burlar una prohibición de salida del país el pasado febrero. La medida recae sobre la asistente de la Gobernación del Táchira, Loris Silva, y los prefectos de los municipios tachirenses Boca de Grita y La Fría, Luz Marina Pernía y Camilo Roso, respectivamente. También sobre el chofer Jonathan Orlando Zambrano García, alias «Patrón pobre», y a quien el Gobierno de Nicolás Maduro relacionó la semana pasada con la banda criminal colombiana ‘Los Rastrojos’, que operan en la frontera. La ruta de Guaidó Según Cañizares, en Puerto Santander no se mueve una hoja sin la autorización de ‘Los Rastrojos’, y no es fortuito que este haya sido el sitio escogido para llevar a cabo la operación que, al parecer y todo así lo indica, se desarrolló con la planeación y coordinación entre los narcoparamilitares y el gobierno colombiano. A Guaidó lo esperaron en la cancha de fútbol del corregimiento de Aguaclara, luego lo esperan un kilómetro antes en el puente sobre el río Pamplonita, y de ese puente a la frontera, a la orilla del río Guaramito la distancia es de 5 kilómetros, señala Cañizares. Ningún agente del gobierno, ninguna autoridad se interpuso. Todo estaba pactado. Además, Cañizares revela que hay más fotos en las que aparece Guaidó con otros miembros de esa banda narcoparamilitar; y que al parecer los asesinatos que se han presentado en los últimos días en la región tienen que ver con el hecho de desaparecer e intimidar personas que estuvieron relacionadas e involucradas en la operación de trasladar a Guaidó a la frontera ese día de febrero. Según versiones recogidas por el investigador, los propios paramilitares intentaron asesinar a alias ‘Nandito’ y aunque este logró escapar, mataron a cuatro de sus familiares hace una semana, incluidos sus padres. Por este motivo el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, se pregunta: «¿Están eliminando testigos del cruce ilegal del señor Guaidó a Colombia?» «La única declaración oficial que se conoce sobre estos acontecimientos es una expresión de Guaidó diciendo que no conocía a estas personas. Pero la secuencia de las fotografías y de los videos dice lo contrario. Muestra claramente que no era un encuentro casual. Dicen que fue algo organizado. Lo que hasta el momento no aparece con claridad es quien estuvo al frente de la conducción de todo el periplo.» señala León Valencia. Diplomacia Ciudadana, una salida a la crisis «Pudo ser Guaidó y su grupo, y en ese caso tendríamos que el líder de la oposición, quién recibió el apoyo de 50 países -que incluso le dieron la categoría de gobernante interino- ha estado en relaciones con un grupo ilegal compuesto por tenebrosos criminales. O también pudo ocurrir que funcionarios colombianos le recomendaron a Guaidó estos acompañantes, y esto lo que señalaría es que es el gobierno colombiano el que tiene esa relación con ilegales, como lo indica León Valencia. Lo cierto es que la crisis que vive Venezuela ha golpeado tres frentes: el económico, el migratorio y el institucional. La crisis migratoria se propagó en Venezuela desde el 2018; en un principio cientos de venezolanos y colombo-venezolanos empezaron a llegar a territorio colombiano, pero ante la incertidumbre económica y política se desató una oleada más grande de migrantes. Tanto así que, según cifras de Migración Colombia, en Colombia hay un poco más de un millón de venezolanos que huyeron de la esta crisis. Además, hoy se vive en la frontera el aumento de las tensiones con los ejercicios militares y la convocatoria para activar el TIAR. Esos sucesos amplían los riesgos de confrontaciones armadas de imprevisibles consecuencias, riesgos que deben disiparse para no afectar el bien de las poblaciones de los dos países y la región. Socorro Ramírez, doctora en ciencia política, indicó que lo que sucede en ambas fronteras es necesario analizarlo debido a que “cada uno comparte la frontera más larga, más compleja, más articulada, por lo tanto todas las posibles implicaciones de esa crisis repercuten inmediatamente en esa frontera”. En vista de esta crítica situación, cerca de 100 Organizaciones Sociales de Colombia, Venezuela, Estados Unidos y más de 200 personalidades, crearon la Convergencia Colombia-Venezuela (CCCV) para impulsar una solución negociada desde la diplomacia ciudadana. Esta Convergencia Ciudadana Colombia-Venezuela es una apuesta plural y diversa a favor de una diplomacia ciudadana binacional y regional, que busca articular y multiplicar iniciativas para apoyar los diálogos y acuerdos entre los distintos sectores sociales y políticos en favor de una salida política y pacífica en Venezuela, así como para tender puentes entre las dos naciones. La Convergencia Ciudadana destaca los siguientes puntos: La Convergencia se inscribe en el modelo de Diplomacia Ciudadana, en el que la comunidad participa, incide y discute la política exterior por los impactos que tiene sobre la comunidad. Considera que se debe evitar el uso de la fuerza para solucionar la crisis y promueve un verdadero diálogo entre todas las fuerzas de oposición y el gobierno venezolano, invitando a los países que promueven la transición a estimularlo. Invita a retomar diálogos para encontrar la solución negociada, que alivie la crisis interna y desactive las tensiones regionales, y anuncia la realización de una serie de diálogos a partir de noviembre.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Los exjefes de las otroras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entregaron este lunes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una versión colectiva sobre los casos de secuestro, en el marco del Caso 01, como el primer acto de reconocimiento en conjunto. En la delegación de comparecientes estuvieron los exlíderes guerrilleros Julián Gallo, Pablo Catatumbo Torres, Rodrigo Londoño Echeverry, Pastor Lizandro Alape, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Rodrigo Granda Escobar, entre otros por vía streaming. La diligencia fue presidida por los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP y dirigida por la funcionaria Julieta Lemaitre Lipoll, quien contextualizó el encuentro. Por medio del auto 02 del 2019, la sala de reconocimiento ordenó a los miembros del Estado Mayor de la antigua guerrilla de las FARC- EP rendir versión voluntaria ante la Sala, que de respuesta a los informes trasladados por la Fiscalía, Procuraduría y organizaciones que le han seguido el rastro al conflicto armado colombiano, y en específico al caso de los secuestros. Por consiguiente, dichos textos fueron enviados a los miembros de la antigua guerrilla con el fin de que prepararan un informe y se presentaran ante la sala de manera voluntaria. En ese sentido, este proceso tiene dos dimensiones: una dimensión individual y otra colectiva. Según expresó Lemaitre, en estos últimos ocho meses los comparecientes han estado trabajando de manera personal en describir con veracidad y exactitud sus motivaciones para ingresar a la guerrilla, los roles cumplidos en esta y en particular a lo que se refiere al mando y a las responsabilidades asumidas. En la segunda -que corresponde a esta audiencia colectiva-, se espera una descripción detallada que responda este tipo de preguntas entre otras: ¿Cómo se adoptó la decisión de retener civiles y miembros de la fuerza pública?, ¿Cuáles fueron los planes y órdenes dadas a las distintas unidades militares sobre el Estado de estas personas?, ¿Cómo se tomaba la decisión a qué personas secuestrar? Por consiguiente, este informe pretende construir un relato más cercano con la realidad por medio de varias voces, y sobre todo reparar a las víctimas, quienes buscan la verdad en casos concretos de personas que estaban en el poder de la antigua guerrilla. “Al recibir la entrega de hoy la sala estudiará y valorará el contenido entregado por la delegación de comparecientes y solicitará las ampliaciones que sean necesarias hasta tanto se considere se ha recaudado la información requerida dentro del caso. En ese momento la sala procederá a efectuar el traslado de la versión colectiva y sus ampliaciones junto con las versiones individuales a las víctimas acreditadas dentro del caso 01”, indicó la magistrada. Así las cosas, la tarea de la sala es contrastar los informes recibidos por parte del Estado, con las versiones de los comparecientes y los aportes de las víctimas. En caso de haber vacíos o contradicciones entre las versiones la Sala podrá pedir ampliaciones. “Honraremos el Acuerdo de Paz” El líder máximo de la exguerrilla y del actual partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo Londoño, más conocido por su nombre de guerra como Timochenko, fue el primero en hablar de los comparecientes. “El escrito que se entrega a este despacho constituye una primera entrega de verdad y manifestación de responsabilidad donde se parte de la premisa de que los exintegrantes de las FARC EP que hemos sido llamado a comparecer dentro del caso 01, nos acercamos a las víctimas haciendo una reflexión profunda, sobre los hechos de la guerra para pedir perdón por los errores cometidos”, expresó Londoño. En ese sentido, destacó que esta versión colectiva se trata también de un relato resumido de cómo era la organización, y cuáles fueron las razones que los llevaron a construir lo que fueron las FARC- EP. Sin embargo, resaltó que este escrito dado a la JEP no agota el compromiso de seguir aportando a la verdad plena y exhaustiva, sino que busca continuar con este proceso, iniciado desde febrero desde las dimensiones individuales a través de las diligencias ya registradas. “A las víctimas de la penosa conducta de las retenciones ilegales y económicas les decimos que esta es una primera entrega parcial de nuestra verdad sobre graves hechos que afectaron sus familias y al país”, señaló. Alape fue el otro vocero de la delegación y reiteró el compromiso en la construcción de país y aseguró que entregarán todo el conocimiento para construir justicia y verdad. Por su parte, la delegada de la procuraduría solicitó a la Sala de Reconocimiento enviar a la JEP, a la delegación compareciente y a las víctimas, un nuevo informe realizado por esta entidad que registró 522 casos de personas que murieron en cautiverio para cruzar la información y darle respuesta a los familiares. Por lo pronto la JEP deberá revisar de manera detallada el escrito entregado por la delegación y contrastar todas las versiones para determinar una verdad colectiva sobre el caso de los secuestros.

Por: León Valencia, director – Pares ¿Fue Guaidó quien organizó su paso a Colombia el 22 de febrero? ¿O fue el gobierno colombiano quién se encargó o sugirió los acompañantes y la manera de pasar hacia nuestro país? El acontecimiento era el gran acontecimiento. El 23 de febrero de 2019 el líder de la oposición venezolana, Juan Guaido, el gobierno colombiano y autoridades de los Estados Unidos, organizaron un evento en la frontera entre Colombia y Venezuela que tenía el propósito de precipitar la caída de Nicolás Maduro de la presidencia del vecino país. La prensa nacional y buena parte de la prensa internacional instalaron sus corresponsales, cámaras y artificios en Cúcuta y sus alrededores para dar cuenta de todos los detalles de un concierto y de una trama para ingresar por la fuerza “Ayuda Humanitaria” a territorio venezolano. Ningún acto ha tenido tal despliegue a lo largo del año 2019 en la vida colombiana. En esos días la frontera fue escenario de forcejeos y hechos violentos que dejaron 285 heridos, y se habló también de 14 muertos en los límites con el Brasil. Un saldo tráfico por el que nadie ha sido llamado a responder. Ahora aparecen fotografías y videos donde se ve a Guaidó en la travesía antes de llegar a territorio colombiano, acompañado de personas que fueron identificados como miembros del grupo paramilitar y narcotraficante denominado Los Rastrojos. En un video aparece uno de los participantes de esos eventos diciendo que hubo una reunión entre estas personas y Guaidó, y en la cual se habló de compromisos futuros si Guaidó, como se preveía, asumía la presidencia de Venezuela. La difusión de las imágenes la inició Wilfredo Cañizares, líder de la Fundación Progresar, en un acto de audacia y valentía que ha merecido el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil y de algunos medios de comunicación. La única declaración oficial que se conoce sobre estos acontecimientos es una expresión de Guaidó diciendo que no conocía a estas personas. Pero la secuencia de las fotografías y de los videos dice lo contrario. Muestra claramente que no era un encuentro casual. Dicen que fue algo organizado. Lo que hasta el momento no aparece con claridad es quien estuvo al frente de la conducción de todo el periplo. Pudo ser Guaidó y su grupo, y en ese caso tendríamos que el líder de la oposición, quién recibió el apoyo de 50 países -que incluso le dieron la categoría de gobernante interino- ha estado en relaciones con un grupo ilegal compuesto por tenebrosos criminales. O pudo ocurrir que funcionarios colombianos le recomendaron a Guaidó estos acompañantes, y esto lo que señalaría es que es el gobierno colombiano el que tiene esa relación con ilegales. Las fotografías y videos están circulando en las redes sociales, pero los medios de comunicación y los formadores de opinión recogen tímidamente estas muestras de que algo muy oscuro pasó en esos días en la frontera. También, callan los 50 países que apoyan a Guaidó. Pero en algún momento estas preguntas saltarán a los grandes medios y los periodistas empezarán a incomodar a los políticos en las ruedas de prensa. No es posible que estos hechos que tienen una estela de violencia e ilegalidad permanezcan en la sombra, y que el gobierno de Colombia guarde silencio y nadie lo increpe por esta actitud.

Por: Redacción Pares La Organización Meteorológica Mundial, junto a las principales organizaciones de ciencia climática del mundo, revelaron este domingo un informe que demuestra la evidente y creciente brecha entre los objetivos acordados para abordar el calentamiento global y la realidad actual. Así lo reveló la Organización Naciones Unidas a través de su portal informativo. El informe United in Science o “Unidos en la Ciencia” reúne los detalles sobre el estado actual del clima y presenta tendencias en las emisiones y concentraciones atmosféricas de los principales gases de efecto invernadero. En la investigación los científicos destacan la urgencia de una transformación socioeconómica fundamental en sectores clave como el uso de la tierra y la energía para evitar un aumento peligroso de la temperatura global con impactos potencialmente irreversibles. También examinan herramientas para apoyar tanto la mitigación como la adaptación. Olas de calor e incendios sin precedentes De acuerdo con la Organización Mundial de la salud entre 2000 y 2016 el número de personas expuestas a las olas de calor han aumentado en alrededor de 125 millones. La longitud promedio de los eventos de olas de calor individuales fueron 0,37 días más largos, en comparación con el período entre 1986 y 2008, contribuyendo a un mayor riesgo de enfermedad o muerte relacionada con el calor. La temperatura global promedio para 2015-2019 está en camino de ser la más cálida de cualquier otro período equivalente registrado. Actualmente se estima en 1,1° C, un grado más por encima de los tiempos preindustriales (1850–1900). Las olas de calor en los últimos años han sido las más letales, afectaron a todos los continentes y establecieron registros récord de temperatura a nivel nacional. Las olas de calor generalizadas y duraderas, los incendios récord y otros eventos devastadores como los ciclones tropicales, las inundaciones y la sequía han tenido un gran impacto en el desarrollo socioeconómico y el medio ambiente. El verano de 2019 vio incendios sin precedentes en el Ártico que tan solo en junio emitieron 50 megatoneladas de carbono a la atmósfera. Esto es más que todos los fuegos juntos en esa región de 2010 a 2018. También hubo múltiples incendios en la selva tropical de la Amazonía en particular en agosto. Sequía y hambrunas Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las situaciones climáticas extremas se encuentran entre los principales impulsores de los recientes aumentos del hambre a nivel mundial después de una disminución por varios años. La frecuencia de las condiciones de sequía de 2015 a 2017 muestran el impacto del fenómeno de El Niño en 2015 a 2016 en los cultivos. Amplias áreas de África, América Central, Brasil y el Caribe, así como Australia experimentaron un gran aumento en la frecuencia de las condiciones de sequía entre 2015 y 2017 en comparación con los últimos 14 años. A medida que se intensifica el cambio climático, las ciudades son particularmente vulnerables a los impactos como el estrés por calor y pueden desempeñar un papel clave en la reducción de emisiones a nivel local y global. Las estrategias para la mitigación y para mejorar la gestión adaptativa del riesgo son necesarias en el futuro. “Solo una acción inmediata e integral que abarque: una profunda descarbonización complementada con medidas políticas ambiciosas, protección y mejora de los sumideros de carbono y la biodiversidad, y los esfuerzos para eliminar el CO2 de la atmósfera, nos permitirán cumplir con el Acuerdo de París”, aseguran los científicos. Las emisiones de carbono Las emisiones de dióxido de carbono crecieron un 2% y alcanzaron un récord de 37.000 millones de toneladas en 2018. Hasta el momento no hay señales de que habrá un récord en este año. Las tendencias económicas y energéticas actuales sugieren que las emisiones serán al menos tan altas en 2019 como en 2018. Se espera que el PIB mundial crezca al 3,2% en 2019, y si la economía global se descarboniza al mismo ritmo que en los últimos 10 años, eso aún conduciría a un aumento en las emisiones globales. A pesar del extraordinario crecimiento de los combustibles renovables en la última década, el sistema energético mundial todavía está dominado por las fuentes de combustibles fósiles. El aumento anual en el uso de energía global es mayor que el aumento en la energía renovable, lo que significa que el uso de combustibles fósiles continúa creciendo. “Este crecimiento necesita detenerse de inmediato”, aseguran los científicos. Las emisiones netas cero necesarias para estabilizar el clima requieren tanto de una aceleración en el uso de fuentes de energía que no sean de carbono como de una rápida disminución de los combustibles fósiles en la industria energética. “Este doble requisito representa un desafío”, dice el informe. Los sumideros naturales de dióxido de carbono, como la vegetación y los océanos, que eliminan aproximadamente la mitad de todas las emisiones de las actividades humanas, serán menos eficientes al hacerlo. Esto subraya la necesidad de reducir la deforestación y expandir los sumideros naturales de CO2, particularmente aquellos en bosques y suelos que pueden mejorarse mediante un mejor manejo y restauración del hábitat.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares En este año electoral, la Fundación Paz & Reconciliación-PARES, ha denunciado casos de corrupción, que, con miras a los comicios del 27 de octubre se encuentra que muchos candidatos a los gobiernos locales están repitiendo cargos o están sujetos a casas políticas cuestionadas por la malversación de los recursos públicos y los nexos con grupos ilegales. Los últimos meses, el subdirector de la Fundación PARES, Ariel Ávila, ha hecho un recuento de algunos de estos perfiles que están en disputa por las administraciones municipales. Así las cosas, aquí les mostramos los casos publicados en un primer momento en la Revista SEMANA. Tolima, Santander y Caldas En el departamento del Tolima, José Ricardo Orozco, es el más opcionado a reemplazar a Óscar Barreto, su anterior jefe y actual gobernador. Actualmente cuenta con el aval del Partido Conservador, Partido de la U y ASI para su candidatura. Tan pronto se conoció que iba a participar en los comicios, nuevamente salió a la luz pública la condena de nueve años por el delito de tentativa de homicidio agravado en los años 90. Según se conoció, Orozco habría proporcionado tres disparos contra Guillermo León Valencia mientras se encontraba en servicio activo como cadete de la Policía Nacional, “presuntamente, por negarse a comprarle una botella de aguardiente”. Tras lo ocurrido, la institución lo destituyó y le fue iniciado un proceso judicial. En febrero de 1992 tuvo su primera captura, obtuvo libertad condicional y en 1999 fue finalmente condenado y recapturado en 2002. Sin embargo, Orozco presentó una acción de tutela por violación al debido proceso y a fin de cuentas, en 2005, El Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Juan de Pasto prescribió anular la acción penal. Y sin vergüenza, Orozco demandó a la Nación en 2007 por 52´000.000 de lucro cesante y 15´000.000 de daño emergente, pero por fortuna perdió el caso y ahora es uno de los favoritos para este cargo. Por otro lado, en Cúcuta, Norte de Santander no se salvan de candidatos cuestionados. Iván Javier Gelvez Jiménez está en campaña por la Alcaldía de esa ciudad y está avalado por el Partido Centro Democrático. Pero su historia es la siguiente: su padre, Luis Martin Gelvez, fue concejal de la ciudad por el Partido Liberal (1984 y 1992) y reconocido empresario que fundó la ferretería El Palustre. Dicha empresa fue mencionada en un listado como una de las colaboradoras del paramilitarismo, por Iván Laverde, alias el Iguano, comandante del Frente Fronteras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), perteneciente al Bloque Catatumbo en una de las versiones libres ante la Sala de Justicia y Paz en Bogotá. Ferretería que fue manejada por Luis Martín Gelvez, hasta su muerte cuando fue heredada a sus hijos, entre ellos el actual candidato a la alcaldía Gelvez Jiménez y sus hermanos, Martín Herney Gelvez Jiménez y Deasy Fabiola Gelvez Jiménez, señaló el analista. Hasta el momento dichos señalamientos implican a la empresa familiar de los Gelvez, y no se ha comprobado que el actual candidato, Iván Gelvez, esté relacionado con tales actividades. Pero sería importante que explique a los cucuteños claramente el origen de estos cuestionamientos. El tercer caso también corresponde a presuntos vínculos con el paramilitarismo del actual candidato a la Alcaldía de La Dorada, Caldas: César Arturo Alzate Montes, quien ya había ocupado este cargo en el año 2000, uno de los periodos más cruentos de la guerra. De acuerdo con las investigaciones, hay quienes lo relacionan con las actividades ilegales que sucedieron en la Hacienda el Japón después de que esta fuera expropiada en 1998 a su primo, el desaparecido narcotraficante Jairo Correa Alzate. En esa misma línea, el líder de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), John Jairo Gómez Builes, denunció en 2003 que en dicha hacienda se escondían paramilitares y narcotraficantes de la región, y era administrada por César Alzate. Señalamiento reconfirmado por el jefe paramilitar de las AUC, Ramón Isaza. Sin embargo, César Alzate fue investigado y absuelto por sus presuntas relaciones con paramilitares por el Tribunal Superior de Manizales en primera y segunda instancia. También se suma el hecho de que en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez se aprobó una Ley de Extinción de Dominio y con ella se pretendía entregarle tierras a los campesinos de El Japón quienes habían sido despojados, sin embargo, no se concretó. Y el mismo Uribe denunció el año pasado que estas personas no habían recibido los predios, y lo curioso es que ahora su partido Centro Democrático apoya a Alzate, cuestionado precisamente por los manejos irregulares y actividades ilegales que sucedieron en la hacienda. Otros ejemplos de un país corrupto El primero es el caso del municipio de Ocamonte, Santander donde Roberto José Piloneta López se está lanzando otra vez a la Alcaldía, que ya ocupó en 2011. El candidato avalado por el Partido Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical y Partido de la U, hace parte de la familia de política tradicional, que además viene incrementando su patrimonio económico al mismo tiempo que empezó a participar en la vida pública. “Durante su paso por la alcaldía empezó a aumentar su capital económico con la creación y compra de empresas. Una de ellas, ejecutó los contratos de ferias, olimpiadas y suministros de materiales para las carreteras de la región”, expresó Ávila. En ese sentido, entre 2014 y 2015 Pilonieta legalizó contratos de 12.000.000 y 15.000.000 millones, que debían ser invertidos en kits agropecuarios. Sin embargo, falsificó presuntamente las firmas de campesinos que supuestamente se vieron beneficiados. A su paso, las personas que se enteraron sobre la falsificación de sus firmas realizaron las denuncias, pero “la esposa de Rubén Pilonieta, primo en primer grado del exalcalde Roberto José Pilonieta López, es la actual personera de Ocamonte y, por auto comisorio, fue delegada por la Procuraduría para llevar este caso”. En últimas Pilonieta López no solo ha ostentado el poder local, sino que sus influencias políticas tienen incidencia regional, debido a que su trayectoria política en esa zona del país y a que familia ha ocupado y ocupa cargos públicos. El segundo corresponde al departamento de Sucre, quien también fue alcalde pero por el municipio de San Benito Abad por dos periodos (1998 –2000; 2008-2011). “El poder que han tenido en este municipio es tan grande, que son propietarios de grandes haciendas, cada una titulada con un nombre corporativo «CAMAR» (Cadrazco- Martelo)”, señaló el analista. Para colmo, el municipio no cuenta con servicio de agua potable; sin embargo, los únicos espacios que tienen este servicio son las grandes haciendas de Cadrazco Salcedo. También fue capturado por delitos relacionados con malos manejos de recursos públicos y en 2017 la Procuraduría lo inhabilitó hasta el 2022, para contratar con el Estado y desempeñar cargos públicos. Actualmente Cadrazco está aspirando a la alcaldía de este mismo municipio con el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), sin importar la inhabilidad de la institución. El tercero ocurre en el municipio de Carmen de Carupa, Cundinamarca. Giovanni Murcia Leyva, exalcalde y actual candidato de ese territorio con el aval de los partidos Cambio Radical y la U, ha tejido tejido una presunta red de corrupción para apoderarse del municipio. De acuerdo con las investigaciones de PARES, cuando se lanzó a la Alcaldía y obtuvo una votación de 3.346 votos con el aval del Partido de la U, su administración estuvo presuntamente rodeada de diversos cuestionamientos por el manejo clientelista, y por supuestos contratos que no se ejecutaron. En 2015 no le alcanzaron los votos para el mismo cargo, entonces se presume que empezó a crear alianzas con otros partidos por medio con la compra de votos. Uno de los mayores presuntos beneficiarios de estos presuntos hechos de corrupción fue el candidato en su momento al Senado, David Barguil, quien además de resultar elegido, en el municipio de Carmen de Carupa ocupó el tercer lugar del senador más votado, concentrando el 9,2 % del total de la votación (193 votos). Al parecer, tal y como lo ha señalado el analista en varias oportunidades, «la asociación entre crimen y política ha sido histórica en Colombia.»

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares “Como embajador es muy satisfactorio trabajar en un país donde tenemos un papel único como garantes de los acuerdos de Paz de la Habana y en el proceso de reconciliación de las zonas más afectadas por la guerra y los conflictos; Colombia es un país en el que nuestro rol ha sido clave porque hemos construido confianza, no solamente con el gobierno y la exguerrilla de las Farc, sino con la sociedad en general, y esa confianza es una herramienta, es un capital fundamental que tenemos y podemos seguir utilizando cuando se requiera. Somos un socio confiable.” Pares habló con John Petter Opdahl, embajador de Noruega en Colombia. Es politólogo experto en América Latina, fue vicecónsul en Nueva York, consejero en la embajada en Londres y embajador durante seis años en Cuba, precisamente mientras se desarrollaban los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las Farc. Noruega tiene un importante programa de cooperación en Colombia. Actualmente esta Misión Diplomática tiene como prioridad el seguimiento de la implementación del proceso de paz con FARC-EP en Colombia y ha asumido un rol de garante. «Para nosotros es muy importante apoyar la reincorporación de los exguerrilleros porque nos parece clave para el futuro del país, pero también para la estabilidad y la seguridad nacional.» Foto: Pares Pares: Desde la década de los 90, Noruega ha estado involucrado como acompañante o mediador de al menos 10 procesos de paz, y ha proporcionado apoyo técnico y financiero en muchos otros países. Desde 2012, Noruega ha desarrollado un papel de facilitador en los procesos de paz con las FARC —que terminó en la firma de un acuerdo en 2016— como en los diálogos de paz con el ELN, proceso que fue levantado por el gobierno de Iván Duque en agosto de 2018. ¿Por qué este país es reconocido por la comunidad internacional como un mediador válido? John Petter Opdahl: Históricamente y como primer referente, hace 26 años por nuestro papel en los acuerdos de Oslo cuando israelíes y palestinos firmaron los Acuerdos para la paz en Cercano Oriente. Noruega tiene una larga tradición en el ámbito de la ayuda humanitaria y se sintió impelido a implicarse en el fin del conflicto. Además, su credibilidad estaba reforzada por un pasado libre de colonialismo y su independencia económica. Nunca hemos dejado abandonado un proceso, a menos que las partes así lo quieran. Noruega ha sido un socio confiable y coherente en procesos largos. Hace unos días leí un artículo muy interesante sobre el rol de España en los países latinos y por su historia hay complicaciones para tomar un papel y ellos lo saben, ellos tienen un papel importante pero no pueden por la historia tan cercana que tiene España con América Latina. Pares: El proceso de paz es un objetivo de todos en Colombia, pero también sabemos que hay desafíos, entre otros el asesinato de excombatientes y líderes sociales, así como la necesidad de un apoyo en términos de infraestructura social de parte del gobierno. ¿Qué balance hace Noruega del estado del proceso de paz con las Farc? J.P.O: Para nosotros es muy importante apoyar la reincorporación de los exguerrilleros porque nos parece clave para el futuro del país, pero también para la estabilidad y la seguridad nacional. Hemos visto que, a pesar de la situación que tuvimos con la salida del proceso de algunos de los excomandantes, es importante ver que hay muchos proyectos productivos en marcha, ya implementados, y veo que la implementación va a un buen ritmo. Al mismo tiempo creo que la comunidad internacional, como el gobierno mismo, hemos sido muy claros en que aquí estamos apoyando absolutamente a quienes están dentro del proceso y quieren seguir adelante, el mensaje ha sido ese desde todos los rincones, y ese es un mensaje que tenemos que repetir y mostrar que somos fieles y estamos firmes con la reincorporación. Pares: ¿Cómo analiza Noruega el hecho de que en el país haya importantes sectores políticos que están en contra de la implementación del Acuerdo de Paz? J.P.O: Como yo lo veo dentro de la comunidad internacional y también en la gran mayoría de los colombianos en 2019, creo que es imposible no imaginarse un camino sin paz y sin cumplimiento de los acuerdos para que haya un desarrollo sostenible y seguro para la población colombiana. Yo no conozco la vida interna de los partidos políticos colombianos, pero creo que cualquier partido tiene que darse cuenta de que deben trabajar y dirigirse a las necesidades y deseos de las nuevas generaciones colombianas que tienen un punto de vista bastante distinto, y donde vemos que hay otros asuntos para ellos que son más importantes: que haya más trabajo, más ingresos, más cuidado al medio ambiente. Hay una generación nueva que quiere cuidar su país de una manera diferente y para lograr eso el camino es la paz, es poder vivir en un país más tranquilo. Hay mucho interés de mi país hacia Colombia, y también hay muchos grupos de la sociedad civil de Noruega que están atentos a lo que ocurre aquí. Y aparte de eso, personalmente siempre quiero conocer todo lo que puedo de un país donde estoy trabajando, y me falta mucho todavía para conocer en Colombia. He leído algunos libros de historia de Colombia, no tantos como quisiera porque tengo demasiado trabajo, pero he conocido gente maravillosa a través de la cual he podido comprender asuntos del país. «Hay temas muy importantes para nosotros como los son el tema de género, que es transversal a todo el trabajo que realizamos, así como apoyar al gobierno colombiano en la protección a líderes sociales y a defensores de derechos humanos.» Foto: Pares Pares: ¿Cuáles son las áreas de cooperación más importantes entre Noruega y Colombia? J.P.O: Somos el cuarto cooperante internacional más grande para Colombia, que es algo increíble siendo un país tan pequeño como Noruega. No estamos en todos los asuntos, hemos tratado de enfocarnos en algunos sectores particulares, sobre todo tres. El primero es todo lo que tiene que ver con la reintegración y el seguimiento de los acuerdos de paz de La Habana, el otro es el sistema de justicia transicional y el tercero es el tema del cambio climático y la protección del medio ambiente. La relación entre nuestros dos países va más allá del proceso de paz. Los asuntos multilaterales son variados y tenemos cooperación bilateral a través de los temas de petróleo y pesca, por ejemplo tenemos un programa que es petróleo por desarrollo, en el que estamos capacitando a muchos colombianos en el tema del manejo de recursos petroleros de una manera sostenible. Noruega es un socio muy importante en dos fondos: uno es el fondo Colombia Sostenible, a través del cual queremos hacer un aporte para prevenir las consecuencias de las catástrofes climáticas y naturales, impedir la deforestación y por lo tanto disminuir las emisiones de los nocivos gases de efecto invernadero para garantizar el desarrollo económico y la seguridad alimentaria en el futuro. El otro es el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz. Este fondo es muy importante porque hemos visto resultados concretos de proyectos que van hacia la cohabitación y la reintegración en las zonas más afectadas del conflicto, y ha sido muy eficiente. Según funcionarios de Naciones Unidas, es uno de los mejores fondos que ha manejado esta entidad a nivel global, por lo tanto vamos a continuar aportando nuestros recursos, de alrededor de 50 millones de dólares anuales. Es importante aclarar que no estamos solamente dando dinero a proyectos para personas desmovilizadas, sino también para el beneficio de todas las comunidades de la zona en la que los implementamos. Nuestro objetivo es que haya beneficios para toda la comunidad, haciendo énfasis en los territorios y la población más afectada. Pares: ¿Qué tipo de iniciativas apoya Noruega en Colombia, podría darnos algunos ejemplos? J.P.O: La razón por la que somos el cuarto socio internacional para Colombia es que Colombia es uno de los 16 socios principales para el gobierno de Noruega y entre esos, el único país en las Américas. Esos países reciben mucha más cooperación y atención amplia de sectores en diversos temas, como el cuidado del medio ambiente o el enfoque de género. Hay un proyecto que me encanta, es pequeño pero es muy eficiente: una finca en Cundinamarca para capacitación de representantes indígenas de los seis departamentos amazónicos; allí están recibiendo formación legal, junto con la Universidad del Rosario, para saber qué derechos tienen ellos si vienen inversiones ilegales -o legales- a sus territorios con proyectos, por ejemplo de minería o ganadería. En este espacio se preparan jóvenes de las áreas indígenas de la amazonia para que puedan participar activamente en la administración de sus territorios. Cada pueblo nombra un representante, y hay más mujeres que hombres. Hasta ahora hay 260 alumnos y queremos continuar. No se necesitan solamente proyectos grandes, también los proyectos pequeños pueden cambiar la mentalidad de la gente hacia el medio ambiente con objetivos muy puntuales que tienen una incidencia y un efecto inmediato en los territorios. Le cuento: uno de mis sueños de infancia era navegar por el río Amazonas, que es muy impactante. También me han gustado mucho las visitas que he hecho al sur del país, al departamento del Cauca, o a la zona cafetera, que es preciosa. He visto muchos lugares emblemáticos muy bonitos.  También me han impactado algunos viajes que he hecho a lugares que tienen grandes retos como Norte de Santander y especialmente Cúcuta, con la inmigración venezolana y toda la difícil situación en la frontera. Dado que la igualdad y la no discriminación son asuntos fundamentales para Noruega, nos hemos acercado a proyectos relacionados con población LGBT y mujeres. Me impresiona mucho el excelente nivel de las organizaciones de género y de mujeres que están trabajando por una Colombia en paz. Deben estar orgullosos por la sociedad civil que hay en acá: está muy bien organizada a nivel micro y a nivel nacional. «Este lunes vamos a firmar un convenio, por tres años, con ONU Mujeres para, justamente apoyar el trabajo excelente que ellas están haciendo en Colombia en todo el ámbito de género y asegurar el financiamiento. Foto: Pares Yo creo que ustedes tienen una ciudadanía con una voluntad fuerte, que tiene sus metas y sus trabajos bastante claros y está jugando un papel fundamental. Estoy increíblemente impresionado de ver cómo hay lugares en el campo donde hay representantes de organizaciones LGBT, personas que usualmente hacen parte de una organización en una ciudad, como por ejemplo Caribe Afirmativo y Colombia Diversa.

Por: Redacción Pares Cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. La Asamblea General ha declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, tanto entre todas las naciones y todos los pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos. Los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015 porque entendían que no sería posible construir un mundo pacífico si no se adoptaban medidas a fin de lograr el desarrollo económico y social de todas las personas en todas partes, y garantizar que sus derechos estuvieran protegidos. Los Objetivos Sostenibles abarcan una amplia gama de asuntos, entre ellos la pobreza, el hambre, la salud, la educación, el cambio climático, la igualdad de género, el agua, el saneamiento, la energía, el medio ambiente y la justicia social. El cambio climático, una amenaza para la paz La campaña de este año se centra en la importancia de combatir el cambio climático con el fin de proteger y promover la paz en todo el mundo. El cambio climático ocasiona amenazas claras para la paz y la seguridad internacionales. Los desastres naturales desplazan tres veces más personas que los conflictos, obligando a millones de personas a abandonar sus hogares y buscar la seguridad en otros lugares. La salinización del agua y los cultivos está poniendo en peligro la seguridad alimentaria, y el impacto sobre la salud pública está aumentando. Las crecientes tensiones sobre los recursos y los movimientos masivos de personas están afectando a todos los países de todos los continentes. En el camino al Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre, las Naciones Unidas hacen un llamamiento a todos para que tomen medidas destinadas a hacer frente al cambio climático. Todos los seres humanos son parte de la solución: desde apagar las luces hasta usar el transporte público, pasando por organizar una campaña de sensibilización en su comunidad. Comparta sus ideas y actividades con nosotros usando #PeaceDay y #ClimateAction. “Es posible alcanzar nuestros objetivos, pero necesitamos decisiones, voluntad política y políticas transformadoras que nos permitan seguir viviendo en paz con nuestro propio clima”. Secretario General António Guterres, 15 de mayo de 2019

Por: Redacción Pares La Convergencia Ciudadana Colombia-Venezuela es una apuesta plural y diversa a favor de una diplomacia ciudadana binacional y regional, que busca articular y multiplicar iniciativas para apoyar los diálogos y acuerdos entre los distintos sectores sociales y políticos en favor de una salida política y pacífica en Venezuela, así como para tender puentes entre las dos naciones. Cerca de 100 Organizaciones Sociales de Colombia, Venezuela, Estados Unidos y más de 200 personalidades, crearon la Convergencia Colombia-Venezuela (CCCV) para impulsar una solución negociada desde la diplomacia ciudadana. La CCCV, en su pronunciamiento inicial destaca los siguientes puntos: La Convergencia se inscribe en el modelo de Diplomacia Ciudadana, en el que la comunidad participa, incide y discute la política exterior por los impactos que tiene sobre la comunidad. La CCCV considera que se debe evitar el uso de la fuerza para solucionar la crisis y promueve un verdadero diálogo entre todas las fuerzas de oposición y el gobierno venezolano, invitando a los países que promueven la transición a estimularlo. Llama la atención la CCCV sobre el impacto en Colombia de la crisis humanitaria, agravada por los conflictos internos del país y considera relevante restablecer la comunicación entre los dos países hermanos. El cierre de la frontera facilita que grupos irregulares asuman el control de este territorio, estimulando una amplia gama de delitos que afectan a la población y agravan el conflicto regional, además del tema migratorio: trata de personas, contrabando, narcotráfico, tráfico sexual y reclutamiento de menores. El aumento de las tensiones en la frontera con los ejercicios militares y la convocatoria para activar el TIAR, amplía los riesgos de confrontaciones armadas de imprevisibles consecuencias, riesgos que deben disiparse para no afectar el bien de las poblaciones de los dos países y la región. La CCCV invita a retomar diálogos para encontrar la solución negociada, que alivie la crisis interna y desactive las tensiones regionales, y anuncia la realización de una serie diálogos a partir de noviembre. Por ello, esta Convergencia Ciudadana hace un llamado apremiante a que se profundice la articulación eficaz de acciones diplomáticas, gubernamentales, sociales y ciudadanas. Con ese fin, realizará Diálogos Ciudadanos en favor de la negociación y transición pacífica en Venezuela, la reconstrucción de la relación binacional y la transformación de la grave situación fronteriza, lo que esperamos contribuya a su vez en la consolidación de la paz en Colombia. Voceros CCCV: Socoro Ramírez, León Valencia, Armando Novoa Descargue aquí la carta completa

Por: Redacción Pares David Char Navas, exsenador quien es el primer agente de Estado —no miembro de la fuerza pública— en haberse sometido a esta jurisdicción, deberá iniciar el aporte de verdad e informar sobre el plan de reparación y de las garantías de no repetición que le presentó este viernes a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP para definir su sometimiento y concederle la libertad transitoria, condicionada y anticipada. Hay que recordar que en la justicia ordinaria Char Navas ha sido procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado —por su presunta relación con grupos paramilitares— y por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares. Este llamado a audiencia a Char Navas se da luego de que el pasado 30 de julio de 2019, a través de la resolución 3917, la JEP le concedió el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada por su ofrecimiento de aporte a la verdad en esta jurisdicción y en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV). Durante la diligencia de este 20 de septiembre, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, como garante del régimen de condicionalidad, iniciará con Char Navas los aportes al esclarecimiento de la verdad, la recuperación de la memoria, así como la búsqueda de instancias anticipadas de restauración y reparación. Esto dijo Char Navas en la audiencia pública realizada este viernes: Es importante aclarar que la libertad transitoria es un beneficio temporal del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, lo que implica que puede ser revocado, si el compareciente no se presenta cuando sea requerido o incumple con las obligaciones contraídas ante la JEP. Igualmente, la libertad transitoria otorgada a Char no implica la resolución definitiva de su situación jurídica en la JEP. Previo a esta audiencia, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le advirtió al compareciente sobre la importancia de enfocar la verdad judicial en la JEP a los hechos por los cuales fue acusado en la jurisdicción ordinaria, superando lo ya conocido y probado en esa instancia. Acreditación de las víctimas La JEP indica que las personas que se consideren como víctimas de las conductas presuntamente cometidas por David Char Navas, deben comparecer para que en un plazo máximo de 30 días acrediten su calidad de afectadas presentando prueba de su condición, así como el relato de las razones por las que consideran ostentar esa calidad, en el que especifiquen la época y lugar de los hechos victimizantes. A partir del 30 de septiembre y hasta el 6 de octubre de 2019, la JEP fijará el respectivo edicto emplazatorio en la Salas Penal, y de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y en los Centros Regionales de Atención a Víctimas del Atlántico.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares En el marco del evento Día País de la Universidad de los Andes en la capital colombiana, la comunidad uniandina abrió el miércoles sus puertas para el desfile PAZarela con prendas elaboradas por excombatientes de las FARC que están en proceso de reincorporación a la vida civil en el municipio de Icononzo, Tolima. El proyecto productivo, adscrito a la Cooperativa Multiactiva del Común – Tejiendo Paz fue presentado por tres miembros de la otrora guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes permanecen en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde se realizan actividades de capacitación con el objetivo de facilitar las fases iniciales de adaptación de los exguerrilleros. La Fundación Paz & Reconciliación-PARES dialogó con el estudiante y organizador del evento Leonardo González, quien contó que los Andes bajó sus torniquetes para recibir todo aquel proyecto relacionado con la construcción de paz y un país mejor. “En ese sentido, estamos en este momento en PAZarela, que es un trabajo que han venido haciendo diversos sectores de la mano con excombatientes de las FARC del ETCR de Icononzo”, indicó González a PARES. El desfile inició a las 2:30 PM en un espacio de los Andes, condicionado con luces y una alfombra roja, donde estudiantes de los Andes modelaron la ropa confeccionada por los excombatientes con el fin de contribuir en la reincorporación, reconciliación y construcción del tejido social. Foto: Cortesía “Es un proceso difícil, pero es autónomo. Ellos mismo desde el ETCR se han venido levantando. Pero son personas que le apuestan a dar más, a construir país y a reincorporarse a la vida civil”, agregó el organizador. Este proyecto hace parte de muchos que se han venido ejecutando en los ETCR, y los excombatientes están construyendo estos diseños de la mano de profesionales; sin perder el proceso artesanal, desde abajo y que va en vía de las reivindicaciones sociales, salir del estigma y sobrevivir. El mensaje que envía González en Día País y en PAZarela es que es posible la construcción de paz, que hay estudiantes, diseñadores, víctimas, excombatientes, toda la comunidad que tiene el objetivo de construir la paz, esa que beneficie a todos. Día país se ha llevado a cabo desde el 2015, sin embargo, hace unos años solo se realizaba con la comunidad Uniandina, y por esta razón, este año le apostaron a abrir las puertas, los recursos y energía. “Qué bueno construir y quitarnos ese estigma de que estamos de frente a Monserrate y de espaldas al país”, apuntó. Comprometidos con la paz El excombatiente y en proceso de reincorporación, Yimmi Rodríguez de 43 años, es uno de los miembros de la Cooperativa que ha venido confeccionando las prendas que el miércoles fueron desfiladas en dicha universidad. “En este evento mostramos las prendas que estamos confeccionando en el ETCR Antonio Nariño de Icononzo, Tolima. Este proceso lleva varios años, pero hace dos lo empezamos a ejecutar. Hemos estado en capacitaciones y también hemos empezado a mover algunas prendas para sacarlas al mercado”, expresó a Pares. Para Rodríguez este trabajo no es algo nuevo porque dentro de las FARC no todo era guerra. Tenían capacitaciones y en muchas ocasiones, ellos mismos tejieron sus uniformes o prendas cuando no había nadie más que los confeccionara. “Hoy en día soy operario de máquina plana, fileteadora y tengo idea de máquina collarín. Y nuestra idea es expandirnos más, por eso tenemos una página en Facebook: Manifiesta – Hecho en Colombia para vender nuestras prendas”, aseguró. Estuvo 21 años en las filas de las FARC y aunque fueron muchos años en el monte, aseguró que él y sus compañeros están comprometidos con la reincorporación. “Con las dificultades del caso, pero aquí estamos, porque este es el camino y estamos comprometidos con la paz”, concluyó. Por su parte, PARES habló con Gonzalo Beltrán, también de 43 años, y quien es el encargado de cortar las telas en todo el proceso de manufactura del proyecto que se pensó desde antes de la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016. Con estampados que dicen ‘nuestra única arma es la palabra’, o ‘estamos comprometidos con la paz’, o estampados de la naturaleza queriendo decir ‘protejamos nuestra naturaleza’ dicho proyecto quiere decirle a Colombia y al mundo que la moda también es un acto político. Foto: Cortesía “Este proyecto me ha gustado porque es una forma de demostrarle al mundo que estamos trabajando, demostrarle a Colombia que estamos trabajando, que estamos comprometidos con la paz, y lo que más me encanta a mí es que desde la moda podemos transmitir nuestro mensaje”, apuntó. Beltrán explicó que desde que iniciaron los diálogos de paz en La Habana empezaron a pensar en los proyectos productivos porque ya sabían que iban a tener otra forma de vida en donde tendrían un proyecto productivo con el fin de sostenerse ellos mismos. Según contó, este proyecto nació antes de la dejación de armas con una profesora que llegó al territorio y les enseñó a coser a mano, y los motivó. “Nosotros nos proyectamos a largo plazo con varios puntos de venta, a nivel nacional o algunas partes del país. Nuestra moda también queremos posicionarla en el mercado internacional. Y en últimas decirle al pueblo colombiano que seguimos comprometidos con la paz y que nos apoyen porque juntos podemos construir la paz, que el Acuerdo de Paz no se hizo solamente para los que estábamos en armas sino para el beneficio de la sociedad colombiana”, señaló con mucho entusiasmo.