Por: Redacción Pares En la inauguración de la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet aseguró que el mundo nunca ha visto una amenaza a estas garantías fundamentales que tenga tanto alcance como el cambio climático y pidió a los Estados actuar de manera urgente para contrarrestarlo. “Estamos quemando nuestro futuro”, dijo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en la inauguración de la sesión del Consejo dedicado a defender estas garantías fundamentales. «El mundo nunca ha visto una amenaza a los derechos humanos de este alcance. Esta no es una situación en la que ningún país, institución, legislador puede mantenerse al margen. Las economías de todas las naciones; el tejido institucional, político, social y cultural de cada Estado, y los derechos de toda su gente, y las generaciones futuras, se verán afectados”, insistió la Alta Comisionada. En un llamado directo a los 47 Estados Miembros del Consejo de Derechos Humanos para que se unan para enfrentar el cambio climático, Michelle Bachelet insistió en que todas las regiones del mundo se verán afectadas. «Las implicaciones humanas de los niveles de calentamiento global proyectados actualmente son catastróficas. Aumentan las tormentas y las mareas podrían sumergir a naciones isleñas enteras y ciudades costeras. Los incendios arrasan nuestros bosques y el hielo se está derritiendo. Estamos quemando nuestro futuro, literalmente», dijo la Alta Comisionada. Bachelet citó informes de la ONU sobre cómo la emergencia climática ha causado un fuerte aumento en los niveles mundiales de hambre y también señaló que las temperaturas más cálidas probablemente contribuirán a 250.000 muertes adicionales por año entre 2030 y 2050 a causa de la desnutrición, la malaria, la diarrea y el estrés por calor. Bachelet instó a los miembros del Consejo de Derechos Humanos a formar parte de la Cumbre sobre Acción Climática del Secretario General el próximo 23 de septiembre. Cada Estado debería contribuir con la «acción más fuerte posible para prevenir el cambio climático, y también deberían promover la «resiliencia y los derechos» de sus ciudadanos al implementar estas políticas, aseguró.

Por: Redacción Pares Este martes, en una carta dirigida a la opinión pública, el movimiento ciudadano Defendamos la Paz rechazó las declaraciones del ministro de Defensa, Guillermo Botero, en las que de forma ligera e irresponsable califica la captura de Leyder Yohany Noscué, alias ‘Mayimbú’, dependería de una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP. El movimiento señala: no se deben buscar excusas para la inacción estatal. Respuesta de Patricia Linares al Ministro Botero Respecto a las afirmaciones del señor Ministro de Defensa, Guillermo Botero, sobre supuestas limitaciones de la Fuerza Pública para perseguir a personas que han recibido beneficios jurídicos gracias al Acuerdo de Paz y que ahora están delinquiendo, la JEP reitera a la opinión pública: 1. Que la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz es exclusivamente sobre los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 que estén relacionados con el conflicto armado interno. 2. Que la investigación de cualquier delito cometido por un compareciente de la JEP después del 1 de diciembre de 2016 es competencia de la Fiscalía General de la Nación. 3. Que la Fuerza Pública no tiene ninguna limitación para perseguir y capturar a los comparecientes que se hayan rearmado y estén delinquiendo. 4. Que la investigación y persecución de aquellos comparecientes que en la actualidad estén delinquiendo tiene que ser ejercida por la Fiscalía y la fuerza pública, independientemente de que hayan concluido o no los procesos para la exclusión de de esas personas de la JEP. Ese es su deber y obligación. Para recordar En la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se adelantan los procedimientos de tratamiento penal especial diferenciado para miembros de la fuerza pública. Hasta el momento ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se han presentado más de 300 comparecientes de la fuerza pública que obtuvieron en la jurisdicción ordinaria los beneficios para continuar su sometimiento ante la JEP. Esto abarca a los comparecientes que se encuentran incluidos en los listados que el Ministerio de Defensa Nacional entregó a la JEP, a quienes no están incluidos en los listados y elevaron peticiones ante la Sala, y a aquellos que recibieron beneficios propios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) en la de justicia ordinaria antes que la JEP iniciara sus actividades. Con la entrada en funcionamiento de la JEP, se hace necesario que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determine las condiciones de supervisión y vigilancia de los beneficios de libertad transitoria, condicional y anticipada, de la privación de libertad en unidad militar, la revocatoria o sustitución de medida de aseguramiento y la suspensión de orden de captura y los beneficios otorgados en forma preliminar, no definitiva, en la jurisdicción ordinaria.

Por: Redacción Pares El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, denunció que existe alto riesgo de trashumancia electoral en el país, y solicitó al Consejo Nacional Electoral – CNE – dejar sin efecto la inscripción de más de 773.000 cédulas, correspondientes al 24,27% del total de las inscritas en el país. Esos registros están relacionados con personas cuya última inscripción electoral no coincide con la información sobre su residencia que se deriva de su inclusión en distintas bases de datos, como los de seguridad social, riesgos profesionales, o programas de beneficios adelantados por las administraciones territoriales o Prosperidad Social, entre otros. El jefe del Ministerio Público indicó que de los municipios priorizados por el alto riesgo de trashumancia electoral, 60 están ubicados en Boyacá, 40 en Cundinamarca, 35 en Antioquia, 27 en Santander y 12 en Norte de Santander. Los cinco municipios con mayor porcentaje de inscritos a invalidar son Puerto Colombia, Atlántico (1418), Sabaneta, Antioquia (5846), Puerto Gaitán, Meta (3569), Cota, Cundinamarca (2448) y El Colegio, Cundinamarca (2336). El jefe del Ministerio Público le solicitó al Consejo Nacional Electoral adelantar las actuaciones administrativas por la presunta trasgresión del artículo 316 de la Constitución Política, que establece que “(…)en las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”. La trashumancia electoral El trasteo de votos o trashumancia electoral es un fenómeno irregular que ocurre especialmente en época electoral en todo el país. Por lo tanto, organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) han comenzado a lanzar alertas sobre las situaciones en los territorios con miras a los comicios regionales que se llevarán a cabo en octubre. En febrero de este año, la MOE llamó la atención de que 46.901 ciudadanos y ciudadanas de las 162.725 que habían inscrito su cédula desde octubre de 2018 hasta enero de 2019 no vivían en los municipios en los que se inscribieron. En ese sentido, la organización expresó que el 29% de las inscripciones realizadas durante tres meses, podrían tratarse de posibles casos de trashumancia electoral. Dicho concepto hace referencia a una persona que vive en un territorio distinto al lugar en el que inscribió su cédula para votar, y por lo general está asociado con actos de corrupción. Sin embargo, este año se sumaron otras posibles causas a este fenómeno. La principal causa en la fuga de votos recae especialmente en los episodios de corrupción. Sin embargo, este año se ha disparado el registro de las cédulas en territorios aledaños donde se han incrementado los niveles de violencia.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, decidió citar al actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo Carmona, a un control político en el Congreso para que explique, por qué desconoce el conflicto armado y, cómo incide este punto de vista en la memoria oficial. A principios de febrero el presidente Iván Duque nombró a Acevedo, historiador y profesor emérito de la Universidad Nacional y acérrimo opositor al acuerdo de paz, como nuevo director del CNMH, lo cual desató el rechazo de varias organizaciones de Derechos Humanos y de la sociedad civil. Y es que Acevedo en varias ocasiones ha hostigado el trabajo realizado en la anterior administración de esa institución, y ha señalado que no existió el conflicto armado, que los falsos positivos no fueron una política de Estado y, por consiguiente, ha deslegitimado a las víctimas de este flagelo. Por eso, Acevedo deberá informar cuál es la postura del CNMH- bajo su dirección-respecto a las ejecuciones extrajudiciales, más conocidos como “falsos positivos” que dejaron alrededor de 10.000 víctimas, según organizaciones de DD.HH. “Venimos de una historia de largo conflicto armado en la que se ha venido construyendo una memoria con las víctimas desde la sociedad colombiana para establecer no solamente la verdad, o las verdades de ese conflicto sino para reparar a las víctimas y a la sociedad colombiana”, expresó Cepeda. En ese sentido, es preocupante desconocer ocho (8) años de trabajo de construcción de la memoria, que tiene el objetivo de recoger todas las voces, pero en especial la de las víctimas del conflicto armado. “Nos parece incomprensible que quien dirige en CNMH desvirtúe, haga esfuerzos por debilitar ese relato y por poner asuntos en discusión que están superados ya en ese debate que ha tenido la sociedad colombiana sobre la violencia y sobre el conflicto armado en Colombia”, agregó el congresista. Y expresó que por todas esas razones ha decidido citar a Acevedo a control político con el fin de cuestionar de manera rigurosa el enfoque y la firma con la que él está dirigiendo dicha institución que nació en 2011 en el marco de la Ley 1448. Por su parte, este fin de semana, Acevedo señaló para el periódico El Colombiano que no desestima el trabajo del anterior grupo, e independientemente de “si uno está de acuerdo o no con lo realizado por la dirección anterior bajo el mando del doctor Gonzalo Sánchez ese es un punto de vista, es parte del conocimiento. Lo que queremos aclarar es que no es el único punto de vista, ni es el definitivo”. ¿Qué implica este desconocimiento? La Fundación Paz & Reconciliación-PARES habló con Natalia Escobar Sabogal, psicóloga, magister en antropología social y candidata a doctora en literatura de la Universidad de los Andes, quien además ha dirigido proyectos relacionados con la memoria y las narrativas de excombatientes. Para Escobar “es gravísimo porque cuando dices no hay conflicto armado, estás diciendo ‘no hay víctimas’, cuando dices no hay conflicto armado dices ‘hay terrorismo o hay crimen organizado’, entonces estás diciendo ‘no hay víctimas de un conflicto social y armado histórico”. Además, estas apreciaciones frente a un evento histórico que ha atravesado la vida de los colombianos y colombianas durante décadas implican la negación de las causas estructurales que produjeron el conflicto armado colombiano. “¿Cuáles son? el abandono del Estado, la pobreza, las condiciones sociales y un Estado que implanta unas políticas centralizadas”, agregó la experta. Otro problema de afirmar que no hubo conflicto social y armado es decir que todo está bien, que solamente se trata de unos vándalos, y de eso no se trata. Se trata de entender que hubo unas causas estructurales que produjeron el conflicto y unos grupos que se organizaron al margen de la ley, especialmente con unas ideas e intenciones de confrontar esas condiciones del Estado. “Lo gravísimo es entonces que la memoria histórica pierde relevancia y pierde el marco de justicia transicional que exige que se haga una verdad sobre las diferentes formas de violencia en el marco del conflicto, resaltó Escobar. Y al contrario de lo que Acevedo asegura, de que su postura plantea otras memorias, lo que afirma el director del CNMH oficializa una verdad, está haciendo oficial que no hay conflicto. Además, lo que busca la construcción de la memoria es el diálogo con las víctimas para buscar resarcirlas y también a la sociedad colombiana. No sólamente se trata de la verdad o las verdades de ese conflicto, sino reparar y no repetir. Pero “cuando tú haces oficial una verdad como esta le quitas las posibilidad a las víctimas -que sí existieron- y a los mismos excombatientes de que hagan memoria y que narren las versiones sobre el conflicto”, concluyó.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La Organización de las Naciones Unidas para la igualdad de género, más conocida como ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la organización Idea Internacional realizaron una investigación sobre la participación de las mujeres colombianas en el escenario político. Una de las principales conclusiones de la investigación señala que aún falta mucho para que Colombia deje de ser uno de los países más desiguales en el tema de género en el mundo. Dicho informe se desarrolló a través del Mecanismo de Aceleración de la Participación Política de las Mujeres – ATENEA, creado en 2011 por estas tres organizaciones para fomentar la igualdad y empoderamiento de las mujeres en América Latina y el Caribe, sin embargo, esta es la primera vez que se realiza en Colombia. “Uno de los componentes de ATENEA es la medición y análisis del Índice de Paridad Política (IPP), que permite tener información sobre el ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres”, indicó el texto publicado el domingo. En ese sentido, el IPP arrojó que la aplicación de las normas constitucionales que propenden por la igualdad de género ha sido lenta, y el país aún está lejos de tener una igualdad real entre mujeres y hombres en el ámbito de la política, destacaron las organizaciones. A nivel global, la mayoría de los países están suscritos a tratados internacionales que promueven las garantías de participación en igualdad de condiciones para las mujeres en escenarios de la vida pública. Por consiguiente, la constitución de 1991 también está sujeta a varios acuerdos que suponen el equilibrio de género en las instancias del poder ejecutivo, legislativo y judicial. En este caso, el índice mide el estado en el que se encuentran los derechos políticos de las mujeres desde una perspectiva paritaria, con base en ocho dimensiones de análisis y cuarenta (40) indicadores estandarizados y comparables. Colombia se raja en participación de mujeres en política De acuerdo con el censo electoral del 2018, las mujeres representan el 51,7% del total de la población de unos 45 millones de colombianos y colombianas. En ese sentido, se esperaría que la misma cantidad de hombres y mujeres participara en igualdad de condiciones en la vida pública, pero la realidad es otra, e indica que las mujeres tienen menos oportunidades de competir y ser elegidas en estos espacios. A partir de 1957, cuando las mujeres votaron por primera vez en Colombia, comenzaron a ser clave para la vida pública que años atrás estaba totalmente masculinizada. Tras una serie de reformas, cambios a la carta magna y compromisos a nivel internacional llevaron a que este grupo social antes olvidado empezara a escalar a los cargos más importantes del país. Por ejemplo, el informe destacó que desde 1991, la participación de las mujeres como votantes ha mantenido un crecimiento sostenido en medio de históricas cifras de abstencionismo en el país, que, en el caso de las mujeres, son ligeramente menores respecto a las de los hombres. Sin embargo, aún falta mucho por avanzar. Las organizaciones señalaron que las mujeres en Colombia representan menos del 20% de las personas elegidas a cargos de elección popular, tanto a nivel nacional (18% del Congreso), como a nivel local (12,2% de alcaldías y 17,6% de concejos municipales). Y lo anterior se debe a que en los comicios siguen siendo un reto. Aspectos como: 1. Las prácticas clientelistas que en su mayoría están lideradas por barones electorales. 2. El difícil acceso a ciertas zonas del país que ponen en riesgo a las mujeres. 3. La falta de pedagogía política. 4. La falta de confianza en una figura femenina. Cabe destacar que el establecimiento de la “Ley de Cuotas” ha obligado a que, en la inscripción de las listas electorales para Cámara y Senado por parte de los partidos políticos, al menos cuenten con un 30% mujeres, y en se sentido, ha incrementado -levemente- en la participación política de las mujeres como candidatas. No obstante, “el diseño de la cuota vigente puede mejorarse incluyendo los principios de alternancia y universalidad en su aplicación para que se contribuya de forma real a la elección efectiva de mujeres; y sin duda, aún hace falta incluir en la legislación mecanismos sancionatorios explícitos en caso de incumplimiento de la ley”, agregó el informe. Baja participación femenina El texto resaltó que, en las últimas elecciones al Congreso, las candidaturas de las mujeres fueron el 34,5% del total, un resultado que guarda lógica con la aplicación de la “Ley de Cuotas vigente”, pero que sugiere un cumplimiento mínimo de esta. “Es decir, la cuota se convirtió en el nivel máximo (un techo) para la participación de las mujeres, en vez de ser el nivel mínimo (el piso) en la inscripción de candidaturas”, indicó el informe. En cuanto a los gobierno locales, apenas 134 mujeres fueron elegidas alcaldesas para el periodo 2016-2019, que corresponde apenas al 12,2% del total del país. Para las alcaldías, gobernaciones, concejos municipales y asambleas departamentales también se aplica la ley de Cuotas, sin embargo, su aplicación no ha demostrado un incremento significativo en la presencia de mujeres en estas corporaciones. En definitiva, explicaron las organizaciones, esta baja participación responde a la presencia de aspectos culturales patriarcales que afectan la representación de las mujeres y, en consecuencia, realizaron 24 recomendaciones. Algunas de ellas, realizar procesos de pedagogía política y liderazgo, particularmente en áreas rurales, para aumentar la participación y representación política de lideresas y realizar campañas de promoción para la participación política de las mujeres.

By: The Pares Editorial Team Translated by: Rebecca Oswalt. From the article «Cifras y datos de la nueva guerrilla» On the morning of august 29th, a video emerged of former peace negotiator for the extinct FARC guerrilla, Iván Márquez, announcing the establishment of a new guerrilla. Alongside with other important former leaders of the FARC such as Romaña, El Paisa, Aldinever and Loco Iván, he declared, that they would retake their weapons due to non-compliance by the State in the implementation of the Peace Agreement signed between the FARC guerrilla and the Colombian State in 2016. When the Farc laid down their arms, they were operating in 300 municipalities throughout Colombia. Today, there are 23 groups of dissenters in 85 municipalities. These groups are composed of roughly 1,800 guerrillas and between 300-400 new recruits. Thus, in the best case scenario, the current dissenters account for only 25% of the capability of what the FARC was prior to the peace accord. This conflict can still be controlled, although it has been growing. These statements are made by the Peace and Reconciliation Foundation. They are the product of months of research and analysis of the data and figures included in the report «More lights than shadows. Security in Colombia one year after the government of Iván Duque » Previously, there had been two separate groups of dissenters, one armed group led by Gentil Duarte [who rejected the peace accord before it was signed] and another politically focused group headed up by Iván Márquez. All the evidence seems to indicate that these two groups have joined. Due to a lack of guidance, the numbers involved in these groups had not been increasing; however, under these leaders, they will see significant growth. These groups of dissenters will now start to recruit older ex-combatants. This means that in order to prevent this issue from expanding, President Iván Duque must protect the Territorial Training and Reintegration Spaces -ETCR [communities where former FARC combatants live] and guarantee ex-combatants reintegration into society. More than 10,000 ex-guerrillas out of the 13,000 who laid down their weapons are in the process of reintegration. Márquez’s announcement could cause a great disruption to these efforts. As such, it is absolutely necessary that the government protects the spaces where ex-combatants are staying, guarantee them dignified reintegration conditions, and avoid the numbers of dissenters from growing rapidly. The latter will depend on the operability of the Armed Forces. If there is sufficient functionality and force, the situation can be controlled, but if not, we will once again have a long and painful armed conflict in the country.

Por: Redacción Pares Así lo anunció este martes el Nuncio Apostólico en Colombia, monseñor Luis Mariano Montemayor, quien dio un espaldarazo a la JEP y a las demás entidades que conforman el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y no Repetición (Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas). “Estoy aquí para hacer visible el apoyo de la Santa Sede a la Jurisdicción Especial para la Paz y al resto de componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición», manifestó el representante del Papa en Colombia durante su intervención ante la sesión Plenaria de los magistrados de esta Jurisdicción. Igualmente, Monseñor Montemayor expresó que, “desde la visita del Papa Francisco a Colombia en 2017, la Iglesia católica tiene como prioridad el trabajo por la reconciliación de Colombia y, por eso, desde la Nunciatura, ha hecho visible su apoyo a este modelo de justicia transicional». Esta es la primera reunión del Nuncio Apostólico con magistrados de la JEP para comenzar un trabajo de acompañamiento y cooperación por parte de la Iglesia Católica a esta Jurisdicción y a las demás instituciones que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual, además de la JEP, también hacen parte la Comisión para la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. “Estuvimos hablando un poco cómo podemos contribuir a que se entienda el trabajo de la JEP y cómo podemos ayudar a dar fruto al trabajo de la JEP, que es fundamentalmente judicial, pero que exige una actitud de reconciliación y de perdón», expresó monseñor Montemayor luego de su intervención en la plenaria. El Papa Francisco, un aliado de la paz en Colombia Vale la pena recordar que hace un año, durante la visita del Papa Francisco a Colombia, se centró en su apoyo incondicional a la paz y la reconciliación en el país. En la plaza de Bolívar de Bogotá, en su primer saludo a los colombianos, el santo padre deseó la paz y manifestó el propósito de su visita: «Quiero compartir con ustedes la verdad más importante: que Dios nos ama con amor de Padre y nos anima a seguir buscando y deseando la paz. Aquella paz que es auténtica y duradera. (…) Cuanto más difícil es el camino que conduce a la paz y al entendimiento, más empeño hemos de poner en reconocer al otro, en sanar heridas y construir puentes, en estrechar lazos y ayudarnos mutuamente”.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. Pares Desde hace décadas, la compra y venta de avales es un fenómeno que está latente en cada rincón de la geografía de nuestro país. Para estas elecciones por ejemplo, los partidos étnicos colombianos se transformaron en verdaderas fábricas de avales que recogen y amparan a quienes no logran conseguir el visto bueno en otros partidos. Pero no son los únicos. El 55% de los casos de estudio de compra de avales se concentró en dichos partidos, localizados en siete (7) departamentos: Cundinamarca, Cesar, Sucre, Valle del Cauca, Caldas, Bolívar y Córdoba. En el caso de ASI y MAIS, partidos con mayor número de casos, las denuncias han sido reiterativas en diferentes elecciones, manteniendo mecanismos similares que involucran principalmente transacciones monetarias. Estos partidos políticos entregaron un total de 18.164 avales distribuidos así: ASI 8.328 avales, MAIS 7.050, Colombia Renaciente 5.242, ADA 3.565 y PRE 2.307; es decir, el 15% de todos los avales, siendo como son agrupamientos recientes y marginales en la vida política nacional y local. Descargue el Informe completo

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. Pares Desde hace décadas, la compra y venta de avales es un fenómeno que está latente en cada rincón de la geografía de nuestro país. Para estas elecciones por ejemplo, los partidos étnicos colombianos se transformaron en verdaderas fábricas de avales que recogen y amparan a quienes no logran conseguir el visto bueno en otros partidos. Pero no son los únicos. El 55% de los casos de estudio de compra de avales se concentró en dichos partidos, localizados en siete (7) departamentos: Cundinamarca, Cesar, Sucre, Valle del Cauca, Caldas, Bolívar y Córdoba. En el caso de ASI y MAIS, partidos con mayor número de casos, las denuncias han sido reiterativas en diferentes elecciones, manteniendo mecanismos similares que involucran principalmente transacciones monetarias. Estos partidos políticos entregaron un total de 18.164 avales distribuidos así: ASI 8.328 avales, MAIS 7.050, Colombia Renaciente 5.242, ADA 3.565 y PRE 2.307; es decir, el 15% de todos los avales, siendo como son agrupamientos recientes y marginales en la vida política nacional y local. Una dinámica recurrente en estos partidos es que la compra de avales suele darse por parte de candidatos cuestionados o inhabilitados que no consiguieron avalarse por partidos tradicionales, como el Conservador, el Liberal o La U, por lo que algunos los denominan partidos de segundo piso. Un ejemplo es el de Jorge Coral Rivas, a quien Jhon Molina le ganó el aval del Partido Conservador a la gobernación de Putumayo y terminó avalándose por el recién creado partido ADA, relacionado con los ex miembros del PIN, Juan Carlos Martínez Sinisterra y Luis Alberto “Tuerto” Gil. A pesar de que esta colectividad había sostenido hasta pocos días antes de la elección que avalaría a Reynaldo Velázquez, el 27 de julio no fue este el registrado sino Coral Rivas, por lo que Velázquez solicitó la revocatoria del aval ante el Consejo Nacional Electoral. Según denuncias recibidas por Pares, Coral habría comprado el aval por doscientos millones de pesos. Descargue aquí el informe completo Los compradores y los vendedores de avales El mercado involucra como vendedores a congresistas y directivos locales de los partidos, y como compradores a cabezas de clanes políticos departamentales y candidatos. Como “reguladores” aparecen las dirigencias nacionales de los partidos, quienes brillan por la ausencia de imposiciones para otorgar avales y por la ausencia de investigaciones ante las denuncias de los militantes y veedores del orden local, ya sea por connivencia, acuerdos o incapacidad de control. En los partidos tradicionales como el Conservador, el Partido de la U y Cambio Radical, el mercado de avales suele involucrar a todo tipo de actores: directores regionales, congresistas, candidatos y cabezas de clanes regionales; mientras en los partidos étnicos predominaron las relaciones entre dirigencias locales y candidatos y cabezas de clanes políticos, siendo Colombia Renaciente una excepción. Por ejemplo, para el caso de Cambio Radical, en el municipio de San Pedro en Sucre, el candidato Augusto Benítez, avalado por Cambio Radical y Centro Democrático, habría pagado presuntamente por el coaval de Cambio Radical 5 millones de pesos. Esta transacción se habría realizado por medio de unos intermediarios, dado que también habría negociado votos con el representante Héctor Vergara, a cambio de apoyar a la esposa de Vergara, Katiana Aguirre, quien va para la asamblea departamental, también por el partido Cambio Radical. Se encontraron dos “monedas de cambio”: una monetaria, una burocrática, y, en algunos casos, una combinación de las anteriores. La monetaria, de mayor recurrencia, es la más simple: quien tiene potestad de entregar el aval cobra al candidato o cabeza de clan para otorgarle el/los avales; en otros casos, los avales se habrían otorgado a partir de compromisos de futura contratación o puestos dentro de las alcaldías y gobernaciones que manejan altos presupuestos. Por ejemplo, en el caso de ASI, en Sucre, según fuentes de Pares, además del costo monetario del aval, el cobro dependía de la persona y la cercanía que tuviera con el dirigente regional y con los más cercanos se habría sumado acuerdos burocráticos. El precio de un aval en Colombia Estos son tres factores que influyen para determinar el precio de un aval en Colombia: Tamaño de la circunscripción electoral e importancia del/los cargo/s (a mayor tamaño mayor el costo del aval). Para las gobernaciones, asambleas y capitales de departamento en todos los casos el precio fue muy superior al de municipios de menor categoría. Por ejemplo, en el caso del aval de uno de los candidatos para la alcaldía de Bucaramanga se habría pagado mil millones de pesos, mientras un candidato a la asamblea de Antioquia denunció el ofrecimiento dos mil millones por el aval para aspirar a dicha corporación. En oposición, los precios de los avales para alcaldía de municipios de categorías 4 a 6 mantuvieron consistencia entre los partidos, oscilando entre los 10 y 30 millones de pesos, en especial en los departamentos ubicados al norte del país como Sucre, Cesar, Córdoba y Bolívar, mientras los de concejos de estos municipios oscilaron entre uno y cinco millones de pesos. Cercanía de quien compra el aval con quién lo vende (a mayor cercanía menor el precio). En dos casos documentamos precios atípicos de avales (mucho más bajo que el promedio), que, según las fuentes de Pares, se explican por la cercanía de los avalados con quien los otorgó, localizados en Sucre y Cesar. Número de candidatos por transacción (a mayor número de candidatos, menor el precio unitario). En los pocos casos que se documentaron sobre compra de listas completas a alcaldías y concejos, los precios por aval se redujeron considerablemente respecto a las transacciones de un solo candidato. Casos de compra-venta de avales descubiertos por Pares ASI Para el caso de ASI, la recurrencia en las denuncias, así como las recientes declaraciones al interior del partido, lo ponen como uno de los partidos que las autoridades deben prestarle mayor control. De acuerdo con la Registraduría, el partido ASI avaló para las elecciones de 2019, 8.328 candidatos en los diversos cargos de elección popular, sin contar los que fueron en coaliciones. Ante esta magnitud de candidatos, la dirigencia nacional les otorga a sus congresistas y dirigentes regionales la potestad de entregar los avales. En ese sentido, la curaduría sobre la entrega de avales no es una tarea menor, y más cuando existen presuntos hechos de corrupción en cuanto a la venta de estos. Al respecto de esto último, además de las denuncias registradas por la W sobre el partido Asi, Pares encontró que, por lo menos, en Cesar, Sucre, Bolívar, Norte de Santander y Valle del Cauca, se habría dado la presunta venta de avales por parte de los dirigentes regionales de Asi. El acceso a esta información es limitada por el recelo con el cual se finiquitan estas transacciones; no obstante, según las denuncias allegadas a Pares, para el caso de los avales de municipios como Aguachica (en este caso, coaval), habría tenido un costo de 20 millones de pesos. En Sucre, según fuentes de Pares, además del costo monetario del aval, el cobro dependía de la persona y la cercanía que tuviera con el dirigente regional. A lo que se habría sumado acuerdos burocráticos. Este mismo mecanismo se habría aplicado en Bolívar, donde el cobro se dio de forma unificada para alcaldías y listas completas a concejos con un costo de entre 10 y 15 millones de pesos el aval a un candidato a alcaldía y la lista completa de concejo. Esta investigación coincide con el monto que se exigía en 2015, según las denuncias de la época, y coincide con las denuncias reseñadas en la emisora W Radio, sobre el cobro de entre 10 y 20 millones de pesos de las listas al concejo o asamblea departamental, así como por candidatura a las alcaldías en los departamentos de Norte de Santander y Valle del Cauca. Si bien Pares hace una investigación con base en las denuncias y la triangulación de información con fuentes consultadas en territorio, al parecer, también la dirigencia a nivel nacional del partido ASI ha tenido conocimiento de estos hechos y no se han tomado las medidas correspondientes. De hecho, ante el CNE también se habrían hecho llegar estas denuncias por parte de integrantes del partido y veedurías ciudadanas, razón por la cual Pares lanza una alerta sobre la importancia de que se investigue a profundidad al partido y sus dirigencias. MAIS El partido Mais es el segundo más cuestionado sobre la compra y venta de avales para estas elecciones. Según la Registraduría, avaló a 7.050 candidatos en los diversos cargos de elección popular, sin contar las coaliciones. Como partido, es uno de los que más candidatos avalaron; pero, también es uno de los que más aparece reseñado en las denuncias y fuentes consultadas por Pares. Por lo menos en Cundinamarca, Sucre, Bolívar y Córdoba, se habría presentado los presuntos cobros por avales, los cuales tuvieron un costo entre 10 y 30 millones de pesos. En Cundinamarca, específicamente en Facatativá, Pares consultó con un precandidato al concejo, quien resaltó el hecho de que la dirigencia regional empezó pidiendo presuntamente 30 millones de pesos por el aval al concejo. Luego de que el mercado no se movió, le bajaron a 15, y finalmente se negoció en 10 millones de pesos. En Sucre y en Bolívar, Pares encontró que, además de cobrar entre 10 y 15 millones de pesos por aval a un candidato a alcaldía o por listas completas al concejo, el partido Mais se convirtió en el refugio de candidatos de todas las ideologías posibles o que pertenecían a otras colectividades y no les dieron el aval. Específicamente, en el caso de Magangué se habría instaurado una denuncia por parte de veedurías sobre esta situación a la dirigencia nacional, pero no se han tomado las medidas al respecto. Esa misma situación se habría repetido en Córdoba, donde en varios municipios se habría cobrado alrededor de 10 millones de pesos por conformar las listas completas al concejo. De hecho, para el caso de Sahagún, una veeduría ciudadana y ex miembros de la colectividad de Mais habrían puesto la queja por diversos medios a la dirigencia nacional del partido y nunca les respondieron. ADA El neófito partido Ada, creado recientemente para estas elecciones con el respaldo de una curul Afro en el Congreso de la República, avaló en tiempo récord 3.565 candidatos, sin contar las coaliciones. Este partido es uno de los que más llama la atención, pues con apenas pocos meses de creación avaló una cantidad significativa de candidatos, lo que podría significar un riesgo respecto del ingreso de dineros ilegales, así como de la financiación por medio de la compra de avales. Esto último es así, toda vez que Pares encontró que, por lo menos, en Cesar, Caldas y Bolívar, se habría cobrado por avales entre 30 y 150 millones de pesos. A pesar de tratarse de un partido de segundo piso recién creado, de acuerdo con el estudio realizado es uno de los partidos que cobró más alto por los avales. En el caso del Cesar, según una fuente reservada relacionada con el partido, confirmó que para las alcaldías se estaba cobrando por el aval alrededor de 30 millones de pesos. Para el caso de Caldas, específicamente en el municipio de La Dorada, se obtuvo información de que para la alcaldía se habría negociado el aval (en este caso, coaval) en 50 millones de pesos. Renglón aparte, para el caso de la lista al concejo de Magangué, Bolívar con el aval de ADA se habría cobrado 40 millones de pesos. Un hecho que se habría repetido en 3 municipios más. Pero el caso que más llama la atención a Pares es el de ADA en el departamento de Nariño, pues al candidato a la alcaldía de Pasto por esta colectividad, Nicolás Toro, le habrían cobrado 200 millones por el aval. COLOMBIA RENACIENTE Al igual que ADA, Colombia Renaciente surgió hace pocos meses y se convirtió en una personería para dar cobijo a varios políticos de otras colectividades, específicamente de los disidentes del partido Liberal y personas ligadas al ex presidente Juan Manuel Santos del partido de la U. Estos dirigentes que estaban alejándose de sus partidos originales y tenían la necesidad de participar de manera independiente en las elecciones de 2019 buscaron a Jhon Arley Murillo, hermano del exministro de ambiente de Santos, Gilberto Murillo, quien había alcanzó la curul Afro del Consejo Comunitario Playa Renaciente en 2018. Al llegar al Congreso, este movimiento Afro logró la personería jurídica y en el 2019 se convirtió en la sombrilla para un grupo de prestantes dirigentes políticos como Clara López, Guillermo Rivera, Juan Fernando Cristo, y el mismo Luis Gilberto Murillo, quienes aseguran que el partido es la oportunidad de defender el acuerdo de paz. Sin embargo, no solo buscaron cobijo allí personas cercanas al proceso de en este partido también se presentaron presuntos casos de venta de avales. Al respecto, en junio del presente año, la delegada departamental del partido en Boyacá, Alba Luz González, denunció la presunta venta de avales en el departamento. Un hecho que coincide con la presunta venta de avales en Cesar, donde se habría cobrado 50 millones de pesos para las alcaldías locales, según fuentes de Pares. Llama la atención que, al igual que ADA, como movimiento recién creado, se hayan avalado por parte de Colombia Renaciente 5.242 candidatos en menos de 3 meses. Sin duda, partidos con una estructura tan reciente difícilmente podrían hacer veeduría sobre esta cantidad de candidatos y la entrega de sus avales. PRE Para completar la lista de partidos de segundo piso identificados en este estudio, el PRE es el partido que sigue con una denuncia registrada por Pares sobre la presunta compra y venta de avales. Se trataría de la venta de la franquicia de la lista al concejo a unos gamonales políticos en Magangué, Bolívar, aproximadamente en 40 millones de pesos para que estos caciques armaran las listas de forma discrecional. De acuerdo con varias fuentes consultadas, aunque es el partido de segundo piso con menos candidatos inscritos (2.307), llama la atención que el surgimiento de su personería jurídica se dio luego de una pelea con el CNE 5 días antes del plazo para inscribir candidatos ante la Registraduría. Todo gracias a una medida cautelar del Consejo de Estado. Conservador, Partido de la U, Partido Liberal y Cambio Radical Sobre el Partido Conservador, según fuentes en territorio de Pares, Freddy Anaya, actual aspirante a la alcaldía de Bucaramanga, le pagó 1.000 millones de pesos a Iván Díaz Mateus condenado por la «Yidispolítica», para conseguir el aval del partido Conservador. Cabe recalcar que Anaya en el 2005 fue denunciado ante la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía por promover un presunto ‘carrusel’ de contratación al interior de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, y de la Empresa de Alcantarillado de Santander, Empas, para favorecer la entrega de millonarios contratos a empresas en las que figuran él y sus familiares. A pesar de estas graves denuncias, fue representante a la Cámara por el Partido Político Opción Ciudadana en el año 2014. Sobre este mismo departamento, según fuentes en territorio, Claudia López Rodríguez, candidata a la alcaldía de Bucaramanga, hizo un trato con la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Comunales) en el que, presuntamente, a cada concejal o candidato que se sumara a su candidatura le daría 20 millones de pesos. Según las fuentes en territorio, 19 concejales y aspirantes se unieron a su candidatura. Para el caso del Partido de la U, Luis Arturo Palmezano, uno de los tantos políticos con graves cuestionamientos como: constreñimiento electoral, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas, violencia, concierto para delinquir, y peculado por apropiación; todos estos, relacionados con el tema político y electoral; actualmente, aspira a la alcaldía de Hatonuevo, La Guajira. Según fuentes en territorio de Pares, luego de que varios partidos fueron alertados para no avalar a este candidato, al parecer, habría negociado un pago 50 millones de pesos para obtener el aval del partido de la U, que es entregado fue otorgado por Luis Alfredo Deluque. También en las denuncias recibidas sobre el partido de la U, Cielo Gnecco, en Cesar, habría ofrecido 2.000 millones para organizar la lista de todos los candidatos en el departamento en estas elecciones por el partido. Para el caso de Cambio Radical, en el municipio de San Pedro en Sucre, el candidato Augusto Benítez, avalado por Cambio Radical y Centro Democrático, habría pagado presuntamente por el coaval de Cambio Radical 5 millones de pesos. Esta transacción se habría realizado por medio de unos intermediarios, dado que también habría negociado votos con el representante Héctor Vergara, a cambio de apoyar a la esposa de Vergara, Katiana Aguirre, quien va para la asamblea departamental, también por el partido Cambio Radical. Sobre el Partido Liberal se documentó un caso en el departamento de Antioquia en el que las dirigencias departamentales habrían ofrecido avales a la asamblea por dos mil millones de pesos. Este estudio de Pares tiene desde luego limitaciones especiales. Tanto el que compra avales como el que los vende está incurriendo en un delito y eso implica enormes dificultades para obtener testimonios de los implicados o de personas allegadas y conocedoras. Normalmente los candidatos que recurren a este tipo de estrategias tienen también formas de intimidación suficientemente conocidas en el entorno regional. La mayoría de la información se recoge entre personas que se han negado a dar el dinero que les piden por avales. En todo caso son los organismos de control electoral y las autoridades judiciales quienes tendrían que corrobar la certeza de estas denuncias recogidas por investigadores académicos y periodistas. No solo se compran avales, también las firmas Al parecer, como lo denunció el periódico El Colombiano, actualmente no solo se compran los avales a partidos políticos sino también las firmas requeridas para avalarse como movimiento significativo de ciudadanos. Al parecer en Antioquia existen firmas y cooperativas que cobran entre $450 y $1.000 pesos por firma, por lo que, para un municipio como Medellín, se requeriría una inversión de alrededor de 100 millones de pesos. Cabe resaltar que actualmente no existen mayores restricciones o regulación para la recolección de firmas por parte de los candidatos ni la financiación de las mismas. Según este diario “De los seis precandidatos consultados, solo Enrique Olano reconoció el interés de contratar este servicio. Los demás negaron esta opción. “A mí me han ofrecido eso, se paga entre 450 y 1.000 pesos por firma. Pagar por eso rompe completamente nuestros principios programáticos”, dijo Hernández. Valderrama afirma que “no tengo pensado pagar para eso, el esfuerzo es de todos los días en la calle”.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Tras conocerse que, por un lado, el pasado 16 de septiembre fue atacado con un machete Jorge Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Bioguí en el municipio antioqueño de Toledo y, por otro lado, se diera a conocer que alrededor de 75 líderes sociales en Antioquia han sido amenazados en 2019; las organizaciones sociales han levantado nuevamente su voz para que las autoridades tomen medidas que mitiguen la delicada situación de Derechos Humanos que no cesa en contra de los liderazgos sociales en Antioquia. Tal como lo han señalado organizaciones como la ONG Nodo Antioquia, Fundación Sumapaz y Fundación Jurídica Libertad, los hechos victimizantes que se han registrado en el presente año los han hecho por medio de mensajes de Whatsapp, panfletos amenazantes, llamadas intimidantes, mensajes de texto, entre otros. Esta situación ha generado que, entre otras cosas, se produzcan desplazamientos masivos y confinamientos en subregiones del departamento antioqueño. Recrudecimiento de las amenazas Frente al recrudecimiento de las amenazas contra los y las lideresas sociales y la preocupación que ha desatado en Antioquia, cabe señalar que según el Registro Único de Víctimas —de enero a agosto de 2018—; se han registrado 2.039 víctimas de amenazas. De esta manera, las amenazas en 2019 se acercan a las registradas en el año 2016 (2.430) y 2017 (2.206 casos) y, de seguir en crecimiento por el resto de 2019, configurarían una tendencia al aumento que se registró en 2018 cuando los casos de amenaza alcanzaron los 3.592 casos. En este sentido, a pesar de que la victimización por asesinato selectivo a líderes y lideresas sociales se ha reducido en el último mes, Antioquia sigue siendo el segundo departamento más violento para los liderazgos sociales, después del Cauca. Según cifras de la Fundación Paz & Reconciliación -Pares, desde la firma del Acuerdo de Paz a la fecha, han sido asesinados 46 líderes y lideresas. Asimismo, los municipios más victimizados son Ituango, Valdivia y Cáceres. Además, sobre la gran mayoría de hechos las autoridades no han podido determinar el actor perpetrador, ni la estructura ilegal, hay casos que sí se le han atribuido al Clan del Golfo. Ahora bien, de acuerdo con los informes de Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en el departamento antioqueño en el ultimo mes se han registrado cerca de 4.000 indígenas en condición de confinamiento, lo que representan 1.000 familias en esta condición. A su vez, la victimización se focaliza en Dadeiba, Murindó, Frontino y Urrao. Sobre la situación de desplazamiento forzado según el Registro Único de Víctimas —del 1 de enero a el 1 de agosto de 2019—; se han registrado 8.341 personas expulsadas, 8.731 personas recibidas y 11.463 personas declaradas como víctimas de desplazamiento forzado. Presencia y accionar de grupos Armados Paralelamente a esta situación, las organizaciones alertaron que las regiones como el Bajo Cauca y el Valle de Aburrá están siendo declarados como ‘objetivos militares’ por parte de grupos armados ilegales que operan en la zona. Frente a los recientes hechos en el departamento de Antioquia, desde Medellín el Procurador General, Fernando Carrillo, manifestó la necesidad de que las autoridades locales refuercen estrategias que permitan garantías para el ejercicio que adelantan las y los líderes en los diferentes municipios antioqueños. En este contexto, Carrillo lanzó la estrategia denominada ‘Lidera la Vida’ que pretende proteger los liderazgos sociales a nivel nacional. Expansión territorial De hecho, con respecto a la presencia de grupos armados en el departamento de Antioquia, en el informe “Más sombras que luces, la seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque”, elaborado por la Fundación Paz & Reconciliación, se evidencia que, desde la firma del Acuerdo de paz hasta la actualidad, el Clan del Golfo se ha expandido en seis (6) municipios de Antioquia: Anorí, Ituango, Vigía del Fuerte, Peque, Urrao y Amalfi. Por su parte, el ELN dentro del mismo lapso del tiempo se expandió en dos municipios antioqueños: Yondó y Murindó. A su vez, el informe de Pares arroja que, en el norte y el nordeste de Antioquia, en los municipios de Yarumal, Briceño e Ituango, se registra presencia de Grupos Armados Postfarc—GAPF. Dicha presencia, tal como lo señaló Pares, proviene de los extintos Frentes 18 y 36, logrando que su influencia se extienda hasta el Urabá, sobre todo en Dabeiba. De igual forma, preocupa la situación en Antioquia por cuenta del homicidio, pues de los 30 municipios con mayor aumento de homicidio se encuentra Valdivia en segundo lugar, Cocorná en séptimo lugar, Don Matías en noveno lugar, Nechí en el decimosegundo lugar y Tarazá en el lugar número 20.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La exsenadora por el Partido Conservador, Aida Merlano Rebolledo, de 43 años, fue condenada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a 15 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y compra de votos cometidos en las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo de 2018. A pocas horas de haber sido elegida senadora con alrededor de 73.000 votos, agentes de la SIJIN y el CTI de la Fiscalía allanaron la sede de campaña de Merlano, donde encontraron material que comprobaría un sistema sofisticado de compra de votos en el departamento de Atlántico, liderado por la barranquillera. De acuerdo con las autoridades, fueron incautados $261 millones en efectivo, una bolsa con certificados electorales y cuatro (4) armas de fuego, que habrían facilitado la victoria electoral de Merlano. En principio la congresista aseguró ser víctima de un montaje, y su defensa alegó sobre presuntas irregularidades en el ingreso a la denominada “Casa Blanca”. Sin embargo, la Fiscalía reveló cinco (5) meses después una red de compra de votos para favorecer a varios candidatos y candidatas en la ciudad de Barranquilla y otras ciudades del Atlántico, caso tal de Merlano. Asimismo, la entidad realizó audiencias de imputación de cargos a la candidata a la Cámara de Representantes por Atlántico, Lilibeth Llinás, por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo. También a los diputados del departamento del Atlántico: Jorge Rangel y Margarita Balén; a los concejales de Barranquilla, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Calleja; y los exconcejales, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara, por los mismo delitos. La excongresista no alcanzó a ocupar su curul, debido a que, el seis (6) de abril de 2018 la CSJ emitió una orden de captura en su contra, y el nueve (9) de abril se entregó directamente a la SJIN en Bogotá por temas de seguridad. Posteriormente fue enviada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor en la capital colombiana, mientras esperaba el fallo del alto tribunal. El mismo mes, el Consejo de Estado le quitó la investidura a Merlano con el argumento de que el presupuesto invertido en la campaña excedió el monto de gastos permitido para cada candidato. El Consejo Nacional Electoral (CNE) había establecido el rango máximo en poco más 884 millones de pesos, y según la Sala 23 Especial de Decisión del Consejo de Estado la demandada gastó más de 1.730 millones de pesos. ¿Quién es Aída Merlano? La excongresista creció en un barrio popular de Barranquilla conocido como Buenos Aires, en donde inició su vida política en compañía de su padre. En aquella época, principios de los años 90, Domingo “El Monchi” Merlano trabajaba como promotor de la casa política del exsenador Roberto Gerlein que sirvió de gancho para su hija en los años posteriores. Luego de sus estudios de secundaria ingresó a la Universidad Libre para formarse como abogada y después de casi dos décadas en medio del mundo de la política se lanzó como diputada del Atlántico a sus 35 años y obtuvo alrededor de 39.000 votos. Y por la cantidad de votos obtenidos se volvió una figura importante en el escenario político de la región. En ese sentido, los Gerlein le dieron todo el respaldo a Merlano y se lanzó a la Cámara de Representantes para el periodo 2014-2018 con el aval de esa casa política y fórmula de Roberto Gerlein. Para esos comicios obtuvo más de 67.000 votos. Y debido a su gran electorado se lanzó al Senado para el periodo 2018-2022, y esta vez recibió el apoyo de Julio Gerlein, hermano de Roberto; y del Clan Char, encabezado por Alejandro Char, actual alcalde de Barranquilla. Sin embargo, esta vez Merlano no llegó a ocupar la curul, sino que terminó en prisión. En principio hubo un proceso penal que le iniciaron en su condición de candidata electa; y el otro fue el tema que resolvió el Consejo de Estado. En la estructura jurídica del país la Corte Suprema es la máxima entidad a propósito de lo penal, laboral, civil y familiar, y el Consejo de Estado es la máxima entidad a propósito de temas administrativos. Entonces lo que sucedió el viernes pasado es que la CSJ probó que Aída Merlano incurrió en un delito contra el sufragio, entre otros y ahora deberá pagar cárcel y más de 600 salarios mínimos legales vigentes. De todas manera, el alto tribunal no especificó la figura de la “silla vacía”, que consiste en la pérdida de curul para el partido, y en ese sentido, los conservadores tendrían derecho a elegir una persona en reemplazo de Merlano.

Por: Hugo Acero Velásquez. Alcaldes, gobernadores y ciudadanos quieren más policías para mejorar la seguridad. Sin embargo, antes que aumentar el número de policías, está disminuyendo, porque algunos se están pensionando. Ya van cerca de quince mil y se espera en los próximos tres años otros veinticinco mil pensionados; policías que no se pueden reponer tan rápidamente. Frente a esta situación, hay que proponer alternativas para utilizar de mejor manera el pie de fuerza existente, redistribuyéndolo, optimizando su rendimiento, profesionalizándolos y aumentando el número de policías dedicados a las labores de inteligencia e investigación criminal para enfrentar las estructuras criminales organizadas que hoy operan en el país. Estas estructuras están afectando la seguridad de los ciudadanos, especialmente en las principales ciudades, a través del narcotráfico y la venta al menudeo de las drogas, el hurto de carros, motos, autopartes, celulares, extorsión, pagadiarios, comercio de armas y trata de personas, entre otras modalidades delictivas. Como bien lo expone el general Jorge Luis Vargas, Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en entrevista con El Tiempo, es necesario, en coordinación con la Fiscalía, concentrar el personal y las acciones de inteligencia e investigación criminal en las ciudades, sitios, días y horas donde se vienen presentando el mayor número de hechos, particularmente de homicidios y hurtos que no han dejado de crecer y que afectan de manera grave la seguridad de los ciudadanos. Pero, ¿de dónde sacar los policías que se requieren para fortalecer las acciones propuestas? Hace unos días en Medellín ví pasar a más de quince motorizados de la policía escoltando el bus del equipo de fútbol Atlético Nacional hasta el estadio, es decir más de treinta policías. Y aunque esa labor es loable y cumple con los mandatos constitucionales de garantizar la seguridad de los ciudadanos, la pregunta que surge es ¿por qué se invierte tanto personal en cuidar 22 jugadores, mientras algunos barrios y calles no cuentan con un policía? ¿No sería mejor que los equipos de fútbol, que tienen este servicio, inviertan en un bus de bajo blindaje y solo se les asigne a uno o dos policías para que los acompañen y los demás garanticen la seguridad de los ciudadanos en las calles? Por otro lado, para contar con más policías en las calles, hay que recordar que a finales del año pasado la Corte Constitucional dejó en firme los artículos 52 y 62 del Código de Policía que obligan a los organizadores de eventos masivos, como conciertos y partidos de fútbol, que dispongan de su propia seguridad en dichos espectáculos y la policía solo hará acompañamiento y vigilancia del espacio público. Esta decisión deja en firme que «en casos excepcionales de riesgo grave a la convivencia y a la seguridad ciudadana, la Policía podrá, sin descuidar sus responsabilidades frente al resto de la población, complementar la seguridad privada en las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas». En Chile se hace así desde hace algunos años y ha tenido buenos resultados en seguridad. Si se cumple esta orden, se podrá reducir de manera sustancial el número de policías que se dedican a estas labores, que en algunos casos casi llegan a los dos mil efectivos en algunos partidos, mientras los barrios quedan desprotegidos. Adicional a lo anterior, para tener más policías en las calles y cuidando líderes amenazados, es necesario replantear los servicios de escoltas. Sería importante, en este campo, que la gran mayoría de los nuevos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados que comienzan a ejercer a partir de enero de 2020 y que se les asignan escoltas, solo se les garantizara vehículo y conductor dado que el nivel de riesgo es muy bajo, casi nulo. Ojalá, también muchos congresistas y funcionarios públicos, en un comportamiento solidario con la seguridad y con los líderes, devolvieran sus escoltas. Igual se puede pensar de algunos servicios de seguridad que se prestan a bancos, centros comerciales y otros sectores, es importante exigirle al sector privado corresponsabilidad para que inviertan en materia de seguridad, son sectores con buenas ganancias y lo pueden hacer. Hay que racionalizar el uso de policías en labores administrativas para que cumplan en las calles las funciones para lo que fueron formados, y en este caso contratar personal administrativo no uniformado, seguramente a menor costo y con mayor profesionalismo. Por otro lado, hay que redistribuir el personal de policía en las ciudades y territorios con base en la población y los problemas de violencia y delincuencia. En esta misma línea, la Policía debe buscar solución al problema grave de no aptos, policías que no prestan servicios de seguridad por problemas de salud, cumplir con los ascensos de los patrulleros que están insatisfechos y estudiar la viabilidad de reglamentar el uso del celular por parte de los policías en servicio, ya que, por estar concentrados en redes y asuntos personales, descuidan la seguridad y convivencia de los ciudadanos. Es posible más y mejores policías en las calles. Finalmente, hay que destacar dos anuncios que se hicieron en los últimos días. Primero, el plan expuesto por el general Jorge Luis Vargas y el segundo, el plan para las zonas priorizadas por presencia de grupos y economías ilegales a través de las Zonas Futuro, presentado por el Consejero de Seguridad, Rafael Guarín, que focalizará acciones en cinco regiones. De estos planes no queda claro cuál va a ser la participación de los alcaldes, gobernadores y ciudadanos en general, actores sin los cuales va a ser muy difícil solucionar los problemas de violencia y delincuencia y sobretodo sostener los resultados. Hay que trabajar con los mandatarios locales actuales y comenzar con los elegidos a partir de su elección. No se pueden seguir manejando estos temas desde Bogotá, sin contar con la participación de estos actores. Frente a la necesidad de más policías, ojalá no se caiga en la tentación de conseguirlos a la carrera, mal seleccionados y mal capacitados, como sucedió en los últimos gobiernos y que hoy, a muchos de ellos, los están retirando por problemas de corrupción, indisciplina y violación de DD. HH.