Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre» Mahatma Gandhi. «Estos modelos económicos, como el neoliberal, están pensados para satisfacer necesidades deseos e intereses de los humanos y pasan a un segundo plano los intereses deseos y necesidades de otras especies y de los ecosistemas en sí mismos. Estos problemas que hemos venido generando por la priorización del antropocentrismo fuerte como centro de consideración moral, permitió desarrollar este tipo de economías de enfoque extractivista, de uso y aprovechamiento que buscan sólo satisfacer esas necesidades deseos e intereses de la especie humana.» Pares habló con Mauricio Sánchez Osorio, profesor e investigador del departamento de Bioética de la Universidad El Bosque y coordinador en la maestría de la misma disciplina. A su vez, se desempeña como coordinador de la línea académica de la Plataforma ALTO – Animales Libres de Tortura- . Además, ha sido asesor – unidad de trabajo legislativo- en la comisión quinta del senado de la República y como asesor en procesos político electorales a nivel local, regional y nacional. La bioética presta una orientación plural e interdisciplinaria e incentiva la adopción de un juicio crítico y razonable ante cuestiones como el manejo de los recursos naturales, el impacto ambiental del desecho de productos industriales y de las fumigaciones, las contaminaciones, los organismos genéticamente modificados, la biodiversidad, aspectos sociales como la pobreza o el crecimiento de la población humana, las políticas en salud y la asignación de recursos limitados y la calidad de vida de las personas, entre otros. Pares: Desde el punto de vista de la bioética ¿cómo se analiza una tragedia global como la de los incendios que están consumiendo miles de hectáreas en la selva del Amazonas? Mauricio Sánchez Osorio: En términos generales nosotros tratamos de aclarar, y si es posible, resolver preguntas de tipo ético que ponen en crisis las percepciones normales que tenemos de lo que está bien o de lo que está mal en las diferentes comunidades. Me refiero a analizar preguntas de tipo ético que nos permiten revisar, entre muchas otras cosas, el tema de los centros de consideración moral que usamos los humanos para construir esos lineamientos morales que nos dicen a nosotros qué está bien y qué está mal. Históricamente los humanos tenemos la tendencia a usar como centro de consideración moral a los propios humanos, y a esto lo denominamos antropocentrismo y tiene diferentes niveles. Hay unos antropocentrismos muy fuertes y hay unos antropocentrismos que son moderados. Cada uno de ellos plantea centros de consideración moral desde donde se parte para construir lineamientos morales, y esos lineamientos morales son lo que entendemos como bueno o malo. Hay una línea fuerte, radical, que no solamente prioriza los intereses de los humanos, sino que además de ello niega la posibilidad de asignación de estatus moral a otras especies, a otro tipo de vivientes y también niega la posibilidad de asignación de estatus moral a los ecosistemas: a lo vivo y lo no vivo. Eso, sumado a los grandes desarrollos técnocientíficos que tenemos hoy en día, hace que en la práctica nuestra voracidad sea mucho más impactante en términos de la extracción uso y aprovechamiento de los recursos naturales, bien sea renovables o no renovables . Estos modelos económicos están pensados para satisfacer necesidades, deseos e intereses de los humanos y pasan a un segundo plano los intereses deseos y necesidades de otras especies y de los ecosistemas en sí mismos. Hemos desarrollado economías de enfoque extractivista de uso y aprovechamiento que buscan sólo satisfacer esas necesidades, deseos e intereses de la especie humana. Esto, en términos generales, ha generado un impacto y problemas que ya tienen dimensiones globales y que superan las nociones de divisiones políticas y administrativas que nosotros hemos construido en el Amazonas. Entonces, sumamos centros de consideración moral antropocéntrico, economías de mercado neoliberales y una corriente de fortalecimiento de nacionalismos, el resultado de eso es una incapacidad de reacción en bloque para atender problemas que son de dimensiones globales como el que se está presentando tristemente en el Amazonas. «Estamos hablando de sociedades de consumo y de desperdicio. Las dificultades que tenemos son de dimensiones globales y nuestras estructuras políticas, sociales y culturales ya no dan abasto para reaccionar de una manera óptima frente a estos problemas que tenemos.» Foto: Pares Pares: ¿Cómo solucionamos el problema de la tragedia sin precedentes que se está presentando en estos momentos en la amazonia? M.S.O: El profesor español Alfredo Marcos propone tres grandes herramientas para tratar de generar mayor capacidad de reacción frente a problemas como el del Amazonas. La primera es tener herramientas intergeneracionales que nos permitan pensar, no solamente el bienestar de nuestra especie en el aquí y el ahora, sino que nos permita pensar en comunidades morales de largo alcance con proyecciones lineales en el porvenir, que nos permita hablar de desarrollo sostenible y que garanticen unos recursos para que las futuras generaciones puedan tener una vida digna con relación a recursos naturales. La segunda es replantearnos el centro de consideración moral antropocéntrico fuerte para hacer tránsito a otro tipo de centros de consideración moral, bien sea antropocéntríco de corte moderado o antiantropocentrista; es decir, centros de consideración moral como el ecosistémico o el biocéntrico, que involucraría no solamente a nuestra especie sino a otras especies. Eso nos permitiría generar otro tipo de lineamientos morales y como consecuencia entenderíamos de diferentes maneras qué es lo que está bien y lo que está mal, y nuestros actos irían con relación a lo que se entiende como moralmente bueno y haría que en lo práctico cambiemos nuestra forma de relacionarnos con el entorno, relacionarnos de otra manera con otras especies, no solamente como dominación de uso y aprovechamiento. Y la tercera herramienta que propone, que creo que para este tema del Amazonas es la que hoy más se necesitaría, que es el fortalecimiento de las herramientas internacionales. Tristemente vemos cómo muchos gobiernos están en un ejercicio nacionalista de fortalecimiento de fronteras que no va a funcionar para poder atender de manera inmediata pronta y efectiva estas emergencias que superan el tema de la frontera, vemos cómo hay países que se están retirando de acuerdos internacionales, de tratados internacionales y eso no nos permite reaccionar en bloque frente a problemas que superan la división estatista. Sería algo como una construcción de bloques supranacionales, tipo Unión Europea, que nos permita enfrentar de manera conjunta, con políticas articuladas entre los diferentes Estados problemas de dimensiones globales como el tema que se nos está presentando en estos días con los nefastos incendios forestales en el Amazonas. Pares: Un informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas patrocinado por varias agencias de la ONU, revela que alrededor de un millón de especies de animales y plantas están ahora en peligro de extinción y muchas podrían desaparecer en tan solo décadas, lo que representa una amenaza de una dimensión sin precedentes en la historia de la humanidad ¿Cómo llegamos a esta situación tan dramática? M.S.O: Si tenemos un antropocentrismo fuerte, sumado al número de habitantes sobre el planeta, más el nivel de desarrollo tecnocientífico que tenemos, entonces eso se puede catalogar como un comportamiento suicida de la especie. Tenemos que estas variables han cambiado y que el antropocentrismo como centro de consideración moral, hoy, debe considerarse como algo obsoleto si queremos sobrevivir, y no sólo nuestra especie, sino la vida en el planeta. Cuando cambian las variables, debemos cambiar los enfoques en que construimos nuestros lineamientos morales para saber lo que es bueno o malo con relación a la protección de la vida, no solamente de nuestra especie, sino de todas. Por ejemplo: si tú eres una persona que te ganas 20 millones de pesos mensuales, adquieres unas condiciones de vida. De repente ya no tienes más trabajo y tu ingreso pasa de 20 millones al salario mínimo, sin embargo, te empeñas en sostener el estilo de vida que tenías cuando te ganabas 20 millones. Te empiezas a endeudar, no das abasto y no tienes los recursos suficientes para sostener esa calidad de vida. Terminas hundiéndote más en el proceso. Esto mismo pasa acá. Hace algunos siglos no teníamos tanta gente y no teníamos tanto desarrollo tecnocientífico. Un antropocentrismo era casi indetectable en términos del funcionamiento del ecosistema, pero hoy nuestra especie es una fuerza geoplanetaria, sólo nuestra especie tiene la capacidad de destruir el mundo. Es decir, las variables cambiaron, y si estas variables cambiaron porqué mantener el comportamiento antropocéntrico fuerte; si lo mantenemos, es un comportamiento suicida. Yo he escuchado gente que habla de la minería de enfoque extractivista responsable, pero cuando metes esa minería dentro de una economía de mercado, que es de competencia y volumen, pone en crisis al pequeño minero porque tiene que competir con más volumen. El problema de un enfoque extractivista antropocéntrico negador de la asignación de estatus moral a otras formas de vida, es que nos mete a todos en una competencia de producción en volumen, en masa y voracidad. Yo creería que desde un trabajo en lo cultural y lo social, que la gente entienda bien este tema de las dimensiones de la bioética, de las dimensiones de la moral y si esto se trabajara mucho más fuerte en los procesos de formación del pensamiento crítico de los estudiantes, tendríamos otro tipo de sociedades, porque la priorización no sería el humano y su enfoque económico neoliberal que premia la voracidad, el consumo y la acumulación, y en esa medida sí es uno de los factores detonantes de tragedias ambientales como la que está ocurriendo en el Amazonas. El neoliberalismo dice que no construyó monopolios porque la competencia se autoreguló, yo no creo, o pregúntele a Nestlé, o pregúntele a los carteles de los pañales, los carteles del cemento o los carteles de los útiles escolares. «Ya no estamos hablando solamente de actividades que contaminan pero que luego desaparecen y no tiene mayor impacto, sino que estamos hablando de islas de plástico en los mares de nuestro planeta, estamos hablando de incendios que superan las fronteras estatales.» Foto: Pares Pares: Hay unas comunidades que han pensado todo este sistema de relacionamiento de otra manera, como las comunidades indígenas. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos recurrir a ellos para tomarlos como ejemplo y aprender cómo salvar el ecosistema y la vida en el planeta? M.S.O: Todos aportamos algo, siempre, y todos los saberes tienen algo que aportar. Nuestra sociedad occidentalizada de corte anglosajón tiene mucho que aportar en términos de la tecnociencia que hemos desarrollado. Las comunidades indígenas y muchas comunidades tienen saberes diferentes a los validados por la matriz colonialista como los doctorados, las maestrías y las especializaciones, otros saberes como los de los líderes sociales y líderes comunitarios. Todos estos procesos de fortalecimiento de los vínculos comunales y comunitarios en los territorios aportan mucho. Para dar respuesta a la pregunta, retomo el tema de las exigencias procedimentales de la metodología de la bioética, que son los comités con multiculturalidad, pluralismo, pluridisciplinariedad; siempre teniendo en cuenta una sociedad dinámica, evolutiva, activa y compleja que va cambiando, que se va moviendo. Entonces aportamos todos desde nuestros diferentes saberes. Claro, las comunidades indígenas, creo yo desde lo que estudio, que podrían ser entendidas como comunidades que desarrollan o construyen sus lineamientos morales a partir de centros de consideración moral ecosistémicos, entonces el tema ya es de un funcionamiento y respeto de los aparentes equilibrios. Sin embargo, no basta sólo con estas formas sino que constantemente invitamos otros saberes que nos permitan aportarle, porque en últimas, en este barco estamos todos y entonces nos toca aportar a todos en la solución; y tampoco nos podemos negar que nuestra tecnociencia es maravillosa: el humanismo, el mejoramiento genético, la eugenesia,todo este tema es maravilloso, poderosísimo y nos da posibilidades, no sólo de pensar en el planeta sino en el cosmos. Hay un profesor de la universidad Bruselas que dice que debemos pensar en un centro de consideración moral antropocósmico reflexivo y creativo, un enfoque futuro muy chévere. «Nuestro ejercicio es estar resolviendo preguntas de tipo ético para poderles aportar todos estos resultados a personas que están ubicados en posiciones estratégicas, que puedan tomar decisiones para atender de mejor manera estos desastres que se nos están presentando y que por demás son profundamente tristes.» Foto: Pares

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Tras la revelación que hizo el diario El País de España sobre la preparación de un documento del Ejército de Colombia sobre una “versión coordinada” del conflicto armado, León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación —Pares, señaló que la medida es positiva ya que de esa manera, los militares van a concurrir ante la Comisión de la Verdad, ante la Jurisdicción Especial para la Paz y ante la opinión pública. A su vez, planteó una serie de escenarios que vislumbran los retos sobre los relatos que entregará el Ejército. Para Valencia, este documento resulta ser una oportunidad en la suma de versiones que esperan las víctimas, en este caso, por parte de un actor del conflicto como lo fue el Ejército y las responsabilidades que hubo detrás de las FF.MM. Las responsabilidades de las FF.MM. Valencia advierte que —en aras de la construcción de lo sucedido en el marco del conflicto— las FF.MM. no deben caer en contar solo lo que hicieron bien, sino en lo que hicieron mal; máxime porque de su versión se desprenden responsabilidades de la clase política. Hay que tener en cuenta que en Colombia no hubo una dictadura militar, “sino que hubo un régimen político civil que era el que daba las órdenes, el que establecía las estrategias y el que establecía, sobre todo, el filo político de la guerra”. Es decir, de la versión del Ejército dependerá que los políticos, que durante 50 años estuvieron tomando decisiones, queden o no exculpados. Para Valencia, las versiones deben abundar sobre las directrices que, por ejemplo, durante sus gobiernos tomaron los presidentes cuando asumieron como comandantes en jefe de las FFMM y, los efectos que estas tuvieron en las vicisitudes del conflicto y los impactos que ocasionaron o no en el pueblo colombiano. En este sentido, Valencia hace hincapié en que los relatos que entregue el Ejército tienen un genuino compromiso con el esclarecimiento de los hechos que conduzcan Sistema Integral de Verdad, Justicia, la Reparación y la Garantía de No Repetición. No obviar los yerros del Ejército Ahora bien, tal como lo dio a conocer El País de España, el documento que lleva por nombre “Plan 002811” apuntaría a una construcción de una verdad institucional coordinada. Sin dudas, este hecho no aguardó polémica y ha suscitado un debate propio en el marco del postconflicto. Para el analista resulta vital que desde el Ejército —articulado con el equipo que conformaron de sociólogos, especialistas en conflicto, politólogos— cuenten cuáles fueron sus yerros y su participación en lo que él denominó una “larga guerra, una guerra irregular”. Lo anterior será clave, teniendo en cuenta que —según El País de España— en Plan 002811 el general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, ordenó un plan coordinado para la comparecencia de uniformados al Sistema Integral, así como el establecimiento de una “líneas de contra argumentación” que usaría el Ejército en dichas instancias. En este sentido, las líneas que plantea el comandante del Ejército tendrán que ver específicamente con “Las líneas de contraargumentación, el esclarecimiento de casos emblemáticos y la visibilización de afectación de las víctimas militares”. Cabe aclarar que el documento que están construyendo las FF.MM. será entregado en 2021, tiempo en el que, paralelamente, se espera instancias de contrastación de los hechos y las versiones. Una disputa enunciativa Frente a esto, llama especialmente la atención que ante la construcción del documento el propio Ministro de Defensa del gobierno Duque, Guillermo Botero, dijera en los micrófonos de la FM que no tenía conocimiento. Sin embargo, el jefe de la cartera ministerial de Defensa posteriormente señaló que la instrucción sobre el documento resulta ser “muy conveniente”, debido a que, en el marco de un conflicto de más de medio siglo, el Ejército colombiano tiene muchas cosas por contar. Asimismo, catalogó como muy conveniente que la Comisión de la Verdad conozca la verdad de las FF.MM. “Este lineamiento lo hizo el General Mejía en noviembre del año pasado tras dialogar con el padre Francisco de Roux”, agregó. Por su parte, Francisco de Roux —presidente de la Comisión de la Verdad— se refirió en los micrófonos de BluRadio a la polémica que desató la versión coordinada del Ejército. De Roux indicó que desde la Comisión de la Verdad el trabajo está en la recepción de las versiones que entreguen tanto víctimas como victimarios. A su vez, agregó que en dicho proceso los comisionados serán los encargados de contrastar dichas versiones. Sobre la construcción del documento, el director de la Comisión de la Verdad se centró en dos aspectos: que es una responsabilidad del Ejército y que también es un ejercicio de legitimidad por parte de las FFMM. De Roux atajó la polémica refiriéndose a que “las verdades que son verdades apologéticas no necesariamente son las más interesantes, pero son razonables. Cualquier institución trata de explicar su racionalidad”. La obligación con las víctimas Justamente, León Valencia advierte que la tarea de contar la verdad que adelantan las FF.MM. será difícil y dolorosa, pero que la responsabilidad de esta labor, necesariamente, demanda que el Ejército se refiera a sucesos como los de las ejecuciones extrajudiciales, la relación con los paramilitares, los crímenes de guerra, el convenio con empresarios y políticos, en el que resultó afectada la población civil. En palabras de Valencia, “en esta guerra no es inocente nadie, en esta guerra se cometieron abusos de todos los lados”. En este sentido, en la tarea de “trasparentar” el informe sobre lo que hicieron las FFMM y que la versión sea creíble, el Ejército cometería un error en optar solo por una versión “apologética y a la defensiva” donde digan que todo lo hicieron bien, nosotros estuvimos apegados al Derecho Internacional Humanitario, cumplimos con todos los estándares de Derechos Humanos”, pues la sociedad civil estará muy atenta conforme a los testimonios de las víctimas en Colombia que resultaron afectadas desde tantos frentes.

Por: Diana Argüello Orozco, Asesora de Comunicaciones Visuales. Pares En el municipio de Riosucio, departamento de Chocó, se celebró, del 12 al 17 de agosto, la semana de la juventud. Esta conmemoración tuvo como propósito visibilizar los asuntos de interés juvenil y llevar a cabo un ejercicio de incidencia para la aprobación de la política pública municipal de juventud. En el marco de esta semana, se llevaron a cabo actividades formativas, culturales y deportivas con los miembros de la plataforma de juventud y otras organizaciones sociales y la administración municipal. Estas actividades contaron con el apoyo de la Pastoral Social, la Fundación Paz y Reconciliación, la Casa de la Juventud, ACNUR, PNUD, UNFPA y LA Embajada de Suecia y la Alcaldía Municipal. Desde hace cinco (5) años, el Municipio de Rioscucio, gracias al liderazgo de la Escuela Interétnica de Liderazgo Juvenil, inició un proceso orientado a la formulación de la política municipal de juventud y el fomento y promoción de la participación efectiva de los y las jóvenes riosucienses. En particular, la tercera versión de la Semana de la Juventud se enfocó en el proceso de incidencia para la aprobación de la política de juventudes en el municipio. Cuatro actividades ocuparon la mayor atención. La primera de ellas fue una jornada de formación tanto a jóvenes de la plataforma de juventudes, como a miembros de la administración municipal e instituciones descentralizadas que tendrían a su cargo la implementación de la política pública. Además, en esta jornada se socializó el proyecto de política pública que el alcalde de la población radicará ante el Concejo Municipal para su aprobación y asignación de recursos para su implementación. Con ese mismo objetivo, el día 14 de agosto en la sesión del Concejo Municipal, la presidenta de la plataforma, Yadith Palacios Romaña, en compañía de Fernando Quintero de PARES y Cesar Moya de Pastoral Social, socializaron ante esta corporación el proyecto de política pública de juventudes. Asimismo, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de la donación de un patrimonio semilla que contribuirá a la sostenibilidad de la casa de la juventud y la plataforma de juventudes. Estas iniciativas forman parte del proyecto de fortalecimiento de capacidades juveniles para la paz y la promoción de capital social: SE JUEGA LA VIDA. Finalmente, el día 15 de agosto, la Plataforma de Juventud realizó un foro con candidatos a las distintas corporaciones públicas del territorio –especialmente con candidatos a la alcaldía- en el que la ciudadanía pudo conocer las propuestas y compromisos que los candidatos tienen con la población joven del municipio. Las actividades contaron con la presencia de delegados del PNUD, PARES, ACNUR Pastoral Social y la Alcaldía Municipal. La semana de la juventud culminó el día 17 de agosto con la competencia de gincana, en la que jóvenes de diferentes instituciones educativas y miembros del grupo juvenil indígena Jiwerich, mostraron sus destrezas para superar las once pruebas del desafío.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares En las últimas semanas, el departamento del Cauca ha estado en el ojo del huracán debido a que las comunidades han quedado en medio de los enfrentamientos entre el ejército y los grupos armados ilegales que operan en la zona. Además, han asesinado a sus líderes y lideresas sociales y en consecuencia se han generado varios desplazamientos y una situación social dramática. El sábado pasado, varios internautas alertaron por las redes sociales sobre el caos que se estaba viviendo en el municipio de Suárez. Circularon varios videos grabados por los pobladores, en los que se podían ver y oír las ráfagas de disparos que de un lado y otro se lanzaban la fuerza pública y las disidencias de las FARC. Asimismo, Rossi Jair Muñóz, defensor del pueblo regional del Cauca expresó a los medios de comunicación que la comunidad de la Vereda Bellavista, en Suárez, hizo un llamado a la Defensoría para atender la situación de orden público. Por ahora, hay más de 200 familias que han salido de la zona rural de Suárez y hay otras zonas en el Cauca que corren peligro por los combates y amenazas. Por ejemplo, el pasado 16 de agosto varios líderes indígenas fueron declarados como “objetivo militar” por parte de la autodenominada columna móvil Dagoberto Ramos que no se acogió al pacto de paz y hacen parte de las llamadas disiencias, en los municipios de Caloto, Corinto, Miranda, Toribío, Florida y Pradera. Ante la crítica situación, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, Ariel Ávila, analizó cómo está la región en general y cuáles son las principales causas que tienen a este departamento sumido en tres guerras. Los tres escenarios de conflagración “El sábado se presentaron combates en Suárez, las últimas semanas han asesinado a cuatro miembros de las comunidades indígenas. Y en el municipio de Argelia se siguen presentando homicidios selectivos”, expresó el analista. De acuerdo con el Sistema de Información-SIPARES de la Fundación Pares, desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 hasta la fecha han sido asesinados 291 líderes y lideresas sociales en Colombia, e infortunadamente los departamentos más afectados por este flagelo son Cauca con 49, Antioquia con 46 y Nariño con 26. Los perfiles más afectados por este delito siguen siendo los líderes de Juntas de Acción Comunal (JAC), seguido por líderes indígenas y en tercer lugar se encuentran los líderes campesinos. Así las cosas, el Cauca se encuentra en un estado de alerta y el panorama es el siguiente: la primera guerra se presenta en el sur del departamento, es decir, en los municipios de Balboa, Bolívar y Argelia donde hay una disidencia de las FARC, autodenominada “Jaime Martínez”, y mucha población depende de las economías ilegales. También están el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al parecer hay una estructura de colombianos pero que se hacen llamar los mexicanos, agregó Ávila. La segunda guerra que se vive es en el pacífico caucano en municipios como López de Micay, Timbiquí y Guapi, donde “literalmente los narcos funcionan como un centro comercial. Han dividido las palyas para que cada cual administre un pedazo para sacar droga que envían a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en México», indicó el analista. Por último, se presenta la guerra en el norte del departamento que involucra una estructura del EPL o “Pelusos”, dos disidencias de las FARC, el ELN y una serie de estructuras del narcotráfico. En conclusión, para el analista este es un departamento que solamente vivió la paz durante 2016 y 2017 porque el Estado perdió la ventana de oportunidad y antes de que llegara el Estado llegaron otros actores criminales por el control territorial y la cooptación de las economías ilegales y sus rutas por el andén pacífico.

Por: Redacción Pares Así lo advirtió este jueves Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación, y denunció que el 24% de los municipios del país está en alto riesgo de trashumancia electoral, de cara a las elecciones regionales que se realizarán el próximo 27 de octubre. Según el ente de control, hay 262 municipios en alto riesgo de presentar trasteo de votos, especialmente en Boyacá, Cundinamarca y Antioquia. Según la Procuraduría, solo en 15 municipios se encontraron 105 mil cédulas inscritas en lo que correspondería a trasteo de votos, y de esa cifra 16.714 se encontrarían en Barranquilla; 12.606, en Soledad, Atlántico; 10.912, en Soacha, Cundinamarca; 9.306, en Cúcuta, y 7.519, en Floridablanca, Santander. Entre los municipios que registran un mayor número de inscripciones atípicas de cédulas se identificó a La Salina, Casanare, con un incremento de 325,64%; Urrao, Antioquia, con 122,98%; Palmar de Varela, Atlántico, con 153,62%; Labranzagrande, Boyacá, con 147,11%, y Pacho, Cundinamarca, con 187,89%. Por departamentos, señaló que los que registran un mayor número de municipios en riesgo son Boyacá, con 56; Cundinamarca, con 40; Antioquia, con 35; Santander, con 21, y Norte de Santander, con 13. En ese sentido, de los 32 departamentos del país, 27 presentan un alto riesgo de trashumancia electoral. «El trasteo de votos es una de las prácticas más arraigadas en la patología de lo que sucede en las elecciones en Colombia, y “es el plato favorito de las organizaciones criminales dedicadas a la compra y venta de votos», indicó Carrillo Flórez. La trashumancia electoral en Colombia El trasteo de votos o trashumancia electoral es un fenómeno irregular que ocurre especialmente en época electoral en todo el país. Por lo tanto, organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) han comenzado a lanzar alertas sobre las situaciones en los territorios con miras a los comicios regionales que se llevarán a cabo en octubre. En febrero de este año, la MOE llamó la atención de que 46.901 ciudadanos y ciudadanas de las 162.725 que habían inscrito su cédula desde octubre de 2018 hasta enero de 2019 no vivían en los municipios en los que se inscribieron. En ese sentido, la organización expresó que el 29% de las inscripciones realizadas durante tres meses, podrían tratarse de posibles casos de trashumancia electoral. Dicho concepto hace referencia a una persona que vive en un territorio distinto al lugar en el que inscribió su cédula para votar, y por lo general está asociado con actos de corrupción. Sin embargo, este año se sumaron otras posibles causas a este fenómeno. La principal causa en la fuga de votos recae especialmente en los episodios de corrupción. Sin embargo, este año se ha disparado el registro de las cédulas en territorios aledaños donde se han incrementado los niveles de violencia. Esto quiere decir que las zonas que actualmente entraron en disputa por la salida de la exguerrilla de las Farc, están presenciando combates por el control territorial entre varias estructuras armadas lo cual ha generado el desplazamiento de docenas de familias, y esto podría ser otra causa del trasteo de votos, que no necesariamente está relacionado con corrupción. Sin embargo, habrá casos en los que la condición de desplazamiento podría ser aprovechada por algunos políticos.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informó que las últimas cifras registradas los últimos tres años con relación a la hambruna y la malnutrición en la región de América Latina y el Caribe van en aumento. Para la representante regional de la FAO, Eve Crowley esta es una tendencia muy preocupante porque durante décadas se habían logrado bajar los índices del hambre en la región y el mundo. “Ahora se ve un aumento en la región y en el mundo. En los últimos tres periodos se ha aumentado”, expresó a la Agencia EFE. De acuerdo con el más reciente informe de la organización internacional titulado: “2018 Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, desigualdad y sistemas alimentarios” el número de personas subalimentadas aumentó por tercer año consecutivo, llegando a 39,3 millones. Por otro lado, expresó que también tienen una meta asociada con erradicar la mal nutrición en todas sus formas, y una de ellas es que en muchos de los países hay una combinación de problemas simultáneos, aseguró Crowley. En cuanto al informe, más conocido como Panorama, reveló de forma más detallada la situación alimentaria que padecen los países del sur de América. En ese sentido, resaltó la contracción económica, el conflicto político en algunos países y el incremento de los desastres originados por fenómenos naturales. Dichas problemáticas trajeron “el aumento de la migración, el crecimiento de las tasas de pobreza y de pobreza extrema, y el consecuente deterioro de los perfiles de hambre y malnutrición”, reza el texto. A dicho reporte se sumó la reciente alerta de la FAO en la que aseguró que los pueblos indígenas serán los proveedores para la hambruna que sufrirá el mundo si no se detienen las prácticas extractivas que destruyen el medio ambiente. En ese sentido, estos dos llamados están dirigidos en gran medida a los modelos económicos que hoy por hoy rigen en los países más desarrollados y los subdesarrollados que se prestan para la extracción como Colombia; puesto que, a fin de cuentas, deterioran el planeta y aumentan las desigualdad en el mundo. “La desigualdad contribuye al hambre y a las distintas formas de malnutrición. En América Latina el 8,4% de las mujeres se encuentran en situación de inseguridad alimentaria severa, en comparación con el 6,9% de los hombres”, detalló la FAO. Y también indicó que, en diez países el 20% de los niños y niñas más pobres sufren tres veces más la desnutrición crónica, y las poblaciones indígenas sufren mayor inseguridad alimentaria que las no indígenas, asimismo las poblaciones rurales más que las urbanas. La periferia, la más afectada en Colombia Tal como lo señaló la organización, Colombia también sintió el aumento de la pobreza y en consecuencia la hambruna. Aunque el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), indicó que durante el periodo de 2010-2018 hubo una reducción en la pobreza, pero si se compara únicamente con los últimos tres periodos también coincide con el coletazo que alertó la FAO. En Colombia se mide la pobreza a través del Índice de Pobreza Mutidimensional (IPM), que se compone por cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y juventud, salud, trabajo, acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda. Así las cosas, en 2018, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en Colombia fue del 19,6%; en las cabeceras del 13,8%; y en los centros poblados y rural disperso de 39,9%. Por consiguiente, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en centros poblados y rural disperso fue 2,9 veces el de las cabeceras, según el DANE, encargado de recopilar y analizar las estadísticas del país. Lo anterior demuestra que las zonas más apartadas del centro catalogadas como centros poblados y rurales son los más perjudicados y los que aumentan el IPM. Y las regiones que registraron más alta la tasa de pobreza fueron el Caribe con 33,5%, el Pacífico con 33,3%, y en tercer lugar la región central con 19%. Cabe destacar que en el análisis del andén pacífico se excluyó al departamento del Valle del Cauca. En ese sentido, las que reseñaron menor incidencia de pobreza multidimensional fueron Bogotá con 4,3%, seguida de Valle del Cauca con 13,6%, Oriental con 16,4% y la región Antioquia con 17,1%. Por consiguiente, los cambios son estadísticamente significativos se registraron en el Caribe, debido al comparativo realizado por el DANE entre 2016 y 2018.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El Juzgado 38 Administrativo de Bogotá responsabilizó, sorpresivamente, este lunes al gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez de la persecución política que sufrió la exsenadora de izquierda Piedad Córdoba durante los años 2005-2008, y que destruyó su carrera política debido a la estigmatización a la que fue sometida, tanto así, que los sectores cercanos a ella le dieron la espalda. En la decisión también se determinó que en los próximos días la nación deberá pedirle perdón a Piedad Esneda Córdoba Ruíz, por los daños causados a la exsenadora por interceptaciones telefónicas, montajes de la supuesta relación con grupos subversivos y la campaña de desprestigio. En ese sentido el juzgado falló “declarar solidaria, administrativa y extracontractualmente responsables a la Nación – Presidencia de la República – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) (…) por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de las actividades de inteligencia y contrainteligencia ilegales”. El DAS fue clausurado en 2011 en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos como consecuencia de la serie de denuncias que empezaron a salir a la luz pública y dieron apertura a varias investigaciones contra los funcionarios de esa entidad por los excesos y abusos en el uso de la agencia de inteligencia. Cientos de casos de interceptaciones telefónicas, más conocidas como “chuzadas” en contra de líderes de oposición y vínculos con grupos paramilitares generaron el cierre de la entidad que se creó desde 1960 en el gobierno de Alberto Lleras Camargo. El juez también ordenó una indemnización de 300 salarios mínimos legales vigentes a la exsenadora y 170 a la familia, debido a que, fueron víctimas de señalamientos y malos tratos a causa de la persecución a Córdoba. “Tiempos difíciles” A Córdoba y sus abogados les tomó por sorpresa esta decisión, puesto que, habían pasado varios años desde la demanda interpuesta contra la nación. “Ya han pasado más o menos unos once, doce años, han sido tiempos muy muy difíciles, muy dolorosos por el desprestigio por el daño moral que se me hizo a mí y a toda mi familia, pero bueno más duro hubiera sido que la justicia nunca se hubiera pronunciado”, aseguró la exsenadora en W Radio. También reiteró que lo menos importante de la indemnización es el dinero: eso no allana absolutamente nada y pienso que mi familia tiene que sentir exactamente lo mismo que siento yo, expresó. Y en cuanto a regresar a la política, a la que dedicó muchos años y no recibió frutos sino desgracias, indicó que no ha pensado retomarla, y lo cierto del caso es que ninguna de las personas, ni siquiera la izquierda quería estar con ella porque supuestamente les quitaba imagen. Por eso “no lo he pensado realmente, yo quedé muy afectada por todo lo que me pasó y sobre todo porque finalmente a la hora de la verdad la gente que uno creería que era la que tendría que estar con uno o que uno tendría que estar con ella fue la que finalmente me dio más la espalda que la misma gente de la derecha”, resaltó. Tres lecciones El director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, León Valencia, señaló que hay tres lecciones que deja este fallo. En primer lugar, la defensa del Estado, el DAS y el departamento administrativo nunca negaron que la persecución política fuera falsa, pero sí intentaron escudarse en que esto se trataba de personas individuales, de decisiones de los funcionarios y no del Estado. En ese sentido, Valencia explicó que prácticamente lo que hace la sentencia es decir que esto “no fue a título individual, sino que es una responsabilidad del extinto DAS y una responsabilidad de presidencia porque era un organismo que pertenecía a la presidencia”. “Eso deja un camino, una nueva línea de investigación, y es que los señores a los cuales el Estado está acusando, y en los cuales está descargando la culpa saben cómo recibieron las órdenes. La justicia debería volver a la interlocución con ellos para que ellos puedan demostrar la conexión con los funcionarios mas altos y esa es una de las primeras cosas”, indicó. Lo segundo que suscita ese fallo es que acabaron con una carrera política opositora, esta es una lección enorme porque ya el mal esta hecho y ningún resarcimiento económico va a recuperar los daños y años de estigmatización. “Ella era una señora exitosa que incluso podía haber sido una candidata presidencial, representaba una corriente política enorme y la acabaron políticamente. Esta es una lección de la manera tan perversa de cómo se destruye la oposición en Colombia. Esa es la segunda lección”, destacó Valencia. La tercera lección es que estas intimidaciones se realizaron en los dos mandatos de Uribe (2002-2006) y (2006-2010), pero no es el único caso. En ese mismo panorama está toda una Corte Suprema de Justicia, periodistas, y otros dirigentes políticos a los cuales se les golpeó, algunos también se les acabó con la carrera política. A otros se les hizo un daño enorme, a otros se les puso en riesgo su seguridad. “Entonces esto apenas es la punta del Iceberg de una gran campaña de destrucción de honra y de vidas desde la presidencia de la república porque eran organismos directamente vinculados al presidente, entonces ese es el tercer gran crimen. Y ojalá la justicia y los medios sigan escarbando todo lo que se hizo en esos dos mandatos de Uribe”, sentenció el analista. ¿Y dónde quedó la izquierda? Córdoba expresó que prácticamente quedó sola en la batalla contra el Estado. La mayoría de sus anteriores aliados le dieron la espalda y hasta tuvo que dejar de recibir protección porque algunos estaban infiltrados por la misma agencia de inteligencia. Así las cosas, los únicos que la respaldaron para iniciar una lucha jurídica fue el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo. “Y como comentaba desde ayer (lunes) era muy difícil conseguir que algún abogado me representara porque nadie quería, entonces yo me voy a atener a la revisión del fallo que ellos están haciendo, ellos creen que el Estado apelaría y nosotros también apelaríamos, pero creo que hay que buscar la manera de llevar las instancia jurídica, judiciales hasta el último término”, apuntó la excongresista. Por su parte, Valencia aseguró que hubo una indiferencia de todo el país y de la izquierda misma porque siempre se tenía la sospecha entre algunos de que podía tener razón de todas esas cosas que se decían sobre Córdoba. “Lo que se ha demostrado es que Piedad no era responsable de todas las cosas por las que se le acusaron y que todo era una persecución. Y ahí va la solidaridad, ahí va lo flaca, lo débil que es la solidaridad entre el mundo de la izquierdas frente a gente que ha sido muy representativa de ella y los cálculos políticos”, concluyó. Esa es casi la conclusión de cada juego político y es que hay muchos intereses de por medio, y por consiguiente, la gente intenta no perjudicarse y actúa a veces no con atención a las convicciones y a las solidaridades necesarias sino a los cálculos electorales.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Bajo la idea de que “La Sierra es otro cuento” el grupo juvenil ‘Kódigo 8 Jts’ del barrio La Sierra —comuna ocho de Medellín— le ha venido apostando a la música y a la cultura para hacerle frente a la violencia y a los imaginarios que estigmatizan a los y las jóvenes del territorio. Sin embargo, el pasado 18 de agosto uno de los integrantes de la iniciativa fue asesinado en la capital antioqueña. Se trata de Anderson Pino, un reconocido cantante urbano y líder del barrio La Sierra donde, paradójicamente, fue encontrado muerto. A pesar de la violencia, el barrio La Sierra —desde 2009— ha contado con esfuerzos como los del grupo Juvenil Kódigo 8. Esta iniciativa ha buscado reconstruir el tejido social a partir de la formación en música de percusión, ritmos del pacífico, chirimía y la música urbana como el hip hop; para que desde esta forma se auspicien alternativas para los y las jóvenes, como también para establecer un fortalecimiento de conocimientos, aprendizajes y saberes conjuntos para mantener liderazgos en la comuna 8. “Para los que no están” Justamente, para el mes de junio, la iniciativa realizó una actividad de graffiti en el barrio en el que lanzaron el mensaje de que otro cuento es posible. “Por su gente, por sus deportistas, artistas, por su tenacidad, por sus ganas de salir adelante, por su superación, por creer que se puede, por su lucha. Por ser el barrio donde nacimos y crecimos. Es otro cuento para los que están y para los que no están. Momentos vividos, recuerdos, eso y más; es La Sierra es, otro cuento. Es mi barrio, nuestro barrio”, fue el mensaje del grupo Juvenil KÓDIGO 8 JTS, Jóvenes trabajando por La Sierra Comuna 8 Medellín. Dos meses después, la iniciativa juvenil se encuentra con el asesinato de Anderson, un hecho que resquebraja el tejido que han venido fortaleciendo los y las jóvenes. Según versiones preliminares, patrulleros de la policía lo encontraron en las horas de la mañana —a eso de las 7:00 a.m.— con seis heridas de arma blanca y sin documentos. Por esta razón, las autoridades habían sido registrado como NN; sin embargo, la comunidad del barrio La Sierra la que se encargó de denunciar que la víctima era Anderson, alguien del barrio. De ahí, los habitantes de la Sierra han emprendido una labor para establecer lo sucedido alrededor del asesinato del joven de 24 años. El grupo juvenil sigue su apuesta por un trabajo conjunto que permita la articulación de la comunidad, las JAC, JAL, corporaciones e iniciativas comunitarias, grupos juveniles, parroquias y espacios pedagógicos. Sus actividades están dirigidas desde y para la gente del barrio, a partir de eventos culturales, espacios de formación en ritmos del pacífico, música urbana, lunadas artísticas y toques. De esta forma, Kódigo 8 continúa con el fortalecimiento de procesos juveniles y comunitarios en diálogo con la cultura y el enfoque poblacional de los y las jóvenes de la comunidad. La violencia intenta imponerse en Medellín Según Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Anderson no tenía denuncias por amenazas en su contra. Asimismo, Camacho señaló que las autoridades siguen adelantando investigaciones que den con los responsables, y actuarán de manera conjunta con un equipo de la Sijín, según el mismo Camacho. El panorama preocupa, debido a que, según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, en Medellín; han sido asesinadas 390 personas entre el periodo del 1 de enero a 31 de julio de 2019. Además, del total de los asesinatos; 237 fueron victimas que se encontraban en un rango de edad entre 14 a 30 años. Frente a esta situación de la capital del departamento de Antioquia, hay mucha resistencia desde las comunidades al plan de maniobra del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Según ellos, la violencia contra los y las jóvenes en la ciudad está latente, así como la vinculación de estos a grupos ilegales. De hecho, hace 10 meses —octubre de 2018— el alcalde Gutiérrez, en el marco de un Consejo de Seguridad con el presidente Iván Duque, señaló que apoyaría la presencia del Ejército en barrios como Altavista, Robledo o en la Comuna 13. Hecho que desató polémica. En la intención de abordar el tema de seguridad, el alcalde de Medellín ha declinado en favor de estas propuestas que, en su momento, Gutiérrez señaló que «No es cierto que Medellín esté militarizada, lo que hay es un apoyo interagencial, es una asistencia militar con patrullajes mixtos. Los que se tienen que ir de los barrios son los delincuentes, no la fuerza pública, ese es el tema de fondo». El debate de la seguridad de Medellín aún suscita muchos matices debido a que en los barrios hay muchas iniciativas que velan por la protección de los derechos humanos. De hecho, frente a la polémica propuesta de Gutiérrez, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU pidió la salida del Ejército de las comunas de la ciudad. De esta forma, las comunidades esperan que las autoridades prevengan asesinatos como los de Anderson; pero en el marco de la defensa de la vida y de los derechos humanos.

Por: Redacción Pares En el Acuerdo de Paz, celebrado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, reconoce el derechos de las las víctimas como un principio fundamental. En este contexto, el partido político FARC hizo entrega este martes 20 de agosto, a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD, de información para la búsqueda, localización e identificación de 276 personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. La información recibida le permite a la UBPD, avanzar en la etapa de recolección, organización y análisis de la información, sustento de la fase inicial del plan de búsqueda de personas desaparecidas. De esa forma, como lo indica el comunicado dado a conocer por el movimiento político, el fenómeno de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, tiene un vínculo directo con el sufrimiento de los familiares que deben de ser subsanados. En ese sentido, FARC, en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y el CICR diseñaron un proceso de documentación humanitaria de 354 casos que a fecha de hoy son personas desparecidas en el marco del conflicto, de los cuales se hace entrega de 276 casos a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para que se inicien los procedimientos necesarios y establecer su paradero. Esta entrega se produce en cumplimiento de los compromisos derivados del Comunicado 62 de 2015, logrados entre el Gobierno y la antigua guerrilla, para aliviar el sufrimiento de los familiares. En rueda de prensa, Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, señaló que «La información impone a la UBPD un desafío importante para completar la información que permita tener elementos sobre el posible lugar de localización de las personas.» Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR, indicó que entregarán todo su conocimiento técnico para analizar la información y así, realizar la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. En la recolección de la información entregada por parte de FARC a la UBPD, el 6% de la información recopilada hace referencia a la posible ubicación de la persona desaparecida. John León, vocero del Comité de Búsqueda de FARC le aseguró al El Espectador que ellos ya habían entregado 169 casos a la UBPD y que hoy se entregaron los ddemás. Agregó, según el diario, que, otros 78 casos ya se habían priorizado ya que excombatientes sabían la ubicación exacta donde estaban enterradas las personas, lo que da un total de 354 casos documentados. La desaparición forzada en Colombia El panorama de la desaparición forzada en Colombia es bastante complejo, no solo porque todavía se desconoce la dimensión en cifras de esta práctica, sino porque implica, en muchos casos, buscar cuerpos en ríos, fosas comunes, cementerios clandestinos y hasta hornos crematorios. Mientras algunas discusiones se centran en si son más de 40.000, 60.000 u 80.000 desaparecidos, en organizaciones sociales se habla de hasta 300.000, lo que supone grandes retos para la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Para el primero de agosto de 2018, el Registro Único de Víctimas (RUV) contaba un total de 48.705 víctimas directas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado colombiano entre 1985 y 2012, siendo Antioquia el departamento más afectado. Sin embargo, estos datos están muy por debajo de los del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, en donde se habla de 80.514 desaparecidos entre 1958 y julio del 2018. Según el Observatorio, el año con más casos de este hecho victimizante fue el 2002, y solo hasta 2006 los números empezaron a descender, llegando a un solo registro en lo que va de 2018.

Por: Daniel Abello, Asistente de investigación línea de Conflicto, Paz y Posconflicto Pares. A un año de la posesión del presidente Iván Duque Márquez, quien llegó a la Casa de Nariño montado en el lomo del uribismo, y concretamente por haber sido señalado a dedo por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Pares hace un análisis de la política de seguridad democrática, el caballito de batalla que el uribismo tanto añora, y que se ha convertido en una herencia de la que Duque, y su gobierno, no se han podido desmarcar. Al llegar a la presidencia en 2002, Uribe Vélez trazó con claridad tres líneas de acción: (i) Continuación de la ofensiva contra las FARC -reforzada con la cooperación internacional de EE.UU con el Plan Patriota-, (ii) una “política de paz” con los grupos paramilitares consolidadas en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), (iii) una serie de políticas específicas, que son apéndices de las dos anteriores, es decir las complementan: los soldados campesinos, los estímulos a la deserción y las redes ciudadanas de informantes. ¿Qué es la Seguridad Democrática? Según el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, Seguridad Democrática es “el ejercicio de una autoridad efectiva, que sigue las reglas, contiene y disuade a los violentos y está comprometida con el respeto a los derechos humanos y la protección y promoción de los valores, la pluralidad y las instituciones democráticas.”. Sumado a los pilares de construcción de redes ciudadanas de apoyo, respaldo en materia de cooperación internacional y afianzamiento de un Estado legítimo. De esa manera, los focos de acción se concentraron en siete aspectos: (i)control del territorio y defensa de la soberanía nacional, (ii) combate al problema de las drogas ilícitas y al crimen organizado, (iii) fortalecimiento del servicio de justicia, (iv) desarrollo en zonas deprimidas del conflicto, (v) protección y promoción de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, (vi) fortalecimiento de la convivencia y los valores, (vii) la dimensión internacional. Ahora bien, el documento del Plan Nacional de Desarrollo en sí mismo no contiene propuestas específicas sobre las políticas públicas a implementar sobre seguridad democrática, y sobre todo, lo que materializó el comienzo de la seguridad democrática fue la “Política de Defensa y Seguridad Democrática” emitido por el Ministerio de Defensa. En palabras del politólogo Francisco Leal Buitrago en su libro La política de Seguridad Democrática, “En esencia, el Plan es un inventario de ideas sobre el programa bandera del presidente.” La estructura del Plan de Seguridad Democrática tuvo cinco partes: primero los fundamentos democráticos, derechos humanos, cooperación, solidaridad, eficiencia y austeridad, la transparencia y juridicidad, la multilateralidad y la corresponsabilidad, entre otras. La segunda, especifica las amenazas para la nación, entendidas como un “riesgo para la nación, las instituciones democráticas y la vida de los colombianos.” En tercer lugar, señalaba cinco objetivos estratégicos: 1) consolidación del control estatal del territorio, 2) protección de la población, 3) eliminación del comercio de drogas ilícitas, 4) mantenimiento de una capacidad disuasiva y eficiencia, y 5) transparencia y rendición de cuentas. Sobre la cuarta parte, el Plan hace referencia a las líneas de acción requeridas para enfrentar las amenazas mencionadas. Y por último, se menciona la financiación y la evaluación del plan, haciendo referencia a la difícil situación fiscal del país y la utilización del impuesto del IVA, y su ampliación, para garantizar la sostenibilidad del Plan. Cabe resaltar, que en ninguno de los documentos citados, se acepta la existencia de un conflicto armado, o se sugiere la existencia de uno, lo cual de entrada no permite que haya una articulación coherente con los planteamientos de los documentos y a la ejecución de los mismos. La etapa de implementación Los primeros pasos a través de los cuales comenzó la marcha de la seguridad democrática en el país fueron el nombramiento de Marta Lucía Ramírez como Ministra de Defensa, la declaración de “Estado de conmoción interior” (Revocada por la Corte Constitucional en agosto de 2003, considerada inexequible) y un impuesto para la seguridad, mediante el decreto 1837 expedido el 11 de agosto de 2002, con el objetivo de reforzar el brazo financiero de las fuerzas militares, y continuar el crecimiento del pie de fuerza. Después de dos meses de mandato, el gobierno de Uribe implementó la Operación Orión, el 16 de octubre de 2002, cuyo objetivo era atacar a las estructuras urbanas de ELN, FARC, y Comandos Armados del Pueblo -CAP, pero dejó un saldo de sangre en el corazón de Medellín; descuartizamientos, desapariciones y torturas fueron el resultado de una operación militar del gobierno colombiano trabajando hombro con hombro junto al Bloque Cacique Nutibara, de las Autodefensas Unidas de Colombia. Hay que recordar que un punto de quiebre dentro de la confrontación armada contra la insurgencia de las FARC-EP, fue el atentado al club el Nogal el 7 de febrero de 2003, sobre todo en cómo se implementó la estrategia de la seguridad democrática, ya que al principio del gobierno los choques burocráticos entre los comandantes de las fuerzas con la ministra, y los constantes golpes a la fuerza militar por parte de la insurgencia, no dieron los resultados esperados por el presidente Álvaro Uribe. Es en este contexto de lucha antiterrorista en el que Uribe, sacrificando la reputación internacional del país ante el sistema internacional, apoyó abiertamente la invasión a Irak de Estados Unidos a comienzos del año 2003, esto con el fin de lograr un respaldo robusto en términos de cooperación internacional técnica y financiera por parte de Estados Unidos para fortalecer la lucha contra la insurgencia y las drogas. Paralelamente, se efectuó el proceso de paz con las AUC, cuyo punto culminante fue el acuerdo de Santa Fe de Ralito, en julio de 2003. En referencia a los logros de esta política de seguridad, podemos señalar la Operación Libertad 1, logrando desmantelar en Cundinamarca varios frentes de las Farc, sumado a la política de entregar recompensas por información, capturas o bajas. Al nombrar como ministro a Jorge Alberto Uribe, economista y empresario, Uribe Vélez tenía control completo de las directrices y movimientos dentro del ministerio, el cual a los 20 meses fue reemplazado por Camilo Ospina, también sin conocimientos en el campo militar. Las capturas de Simón Trinidad y Alias Sonia fueron logros emblemáticos del primer mandato de Uribe. El gobierno presentó su polémico Estatuto Antiterrorista y el Congreso lo aprobó dos veces, pero la Corte Constitucional lo declaró inexequible a finales de 2004. Este estatuto facultaba a las FF.MM para la interceptación o registro de correspondencia y demás formas de comunicación privada, el empadronamiento o informe de residencia de los habitantes del territorio nacional y la ejecución de detenciones, allanamientos y registros domiciliarios sin previa orden judicial. Esta presidencia autorizó 240 extradiciones, número mucho mayor que la suma de todos los presidentes anteriores, y manteniendo esa línea de mano dura, la favorabilidad del presidente en las encuestas se mantenía muy alta. Sin embargo, el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares, su inclusión en la lista negra de terrorismo de EE.UU. las constantes tensiones entre el gobierno y los líderes de la mesa de diálogo de Ralito dejaron ver que el gobierno tenía muchas falencias en términos de capacidad administrativa y de seguridad. En términos de crecimiento de las FF.MM, según Leal Buitrago, se dio un aumento en “siete divisiones, 20 brigadas convencionales, 15 brigadas móviles y siete batallones de alta montaña, además de una brigada de selva, una brigada blindada, la Brigada Contra el Narcotráfico, la Brigada de Aviación, la Brigada de Fuerzas Especiales y la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra –que pasó a depender de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega–, entre otras.”. Como puede constatarse en los datos del Banco Mundial, la cifra de gasto militar creció constantemente a lo largo de la administración de Álvaro Uribe Vélez, esto se vio reflejado en operaciones, y logros importantes por parte de las FF.MM, así como en su reestructuración y modernización. Fuente: Banco Mundial, (2019) Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Yearbook: Armaments, Disarmament and International. Segundo Periodo 2006-2010 A lo largo del segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez se pudo constatar que gran parte de sus planteamientos, en términos de valores, dieron continuidad a lo planteado desde 2002, haciendo especial énfasis en la seguridad urbana y ciudadana, movilidad de las FF.MM, y fortalecimiento de la inteligencia militar. Un documento clave para entender la política de seguridad en el segundo mandato, son las cifras que presenta Uribe en el informe ante el Congreso en el 2007, el cual hace referencia a la reducción de índices de homicidios, aumento en la presencia de la fuerza pública, aumento del pie de fuerza de las FF.MM, descenso en las hectáreas de cultivos ilícitos, número de laboratorios destruidos, número de secuestros; estas y las demás cifras que presenta el informe, dan cuenta de una reducción transversal, en los indicadores de seguridad del país. Ahora bien, gran parte de estas cifras varían dependiendo de las instituciones que las presenta, para el profesor Leal Buitrago, eran frecuentes los cambios de metodologías, estadísticas y distorsiones porcentuales en documentos oficiales, para evaluar los indicadores mencionados. Sin embargo, estos indicadores también fueron opacados por las violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, un proceso de paz con los grupos paramilitares que fue permeado por la impunidad y la corrupción mediante penas suaves y la no reparación a las víctimas. Es decir, la política de seguridad tuvo un gran componente represivo militar, pero no contempló enfoques diferenciales, humanos y sociales. Al término de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, el gasto de defensa fue de 19.7 billones de pesos, y en porcentaje de PIB fue de 3.6%, uno de los más altos de la región. Fuente: Banco Mundial, (2019) Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Yearbook: Armaments, Disarmament and International. En estos años del gobierno de Uribe el país sufrió una fuerte penetración del paramilitarismo en las instituciones del Estado, tales como el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS y su escándalo de ‘chuzadas’ a la oposición política, prensa y órganos judiciales. Por otra parte, con respecto al proceso de desmovilización de los paramilitares, en cifras, de los más de 10.000 desmovilizados, 4.000 no entregaron armas, y a esto se suma la tragedia de las ejecuciones extrajudiciales, o “falsos positivos”, los cuales según reportes de la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos estiman que fueron más de 4.000 en este periodo de tiempo. A partir del sistema de información de la Fundación Paz y Reconciliación -SIPARES, se registraron alrededor de 50 mil desapariciones forzadas, 117 mil homicidios, 967 masacres, 56 mil amenazas, 3520 torturas, en el periodo de 2002 y 2010, lo cual denota que los componentes de la seguridad democrática, de protección de los derechos humanos, no se cumplieron, dejando un saldo en rojo. Es necesario decir que los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez dejaron un saldo en rojo desde la perspectiva de los derechos humanos, como desde la perspectiva del gasto militar. En un delicado péndulo de gobierno, el expresidente Uribe inclinó su gobierno a la seguridad democrática por medio de la intervención militar, sin tener en cuenta el grave impacto en materia de derechos humanos en la sociedad, lo cual evoca a esta conclusión, el término acuñado por los estadounidenses, en la guerra de Vietnam, “daño colateral”, como definición a un terrible error de gobierno:llevarse por delante, tercamente, los derechos humanos con tal de triunfar sobre su adversario, sin importar las consecuencias.

Por: Redacción Pares La Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz recibieron un informe de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales en el que se presentan los testimonios de 189 mujeres que sufrieron violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano, el documento también aporta un análisis sobre cómo la violencia sexual se usó como un mecanismo de terror y humillación. El acto, realizado el pasado jueves, fue acompañado por el Nobel de Paz 2018 Denis Mukwege, quien ha liderado la atención integral a las víctimas de este delito (violencia sexual en el conflicto armado) en la República Democrática del Congo y otros países. En la entrega participaron el presidente de la Comisión Francisco De Roux y la comisionada Alejandra Miller. Por su parte, Mukwege aseguró que la ayuda a las mujeres víctimas de violencia sexual es clave: “Deben tener apoyo médico, psicosocial y económico. En el hospital Panzi, en Congo, se dan estos servicios en un mismo lugar y esto evita que las mujeres repitan una y otra vez sus historias de dolor”, y añadió que: “Su voz debe ser oída y escuchada. No habrá paz sostenible si las víctimas de violencia sexual no se tratan con dignidad”. Las víctimas se empoderaron como anfitrionas del evento y presentaron el informe como un relato que no solo es un mecanismo para romper el silencio, sino también para identificar aspectos específicos de las violaciones, un recuerdo permanente con el que han aprendido a vivir y que han trasformado para romper el círculo de la violencia. “Lo que ustedes están haciendo significa una manifestación de coraje y grandeza humana: decir una de las verdades más difíciles, que se suele mantener en el silencio porque toca directamente la dignidad de los que la expresan”, dijo Francisco De Roux al recibir el informe. Y recordó el primer Encuentro por la Verdad de la Comisión en Cartagena, que dignificó a mujeres y personas LGBTI víctimas de violencias sexuales en el marco del conflicto armado colombiano, pero a su vez evidenció también los relatos de barbarie.

Por: Redacción Pares El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, solicitó al Presidente Iván Duque Márquez, adherirse y firmar el Acuerdo Regional de Escazú sobre el “Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales” en América Latina y el Caribe. En carta enviada al primer mandatario, el jefe del Ministerio Público enfatizó en que este acuerdo se encuentra en la línea de los objetivos trazados por el Gobierno Nacional para los próximos cuatro años, y además es un llamado para que se garantice un entorno seguro y propicio a las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. En ese sentido, la defensa del territorio y el medio ambiente ha puesto a los líderes ambientales en grave riesgo en sus derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad y seguridad, y por esta razón el Ministerio Público pidió al Gobierno Nacional tomar las medidas necesarias en favor de esta población. Líderes ambientales asesinados, un saldo trágico El último informe de la organización internacional Global Witness, que trabaja en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, señaló que Colombia es el segundo país más inseguro en el mundo para que los líderes y lideresas ambientales puedan ejercer las labores en defensa de los territorios. La ONG también señaló que en Colombia se registraron 24 asesinatos de líderes y lideresas que trabajan en pro del medio ambiente. Sin embargo, el experto señaló que las cifras muchas veces son estimaciones muy bajas comparadas con lo que en realidad sucede en los territorios, las denuncias que no prosperan o las amenazas que nunca se conocen. En definitiva, los líderes sociales en Colombia han demostrado ser los principales garantes de la estructura ecológica de muchos territorios. El gran peligro de no defender a nuestros líderes y lideresas es ese, es poder perder esa gran riqueza que siempre nos ha enorgullecido: la cultural y ambiental, y ha quedado más que demostrado que las comunidades son las garantes del cuidado ambiental en muchos territorios.