Por: Redacción Pares Esta mañana, en un video grabado en la frontera entre Colombia y Venezuela, el exjefe negociador de las FARC, Iván Márquez, anunció el nacimiento de una nueva guerrilla. Acompañado de otros mandos importantes como Romaña, el Paisa, Aldinever y el Loco Iván, y mediante un documento al que llamó manifiesto, dijo que retomaban las armas debido a los incumplimientos del Estado en la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre la exguerrilla de las FARC y el Estado Colombiano en 2016. Cuando las Farc-Ep dejaron las armas operaban en 300 municipios de Colombia, hoy, las disidencias son 23 grupos en 85 municipios y están compuestos por alrededor de 1800 guerrilleros y cerca de 300 o 400 nuevos reclutas. Así las cosas, en el mejor de los casos, las disidencias representan hoy el 25% de los que fueron las FARC. Sin embargo, es un problema que todavía se puede controlar, pero ha venido creciendo. Estas afirmaciones realizadas por la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, son producto de meses de investigación y del análisis de los datos y cifras arrojada por esta labor, y están condensadas en el informe «Más luces que sombras. La seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque» Además, había dos disidencias. Una disidencia armada encabezada por Gentil Duarte, que se fue a la disidencia antes de la dejación de armas, y una disidencia política de Iván Márquez. Lo que todo parece indicar es que esas dos disidencias se unieron. La disidencia armada no había crecido en número por falta de mandos, sin embargo, al llegar estos líderes, sí van a tener un crecimiento importante. Estas disidencias van a ir a reclutar a los antiguos excombatientes, eso quiere decir que lo que debe hacer el gobierno del presidente Iván Duque es ir a proteger los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación -ETCR, garantizarles la reincorporación, los acuerdos y así evitar que este fenómeno siga creciendo. Más de 10.000 exguerrilleros de los 13.000 que dejaron las armas, están en el proceso de reincorporación. El anunció de Márquez puede causar una desbandada hacia las disidencias, de ahí la necesidad del gobierno de ir a proteger estos espacios donde se encuentran los excombatientes, garantizarles condiciones dignas de reincorporación y evitar que las disidencias crezcan de forma acelerada. Y esto último va a depender de la operatividad de las Fuerzas Armadas, es decir, si hay operatividad y si hay contundencia esto se puede controlar, si no, desafortunadamente vamos a volver a tener un conflicto armado largo y doloroso en el país.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Este miércoles, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal aseguraron que las víctimas de la retoma del Palacio de Justicia en 1985 no fueron desaparecidas forzosamente por parte del Ejército. Con ese argumento el Estado pretende responderle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó a Colombia hace cinco años por este operativo militar. Hace 34 años el centro de Bogotá ardía en llamas. La exguerrilla urbana del M-19 ingresó al Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza de Bolívar donde se concentra el centro del poder en Colombia, para hacerle un llamado al gobierno del expresidente Belisario Betancourt, quien aparentemente había incumplido unos acuerdos pactados un año atrás con dicho grupo. Según las pesquisas, un comando de la estructura subversiva ingresó al medio día al recinto y se tomó el Palacio con alrededor de 300 personas, entre magistrados, funcionarios públicos y visitantes. Sin embargo, todo viró hacia lo peor; tan pronto el gobierno tuvo conocimiento de la retención, dio la orden de hostigar a los subversivos, y horas más tarde ingresó una tanqueta por la puerta principal y un helicóptero dejó a varios uniformados por la parte alta del edificio, lo que se conoció como la retoma del Palacio. Luego del fuego cruzado, decenas de personas quedaron heridas, otras fueron asesinadas y otras salieron vivas, pero la sospechosa forma de actuar de las Fuerzas Militares abrió toda la ventana para las posteriores investigaciones y condenas al Estado colombiano. En 2014 la CIDH condenó a la nación y declaró este episodio como un crimen de Estado y principal responsable del asesinato y desaparición de once (11) personas que salieron con vida del recinto y años más tarde aparecieron en fosas. Sin embargo, para infortunio de los familiares de los desaparecidos, esta nueva línea de investigación desconoce la larga lucha por los derechos humanos. Según el fiscal encargado de este caso, Jorge Sarmiento, “los hallazgos que Medicina Legal junto con la Fiscalía han alcanzado estos últimos cinco (5) años nos permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas”. Esto quiere decir que “fueron casos de malas identificaciones, es decir, estas once (11) personas que supuestamente habían sido desaparecidas realmente habían sido mal entregadas o mal identificadas”, agregó. “Es una campaña mediática” Rafael Barrios, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y defensor de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia, habló con la Fundación Paz y Reconciliación-Pares sobre este nuevo episodio que victimiza y les da la espalda a los familiares de los desaparecidos. Esta es “una campaña mediática como se hizo con las falsas víctimas de Mapiripán. Jurídicamente eso no tiene ningún fundamento; los jueces colombianos de primera instancia, el tribunal de segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia, han dicho que sí hay desaparecidos”, expresó el abogado. Además, la CIDH lo ha dejado en firme y en ese sentido esto es puramente mediático. Según el jurista, el hecho de que aparezcan unos cadáveres, y que estén mal enterrados no borra el delito de la desaparición forzada, y en ese sentido también habrá que contrarrestarlo de manera mediática. “La Fiscalía veía planteando esa hipótesis cuando se entregaron los restos de Ana Rosa Castiblanco -una de las mujeres desaparecidas y quien trabajaba en la cafetería del Palacio- en la Plaza de Bolívar”, apuntó Barrios. En ese momento, el fiscal expresó que ahí no había desaparición forzada, puesto que estaban los restos. Sin embargo, el hecho de que aparezcan los restos del cuerpo no es causalidad de que no se hubiera cometido el delito de desaparición. Por su parte, los militares acusados por este delito han defendido su posición de que ni en el Palacio, ni fuera de él se cometieron malos tratos en contra de los funcionarios públicos, tanto así que en un principio uno de los más representativos, el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue absuelto, tras pagar una condena de ocho (8) años en prisión. Según el abogado, este caso se ha querido desacreditar desde tiempo atrás, y esto se demuestra en opiniones como las de Plazas en las que ha asegurado que solamente hay una única desaparecida. Negacionismo del Estado De acuerdo con Barrios, el nuevo gobierno firmó una carta hace unos meses con otros cuatro países para debilitar el sistema Interamericano de derechos humanos, entonces le están apostando a eso. “Y va en esa dirección el mensaje del negacionismo, esto es lo mismo que las falsas víctimas de Mapirirán: hacer creer que son falsas víctimas”, agregó. Por su parte, expresó una gran preocupación por los ciudadanos y ciudadanas de a pie: ¿qué se estará preguntando la gente? ¿esto no existió?. Entonces el Estado le apunta a eso, al negacionismo y ahora lo grave es que es la misma Fiscalía que se está llevando por delante a los jueces. “Es esa fiscalía que hoy está entregada a Uribe”, sentenció. En definitiva, para las víctimas y los familiares esta es una campaña de negacionismo para confundir a la opinión pública, y asimismo, un cálculo político a varias bandas.

Por: José Roberto Acosta Ramos, aliado PARES Dentro de las extensas y complejas cifras manejadas en el escándalo de corrupción protagonizado por la Concesionaria Ruta del Sol, y cuyos principales socios eran Odebrecht y el Grupo Aval, el país debe seguir revisando la relacionada con los créditos bancarios que recibieron, pues son recursos provenientes del ahorro público que se pusieron en riesgo por parte de siete entidades financieras especializadas que deben responder a sus clientes, y obviamente, a la Superintendencia Financiera. Por cuenta de los Contratos de Crédito, los bancos desembolsaron al Concesionario RUTA DEL SOL II una suma cercana a $2.400.000‘000.000. A noviembre de 2017, esta deuda, junto con sus intereses, alcanzó la suma aproximada $2.639.000‘000.000. En efecto, el 22 de diciembre de 2017 la ANI autorizó un primer pago parcial a los bancos por $792.603‘138.354, y el 10 de enero de 2019, autorizó un segundo pago parcial por $627.000‘.000.000. A corte de 30 de junio de 2019, la Concesionaria mantiene una deuda con los siguientes siete bancos, por concepto de capital, por $1.250.069‘036.972 y, por concepto de intereses, 229.061‘730.391. Estos eran los $1,2 billones que la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, pretendía pagar con cargo a los impuesto de los colombianos, pero dado que quedó al descubierto el gran favor y beneficio que pretendía para los bancos, le tocó echarse para atrás. El 22 de julio pasado, la Superintendencia de Trasporte declaró la disolución de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. por su insostenible situación financiera y la convocó a un proceso de liquidación ante la Superintendencia de Sociedades. Hasta acá la deuda con los bancos se enredaba. Para definir el tema, el Laudo del Tribunal de Arbitramento del 6 de agosto siguiente y que resolvió la liquidación del Contrato de Ruta del Sol, negó el pago de esos $1,2 billones a los siete bancos con cargo a dineros públicos, obligando a que las reclamaciones se hagan mediante un proceso jurídico de estos siete bancos contra los socios de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. Como el principal socio de la Concesionaria se declaró en quiebra en Brasil y en Estados Unidos, y no tiene con qué responder, pues los siete bancos deberán perseguir los bienes del otro socio, es decir, Corficolombiana que pertenece al Grupo Aval. Dado que está probada la mala fe de la Concesionaria por haberse ganado el Contrato mediante sobornos, los siete bancos tienen fundamento jurídico suficiente para solicitar el levantamiento del velo corporativo de Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y perseguir a sus socios mas allá del aporte de ese negocio. Según la propia Superintendencia Financiera, para el caso puntual, al corte de junio 30 de 2019, el saldo de los créditos relacionados con Ruta del Sol II asciende a $1.25 billones y tales créditos registran una provisión por valor de $561.000 millones, es decir, los marcaron contablemente como una perdida en sus estados financieros. Los restantes $689.069 millones aún no se han castigado como pérdida, pero como el Laudo del Tribunal salió con posterioridad a ese corte semestral, es de esperarse que apliquen provisión contable por el resto. Vea aquí documento de la Superintendencia Financiera El registro del gasto de provisión faltante para llegar a un cubrimiento del 100%, no tendría impacto en la solvencia de los EC acreedores. Así mismo, no afecta su liquidez actual, dado que esa cartera ya había sido catalogada como improductiva. Por lo tanto, los EC no tienen permitido utilizar los ingresos generados por esta cartera para el manejo de su liquidez. Sin embargo, con relación a la recuperación de los créditos no atendidos normalmente por los deudores, los bancos de acuerdo con el Sistema de Administración del Riesgo de Crédito deben establecer procedimientos generales con miras a su maximización (de la recuperación) y a decidir sobre su castigo. “Es así como, el Capítulo II de la Circular Externa 100 de 1995 de esta Superintendencia en su numeral 1.3.2.3.3., sobre la “etapa de recuperación”, dispuso que frente a los deudores: “…la entidad debe contar con procedimientos aprobados por la Junta Directiva o el Consejo de Administración y ejecutados por la administración de la entidad, tendientes a maximizar la recuperación de créditos no atendidos normalmente. Tales procesos deben identificar los responsables de su desarrollo, así como los criterios con base en los cuales se ejecutan las labores de cobranza, se avalúan y deciden reestructuraciones, se administra el proceso de recepción y realización de bienes recibidos a título de dación en pago y se decide el castigo de los créditos”. Esta norma, aplicable a todos los EC, prevé que se encuentra en cabeza de cada Junta Directiva u órgano de dirección correspondiente, la definición general sobre los procedimientos respecto de las gestiones de cobranza, la aprobación acerca del momento en que debe declararse que no hay posibilidad de recuperación de la cartera y en consecuencia se debe proceder con su castigo. En todo caso, el castigo de activos no releva a cada EC de proseguir las gestiones de cobro que sean conducentes frente al deudor.” Cuatro de los siete bancos damnificados pertenecen al mismo Grupo Aval al que pertenece Corficolombiana, deudor solidario de los $1,2 billones mas los intereses, y deberán adelantar las gestiones de cobro incluyendo el levantamiento del velo corporativo, pues Corficolombiana si tiene con que pagar esos dineros. Por su parte Bancolombia, Davivienda y Banco Itaú, tampoco deberán escatimar en gestiones en recuperar los dineros de sus clientes, pues son ahorro público. Aunque se especula que, para no entrar en peleas con Grupo Aval, dejarían así. Como clientes y usuarios de estos siete bancos, nos corresponde vigilar y hasta presionar para que exijan a Corficolombiana pagar la totalidad de los créditos entregados a la corrupta Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y corresponderá de oficio a la Superintendencia Financiera hacer cumplir la Ley en procura de defender el ahorro público de los colombianos. Por último, cabe recordar que a finales del año pasado, Corficolombiana emitió acciones por valor de $1 billón, las cuales fueron suscritas y pagadas en un 80% por Luis Carlos Sarmiento como persona natural y que, gracias al inconveniente Decreto 1486 del 6 de agosto de 2018, podrá vendérselas de manera directa el próximo año al Fondo de Pensiones Privadas PORVENIR, también de su propiedad, pudiendo hacer una jugosa una ganancia a costillas del ahorro pensional en un abierto conflicto de intereses y tipificándose una conducta prohibida en el artículo 13 del Decreto Ley 656 de 1994. (Artículo 13º.- Las sociedades que administren fondos de pensiones, sus directores, administradores y representantes legales deberán abstenerse en general de realizar cualquier operación que pueda dar lugar a conflictos de interés entre ellas o sus accionistas o vinculados y el fondo que administran). @jrobertoacosta1 jrobertoacostaopinion@gmail.com

Por: Redacción Pares La Fundación Paz y Reconciliación – Pares, desplegó un equipo de más de 50 personas por toda la geografía del país para realizar una investigación que diera cuenta del mapa de la seguridad en Colombia. El objetivo era triple. Por un lado, hacer un análisis del primer año del gobierno de Iván Duque: Los avances y retrocesos en materia de seguridad, así como hacer una evaluación de la Política de Defensa que fue presentada a principio del año, y, que justamente fue su gran promesa de campaña. En segundo lugar, se hizo un registro del estado de seguridad territorial luego de casi tres años de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón. Los académicos del posconflicto dividen este periodo de transición en dos momentos. En primer lugar, y durante los primeros tres años luego de la firma del Acuerdo, se da la Estabilización. Resumen del Informe Más Sombras que Luces La Estabilización es un periodo donde lo importante es controlar los indicadores de seguridad en las zonas de posconflicto, así como evitar el surgimiento de organizaciones armadas ilegales que quieran copar territorios y, sobre todo, comenzar a llevar Estado a las regiones administradas por el grupo armado que se reincorporó a la vida civil. Luego, y durante siete años más, se presenta el proceso de Normalización, que se refiere al periodo de la Reconciliación y en general de las transformaciones nacionales que trae la paz. En teoría, estamos a punto de terminar el periodo de la Estabilización, de tal forma que dar cuenta del comportamiento de los indicadores de seguridad, la situación del ELN, los Grupos Armados Organizados y los grupos posfarc o disidencias, resulta importante, para determinar el futuro de varias regiones del país. También es necesario hacer un balance de la situación de los líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y de la seguridad de los excombatientes de las FARC y de las dinámicas de la violencia política en este año electoral. Además de los anterior, hay un tercer objetivo y es el de clarificar el debate. Por ejemplo, el senador Uribe en entrevista a CNN dijo que había más de 5.000 disidentes de las FARC; también manifestó que los miembros del ELN podrían llegar a 15.000. Cifras que a primera vista parecen absurdas, pero que había que hacer la investigación para corroborarlas. También, en varias partes del país, organizaciones sociales señalan el surgimiento, nuevamente, de grupos paramilitares. Una afirmación que debía investigarse. En consecuencia, es necesario hacer un retrato, lo más fiel posible, de cuál es la situación de seguridad en el país. Las tres grandes conclusiones del Informe de Seguridad 1. De los 281 municipios priorizados para el postconflicto por la Fundación Paz y Reconciliación – Pares, hay un grupo de 123 donde antes operaban las FARC y que han sido copados por grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Es decir, hay otro grupo de más de 150 municipios donde el postconflicto se ganó y la etapa de violencia política ya se superó. De hecho, dentro de estos 123 municipios hay varios de ellos donde el copamiento es realmente bajo, y con actuaciones de la fuerza pública y otras instituciones del Estado, se recuperaría rápidamente la seguridad. Así las cosas, de los 123 municipios con copamiento, son 107 los que tienen verdaderos problemas de seguridad. 2. Las zonas de postconflicto, de acuerdo con los grados de copamiento criminal, se pueden dividir en cuatro tipos: • Hubo un grupo de zonas donde el copamiento criminal fue casi que inmediato a la concentración de las FARC. El andén pacífico, la zona del Bajo Cauca o el Catatumbo son un buen ejemplo. • Hubo otras zonas donde el copamiento se dio, en promedio, 18 meses después de la salida de las FARC. Putumayo, algunas zonas del Caquetá y Vichada podrían ser los ejemplos. Allí, incluso el precio de la pasta base de coca cayó vertiginosamente entre 2017 y primer semestre de 2018, pues ningún narco entraba a las zonas donde antes estaban las FARC. Generalmente ellos se hacían acompañar de miembros de la exguerrilla para ir a comprar la pasta base. Durante esos 18 meses no llegó el Estado, y desde el segundo semestre de 2018 se dio el copamiento. • Hubo zonas de las cuales salieron las FARC y no llegó nadie. Ni el Estado, ni el copamiento criminal. Allí se dispararon los índices de inseguridad como el atraco, algunos hurtos en carretera y el abigeato. Pero no había estructuras pesadas, era más bien grupos de delincuencia común. El Sur del Tolima y algunas zonas de Valle del Cauca, y del Huila son un buen ejemplo. • Hubo otras zonas, donde el Estado llegó, y esto se dio principalmente en cabeceras municipales de estos municipios. 3. El proceso de paz tuvo un impacto impresionante en la reducción de cifras de varios indicadores de violencia asociada al conflicto armado. Los réditos de la paz son altos. Sin embargo, luego de casi tres años la firma del Acuerdo de Paz, los esfuerzos en materia de seguridad deben reforzarse para evitar una nueva ola de violencia en el país. Aún no es claro que se hubiese superado el conflicto armado que azotó al país por más de 50 años. Durante el primer año de gobierno de Iván Duque, varios indicadores de violencia tienen comportamientos positivos. Los ocho aspectos analizados en este informe Basados en estos tres objetivos, la Fundación Paz y Reconciliación – Pares, hizo un balance de la seguridad en Colombia. Se analizaron ocho (8) aspectos: 1. Los datos de violencia asociados al conflicto armado. Se analizaron datos nacionales y los de los municipios priorizados para el posconflicto por la Fundación Pares. 2. Se analizó la situación de los grupos posfarc o disidencias. 3. Se analizó la situación del ELN. Su presencia, accionar armado y evolución en los últimos tres años. 4. La situación de los Grupos Armados Organizados, particularmente del Clan del Golfo. 5. La victimización a líderes sociales y defensores de derechos humanos. 6. La victimización a excombatientes de las FARC, y en general a la política de reincorporación. 7. La violencia política electoral en el marco de las elecciones locales de octubre. 8. La situación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos. Encuentre aquí el informe completo

Por: Redacción Pares En los últimos días, el Ejército Nacional se ha visto envuelto en sucesos en los que la comunidad ha tomado represalias en su contra. Uno de ellos ocurrió en el corregimiento de Santa Cruz, en el departamento del Cauca y el otro se presentó en el municipio de Puerto Valdivia en Antioquia. Una asonada en Santa Cruz De acuerdo con las versiones entregadas a la prensa, se registraron enfrentamientos entre disidencias de las Farc y tropas del ejército en la vereda El Jardín, ubicada en el corregimiento de Santa Cruz del Patía. Tras los combates entre el grupo armado residual contra los uniformados, cinco integrantes de las disidencias se habrían entregado a las tropas del Ejército. Sin embargo, cerca de 400 personas de la comunidad se enfrentaron contra el Ejército y lograron impedir la captura de los cinco integrantes de las disidencias de las Farc ‘Carlos Patiño’, entre los cuales se encontraba una mujer menor de edad y cuatro hombres. Según la información manejada por la prensa, la gran concentración de ciudadanos y la posterior movilización en bus, chivas, vehículos y motocicletas, logró que los uniformados no efectuaran el traslado de los capturados. Las tropas de la Vigésima Novena Brigada del Ejército, habrían incautado una granada de mano, municiones, computadores, proveedores, entre otros elemento que estarían al poder del grupos residual. Dicho material también lo habrían perdido de su poder los uniformados tras la asonada. Frente a este confuso hecho, la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Fiscalía General de la Nación adelantarán investigaciones que permitan establecer lo ocurrido al sur del departamento del Cauca. Es decir, pretenden establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se circunscriben a este nuevo hecho que se suma a la tensión que presenta en el departamento en términos de orden público. Malestar en Puerto Valdivia La presencia de las fuerzas militares en términos de sustitución de cultivos ha generado tensiones en diferentes municipios del país. Paralelamente a que los campesinos esperan un proceso de sustitución voluntaria, en el que cuenten con las garantías de alternativas al cultivo de cultivos de uso ilícito, hay grupos armados ilegales que se están disputando las economías ilegales; lo que ha generado un caldo de cultivo en la regiones que mantiene en incertidumbre sobre todo al campesinado colombiano que depende de la hoja de coca. En este caso, campesinos de las veredas de Monteblanco y la Siberia —ubicadas en el corregimiento de Puerto Valdivia— habrían impedido que miembros del Ejército realizaran labores de sustitución de hoja de coca en dicho corregimiento del departamento de Antioquia. Según las versiones que maneja la prensa, los soldados fueron trasladados a otras zonas del Bajo Cauca antiqueño tras el altercado con la comunidad. Las comunidades han manifestado que requieren de mesas concertadas de diálogo sobre el tema de sustitución de cultivos, en el marco de los derechos humanos. Asimismo, han hecho un llamado a las autoridades por la presencia de grupos armados que, constantemente, se enfrentan por los territorios en el departamento de Antioquia. Por su parte, Giovanny Buitrago, comandante de la policía de Antioquia, tras el suceso, señaló que “Puede haber intereses de algunas estructuras criminales en empujar a los campesinos a que tomen estas acciones contra la fuerza pública. Nosotros sabemos que los campesinos han demostrado y han tenido toda la voluntad para no estar sembrando cultivos ilícitos”. Además, hizo hincapié en la presencia de estructuras delincuenciales como Clan del Golfo y ELN. Una caravana humanitaria Una caravana humanitaria salió para Puerto Valdivia con un mensaje de acompañamiento a las familias y una exigencia a los grupos armados para que saquen de la guerra que adelantan a la población civil tanto en Puerto Valdivia, como a las comunidades que están ubicadas en el Bajo Cauca antioqueño. De hecho, Óscar Yesid Zapata, vocero de la organización Nodo Antioquia, señaló que «Queremos que las comunidades campesinas y que han vivido la violencia en los años recientes, principalmente en Puerto Valdivia, no se sientan solas. Queremos que sepan que hay organizaciones sociales que están tratando de visibilizar la situación, de exigirle al Gobierno Nacional para que ponga los ojos en este región de una manera decidida».

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Otra polémica sobre títulos inflados se desató esta semana debido a que al recién nombrado director del Departamento Nacional de Planeación -DNP, Luis Alberto Rodríguez, le aparecía un título adicional -y que no existe- en una página del actual gobierno. Rodríguez, que se desempeñaba como viceministro de Hacienda, fue nominado por el presidente Iván Duque, como el nuevo al mando del DNP. Tan pronto se supo la noticia también se conoció su perfil y en los medios de comunicación salió rápidamente su hoja de vida por la cual fue objeto de críticas. Según la página del Ministerio de Hacienda, el funcionario público es economista egresado de la Universidad Nacional, realizó una maestría en políticas económicas en la Universidad de Columbia y finalizó un posgrado en la Universidad de Tolouse en Francia. Sin embargo, este último título que apareció en el portal no está en la hoja de vida de Rodríguez. Ante el ataque mediático a tan solo un día de su posesión, Rodríguez señaló que sí había realizado unos cursos en dicha universidad, pero en ningún momento expresó que hubiera terminado un posgrado, y de hecho en su hoja de vida tampoco aparece tal título. En ese sentido, todo parece indicar que en este caso el error sí fue del ministerio. Ahora Rodríguez deberá comenzar a dirigir el DNP desde el próximo 15 de septiembre, sin embargo, este episodio rememora otros recientes en los que varios funcionarios públicos fueron fichados por falsificar, mentir, o ajustar títulos académicos obtenidos. Alcaldes con títulos dudosos Desde el 2016 el actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa fue objeto de burlas y señalamientos con respecto a los títulos que obtuvo en Francia en los años 80, según su hoja de vida contaba con maestrías y un doctorado en administración pública, pero una columna de El Espectador despertó la polémica y aseguró que estos no eran homologables en Colombia. Cuando Peñalosa llegó a la Alcaldía ese año, en la página web de la institución se actualizaron las hojas de vida y fue allí cuando el periódico publicó que los títulos descritos no existían. El episodio se trató de enmendar como un error y a los pocos días eliminaron algunos de los títulos expuestos. Sin embargo, en la opinión pública siguió sonando el tema, hasta el punto de que Peñalosa aún es recriminado por la supuesta falsedad de los diplomas. Peñalosa aseguró en varias entrevistas que en años anteriores sí había dicho que tenía maestrías y un doctorado, de hecho, en campañas anteriores a la alcaldía o presidenciales, también aseguró tener estos diplomas. Pero según él, se trata de una confusión de homologación y validez entre países. De forma oficial, Enrique Peñalosa, de 65 años, es economista de la Universidad de Duke en Estados Unidos, y ha llevado a cabo estudios en Francia, que al parecer son válidos y de muy alto nivel en ese país. En el año 2018, la Procuraduría y la Fiscalía archivaron las investigaciones en curso contra Peñalosa y el exalcalde Gustavo Petro, quien al parecer también alteró su hoja de vida con tres títulos falsos, pero en especial sonó el del doctorado. Según la institucionalidad, estas conductas no son faltas disciplinares, puesto que, no existe un requisito de titulación para ejercer este cargo público. Asimismo, la Embajada de Francia aclaró el año pasado por medio de una carta el caso Peñalosa, y expresó que lo cursado en Francia sí corresponde a una maestría y el otro título a un curso de “muy alto nivel”. Así las cosas, esto bajó un poco la cascada de acusaciones contra el alcalde de Bogotá. El de la ‘última jugadita’ El expresidente del Congreso y senador, Ernesto Macías, también ha estado en el ojo del huracán. No sale de una controversia cuando ya tiene otra. Y es que antes de salir de su cargo decidió hacer una “última jugadita” tal y como lo dejó saber en la instalación del segundo periodo del Congreso el pasado 20 de julio. Pero esto no ha sido lo único porque en 2017 le llovieron críticas por la presunta falsedad en su título como bachiller. Esto suscitó a que el caso fuese expuesto a la Corte Suprema de Justicia, quien al parecer corroboró que sí validó la secundaria. “A quienes andan muy preocupados por mi Diploma de Bachiller les recomiendo solicitarlo al ICFES, y el de Profesional a la UCC”, había expresado Macías desde su cuenta de Twitter. Y luego contó que por asuntos a su actividad política había descuidado su formación académica, y finalmente validó el bachillerato en 1996. Asimismo, había dejado pausado sus estudios universitarios, pero en 2008 terminó la carrera de comunicación social en la Universidad Cooperativa de Bogotá. Así las cosas, hay quienes aún dudan de la procedencia de los documentos, y la formación de Macías, pero lo cierto es que continúa laborando en el Congreso. Julián Bedoya ¿abogado? La Fundación Paz y Reconciliación-Pares realizó una investigación para determinar la calidad del título académico del congresista liberal Julián Bedoya, que supuestamente es abogado, pero de acuerdo con las pesquisas habría sido un diploma obtenido en dudosas condiciones. El título de abogado fue entregado por la Universidad de Medellín. Sin embargo, una serie de enredos administrativos, académicos y legales al parecer hicieron posible que Bedoya lograra obtenerlo en menos tiempo, frente a las materias y procesos que debía en la academia. De acuerdo con Pares, el 11 de octubre de 2018, luego de 9 años por fuera de la universidad, el Consejo Académico notificó el reingreso de Bedoya a la Universidad, sin embargo, esto no coincide con las fechas en las que supuestamente presentó la Prueba Saber Pro, requisito para graduarse. Y adicionalmente, hubo ayudas para que la fecha extemporánea tanto de pago, como de presentación tuviera otro alargue. Asimismo, la Fundación consultó ante el Consejo Superior de la Judicatura, en la cual se expidió un certificado que estipula que “en atención a las citadas disposiciones legales y una vez revisado los registros que contienen nuestras bases de datos se constató que la Cédula de ciudadanía No. 71371981., NO registra la calidad de Abogado”. En ese sentido, quedan más certezas que dudas sobre el diploma de Bedoya. Sin experiencia Otro episodio se registró al inicio de este gobierno cuando empezó a sonar que la funcionaria Claudia Ortíz iba a ser nombrada por Duque como la nueva directora de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero trinos pasados le jugaron una mala pasada, puesto que, había hecho un pronunciamiento negativo hacia el nuevo partido FARC. Entonces se cambió la baraja de opciones y la hoja de vida de Ortíz entró a la terna para el cargo de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), pese a que la Secretaría General de dicha entidad diagnosticó que no cumplía con todos los requisitos y experiencia. De todas maneras, Duque se fue contra la marea y la dejó encargada de la ADR. Asimismo, se conoció sobre la ausencia de certificados laborales relacionados con el cargo que iba a desempeñar, y por eso decidió acreditar su experiencia en una notaría que certificó lo que no sabía. Ortíz es abogada, pero no tiene maestría, especialización, ni doctorado. Y tampoco se había desempeñado en cargos relacionados al tema de tierras y lo que medianamente se acerca es una asesoría que realizó más de 30 años atrás. En marzo de este año la nueva directora fue suspendida durante tres (3) meses por la Procuraduría por permitir hacer actos de proselitismo por parte de un candidato a la gobernación de Boyacá en un evento institucional. Así las cosas, hay un gran listado de funcionarios del sector público que no cumplen, mienten y falsifican sus perfiles.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Nuevamente el hostigamiento a los habitantes del municipio de El Carmen, en el departamento de Bolívar. En este caso, la comunidad alertó sobre la llegada de panfletos amenazantes que mantienen en vilo los procesos que adelantan los líderes y las lideresas del municipio ubicado en la Serranía de San Jacinto. Tal como lo advierte el panfleto, las amenazas van dirigidas a los habitantes de las veredas de Caracolí, Raizal, Bajogrande, Santa Lucía, Punta Lancha y Salitral. Asimismo, el mensaje amenaza de manera directa a maestros, directivos de colegios, lideres sociales, defensores de derechos humanos, trabajadoras sexuales, personas de comunidades LGTBI y consumidores de estupefacientes. Incertidumbre en la comunidad de El Carmen de Bolívar La policía departamental, frente a la amenaza en la que se señala que después de las 9 de la noche los habitantes que se encuentren en las calles del municipio pueden ser asesinados o, de manera forzosa, los pueden reclutar, señaló que se encuentran en fase de investigación sobre la reciente presencia de los panfletos amenazantes en el Carmen de Bolívar. De hecho, según el comandante de Policía del departamento de Bolívar, ya se realizó un consejo de Seguridad y que, con ellos, están adoptando medidas. Dicho Consejo de Seguridad se llevó a cabo a finales del mes de mayo y contó con la presencia del presidente Iván Duque. El mandatario, en su momento señaló que era necesaria la activación el Plan de Acción Oportuna -PAO. Es más, Duque decidió lanzar la campaña “Se Busca”, para enfrentar a esas estructuras criminales del narcotráfico como el Eln, ‘Los Pelusos’, Los Caparrapos’ y el ‘Clan del Golfo’. De acuerdo con el Gobierno Nacional, se llevaría a cabo un seguimiento a los hechos victimizantes producto de las amenazas de grupos armados ilegales a los líderes de la región del departamento de Bolívar. De hecho, de acuerdo con la información del SIPARES, de la Fundación Paz y Reconciliación, seis (6) líderes y lideresas han sido asesinadas en el departamento de Bolívar, tras la firma del Acuerdo de Paz. Por su parte, según el reporte del Registro Único de Víctimas, con fecha de agosto de 2019, en el departamento de Bolívar se han registrado 72 casos de amenazas y 499 casos de desplazamiento forzado en lo que va corrido del año. La sombra del paramilitarismo en la región Según como lo dio a conocer el portal digitla Publimetro, hace una semana la Unidad de Restitución de Tierras en Carmen de Bolívar denunció que en zonas como San Juan y María la Baja, en cercanías al departamento de Sucre, campesinos habían denunciado que se han visto obligados a efectuar pagos de vacunas y han sido víctimas de expropiación de sus tierras. También alertaron sobre toques de queda en las noches y la presencia de grupos de hombres armados. Asimismo, señalan que hay un grupo armado que estaría pagando cerca de un millón y medio para reclutar a integrantes de la comunidad con las actividades ilícitas. A su vez, en el mes de julio, en la Mesa por la Protección de los Derechos Humanos de líderes sociales en Bolívar, que se realizó en el municipio de San Pablo, se discutió la necesidad de instalar el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes sociales, comunales y periodistas -PAO. Tras el encuentro, al que asistió la Defensoría del Pueblo, la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay y el Alcalde del municipio, José Robles Vásquez; la comunidad espera que las autoridades investiguen y tomen medidas con respecto a las amenazas. La Mesa de Protección de los Derechos Humanos de los líderes sociales se instaló en el Municipio de El Carmen de Bolívar, escenario que sirvió, entre otras cosas, para que la consiga de los habitantes de que el Gobierno Nacional debe atender con seriedad y atención las alertas tempranas que emite las Defensoría del Pueblo; fuera escuchada. Además, que se requiere de manera urgente la protección de aquellos que están liderando procesos territoriales con la comunidad. Es más, los lideres y las lideresas presentes en la Mesa solicitaron Garantías de No Repetición, conforme a las 1448 de 2011. Para ese momento, Carlos Negret Mosquera, Defensor del Pueblo, aprovechó que el espacio también estaba integrado por el director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías Gonzáles y el Consejero Presidencial de Seguridad Nacional, Rafael Guarín; para indicar que «las Alertas Tempranas no son para discutirlas sino para acatar las recomendaciones». Acciones en tiempo electoral Por otra parte, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, estuvo reunido el pasado sábado 24 de agosto en un Consejo de Seguridad que estuvo integrado por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, autoridades del Ejército, Armada Colombiana, Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Dicho encuentro, según Turbay tenía como fin revisar el orden publico de cara a los comicios que se celebrarán el próximo 27 de octubre a lo largo y ancho del territorio nacional. La esperanza de los habitantes de El Carmen de Bolívar es que en dicho Consejo de Seguridad que se hayan tomado en cuenta la presencia de los panfletos amenazantes que afectan la seguridad de toda la comunidad, y más aún, de cara a las elecciones del mes de octubre. Riesgo al proceso de la educación En el panfleto firmado por las autodenominadas ‘Águilas Negras’, del ‘Bloque de Montes de María’, amenazan con que habrá “plomo para aquellos maestros y directivos que adoctrinan estudiantes en favor de la política de izquierda… profesores, los tenemos pendientes… sabemos quiénes son… o dejan de joder o tienen que irse. También los líderes sociales y defensores de los derechos humanos”. En la región preocupa este tipo de amenazas ya que allí se adelanta un convenio con la Agencia Nacional de Reinserción -ANR, que ha permitido que exguerrilleros de corregimientos como Salitral y Changue pertenecientes al municipio de Ovejas, Sucre; y de la Turquía en Bolívar; estén recibiendo capacitaciones por parte de los docentes del lugar.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Este lunes se conoció que Estados Unidos dio luz verde a la extradición del narcotraficante y exmiembro de Los Urabeños, Camilo Torres Martínez, alias ‘Fritanga’ debido a que tuvo una rebaja de pena por colaborar con las autoridades norteamericanas en el esclarecimiento del envío de cientos de kilogramos de droga que ingresaron a ese país durante más de una década. “Fritanga”, oriundo de Unguía, Chocó, estuvo seis (6) años y cuatro (4) meses (2013-2019) en una cárcel de Estados Unidos, sin embargo, fue solicitado en Colombia para responder por los delitos de narcotráfico y falsedad en documento público. Y hasta el momento se conoce que este lunes aterrizaría en suelo colombiano. El entonces segundo al mando del grupo criminal los Urabeños fue capturado en julio de 2012, mientras celebraba las nupcias en el hotel Punta Faro en la Isla Múcura, del Golfo de Morrosquillo, con la modelo colombiana Diana Salazar. Este hecho suscitó un gran escándalo mediático debido a que varios cantantes nacionales e internacionales estuvieron en el casamiento, y fueron sorprendidos por las autoridades colombianas que llegaron a capturarlo en plena celebración. ¿Quién es “Fritanga”? Se conoce que la madre de Camilo Torres vivía junto con sus hijos en la ciudad de Medellín, sin embargo, decidió trasladarse para probar suerte en otro lugar y fue en ese momento cuando viajó con sus hijos, entre ellos Camilo, hacia Valledupar donde montó un restaurante; y de allí nació el alias “fritanga”. Al principio ayudaba en el negocio familiar, pero tiempo después entró a las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar que se desmovilizó en el 2006 con aparentemente 30.000 combatientes. Sin embargo, él y otros de sus más allegados como su primo Jhon Fredy Manco, alias el Indio, pertenecientes a dicha estructura armada no se acogieron al proceso de desmovilización, que tuvo lugar en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así las cosas, Torres aprovechó que Daniel Rendón Herrera alias Don Mario, una de las cabezas más reconocidas de las AUC decidió apartarse del proceso de reincorporación y crear en 2007 su propia estructura armada en el Urabá, antioqueño para continuar con las actividades delictivas. Al principio se autodenominaron “los héroes de Castaño”, pero más adelante serían llamados los Urabeños y allí fue escalando hasta llegar a ser el segundo al mando. En 2008 se conoció de la existencia de “Fritanga” debido a que la Corte Suprema de Justicia -CSJ, inició ese año una investigación contra Guillermo León Valencia Cossio, ex director de fiscalías en Medellín por favorecer a varios criminales de dicha estructura como Torres y sacarlos de la lista de los más buscados del país. Por consiguiente, fue capturado y luego dejado en libertad por mal procedimiento. Así las cosas, ya había un precedente de Torres en los entes judiciales, pero varias triquiñuelas lo habían dejado libre. Por esa misma época, en el 2009 “Don Mario” fue extraditado a Estados Unidos y allí hubo movimientos en la estructura. Los hermanos Úsuga tomaron el mando, y por esta razón el grupo pasó a conocerse como el Clan Úsuga. Sin embargo, varias familias que llevaba ese apellido solicitaron al gobierno utilizar otro nombre, debido a que, estigmatizaba a las familias que no hacían parte, y desde ese momento lo que en principio fue “los héroes de Castaño”, se denominó “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” y nombradas por el gobierno como Clan del Golfo. Torres o “fritanga” siguió delinquiendo y en el 2012 finalmente fue capturado. Al principio estuvo unos meses en dos cárceles en Colombia, pero luego fue pedido por Estados Unidos y hasta hoy se volvió a tener razón de él. ¿Qué viene para el exparamilitar? Tan pronto llegue a la base militar de Catam, Torres quedará a disposición de Migración Colombia para ser judicializado por los delitos por los cuales fue sentenciado a 21 años de cárcel. Sin embargo, todo indica que el narcotraficante saldrá bien librado de esta condena, debido a que el principio “non bis in idem” prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por el mismo delito. En ese sentido, la CSJ deberá pronunciarse sobre este caso, pero al parecer “Fritanga” deberá responder únicamente por el delito de falsedad en documento público, porque ya respondió por el primero en Estados Unidos. Así las cosas, estará en la cárcel solamente unos meses porque la condena más importante sería anulada.

Por: Redacción Pares La Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) se unen para el segundo Encuentro por la Verdad: ‘Reconocimiento a la persistencia de las mujeres y familiares que buscan personas desaparecidas’, que se realizará en la ciudad de Pasto, Nariño, del 26 al 28 de agosto. La búsqueda de las personas desaparecidas ha sido liderada, principalmente, por las mujeres y familiares, quienes durante más de cuatro décadas han luchado por el reconocimiento de sus derechos y han exigido respuestas frente a dos preguntas claves: qué pasó y dónde están sus seres queridos. La desaparición quebranta para siempre la vida de sus familiares, a quienes somete a una tortura emocional y los mantiene en incertidumbre permanente. La desaparición afecta las dinámicas de su comunidad y al conjunto de la sociedad colombiana. De esa manera, la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas —mecanismos creados en el marco del Acuerdo de Paz— deben generar un proceso de reflexión social sobre los impactos de la desaparición y la labor emprendida por las mujeres y familiares en la lucha por la memoria y la dignificación del buen nombre de las personas desaparecidas. Por lo tanto, los dos mecanismos se unieron en un proceso de reconocimiento que inició en cinco ciudades del país y que culminará con un acto solemne el miércoles 28 de agosto, a partir de las 8:00 a.m., en el Teatro Javeriano de Pasto, ubicado en la calle 21 # 25-59. Asimismo, previo a esta ceremonia, los días 26 y 27 de agosto se realizarán conversatorios alrededor de experiencias internacionales y nacionales de búsqueda y eventos culturales para dignificar la labor de mujeres, familiares, organizaciones, pueblos y comunidades. ¿Cuántas personas desaparecidas hay en Colombia? El universo de personas desaparecidas en Colombia aún es desconocido. Las instituciones que han tenido la tarea de llevar registros sobre este hecho manejan datos estadísticos distintos, los cuales responden a sus funciones o mandatos. A esto se suman los subregistros producto del miedo (por amenazas u otras formas de revictimización) que dificultan que familiares realicen el proceso de denuncia. Sin embargo, una de las fuentes de información que la UBPD considera más incluyentes es la del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, que tiene los siguientes registros: desaparición forzada: 83.036 casos; secuestro: 38.357, de los cuales 333 fueron registrados como personas desaparecidas; reclutamiento de menores: 17.895, de los cuales 154 están reportados como personas desaparecidas. No obstante, el universo podría superar las 120.000 personas. Tal cantidad de colombianas y colombianos dados por desaparecidos en el contexto del conflicto armado sería equivalente a si fueran desaparecidos todos los habitantes de Rionegro (128.000) en Antioquía o todos los habitantes de la ciudad de Ipiales (123.000) en Nariño. Esto es una muestra de que la responsabilidad de buscar a las personas dadas por desaparecidas no recae únicamente sobre los familiares, sino en el Estado y la sociedad en general, para dar respuestas y aliviar el sufrimiento de quienes no desisten en su lucha.

Por: Redacción Pares El Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos – Colombia nació en el año 2013 y su objetivo es la defensa y promoción de los derechos humanos a través del cine. “El cine nos une” es la máxima que usa para creer y crear un festival de cine que busca sensibilizar y despertar el interés en la reflexión y la práctica de los derechos humanos. Encuentre aquí toda la programación En ese sentido, diseña una programación audiovisual, cultural y académica que visibiliza las luchas de individuos y comunidades para construir un futuro donde se pueda vivir dignamente sin importar el sexo, la raza, la condición social y económica de cada ser humano. El Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos contará con la presencia de directores, protagonistas de las películas, expertos en derechos humanos y líderes sociales dispuestos a hablar con el público para sensibilizar y despertar el interés en la reflexión y la práctica de los derechos humanos. Es organizado por Impulsos Films, una productora bogotana que decide utilizar el cine como un escenario para documentar, preservar y contar lo que sobrevive de la violencia, de un conflicto armado, de la injusticia y la discriminación. Además, tiene como propósito resaltar a los directores, productores y realizadores que desde la narración de historias de promoción y defensa de los derechos humanos, realizan un ejercicio de memoria histórica, difusión y sensibilización.

Por: León Valencia, director – Pares La siempre interesante columna de María Isabel Rueda en El Tiempo, en su versión de este domingo, trae un recuento de la rivalidad entre la Corte Suprema de Justicia y el expresidente Álvaro Uribe, para concluir que este es el telón de fondo del llamado a indagatoria del organismo al expresidente. María Isabel arranca la historia de la rivalidad en el momento en que -dice ella- “La sala penal de esa Corte Suprema de Justicia, enceguecida contra el entonces presidente Uribe, decidió inventarse una figura que no existía y que no existe. Le devolvió dos veces las ternas de fiscal por considerarlas ‘inviables’”. Eso ocurrió en 2009. Otra versión es esta: en septiembre de 2007, la Corte Suprema de Justicia llama a indagatoria a Mario Uribe, primo del expresidente y su más entrañable aliado político. El motivo es la parapolítica, por la que también estaban investigados más de 80 parlamentarios, 61 de los cuales fueron finalmente condenados por estos delitos que ya nadie discute. La inmensa mayoría de estos congresistas pertenecían a la coalición de gobierno. No es difícil pensar que acá nació alguna prevención o animadversión de la presidencia con la Corte. En ese mes, el abogado Sergio González Mejía va a la cárcel y le hace firmar una carta a José Orlando Moncada, Alias Tasmania, en la que acusa al magistrado Iván Velásquez de presionarlo para que declare en contra de Uribe. El entonces presidente Uribe difunde esta carta desde el Palacio de Nariño, y todo el prestigio de la Corte queda en entredicho. También por esos días, la sala de deliberaciones de la Corte y los teléfonos de los magistrados son chuzados por el DAS. Tanto el abogado Sergio González, como la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, han sido condenados por los hechos. El uno a seis años de prisión y la otra a 14 años. En este caso, tampoco hay discusión sobre la responsabilidad de estas personas en esos graves actos que tienen el nombre inapelable de complot contra el máximo organismo de justicia. No es difícil pensar en qué momento se gestó alguna prevención de la Corte con la presidencia. Pasaron unos años y aún con estas prevenciones mutuas, el presidente Uribe acude a la Corte Suprema de Justicia para denunciar al parlamentario Iván Cepeda porque, a su parecer, está visitando algunas cárceles para presionar a algunos testigos a declarar en contra del expresidente en espinosos casos de alianza con paramilitares. Uribe también la emprende contra Piedad Córdoba, acusándola de complicidad con las Farc, y logra, muy pronto su destitución como congresista y la destrucción de su carrera política. Las investigaciones judiciales y disciplinarias sobre Cepeda y Córdoba se desarrollan, y a la inmensa mayoría de los políticos y de los formadores de opinión les parece algo muy normal. No tengo memoria de que políticos con gran poder o periodistas y columnistas con probada influencia señalaran que se estaba cometiendo una injusticia. La mayoría creían en la probable culpabilidad de estos dirigentes de izquierda. La izquierda misma no se la jugaba a fondo por la inocencia de Cepeda y Córdoba. Pero resultó que la Corte Suprema de Justicia, después de una larga investigación, llega a la conclusión de que Iván Cepeda no ha incurrido en los delitos denunciados por Uribe y al contrario, encuentra indicios de que es Uribe quien probablemente está incurso en fraude procesal y soborno, y por esos delitos le abre investigación y ahora lo llama a indagatoria. Al tiempo, el Consejo de Estado tumba la destitución de Piedad Córdoba controvirtiendo las acusaciones de Uribe. Ahí fue Troya. Una legión de políticos protesta, Uribe hace giras en los medios y cuenta una y otra vez su versión, los abogados Lombana y Granados también tienen los micrófonos abiertos, el corazón del discurso es el desprestigio a la Corte Suprema, la calificación pura y dura de que hay una persecución política. Nada es normal, nada es legitimo, todo es mentira y sesgo antiUribe. ¿Qué pasará en octubre? No sabemos qué concluirá la Corte. Pero siempre es bueno tener a la mano versiones distintas de lo que ha sido la relación entre el expresidente Uribe y la Corte en estos últimos 15 años.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares En las cuencas de Salaquí, Truandó y Cacarica del municipio de Riosucio en el departamento de Chocó, se ha desarrollado una iniciativa que le apuesta, desde la Escuela Interétnica de Liderazgo Juvenil, a renovar liderazgos que buscan la protección de las comunidades y la defensa del territorio, mientras se abren alternativas para la juventud de Riosucio. La intención es continuar contribuyendo a que se reconozcan los actores y se articulen para generar un goce efectivo de los derechos para las comunidades que, históricamente, han presenciado múltiples hechos victimizantes. Decires para la paz Un recado verbal es la forma con la que el mensaje de la Escuela Interétnica ha logrado vincular la cultura y el trabajo por el territorio, cuenta Yadith Palacios, quien hace parte de la iniciativa. De acuerdo con su relato, la idea es que a los distintos espacios confluya el sentir juvenil de las cuencas de Salaquí, Truandó y Cacarica y, que, en esa atmosfera, se fortalezcan los procesos culturales que durante años en el bajo Atrato se han desarrollado. Dicha tradición con mensaje y palabra evoca a uno de los contadores más importantes del Chocó, Miguel Angel Caicedo, quien mantiene un legado de memoria en la oralidad que es tan importante para las comunidades que habitan en el municipio de Riosucio. Con historias, coplas, versos y decires construyó tradición. Ahora, en la Escuela buscan el goce efectivo de los derechos como jóvenes afro, indígenas y mestizos. Además, como en el poema ‘El Perrito Rabón’ en el que Caicedo escribió que “Yo trampa no hacía pa cazá ratones, ni el horró ponía debajo del agua”; los jóvenes de Riosucio quieres desmarcarse de los escenarios de violencia que están latentes en el territorio y poder contar otro cuento. Una apuesta distinta “La Escuela Interétnica de Liderazgo Juvenil nace en el año 2013 a través de las organizaciones de base del municipio —Ascoba, Cavida, Camizba, Consejo Mayor del Cacarica, Consejo comunitario del Salaquí y el Consejo Comunitario del Truandó— debido a la difícil situación que atravesaban los y las jóvenes del municipio de Riosucio por presencia de economías ilegales, desplazamiento forzado, vinculación forzosa de grupos armados y las distintas violencias que confluyen en el territorio”, señala Yadith. En este sentido, Yadith cuenta que sintieron la necesidad de crear un espacio para que los y las jóvenes del municipio tuvieran alternativas distintas a la violencia. Además, porque como lo señala Yadith, la idea es fortalecer los procesos juveniles de liderazgo; tanto en la parte urbana como en la rural. Así las cosas, con el tiempo se fueron creando espacios de compartimento de cultura, saberes y convivencia. Esta iniciativa nació de la idea de los líderes mayores de las comunidades afrocolombianas e indígenas que pueblan la zona preocupados por el relevo generacional, para hacerse cargo de su territorio afectado por el conflicto armado. Foto: ACNUR En ese trasegar, comenta Yadith, tocaron muchas puertas y fueron escuchados por ACNUR, pastoral social; que son los que mayúsculamente han apoyado durante estos años. La participación de los jóvenes fue cada vez más extensa y hoy convergen cerca de 200 jóvenes de la comunidad. Los espacios los integran las diferentes cuencas que tienen presencia de comunidades afro, indígenas y mestizas. Los jóvenes son el corazón de la iniciativa Los y las jóvenes son los auspiciadores de la iniciativa tal y como lo señala de forma categórica Yadith. Es más, ella señala que había que ampliar el espectro de posibilidades para que los y las jóvenes pudieran fortalecer sus habilidades y que ese proceso le contribuyera la a comunidad. De hecho, la premisa de la iniciativa es plantarle cara a la vinculación de jóvenes a los grupos armados y, reconoce Yadith, en esa tarea suscita una responsabilidad que decidieron tomar como jóvenes de Riosucio. La Escuela Interétnica, “es una escuela de formación de jóvenes de los líderes y las lideresas del municipio en temas de empoderamiento, Ley 1622, en los procesos sociales en el territorio, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, nos enfocamos en los intercambios culturales porque reconocen una potencia transformadora en el carácter cultural que tienen las comunidades afro, indígenas y campesinas, señala Yadith. De esta forma, semanalmente se reúnen en Riosucio y cada 2 meses con las comunidades de las cuencas del Cacarica, Salaquí y Truandó. La resiliencia de una comunidad “Hay que partir de que la inmensa mayoría de los habitantes de Riosucio es población que sufrió desplazamiento forzado durante el conflicto armado. Así que han visto de muy buena manera la Escuela Interétnica y, teniendo en cuenta que los y las jóvenes hemos sido usados como carne de cañón de esta violencia”. Entonces, explica Yadith, que de alguna forma la Escuela Interétnica es una respuesta social ante el lastre histórico que han tenido que sufrir las comunidades afros, indígenas y mestizas. “Este espacio ha llevado a que los jóvenes sean constructores de paz, porque son ellos mismos los que luchan para convertir escenarios y que estos sirvan de plataforma cultural con un fuerte enfoque de paz.» explica Yadith Palacios. Además, las comunidades han hecho parte necesariamente debido a que las practicas culturales las han heredado de sus familiares, señala Yadith. De hecho, ya hay jóvenes que hacen parte de cabildos, hacen parte de los Consejos Comunitarios producto de los conocimientos de la Escuela Interétnica, cuenta con emoción Yadith. Yadith considera que la iniciativa, entre otras cosas, ha permitido una desestigmatización de la violencia que recae sobre los jóvenes. Bajo des aspectos que nos resultan fundamentales, la ley de juventud y del concepto de resiliencia. Un caso de ello tiene que ver con que los jóvenes trabajan con la formulación de política pública, la discusión y pedagogía de derechos para que no sean vulnerados, precisa Yadith. “La Escuela le ha aportado líderes y lideresas al territorio, porque generalmente en estos territorios dichos liderazgos eran ejercidos por personas mayores, porque siempre se le confirió, exclusivamente, a ellos el conocimiento. Pero, a raíz de la escuela Interétnica nos hemos reconocido como creadores de sentido, portadores de saberes y conocimientos”, cuenta Yadith. A su vez, el hecho de ir reconociéndose en el ejercicio de liderazgos para las realidades que viven como jóvenes. De esta forma, se han ido integrando a las instancias de construcción de tejido social en Riosucio. “Le apostamos a la juventud del municipio de Riosucio, porque yo siempre he creído que nosotros no somos el futuro, nosotros somos el presente. La vinculación es desde el ahora. La expresión comunitaria se construye desde el hoy”, señala Yadith. De hecho, la idea de la Escuela es fortalecer los procesos de liderazgo de los y las jóvenes y, en este sentido, consolidar una construcción de paz a nivel local.