Por: León Valencia, director – Pares El ascenso de Donald Trump a la presidencia de la primera potencia mundial, de Jair Bolsonaro al poder en el país más poblado de América Latina y el triunfo del Brexit en el Reino Unido, llevaron a pensar que estábamos ante la posibilidad de que la derecha populista se estableciera como fuerza hegemónica en la política mundial. Antes, Marendra Modi se había alzado con el triunfo en las elecciones de la India, y en toda Europa las fuerzas populistas se metían de lleno en varias coaliciones de gobierno. Esto significaba un giro en el destino de esta corriente política. Se había pensado siempre que el populismo era sólo un acompañante incómodo de la democracia. Siempre estaba allí, latente, para aprovechar los momentos de crisis y para llamar la atención sobre las promesas incumplidas del liberalismo y la democracia. “El político populista tiene corto recorrido en la democracia robusta donde las instituciones políticas y la sociedad civil gozan de buena salud. Cuando las cosas son así, el juicio político de los ciudadanos se nubla difícilmente y el programa del populista se refuta con facilidad”. Esta valoración se encuentra en la introducción del libro La geografía del populismo, una exhaustiva compilación de artículos sobre experiencias populistas de todos los tiempos. En efecto, algunos acontecimientos de este año han mostrado que el auge del populismo puede tener una corta vida y esta corriente tenderá a regresar a su condición habitual. Algunos de los principales líderes de estas fuerzas están en serias dificultades en sus países, y pueden recibir duras derrotas en los próximos meses y años. Los signos de recesión de la economía norteamericana puede llevar a la derrota a Donald Trump en las próximas elecciones. A pesar de estar siempre en un bajo nivel en las encuestas y de meter la pata una y otra vez en la política internacional, Trump acariciaba la posibilidad de un segundo mandato. No había serios nubarrones en el cielo. El pronóstico comienza a cambiar. Si la economía empieza a ir mal, Trump tendrá poco chance de repetir. La crisis del gobierno de Bolsonaro es más que evidente. Los brasileños empiezan a pasarle la cuenta por sus desbocadas alabanzas a las dictaduras militares, el desprecio por las mujeres y su irresponsable actitud frente a la selva amazónica. Los insultos contra mandatarios extranjeros y contra altos funcionarios internacionales tienen también un alto costo para la diplomacia brasileña, sin duda la más reputada de la región latinoamericana. Boris Johnson, con apenas un mes en su puesto de Primer Ministro del Reino Unido, se está quedando solo en su pretensión de salir a como dé lugar de la Unión Europea. Lo más probable es que se vea obligado a convocar a elecciones generales donde el mapa político del país puede sufrir cambios decisivos. Otros mandatarios abiertamente solidarios con esta corriente política también están en serios aprietos. Es el caso de Mauricio Macri quien ha sufrido una grave derrota en las elecciones primarias en Argentina, con lo cual ese país se ha hundido aún más en una pavorosa crisis económica. Es improbable que Macri puede revertir la derrota y ganarle la batalla al kitchnerismo en las próximas elecciones. Iván Duque y su mentor, el expresidente Uribe, también la están pasando mal en la coyuntura política. Duque no sobrepasa el treinta por ciento en la favorabilidad en las encuestas, al tiempo que sus principales estrategias están enredadas en el pantano de su incompetencia. Crecen el desempleo, la inseguridad, la tensión con Venezuela, las dificultades en el proceso de paz. Y el llamado a indagatoria de Uribe por parte de la Corte Suprema de Justicia, es un indiscutible ingrediente de perturbación para un gobierno en crisis. El próximo año podremos valorar con mayor certeza el rumbo que tomará la política mundial. Quizás decaiga la derecha populista. Pero tampoco es evidente la renovación y el crecimiento de las corrientes progresistas y el fortalecimiento de la democracia.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Este viernes 6 de septiembre venció el plazo para que terceros no combatientes y agentes del Estado no integrantes a la fuerza pública solicitaran su sometimiento en la Jurisdicción Especial para la Paz. El periodo de tres (3) meses dio como resultado el sometimiento de 609 personas. Es decir, eso significa que casi siete (7) personas al día se acogieron al tribunal especial en 92 días. Cabe recordar que desde el pasado 6 de junio, cuando entrara en vigencia la Ley Estatutaria de la JEP—Ley 1957 de 2019—, se dio inicio el periodo de tres meses estipulados como plazo para “para quienes fueron vinculados formalmente a una investigación penal antes de esa fecha”, tal como lo señala un comunicado de la JEP del pasado jueves 5 de septiembre. Además, sobre el plazo de tres meses, en el comunicado, la JEP precisa que los tiempos “fueron establecidos en el artículo 47 de Ley 1922 de 2018 (Normas procedimentales de la JEP) y en el Parágrafo 4 del Artículo 63 de la Ley 1957 (Ley Estatutaria de la JEP). Estos tiempos también fueron avalados por la Corte Suprema de Justicia en el Auto 2476 del 26 de junio de 2019”. Ahora bien, tras este vencimiento de plazo, se vislumbran dos escenarios que no dan por terminado el capítulo del sometimiento de terceros y agentes del Estado en la JEP. Algunas excepciones En el comunicado, la JEP dio a conocer que existe la posibilidad de que como tribunal especial reciban la solicitud de sometimiento, cuando sí y solo sí: “existan circunstancias que justifiquen excepcionalmente una interpretación más amplia de la competencia de la JEP, en los eventos en que el interés superior de las víctimas, especialmente el de obtener la verdad, así lo exija”. Asimismo, precisó que acogerá a las que hayan sido negadas en la jurisdicción ordinaria. Así las cosas, el tema alrededor del sometimiento en la JEP que permitan voces de terceros y agentes del Estado ha sido uno de los temas más álgidos que ha enfrentado el Tribunal. De hecho, la sociedad civil y las organizaciones de víctimas han manifestado que estos sometimientos y relatos permitirán la reconstrucción de la verdad para el esclarecimiento de lo sucedido en los años de guerra. Una iniciativa desde el Congreso El segundo escenario es protagonizado por el senador del partido de la U e integrante de Comisión de Paz del Senado, Roy Barreras, quien el pasado jueves 5 de septiembre radicó dos proyectos que podrían cambiar el panorama de vencimiento de plazo para el sometimiento de terceros y agentes del Estado. El primer proyecto radicado por el senador barreras pretende ampliar el plazo en la Ley Estatutaria para que, cómo el mismo lo señaló terceros civiles puedan acudir a JEP a resolver su situación jurídica y decir la verdad en favor de víctimas”. En otras palabras, la intención de esta avanzada busca que terceros no combatientes vinculados al conflicto, que tengan proceso en justicia ordinaria, puedan acogerse a los beneficios del tribunal espacial a cambio de una verdad que contribuya con el esclarecimiento de los distintos sucesos sucedidos en el marco del conflicto armado. De acuerdo con las declaraciones de Barreras “esto cobija a los terceros civiles no armados, empresarios que hayan sido financiadores del paramilitarismo y, sobre todo, a la inmensa mayoría de terceros civiles que tuvieron que pagar a los paramilitares, porque fueron sujetos de extorsión y fueron víctimas de fuerza mayor.» Esos empresarios, dice Barreras, tienen derecho a cerrar su situación jurídica rápidamente ante la JEP y no puede permitirse que el plazo –que se vence mañana-, les quite esa posibilidad y queden sometidos exclusivamente a la justicia ordinaria, De esta forma, de tener éxito el proyecto, la fecha no caducaría este 6 de septiembre, sino que abriría la puerta a que por un año más se presenten solicitudes de sometimiento por parte de terceros y agentes del Estado. Un proyecto que le suma a la implementación Dentro de la argumentación del proyecto abanderado por Barreras, hay unas cifras que amplían el universo de actores del conflicto armado. Por una parte, hay alrededor de 5.563 personas que habrían auspiciado el conflicto armado, de acuerdo con información de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento forzado (CODHES). Asimismo, según la Fiscalía General de la Nación hay cerca de 1.028 personas calificadas como terceros en el conflicto que pueden ser incluidas en la JEP. Dentro de ellas, 717 funcionarios públicos y 311 civiles. Sin embargo, el mismo Barreras señala en el proyecto que al margen de las anteriores cifras; “para julio de 2019 solo se han presentado ante la JEP 400 solicitudes de terceros y agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública (…) sin la verdad de los empresarios y agentes estatales no combatientes no habrá un relato completo sobre los patrones, estructuras e intereses que actuaron detrás de todas las graves violaciones a los derechos humanos”. Una ventana abierta Ahora bien, restará esperar cómo se desarrollará el camino que le espera al proyecto de Roy Barreras en el Congreso. Mientras eso sucede, aunque el plazo venció este 6 de septiembre aún hay una ventana abierta para conocer la verdad contará con más testimonios por parte de los terceros y de los agentes del Estado. Cabe recordar que para la Jurisdicción Espacial para la Paz, “un tercero no combatiente es la persona que no hizo parte de una organización o grupo armado, pero que contribuyó a la comisión de conductas relacionadas con el conflicto armado” y no son terceros para el tribunal especial: “miembros de grupos paramilitares, las Bacrim, los colaboradores de las Bacrim, los miembros de grupos guerrilleros como el ELN (Que no han suscrito acuerdos de paz con el Gobierno) y los miembros de organizaciones delincuenciales como las Águilas Negras o los Rastrojos”

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares En el año 1980 cuando las guerrillas empezaron a expandirse en el territorio colombiano, nació Sandra Milena Sandoval en la comunidad indígena Nasa, en el norte del departamento del Cauca, una zona donde hizo fuerte presencia la exguerrilla de las Fuerzas Armadas de Colombia -FARC, que en el 2016 depuso las armas y firmó un Acuerdo de Paz con el anterior gobierno. Sandra Milena Sandoval tiene 39 años, cuatro hijos, un esposo y un pasado en las filas de las FARC. Hoy, es una soñadora del cambio a pesar de las dificultades que atraviesa Colombia en materia de gobernabilidad. Por eso, la Fundación Paz & Reconciliación-Pares dialogó con Sandoval sobre su historia en la exguerrilla y lo que piensa del actual momento en el que la implementación del pacto va a paso lento. Pares: ¿A qué edad ingresó a las FARC? Sandra Milena Sandoval: Mi primer ingreso lo pedí a los 11 años y no se me dio; a los 15 años también, esa vez sí me aceptaban, pero yo no estaba en el territorio cuando llegaron a recogerme, y luego ya a los 17 años entré. Es decir en 1997. Fue un proceso de formación personal por la forma en que uno vive, por la incidencia de las guerrillas, la incidencia del Estado ante la comunidad, entonces uno se va proyectando y va consolidando una ideología. En mi caso fue una decisión política. Pares: ¿A que frente ingresó? S.M.S: A la Columna móvil Jacobo Arenas de las FARC Pares: Entiendo que usted se unió a las filas de las FARC por voluntad propia, ¿Cuáles fueron sus motivaciones? S.M.S: Fue una suma de consecuencias. Yo nací en el norte del Cauca en una comunidad indígena. Y mi territorio con incidencia de las Farc desde muy pequeña, a mi papá no lo conocí pero lo que conozco es que también fue guerrillero. Y obviamente viví en unas condiciones de exclusión y de pobreza desde mi niñez. También se sumó un contexto de un resguardo indígena en el que siempre estuve en procesos de resistencia. Entonces uno se empieza a cuestionar todas esas situaciones que vive. Por ejemplo, participábamos con todos los indígenas donde había represión de la fuerza pública. También viví que la fuerza publica entraban a mi resguardo y en su mayoría era abusador de las comunidades. Entonces no hubo solo una razón porque la que yo ingresé a las Farc, sino que es la suma de cosas que fueron generando una ideología, y me fueron proyectando. Pares: ¿Qué aprendizaje tuvo en el paso por esa estructura armada? S.M.S: Yo me crié en una familia muy conservadora. Una niña muy tímida, muy callada. Yo viví una niñez muy dura en la que viví violencia sexual desde que no me acuerdo, y pude parar esa situación a los 12 años. Yo misma empecé a parar esa situación cuando ya entendía lo que me estaba sucediendo. Entonces cuando yo ingresé a las FARC me empecé a empoderar, a participar en los conversatorios políticos de las charlas, entonces uno empieza a empoderarse como sujeto, como mujer. Yo llegué a ser comandante medio de la organización y sin embargo, se sentía el machismo, porque cuando había comandantes del rango mío, se presentaba eso. Pero lo que yo aprendí allá fue a empoderarme. Pares: ¿Y cómo fue su desmovilización? S.M.S: “Yo soy desmovilizada individual. Resulta que me enfermé en 2002 de Bronquitis y me enviaron a un pueblo, entonces fui capturada por la fuerza pública. Estuve 30 horas detenida a mis 22 años, no me pudieron comprobar nada entonces me soltaron, sin embargo, cuando regresé la confianza se había roto por el hecho de haber sido capturada. Esa ruptura me dolió porque yo pensé que iba a morir en las FARC, mi postura era estar en un planteamiento político. Yo para esa época tenía mi hijo mayor, pero a ella la dejé con las abuelas, pero yo estaba convencida de lo que estaba haciendo. Mi excompañero y papá de mi hija se había desmovilizado meses atrás de forma voluntaria, y como sabían lo que estaba sucediendo conmigo me enviaron una carta para que me presentara. A mí me buscaban los paramilitares, el ejército, la guerrilla. Tenía una situación compleja, entonces por esa situación yo decidí entregarme por mi hija. En ese momento inicié mi proceso, pero hubo un tiempo en el que me desvinculé del programa por el tema de los tiempos que me exigían porque entonces ¿cómo hacía para trabajar? Pero cuando se dio todo el trabajo del proceso colectivo con las FARC volví a vincularme. Pares: ¿Cuál fue su impresión cuando se firmó el Acuerdo de Paz? S.M.S: Con los antiguos comandantes no creí que fuera posible. Yo creo que Manuel Marulanda no tenía la confianza del Estado colombiano, entonces él no veía las posibilidades de que se fuera a dar de una manera honesta, de que nos fuéramos a sentar de tú a tú y que se fueran a cumplir esas promesas. Pero en el momento que llegó el actual comandante pensé que sí. Este nuevo comandante sí estaba muy dispuesto a sentarse con el gobierno. Cuando se dio la firma yo estuve en el evento de la Plaza de Bolívar y fui una de las personas que lo esperaba con mucha ansiedad. Acordarse de tantos compañeros perdidos en la guerra. Entonces pensé dos cosas. Primero, el creer que el gobierno de verdad cumpliera con los acuerdos pactados, que aún sigue siendo una incógnita; y lo otro que pensé es en el contexto de los territorios sin guerrillas y sin Estado. Pares: ¿Por qué no volver a la guerra? S.M.S: En el momento de salir del conflicto fue difícil porque era algo a lo que ya pertenecía, que tenía pleno conocimiento de que si lo lográbamos iba a ver una transformación. Entonces ese primer momento en el que ya no estaba en la lucha armada fue fuerte para mí, pero ya después llegó un momento en el que pensé que la transformación social se puede dar por otros lados, por la palabra, las acciones, y no es necesaria la violencia, ni la violencia de las armas. Hoy en día creo en eso, hoy en día creo que sí, se puede y hay que transformar este país sin las armas. Pares: ¿Qué podría decirle a la sociedad y al Estado colombiano? S.M.S: El llamado sería a que es difícil encontrar por dónde buscar una solución pero sí nos compete a todos como sociedad, excombatientes, víctimas, iglesias, partidos políticos, a todos nos compete buscar las formas. Todos estos años de conflicto, y los círculos de violencia que se han generado nos han mostrado cómo se ha vivido y por qué hemos llegado a esto; entonces es buscar la manera de transformar la sociedad y no repetir eso. Pero el llamado es a no más por la vía de las armas, el llamado es a definitivamente hacer las cosas desde otro lugar, sin violencia, es complejo pero de alguna manera lo lograremos entre todos. Y el llamado final al gobierno es que estamos llenos de corruptos politiqueros y esa ha sido la pandemia más grande y eso sigue generando desigualdad y exclusión. En últimas, ser conscientes de a quién estamos eligiendo.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La danza, el canto y la pintura han cautivado a los jóvenes de tres barrios adscritos a la comuna 6 de Buenaventura, principal puerto en el occidente de Colombia. Por medio de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Paz (AJEP) más de 60 jóvenes han logrado empoderarse en sus comunidades y ponerse un nuevo rostro en medio de la violencia que golpea a esa zona del país. A continuación tres historias de jóvenes que han impulsado el arte y la cultura en Buenaventura, con miras a seguir ayudando a sus comunidades. Danny Mauricio Vanegas, contó a la Fundación Paz & Reconciliación-Pares que a sus 31 años se siente satisfecho por lo que ha logrado: ayudar a los jóvenes de su comunidad. En 2017 decidió fundar la AJEP junto con unos muchachos a quienes consiguió un taller de baile urbano. En octubre de ese año la iniciativa juvenil empezó a tomar fuerza en el barrio La Cima, con el fin de atrapar con el arte a más niños, adolescentes y jóvenes y alejarlos de actividades ilegales. En ese sentido, la Asociación Jóvenes Emprendedores de Paz es busca desarrollar las capacidad, las habilidades y potencialidades de los jóvenes alrededor del liderazgo de estos perfiles de la comunidad, utilizando el arte como herramienta de empoderamiento. “Ahorita estamos en los barrios Isla de la Paz, La Cima, y Puertas del Cielo. La visión es que toda Buenaventura tenga este proceso de jóvenes, pero primeramente pensamos fortalecer un lugar y luego empezar a hacer esta extensión”, expresó Vanegas a Pares. Antes de la puesta en marcha de esta iniciativa había muchas problemáticas relacionadas al territorio, la exclusión social, pero mas grave era que no había un empoderamiento de los jóvenes en temas de liderazgo. En ocasiones ellos quieren hacer algo pero no saben cómo. Por eso, este espacio fue una estrategia pensada en que ellos tuvieran la oportunidad de decir: “hago arte pero lo hago consciente de que lo que yo cante, baile o dibuje es para la transformación”, entonces poco a poco, ellos se fueron concientizando de esa responsabilidad. La Asociación Jóvenes Emprendedores de Paz es busca desarrollar las capacidad, las habilidades y potencialidades de los jóvenes alrededor del liderazgo de estos perfiles de la comunidad, utilizando el arte como herramienta de empoderamiento. Foto: Cortesía Pares había informado en julio de este año que aunque la reducción de los indicadores de violencia letal sea un hecho, esto podría corresponder a acuerdos de no agresion entre estructuras armadas que libran disputas por el control territorial y de rentas ilegales. Por eso, este tipo de iniciativas son fundamentales para atrapar a los jóvenes en el arte y no en la violencia. “En ningún momento hemos tenido problemas con grupos armados porque nos reconocen como actores indispensables dentro de la comunidad entonces este es un proceso que estamos: protegiendo y previniendo a los jóvenes”, señaló el creador de la AJEP. En la actualidad, los jóvenes se reúnen en la Casa de Desarrollo Artístico (CDA) que es el centro de atención de desarrollo, pero asimismo es una unidad de emprendimiento y aprendizaje. “Una de las cosas que aprendí es que cada casa tiene una gotera y aprendí a no juzgar las goteras de las casas sino a tratar de atenderlas, entonces yo trato de conocer las goteras y trato de generar propuestas que mitiguen esas goteras, o que la tape o trate de mitigar esa gotera”, puntualizó. Gestora de paz Wendy Liseth Moreno, es una joven bonaverense que ingresó a la asociación en julio de este año por medio de un amigo, quien también hace parte del grupo juvenil. Un día aquél chico le insistió y desde ese momento participa con el objetivo de instruir a los más pequeños del grupo. La Asociación de Jóvenes Emprendedores de Paz (AJEP) más de 60 jóvenes han logrado empoderarse en sus comunidades y ponerse un nuevo rostro en medio de la violencia que golpea a esa zona del país. Foto: Cortesía “Yo vivo en el barrio Miraflores y usualmente nos reunimos en el barrio La Cima, en el CDA. Quiero ayudar a las personas, más que todo ayudar a los niños y jóvenes que veo que se involucran en actividades ilegales, entonces yo quise tratar de hacer algo para que ellos utilizaran el tiempo en cosas productivas”, señaló Moreno de 19 años. Precisamente lo que quiere combatir desde su experticia es la violencia familiar y los problemas de droga que muchas veces terminan afectando a gran escala a su comunidad. Actualmente estudia Trabajo Social en el Universidad del Valle y a largo plazo planea será gestora de paz de la Asociación para poder instruir a más personas. “Sin embargo, me han dicho muchas veces, que por el hecho de ser mujer no tengo el derecho de participar en cosas comunitarias, pero yo lo hice porque yo siento que esta es mi vocación, poder ayudar a las personas y de esto también aprender para mi vida”, concluyó. El artista “Voy a cumplir dos años en AJEP. Fue un proceso con los talleres de composición musical, y ahí me integré con varios compañeros y de esos compañeros yo fui el único que quedé. Unos se fueron a prestar servicio y los otros porque se les había presentado alguna dificultad”, manifestó a pares, Luis Carlos Caicedo, de 20 años. Luis Carlos es uno de los jóvenes que más ha acompañado a Danny en todo el proceso de crecimiento de la asociación, y quien lo ha seguido con todo el trabajo musical. Actualmente está estudiando su último año de colegio, tiene una beca de teatro espontáneo y también estudia pintura. Luego de dos años siguiéndole los pasos al fundador, ahora forma a otros jóvenes en un taller de composición musical. “Yo vivo en La Cima, el barrio donde se realizan todos los encuentros. Allí he aprendido muchas cosas, a reconocer mis derechos, a reconocer las cosas que pasan en la comunidad, a tener dolencias por mi comunidad, a sentir el dolor de otros y a aportar. Y aprendí el potencial que yo tengo como joven para cambiar a mi comunidad”, expresó con gran emoción. Luis Carlos es líder de su comunidad, y su mayor preocupación es que los jóvenes se pierdan del camino. Por eso lo que más le ha impactado de forma positiva en este proceso de la AJEP es el cambio de la imagen del joven bonaverense. Ha cambiado tanto la imagen que la mentalidad de los jóvenes también se ha transformado. Lo que se quiere combatir es la violencia familiar y los problemas de droga que muchas veces terminan afectando a gran escala a la comunidad. Foto: Cortesía “Ya no se piensa en droga, sino que los jóvenes nacimos para algo más y para algo muy grande”, apuntó. Lo más importante es seguir trabajando y seguir creciendo y ser una gran imagen para ellos, para los jóvenes, que digan Luis Carlos fue así y yo quiero ser así.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Colombia se acerca a los comicios regionales de octubre y la violencia electoral va en aumento. Septiembre inició con el pie izquierdo y la Fundación Paz y Reconciliación-Pares ha registrado casi un homicidio contra candidatos o funcionarios públicos de elección popular por día. Desde la fecha formal en la que inició el calendario electoral, el 27 de octubre de 2018, Pares ha realizado el seguimiento y registrado los hechos victimizantes contra los siguientes perfiles: candidato, funcionario público de elección popular, funcionario público de libre nombramiento, e incluyó miembros de partidos, movimientos políticos y denunciantes de corrupción. De acuerdo con el investigador nacional de Pares, Giorgio Londoño, en los últimos meses los repertorios de victimización se han vuelto más individualizados y letales. Es decir, que se han registrado más asesinatos contra la personas con los perfiles antes mencionados en función de su ejercicio de su quehacer político. “Eso quiere decir que hubo un arranque electoral en el que había amenazas colectivas a través de panfletos, pero ahora lo que se ve es que hay amenazas individuales, y además se han vuelto más letales”, aseguró. En consecuencia, como en varias ocasiones ha señalado el subdirector de la fundación, Ariel Ávila, los sectores políticos más victimizados son sectores políticos que tienen mayor potencial de crecimiento en las elecciones regionales que corresponden a los de oposición y de gobierno. Lo que ha registrado Pares es que el departamento más golpeado en materia de violencia electoral es el Valle del Cauca y, por otro lado, ha venido subiendo la violencia en el Cauca. En ese sentido, en el primer escenario, todo parece indicar que hay un retorno de antiguos narcotraficantes y esto ha disparado las disputas entre las estructuras ilegales. En el segundo, hay preocupación en la disputa territorial en el norte, occidente y sur del Cauca. Sin embargo, la alerta más reciente se ha centrado en el norte debido a los últimos episodios recientes contra la candidata liberal, Karina García, quien hizo públicas las amenazas que estaba recibiendo, ocho días antes de ser asesinada e incinerada. Por su parte, la Defensoría del Pueblo había alertado el pasado 15 de agosto sobre la difícil situación que se registra en esa zona del país, y específicamente en el municipio de Suárez. El miércoles la misma entidad lanzó otra alerta temprana, la 035-19, sobre el riesgo electoral con el objetivo de prevenir violaciones a los derechos humanos en los próximos comicios del 27 de octubre. ¿Qué dice la Defensoría? De acuerdo con esta institución de 1.122 municipios a nivel nacional, 402 se encuentran en riesgo electoral extremo por la incidencia de los grupos armados ilegales en esos territorios. En ese sentido, Antioquia, Chocó y Bolívar serían los casos más preocupantes. En contraste, la Fundación Pares ha determinado que el Valle del Cauca es la zona donde más se han aumentado los hecho victimizantes y con posibilidad de que aumente la violencia electoral. Otro aspecto, es que el carácter de la violencia electoral es sobre todo local. Por su parte, la Defensoría también identificó las estructuras armadas ilegales que han fomentado este tipo de violencia y corresponden al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, el EPL o “Pelusos”, otros grupos armados ilegales post AUC, y disidencias de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, determinó que el actor armado con mayor potencial de riesgo por su accionar son las AGC quienes hacen presencia en al menos 213 municipios, según esta entidad. En últimas, la situación de riesgo que viven los aspirantes a Alcaldías, Gobernaciones, o funcionarios públicos, líderes políticos, entre otros, se ha venido intensificando con la preocupación de una tendencia al aumento. Transformar las medidas de seguridad Para Londoño, desde el gobierno pasado se habían empezado a formular nuevas iniciativas y mecanismos para mejorar las medidas de seguridad para líderes y lideresas sociales, líderes políticos y comunidades. “Se habían venido dando unos avances, de construcción enfoques distintos de seguridad porque es claro que las medidas de seguridad física y material se quedan cortas, darles chalecos a los candidatos, darles una camioneta, darles celulares en realidad no son medidas efectivas y no abarcan el problema”, puntualizó el investigador. Así las cosas, hay que transformar esa visión de seguridad y fortalecer las capacidades sociales, iniciativas colectivas. Hay que apostarle a que la seguridad se construya de la mano de los territorios, no solo fuerza pública y esquemas de seguridad, indicó.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad, Pares El departamento de Sucre, ubicado en la región Caribe, ha sido gobernado durante las últimas décadas por clanes políticos y económicos relacionados, directa o indirectamente, con grupos armados ilegales, así como con diversos casos de corrupción del orden local, regional y nacional. Las familias, fundamentalmente, son el eje sobre el cual se ha cimentado el poder en esta región del país, distribuyendo para sí y para sus aliados las arcas gubernamentales. La Fundación Paz & Reconciliación -Pares, ha escudriñado desde 2014 las elecciones del orden nacional y local, en relación con el comportamiento electoral del departamento de Sucre, los principales clanes políticos y las dinámicas de corrupción. El presente informe plantea una actualización reciente sobre la situación de cada clan del departamento; si se encuentran en supervivencia, en decadencia, o si se mantienen, mediante una breve revisión histórica del clan, sus dominios electorales y las apuestas para el presente año. En suma, son tres (3) clanes políticos que tienen su seno directamente en el departamento: el Clan Acuña, Clan García Romero y Clan Guerra Tulena; y dos (2) clanes que tienen injerencia indirecta: el Clan Ñoñomanía y Clan Chaguí-Pestana-Lyons. Descargue aquí el informe completo

Por: Daniela Gómez & Ariel Ávila, Pares. Congresistas en el SISBEN[1] Después de realizar una consulta en el sistema de beneficiarios del SISBEN, encontramos que en la actualidad existen 14 congresistas registrados en este sistema, siete (7) de los cuales se encuentran validados y siete (7) en validación por ingresos altos, es decir, su puntaje está siendo revisado por el DNP, dado que sus condiciones no parecen coincidir con lo registrado en el sistema. En los casos analizados, las últimas actualizaciones de los congresistas datan del año 2015 o de años previos, por lo que desde que asumieron su cargo no han realizado modificaciones de sus condiciones socio-económicas, a pesar de recibir salarios que rondan los 40 millones de pesos. Los casos graves son los de aquellos con puntajes por debajo de los 59, dado que desde este puntaje empieza a permitirse el acceso a los beneficios y subsidios que el Estado dispone para los más necesitados. Por ejemplo, Niltón Córdoba Mayoma, senador del Partido Liberal del Chocó, quedó clasificado con un puntaje de 28,53 sobre 100 que, de ser validado, le daría derecho a subsidios y ayudas de 11 entidades del Estado. Este congresista liberal ingresó al SISBEN en el 2013, un año antes de obtener una curul en el Congreso y después de haber ejercido como alcalde, concejal y tesorero municipal. Para tener una comparación del puntaje del congresista pedimos a un hombre que trabaja en el programa del Distrito Escobitas, quien devenga un salario mínimo al mes con el que sostiene una familia de cinco (5) personas, que nos compartiera su puntaje en el SISBEN. Como se aprecia en la imagen, este es de 18,66 , mientras el de senadores como León Fredy Muñoz, otro congresista del Partido Verde, es de 79 (lo que no le permite aplicar a ningún beneficio). En este orden, la calidad de vida del senador Córdoba estaría, según la encuesta que debería haber respondido para ingresar al SISBEN, más cercana a la del hombre que trabaja en el distrito que a la de su colega del Verde, lo cual resulta difícil de creer. Puntaje SISBEN hombre laborando en el programa distrital Escobitas. Puntaje SISBEN congresista Niltón Córdoba Manyoma Otro caso es el del representante a la Cámara por Caldas del Partido Conservador, Félix Chica, cuyo puntaje está en 33,79 que, de ser validado, le permitiría acceder a los beneficios del mismo número de entidades que a Córdoba. Su ingreso al SISBEN se dio en el año 2012, mientras ejercía como diputado del departamento de Caldas. Puntaje SISBEN congresista Félix Alejandro Chica. El SISBEN es el “ Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales que, a través de un puntaje, clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas”. A partir de dicho puntaje, los entes del ejecutivo tanto del nivel nacional como local seleccionan, dadas las partidas presupuestales con las que cuentan, a quienes entregaran los subsidios y ayudas que brindan. Este es un proceso de identificación de beneficiarios que es semiautomático, pues una vez se encuentran validados los datos la alcaldía selecciona automáticamente a el número de beneficiarios que puede atender con los subsidios, del puntaje más bajo al más alto. Los programas van desde subsidios al adulto mayor y la niñez, becas del extinto Ser Pilo Paga, hasta subsidios para apoyar a los pequeños campesinos otorgados por Ministerio de Agricultura[2], además de los programas sociales liderados desde los municipios y departamentos. Para ingresar al SISBEN el usuario debe solicitar ante su alcaldía que se le practique la encuesta que permite puntuarlos, posteriormente el ente remite los datos al DNP que lo registra y valida la información. Adicionalmente, es responsabilidad de los beneficiarios modificar el puntaje cuando existe algún “Cambio en las condiciones sociales y económicas del hogar”, no obstante, el DNP realiza validaciones periódicas para detectar personas que a pesar de cambiar sus condiciones socio-económicas no actualizan su información (ver gráfica a continuación). Aunque el salario no es un indicador que se tome en cuenta para puntuar en el SISBEN a un beneficiario, alegar que se tienen condiciones socio-económicas desfavorables cuando se devengan más de 40 millones de pesos resulta sospechoso, además de configurar una afrenta contra los millones de colombianos que sí se encuentran en condiciones desfavorables y ganan menos de un salario mínimo al mes. Gráfica 1. Proceso de ingreso al SISBEN Congresistas inscritos en el SISBEN validados o en proceso de validación por el DNP [1] Los datos hacen parte de la base certificada nacional- Corte junio del 2019- Sexto corte Resolución 3663 de 2018. Con la búsqueda de Puntaje del Sisbén. [2] No se encontró que ninguno de los implicados pertenenciera al régimen subsidiado de salúd. El registro a las EPS, en algunos casos, datan de diciembre de 2018 o de 2017. Esto se puede deber a un traslado de EPS.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La Fundación Paz y Reconciliación-Pares, participó este miércoles en el III Encuentro Internacional de Estudios Críticos de las Transiciones Políticas que se desarrolló en la Universidad de los Andes con la participación de varios expertos nacionales e internacionales. En uno de los paneles, titulado Mujeres excombatientes productoras de conocimiento: ejercicios de escritura sobre la narración de sí, se reunieron tres excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), respectivamente. Dicho escenario estuvo enmarcado en las vivencias de cada una de ellas en su paso por los grupos, en su rol como mujeres en la guerra, en lo que aprendieron, y lo que actualmente realizan luego de dejar las armas. Aunque cada una vivió experiencias distintas en el ingreso a ciertas estructuras armadas, todas coincidieron en la desmovilización individual, es decir, que se entregaron por voluntad propia a las fuerzas militares para iniciar un proceso de reincorporación. Otro punto en el que se unieron las tres historias, pese a las dinámicas diferenciales vividas en la guerrilla y en el paramilitarismo, es en el cual dejaron a un lado el tradicional discurso sobre las mujeres en armas que están relegadas a un comandante, y en ese sentido, no tienen voz ni voto. Por eso, consideraron esencial posicionar otra mirada desde el rol que tuvo el género femenino a lo largo de la guerra. Según comentaron en el conversatorio, cuando se habla de las mujeres combatientes suele pensarse en un sujeto débil y apolítico. Sin embargo, las tres excombatientes vieron la necesidad de narrar la guerra, de hablar sobre lo innombrable y de buscar la forma de contarle a las personas sus memorias en el marco del conflicto armado. “Hay una noticia que a mí no se me olvida y que me quedó grabada, tanto que posteriormente me alentó a escribir sobre las mujeres que se desmovilizan individualmente en la guerrilla. Hubo una chica del ELN que dio una entrevista, en la cual yo estaba, y dijo que cuando ingresó a ese grupo, y cuando los hombres salían a las tomas guerrillas, las mujeres se quedaban en los cambuches”, contó Ana Milena, integrante del foro y excombatiente del ELN. Según narró la panelista, esa excompañera de grupo describió que cuando los hombres llegaban del combate –“si les iba bien”- podían escoger entre las mujeres que estaban en los cambuches. “Eso me dio mucha indignación porque yo ingresé al ELN a los 13 años y salí casi a los 24 años y yo jamás viví eso. Estuve en varias estructuras de la organización y jamás viví una situación como esa”, agregó. En consecuencia, Ana Milena reiteró la importancia de sumar todas las voces del conflicto armado en la construcción de la memoria, puesto que, hay voces en las que algunas personas no se identifican y esto genera que se instrumentalicen ciertos discursos que terminan polarizando el país. Las personas trans en la implementación de la paz En horas de la tarde de este miércoles se desarrolló otro panel llamado Tránsitos vitales, tránsitos sociales, (in)justicias cotidianas, el cual se centró en el rol de las personas transgénero en la sociedad, la discriminación que viven a diario y la necesidad de que el gobierno y en general el Estado las escuche. La Fundación Pares habló con Melissa Monroy, experta en temas de género y quien trabajó en Caribe Afirmativo, organización que promueve los derechos de la comunidad LGBTI, sobre el situación que vive dicha comunidad y asimismo su rol en el Acuerdo de Paz. “Los retos son muchos, sobre todo al acceso de los derechos básicos como salud, educación, trabajo y el derecho a la vida porque en muchas regiones a las personas trans las matan por el hecho de ser trans”, sentenció Monroy. El objetivo de dicho foro era poder hablar del tema de personas trans en el marco de la justicia transicional, sin embargo, quedó el sinsabor de la complejidad para pensar en la justicia cuando ni siquiera se les tiene en cuenta al momento de la creación de estos sistemas transcionales. “Por ejemplo, en el sistema de justicia transicional todo está mal porque estas personas no se tuvieron en cuenta para ser atendidas de forma diferencial, para entender que las violencias contra ellas fueron sistemáticas y fueron desde diferentes actores, es decir, Estado, guerrilla, y paramilitares”, agregó la experta. Asimismo, Pares dialogó con Laura Weinstein, una de las panelistas y quien contó un poco sobre su trayecto como mujer transgénero y la postura sobre el Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las FARC, en materia de género. “Mi tránsito inició a partir de una necesidad de reconocimiento de construirme con lo que sentía, con lo que experimentaba, que todo estuviera acorde. Esto implicó responder muchas cosas pero todo encaminado a lo que todos y todas buscamos que es el ideal de una felicidad”, indicó. Para Weinstein, esto no fue una decisión, esto fue una cosa de siempre. En su caso, sabía que había algo diferente desde su niñez, sin embargo para aquella época de su vida no sabía qué nombre darle a lo que estaba sintiendo. “Esto no es una cosa de la noche a la mañana como que hoy amanecí muy trans, sino que eso pasa de una proceso de reconocimiento, por un proceso de entender de que existimos y podemos existir”, apuntó. Ya en el punto en el que se acepta tal cual es, llega la otra realidad y es la de la exclusión y estigmatización. Por consiguiente, Weinstein contó que desde antes de la firma del Acuerdo -cuando se puso en la agenda mediática todo el tema de género-, la comunidad ya venía de tiempo atrás intentando ser escuchada. De todas maneras, “yo creo que no quedó, o sea definitivamente no hay nada en el Acuerdo, y ese es uno de los grandes problemas y que no tuvo una mirada precisamente de las personas tras, desde una mirada desde estos cuerpos atravesados por la violencia. A parte pues no estuvimos como muchas otras poblaciones”, apuntó. Por ahora, siguen insistiendo porque necesitan ser escuchados, que sus voces tengan un receptor. Sin embargo, para las personas trans, al Estado se le ha dificultado entenderlas y reconocerlas. Finalmente, el llamado al gobierno es a que se comprometa con esta comunidad y en general con todos los grupos sociales que han sido estigmatizados y marginados a lo largo de la historia colombiana que está atravesada por el conflicto armado, por consiguiente, dejar atrás las pugnas políticas van a permitir que toda la nación piense qué quiere de la paz.

Por: Redacción Pares El Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 con la ex guerrilla Farc auguraba la disminución de la violencia, al menos en las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Sin embargo, las zonas dejadas por este grupo poco a poco han sido cooptadas por distintas bandas criminales que actualmente tienen amenazadas a las poblaciones, caso tal de la subregión del Bajo Cauca Antioqueño. De acuerdo con la Unidad Nacional de Víctimas (UNV) desde finales de 2018 se han presentado desplazamientos masivos en esta zona que está integrada por seis municipios: Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza, y en los cuales habitan alrededor de 319.000 personas. Según registros de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, el año pasado 8.983 personas fueron expulsadas de estos municipios, mientras en 2016 la cifra fue de 4.139, lo cual deja demostrado, en parte, la incapacidad estatal de retomar el control de estas zonas y mitigar la violencia. La situación de desplazamiento en la zona cada vez es más problemática debido a las amenazas a la población por parte de distintos grupos armados que están en constante disputa y control territorial como la Autodefensa Gaitanista de Colombia (AGC), los Caparrapos, grupos postfarc, neoparamilitares y ELN. Pares habló con una fuente en el territorio que hizo una descripción de primera mano de la zozobra y el temor que están sufriendo las comunidades que compone esta región del Bajo Cauca. Pares: ¿Cuál es la situación de seguridad en el territorio? La situación de seguridad es crítica, especialmente en Tarazá, Cáceres y El Bagre. Esto por cuenta de la confrontación armada que se está librando entre estructuras del Clan del Golfo, Caparrapos, ELN y la fuerza pública; los lugares donde se están presentando las confrontaciones más fuertes son en la zona rural de Cáceres y la zona rural de Tarazá. También hay que ponerle especial atención a la zona de La Caucana de Tarazá donde se está dando una articulación de disidencias de las Farc de lo que eran los frentes 18 y 36 con Caparrapos que tienen una confrontación con las AGC. Hay una falta de control total por parte del Estado y la institucionalidad. Las población civil se está viendo muy afectada. Pares: ¿Cuáles son los riesgos que enfrentan los procesos sociales? La estigmatización y hostigamientos a líderes y a asociaciones promotoras campesinas que hacen parte del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS, por parte de la fuerza pública. Además, también han sido amenazadas por las estructuras criminales. Los liderazgos se sienten intimidados y muchos líderes y lideresas han sido desplazados, especialmente de Cáceres y Tarazá. También ha habido un gran desplazamiento de personas que integran colectivos LGTBI, especialmente en Tarazá. Hay una incertidumbre muy grande para los liderazgos campesinos, sociales y cívicos en el territorio. Pares: ¿Cómo está situación de líderes y lideresas sociales? ¿Qué tipos de victimización se han presentado últimamente? Los líderes sociales han sufrido de asesinatos, especialmente los que promueven el Programa de Sustitución de cultivos ilícitos. A otros les ha llegado panfletos con amenazas. Y los que asumen liderazgo de la comunidad LGTBI también, especialmente en un sector conocido como El Doce, en Tarazá. Pares: Recientemente se llevó a cabo la Caravana Humanitaria por el Bajo Cauca ¿Qué buscaba este evento? ¿Qué se evidenció? ¿cómo se vivió el proceso? La Caravana Humanitaria fue una movilización ciudadana de unas 50 personas en Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia, Altos de Tigre y El Tigre. El mensaje principal fue que los actores armados sacaran de sus acciones a la población civil y visibilizar la profunda crisis humanitaria que está sufriendo el Bajo Cauca antioqueño, y los . Pares: ¿Qué efectos puede tener este evento sobre la población civil y los procesos sociales? Esos enfrentamientos generan terror, intimidan a los liderazgos sociales que promueven iniciativas comunitarias o articuladas a algún programa de sustitución, principalmente. Esto ralentiza los procesos sociales, desestimula los liderazgos en estos territorios y genera desplazamientos de la población y abandono de procesos sociales consolidados. Al generar tanto temor, paraliza lo que venía funcionando bien. Es una gran pérdida. Pares: ¿Las comunidades se han manifestado frente al evento? ¿Qué medidas pueden tomar comunidades y organizaciones frente a este evento? La Caravana Humanitaria también fue una medida tomada por las organizaciones sociales que le pidieron a los actores armados que desescalen los niveles de confrontación, que no involucren a la población civil. Creo que se vienen más manifestaciones civiles rechazando la violencia, protocolos de autoprotección, emitir alertas tempranas frente a posibles enfrentamientos, sobre todo en zona rural y cabeceras municipales, y habrá que esperar para determinar cómo las comunidades van a afrontar de manera organizativa este nivel de conflicto tan brutal que se está viviendo en nuestros territorios.

Por: Redacción Pares Este martes, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el gobernador de Chocó, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, y al secretario de Desarrollo Económico y Recursos Naturales, José Nixón Chamorro Caldera, por presuntas irregularidades en la licitación pública GDCHOCO-01-SDERN-2019, por más de $24.5000 millones, dirigida a pescadores artesanales de la zona. La licitación tiene por objeto la “consolidación de la cadena pesquera artesanal de la costa pacífica chocoana: Juradó, Bahía Solano, Nuquí, Bajo Baudó, el Litoral de San Juan”. El Ministerio Público busca determinar si existieron falencias en la identificación y caracterización de la población beneficiada y en las especificaciones técnicas de los estudios previos, que al parecer no registraron la necesidad que se pretendía satisfacer con la contratación. De esa forma, la entidad busca establecer si pudieron presentarse irregularidades en la descripción de los equipos y maquinarias requeridas, y de las actividades de funcionamiento, mantenimiento y sostenimiento de las mismas. El ente de control decretó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. La Procuraduría General solicitó a la gobernación de Chocó que como medida cautelar ordenara la suspendió la licitación pública GDCHOCO-01-SDERN-2019, con el fin de que se garantizara aplicación de los principios de transparencia, moralidad y selección objetiva al proceso de contratación. El Secretario de Desarrollo Económico y Recursos Naturales de la Gobernación de Chocó anunció la suspensión del proceso.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares La Fundación Paz y Reconciliación -Pares dió a conocer un informe en el que hizo un balance del año del gobierno de Iván Duque en materia de seguridad. León Valencia, director de Pares, señaló que la principal promesa de campaña de Duque fue la seguridad, compartiendo la bandera más representativa de su partido el Centro Democrático. En el primer año del retorno del uribismo hay unas disidencias armadas de las Farc en crecimiento y en alianza con las disidencias políticas. Precisamente, León Valencia expone los cinco leños prendidos que mantienen en alerta a nivel nacional a las comunidades quienes son las que han tenido que sufrir los embates de la violencia. En este sentido, el presidente Iván Duque tendrá que tomar una serie de decisiones que permitirán que cese, o no, la alarmante victimización producto de la presencia del Clan del Golfo, carteles mexicanos, el ELN, Caparrapos, disidencias de Farc y demás actores armados en el territorio nacional. PRIMER LEÑO PRENDIDO: EL REARME ANTICIPADO El primer leño prendido que dejó el Acuerdo de Paz, según analizó León Valencia, tiene que ver con la conformación de las disidencias que, con el paso de los años, desembocó en dos tipos de disidencias. Una de tipo armado que, desde el principio de la implementación de los acuerdos, dejaban ver facciones disidentes que se oponían a las dinámicas y los procesos del posconflicto. Este suceso, para el analista político, empezó a marcar un apartamiento del proceso de paz y de los compromisos con la justicia transicional. Resultó ser que, en efecto cascada, personajes como Romaña, El Paisa y, finalmente, Jesús Santrich fueron labrando un papel marginal en la implementación y, paralelamente, fortalecieron la idea de un posible rearme que se materializó el pasado jueves 29 de agosto, con la aparición del video de lo que se denominó como el surgimiento de “La nueva guerrilla”. De manera anticipada, Valencia advirtió el pasado miércoles 28 de agosto, en el marco de la entrega del informe ‘Más Sombras que Luces: la seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque’, sobre el riesgo que representaba ese leño prendido. Para el analista político, esta suma de eventos desencadenaría la unión de una disidencia política con la disidencia armada, lo que se conoce hoy como el rearme y la formación de una nueva guerrilla. Sobre ese panorama, que no tardó en materializarse, León Valencia advitió que “en eso ha tenido que ver divisiones y decisiones mismas de las Farc, pero también el ambiente que se creó frente al proceso de paz por parte del gobierno Duque”, señaló. Si bien, mediáticamente ha causado revuelo el anuncio del rearme de “La Nueva Guerrilla’, desde la Fundación Paz y Reconciliación se ha precisado que aún esta facción política disidente de las Farc no ha demostrado que, efectivamente, estén coordinadas con la presencia armada de las disidencias. Además, en caso de estarlo, la presencia actual de las disidencias en Colombia a nivel municipal llega a 85, frente a los cerca de 300 municipios en donde hacían presencia en el momento de la firma del Acuerdo de Paz. Asimismo, en la actualidad las disidencias son cerca de 1.800 exguerrilleros y antes de la desmovilización eran alrededor de 13.000. SEGUNDO LEÑO PRENDIDO: EL ELN Para León Valencia, el segundo leño prendido tiene que ver con el ELN, debido a que el gobierno de Iván Duque —que lleva 13 meses— recibió una mesa de negociación en La Habana que había dejado el gobierno del expresidente Santos. Existía “una perspectiva de un acuerdo de cese bilateral de hostilidades, de hecho, ya se tenía un 80% del acuerdo de dicho cese. El gobierno de Duque le puso unas condiciones al ELN razonables para darle continuidad a la mesa y el ELN no aceptó”. Esta fase demoró cerca de seis (6) meses, ‘un tira y afloje’, hasta que el ELN hace la brutal acción contra la Escuela de General Santander, rompiendo el proceso y marginando la idea que impulsaba fervientemente la sociedad civil sobre una ‘paz completa’. Este error por parte del Gobierno en el manejo con el ELN, se evidenció en que “rompe el proceso sin tener un plan b, ya que en realidad no ha golpeado al ELN en nada desde este momento. Contrario a eso, el ELN ha estado creciendo. Está consiguiendo dinero y está consiguiendo apoyos internacionales”, expresó Valencia. Ahora bien, a la fecha —según datos Pares— el ELN hace presencia en 101 municipios. TERCER LEÑO PRENDIDO: EL CLAN DEL GOLFO El Clan del Golfo es el tercer leño prendido que tiene que atender el Gobierno Nacional con mensaje de urgencia. A pesar de que había un debilitamiento del Clan del Golfo por divisiones internas, tal como lo señala Valencia —divisiones que se acrecentaron con ataques que hizo el gobierno anterior y, que se desarrollaron por planes especiales a manos de las FFMM—; no hubo acción contundente del Gobierno Duque para someterlo. Es más, Valencia precisó que existía una oferta de sometimiento a la justicia que generó que “una parte oficial de ese Clan del Golfo estaba dispuesto a dicho sometimiento y, con la llegada del gobierno de Duque, no se le dio continuidad a la iniciativa”. En este sentido, con las decisiones tomadas por el gobierno de Duque, “el Clan del Golfo empezó a fortalecerse internamente y a resolver sus problemas. Hoy en día es una fuerza otra vez con mucho rigor y que ha establecido alianzas en muchas regiones del país”. Uno de los elementos más preocupantes, según el analista político, tiene que ver con su alianza con carteles mexicanos, como otro factor al que el gobierno de Duque debe prestarle especial atención. La presencia del Clan del Golfo a nivel nacional se extiende en 250 municipios, según datos de Pares. Vale la pena recordar que, según como lo advierte el informe, la expansión municipal del Clan del Golfo no se ha dado “por el despliegue de contingentes armados destinados a la confrontación abierta y directa, sino que ha optado por vender la posibilidad de control territorial a grupos de menor escala. Este es el caso, por ejemplo, del Bajo Cauca Antioqueño o en Norte de Santander con la banda La Línea”. CUARTO LEÑO: FRONTERA CON VENEZUELA León Valencia se refirió a la zona fronteriza colombo-venezolana como el cuarto leño prendido que tiene que atender con urgencia el gobierno del Iván Duque. Máxime, por la forma en que Duque ha sorteado las situaciones que se desprenden del gobierno de Nicolás Maduro y la crisis que atraviesa el vecino país. “La idea de Duque de empeñarse de encabezar una coalición internacional para tumbar a Maduro ha hecho más difícil cualquier relación con el gobierno venezolano. Quien, entre otras cosas, ha quedado con las manos libres para apoyar procesos internos de violencia de Colombia”, señala Valencia. Desde la lectura que hace León Valencia, esto resulta indudable, puesto que la interpretación de Maduro sobre el empeño de Duque en tumbarlo, en llevarlo a la Corte Penal Internacional, ha producido una reacción por parte del gobierno de Maduro —ilegítima por demás— de apoyar actores armados, dar oportunidades y posibilidades de moverse en la frontera. Es más, Valencia precisa que hay sectores en Venezuela “como el arco minero en alianza con las disidencias, que se convierten en lugares de extracción de recursos económicos enormes que contribuyen al fortalecimiento del conflicto interno colombiano, y que impulsan estas guerrillas hacia adelante”. QUINTO LEÑO: SUBREGIONES QUE SUFREN VIOLENCIA Justamente, León Valencia, ha señalado que el quinto leño prendido que el Gobierno debe apagar con prontitud tiene que ver con las cinco (5) regiones en donde la guerra azota a sus comunidades y es una auténtica crisis de derechos humanos. Para Valencia, el llamado al Gobierno tiene que ver con priorizar en estas cinco (5) que resultan claves para detener el conflicto. Sobre el caso del Nudo de Paramillo, señaló que las autoridades deben tener una capacidad de reacción frente a una guerra ya extendida en esa región. Sobre Catatumbo, Valencia llamó la atención sobre el papel que juega en la crisis de la frontera colombo-venezolana. Referente al Cauca, recalcó que el departamento enfrenta tres guerras: al Norte, al Pacífico y al Sur, con actores que están produciendo una victimización enorme sobre las comunidades indígenas, especialmente. En la zona del sur del Vichada, Caquetá y Guaviare, León Valencia alertó de la presencia de las disidencias más antiguas de las Farc de este proceso de paz. Asimismo, señaló de la reciente conflictividad que se registra en la Sierra Nevada con actores que están incendiando esta zona. En este sentido, el gobierno no puede entrar en un papel letárgico pues el riesgo que corren las comunidades en las cinco (5) subregiones señaladas por el informe, es latente. El copamiento criminal habla de la incapacidad del Estado para garantizar seguridad a los habitantes, pues la violencia nunca se fue, a pesar de estar en el marco del posconflicto.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares y Juan Arturo Gómez Tobón, Colaborador Pares. La Organización Indígena de Antioquia -OIA, informó este martes sobre de la difícil situación humanitaria que se vive en los municipios de Dabeiba, Frontino, Urrao y Murindó en el departamento de Antioquia, debido a enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales. Según nota enviada por el alcalde de Murindó, Jorge Eliécer Maturana, son cerca de 1500 indígenas en estado de confinamiento, los cuales también expresan su intención de desplazarse al casco urbano, pero el número puede ser mayor debido al miedo latente de los lugareños. “El municipio no tiene cómo atender esta situación” expresa de manera angustiada. De acuerdo con la organización, las comunidades indígenas Embera Eyábida que habitan en Antioquia han quedado en medio del fuego cruzado aparentemente entre estructuras del Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional -ELN. Asimismo, expresó que Murindó, Frontino, Urrao y Dabeiba son los municipios más afectados por el recrudecimiento de la guerra y la presencia de actores armados. Los Embera Eyábida constituyen el 59% de la población indígena de ese departamento y están distribuidos de la siguiente manera: en el Urabá en cinco (5) municipios, entre ellos Murindó; en el occidente en tres (3) municipios, entre ellos Frontino y Dabeiba; en el suroeste en el municipio de Urrao; también en Ituango, y en otros del Bajo Cauca y el Valle de Aburrá. Según el comunicado, más de 1.000 familias indígenas están sufriendo el confinamiento en sus territorios y al menos 500 estudiantes indígenas no han podido asistir a clases por presencia de dichos grupos. Ante la situación, la OIC denunció a la opinión pública y ante los organismos defensores de Derechos Humanos, la grave situación humanitaria que se registra en las cuatro (4) zonas, “donde las comunidades indígenas son sometidas a la violación constante de los derechos fundamentales, por parte de los grupos armados al margen de la ley, que poco a poco hacen ocupación territorial de los territorios ancestrales”, indicó. Cronología Tal como lo registró la AIC, desde el pasado lunes 26 de agosto se agudizó la situación de orden público. Ese día se registraron enfrentamientos armado en Resguardo Indígena Genaturadó en el municipio de Dabeiba. Dos días después, se presentaron combate en el Resguardo Chageradó en el municipio de Murindó. Y el 31 de agosto, en el Resguardo Ampartradó Alto y Medio, comunidad Amparradó Alto, municipio de Frontino. La Fundación Paz y Reconciliación-Pares habló con un enlace territorial quien pudo constatar los enfrentamientos en el municipio de Frontino y expresó que en esta zona se están enfrentando el Clan del Golfo y el ELN por el control territorial. Estos hechos estarían ocurriendo en el corregimiento de Murrí, en la vereda La Blanquita y tienen en estado de alerta a una comunidad indígena, campesina y un grupo de excombatientes de las Farc que están en proceso de reincorporación. “Dicha situación ha generado que las familias indígenas confinadas no puedan desarrollar su vida de manera normal, poniendo en riesgo su mínimo vital, hoy por la siembra indiscriminada de minas antipersonas, no pueden buscar alimentos de pan coger o desarrollar actividades propias para su subsistencia como la caza y la pesca”, indicó la OIA. En ese sentido, la OIA llamó a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, a la Gobernación de Antioquia, y a organismos internacionales para que adelanten acciones conjuntas y se puedan mitigar inmediatamente los riesgos a los que están expuestas las comunidades. “Los pueblos indígenas estamos cansados de la guerra y exigimos el respeto por la vida, la autonomía y los recursos naturales, no más minas antipersonas en nuestros resguardos, no más confinamiento, no más trabajos forzosos, no más amenazas e intimidaciones, somos pueblos de paz que convivimos en armonía con nuestros hermanos y nuestros territorios”, sentenció la organización indígena. Dichos territorios se han convertido en espacios de interés para los grupos armados. En ese sentido, estos municipios son utilizados para la siembra de coca, materia prima de la cocaína, y posteriormente para la movilización de la droga, lo cual pone en riesgo a las comunidades por el posible reclutamiento forzado, confinamiento en las viviendas, así como la estigmatización, principalmente de líderes y lideresas sociales. Murindó asfixiado por grupos armados y olvido estatal El día de ayer, 2 de septiembre, llegaron al casco urbano de Murindó, después de caminar toda la noche, 50 personas desplazadas del resguardo de Turriquitadó Llano, entre los cuales hay 20 niños. Paz y Reconciliación -Pares, logró hablar con uno de los indígenas, quien pidió la reserva de su identidad por temor a su seguridad. Sus palabras fueron breves y con el tono de su voz dejó entrever el temor y la zozobra a la que están sometidos: “Llevamos varios días de intranquilidad; los grupos armados están a escasos 150 metros el uno del otro, por las noches lanzan ráfagas de fusil al aire, el otro responde de igual forma y nosotros estamos en el medio. Ambos controlan hasta el ingreso de una libra de sal con el pretexto de que es para ayudar, al contrario, no nos permiten la pesca, la caza y llegar a nuestros cultivos de pancoger. Si no nos matan las balas, nos morimos de hambre”. Pares tuvo acceso a un mensaje del alcalde de Murindó, en el cual le expresa lo siguiente: “Desde hace tiempo yo vengo reportando la presencia del ELN en las comunidades indígenas. Desde hace 12 o 15 días, ingresó un grupo considerable de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia a las comunidades de Gugua e Isla. Tienen a la población de Chageradó confinada y a pocos metros está el ELN, que también tiene la población confinada”. Según el DANE: el 92, 15 % de los habitantes de Murindó tiene bajo logro educativo y un 48, 89 % no sabe leer ni escribir y el 46, 63 de los infantes de Murindó, tienen barreras para acceder al cuidado en su primera infancia. El alcalde de Murindó En un diálogo sostenido con Pares, Jorge Eliecer Maturana, alcalde de Murindó, describió así la situación que vive hoy su comunidad: “No son solo las comunidades indígenas las confinadas, es toda la población, el miedo no nos permite movernos, vivimos un estado de tensión constante. Yo le digo a los grupos armados, nos lo queremos en nuestro territorio, somos gente de paz y queremos vivir en paz”. Pares: ¿Cuál es la situación de orden público de Murindó? Jorge Eliécer Maturana: Ayer tuve un Consejo de Seguridad y en este nos informaron que en el resguardo de Chageradó hay un grupo de las AGC y a escasos metros hay un grupo del ELN, en el resguardo de Murindó. Unos no los dejan salir y otro no hace lo mismo con el otro. El uno hace disparos al aire y el otro le contesta, en cualquier momento se da un enfrentamiento y los indígenas quedaran en medio del fuego cruzado. «El mensaje es que no queremos ni guerrilleros ni paramilitares. Que nos dejen el territorio en paz.» Pares: ¿Qué se evidenció en el Consejo de Seguridad? J.E.M: Después de una visita a terreno por parte de la Personería Municipal, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Delegada para lo Étnico, ellos me informaron que cuando llegaron, a una comunidad la tenía reunida un grupo armado, y otra de más arriba también la tenía reunida un grupo armado diferente. Pares: ¿Por qué se disputan este territorio? J.E.M: Por un lado, esto es corredor estratégico que comunica a Antioquia con el Pacífico, por otro lado los cultivos de coca han aumentado después de la firma de los acuerdos. Esta gente compra coca y el gobierno no busca la sustitución de cultivos. El campesino la quiere, pero necesitamos vías y precios de sustentación que permitan una vida digna. Pares: ¿Esta situación es nueva o viene de tiempo atrás? J.E.M: Mire, la paz la vimos como un sueño realizado con la firma de los acuerdos con las Farc; salió el frente 34 de las FARC y a los dos meses ya estaba el ELN, pero no el Estado. Desde el 2017 se nos están dando desplazamientos, siempre nos toca atenderlos con nuestros recursos. Los que estamos viviendo esta guerra por años en carne propia, nos sentimos abandonados por el Estado. La Fundación Pares ha registrado desde noviembre de 2016 hasta la fecha 292 defensores de derechos humanos asesinados, de los cuales 43 casos corresponden al perfil de líder indígena. Asimismo, Antioquia es el segundo departamento que más presenta casos de asesinatos contra defensores.