Por: Redacción Pares Del total de los ataques y victimizaciones contra miembros e integrantes de partidos políticos en esta etapa electoral, el 30% corresponde a partidos de oposición: Colombia Humana y el Partido Verde. En un porcentaje de 21% corresponde a partidos de coalición de gobierno encabezados por el Centro Democrático. Es decir, los sectores más victimizados son los emergentes. Y el 18% de las victimizaciones corresponde a los partidos Liberal y Cambio Radical. En un 31% se desconoce la filiación política del candidato atacado. Así lo revela el tercer informe Pares sobre violencia electoral que corresponde a una investigación realizada por la Fundación Paz y Reconciliación desde en el periodo del 15 de julio de 2019, con corte al 9 de septiembre de 2019. La violencia electoral en el país se ha venido recrudeciendo y materializándose en acciones más individualizadas y letales. Tal y como se ha venido haciendo en los últimos dos informes publicados por Pares en el marco del actual proceso electoral, este tercer informe de violencia y dinámica política describe la variación de las cifras a partir de la última fecha de publicación, es decir Los funcionarios públicos de elección popular permanecen como el segmento con mayor cantidad de víctimas registradas (40,35%), siendo los concejales (39), los senadores (9) y los alcaldes (8) quienes encabezan las cifras. Por su parte, el segundo grupo lo representan los candidatos que en los dos últimos meses ha aumentado significativamente, pasando de 37 a 67 víctimas. Además, en los últimos dos meses la violencia letal que corresponde a asesinatos, atentados y desapariciones forzadas, presenta una variación del 34,48%, siendo agosto el mes en el que mayor cantidad de asesinatos se registra, con cuatro (4) casos, desde el arranque del calendario electoral. Por su parte, el mes de septiembre ha tenido un arranque crítico con un creciente número de víctimas: en tan solo los primeros nueve (9) días del mes se han registrado 13, dentro de las cuales ya se cuentan dos (2) producto de atentados y tres (3) como consecuencia de asesinatos selectivos. En ese sentido, se mantiene la tendencia según la cual los sectores políticos más victimizados son aquellos en crecimiento, es decir, los partidos de oposición y gobierno. Específicamente, desde el 27 de octubre de 2018 la violencia electoral, vista en función de la alineación política, se ha distribuido de la siguiente manera: 1. Los partidos de oposición registran 52 víctimas que reúnen el 30% de todos los hechos. En los últimos dos meses se identificaron 11 nuevos casos en contra de este sector y esto representa una variación porcentual de 26,82%, con respecto a la última fecha de corte. 2. Los partidos de gobierno registran 36 casos, es decir 21% de los hechos, y una variación porcentual de 44%, equivalente a 11 nuevas víctimas entre el 15 de julio y el 9 de septiembre de 2019. 3. Los partidos independientes, que registran 32 víctimas, representan el 18% (45,45% de variación porcentual) . 4. Y, finalmente en un 31% de los casos la alineación política de las víctimas se desconoce, debido a que no es posible determinarla a partir de su perfil. Además el acumulado de víctimas se analiza desde el arranque del calendario electoral. La mayoría de las personas sin alineación política identificada son: precandidatos y candidatos (24), funcionarios públicos (20) y funcionarios públicos de elección popular (6).

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Este jueves circularon por redes sociales las fotografías del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, con dos jefes de la banda narcoparamilitar colombiana “Los Rastrojos”, presuntamente cuando se llevó a cabo el polémico concierto #VenezuelaLiveAid en la frontera con ese país. Desde sus inicios, ‘Los Rastrojos’ se han dedicado a al narcotráfico, la extorsión, el secuestro, el sicariato y la trata de personas. Y aunque hubo revuelo en medios de comunicación y en varios sectores de la política de ambos países, la Fundación Paz & Reconciliación-PARES ha podido establecer que dicha estructura armada ya no es la misma que se consolidó a comienzos de este siglo, debido a, los cambios organizacionales y prácticamente está extinta. El origen de ‘Los Rastrojos’ A finales de los años 80, Colombia estaba viviendo la peor época llena de terror, muertes y amenazas. El narcotráfico llegó hasta el centro del poder político, el fenómeno del paramilitarismo creció y, las guerrillas también se expandieron. Los carteles de droga más poderosos eran el Cartel de Medellín, liderado por el más temido narcotraficante, Pablo Escobar; y el Cartel de Cali, liderado por los hermanos Orejuela. Sin embargo, tras la muerte de Escobar y la captura de los segundos, surgió un nuevo grupo denominado Cartel Norte del Valle, que era casi la misma estructura, pero con nuevos jefes. Orlando Henao, quien fuera el nuevo líder de la banda, mantuvo los negocios de la droga y adhirió dos brazos armados para contrarrestar a las guerrillas y o cualquier grupo que significara una amenaza en contra de la organización. Por eso, se habla por primera vez de “Los Rastrojos”, en cabeza de Wilber Varela, alias ‘Jabón’; y “Los Machos”, liderado por Diego Montoya, alias “Don Diego”. Pero en esas dinámicas de violencia, Henao fue muerto al parecer por ‘Jabón’ y ambos grupos armados se dividieron radicalmente. En el 2002 apareció oficialmente el grupo autodenominado ‘Los Rastrojos’ en alusión al lugarteniente de Varela de nombre Diego Pérez Henao, alias ‘Diego Rastrojo’. Paralelo al surgimiento de este grupo se empezaron a desarrollar unos diálogos de paz entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez para desmovilizar a dicho grupo paramilitar. Así las cosas, ‘Los Rastrojos’ pidieron pista para ingresar al escenario político, pero fueron rechazados. En 2006 las AUC se desmovilizaron con unos 30.000 combatientes en un proceso cuestionado por varios sectores de oposición y organizaciones. Para ese año, ‘Los Rastrojos’ empezaron a tomar fuerza en nuevos territorios como el eje cafetero, y hacia el nororiente del país, sobre todo en la frontera con Venezuela. En 2008 Varela empezó a perder el control de los mandos medios debido a su expansión, y finalmente entre el lugarteniente, y los hermanos Luis Enrique, Juan Carlos y Javier Calle Serna dieron muerte a la cabeza principal de la estructura. Segunda Generación: ‘Los Comba’ Tras la muerte de Varela, los hermanos Calle, más conocidos como ‘Los Comba’ tomaron el negocio de la droga que siguió expandiéndose entre las fronteras con Ecuador y Venezuela. Pero al convertirse en la banda narcotraficante más poderosa de Colombia para el año 2010, comenzaron a ser perseguidos y en 2012 la estructura armada se desmoronó. En un operativo realizado en marzo de ese año, la prensa informó la captura de Juan Carlos Calle, alias ‘Armando’ en la ciudad de Quito, Ecuador por falsedad en documentos. Sin embargo, fue deportado a Colombia para responder por los delitos de narcotráfico al ser considerado por la Policía como el cabecilla internacional de ‘Los Rastrojos’. Por otro lado, Javier –el líder de la banda- y Luis Enrique Calle Serna, alias “Comba”, se entregaron a las autoridades de Estados Unidos el mismo año de la captura de su hermano Juan Carlos. Mientras ‘Diego Rastrojo’ fue capturado en junio de ese mismo año en Venezuela y extraditado a Estados Unidos en agosto de 2013. Ante la desarticulación de la banda en los territorios, quedaron reductos de la que fue en algún momento una estructura armada jerárquica. Cabe destacar que al mismo tiempo que crecían ‘Los Rastrojos’, el Clan del Golfo logró expandirse y desbancar a los primeros en varias zonas del país cuando ‘Los Combas’ fueron capturados. La Fundación Paz & Reconciliación-PARES, en su más reciente informe Más Sombras que Luces resaltó que ‘Los Rastrojos’ entre 2006 y 2012 mantuvieron una guerra con el Clan del Golfo de la cual no salieron bien librados. En la actualidad solo quedan pequeñas estructuras que se identifican como Rastrojos por su antigua militancia, pero no existe una gran fuerza. En febrero 2017 Luis Enrique Calle fue condenado en una corte de Nueva York a tan solo nueve (9) años de prisión, sin embargo, ya había pagado cinco (5) años, y en ese sentido, podría quedar libre el próximo año, mientras la condena de los otros hermanos se desconoce.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «No se pueden resolver los problemas del campo sino hasta que se haga la reforma rural integral, así de sencillo. Una reforma que tiene que ver no sólo con el pedazo de tierra, sino con los créditos, la salud, las vías terciarias y lo más importante: que el Estado le compre los productos a los campesinos y haya políticas que permitan la reincorporación de los exguerrilleros de las FARC. El problema es que tanto campesinos como colectivo FARC estamos apostando a sacar el proyecto adelante, estamos cumpliendo, pero hay un gobierno y un Estado que no se ha reincorporado a la Colombia profunda.» Pares habló con Rafael Malagón, gerente de Ecomún, cooperativa de la Farc en el marco del Acuerdo de Paz de La Habana para el proceso de reincorporación integral de sus excombatientes. «Yo soy un exguerrillero de las Farc, soy un exmilitante comunista de cuna, hijo de guerrilleros de la época del cincuenta, de la guerra liberal – conservadora. Soy hijo de gente humilde que resultó metida en la guerra, gente campesina que tenía su tierrita y la perdió y todo el tiempo estuvieron andando desplazados de un lado para el otro. Logré terminar mi bachillerato y me especialicé en ventas, y además soy un líder social.» «Yo soy un luchador social que está apostando a ver cómo beneficiamos a nuestro colectivo y a las comunidades. Ningún proyecto de Ecomún está aislado del impacto directo a las comunidades en los territorios, todo está asociado con ellas.» Foto: Pares Pares: ¿Qué es y cómo surge Ecomún? Rafael Malagón: Es la cooperativa nacional establecida por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, en el marco del Acuerdo de Paz de La Habana para el proceso de reincorporación integral de sus excombatientes, es decir, es la persona jurídica autorizada por la Corte Constitucional desde septiembre de 2017 para recibir, administrar y gestionar los recursos de la reincorporación individual y colectiva. Surge del Acuerdo de Paz como una herramienta con una misión específica: la reincorporación económico y social integral del colectivo, lo que hemos denominado las familias FARC y las comunidades más afectadas por el conflicto en los territorios. Nuestra misión es lograr que todo nuestro colectivo entre en un proceso de asociatividad que contempla la normatividad vigente, lo que tiene que ver con la economía solidaria y alternativa. Al ser una organización especial de economía solidaria, trabajamos en la construcción de la paz a través de la promoción de prácticas económicas social, económica y ambientalmente sostenibles que generen condiciones de vida digna para la comunidad fariana y las comunidades en los territorios. Pares: ¿Qué está haciendo Ecomún en la parte asociativa y en el apoyo a proyectos económicos para los exguerrilleros de las Farc? R.M: Estamos creando cooperativas y fundaciones porque Ecomún es la sombrilla, y lo que buscamos a futuro es que conformemos el primer nivel en los territorios de lo que es todo el sistema asociativo de la economía solidaria. Luego vamos por el segundo nivel que serían las federaciones territoriales y el tercer nivel que es a lo que aspiramos que Ecomún se convierta, una confederación de asociativadad de economía solidaria alternativa. También creamos todas las herramientas jurídicas para la implementación de los proyectos productivos que contiene el acuerdo, y esos proyectos productivos tienen contemplado un recurso que son ocho millones de pesos por cada compañero nuestro. En estadísticas, en la parte de proyectos productivos que pasan por el Consejo Nacional de Reincorporación y que tienen aprobación con perfiles técnicos, hay aprobados 29, y de esos, 19 cuentan con los desembolsos; sin embargo hay un problema muy complicado, y es la amenaza número uno del proceso productivo en el proceso de reincorporación económico y social del colectivo FARC y de las comunidades, y es el problema de la tierra. Así como están concebidos los proyectos productivos para la paz, no puede haber reincorporación sin la implementación del acuerdo. Hay que dejar claro, y en ese contexto aquí lo que nos toca es hablar de la implementación de lo que está acordado, porque la reincorporación no es una cuestión así de pequeñita y vale hacer una precisión: yo me alcé en armas porque la situación que había, y las causas de la lucha armada se están agravando más. Necesitamos que el gobierno y el Estado resuelvan esas causas. Nosotros le estamos apostando con todo a la paz, y trás de mí hay 10.500 exguerrilleros y exguerrilleras que se mantienen en el proceso. Pares: En el mes de julio, exguerrilleros vinieron desde distintos lugares de Colombia en representación de las 135 formas asociativas de sus regiones, llegaron a Bogotá para participar por primera vez en Agroexpo 2019 ¿cómo fue esa experiencia? R.M: Ecomún agrupa actualmente a 4960 asociados en 135 formas asociativas que producen una gran variedad de productos y servicios a lo largo y ancho del territorio nacional. Sacha inchi, carne de búfalo, procesados de fruta, confecciones, miel, servicios de turismo y café, Logramos traer más de 30 compañeros en representación de la asociatividad y los procesos productivos en los territorios de iniciativa propia, colectivos que le están sembrando, cultivando produciendo. Trajimos más de 15 productos y ninguno es de un proyecto productivo aprobado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), porque esos proyectos todavía no están produciendo. Los productos que trajimos los hemos denominado procesos productivos de iniciativa y esfuerzo propio donde en este momento tenemos más de 250 emprendimientos propios. Nuestra gente vino, y esas manos que hace dos años y medio estaban empuñando un fusil, ahora trajeron carne de búfalo procesada, panela orgánica, bolsos, chalecos, botas, estamos mostrando por ejemplo el turismo. Nosotros tenemos cuatro ejes en nuestro proceso productivo económico que son: las granjas agroecológicas integrales, tenemos la piscicultura, el turismo y el sector de servicios; esos son los cuatro ejes del proceso de reincorporación económica y social. Y están ahí, hemos vivido esa experiencia y estamos viviendo lo que hacen los campesinos a diario en Colombia. Los campesinos producen, pero ellos no saben cuánto vale su producto, nunca le ponen el precio al producto, producen y luego tienen que ir a rogarle a los intermediarios hágame el favor y me roba y llévese estos productos porque el campesino no sabe cuánto vale su producto y la importancia que tiene. Entonces nosotros ya vivimos la experiencia de producir sin haber vendido y hemos perdido. Nuestra gente ha perdido toneladas de peces, ha perdido toneladas de pulpa de maracuyá, de pepinos, de pimentones, tomates. «A los territorios no llega el Estado a reincorporarse en la cuestión económica y social, a resolver las necesidades de la gente, no llegan las vías terciarias, no llegan los servicios públicos, no llegan las garantías, pero sí llegan las amenazas que ya se conocen.» Foto: Pares Pares: ¿Cuáles son las amenazas que enfrentan las comunidades de exguerrilleros y sus proyectos productivos? R.M: Primero son las amenazas de tipo jurídico, porque la tendencia es a destruir el sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición. Segundo, tenemos unas amenazas políticas, porque no se hicieron las reformas políticas que requiere el acuerdo para la participación plena que requiere un proceso democrático. Tenemos las amenazas económicas porque este gobierno, entre otras cosas, en lugar de invertir en el proceso de paz para cumplir los acuerdos del Estado que firmó con nosotros, ahora está justificando invertirle a la guerra, esa es una cuestión muy desafortunada. Y tenemos la otra amenaza que es muy grave que es la amenaza física. No solo están asesinando líderes y lideresas sociales, sino también exguerrilleros de las Farc, eso es una cuestión muy complicada. A pesar de eso nuestra gente está diciendo este ya no es un problema de Farc y Estado, es un problema de sociedad y Estado. Nosotros estamos esperando que la sociedad se movilice a favor de la paz. A nosotros pueden volvernos trizas, como dice esta gente enemiga de la paz, pero la sociedad qué, qué va a pasar a futuro, y nosotros le estamos apostando al futuro. Entonces el futuro que estamos viendo es que la sociedad tiene que estar pensando en una cuestión superior, por encima de intereses particulares, por encima de intereses políticos. La paz no es solo para las Farc, es para todo un país. Estamos sufriendo unas cargas muy pesadas en este momento. Por ejemplo con la Dian; todas estas pequeñas cooperativas, asociaciones y fundaciones bajo la sombrilla de Ecomún que estaban en el régimen tributario especial, de un momento para otro, porque la página o el sistema de la Dian se colapsó, automáticamente nos pasaron del régimen especial tributario al régimen común, o sea que todas nuestras cooperativas están pagando impuestos como cualquier empresa privada. Eso es una amenaza muy terrible. Lo que necesitamos es que el gobierno cumpla eso es todo lo que necesitamos que no ponga en riesgo esto porque es el momento el acuerdo de La Habana no es para exguerrilleros de las FARC, es la herramienta para que nuestra nación piense en un futuro digno. A pesar de todas esas dificultades en los territorios, estamos resistiendo. El Acuerdo de Paz no es para los exguerrilleros de las Farc, es para la sociedad colombiana; es una de las herramientas más importantes que le hayan entregado a la sociedad para empezar a colocar las primeras bases de un proceso de reconciliación. Lo demás es carreta. Pares: Ha habido quejas por parte de exguerrilleros con respecto a la falta de ayuda, por parte del sector financiero, con la implementación del Acuerdo de Paz en este punto de créditos y facilidades de recursos para los proyectos productivos ¿Cómo es la relación con el sector bancario? R.M: Todo este contexto general nos permite hablar un poco más en particular. En la parte de la asociatividad estamos empeñados en el fortalecimiento de nuestras más de 135 formas asociativas y no ha sido fácil porque es todo un sistema, un régimen normativo muy pesado, pero a eso se suma entonces la cuestión de los bancos. Acá el único banco oficial es el Banco Agrario y ese es el que aparece ahí en el Acuerdo como el que debería prestarnos los servicios bancarios, financieros y los servicios de transferencias de los recursos que vienen por parte de la cooperación internacional al proceso de reincorporación, en este caso el Fondo Europeo para la Paz y otras entidades que nos están aportando recursos. A Ecomún solo le han llegado dos proyectos, uno que vienen por tres millones de euros para el fortalecimiento de la cooperativa como tal a nivel nacional, pero también su asociatividad en los territorios. Ese proyecto viene funcionando. Y hay un proyecto de piscicultura que está alrededor de los cinco millones de euros que viene para todo nuestro colectivo, el 80% de ese proyecto lo aporta el Fondo Europeo para la Paz, el otro 20% es la contrapartida y esa se divide en dos grandes partes: una parte estamos haciendo toda la gestión para que nos la aporte el Estado a través de Colombia en Paz, y el otro 15% lo vamos a poner nosotros los exguerrilleros, que puede ser en trabajo o puede ser en recursos directos eso está en proceso. ¿Qué ha pasado? ese proyecto está retrasado porque los bancos no nos han querido prestar los servicios financieros, pero nos toca hacer una salvedad. Después de todo un proceso muy complicado de entregar toda la documentación, de todos los soportes, de mostrar que el origen de esos recursos vienen de la cooperación extranjera y de comprobar cuál es el destino de esos recursos, de hacer la denuncia ante la superfinanciera y de meter derechos de petición a los bancos en un proceso que duramos más de seis meses, finalmente hace cinco días el Banco de Bogotá nos dijo que nos va a prestar los servicios financieros y de transferencia, o sea, comenzamos ahora en una contrareloj muy tenaz. Cada banco, según la Superfinenciera tiene la autonomía de decir que no. Nosotros nos acogimos a una circular que sacó la superfinanciera que se llama la circular 005, que nos declara ciudadanos sujetos de plenos derechos financieros por parte de las entidades bancarias, sin embargo hubo las entidades crean sus propios mecanismos para prestar esos servicios, ahí les dejó las manos sueltas, y estos bancos no funcionan como política de servicio público sino funcionan es en la lógica de lo que les ordenen desde afuera, desde Estados Unidos. Así de sencillo. Y fuera de eso tienen la capacidad de que lo que venga de Europa o de otros cooperantes lo someten a que primero se convierte en dólares y después a pesos. Ese retraso genera alteraciones de costos, desequilibra el proceso, es muy complicado, es una amenaza. Pares: Usted dice que la paz es una apuesta por un futuro mejor. Después de más de 50 años de guerra, es difícil convencer de eso a una sociedad que se acostumbró a vivir en medio de la violencia y la muerte. ¿Cómo no darle la espalda a ese porvenir de reconciliación y entendimiento? R.M: Hay un contexto en el que el país está polarizado y aquí hay dos locomotoras que van totalmente en contravía, ese es el peligro. Está la locomotora que está jalando hacia el futuro, jalando para que se fortalezca el proceso de paz, para que logremos la paz con justicia social, que logremos la reconciliación de la sociedad. Podríamos denominar que es la locomotora de la vida y el futuro. Y está la otra locomotora que es la que quiere echar todo esto para atrás, que es la locomotora de la guerra, de la muerte, de la destrucción. Lo bueno es que cada día crece más la fuerza que está a favor de la paz, que está a favor de que se implemente lo acordado. «La comunidad internacional ha sido muy importante en este proceso porque hay unos aportes de tipo económico, pero también ha habido unos acompañamientos muy importantes de tipo político. Si no fuera por ese acompañamiento, los amantes de la guerra ya habían hecho trizas la paz, como lo han dicho públicamente.» Foto: Pares Aquí estamos los amantes de la paz, entre los que estamos la gran mayoría de exguerrilleros de las FARC con la sociedad que quiere que haya unos cambios, pero también están los amantes de la guerra porque la muerte se convirtió en un gran negocio para ellos, y quieren que esto eche para atrás. No lo han podido echar para atrás porque la correlación de fuerzas ha crecido, la sociedad se va a sacudiendo y nosotros firmamos el acuerdo fue con esa proyección, de que el futuro de esto no dependía de esta clase gobernante experta en incumplir. Nosotros lo que hicimos fue que todo esto dependa de lo que nosotros seamos capaces de hacer en compañía de la gran mayoría de la sociedad que quiere la paz, que quieren los cambios, que no quiere poner más hijos para la guerra. Yo estoy jugado por la paz. Soy el gerente de Ecomún y soy padre de familia. En este momento no he rescatado a toda mi familia, no sé dónde están mis hermanos, ni mi mamá; mi papá murió muy joven. Pero he logrado rescatar dos hijas y un hijo, dos hijas que yo tenía antes de irme a la lucha armada y un hijo que nació allá y duró 26 años perdido y ya lo rescaté también. Lo que le quiero comentar es que en este momento yo soy abuelo, tengo siete nietas y un nieto, entonces estoy feliz encontrando familia. Ese soy yo, Germán Moreno Casallas (nombre de Rafael Malagón), un luchador social que está apostando, desde Ecomún, cómo podemos beneficiar a nuestro colectivo y a las comunidades.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Este miércoles apareció, por redes sociales, un panfleto firmado por las disidencias de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el cual se informaba el supuesto surgimiento de un nuevo frente en la subregión de los Montes de María en el departamento de Bolívar. Sin embargo, todo indica que es un falso comunicado para hostigar a las comunidades y a los candidatos con miras a las elecciones de octubre. “Informamos a los habitantes de la zona de los Montes de María, la creación del nuevo bloque de las Farc-ep denominado “Eudaldo Díaz” en honor al mártir anticorrupción asesinado, ex alcalde del Roble, Sucre”, indicó el texto. Asimismo, declaró como “objetivo permanente” a los alcaldes corruptos de los municipios de Ovejas, Los Palmitos, Morroa, Sincé, Colosó, Chalan, San Pedro, Buenavista, Corozal, Sincelejo, Sampués, Galeras, Tolú Viejo, Tolú Coveñas y San Onofre. Y restringió el paso de vehículos particulares o de carga desde las 10 PM- hasta las 5 AM en un sector de la zona. “Somos la nueva Marquetalia, somos los nuevos Montes de María, Somos la nueva Colombia. Viva las Farc-Ep”, indicaba el panfleto. Luego de conocerse el texto, el secretario de Gobierno, Carlos Guerra Sierra, manifestó en un Consejo de Seguridad que la inteligencia de la fuerza pública ha podido establecer que no hay tal rearme en el territorio, sin embargo, la Fiscalía deberá corroborar 100% este episodio. Por su parte, el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó en su cuenta de Twitter la situación: “Amenaza contra candidatos de Montes de María” junto con la imagen. Sin embargo, todo parece que esta sería una intimidación de ciertos sectores políticos. Lazos electorales La Fundación Paz & Reconciliación-Pares habló con un enlace territorial sobre el panorama político que se vive en los Montes de María, Bolívar y en general en el departamento de Sucre que también resultó involucrado en este panfleto. En ese sentido, lo que sucede a nivel departamental y que está preocupando es que en estos momentos las fuerzas políticas tradicionales se han apoderado del escenario local y municipal; caso tal de Yahir Acuña, quien es apoyado por el grupo de Álvaro el “gordo” García, condenado por parapolítca. El panorama es bastante complejo debido a las investigaciones contra Acuña por presuntos vínculos con paramilitares y, sin embargo, es de los favoritos a ocupar la gobernación de Sucre. Y eso a nivel local también se traduce en las alianzas con otros candidatos a la Alcaldía de Sucre como Mario Fernández Alcocer, quien es esposo de Ana María Castañeda, senadora por el partido Cambio Radical. Lo anterior es clave porque dichas fuerzas políticas a nivel municipal y departamental tienen en este momento dos fuertes contrincantes. Uno de ellos es Juan David Díaz, hijo del fallecido Eudaldo Díaz, más conocido como “Tito” Díaz, quien fue alcalde del municipio de Roble, y a quien hace alusión el panfleto. Juan David, actualmente es candidato a la Gobernación de Sucre y el contrapeso de Yair Acuña, y otros candidatos como Eduardo Pérez Santos del Centro Democrático. En ese sentido, todo indica que en algunos municipios las personas no están a favor de Acuña, ni de Pérez Santos, sino que la gente quiere un voto libre. En consecuencia, parece que estas condiciones han generado que muchos actores políticos no armados estén sacando este tipo de comunicados. “Supuestamente las FARC se hacen llamar bloque Tito Díaz, como el papá de Juan David el candidato a la gobernación del Partido Alianza Verde en Sucre, entonces son más que todo movimientos políticos de grupos políticos que quieren tomar este perfil de grupo armado para intimidar a los candidatos”, agregó la fuente. Versiones de la población y de las mismas autoridades indican que en el departamento de Sucre hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, entre otros grupos ilegales, pero es casi imposible que con todo el control que dicha estructura está ejerciendo en esa zona, un supuesto frente de las FARC logre armarse. De hecho, el territorio ha sufrido unos cambios geográficos que inciden en la inviabilidad de un rearme. Además, no hay una base social de izquierda y no están las condiciones dadas. Habrá que esperar la confirmación de la Fiscalía, pero todo indica que son estrategias de grupos políticos para intimidar a otros. La falsedad de este panfleto sería en el supuesto grupo, pero no en el riesgo. Los candidatos aún siguen siendo objeto de amenazas constantes y hasta la fecha la Fundación Pares ha registrado 20 asesinatos de candidatos a nivel nacional.

Por: Redacción Pares Pares lo había advertido. La situación en la frontera con Venezuela no es un juego, y las últimas revelaciones realizadas por el investigador Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, lo demuestran una vez más. Según Cañizares «la entrada a Colombia el 23 de febrero del sr Juan Guaidó fue coordinada con los Rastrojos. Aquí están alias el brother armado, y el segundo al mando de este grupo paramilitar, alias el menor.» Es escandaloso. Tras la denuncia de Cañizares y la confirmación realizada por la policía acerca de que sí fueron «Los Rastrojos» quienes se reunieron con Guaidó en la frontera colombo-venezolana y ejecutaron un plan para escoltarlo hasta territorio colombiano, surgen varias preguntas: ¿Sabía el gobierno de Duque y Holmes Trujillo sobre esta operación paramilitar en la frontera? ¿Cuánto dinero pagó la oposición venezolana para que «Los Rastrojos» hicieran esta operación? ¿Cuánto dinero de la cooperación internacional se utilizó para hacer esta ‘vuelta’ -como se denominan estos procedimientos en la jerga de los delincuentes y asesinos-? La operación paramilitar llevada a cabo por «Los Rastrojos» para traer al autoproclamado presidente Juan Guaidó a territorio colombiano ese 23 de febrero, día célebre por la realización del concierto humanitario con la presentación de Juanes, quién de paso había manifestado que se encontraba «del lado correcto de la historia», al parecer fue un plan de desestabilización política contra Nicolás Maduro orquestado por la oposición venezolana de la mano de sectores de ultraderecha y antichavistas en Colombia. Según la información recogida por Cañizares, «el operativo de ingreso a Colombia de Guaidó para el concierto del 23 de febrero se realizó por Puerto Santander, coordinado por paramilitares de los Rastrojos, quienes montaron una operación candado desde Guaramito a Agua Clara, hasta cuando llegaron funcionarios públicos a recogerlo. El contexto de esta historia Desde esa semana previa al 23 de febrero, Washington había dicho que ese mismo día se iniciaría la entrada a Venezuela de la ayuda humanitaria desde Colombia, Brasil y otro lugar que mantienen en reserva los coordinadores de estas actividades. Desde Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro, insistió en que no permitiría que entren a territorio venezolano las toneladas de alimentos y medicinas que han dispuesto varios países para aliviar la situación de algunos sectores de la población del vecino país. «No se sabe en qué va a terminar este pulso entre Maduro y los países y las fuerzas que lo quieren tumbar, pero la situación no pinta bien. Podría ser que, a última hora, el gobierno de Caracas decida colaborar de alguna manera con la operación y esta sería la mejor salida para que la confrontación no se escale. Pero es improbable que esto ocurra. Es más probable que se produzca una violación del territorio de Venezuela y que se desaten incidentes violentos en la frontera.» lo advirtió días antes León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares. Valencia advertía que la ayuda no tenía un carácter exclusivamente humanitario. «Es una operación de alto calado político y así lo ha advertido la Cruz Roja Internacional que se negó a participar en estas operaciones. Para empezar, Estados Unidos, Colombia y Canadá, que están a la cabeza de esta ayuda, eligieron como interlocutor a Juan Guaidó a quien le han reconocido la condición de presidente legítimo de los venezolanos.» Hay que recordar que desde el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, sobre el río Táchira, ese fin de semana del 23 de febrero hubo varios intentos para ingresar la ayuda humanitaria como lo había previsto el autoproclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó. Sin embargo, una serie de disturbios e incendios dejaron en vilo la llegada de alimentos y medicinas. No hubo ganadores en este pulso entre países, pero sí perdedores: los ciudadanos. La propuesta fue liderada por Guaidó, quien aseguró que haría todo lo que estuviera a su alcance para pasar el sábado la ayuda a territorio venezolano. Un día antes de la entrega, se realizaron dos conciertos en la frontera de ambos países como una intención “filantrópica y de paz”. A raíz del concierto, donde se proclamaron las buenas intenciones y la buena voluntad de quienes participaron en tarima, se creyó que el sábado iba a haber un estado de aparente calma; pero sucedió todo lo contrario. Tan pronto hubo un intento para pasar la tan mencionada ayuda humanitaria, los camiones fueron incinerados. Ante los desmanes que se presentaron ese fin de semana en la frontera, el lunes siguiente se reunió en Bogotá el Grupo de Lima, conformado por 14 países, entre ellos Colombia, y que tiene como objetivo buscar una salida pacífica a la crítica situación de Venezuela. “El intento (de entrar la ayuda) produjo unas escenas dolorosas: 285 heridos. No hay el número preciso de los muertos, pero en la frontera con Brasil algunas fuentes incluso aseguran que hay 14 muertos”, dijo León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares. Ese era el balance trágico el sábado 23 de febrero en las horas de la noche después de las acciones que se desataron con el intento de introducir drogas y alimentos en Venezuela contra la voluntad del gobierno de Maduro. Lo que vimos en televisión fue violencia, incendios, heridos y muertos en la frontera. La testarudez y la violencia de Maduro y su gobierno y la irresponsabilidad y la provocación de Donald Trump e Iván Duque agregaron más crisis a la crisis, más dolor al dolor, más zozobra a la zozobra que vive el pueblo de Venezuela. “Veo que ellos aceptan que no tuvo la contundencia tanto el concierto como la búsqueda de penetrar Venezuela con drogas y con alimentos. Ellos pensaban que podían dividir de manera importante, producir una fractura de las fuerzas militares y de policía de Venezuela y no lo lograron”, explicó León Valencia en ese momento Valencia.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares A casi un mes y medio de celebrar las elecciones regionales del próximo 27 de octubre, la Fundación Paz & Reconciliación-PARES ha registrado un aumento en la violencia electoral que se concentra en siete (7) departamentos a nivel nacional, con especial preocupación en el Valle del Cauca y La Guajira. En el tercer informe de violencia y dinámica electoral, realizado desde el 27 de octubre de 2018, fecha de inicio del calendario electoral, al 9 de septiembre de 2019, PARES ha registrado 173 víctimas en 116 hechos victimizantes. Las cifras de la violencia electoral “En otras palabras, de los 20 asesinatos selectivos que se han presentado durante los diez meses del calendario electoral, el 35%, siete (7) de ellos han ocurrido en los últimos dos meses. Esto evidencia el recrudecimiento significativo de la violencia electoral y una preocupante tendencia a que la situación empeore a medida que se acercan los comicios”, señaló la investigación de PARES. Actualmente, los hechos victimizantes se han presentado en 24 departamentos, es decir, el 75% de todo el territorio nacional. De los cuales siete de ellos (7) concentran un 62,42 % del total de víctimas. En ese sentido, los territorios más afectados son Valle del Cauca (24), La Guajira (20), Antioquia (14), Cauca (14), Tolima (13), Bogotá (12) y Nariño (11). En el caso del Valle del Cauca y La Guajira, zonas que apuntan ser las más críticas en el mapa político y electoral, no han sido históricamente afectadas por el conflicto armado, sin embargo, todo indica que se estarían reestructurando exintegrantes de grupos paramilitares y de narcotráfico en esos dos puntos y estaría ocasionando un incremento en la violencia electoral. Asimismo, las amenazas continúan siendo el tipo de hecho más recurrente (128), seguido por los asesinatos selectivos (20) y los atentados (17); pero en todo caso continúa ejerciéndose como un mecanismo de competencia política y sobre todo afecta contra los liderazgos de carácter local. Otro aspecto por resaltar es que el mes de septiembre ha tenido un arranque crítico con un creciente número de víctimas, y es que se deduce que los hechos se han individualizado y se han vuelto más letales, con el fin de sacar del camino a ciertos contrincantes políticos. Pero para infortuna de las víctimas, gran parte de la identidad de los agentes perpetradores no se ha podido esclarecer: sería el 71% de perfiles no identificados. Así las cosas, de las 74 amenazas registradas se desconocen el 67,56% de los victimarios, lo cual suscita a un llamado al gobierno nacional, debido a que, en ninguno de los 20 asesinatos ocurridos desde el arranque del calendario electoral se han podido identificar los autores materiales. Dos razones de la violencia electoral De acuerdo con el subdirector de PARES, Ariel Ávila, hay dos situaciones por las cuales la violencia electoral va en aumento. En la primera, registrada en la mayoría de los hechos, hay sectores políticos que contratan sicarios para matar a políticos rivales. Por ejemplo, todo indica que en el caso de la candidata liberal Karina García, que fue asesinada en el municipio de Suárez, Cauca, la disidencia de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombias (FARC) recibió dinero para sacar a García de la contienda política quitándole la vida. Y en ese sentido, este hecho no habría sido planeado por ese grupo. En la segunda, está la presencia de estructuras armadas ilegales que afecta directamente el mapa político en los territorios, y por consiguiente se presentan bajas en las candidaturas, amenazas y asesinatos. De acuerdo con Ávila, son 107 municipios que en la actualidad viven esta problemática, caso tal de los que componen la región del bajo Cauca antioqueño y la costa pacífica nariñense. Allí hacen fuerte presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En definitiva, el panorama para los candidatos que están buscando llegar a cargos de elección popular en las regiones es complejo debido a la inseguridad que viven a la hora de realizar sus actividades electorales. El gobierno no ha tomado medidas que garanticen unas elecciones menos violentas y lo que indica este último informe es que los registros de victimizaciones van a crecer en estas semanas que quedan.

Por: Democracia & Gobernabilidad – Pares A menos de un mes y medio de las elecciones regionales, el fenómeno de la violencia electoral crece en intensidad y volumen. Desde el 27 de octubre de 2018, fecha de inicio del calendario electoral, al 9 de septiembre de 2019, PARES ha registrado 173 víctimas en 116 hechos victimizantes. Comparado con las cifras registradas en el segundo informe de violencia política, este tercer informe que corresponde al periodo que va desde el 15 de julio al 9 de septiembre de 2019, muestra una variación creciente equivalente al 34,10%, lo cual se traduce en un pico estadístico solo comparable con el mes de febrero, cuando se registraron 25 víctimas y 12 hechos. En otras palabras, de los veinte (20) asesinatos selectivos que se han presentado durante los diez meses del calendario electoral, el 35% (7) han ocurrido en los últimos dos meses. Esto evidencia el recrudecimiento significativo de la violencia electoral y una preocupante tendencia a que la situación empeore a medida que se acercan los comicios. Tal y como se ha venido haciendo en los últimos dos informes publicados por PARES en el marco del actual proceso electoral, este tercer informe de violencia y dinámica política describe la variación de las cifras a partir de la última fecha de publicación, es decir el 15 de julio de 2019, y se analiza el acumulado de casos desde el inicio del calendario electoral con corte al 9 de septiembre de 2019. Asimismo, es importante mencionar que en la presente investigación se define a la violencia electoral como una subcategoría de la violencia política enmarcada temporalmente en el desarrollo de las elecciones, y que es ejercida en contra de individuos o colectivos con el fin de afectar el ejercicio de sus derechos políticos. De acuerdo con esto, se han registrado hechos en contra de funcionarios públicos, candidatos y precandidatos, miembros de partidos o movimientos políticos y personas denunciantes de casos de corrupción que han sido victimizadas por ejercer control sobre dinámicas o grupos políticos corruptos. Seguir leyendo… Descargue aquí el informe completo

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad, Pares Tumaco, municipio del departamento de Nariño, se encuentra inmerso en una situación crítica de violencia desde la salida de la extinta guerrilla de las FARC y actualmente se ubica dentro de los primeros lugares en los índices de violencia en el país. A lo anterior se suman las múltiples y penosas administraciones municipales que llegan cada cuatro años a gobernar. Por tal razón este municipio del pacífico nariñense es objeto de especial observación por considerarse un botín electoral para los caciques políticos locales. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, actualmente tienen presencia en el municipio un clan político y dos grupos de caciques electorales que no han logrado posicionarse más allá del municipio. La ausencia de clanes políticos se debe a que los distintos proyectos políticos no logran consolidarse a nivel departamental, o son deteriorados en ese proceso por investigaciones judiciales contra distintos integrantes de la estructura política que se intenta consolidar. Así, estos no han podido igualarse a figuras políticas de carácter nacional que sí han sido considerados clanes políticos en el departamento de Nariño. No obstante, estos cacicazgos son unos aliados valiosos para la consolidación de los clanes y el fortalecimiento de sus propias estructuras políticas de cara a las elecciones locales. Seguir leyendo… Descargue aquí el informe completo

Comunicado a la opinión pública y medios de comunicación Por segunda vez en 2019 lamentamos informar a la opinión publica nacional e internacional de una nueva amenaza dirigida en contra de nuestro director, León Valencia, y subdirector, Ariel Ávila, por el trabajo de investigación que realizamos en la Fundación Paz & Reconciliación – Pares. En horas de la madrugada, nuestro director, León Valencia, recibió un mensaje de texto donde se le declara objetivo militar junto con Ariel Ávila y un grupo de defensores de derechos humanos y candidatos políticos por Bogotá. El mensaje fue enviado desde el teléfono 3219560355, y se lo atribuyen las ÁGUILAS NEGRAS – Bloque Capital. La amenaza: <<La opinion publica debe saber que la izquierda quiere tomarse alcaldiar y concejor para implememtar en colombia el socialismo del siglo xxi en Colmbia que implemento la gonorea de Chavez en Venezuela y por eso ese pais esta hecho una mierda pero el pueblo colombiano puede estar seguro que las fuerzas leales a una politica anti subversiva no permitira que los movimientos ni las personas que obedecen al sistema Castro Chavista lleguen a estos desde putiaran a Colombia. Por eso declaramos objetivo militar a estas personas y organizaciones MOVICE, ANDAS, HOLMAN MORRIS, EL CLARIN COLOMBIA, LUIS ALFONSO CASTILLO, ALIRIO URIBE, JOSE LUIS MAYORGA, ARIEL AVILA, LEON VALENCIA, JAIRO TARAZONA, IGNACIO GOMEZ, IVAN CEPEDA, JUAN MANUEL ARANGO, CANDIDATOS FARC EN TODA BOGOTA Y AL PERIODISTA HISTORICO DE FARC JORGE ENRIQUE BOTERO. AGUILAS NEGRAS – BLOQUE CAPITAL SEPTIEMBRE 2019>> Alertamos a las autoridades para que tomen las medidas correspondientes para proteger la integridad física de las personas mencionadas en el mensaje amenazante, que tiene como propósito silenciarlos. Desde Pares decimos, NO LO LOGRARAN, seguiremos con nuestro trabajo de investigación por la democracia, la paz y la reconciliación de Colombia. León Valencia Director Fundación Paz & Reconciliación – Pares

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, reprochó la forma en la que el gobierno del presidente Iván Duque está actuando frente al asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales. De acuerdo con Carrillo, las políticas han sido erradas y no responden a las dinámicas del conflicto que se está recrudeciendo en cinco zonas del país. “Esto no se resuelve en una reunión en casa de Nariño en Bogotá, sino con los pares locales. Nos estamos quedando cortos a la hora de parar, de ponerle freno al desangre desde el punto de vista humanitario del asesinato de los líderes sociales”, expresó el procurador en el evento Lidera la Vida en el que también participaron la Defensoría, USAID, Pastoral Social, entre otras organizaciones. Asimismo, Carrillo le envió una carta a Duque en la cual solicitó la creación de un Puesto de Mando Unificado Electoral con el fin de hacerle seguimiento a los comicios regionales del próximo 27 de octubre y prevenir cualquier tipo de riesgo que enfrentan los candidatos a Alcaldías, Gobernaciones, Consejos, entre otros cargos de elección popular. El alto funcionario también señaló con preocupación la situación de al menos 45 líderes sociales que actualmente se disputan el electorado, pero adicionalmente “requieren atención prioritaria”, debido a la gravedad de las amenazas registradas. «El mapa de riesgo electoral en este momento en Colombia indica que estamos en alerta roja. Podemos prevenir esta masacre que se está cocinando en distintos sectores de Colombia», señaló Carrillo en los micrófonos de Caracol Radio. Carrillo habló de las deficiencias en la protección a líderes debido a la ‘bogotanización’ de las políticas del país. “La muerte de un líder social extingue las posibilidades ciertas de la paz, de la defensa del medio ambiente, de luchar contra los actores armados ilegales. Es la muerte a pedazos de la Constitución”, apuntó. La Fundación Paz y Reconciliación-Pares ha registrado 295 asesinatos de líderes y lideresas sociales desde la firma del Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta el 2 de septiembre de este año. ¿Qué sucede con los liderazgos en Colombia? De acuerdo con la Fundación Pares, los territorios que conforman focos de violencia selectiva contra los líderes y lideresas sociales son: Antioquia, específicamente las regiones del Bajo Cauca y el Urabá; Chocó, Norte del Cauca, Tumaco y Catatumbo. Asimismo, los perfiles más afectados corresponden al líder comunal de Junta de Acción Comunal, indígena, campesino y al afrodescendiente; quienes en la mayoría de los casos se encuentran en procesos de reclamación de tierras, se oponen a la siembra de cultivos de uso ilícito, y en definitiva defienden la implementación del Acuerdo de Paz. De acuerdo con Pares, las zonas donde se concentran en gran parte dichos focos de violencia selectiva son territorios étnicos, es decir, grupos sociales marginados a lo largo de la historia que infortunadamente se ven otra vez sometidos a los vejámenes de la guerra. “Las alertas del defensor siguen dando la razón, donde hay una alerta viene casi inmediatamente un hecho que lo corrobora, que en muchos casos ni siquiera es atendida por el Estado”, sostuvo Carrillo. Tres críticas a la política de protección El gobierno implementó el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección (PAO), para la protección de líderes y lideresas, por medio del trabajo interinstitucional; sin embargo, Pares plantea tres críticas a esta medida que no hay sido efectiva para mitigar este fenómeno. La primera corresponde a que el PAO prioriza la presencia de funcionarios de alto gobierno y excluye a la sociedad civil. La segunda, es la creación una nueva instancia en lugar de fortalecer la ya creada Comisión de Garantías de Seguridad, en el marco del punto tres (3) del pacto con la exguerrilla FARC. Y en tercer lugar, el PAO reproduce un enfoque represivo de la seguridad. “Los que están incitando a la población colombiana en este momento a revivir unas guerras que Colombia no quiere, son simplemente unos derrotados que fracasaron en la guerra y en la paz, y van a fracasar de nuevo en ese intento por devolver a Colombia al pasado, porque hay que seguirle apostando al futuro, a la paz, y no al pasado y a la guerra”, resaltó el Procurador. En ese sentido, la Fundación plantea varias recomendaciones con el fin de implementar medidas urgentes de protección y prevención, priorizando los territorios y los tipos de liderazgos mencionados. En primer lugar, es clave implementar el Acuerdo de Paz suscrito el 24 de noviembre de 2016 con las otroras FARC, y en ese sentido, retomar las labores de la Comisión de Garantías de Seguridad, que hoy aqueja a todos los excombatientes de esa exguerrilla. Otro punto, en el marco de esta Comisión es esclarecer de manera ágil los autores intelectuales de los homicidios, puesto que, de todos los casos registrados, 171 corresponden a un actor no identificado, seguido de Estructura Armada Ilegal no identificada con 33, y el Clan del Golfo con 15. En tercer lugar, Pares propone emprender una campaña de visibilización sobre la importancia de la labor de líderes y lideresas sociales en los territorios del país rescatando sus memorias. Y por último, fortalecer los mecanismos de protección y autoprotección propios de las comunidades como las guardias indígenas, cimarronas y campesinas construyendo relaciones de confianza y solidaridad con la institucionalidad local en el marco del respeto de los derechos humanos y de la dignidad de individuos y colectivos. “Aquí cada muerte de un líder social es la muerte a pedazos de la Constitución, es la muerte por goteo del conjunto de derechos, que estamos defendiendo todos desde 1991, y por eso hay que frenarlo”, destacó el procurador.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares La violencia contra los exguerrilleros no cesa. Este fin de semana una ola de terror cobró la vida de cuatro (4) integrantes de FARC que le estaban apostando a la reincorporación. Uno de los sucesos tuvo lugar en la ciudad de Cúcuta, cuando hombres armados irrumpieron en el Hotel Diamante y abrieron fuego contra José Peña y Milton Urrutia Mora, el pasado 6 de septiembre. Como resultado del ataque, Arsenio Maldonado también falleció. A su vez, ese mismo día fue asesinado Jackson Mena, en el barrio Las Margaritas de la ciudad de Quibdó. Estos asesinatos configuran un nuevo hecho victimizante contra la paz, pues los exguerrilleros que le están apostando a la implementación del Acuerdo no encuentran garantías de protección por parte del Gobierno Nacional. Según datos de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, desde el 24 de noviembre de 2016 —día de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón— a la fecha, se registra el asesinato de 110 exguerrilleros y 26 de sus familiares. Según el registro de Sipares, las zonas del país con mayor índice de victimización son los departamentos del Cauca, Nariño y Antioquia. Asimismo, los municipios más violentos para las personas en proceso de reincorporación son Ituango, El Charco y Tumaco. Abrazar a los ETCR Una gran preocupación generan los hechos victimizantes que afectan a los exguerrilleros que están trabajando de frente en el proceso de reincorporación, aún más cuando hace unas semanas se conociera el video en el que alias ‘Iván Márquez’, alias el ‘el Paisa’, alias ‘Romaña’ y alias ‘Jesús Santrich’ —en compañía de cuatro (4) mandos más— anunciaran rearme de una facción de la disidencia política de la otrora guerrilla de las FARC. Frente a esta situación, la Fundación Paz y Reconciliación— Pares, ha alertado para que el Gobierno Nacional proteja los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Ya que —a pesar de que la presencia actual de las disidencias en Colombia a nivel municipal llega a 85, frente a los cerca de 300 municipios en donde hacían presencia en el momento de la firma del Acuerdo de Paz y que en la actualidad las disidencias son cerca de 1.800 exguerrilleros y antes de la desmovilización eran alrededor de 13.000—; estos nuevos sucesos sumados a las dinámicas de violencia podrían desembocar en una desbandada de exguerrilleros de los ETCR. Sin decreto presidencial A pesar de que el Gobierno Nacional anunció que ampliaría por un año más los 24 (ETCR), lo cierto es que aún no hay ningún decreto firmado por el presidente de la República, Iván Duque. Esta información la confirmó Pares, luego de comunicarse con el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), instancia creada por el Acuerdo de Paz y que se encarga, entre otras cosas, de hacerle seguimiento al proceso de reincorporación a la vida civil de los miembros de las Farc-Ep. De hecho, José Emilio Archila Peñalosa, uno de los miembros del gobierno nacional del CNR y quien es el Ato Consejero para la Estabilización, aseguró en los últimos días que “mantenemos el apoyo a los excombatientes que están firmes en sus compromisos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Alrededor de 10.500 siguen su proceso de reincorporación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización”. Los ETCR se mantienen Asimismo, Archila Peñalosa aseguró que, aunque habían señalado que 11 ETCR debían trasladarse, después de hablar con los 24 alcaldes los Espacios Territoriales se mantendrán. Sin embargo, para disipar las incertidumbres, se necesita el decreto que mantenga figura jurídica de los ETRC, que expiró el pasado 15 de agosto de 2019. Cabe recordar que, había incertidumbre por el posible traslado los siguientes ETCR: Yarí (La Macarena, Meta); Caracolí (Carmen del Darién, Chocó); Charras (San José del Guaviare, Guaviare); La Variante (Tumaco, Nariño); Carrizal (Remedios, Antioquia); Santa Lucía (Ituango, Antioquia); Filipinas (Arauquita, Arauca); Caño El Indio (Tibú, Norte de Santander); El Ceral-La Elvira (Buenos Aires, Cauca); San Antonio (Caldono, Cauca) y La Pradera (Puerto Asís, Putumayo). A su vez, en horas de la mañana de este lunes 9 de septiembre el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común denunció que Edwin Jaison Murillo Pachón (Alirio Arango) fue capturado ilegalmente. Tal como lo advirtió FARC, el firmante de paz, exprisionero político y miembro de la UTL del Representante a la Cámara Carlos Carreño continúa retenido. Están asesinando a los que están firmes con la paz Frente al asesinato de exguerrilleros, resulta necesario traer a colación las tres hipótesis que explican Diego Alejandro Restrepo —Coordinador de la Línea de Investigación en Conflicto, Paz y Postconflicto— y Alejandro Jiménez —Investigador de la misma línea—. Ellos advierten sobre las posibles razones que están detrás de las agresiones contra integrantes de FARC: 1. Saboteadores de la paz o “spoilers”: agentes legales e ilegales que se oponen al proyecto político abanderado por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-FARC y también a la implementación del Acuerdo Final de Paz. 2. Ajuste de cuentas: esta hipótesis se divide en dos tipos de escenarios. El primero es que al momento del repliegue de las Farc hacia las zonas veredales, muchas tensiones quedaron sin resolver con otras estructuras armadas ilegales, este es el caso del Clan del Golfo en Bajo Atrato y del ELN en Arauca y Nariño. El segundo se debería a “vendettas” en el nivel territorial, las cuales se originaron tras los abusos y agresiones contra la población cometidas en su momento por miembros de la extinta guerrilla de las Farc-ep. 3. Reconfiguración territorial: debido a la trayectoria y conocimiento de las estrategias de guerra, del territorio y de negocios ilícitos, múltiples estructuras armadas han querido vincular a exguerrilleros de las Farc-ep para fortalecer sus actividades criminales. Sin embargo, ante la negativa de exguerrilleros se han tomado retaliaciones que han terminado con sus vidas y hasta con la de sus familiares. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Redacción Pares Según investigación realizada por la ONG Caribe Afirmativo, desde que se inició la campaña por la visibilización de las candidaturas LGBTI en Colombia, en 1998, se ha registrado un número de 90 candidaturas abiertamente LGBT a cargos de elección popular, de los cuales han sido elegidos(as), hasta la fecha, ocho personas: tres congresistas, un alcalde, cinco concejales(as) y un edil. Todos(as) ellos(as), con excelente trayectoria en el servicio público que les ha permitido ser evaluados(as) como los(as) mejores en su desempeño. Para esta ocasión, afirma Caribe Afirmativo, 74 personas LGBTI han propuesto sus nombres a cargos de elección popular, buscando aumentar la participación en los escenarios democráticos locales. De este modo, el cargo al que aspira el mayor número de personas LGBTI es el de concejal, con 52 candidatos(as); seguido por el cargo de edil(a) con una participación de 17 aspiraciones. Además, se presentó la candidatura de tres personas a la alcaldía; una a la gobernación y otra a asamblea departamental. Todas estas postulaciones pertenecen a 18 partidos y movimientos políticos de diferentes ideologías y agendas políticas, estos son: Partido de la U, Partido Liberal, Movimiento Colombia Humana, Partido Unión Patriótica (UP), Partido Conservador, Partido Polo Democrático, Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Centro Democrático, Partido Alianza Verde, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Movimiento Todos Juntos, Colombia Renaciente, Movimiento Agustín Agualongo, Partido de Reivindicación de Étnica (PRE), Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), la Alianza Social Independiente (ASI) y Cambio Radical; además de un candidato Independiente. La participación de las personas LGBTI, según concluye dicha investigación, se renovó significativamente para este periodo electoral, ya que más del 60% de los candidatos se postuló por primera vez, lo que refleja la voluntad de cambio de las nuevas generaciones en cuanto a inclusión social se refiere. De igual manera, es importante resaltar que, dentro de la participación de candidatas y candidatos con OSIGEG diversa, también se cuantificó el componente étnico en aras de tener una visión trasversal de la campaña electoral. En este sentido, si bien la mayoría de personas LGBTI se considera mestiza, con un porcentaje aproximado del 35%, se destaca la participación afro, indígena y raizal que, aunque no fue la más significativa, sienta un precedente importante en la participación LGBTI. Algunos casos emblemáticos El resultado del estudio destaca que Julián Bedoya, el primer alcalde abiertamente gay que fue elegido en Colombia en la campaña electoral de 2015, pertenece al partido Centro Democrático, el cual, aunque ha mostrado siempre una ideología bastante conservadora y contraria a la agenda LGBTI, con este hecho, buscó transmitir un mensaje político claro, el de no bloquear con su legislativo la agenda de la igualdad y no discriminación, acompañando a sus militantes de este grupo poblacional en sus aspiraciones políticas. Para este período, es candidata a la alcaldía mayor de Bogotá, Claudia López por el partido Alianza Verde, quien es abiertamente lesbiana y ha mostrado su compromiso con la agenda LGBTI. Así, en su programa de gobierno afirma que, durante su gestión, se fortalecerán las políticas de promoción de la igualdad de género y lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres y la superación de la estigmatización hacia la comunidad LGBTI. También, se plantea la lucha contra el racismo estructural y la xenofobia, además del reconocimiento a las comunidades indígenas y afro, y la inclusión efectiva de la población en condición de discapacidad y de personas mayores. Asimismo, Sergio Londoño, candidato abiertamente gay a la alcaldía de Cartagena, asume su candidatura con un plan de gobierno plural y amplio que planea la inclusión de todos los grupos sociales, hasta ahora, excluidos a través de la implementación de una política pública de diversidad sexual y género con enfoque diferenciado y de programas de atención a la población LGTBI. En ese sentido, Caribe Afirmativo identifica que las candidaturas de estas 74 personas abiertamente LGBTI a cargos públicos por elección popular, son una muestra que el ejercicio democrático, tanto a nivel local como regional, sea cada vez mucho más dinámico y plural, lo cual resulta ser un indicador fehaciente de que la igualdad política en el país está logrando grandes avances. En este sentido, se presenta el porcentaje de participación de cada una de las categorías del acrónimo LGBTI, logrando el mayor número de aspiraciones los hombres gais con un 46%, seguidos de las mujeres lesbianas con un 24% se identifican como trans, 23% lesbianas, 3% bisexual y 4% otras. Finalmente, la organización Caribe Afirmativo insta a que la sociedad civil junte esfuerzos con el objetivo de derrumbar los prejuicios y estigmas que, aún hoy, nublan el juicio del electorado hacia la población LGBTI.