Por: Redacción Pares El Secretario General de las Naciones Unidas y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia rechazó y condenó enfáticamente la decisión de un grupo de exmiembros de las FARC-EP de regresar a las armas, asegurando que la paz y la democracia continúan siendo la única solución para la estabilidad del país. “No hay justificación para regresar a las armas en Colombia”, dijo el portavoz del Secretario General este jueves ante la noticia de que un grupo de excombatientes de las FARC-EP ha decidido rearmarse. Stéphane Dujarric reafirmó el total apoyo de las Naciones Unidas al proceso de paz y resaltó el compromiso diario con la paz de la gran mayoría de los miembros del hoy partido político de las FARC. “La decisión de dejar las armas y buscar sus objetivos a través de medios democráticos fue la decisión correcta históricamente, y continuamos apoyando los esfuerzos del Gobierno de Colombia y de todas las partes para implementar el proceso de paz y para superar todos los obstáculos que hagan falta”, recalcó el portavoz. También se hizo eco de las palabras del portavoz destacando el firme compromiso de la inmensa mayoría de hombres y mujeres en el proceso de reincorporación que sigue cumpliendo con el Acuerdo y los instó a persistir en su voluntad de paz. “El Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP en el 2016 ha puesto fin a cinco decenios de confrontación. La Misión de Verificación enaltece la resiliencia de la sociedad y las instituciones colombianas y hace un llamado a que se mantenga la fe en un proceso de paz que ha permitido salvar miles de vidas”, indicó el funcionario. "No hay justificación para regresar a las armas" y "nadie quiere ver a #Colombia retroceder", asegura el portavoz de la ONU ante el anuncio de esta mañana del rearme de un grupo de excombatientes de las FARC-EP. @MisionONUCol @onucolombia pic.twitter.com/ulKfRrBQpl — Noticias ONU (@NoticiasONU) August 29, 2019 La Misión recordó que la construcción de la paz es compleja y de largo aliento y pidió que se redoblen los esfuerzos para implementar el acuerdo. La presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa, también reaccionó a través de su portavoz, asegurando que se encuentra profundamente preocupada por la situación. “Espinosa asegura que el camino a la paz que Colombia eligió hace unos años es la mejor decisión para continuar con la paz y el desarrollo sostenible, no solo en el país sino también en la región”, dijo Mónica Grayley, quien añadió que la presidenta espera que todas las partes continúen comprometidas con el acuerdo.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares En la subregión del Norte del Cauca nadie se salva de la violencia. La Defensoría del Pueblo corroboró este lunes la masacre perpetrada en contra de la candidata a la Alcaldía de Suárez, Karina García, por el Partido Liberal, quien se desplazaba junto con otras cinco (5) personas en el corregimiento de la Betulia. Tras la confirmación de la entidad, el liberalismo exigió al gobierno de Iván Duque garantías de seguridad, puesto que, han sido varios casos en lo corrido del año en los cuales la vida de los candidatos de varios partidos en el norte del Cauca se ha visto amenazada ad-portas de las elecciones regionales La situación en dicha zona es tan grave para la seguridad de los candidatos, de la comunidad y de los líderes y lideresas sociales por la presencia de las disidencias de las FARC, el ELN y los “Pelusos”, que el 15 de agosto la Defensoría emitió una alerta temprana del municipio de Suárez, Cauca. “La población es de 17.047 habitantes, de los cuales 5.278 personas ubicadas en zona urbana y 11.769 habitan en la zona rural. Del total de la población se encuentran en situación de riesgo aproximadamente 11.229 habitantes, es decir el 65.9% de la población total”, expresó la entidad. Disputa electoral ensombrecida Karina García recibió el aval del Partido Liberal el pasado 27 de julio y era la única candidata mujer para la Alcaldía de Suárez. Una semana atrás de este fatal episodio que le quitó la vida, García publicó un video en Facebook en el cual denunció la amenaza por parte de grupos armados desconocidos en contra de su campaña. “Esta semana el miércoles 21 de agosto, mientras un grupo de mi candidatura se dirigía al corregimiento de Betulia a poner la publicidad, cuatro sujetos armados manifestaron ser de un grupo al margen de la ley y que tenían la orden directa de no permitir que mi publicidad fuera puesta y que además debía ser retirada la que ya hubiera sido instalada”, expresó la entonces candidata. Según narró García, del grupo de campaña le preguntaron a uno de los hombres si esta medida era contra todo los candidatos del sector, a lo cual, le respondieron que esto era solamente con la publicidad de Karina. “Surgen varias dudas, una de ellas es ¿qué tanto les preocupa a los candidatos que estemos hablando y pensemos dar un cambio real y segundo para el señor alcalde municipal como principal autoridad de este municipio, si fuera otro candidato al que le estuviera pasando esto, o fuera el candidato de la administración estarían actuando con la misma omisión que hoy lo hacen?”, agregó en la red social. Asimismo, pidió garantías para todos los candidatos, y seguido a esta solicitud también exigió a sus contrincantes dejar de suministrar información falsa públicamente. Expresó que “no continúen haciendo frente a estos grupos armados comentarios irresponsables acerca de mi candidatura, comentarios que son falsos como que yo voy a traer a los paramilitares, como que voy a traer a las multinacionales, que le voy a quitar las tierras a la gente”, apuntó. Y es que de acuerdo con información que pudo recopilar la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, con enlaces en el territorio, el padre de García es socio de una compañía minera, y en consecuencia se crearon varios rumores en el marco de su campaña sobre sus alianzas y futuras políticas de gobierno. “No sean irresponsables esto puede traer para mí consecuencias incluso fatales”, auguró ocho días antes de ser asesinada. Este lunes infortunadamente las autoridades hallaron una camioneta incinerada en La Betúlia, e inicialmente se informó a la prensa sobre un posible secuestro. Sin embargo, con el paso de las horas se corroboró que García, en compañía de su madre, escoltas y un candidato al Consejo, fueron acribillados y posteriormente calcinados al interior del vehículo. Sin embargo, esta no es la primera vez en el Norte del Cauca que se presentan este tipo de amenazas. El pasado 16 de mayo, César Lizardo Cerón, también candidato para la Alcaldía de Suárez, fue interceptado por dos sujetos que lo hicieron bajar de la motocicleta por el corregimiento de La Toma, lo golpearon, y luego la incineraron, pero por fortuna salió ileso. La Fundación Pares ha registrado desde enero siete (7) hechos victimizantes asociados a violencia electoral en el departamento del Cauca, y en la mayoría de los casos no se ha podido determinar la autoría del perpetrador.Cabe recordar que, en el 2015 el dirigente social y exalcalde Benicio Flor fue asesinado en Suárez, quince (15) días antes de las elecciones de ese año. ¿Qué grupos operan en esa zona? En el último informe de Pares, Más Sombras que Luces, fueron presentados tres (3) factores que actualmente influyen en la situación de seguridad que actualmente se vive en el norte del Cauca tras la firma del Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc. El primero corresponde a las nuevas estructuras que llegaron a disputar el control territorial como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el Frente José María Becerra; y el Ejército Popular de Liberación (EPL) o “Pelusos”, proveniente del Catatumbo, con el Frente Suroccidental Andrey Peñaranda Ramírez. Según la investigación, ambas estructuras armadas han querido demostrar su capacidad bélica a través de hostigamientos, pero también dirigidos hacia las comunidades que se resisten al control social y territorial. El segundo, hace referencia al rápido surgimiento de grupos postfarc que con el tiempo se han agrupado en lo que hoy se autodenomina “Nuevo” Sexto” o “Frente Sexto” y “Frente 30 y las columnas móviles Miller Perdomo y Jacobo Arenas, conformados por miembros de la zona y que entraron en confrontación tanto con el ELN como con el EPL. Y por último la confrontación de estos tres grupos contra la Fuerza Pública, tal como lo ha denunciado la Defensoría en las alertas tempranas. Según la entidad, la población civil ha quedado en medio del fuego cruzado. “Una de las características de la violencia en toda esa subregión es la que pretende debilitar el tejido social propio de las comunidades afro e indígenas. Esto se ha expresado a través de amenazas y asesinatos selectivos de líderes que se oponen y resisten a la entrada y consolidación de las Estructuras Armadas Ilegales (EAI)”, reza el informe. En ese sentido, todo indica que hay una presencia fuerte de las disidencias de las Farc, sobre todo en los municipios de Suárez y Buenos Aires, reagrupadas en la autodenominada “Columna Móvil Jaime Martínez”, tal como lo contó a la Fundación Pares, Rossi Muñoz, defensor regional del Cauca. “La situación es bien compleja. Nosotros habíamos advertido en un Consejo de Seguridad electoral sobre las amenazas en contra de esta candidata y ocho días después se materializan los hechos”, apuntó. García fue personera de Suárez, Cauca, tenía un hijo, y ahora las autoridades están en la tarea de establecer quién fue el responsable. Según Rossi, la Defensoría había evidenciado y pedido a las autoridades la protección de la candidata. Sin embargo, no se tiene conocimiento si su esquema de seguridad era suficiente por las constantes amenazas.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Tal y como lo pronosticó la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, después de la conmoción que desató el video en el que alias ‘Iván Márquez’, alias el ‘el paisa’, alias ‘Romaña’ y alias ‘Jesús Santrich’ —en compañía de cuatro (4) mandos más— anunciaran rearme de una facción de la disidencia política de la otrora guerrilla de las FARC, este fin de semana se conoció un nuevo video en el que Santrich se dirigió al país señalando que, en una reunión de comandancia que se desarrolló entre el 22 y 24 de agosto se decidió, entre otras cosas, lanzar el denominado ‘Plan Estratégico Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia’ en el que insistió unir esfuerzos con la guerrilla del ELN e incluso hizo un llamado a los integrantes de la Fuerza Pública a ‘caminar juntos’. El nuevo video El anuncio de la ‘nueva guerrilla’, como la denominó la prensa, se refirió al incumplimiento por parte del Estado colombiano frente a lo acordado entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC. De hecho, Santrich dijo que “el expresidente Santos juró, con impostada voz de Nobel de Paz, que no cambiaría ni una sola coma de lo pactado”. Sin embargo, el exguerrillero instó que, desde la firma, lo pactado fue escamoteado y que con el gobierno del presidente Iván Duque “no se han respetado los principios que rigen las negociaciones”. En este sentido, Santrich advirtió dos escenarios una constituyente o la vía armada. Asimismo, en el anuncio Santrich se refirió a que existen unas herramientas para seguir intentando una salida concertada, que impulse un proceso constituyente abierto y con garantías de actuación, tal como lo expresó en el video. “En la introducción del Acuerdo Final de La Habana hay un compromiso que indicaba a hacer la convocatoria a todos lo partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país; para concertar un acuerdo político nacional encaminado a definir las formas institucionales necesarias para atender los retos que la paz demanda, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social»agregó. Un reencauche de Marquetalia En esta nueva ‘etapa de lucha’, como la llamó Santrich, la facción política de la disidencia de las Farc pretende darle comienzo a la ‘segunda Marquetalia’. De esta forma llamaron la formalización del relanzamiento y reconstrucción tanto de la organización, las milicias, el partido comunista clandestino y del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, tal como lo denominaron en el comunicado. Frente a un comunicado enviado por la “nueva guerrilla”, en la que, como en el video, se habla de una de una Constituyente o ese ‘gran pacto por un gobierno alternativo que materialice la paz’, es a la que se refirió Santrich; el presidente Iván Duque respondió que “Colombia no come cuento”. El mandatario señaló que “Eso no es nada distinto a que quieren nuevamente gozar de beneficios para eludir lo que ya se hizo evidente por parte de la acción coordinada de la justicia. Ellos son narcotraficantes, son criminales y quieren desafiar a Colombia y los vamos a derrotar”. La hoja de ruta de las FF.MM. De igual forma, el Ejército respondió a las intenciones esgrimidas por la disidencia política, sin embargo, lo hicieron por medio de un video y el mensaje fue expresado por el comandante del Ejército Nicacio de Jesús Martínez Espinel. El general Nicacio, en compañía de los generales y comandantes de los comandos conjuntos, anunció la aplicación de una estrategia que pretende combatir a los grupos armados ilegales. A pesar de la polémica de los formatos para doblar las bajas, salpicaron a Martínez Espinel y las presiones que se conocieron por la prensa de las practicas para conseguirlos; precisó que no habrá cambios en las estrategias que puedan alertar sobre la reaparición de practicas como las de los formatos. Un miedo latente “Nosotros seguiremos efectivos como lo hemos venido siendo hasta el día de hoy, cumpliendo lo que la ley nos dice que tenemos que hacer, la disposición es de colocar a aquellas personas que estén fuera del marco de la ley a disposición de las autoridades”. Sin embargo, la advertencia que no habrá cambios en la estrategia, Martínez Espinel, señaló que, aunque esos formatos fueron retirados, si serán actualizados 24 manuales de guerra que definirán el devenir de la situación de seguridad en materia territorial. Martínez Espinel agregó que “Tenemos unos parámetros, unas reglas, unos procedimientos, unas normas, unas técnicas, unos manuales. Es más, en estos días vamos a actualizar 24 manuales para sacarlos a nuestras tropas”. Por ahora, se espera a que se conozca la hoja de ruta que definirá esa actualización del Plan de Guerra, que ya ha suscitado extensas reuniones. Cabe recordar la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura en contra de los guerrilleros rearmados. Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz también emitió orden de captura en contra de alias EL Paisa, Santrich e Iván Márquez. Dardos en la frontera También cabe señalar que el presidente Duque ha caldeado la situación, pues frente al resurgimiento de la intención armada por parte de las Farc, Duque se refirió al presidente de Venezuela, NicolasMaduro, comparándolo con los talibanes con Al Qaeda, pues a juicio del mandatario colombiano Maduro se asemeja por “proteger y auspiciar terroristas en clara violación a Resolución 1373 de ONU”.

Por: Redacción Pares Tras la confirmación de la decisión del Canal 1 sobre la salida del aire de Noticias Uno, la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP, manifiesta que «esta decisión es de carácter corporativo, obedece a la crisis económica sobre los medios de comunicación y se enmarca en un patrón que afecta a otros medios que se han visto en la obligación de tomar decisiones similares que incluyen, el recorte de personal y la reducción de sus operaciones.» Según la FLIP, el Canal1 afirmó que no recibieron presión evidente por parte del gobierno y que se trata de una decisión de los socios mayoritarios —Hemisphere Media— quienes optaron por sacrificar el noticiero del fin de semana dentro de sus proyecciones financieras a pesar de ser uno de sus activos más valiosos en términos periodísticos. Asimismo, señaló que una de las causas de la crisis económica del Canal 1 tiene que ver con no haber podido acceder a otros anunciantes, ya que los otros canales de televisión abierta tienen contratos de exclusividad con potenciales contratantes de publicidad. Esta controversia, que podría constituir una práctica de competencia desleal, está en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, un organismo que depende directamente de la Presidencia de la República. Una prueba para la democracia Si bien la FLIP no advirtió injerencias directas del Gobierno Nacional en esta decisión, la salida del aire de Noticias Uno pone a prueba el talante democrático del Estado colombiano. «En manos del gobierno están decisiones críticas con respecto al futuro financiero de los medios, entre ellas, resolver la controversia sobre abuso de posición dominante de los competidores en televisión y buena parte de la regulación del sector. Personas con posición de liderazgo dentro de la empresa advirtieron a la FLIP sobre este escenario.» Un factor, señaló la FLIP, que incidió en la decisión de sacar del aire a Noticias Uno es que el Grupo Aval, anunciante histórico y muy importante de ese espacio, retiró la totalidad de su pauta afectando notablemente los recursos para la operación del canal. Finalmente, la FLIP explica que con la salida del aire de Noticias Uno pierde el pluralismo informativo en Colombia. La homogeneidad del cubrimiento periodístico en nuestro país hace que este hecho represente una pérdida significativa para la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar bien informada.

Por: Redacción Pares El Encuentro por la Verdad #ReconocemosSuBúsqueda: “Reconocimiento a la persistencia de las madres y familias buscadoras de personas desaparecidas”, se llevó a cabo entre el 26 y 28 de agosto en la ciudad de Pasto, Nariño. El acto de reconocimiento fue organizado conjuntamente por la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Durante los tres días, hubo encuentros académicos, intercambios de experiencias nacionales e internacionales, acciones culturales y simbólicas, y un acto que permitió el diálogo entre las instituciones y familiares buscadores de personas dadas por desaparecidas, en el que se reconoció su persistencia. Las asociaciones aprovecharon el espacio para dar a conocer a sus familiares desaparecidos y honrar su memoria; al mismo tiempo destacaron las actividades artísticas que les han servido para sobrellevar el dolor y retomar fuerzas para seguir en la búsqueda que por momentos parece no tener fin. Foto: Pares “Queremos que está sea la búsqueda de la mano de un país que le duele que quiere la verdad. Que no sea solo un evento al año”, afirmó Lida Quevedo de la Fundación Yovany Quevedo ‘Lazos De Vida’. Mientras que Martha Oviedo aseguró: “Que responda el Estado. No más desaparecidos forzadamente. No más impunidad”. Mientras que Luz Marina Hache, quien busca a su esposo Eduardo Loffsner Torres desde hace 32 años expresó: “No compartimos la memoria oficial que dice “quien sabe en qué andaba” o “por algo sería”. «El dolor nunca se va a ir» “El dolor nunca se va a ir, pero hemos trabajado para estar mejor, nos apoyamos y nos damos fuerzas cuando lo necesitamos. Ahora seguimos luchando, algunas por justicia y otras porque siguen buscando a sus familiares”, indicó Ydalí Garcerá, madre de uno de los jóvenes de Soacha asesinados y presentado como baja en combate en los mal llamados ‘Falsos positivos’. El artista Pedro Ruiz se refirió al arte como un elemento de consuelo y de transformación: “Para esta obra me inspiré en el amor que es el arma que nos puede ayudar a sobrevivir”. Foto: Pares En una de las jornadas se hizo la entrega oficial de la talla en madera ‘Corazón abierto’ por parte del artista Pedro Ruiz y La Paz Querida a la ciudad de Pasto, un reconocimiento a las madres buscadoras que reposará en la Casa de la Memoria. Por su parte, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado colombiano, Luz Marina Monzón, expresó que «La UBPD reconoce la valentía, dignidad y persistencia de sus familias en la búsqueda de sus seres queridos y reafirma su compromiso en acompañarlas, apoyarlas, asesorarlas y fortalecerlas en esta búsqueda desde su labor humanitaria.» “Están las mujeres buscadoras de todos los lados, los que buscan ante los crímenes de Estado, los que buscan a los desaparecidos de la guerrilla, los que se llevó a las montañas que nunca aparecieron, que son buscado hace 10 años o más, los que desaparecieron los paramilitares…”, dijo Francisco de Roux, director de la Comisión de la Verdad. Foto: Pares En este acto Francisco De Roux expresó: “Gracias a las mujeres, buscadoras incansables de nuestra dignidad como colombianos”, mientras que el artista Pedro Ruiz se refirió al arte como un elemento de consuelo y de transformación: “Para esta obra me inspiré en el amor que es el arma que nos puede ayudar a sobrevivir”. «La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado colombiano entiende que la desaparición forzada en Colombia ha afectado a miles de familias y a la sociedad en su conjunto y que es necesario solidarizarnos humanamente con el dolor.» explicó su directora, Luz Marina Monzón. Foto: Pares En el acto de cierre, la comisionada Marta Ruiz también afirmó: “Las buscadoras, esas personas que con un retrato en la mano se han rebelado contra la dictadura del negacionismo y el olvido, contra el cinismo y las justificaciones, y le han dado a Colombia y al mundo una lección de dignidad, de humanidad. Ellas señalan caminos para afrontar un pasado doloroso, que todavía se niega a ser pasado”

Por: León Valencia, director – Pares Leí que la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, señalaba su preocupación por la utilización que harían “los polarizadores” del anuncio de Márquez de volver a la guerra. Decía que estos aprovecharían para insistir en sus críticas al acuerdo de paz. Me llamó mucho la atención esta nota. Pocas veces había visto a alguien con mucho criterio decir que en algunas fuerzas políticas y personas hay una expresa intención de polarizar el país, y también porque le atribuye esta intención a quienes atacaron las negociaciones de La Habana y el acuerdo firmado con las Farc. Sería injusto decir que el uribismo y sus aliados son los únicos que han impulsado la polarización del país. En distintos momentos Juan Manuel Santos y sus aliados, o Gustavo Petro y sus aliados, también han sido muy activos en la polarización. Pero tiene razón la rectora, el expresidente Uribe y sus seguidores son los principales gestores de la polarización y quienes más se han beneficiado de ello. Han sido además bastante astutos en esta tarea. Tanto en el primero como en el segundo mandato de Uribe lograron ubicar, a todos los que hacían oposición o criticaban al lado de la guerrilla y del llamado castro-chavismo, con ese expediente los sacaban de la característica de rivales legítimos y los situaban en la condición de enemigos jurados de la democracia. En esa perspectiva metieron a las Cortes, a muchos periodistas, a la izquierda, a las organizaciones sociales y a uno que otro dirigente político de los partidos tradicionales que se atrevía a enfrentarse a un gobierno con altos registros en las encuestas de opinión. Pero en ese tiempo, los partidos tradicionales, con alguna disidencia temporal del Partido Liberal, acompañaron a Uribe. Fue en el mandato de Juan Manuel Santos cuando la polarización se hizo carne y sangre de la vida colombiana. Uribe declaró traidor y enemigo jurado a Santos por el atrevimiento de poner en marcha un proceso de paz, y fue Santos el que recibió el bautizo de aliado de la guerrilla y castro-chavista insigne. Amparado en esta bandera, Uribe hizo la más despiadada oposición política y les sacó el mayor jugo a estas ideas. Una parte del país le compró el discurso y la vida pública del país entró en una crispación que rivalizaba con la época que antecedió a la violencia liberal-conservadora de los años cincuenta del siglo pasado. Lo que es extraño, muy extraño, es que después del triunfo de Duque, cuando el uribismo vuelve al gobierno, esta facción política insista en ser el más acuciante líder de la polarización del país. Lo lógico es que una fuerza en el gobierno trate de apaciguar los ánimos y buscar acuerdos para generar una gobernabilidad eficiente. En efecto, al principio del gobierno de Duque hubo un intento de superar la polarización, pero la idea se abandonó cuando apenas transcurrían los 100 días de gobierno. En esta decisión influyen también, y de manera muy importante, los líos judiciales del expresidente Uribe. Piensa Uribe que contra él hay una conspiración de las Cortes y ve como solución una polarización donde todo parezca una persecución sin razones a la figura del líder. Duque optó entonces por seguir los pasos de Donald Trump en Estados Unidos, de Jair Bolsonaro en Brasil y de otros gobernantes del populismo de derecha que en los últimos años suben al poder y se empeñan a fondo en mantener la crispación con todas las fuerzas políticas que no tienen una plena coincidencia con sus propuestas. La polarización es un artificio, una exageración de las diferencias, una estrategia de falsas noticias y trilladas consignas para exacerbar el odio contra los contradictores políticos, para situar a los opositores en la vereda de la enemistad absoluta. En esta semana han vuelto las versiones más extremas. Vieron, dicen, el proceso de paz era una farsa, era una entrega de Santos a las FARC que ahora queda al desnudo. El más duro es Uribe que propone, sin rubor alguno, “bajar de la Constitución todo el acuerdo de paz” deshacer todo lo firmado.

Por: Juan Arturo Gómez Tobón, Colaborador Pares. Fernando Jaramillo se considera “una marica que lucha por la igualdad en Urabá”. Su voz gruesa y su mirada penetrante se quiebran cuando habla de su secuestro y violación. A sus 61 años organiza plantones para protestar contra la violencia sufrida por la población LGTBI. “Nos golpean, nos apuñalan, nos amenazan y nos matan. Ser líder y gay es un peligro mayor en Urabá”. Pares habló con este líder LGTBI de Urabá. Fernando no olvida esa madrugada de noviembre de 1985 cuando miembros de las FARC-EP lo sacaron a rastras de su casa en Chigorodó. Aunque las huellas en su cuerpo, su salud y su alma siguen vivas, Fernando es un activo defensor de los acuerdos, tan es así, que su sueño es ser Juez de Paz en su pueblo y casi lo logra, pero lo dicho por dos hombres: “¡Marica hijueputa, te callas y dejas de hacer política o te matamos!”, mientras lo amenazaban con un revólver. Ese recuerdo se volvió una pesadilla. PARES: ¿Quién es Fernando Jaramillo? Fernando Jaramillo: Luis Fernando Jaramillo Medina, es un líder comunitario en la subregión de Urabá y lidera la corporación Todos Somos Iguales. Mi lucha en la subregión es por la dignidad de la población LGBT. Es triste que en pleno siglo XXI, aún no seamos reconocidos como seres humanos y sujetos de derechos. Sufrimos discriminación por las iglesias, en los hospitales y en algunas oficinas del Estado. Cuando escuchan el tono de nuestra voz, la respuesta inmediata es una actitud de rechazo y hasta de asco. 34 años después de ser secuestrado y violado por dos meses por miembros de las FARC-EP, Fernando visitó la JEP y se convirtió en la primera persona en hablar sin censura sobre la violencia sexual contra hombres ante este tribunal. Foto: Lina María Díaz. PARES: ¿Qué acciones concretas ha liderado? F.J: Desde la corporación damos charlas de salud sexual, asistimos en la enfermedad sin distingo de género. Luchamos por el derecho a la vida de la población, no es justo que después de recoger a una transexual tirada en la calle, casi muerta producto de puñaladas, nos toque hacer plantones para que la sociedad se conmueva. Cansado de la indiferencia social y política, logré que cinco, de los seis candidatos a la alcaldía, firmaran el compromiso de la creación de una política pública para la población LGBT. Sin embargo, solo el señor Edgar Payares no lo firmó, ni se dignó asistir a la cita. Está iniciativa se está regando por Urabá y pronto haremos algo igual en Mutatá. Eso de que a las maricas solo nos busquen para inflar bombas y tender los manteles en los actos protocolarios, se tiene que acabar. PARES: ¿Cuáles son tres puntos principales incluidos en el documento? F.J: Son múltiples exigencias: ser tratados como personas, respeto a los Derechos Humanos, acceso a la justicia, a la salud, a la recreación, a la cultura y al trabajo sin discriminación por identidad de género. Pero también ser incluidos en programas de vivienda. A la marica le toca putiar para pagar una pieza o conseguirse un bocado de comida. Lo que busco es el reconocimiento de nuestros Derechos Constitucionales y una vida social digna. PARES: ¿Es difícil ser gay en Urabá? F.J: Ser marica, transexual, lesbiana o bisexual declarado en Urabá es un acto heroico. Históricamente hemos sufrido maltrato por todos los actores del conflicto, nos matan, nos violan y hasta les han exigido vacuna a las maricas que se prostituyen. Todo esto ante la mirada complaciente de las autoridades y de indiferencia de la sociedad de la región. La voz de Fernando se rompe, hay un silencio, respira profundo, como intentando sacar a flote las palabras desde lo más profundo de sus miedos y continua: la noche del 19 de octubre de 1985 tocaron a mi puerta, al abrirla recibí un golpe en el vientre, me pusieron un costal en la cabeza y me subieron al Trooper verde en el que desparecían a las personas. Horas después desperté en un cambuche con el grito del comandante: “¿esta es la marica famosa de Chigorodó? Quítenle la ropa, ahora se va a saber lo que es tener un hombre encima”. Por tres meses fui víctima de vejámenes, que hasta pena da relatar. Hubo noches que fui violado hasta por tres hombres. Tengo secuelas en la piel, sufrí daños irreparables en anillo rectal y aún hoy siento temor cuando un hombre me acaricia. El 29 de marzo, Fernando, al lado de transexuales, lesbianas, gais y bisexuales entregó a la JEP dos informes sobre la violencia en contra de 879 personas de la población LGBT. Foto: Lina María Arias. PARES: ¿Ha llevado su caso ante la JEP? F.J: Sí, pero lo más importante es que estoy colaborando para que la verdad de la población LGBT sea incluida en el marco de posacuerdos. Hemos logrado que la JEP haya venido dos veces a Urabá a escuchar la población LGBT y fuimos con 120 víctimas de violencia sexual de la región a una audiencia ante este tribunal en Bogotá. Ya pusimos a rodar la ruleta y dejaremos de ser tratados como ganado de feria. PARES: ¿Teme por su vida? F.J: Fernando Jaramillo solo puede andar por los alrededores de su casa, si tiene que ir al médico o a una reunión debe buscar acompañamiento de la policía. Dos hombres encapuchados llegaron a mi casa a las 5:30 de la mañana, tocaron la puerta y apenas abrí, me dijeron: “¡Marica hijueputa, te callas y dejas de hacer política o te matamos!”. Cuando yo cerré la puerta, pensaron que me había ido, dijeron un nombre, ese nombre está en conocimiento de la fiscalía. PARES: ¿De dónde cree que vienen esas amenazas? F.J: Yo me lancé como candidato para ser juez de paz del municipio de Chigorodó, saqué la mayor votación, pero acá existe una clase rancia en la política que quiere manejar todo. En medio de una coyuntura electoral, ellos vieron en mí una amenaza. En este momento no le estoy haciendo proselitismo político a ningún candidato a la alcaldía, sí estoy haciendo política en favor de la población LGBTI, para que el próximo alcalde creé la política pública para esta población; solo uno no lo firmó. PARES: ¿Cuál cree usted que sean las causas de esas amenazas? F.J: Urabá es el territorio más golpeado por la violencia en Colombia. El 86% de la población es víctima del conflicto armado, acá es normal acallar con balas a quien busca la verdad. Mire, que una marica vieja y que no tenga donde caer muerta haya ido a la JEP a denunciar su caso, genera impacto en el resto de las víctimas y pone a andar la rueda de la verdad en la región. Como ya dije, en Chigorodó y Urabá hay castas rancias en la política que se han beneficiado del conflicto, que las víctimas pierdan el temor a hablar, los atemoriza y les quita el sueño, la tranquilidad.

By: Pares Editorial Team. Translated by: Rebecca Oswalt The Peace and Reconciliation Foundation (Fundación Paz y Reconciliación – Pares), deployed a team of more than 50 people throughout Colombia to carry out an investigation to provide an account of regional security in the country. The goal was threefold. First, the investigation aimed to analyze the first year of Iván Duque´s Administration. This evaluation included advances and setbacks in security matters and the Defense Policy presented at the beginning of the year which served as Duque’s greatest campaign promise. Secondly, the report provides a record of the state of territorial security nearly three years after the signing of the Peace Agreement at Teatro Colón. Academics specializing in post-conflict studies divide this transitional period into two distinct moments. The first phase, known as Stabilization, encompasses the initial three years after the signing of an agreement. Summary of the Report More Shadows than Light Stabilization is a period in which it is critically important to control the security risks in post-conflict zones and prevent the emergence of illegal armed organizations that seek to seize the territories. Above all, during this time the government must be legitimized in the regions previously controlled by the armed groups, who have rejoined civil life. For the following seven years, the process of Normalization is enacted, which refers to a period of Reconciliation and national transformations brought on by the peace. In theory, we are coming to the end of the Stabilization period. To determine the future of the post-conflict regions of the country, it is vital to consider the behavior of security indicators and the situations of the ELN, Organized Armed Groups, and post-war or dissident groups. It is also necessary to take stock of the persecution of social and human rights leaders, the security of former FARC combatants, and the dynamics of political violence in this election year. In addition to those described above, the final objective of this report is to fact check and verify arguments. For example, in an interview with CNN, Senator Uribe stated that there were more than 5,000 FARC dissidents and potentially upwards of 15,000 ELN members. At first glance, these figures seem impossible, so further research was required to corroborate them. Also, in various parts of the country, social organizations have signaled the emergence, again, of paramilitary groups. These concerns should also be investigated. Consequently, it is necessary to paint a picture, as faithfully as possible, of the security situation in the country. The three major conclusions of the Security Report 1. Of the 281 municipalities prioritized for post-conflict analysis by the Fundación Paz y Reconciliación – Pares, there are 123 in which the FARC had previously operated and have since been taken over by illegal armed groups and criminal organizations. That is to say that there is another group of more than 150 municipalities where peace was won and the political violence has already been overcome. In fact, within these 123 municipalities there are several in which the rates violence related to the conflict are quite low. With actions by law enforcement and other state institutions, safety could be quickly recovered. Thus, of the 123 municipalities controlled by criminal groups, only 107 have true security issues. 2. Post-conflict zones can be divided into four categories based on their degree of criminal takeover: • The first is a group of zones in which criminal takeover transpired almost immediately after the dispersion of the FARC from those regions. The Pacific region, Bajo Cauca, and Catatumbo are good examples of this occurrence. • There were other areas where power grabs took place, which occurred 18 months after the departure of the FARC on average. Putumayo, some areas of Caquetá, and Vichada exemplify this trend. In the areas where the FARC had dominated, the price of coca paste fell sharply between 2017 and the first half of 2018 since “narcotraffickers” were no longer entering these regions. During those 18 months, the State did not establish its power over the area, and in the second half of 2018 the takeover took place. • There were zones from which the FARC left and neither the State nor criminal organizations returned to govern. As a result, indicators of insecurity such as robbery, road thefts, and cattle raiding increased. However, there were no longer well-structured criminal organizations present, but they were rather common criminals. The South of Tolima region, several territories in the department of Valle del Cauca, and Huila are good examples of this phenomenon. • The zones where the State did establish its control were mostly within the main population centers of these municipalities. 3. The peace process had an impressive impact on reducing several indicators of violence associated with armed conflict. The returns from the peace process were high. However, after almost three years since the signing of the Peace Agreement, security efforts must be strengthened to avoid a new wave of violence in the country. It is not yet clear if the armed conflict that hit the country more than 50 years ago has been overcome. During the first year of Ivan Duque´s Administration, various indicators of violence have shown positive trends. The eight themes of the report Based on these three conclusions, la Fundación Paz y Reconciliación – Pares, assessed the status of security in Colombia. Eight (8) aspects were analyzed: 1. Data pertaining to the violence associated with the armed conflict. The team analyzed both national data as well as data specific to post-conflict municipalities prioritized by the Fundación Pares. 2. The team analyzed the situation of the post-farc groups (farc dissidents). 3. The situation of the ELN was also analyzed. Its presence, armed action, and evolution in the last three years. 4. The situation of the Organized Armed Groups, particularly that of the Gulf Clan. 5. The victimization of social leaders and human rights defenders. 6. The victimization of ex-combatants of the FARC, and the general policy of reinstatement. 7. Electoral political violence within the context of the October local elections. 8. The status of the National Comprehensive Plan for Crop Replacement.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La Fundación Paz y Reconciliación-Pares advirtió en el informe Más Luces que Sombras: La seguridad de Colombia a un año del gobierno de Iván Duque, sobre la tragedia ambiental que se avecina en Colombia debido a la expansión de los mercados ilegales como el de la minería y el de la coca. Por un lado, la comercialización del oro empezó a ser más rentable debido al alza del precio de la onza del metal, lo cual ha conducido a que los campesinos vean en esta práctica una forma rentable de empleo. De acuerdo con el subdirector de Pares, Ariel Ávila, en Colombia más o menos 500 mil familias dependen de dichas economías ilegales, es decir, una dos millones de personas que se mueven de acuerdo con las bonanzas: están en la bonanza de la coca, o están en la minería. “Generalmente cuando el precio de la cocaína se dispara y el precio del oro cae, la gente pasa de la minería al cultivo de coca; y al revés, cuando la coca cae y el precio de onza de oro sube la gente se va a la minería”, señaló el analista. En ese sentido, han pasado dos cosas en los últimos años. La primera es que el precio de la cocaína y la demanda aumentaron y eso conllevó a que se volviera rentable cultivar hoja de coca, materia prima de la cocaína, entonces mucha gente se fue la de la minería a sembrar coca. Lo segundo es que, los últimos seis (6) meses de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, como uno de varios factores, suscitó que el precio de la onza de oro se disparara. “Entonces tenemos muy alto el precio de la cocaína y muy pero muy alto el precio del oro, entonces lo que vamos a ver es que la gente que está en la coca va a pasar a la minería de aluvión o de río. Vamos a llenar nuestros ríos de mercurio y la tragedia ambiental que se nos avecina es inmensa”, sentenció Ávila. El informe también detalló que el presidente Duque anunció desde su llegada una gran ofensiva contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Sin embargo, consiguió reducir 2.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, pasando de 210.000 a 208.000. Pero hay serios indicios de que la producción de cocaína aumentó. Por otro lado, reveló que la minería ilegal presenta una alza en los precios del oro que puede catapultar este negocio. Economías ilegales concentradas en tres subregiones El Bajo Cauca, Norte y nordeste antioqueño, y el sur de Córdoba componen la gran región del Nudo de Paramillo y se han convertido en el centro principal de mercados ilegales. Estas son aprovechadas por estructuras armadas y élites ilegales sin discriminar. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los “Caparrapos”, entre otros grupos, han encontrado en esta zona del país un punto estratégico para el procesamiento y comercialización hacia el interior y fuera de Colombia. “El aumento del precio del dólar en 2013 llevó a que (los campesinos) nuevamente regresaran a cultivar coca. Ahora, nuevamente el precio del oro va en aumento y se prevé un verdadero cataclismo ambiental”, expone el informe. Asimismo, los corregimientos están la mayoría de los entables mineros de gran escala, con retroexcavadoras, y de pequeña escala, son La Caucana, El Guáimaro, Barro Blanco y El Doce, y en las veredas Puerto Antioquia y El 15. El texto también destacó que la Universidad Eafit de Medellín en su investigación Oro como fortuna (Giraldo Ramírez, Jorge, 2014), concluyó, entre otras cosas, que el comercio del oro ilegal es más rentable que la coca. Así las cosas, la actividad minera se da principalmente en Segovia y Remedios, municipios que producen el 11% del oro que se extrae en Colombia, según cifras de la Agencia Nacional de Minería. El papel del gobierno Según Ávila, el gran problema de Colombia es que en estos años que el precio del oro estuvo tan bajo nunca se creó una autoridad minera. En consecuencia, nunca se creó una estrategia para controlar el lavado de activos de la minería, por lo cual se concluye que no hay institucionalidad para atajar este problema. Y por otro lado, como los cultivos de hoja de coca aparentemente tuvieron un estancamiento, es posible que en los próximos meses bajen y las personas se pasen a la minería, y no por la eficacia de la fuerza pública de hacerle frente a las estructuras armadas que se benefician de estas economías. El peor escenario es que como el precio de la cocaína está muy alto y también el del oro, ambos pueden crecer, o en el mejor de los casos que el de la coca se mantenga, pero en cualquiera de los dos panoramas el medio ambiente es el más afectado. “Lo único es, en el tema de la minería, darle una solución a los pequeños mineros y la gran minería y controlar el tema del blanqueo de dinero del oro, mientras eso no pase no tiene solución porque aquí estamos combatiendo al pequeño minero, pero quien lava el oro nadie lo está combatiendo”, puntualizó el analista.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Tras el lanzamiento del informe “Más sombras que luces, la seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque”, por parte de la Fundación Paz & Reconciliación —Pares, alertó a la opinión publica y al Gobierno Nacional sobre la preocupante situación en materia de seguridad que atraviesan las siguientes cinco subregiones del país. La Región del Nudo de Paramillo (Sur de Córdoba, Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño), la Región de Catatumbo y parte de la zona metropolitana de Cúcuta, El pacífico Nariñense y Caucano, El sur del Meta, Guaviare y parte del Caquetá y La Sierra Nevada de Santa Marta. Tal como lo estableció el informe de Pares, después de casi tres años de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, resulta una prioridad que el Gobierno Nacional controle la presencia de organizaciones criminales y grupos armados ilegales. Aunque dentro de las conclusiones del informe se encuentra que las zonas de mayor victimización no coinciden con las zonas de posconflicto, sí hay una concentración y recrudecimiento de la victimización en estas cinco (5) zonas. Es decir, la capacidad del Estado no se ha impuesto sobre el copamiento territorial de estas organizaciones y grupos. Ahora bien, a pesar de que los indicadores de violencia descendieron en 2019 llegando incluso a cifras de 2017, hay aspectos detrás de dicha reducción que le deben preocupar de manera prioritaria al Gobierno Nacional. Tal como lo ha señalado Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación— Pares, la reducción tendría que ver con victorias de disputas de alguna organización criminal —caso del ELN sobre ‘Los Pelusos’ en el Catatumbo o por pactos —como en el Bajo Cauca con el pacto del Clan del Golfo con ‘Los Caparrapos’. Justamente, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, ha señalado que uno de los leños que el Gobierno Nacional debe apagar con prontitud tiene que ver con las cinco (5) regiones en donde la guerra azota a sus comunidades, en lo que es una auténtica crisis de derechos humanos. Para Valencia, el llamado al Gobierno Nacional tiene que ver con priorizar en estas cinco (5) que resultan claves para atajar el conflicto. Sobre el caso del Nudo de Paramillo, señaló que las autoridades deben tener una capacidad de reacción frente a una guerra ya extendida en esa región. Sobre Catatumbo, Valencia llamó la atención sobre el papel de la frontera colombo-venezolana. Referente a Cauca, recalcó que el departamento enfrenta tres guerras, al Norte, al Pacífico y al Sur; con actores que están produciendo una victimización enorme en sobre las comunidades indígenas. En la zona del sur del Vichada, Caquetá y Guaviare, León Valencia alertó de la presencia de las disidencias más antiguas de las Farc de este proceso de Paz. Asimismo, señaló de la reciente conflictividad que se registra en la Sierra Nevada con actores que están incendiando esta zona. En este sentido, el gobierno no puede entrar en un papel letárgico pues el riesgo que corren las comunidades en las cinco (5) subregiones señaladas por el informe es latente. El copamiento criminal habla de la incapacidad del Estado para garantizar seguridad a los habitantes, pues la violencia nunca se fue a pesar de estar en el marco del postconflicto. Pares esgrime cinco razones que se circunscriben a los escenarios que atraviesan las subregiones: 1. La desestabilización de poderes locales que generó el tránsito a la legalidad de las Farc-ep tras la firma del Acuerdo Final. 2. La incapacidad del construir Estado en los territorios en sus expresiones más básicas: monopolio de la fuerza, administración y de justicia y garantía de servicios básicos. 3. La emergencia y proliferación de nuevas estructuras armadas ilegales. 4. El fracaso de la Mesa de Conversaciones con el ELN y fracaso del intento de un proceso de sometimiento a la justicia con el Clan del Golfo – AGC. 5. La conformación de grupos postfarc, que, si bien en principio responde a la voluntad de algunos individuos en continuar vinculados a actividades ilegales, con los incumplimientos de la implementación del Acuerdo Final este fenómeno se ha vuelto más común. Ahora bien, el riesgo de la violencia en el posconflicto no derivó únicamente al tránsito de la otrora guerrilla de las Farc a la legalidad. De acuerdo con el informe de Pares, hay unos factores de violencia de carácter estructural que no han sido resueltos y, de esta forma, no permiten el cese de la violencia, sino que han dilatado el espiral de la misma. Sin obviar que hay factores que han atizado algunas disputas en las regiones. Precisamente, estos factores, según el informe, se dividen en: 1. Acaparamiento ilegal de tierras por parte de élites legales locales. Para ello se utilizan mecanismos violentos de despojo y posteriormente se apela a mecanismos jurídicos para legalizar el robo. 2. Violación y limitaciones a los derechos de grupos y liderazgos para participación en política. 3. Competencia por rentas ilegales por parte de estructuras armadas o élites ilegales, como narcotraficantes o mineros criminales. 4. Contratación o creación de estructuras armadas ilegales por parte de élites legales e ilegales para aumentar o asegurar su capital económico o político. 5. Poderes locales en connivencia con actores armados ilegales. 6. Vacío de autoridad generado por la incapacidad institucional de lograr el monopolio de la violencia, la administración de justicia y la prestación de servicios básicos, obligación establecida en la Constitución de 1991. En las siguientes tres siguientes se evidencia un acercamiento, de manera georreferenciada, a la presencia de organizaciones criminales y grupos armados ilegales, y donde concentran su dominio o existen disputas. Estas tres subregiones -Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño y Sur de Córdoba- componen la gran región de Nudo de Paramillo. Se han convertido en un clúster de mercados ilegales, aprovechadas por las estructuras armadas y élites ilegales en tanto que allí encuentran las materias primas de mercados ilegales, como la coca o el oro; también se da el procesamiento y desde allí son comercializadas hacia el interior y fuera del país, puesto que conectan con Medellín, con la costa Caribe y con el Urabá. A este panorama se suma la incapacidad del Estado local y central para generar un ambiente de gobernabilidad y legalidad; una dificultad que se debe no sólo al aspecto técnico y de infraestructura institucional, sino también a la facilidad que tienen las estructuras armadas ilegales para permear la institución. En ese mismo sentido, las estructuras armadas ilegales se han mantenido en el territorio porque élites legales e ilegales han contratado sus servicios criminales. Esto ha conllevado a que en esas tres regiones se reciclen violencias periódicamente y que las afectaciones a los DD.HH. queden en la impunidad. Sur del Meta, Guaviare y Caquetá La subregión conformada por los departamentos de Guaviare, Caquetá y sur del Meta, posterior a la firma del Acuerdo de Paz, ha adquirido un especial interés tanto para la explotación indiscriminada de recursos naturales como para la ampliación de economías ilegales (cultivos ilícitos, deforestación a gran escala y minería). Esta situación ha generado nuevos enfrentamientos entre grupos ilegales – Grupos Armados Postfarc (GAPF) y Grupos Armados Organizados (GAO) – y Fuerza Pública por el control del territorio y la apropiación de corredores estratégicos económicos necesarios para el reordenamiento de estos grupos residuales de las FARC, progresiva expansión que puede convertirse en una tendencia como consecuencia de ofensivas, contraofensivas y rupturas que se dan en el territorio posterior al Acuerdo. En este sentido, el equipo de investigación PARES identifica cuatro (4) factores que actualmente inciden en la dinámica de seguridad en la subregión y que vienen generando transformaciones en los territorios y las comunidades. Pacífico colombiano La situación de violencia en esta macroregión es generalizada. Diferentes estructuras armadas ilegales y otras élites locales legales e ilegales que financian grupos armadas mantienen a las comunidades en una situación de victimización constante. En el último año, la situación de seguridad y violencia se caracteriza, entre otras cosas, por las siguientes tres razones: 1. La expansión de 4 estructuras postfarc desde Tumaco hacia el Pacífico Caucano y algunas de ellas hacia Buenaventura. 2. El surgimiento, fortalecimiento y expansión del grupo postfarc conformado por exintegrantes del Frente 30 por todo el Pacífico Caucano, pasando hacia Buenaventura e intentando recuperar el control del Naya y que a mediados de 2019 logró llegar hasta el sur de Chocó. 3. La conformación y activación bélica de grupos armados contratados y financiados por narcotraficantes colombianos y por carteles mexicanos, que participan de la disputa por el control territorial de los cultivos de coca, los cristalizaderos y las rutas para la comercialización en Tumaco, el Pacífico Nariñense y el Caucano. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Hugo Acero Velásquez. Mejora la gestión En materia de seguridad hay que reconocer que el gobierno del alcalde Enrique Peñalosa realizó importantes avances en algunos temas, pero tuvo problemas en otros. Por ejemplo, la ciudad volvió a retomar el trabajo en equipo entre la Administración, la Policía y la Fiscalía, elemento importante para enfrentar de manera integral los problemas complejos de violencia y delincuencia. Hay que anotar que en los gobiernos anteriores eran de público conocimiento las desavenencias entre los alcaldes y los comandantes de la policía. Con la creación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la ciudad avanzó en la consolidación de la política pública en esta materia, además de recursos, plan, personal especializado, hoy se cuenta con una estructura administrativa que permite gestionar de mejor manera este tema. Desafortunadamente, la nueva Secretaría dejó por fuera las inspecciones de policía, las comisarías de familia y toda la gestión del riesgo que debería hacer parte de la política integral que debe tener una ciudad como Bogotá. Se realizó una inversión importante de fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia y de infraestructura tecnológica, como es el caso de la ampliación de las cámaras de video. Se desarrollaron innovaciones en el tratamiento de los jóvenes infractores de la ley penal y se construyeron instalaciones para mejorar el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes -SRPA-. Otro elemento que hay que destacar es el manejo profesional que tuvo este tema en cabeza de los secretarios de seguridad Daniel Mejía y Jairo García, conocedores del tema, quienes contaron con el profesionalismo y estabilidad del general Hoover Penilla que se mantuvo durante todo el periodo del alcalde Enrique Peñalosa, elemento importante para la gestión de la seguridad en la ciudad. Resultados En términos de resultados, hay que resaltar que se mantuvo la tendencia a la baja de los homicidios, que viene desde el año 2011, poniendo en cuestión la disculpa teórica del “piso de cristal” de los gobiernos anteriores al de Gustavo Petro, que aseguraban que la tendencia había llegado a su punto más bajo, con cerca 20 homicidios por cada 100.000 habitantes y que era casi imposible seguir disminuyendo, dadas las amenazas de violencia y delincuencia que tenía la ciudad. Contrario a esto, a partir de 2012 los homicidios retomaron la tendencia a la baja, se pasó de una tasa de 22,15 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2011 a 12,7 en 2018. Es posible que al finalizar este año la tasa esté por debajo de 12 (ver siguiente gráfica). Otro logro importante es la reducción de las muertes en accidentes tránsito. En los últimos tres años Bogotá logró reducir estos hechos en un 10,8%, las cuales pasaron de 591 a 527. Contrario a la baja de los homicidios y de las muertes en accidentes de tránsito, los resultados en los demás delitos no son tan satisfactorios. Según los datos de Medicina Legal, las distintas violencias al interior de los hogares se incrementaron. De acuerdo con los reportes de los exámenes médico legales, en materia de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, se pasó de una tasa de 148 casos por cada 100.000 habitantes en 2015 a 174,8 en 2018, es decir se registró un incremento del 19%. Con relación a la violencia en contra de la pareja, el incremento de la tasa fue del 6,3%, contra el adulto mayor del 41,7% y contra otros familiares el incremento fue del 5,6%, como se puede ver en el siguiente cuadro: En este caso, también se puede asegurar que estos resultados se deben al aumento de la denuncia y de la conciencia ciudadana, que estos delitos no son parte del ámbito privado de las familias, que deben ser denunciados, sancionados y por este camino en un corto período, comiencen a disminuir y a cambiarse por buen trato al interior de los hogares. Por otro lado, las lesiones personales permanecieron estables y los exámenes médico legales por presunto delito sexual disminuyeron en un 10,9%, como se puede ver en el siguiente cuadro: Los hurtos no paran de crecer Las cifras de denuncias de hurtos en la ciudad no han dejado de crecer en los últimos años. Según la Administración Distrital, la Policía y la Fiscalía con la unificación de las bases de datos de delitos de la Policía (SIEDCO) y de la Fiscalía (SPOA) a partir de 2016, y la creación y puesta en funcionamiento del aplicativo “A Denunciar” desde el 26 de julio de 2017, los incrementos en el reporte de las denuncias se deben al cruce de estas bases de datos (conciliación estadística) y por el aumento de denuncias de los ciudadanos a través del aplicativo. Sin embargo, el aumento no solo se le puede atribuir a estas dos acciones. Por un lado, hay que anotar que el indicador de denuncia de la Encuesta de Percepción y Victimización en Bogotá de la Cámara de Comercio, tuvo su pico más alto en el segundo semestre de 2016 (48%), mucho antes que se pusiera en funcionamiento en 2017 el aplicativo “A Denunciar” (en el segundo semestre de 2017 el indicador cayó a 41%), es decir, sin el aplicativo la denuncia tenía niveles más altos. Por otro lado, según esta misma encuesta, la victimización, que es el indicador más confiable, pasó de 7% en el segundo semestre de 2011 a 14% en 2015 y a 17% en el mismo periodo de 2018, es decir el número de víctimas ha aumentado en un 142% en los últimos siete años. Como se puede ver en el siguiente cuadro, entre 2015 y 2018, los hurtos a personas, motos, vehículos, residencias y a comercio han crecido, y no sólamente durante este periodo, sino en el último año (comparativo 2017, 2018) donde los hurtos a personas crecieron en un 35%, comercio en un 56%, motos 10,5%, residencias 7,48 y automotores 7,5%. En este caso, se puede definir el 2017 como la línea base desde la cual se pueden evaluar los hurtos hacia delante con cierta confiabilidad, teniendo en cuenta que de la mayoría de estos delitos existe una cifra oculta cercana la 60%. Preocupa que, además del aumento de los hurtos, dos delitos han venido creciendo en la ciudad, sin que las autoridades hayan puesto la atención debida, como es el caso de los “paga diarios” y la extorsión, que con métodos violentos los criminales obligan a tenderos, comerciantes de todas las plazas de mercado, vendedores ambulantes y demás ciudadanos necesitados, a pagar las cuotas impuestas y si no lo hacen son lesionados y en algunos casos asesinados. Ver la sobre la gravedad de este asunto el siguiente artículo. Estos delitos van unidos a la expansión del narcotráfico y el microtráfico en Bogotá y en los municipios cercanos, como es el caso de Soacha. Finalmente, la ciudad debe continuar prestando ayuda humanitaria a los migrantes venezolanos que llegan a la capital, sin descuidar la utilización de algunos migrantes por parte de organizaciones criminales locales en actividades delictivas, problema que se ha incrementado en los últimos meses. Por otro lado, hay que reconocer que, como cualquier proceso migratorio, además de ciudadanos que buscan oportunidades de trabajo e ingresos legales en Colombia, que son la gran mayoría, también llegan grupos de delincuentes que actuaban en Venezuela. Qué hacer Para enfrentar los retos anteriormente expuestos, es necesario, además de contar con una política integral que vaya de la prevención y la disuasión a la represión del delito, fortalecer, profesionalizar y aumentar el pie de fuerza de la Policía, concentrar de esfuerzos policiales en zonas de alta violencia y delincuencia, fortalecer la inteligencia e investigación criminal en contra de empresas criminales. Trabajar con la Rama Judicial, respetando su independencia, para reducir la impunidad, incrementar el capital social, mejorar la atención profesional y humana a las víctimas y aumentar los cupos carcelarios en la ciudad, todo esto en coordinación con el Gobierno Nacional. Aumentar el pie de fuerza de la Policía. En el caso de los policías que prestan seguridad en las calles, ante la imposibilidad de nuevos policías entregados por la Nación, hay que racionalizar y reasignar policías, que se dedican a otras labores, a la seguridad de los ciudadanos, como es el caso del elevado número de policías que están en el área administrativa y que pueden ser remplazados por personal civil no uniformado; reducir número de policías dedicados a escoltar personajes y a cuidar edificios del gobierno. Por ejemplo, los nuevos concejales y funcionarios del gobierno distrital, deberían dar ejemplo rechazando el servicio de escoltas. Por otro lado, hay que aplicar el Código de Policía que obliga a los organizadores de eventos masivos, como conciertos y partidos de fútbol, para que dispongan de su propia seguridad para dichos espectáculos y que la policía solo haga acompañamiento y vigilancia del espacio público; hay que redistribuir los policías en las ciudades de acuerdo con la población y con los problemas de violencia y delincuencia y finalmente el Distrito debe asignar recursos, para aumentar el número de auxiliares de policía y para que una buena parte de ellos, una vez terminen el servicio militar obligatorio, se queden en la Institución como patrulleros prestando seguridad en la ciudad. Concentración de esfuerzos policiales sustentado en gerencia y microgerencia. Esta estrategia se sustenta en la intervención de los sitios donde existe una alta concentración de hechos de violencia y delincuencia. Esta estrategia debe contar con una gerencia de los territorios a intervenir a cargo de la Policía y de la Secretaría de Seguridad y una microgerencia orientada a hacer seguimiento y a exigir resultados en la reducción de cada uno de los delitos que se presentan en los territorios intervenidos, la cual se sustenta en un seguimiento diario, semanal y mensual de los mandos policiales y alcalde local que tienen presencia en cada uno territorios intervenidos. Además, hay que asignar un oficial responsable en la ciudad por delito (gerente del delito). Esta estrategia comprende un análisis de información día a día, producido por el sistema de información de la Policía y de la Secretaría de Seguridad, seguimiento que permite orientar tanto la operatividad, como los recursos y los resultados a obtener. Esta estrategia, desde el punto de vista operativo, se puede resumir en las siguientes acciones: a). Concentración de esfuerzos policiales y de la Administración en los territorios, barrios, días y horarios donde se presentan la mayor cantidad de hurtos y otros delitos. b). En los sectores intervenidos se deben incrementar los puestos de control callejero, los controles a establecimientos, las requisas a ciudadanos, las capturas por flagrancia, las capturas por orden judicial, incautación de armas de fuego legales e ilegales y armas cortopunzantes. c). Cambio de la rutina de los policías en los territorios intervenidos, especialmente en los días y horarios que se presentan los delitos. Suele suceder que algunos delitos acontecen los fines de semana y es cuando hay menos policía y operatividad de la fiscalía y jueces. Fortalecer la inteligencia e investigación criminal en contra de empresas criminales. Hay que fortalecer el trabajo interagencial de las instituciones de inteligencia e investigación criminal de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y la participación del Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF- para no solamente, enfrentar y desarticular las organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico, microtráfico, robo de celulares, autos, motos, autopartes, terrorismo, entre otros delitos, sino para identificar y expropiarles los bienes y recursos mal habidos de quienes hacen parte de estos grupos y sus familiares. Expropiar “sus bienes” es lo que más les duele a los criminales. Esta estrategia parte de identificar: las organizaciones que ejercen control y/u operan en los territorios donde delinquen, quiénes las componen, prontuario criminal, la manera como realizan sus actividades criminales, quiénes hacen parte de la cadena criminal y que otros sectores se benefician de sus actividades. Trabajar con algunas instituciones de la Rama Judicial, respetando su independencia, para reducir la impunidad. Al trabajo coordinado entre la Administración, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, hay que involucrar a algunas instituciones responsables de los temas de justicia, como el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, para aumentar la eficiencia de la justicia y reducir la impunidad. En esta línea, hay que fortalecer las instituciones que tienen funciones de investigación judicial en términos de profesionalización, tecnología, instalaciones, movilidad, aumento de personal dedicado a estas actividades y trabajo en equipo. Fortalecer e incrementar el capitán social.  Hay que fortalecer y crear capital social en toda la ciudad, organizar a las comunidades para que con su participación se mejoren las condiciones de seguridad y bienestar. Una comunidad organizada y cercana a las autoridades es menos vulnerable ante hechos delincuenciales y de terrorismo. El trabajo conjunto de las comunidades con la Policía ha dado buenos resultados contra la delincuencia, en la medida en que los ciudadanos se sienten más cercanos a la autoridad y se atreven a denunciar hechos o acciones que les parecen sospechosas. Igualmente, las comunidades organizadas se convierten en veedoras del trabajo de las instituciones de seguridad y justicia y esto evita hechos de corrupción y de malos comportamientos por parte de los miembros de estas instituciones. Atención profesional y humana a las víctimas. Hay que desarrollar una estrategia para mejorar la atención de las víctimas por parte de la Policía, la Fiscalía, las inspecciones de policía y las comisarías de familia. Aumentar los cupos carcelarios en la ciudad. Hoy en Bogotá las cárceles, estaciones de policía y las URIs de la Fiscalía están hacinadas, no hay donde privar de la libertad a sindicados y condenados por delitos. Para esto, se requiere, tras un proceso de regularización urbana, construir una cárcel como la Distrital en predios de la Picota y reconstruir La Modelo y el Buen Pastor en los predios donde actualmente funcionan, en coordinación con el Gobierno Nacional. Mis candidatos por Bogotá. Por el Partido Verde: la alcaldesa Claudia López, al Concejo, Diego Laserna y para edil de Chapinero, el Liberal Juan Felipe Namén.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Un día después de que la Fundación Paz y Reconciliación-Pares lanzara el informe sobre Seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque, en el que alertó la posible creación de una nueva guerrilla, el segundo al mando de la exguerrilla de las FARC, Iván Márquez declaró su salida definitiva del Acuerdo de Paz y su retorno de la lucha política por la vía de las armas. En un video publicado en la madrugada de este jueves en una antigua página de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de las Farc (FARC), Márquez dio un discurso de unos 30 minutos para contarle al país los motivos por los cuales decidió junto con otros guerrilleros apartarse del proceso de paz. A su lado, estaban Seuxis Pausias Hernández, alias “Jesús Santrich”; Hernán Darío Velázquez, alias “El Paisa”; Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”, entre otros, de los cuales ya se había presumido que volverían a reincidir en la guerrilla. “Anunciamos que ha iniciado la segunda Marquetalia bajo al amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. (…) Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del estado a los acuerdos de paz de La Habana”, indicó Márquez, quien parece tener la vocería y liderazgo del nuevo grupo que conserva el mismo nombre de La respuesta, unas horas después, del presidente Iván Duque fue «Nuestro mensaje es claro: quienes han optado por el camino de la Legalidad bajo los principios de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, seguirán contando con el compromiso del Estado» Cuatro recomendaciones al gobierno En el informe realizado por Pares, se concluyó que en la disidencia armada hay 23 grupos que operan en 85 municipios. Y ahora que se creó una disidencia política es posible que ambas disidencias se unan, lo cual significaría la creación de una nueva guerrilla. Sin embargo, son solamente 2.000 personas: 1.800 exguerrilleros y otros nuevos integrantes, teniendo en cuenta que las FARC desmovilizaron 13.000 personas, entonces hoy estas disidencias en el mejor de los casos representan el 25% de lo que era la guerrilla al final del proceso de paz. “Yo creo que aquí todo el mundo está buscando culpables, entonces el uribismo está diciendo que esto es culpa de Santos y de su mal proceso de paz. Mientras algunos santistas dicen que esto es culpa del gobierno uribista de haber querido hacer trizas el Acuerdo, entonces esto va a ser utilizado políticamente”, sentenció el subdirector de Pares, Ariel Ávila. Ante la conmoción por las declaraciones de Márquez, el analista recomendó a ambos sectores políticos que busquen el mejor camino para implementar el pacto, pues el incumplimiento fue el detonante para la situación que actualmente vive el país. “Lo cierto es que no vamos a volver a los años 90, no va a ver bombas en las ciudades, el tema de las disidencias opera en 85 municipios. Las FARC al final del Acuerdo operaban en casi 300 municipios”, agregó el analista. En ese sentido, Ávila recomendó tres cosas. Por un lado, el gobierno debe dirigirse a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) donde están concentrados la mayorías de exguerrilleros, y luego garantizarles que les van a cumplir los proyectos productivos para evitar una desbandada. “Yo tengo miedo de que se dé una desbandada después de este anuncio, desbandada de gente que vuelva a tomar las armas”, apuntó. En segundo lugar, el gobierno de Duque debe ajustar la política de defensa y seguridad, puesto que, en esta crisis institucional lo que se ha visto es el debilitamiento de las estrategias por parte de las Fuerzas Militares. En tercer lugar, no darle una connotación política a estos grupos que se están formando. Por último, se recomienda al gobierno mejorar las relaciones con Venezuela, puesto que, la falta de control en la frontera también ha lesionado la seguridad en ambos países y permitido que las estructuras criminales se trasladen fácilmente en los 2.200 kilómetros para cometer actos delictivos. Por su parte, el Presidente manifestó esta tarde que «He ordenado la conformación de una unidad especial para la persecución de estos criminales con capacidades reforzadas de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio colombiano» Caras largas El que fuera el jefe negociador en La Habana, Humberto De la Calle; y el ex alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, emitieron un comunicado conjunto en el cual rechazaron el pronunciamiento de Márquez y recordaron que lo que se logró es un hecho histórico y “no tiene marcha atrás”. Además, alentaron a los colombianos y colombianas a no desfallecer en la búsqueda por la paz, pues esta no es la primera, ni será la última crisis del proceso. Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional para seguir apoyando al proceso. “Sin olvidar en ningún momento la responsabilidad primordial que le cabe a Iván Márquez y sus compañeros por estos hechos, recordamos que una y otra vez le dijimos al Gobierno Nacional que sus ataques permanentes al proceso y los riesgos de desestabilización jurídica que conllevaban, podrían llevar a varios comandantes a tomar decisiones equivocadas”, agregaron. Por su parte, Rodrigo Londoño, más conocido por su nombre de guerra como “Timochenko” indicó desde su cuenta de Twitter y a través de varios trinos llamó a la calma y llamó a toda la sociedad a rodear los Acuerdos de Paz. También expresó que más del 90% de exguerrilleros continúan comprometidos con el proceso de paz y en ese sentido, es “el momento oportuno para repetirlo: El acuerdo de paz nadie, nadie lo va a hacer trizas y si así lo hacen, recogeremos cada pedacito y lo reconstruiremos”. La noticia también tomó por sorpresa a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar a los excombatientes y reducir sus penas si colaboran con la verdad y la reparación a las víctimas. Por consiguiente, informaron que de acuerdo con el artículo 5 del Acto Legislativo de 2017, todos los presentes en dicho video han quedado por fuera del Acuerdo de Paz y perdido todos los beneficios. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) condenó el alzamiento en armas, pero reiteró su compromiso de seguir acompañando la construcción de paz en Colombia. Sin embargo, el llamado es a que se cumpla el Acuerdo de Paz para evitar una escalada de la violencia y el retorno de excombatientes a la lucha armada.