Por: León Valencia, director – Pares Los medios de comunicación, y buena parte de los líderes de opinión, han tratado con gran benevolencia el año de gobierno del presidente Duque. La revista Semana tituló: “un año de aprendizaje” y de las filas del uribismo se entregó como evaluación que en este año “estuvo ordenando la casa”, una expresión que remacha la idea de que el actual gobierno encontró un desastre y su labor ha consistido en limpiar los escombros que dejó Santos. Ni los unos ni los otros quieren aceptar que la valoración más ajustada a la verdad es que este es: un gobierno en crisis. Duque ha tenido tres momentos en su mandato. El primero arranca con su triunfo y su posesión y culmina a los cien días; el segundo va de noviembre, cuando se da cuenta de su grave crisis, hasta el mes de marzo. En ese lapso toma medidas y obtiene un respiro en la opinión; y el tercero arranca en abril y sigue hasta ahora. Primero. Los mejores días de Duque están en el tramo entre su triunfo y la posesión presidencial, cuando todas las fuerzas tradicionales del país, por miedo a Gustavo Petro, se vuelcan a su favor, le agregan la votación en trescientos municipios y le anuncian su apoyo para gobernar. En esos días Duque habla de pasar la página de la polarización; gobernar para todo el país y sin el odioso espejo retrovisor; construir una agenda con énfasis en la equidad, en el desarrollo y la legalidad; enfrentar la corrupción y dejar atrás la mermelada y el clientelismo buscando acuerdos programáticos con todos los partidos. Pero pasados cien días, al filo del mes de noviembre, no había conseguido una coalición mayoritaria para gobernar y las encuestas le habían quitado más de veinte puntos de favorabilidad. Entonces decide fugarse hacia atrás y se refugia en las ideas con las que Uribe gobernó al país entre 2002 y 2010. Es cuando se embarca en la idea de liderar el derrocamiento de Nicolás Maduro; rompe cualquier posibilidad de negociación con el ELN; desecha el plan de sometimiento a la justicia del llamado Clan del Golfo; se lanza contra la JEP, la Comisión de la Verdad y otros puntos claves del acuerdo de paz con las Farc y da a conocer una nueva política de seguridad, defensa y enfrentamiento al narcotráfico. Con estas medidas reconquista unos diez puntos en la favorabilidad y se hace la ilusión de que las cosas pueden mejorar. La prensa benevolente habla de “un nuevo Duque”. Segundo. La estrategia para tumbar a Maduro en cuestión de semanas, fracasa; los golpes contundentes al ELN no aparecen y esta guerrilla vuelve a crecer, a expandirse, a conseguir más dinero en medio de acciones más degradadas y preocupantes; la idea de acabar con la JEP y darle la vuelta a los acuerdos de paz mediante cambios legislativos fracasa en el Congreso; las disidencias de las Farc toman cuerpo y reciben el guiño de un grupo de viejos comandantes encabezados por Iván Márquez; la política antidrogas logra la pírrica victoria de disminuir en 2000 las hectáreas cultivadas de coca, que pasan de 210.000 a 208.000, mientras la producción de cocaína aumenta; la economía no da muestras de un crecimiento significativo. En ese contexto, Duque, al culminar el mes de marzo, ha vuelto a perder los pocos puntos que había conseguido en las encuestas de enero, y el pesimismo del país crece como espuma. Tercero. A partir de abril, Duque y el Centro Democrático se conforman con su suerte. No hay nuevas ideas para salir de la crisis. Ni un viraje en las estrategias, ni negociaciones serias con los partidos independientes para una nueva coalición, ni cambios en el gabinete. Para completar el ambiente negativo, sale a la luz una división en las Fuerzas Militares y unos alarmantes escándalos de corrupción. La prensa internacional arrecia sus críticas al gobierno por su vuelta al pasado y por el abandono del acuerdo de paz; artículos en El País, en The New York Times y en The Economist ponen una nota cruda a la administración Duque. La crisis no es mayor por la ausencia de un liderazgo en las fuerzas de oposición. Las fuerzas independientes y de oposición han persistido en su dura crítica y en su distancia frente al uribismo , pero no tienen una cabeza que les de orden y contundencia. Petro, a quien el electorado le concedió ese papel mediante una votación de más de ocho millones de votos, no ha estado a la altura, no es un factor de aglutinación y se ha refugiado en sus seguidores más fervientes y en las redes sociales. Por su parte, Fajardo no encuentra el camino para convertirse en el referente, en la alternativa frente a un gobierno que hace aguas por todos lados y Santos sabe que solo puede actuar detrás de telones, y así lo está haciendo, con alguna eficacia, en la comunidad internacional.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó este jueves que la economía creció 3% en el segundo trimestre de este año y el sector que más influyó en este resultado fue el comercio. Sin embargo, para algunos analistas esta cifra no representa un mejoramiento de la economía nacional. De acuerdo con la entidad, el Producto Interno Bruto (PIB) -que mide la riqueza de un país-, aumentó frente al mismo periodo de 2018, entre otras cosas por los comportamientos de los componentes del gasto, es decir: gasto en consumo final, formación bruta de capital, exportaciones e importaciones. Por su parte, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, expresó que el resultado de este trimestre es justo lo que el gobierno estaba esperando, puesto que, ve con alta posibilidad que cumpla la meta y cierre el año con 3,5%. Asimismo, aseguró que la cifra de crecimiento de la economía es la más alta de los más recientes trimestres y de los últimos trece (13) trimestres anteriores, en ese sentido, es un buen comportamiento. En cuanto a los sectores que jalonaron negativamente la economía fueron el industrial y el de construcción, aunque el gobierno espera que mejore en los próximos trimestres y se revierta el efecto económico. Así las cosas, el gobierno ve de forma positiva esta subida, no obstante, para el experto en economía, José Roberto Acosta este dato de crecimiento no es bueno, sino aceptable. El desempleo expresa todo lo contrario Hablar de 3% de crecimiento es insuficiente, pues se requiere de una cifra más alta para generar empleo. Ahora bien, en materia de pobreza el país está en un deterioro frente a los avances que se habían logrado y esto dificulta que para el año completo se logre cumplir la meta establecida por el gobierno. “Así que es apenas aceptable. Y aceptable porque nuestros vecinos en América Latina están creciendo por debajo, eso es totalmente cierto. Sin embargo, sobre este dato de crecimiento hay que llamar la atención sobre lo siguiente y es que está principalmente jalonado por el consumo y la demanda de los hogares”, indicó. Esto significa que los ciudadanos y ciudadanos están consumiendo de forma acelerada, pero los sectores que están compitiéndole la producción nacional. “Está muy bien que compren, el problema es que están comprando al debe, están comprando con mayor endeudamiento con mayor apalancamiento, y ¿por qué?, pues porque no les está alcanzando el ingreso, deteriorado por las cifras de desempleo”, apuntó Acosta. En ese sentido, se espera o se tiene la esperanza de que las empresas empiecen a mejorar la oferta de empleo que en consecuencia genera un comportamiento positivo en la economía. Los hogares podrían participar en el proceso de oferta y demanda con sus activos, más no con pasivos o endeudamiento. Además, ocurre que este consumo de los ciudadanos y ciudadanas no está concentrándose en la producción nacional -que estimularía a las empresas para crear empresa-, sino que se está concentrando en importación, tal como lo resaltó el DANE. “Importaciones que le hacen competencia a la industria nacional y no generan empleo. Por lo tanto, el 3% es un dato aceptable, pero que no es sostenible para el resto del año y que genera que muchas incertidumbres en materia de empleo y pobreza y probablemente también de recaudo de impuestos”, destacó Acosta. En definitiva, la foto es aceptable, pero la película que viene no da mucha confianza. “Estamos comprando cosas, y maravilloso, pero no producto colombiano, sino producto importado y eso genera incertidumbre de lo que pueda ser la creación de empleo de aquí en adelante”, expresó Acosta, en un contexto en el que el Ministerio de Hacienda había señalado semanas atrás que no sabía las causas ni las razones del desempleo en Colombia. Industria débil Según el reporte de la institución, la industria nacional fue la que más sufrió y por ahora no levanta. Colombia posee una industria que no ha tenido una reestructuración, que no se ha modernizado frente a un mundo global que es más competitivo-. Por ejemplo, en países como China sí invierten dinero del Estado a sus industrias en materia de productividad, de tecnología y de innovación. Pero aquí -según el experto, al empresario le toca solo, mientras al otro lado, los competidores chinos tienen ayuda del gobierno. “Cuando uno da solito una pelea donde el contrincante tiene a papá gobierno detrás, esa es una pelea desventajosa y definitivamente se ven los resultados. Una empresa que va perdiendo terreno frente a lo importado”, destacó. En ese sentido, y con este panorama nada alentador para la economía nacional, debido a que el desempleo no mejora y gran parte del comportamiento parece registrarse por el comercio extranjero, el analista mantiene el pronóstico para este 2019: será de 2,9%, frente a los 3,5% que promete el gobierno. Por eso, este resultado no es para cantar victoria como lo está haciendo el gobierno, concluyó el analista.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «A la gente se le olvida que cuando la crisis económica de los años 80, Venezuela recibió más de dos millones de colombianos, y a lo largo del conflicto recibieron otros dos millones. Se olvida que Venezuela jugó un papel definitivo para llegar a los acuerdos de paz. Entonces, la posición colombiana frente a la crisis en Venezuela debería ser la de liderar una salida justa y democrática; que haya unas elecciones generales anticipadas y con vigilancia internacional. Sin embargo, la contraprestación debe ser el desbloqueo económico internacional, no se pueden hacer unas elecciones o un proyecto de futuro con un país bloqueado, eso es absolutamente claro.» Pares habló con Ernesto Samper Pizano, Presidente de Colombia en el periodo 1994-1998 y Secretario General de UNASUR de 2014 a 2017. Es abogado y economista. Nació el 3 de agosto de 1950 en Bogotá. Fue senador, ministro y embajador ante España. Ha sido profesor en varias universidades, entre ellas la de Salamanca. Actualmente está trabajando a través de la Fundación Vivamos Humanos en la consolidación de la paz, luego de que se firmaran los acuerdos con las FARC, en noviembre del 2016. Pares: Hay un hecho político muy interesante y es la derrota que acaba de sufrir el presidente Macri en Argentina por una diferencia de 15 puntos con el peronista Alberto Fernández ¿cómo analiza ese resultado electoral y qué impacto cree que puede tener en el continente? Ernesto Samper Pizano: Yo creo que lo que sucedió el fin de semana pasado en las elecciones primarias en Argentina tiene un impacto respecto al hemisferio, por lo menos, muy parecido al efecto en China respecto de la guerra global que plantea Trump. Es decir, la región desde hace unos cinco años, un poco como resultado de las crisis económicas y un poco por la perpetuación en el poder de algunos partidos así fuera por vías democráticas, comenzó a expresar un cansancio por parte de la gente que se tradujo finalmente en la elección de unos gobiernos que hoy día son mayoritariamente de derecha. Argentina es muy importante por su tamaño, por su tradición histórica y por los nexos que tiene con los movimientos sociales y progresistas de la región. Yo creo que por eso el caso de Argentina, así como el de China con los Estados Unidos, es importante porque podríamos interpretarlo, si se concreta en las elecciones en octubre tal y como lo esperamos, en el regreso de un proyecto progresista frente a lo que existe hoy en día, que es una restauración conservadora y de derecha. Como me señalaba el presidente Mujica, que es uno de mis inspiradores políticos, la ley del péndulo siempre funciona, y es claro, decía, que al llegar el péndulo al final va a empezar a regresar, y cuando termine de regresar ahí estaremos nosotros esperando con propuestas progresistas. Eso es exactamente lo que está sucediendo en la Argentina. Pares: ¿Cómo está regresando el progresismo a la región? E.S.P: Inicialmente -y todavía- muchos pensamos que la elección de López Obrador en México representó un giro importante en el espacio progresista hemisférico. Lamentablemente hay que reconocer que hasta el momento ese giro no se ha concretado, al contrario, hay señales preocupantes como el tratamiento que le está dando México al problema migratorio que se aleja muchísimo de lo que sería una concepción progresista del tema de los inmigrantes; pero aceptemos que en otros campos, como en el de la formulación de políticas sociales, de alguna manera López Obrador está haciendo una línea progresista. La elección del nuevo presidente de Panamá es otro espacio que se está abriendo en este contexto político en el que estamos; en Colombia el hecho de que se haya prácticamente derrotado de manera definitiva la posibilidad de una salida de fuerza respecto al tema de Venezuela, y que en este momento se esté trabajando en un espacio de diálogo también me parece que es una buena noticia para los que estamos en la búsqueda de salidas progresistas en la región. Y obviamente en el sur del continente está el caso de Argentina y está el caso de Uruguay, donde Daniel Martínez también podría mantener al Frente Amplio en el poder. «El triunfo apabullante de la fórmula progresista Fernández-Cristina en Argentina demuestra que el péndulo conservador en la región viene de regreso. La gente quiere empleo, salarios, servicios públicos accesibles, salud, comida, pero, sobre todo, quiere ser tenida en cuenta.» Foto: Pares Pares: Hay un bloque de derecha en la región representado por el presidente Bolsonaro de Brasil, quien ha manifestado, luego del resultado de las elecciones en Argentina, que «los bandidos izquierdistas hundirán a la Argentina en un caos». ¿Esas declaraciones del presidente de Brasil tienen un eco, por ejemplo, en el sector de derecha y conservador en Colombia? E.S.P: Pienso que al margen de esas declaraciones, sí se está consolidando en América Latina, o se está tratando de consolidar, una derecha hegemónica muy fuerte y muy populista, porque la derecha en el mundo hoy en día es la que está impulsando las propuestas populistas: el populismo fiscal que es quitarle impuestos a los empresarios para compensarlo con impuestos a la clase media y a los sectores populares; el populismo punitivo del cual es especialista nuestro Presidente al proponer la cadena perpetua para cualquier tipo de delito, que es un tratamiento mediático de la política criminal. El populismo internacional, que es el que estamos viendo aquí en América Latina, con la conformación del famoso club de gobiernos de derecha Prosur, que pretende reemplazar a Unasur. Entonces sí, es claro que se está configurando una propuesta de derecha en América Latina y que es, de alguna manera, un reflejo de una derecha que se está consolidando a nivel global a medida que las reglas de oro de la globalización están haciendo más ricos a los ricos y están generando más pobreza en los países pobres. Ese es un discurso que está apoyado por unos poderes fácticos que están en este momento reemplazando a los partidos políticos y a los movimientos sociales, y que son los que están tratando de gobernar a estos países. Cuando hablo de poderes fácticos me refiero a actores que están haciendo política sin tener representación política, estoy hablando de los grandes conglomerados, de los grupos comunicacionales, de los jueces y fiscales que están haciendo política con la justicia, de las ONGs internacionales, de las agencias calificadoras de riesgo; todos esos son poderes fácticos que ante la crisis de representación, ante el decaimiento de los partidos por los casos de corrupción y de clientelismo, frente a ese vacío que han dejado los partidos, han entrado. Son los que tienen a Lula en la cárcel, son los que tratan de meter a Correa en la cárcel en Ecuador, son los poderes que están utilizando la justicia para sus fines nefastos. Creo que uno de los grandes errores que hemos cometido en Colombia en los últimos años fue haber aceptado el cambio del sistema de justicia; pasamos de una justicia positivista un poco lenta, pero en la cual había valores como el respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la controversia de la prueba y al derecho a la protección de la intimidad, a una justicia basada en un sistema acusatorio que no es el nuestro, que lo importamos directamente de Estados Unidos y que es una justicia negociada: se negocian las pruebas, se negocia la impunidad, se negocia la inocencia, se presume la culpabilidad hasta que se demuestre lo contrario. «La justicia basada en un sistema acusatorio es una justicia neoliberal, que no se basa en los principios tradicionales del debido proceso y es una justicia apoyada por jueces y fiscales que están al servicio de una derecha militante. Este sistema de justicia es mucho más peligroso que una invasión de Marines.» Foto: Pares Voy a señalar dos hipótesis al respecto. Casos como el de Odebrecht y el de la FIFA son formas de intervención de los Estados Unidos con la utilización de las pruebas y los documentos que consiguió después de haberles vendido a estos países un sistema de justicia acusatorio que, prácticamente, convirtió a los fiscales en unos agentes diplomáticos. Y eso lo que están se está viendo en casos como el de Correa en Ecuador o como el de Cristina Fernández de Kirchner. Pares: Si seguimos caminando el continente hacia el norte, nos encontramos con una situación crítica que es la tensión internacional que se vive en la frontera colombo-venezolana. En ese juego de poderes que se vive allí y en el que están involucrados Trump, Rusia, China, Noruega, entre otros ¿qué papel desempeña Colombia? E.S.P: El mismo papel que están jugando los ‘halcones’ de Trump y es el de crear un clima de desestabilización con la pretensión de que en ese clima se pueda legitimar una salida de fuerza para Venezuela. ¿Dónde estábamos hace tres meses? La gente daba por hecho la salida del presidente Maduro y se hablaba abiertamente de una intervención militar. Entonces presenciamos el falso positivo de la operación humanitaria que se hizo como una estrategia de desestabilización en la frontera sobre la cual se podría montar una salida de fuerza. Luego vino la nefasta reunión del grupo de Lima presidida por el vicepresidente de los Estados Unidos, un hecho absolutamente inédito, y en esa reunión los militares brasileños dejaron definido que no aceptarían una presencia militar extranjera en la región, y eso terminó de debilitar la posibilidad de una salida de fuerza. El capítulo final de todo este sainete fue el supuesto golpe de Estado que se iba dar en mayo y que terminó, con los señores Leopoldo López y Guaidó, sentados en un puente esperando a que les cumplieran una cita para ir a Miraflores a tumbar a Maduro. Simultáneamente se había venido consolidando un grupo de países y de organizaciones que estaban en la búsqueda de una salida negociada, de restablecer canales de diálogo. Entre ese grupo estaban Naciones Unidas, el Vaticano, el grupo de contacto de la Unión Europea que contaba con el apoyo de algunos países como el caso de Uruguay y México. Ahora entró a ese grupo Panamá. Independientemente del reconocimiento de Guaidó, la polarización se presentó en términos de salida de fuerza o salida negociada, y en eso es en lo que estamos en este momento, estamos en un proceso de diálogo con países que tienen muchísima experiencia como Cuba y Noruega. Por otra parte, yo noto un cierto desespero del gobierno de los Estados Unidos, no sé si es porque quieren que funcione el diálogo o porque quieren que no funcione. Tiendo a pensar que ellos preferirían que no funcionara, y han vuelto a la carga con el bloqueo brutal que le han impuesto a Venezuela. En ese sentido, no hay ningún bloqueo económico que haya funcionado como salida política; lo que sí está claro es que todos los bloqueos producen un enorme daño social y humanitario en la población. En estas circunstancias, Colombia solo juega un papel mediático. Colombia es el país que más tiene que perder por una salida de fuerza con Venezuela: tenemos 2800 km de frontera, tenemos cuatro millones de colombianos y venezolanos viviendo en la frontera, tenemos dos millones de venezolanos acá y allá hay dos millones de colombianos; era nuestro segundo socio comercial. No hemos sacado nada con ese protagonismo mediático. «El gobierno decía que Maduro iba caer en horas, después fueron días, semanas y ya estamos en meses. Esperemos no llegar a décadas.» Foto: Pares Pares: A un año de que comenzara este gobierno, la favorabilidad del Presidente en las encuestas no ha superado el 50 por ciento. Comenzó con 47 y tres meses después llegó a 29. Hoy está en 37 puntos. ¿Cuál es su balance del gobierno del presidente Iván Duque? E.S.P: Me parece que el país, de buena fe, le apostó a un Duque distinto al que gobernó este primer año. Todos pensábamos que la conformación de un equipo joven y su misma condición de juventud le iban a permitir no solamente poner unos nuevos temas en la agenda, como el de la economía naranja, la modernización del Estado o el tema del catastro que son aportes positivos, sino desarrollar un mandato desde el tema de fondo, y que es lo que tiene polarizado este país, que es la sostenibilidad de los acuerdos de paz y la reactivación de los acuerdos con el ELN. Pienso que en el fondo si a Uribe le tocó el conflicto, y a Santos le tocó la paz, el momento de Duque era el posconflicto. Todos esperábamos que él asumiera ese tema como una propuesta de gobierno, y hasta ahora no ha dado señales claras de su compromiso, no digamos con los temas institucionales del posconflicto que de alguna manera han sido resueltos por el Congreso, la Corte Constitucional y por el sistema de verdad, justicia y reparación, sino sobre los temas vitales de la agenda de paz: el tema de tierras, el tema de protección a víctimas, de sustitución social de cultivos, el tema de la reintegración de los excombatientes. Creo que sobre esos temas no habido ningún avance significativo y ahí es donde yo creo que si el Presidente quiere asegurar la gobernabilidad en los próximos tres años, tendría que hacer un Acuerdo Nacional con todas las fuerzas políticas y sociales alrededor de la continuidad de los acuerdos y la sostenibilidad de los acuerdos. Pares: ¿Por qué cree que el presidente Duque cuando intentó hacer un gran acuerdo político, le salió mal? E.S.P: Uno no puede hacer acuerdos sobre temas en los cuales todo el mundo está de acuerdo; si yo le propongo que hagamos un acuerdo de lucha contra la corrupción, todo el mundo está de acuerdo. No, los acuerdos políticos se hacen sobre temas en los cuales no hay acuerdo, y con las personas que están en desacuerdo, aunque suene muy sencilla la fórmula. Y aquí, la verdad, es que el Presidente no ha mandado un mensaje claro a los sectores que no votaron por él y que estaban con el tema de la continuación de la solución política del conflicto armado. Lo grave es que tenemos una especie de gobierno en cuerpo ajeno sobre unos temas que son fundamentales para el país. Y aquí es donde encuentro una especie de actitud esquizofrénica del gobierno porque avanza en los temas que no son prioritarios para la agenda política, pero sí para el Centro Democrático. Hay que preguntarse: ¿qué quiere este país, una amenaza terrorista, vamos a seguir recargando los sectores débiles de la cadena de las drogas, metiendo a la cárcel campesinos consumidores y ‘mulas’? ¿Vamos a perseguir a los sectores más vulnerables, o a los tiburones del narcotráfico que son los carteles, los lavadores de dólares, los importadores de precursores químicos? Esos son los asuntos que hay que resolver en un Acuerdo Nacional, porque lo que no se puede es gobernar con una agenda que realmente ya pasó. El presidente Duque sin el Centro Democrático perdería unos apoyos en el Congreso, pero ganaría unos apoyos también dentro del mismo Congreso y en la opinión. En política funciona mucho el sistema de vasos comunicantes: los cuerpos de agua que le quite a un vaso, necesariamente llegan al otro lado. La idea sería que buscara los puntos de coincidencia que tiene con el Centro Democrático y que no sean puntos de confrontación con la izquierda democrática. Pares: El acuerdo de paz diseñó un sistema de verdad, justicia y reparación que es un pilar fundamental para la implementación y la puesta en marcha de lo pactado en La Habana. Usted ha tomado la decisión de acudir al sistema, y ha hecho su ofrecimiento de dar testimonio sobre los hechos violentos que se dieron entre 1994 y 1998, tiempo que estuvo en el poder. ¿Por qué toma esa decisión y qué impacto cree que pueda tener en otros expresidentes? E.S.P: Lo primero es que si en algo se diferencia el acuerdo de La Habana de los intentos de acuerdos que hicimos quienes fuimos presidentes de este país en los últimos 30 años, es en el papel que hay que atribuirle a las víctimas. Todos los procesos anteriores giraban alrededor de los victimarios, es decir desmovilización, entrega etc… Por primera vez tenemos un acuerdo de las víctimas ofreciéndoles tres elementos fundamentales: la verdad, la justicia y la reparación que son los que conforman la propuesta de justicia transicional. Esa verdad que es la que va averiguar desde el punto de vista histórico la Comisión de la Verdad que preside el Padre de Roux y desde el punto de vista judicial la JEP en cabeza de Patricia Linares. Esa verdad en función de las víctimas nos obliga a pensar que este no fue un conflicto solamente entre las fuerzas armadas y la guerrilla; en este conflicto estuvimos involucrados muchos más, en este conflicto hubo empresarios, académicos, terratenientes que estuvieron involucrados de manera activa o pasiva con los dos bandos de la guerra, no necesariamente con la guerrilla, sino con los militares y paramilitares. Si esta sociedad se quiere reconciliar, tiene que salir por la puerta de la satisfacción integral de las víctimas y conducir hacia la verdad al resto de la sociedad colombiana. Por eso yo me someto a la JEP, aunque sé que hubo algunos colegas míos interesados en que no comprometieran a los expresidentes, y sé que después esos colegas indujeron a que tampoco fueran citados exministros, ni exgobernadores. Rechacé totalmente que sacaron a los terceros; pienso que el mayor incumplimiento que ha habido de los acuerdos de paz fue haberle quitado a la JEP la posibilidad de convocar a personas que estuvieron formando parte del conflicto y que no van a contar la verdad, que es la única que va a permitir que realmente el país comience a elaborar el duelo y la reconciliación. Hay mucho miedo a la verdad, y yo estoy ofreciendo mi aporte a la construcción de esa verdad. Yo estuve cuatro años como presidente, manejé temas de orden público, me enteré de ciertas circunstancias favorables o desfavorables, hice esfuerzos por entrar en un proceso de negociación con las FARC. Entonces ¿por qué nosotros, los expresidentes, vamos a dejar la historia del conflicto de este país con unos huecos que son la responsabilidad política y la verdad contadas desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado sobre lo que pasó en el conflicto armado? Pares: Este año se cumplieron 25 años de su gobierno. ¿Cómo recuerda la gente a su gobierno y qué reproches le hacen? E.S.P: Reproches, muchos. Yo entiendo que mis enemigos políticos quisieran que a mí se me recordara por el proceso 8.000 que fue todo el proceso que giró alrededor de la financiación de mi campaña. Sin embargo, yo quisiera que me recordaron por otras cosas, que me recordaran por el Sisbén que permitió que hubiera 18 millones de personas recibiendo salud en hospitales públicos y privados al cual nunca habían tenido acceso en el pasado; que me recordaran por las redes de solidaridad social que montó un sistema de subsidios para llegar a sectores identificados como los más vulnerados vulnerables. Hice una propuesta como la de la ley 160 en materia de tierras sobre zonas de reserva campesina de titulación masiva para los indígenas y las comunidades del pacífico. Quisiera que me recordaran por la creación del Ministerio de Cultura que de alguna manera le dio entidad a la cultura, ahora que están diciendo que la cultura no tiene nada que ver con la paz, imagínese ese atropello. En lo concreto, la inversión social, como parte del Producto Interno Bruto, se duplicó y pasó del 7,5% al 14%. Yo quise hacer un gobierno social pero nos quedamos cortos. Cometí errores de estrategia política, como no haber expulsado al embajador de Estados Unidos y reconozco que fueron errores por los cuales tendré que responder, y por supuesto lo voy a hacer en lo que me quede de vida. Mi papel ahora es reivindicar y defender. Pares: En una entrevista radial usted contó que en un momento de su presidencia cargaba consigo una pastilla de cianuro para suicidarse. ¿Qué lo motivó a tomar una decisión como esa? E.S.P: Antes que nada, no fue un acto de locura. Cuando se hacen las denuncias en el Congreso sobre la financiación de mi campaña y la posible responsabilidad que yo podía tener, me sometí a la Comisión de Acusaciones y autoricé que se transmitiera de forma pública todo el juicio. Renuncié a la segunda instancia, acepté las reglas de la Fiscalía sobre cómo defenderme y a mi abogado ni siquiera lo dejaron entrar al recinto. Al cabo de un año salí exonerado. Después, la Corte Suprema y la Fiscalía reiteraron que no había motivo para imputarme, lo cual no quiere decir que la campaña no aceptó los dineros; lo que pasa es que después se estableció que los administradores se habían quedado con el dinero. En fin, eso es un cuento largo. Pero a los ocho días de haberme exonerado, el propio presidente Clinton declaró que el Congreso como juez natural ya había tomado una decisión. Sin embargo, los mismos ‘halcones’ que hoy están actuando en los Estados Unidos en el Departamento de Estado resolvieron, para mantener la tensión política contra mi gobierno, quitarme la visa de los Estados Unidos. Cuando me fue notificada la decisión, decidí ir a Nueva York, a la sede general de las Naciones Unidas, a denunciar ante la Asamblea General la injerencia que estaba ejerciendo Estados Unidos en asuntos internos de Colombia y tuve información de que las autoridades de ese país iban a ejecutar un plan que me impidiera regresar al país. Pensaba que si a mí me pasaba algo en Estados Unidos, prefería suicidarme. Le pedí a mi médico personal un mecanismo de escape, no me iba a dejar coger vivo. Entonces él me preparó la pastilla de cianuro. Me dijo que tenía que ser preparada con un peso específico, muy bien equilibrada porque si uno no se toma la dosis que es, puede llegar a quedar muy mal, me dijo. ¿Mal? sí, me respondió, puede llegar a quedar como Pastrana. «Felizmente, la pastilla de cianuro terminó en el baño del avión presidencial en el viaje de vuelta de Estados Unidos». Foto: Pares Pares: Por último, quisiera preguntar su opinión sobre dos actores políticos de la actualidad colombiana y que, a juicio de un sector de analistas, son personas que van a desempeñar un papel importante en las próximas elecciones presidenciales. Hablo de Gustavo Petro y Sergio Fajardo. E.S.P: No tengo una cercanía personal con ninguno de los dos. Me parece que Petro logró ese milagro que hablábamos de haber identificado un bloque de centro izquierda, pero creo que comete el error de pensar que sin hacer nada ese bloque puede estar intacto dentro de tres años; es decir, sin haber liderado una convocatoria de esa izquierda o haber identificado un candidato, por ejemplo para Bogotá, que es el bastión más fuerte de ese grupo. Si él piensa que sin hacer nada, sin liderar nada, sin haber convocado va a ser el candidato, está bastante equivocado. A Sergio Fajardo le reconozco sus condiciones personales, me parece que tiene una capacidad de convocar a toda la gente del centro, que no es centro centro sino una especie que se mueve entre la centro izquierda y la centro derecha, que casi que podría decirse que ese era el espacio que ocupó el bipartidismo en Colombia durante muchos años. Pero también creo que su gran debilidad es que no ha entendido que el grado de organización de la derecha beligerante que no habíamos conocido, y que es inédito en este país, destruye las opciones intermedias. Nadie puede estar parado en la mitad de un río si no hay un puente. Y Fajardo es una paradoja auto referente, es decir, él pretende ser el puente de un río que se necesita y al mismo tiempo estar parado en la mitad del río. Lo que se necesita es estar en una de las dos orillas para comenzar a construir el puente. Pares: Usted mencionó una derecha beligerante e inédita ¿qué características tiene ese sector político en Colombia? E.S.P: Yo veo que a esa derecha no le importa la persona, lo estamos viendo ahora con este Presidente. No hay líderes sino mesías, no hay seguidores sino fanáticos, no hay ideas sino ideología y cuando se trata de una organización con esas características casi que la persona que salga puede ser cualquiera. Y no quiero referirme exclusivamente a Uribe, a quien la gente le ha dado unas condiciones de mesías, me refiero a que se está formando una derecha en la cual están ocurriendo poderes fácticos, grupos que están financiando el proyecto, que se están aprovechando de las condiciones de desigualdad para enriquecerse. Es muy complicado lo que se está formando alrededor, este es un tema ideológico muy profundo y creo que la izquierda no se está preparando para enfrentar una alternativa de derecha tan fuerte como la que estamos viendo en el país.

Por: Redacción Pares La Fundación Paz & Reconciliación -Pares, hace un llamado de alerta sobre un nuevo factor transnacional que se puede materializar en un riesgo latente para las campañas políticas de este año; pero que a pesar de su injerencia, no es significativo o determinante para el sistema electoral y democrático del país. Se trata de la intervención de carteles mexicanos en la financiación indirecta de campañas por medio de grupos armados organizados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o mejor conocidos como “Clan del Golfo”, los “Caparrapos”, los Grupos Armados Posfarc (disidencias) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con investigaciones en territorio, Pares encontró casos en los que podría haber presuntos ingresos de dineros de carteles mexicanos en las campañas política, aunque de forma indirecta, en unas primeras regiones analizadas: Bajo Cauca, Urabá antioqueño y Sur de Córdoba; así como posiblemente en la región de Pacífico Nariñense. Los carteles mexicanos en Colombia En el primer caso, Pares cuenta con información sobre cómo los Caparrapos están al servicio del cartel mexicano de Jalisco Nueva Generación (CJNG), los cuales están aliados con los Grupos Armados Posfarc de los antiguos frentes 18, 58 y 5. En un principio, al CJNG lo lideraron socios del capo mexicano Ignacio “Nacho” Coronel, tío de Emma Coronel, esposa de el “Chapo” Guzmán, quien operaba una célula en Jalisco hasta que murió en un enfrentamiento con las autoridades mexicanas en julio de 2010. En sus últimos años de vida, Coronel se dedicó a formar un grupo armado dedicado a evitar la entrada del grupo Los Zetas, conocido como Los Mata Zetas. Ya como cartel independiente, CJNG hizo pactos con el Cártel de Sinaloa para evitar que el área de Jalisco se convirtiera en un campo de batalla. Sin embargo, en menos de una década se ha convertido en una de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas más prolíficas y violentas del mundo, a tal punto de desplazar a los cárteles históricamente dominantes (como el de Sinaloa y los Zetas) en puntos claves para el tráfico de droga en la costa del Océano Pacífico que conectan con Asia y Oceanía. Estos puntos les asegura las principales rutas internacionales de trasiego de cocaína que inicia en países productores como Ecuador y Colombia, viaja por centroamérica y suba a México, con Estados Unidos como otro destino apetecido. Ahora bien, de acuerdo con un informe de inteligencia militar, el Cartel de Sinaloa, el CJNG y los Zetas, que tienen delegados en el Bajo Cauca antioqueño y una red de representantes que se extiende por casi todo el departamento y otras regiones del país, han hecho de Medellín una de sus principales bases operativas en Colombia. Concretamente, en el Bajo Cauca antioqueño ha habido una fuerte injerencia del CJNG para inyectar recursos a los Caparrapos en su incursión hacia el Sur de Córdoba y enfrentar a sus antiguos socios de las AGC-Clan del Golfo, que tienen, a su vez, alianzas con el Cartel de Sinaloa, enemigo del CJNG en México. Estos carteles, aunque tienen intereses en financiar campañas políticas, lo harían de manera indirecta por medio de sus socios colombianos, para asegurar la estabilidad del negocio del narcotráfico, pero no con el interés de tomarse el poder local o regional. Para el caso específico de Córdoba, en enero de 2018 el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, lanzó una alerta temprana en la que advirtió sobre la financiación de narcotráfico del Cártel de Sinaloa a las AGC-Clan del Golfo en Tierralta y municipios aledaños del Sur de Córdoba, teniendo en cuenta que AGC-Clan del Golfo fue en Córdoba el actor hegemónico en la ocupación de los vacíos de poder dejados por las Farc-ep. Sus diferentes estructuras tienen relaciones de negocios con todos los cárteles mexicanos (Sinaloa y Zetas). Este llamado termina consolidando la hipótesis de que la guerra de Sinaloa y CJNG se ha desplazado desde México hacia Colombia, está en el hecho de que Medellín se ha convertido en el eje de operaciones, y muy seguramente de apuesta política en estos territorios. Una guerra entre bandidos Por otra parte, se están presentando enfrentamientos entre los combos de AGC-Clan del Golfo (financiados por Sinaloa) y los combos de la Oficina de Envigado y los Pachely (financiados por CJNG); así como esta guerra se ha desplazado hacia el Bajo Cauca antioqueño y el Sur de Córdoba por la incursión de los Caparrapos (financiados por el CJNG) en Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador, en enfrentamientos contra las AGC-Clan del Golfo (financiados por Sinaloa y Zetas), que es quien ha dominado los últimos años estos territorios. En el segundo caso -Pacífico nariñense-, estarían en riesgo el distrito especial de Tumaco y los municipios de Barbacoas, Maguí Payán, Roberto Payán, Francisco Pizarro, Mosquera, El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé y Olaya Herrera. En este territorio tienen presencia tres Grupos Armados Posfarc: las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), anteriormente en cabeza del ex jefe abatido alias David, el Frente Oliver Sinisterra (FOS) y los Contadores al mando de alias “Contador”. Todos en disputa. De acuerdo con fuentes en territorio, se sabe que emisarios de los carteles mexicanos llegan en viajes relámpago de dos días a Llorente en Nariño, para negociar directamente con Contador la producción de coca. Los emisarios son de CJNG y de Sinaloa, antagónicos entre sí, como se mencionó anteriormente. Sin embargo, CJNG sería uno de los principales socios de aquellos disidentes de las GUP que conforman a los Contadores, toda vez que cuentan con un fuerte brazo armado que busca proteger los intereses de los mexicanos. Estos, a su vez, podrían buscar tener injerencia en las campañas políticas de su zona de control en 2019, aunque de forma marginal y poco orgánica. Su interés principal es garantizar el tráfico de estupefacientes. Tumaco bajo fuego Llama la atención la situación del municipio de Tumaco, puesto que cada vez es más notoria la presencia, expansión y consolidación de grupos y carteles internacionales del narcotráfico; que no sólo se puede decir de los carteles mexicanos (CJNG, Sinaloa y Los Zetas), sino también de grupos narcotraficantes de Ecuador, Centro América e inclusive de Estados Unidos y Europa. Es así como en los últimos meses han sido capturados veinte mexicanos, diez ecuatorianos y cinco (5) centroamericanos. Si bien estos grupos unidos con los existentes en esta localidad, pueden convertirse en una fuerza poderosa del narcotráfico, Pares lanza una alerta sobre los riesgos que existen en el Pacífico nariñense de la injerencia además en la política local de 2019 y la financiación indirecta de carteles mexicanos, por medio de Grupos Armados Posfarc, en campañas electorales.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Después de varios meses de incertidumbre sobre la fecha en la que sería citado el expresidente Álvaro Uribe Vélez para rendir indagatoria sobre su responsabilidad en soborno de testigos y fraude procesal, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó este viernes que la cita será el ocho (8) de octubre próximo. “Me permito informarle que dentro de la actuación adelantada en su contra se dispuso la práctica de pruebas y señaló el próximo ocho (8) de octubre, a partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.) para escucharlo en diligencia de indagatoria”, indicó en el oficio la secretaria de la Sala de Instrucción Especial, Adriana Hernández. El llamado a indagatoria fue posible por la ponencia del Magistrado Cesar Augusto Reyes Medina, especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional y en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), luego de que pasara por las manos de otros funcionarios y varias recusaciones durante meses. Desde el 2018 la opinión pública estaba esperando que se fijara la fecha para que Uribe asistiera a la CSJ, sin embargo, hubo varias movidas del acusado como el uso de la doble instancia que empezó a regir desde ese año. Finalmente, Reyes tomó el caso desde el mayo de 2019 y a partir de ese momento lleva otros dos casos del expresidente con relación a los vínculos con algunas de las masacres perpetradas por los paramilitares a finales de los años 90. Asimismo, este caso sobre la manipulación de testigos para enlodar al senador Iván Cepeda. “Mi indagatoria. Afectada mi reputación sin escucharme. He pedido a la Corte Suprema. Que se practiquen todas las pruebas y ojalá se publiquen todas las interceptaciones. Magistrados premiados en la JEP. Hace un año me llamaron a indagatoria en un proceso del cual no tenía información, no me dieron la oportunidad de versión libre. He buscado por dignidad y de acuerdo con la ley desmontar atentados a mi reputación, desmontar testimonios manipulados y sobornados”, expresó Uribe a inicios de este mes. Asimismo, acusó al magistrado Reyes sobre la filtración del expediente en curso sobre Uribe. En ese sentido, algunos han tildado de valiente al funcionario al citar al actual senador del Centro Democrático. Cabe destacar que la ciudadanía estuvo activa por las redes sociales y llamó la atención a la CSJ para que definiera la fecha. Hoy algunos internautas han celebrado la decisión de la Corte con el #Dia46DeLlamadoALaCSJ.

Por: Diana Argüello Orozco, Asesora de Comunicaciones Visuales. Pares La Fundación Paz y Reconciliación -Pares, en asocio con la Embajada de Suecia, PNUD, UNFPA, y USAID ACDI/VOCA están llevando a cabo el proyecto: Fortalecimiento de capacidades juveniles para la paz y la promoción de capital social: SE JUEGA LA VIDA. Este proyecto busca fortalecer capacidades organizacionales, socioproductivas, de construcción de paz, y comunicacionales en iniciativas artístico-culturales en Buenaventura, Medellín, Río Quito, Santa Marta, Riosucio y Tumaco que con su quehacer contribuyen a la prevención del uso y vinculación de jóvenes a las economías ilegales asociadas al conflicto armado. En el marco del Programa Alianzas para la Reconciliación USAID y ACDI/VOCA están apoyando a las iniciativas de Santa Marta, Medellín y Buenaventura para que por medio de capacitaciones se pueda implementar una estrategia de apoyo a iniciativas juveniles en la construcción del capital social y la transformación de entornos, entre otros. En Santa Marta el proyecto se ha venido desarrollando de la mano con las iniciativas juveniles: la Hinchada del ciclón y Regalando sonrisas. Ambas iniciativas recibirán el 9 de agosto de 2019 una donación de un patrimonio semilla que contribuirá a su sostenibilidad. La Hinchada del Ciclón reúne a seguidores del equipo Unión Magdalena, realizan actividades que se derivan de la presencia futbolística de la hinchada tales como la música, los trapos y elaboración de elementos deportivos. Tienen una escuela musical para niños y realizan trabajos comunitarios para mejorar la convivencia y la reconciliación. Por otro lado, la Fundación Regalando sonrisas reúne a jóvenes voluntarios que realizan actividades de recuperación de espacios públicos como canchas, parques, jornadas de limpieza en las playas, y actividades enfocadas a lograr un cambio trascendental a la comunidad vulnerada.

Por: Redacción Pares La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fijó el segundo edicto para invitar a las víctimas de secuestro por parte de las Farc-EP a solicitar su acreditación en el Caso No. 01. Con la acreditación adquirirán la calidad de intervinientes especiales en el proceso y su derecho a participar en todas sus instancias. Ya van acreditadas 521 víctimas en este caso. El equipo territorial de esta Jurisdicción, con apoyo de la Procuraduría General de la Nación, las personerías municipales y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, prestará asistencia y asesoría -los próximos martes 20 y 27 de agosto, y 3 de septiembre- para diligenciar el Formulario de Solicitud en los Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV), en los Puntos de Atención a Víctimas (PAV) y en las personerías de los municipios priorizados. De esta manera, con un mayor alcance territorial, avanza la estrategia de contacto que la JEP diseñó para invitar y asesorar a las víctimas interesadas en adquirir su derecho a participar en el proceso que se adelanta contra los exmiembros de las Farc-EP. El plazo para solicitar la acreditación se extiende hasta antes de la emisión de sentencia de primera instancia por parte del Tribunal para la Paz. Hasta el momento se han acreditado 521 víctimas en el Caso 01. La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la JEP realizó una primera ronda de Jornadas de Atención para brindar asesoría en materia de acreditación los pasados martes 23 y 30 de julio, y el 5 de agosto. Esta segunda ronda de jornadas se adelantará en los Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV) de Medellín, Villavicencio, Florencia, Cartagena, Ibagué, Neiva, Cúcuta, Pasto, Apartadó, Cali, Valledupar, Sincelejo, Popayán y Mocoa.

Por: Paola Andrea Perdomo. Investigadora Nacional Pares. El incremento de las acciones violentas por parte de la guerrilla del ELN en Arauca, es una situación que viene alertando a defensores y defensoras de derechos humanos, población civil y organismos gubernamentales y no gubernamentales en el departamento de Arauca hace más de un año. Luego de la terminación del cese al fuego el 9 de enero de 2018, y el levantamiento de la mesa de diálogo entre el gobierno y este grupo subversivo el 17 de enero de 2018, se empieza a registrar en el departamento un aumento de los ataques directos a la fuerza pública -84 acciones entre 2018 y mayo de 2019- y la violencia homicida, la cual pasó de 88 homicidios en 2017 a 160 registrados en 2018. Fuente: Forensis (fecha de corte Junio de 2019). Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. A diferencia de la guerra que se libra en el Catatumbo, en la que la violencia actual es expresión de una indiscriminada disputa territorial, principalmente, entre el Ejército de Liberación Nacional- ELN y el Ejército Popular de Liberación-EPL o Pelusos, en Arauca hay un aumento de la violencia homicida que no corresponde a un enfrentamiento entre estructuras armados ilegales, a pesar de la presencia simultánea en el territorio de dos de estos. La presencia del ELN en Arauca Por un lado, el Frente Domingo Laín Sáenz, del ELN, el cual ha tenido una presencia histórica en el departamento y en los últimos meses hay un afianzamiento militar y de control territorial y social. Por otro lado, el grupo armado postfarc autodenominado Estructura décima Martín Villa, que reúne a algunos exguerrilleros de los antiguos Frentes 10, 28 y 45 de las FARC y que en la actualidad tienen presencia en los municipios de Saravena, Tame, Fortul, Arauquita y, especialmente, sobre zona fronteriza de Arauca, en el corregimiento El Caracol, donde los exguerrilleros estarían recibiendo suministros y armamento proveniente del sector Puerto Infante, Estado Apure, Venezuela. Según prensa local, un reciente operativo de la Octava División del ejército confirmó el hallazgo de armamento distintivo de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim). Elaboró: Fundación Paz & Reconciliación -Pares. Durante el año 2018, el ELN y los grupos armados postfarc hicieron un pacto en el departamento. Producto de este acuerdo de cooperación y colaboración no existen reportes de enfrentamiento entre ambos grupos, por lo menos aún evidentes, que expliquen la actual dinámica de seguridad en Arauca: un incremento de la violencia homicida a partir del 2018 en todo el departamento, con un acentuado aceleramiento durante 2019 en municipios como Tame y Saravena, donde los homicidios registrados en lo que va corrido del año casi superan la cantidad registrada para el 2018 en cada municipio. Según la Defensoría del Pueblo, esta violencia ha respondido más a una dinámica de fortalecimiento por parte de los grupos armados ya mencionados, especialmente del Frente Domingo Laín del ELN, el cual ha buscado reforzar una capacidad ya existente de control sobre la población civil, las administraciones locales, el territorio y las economías ilegales. La estrategia del ELN El grupo guerrillero está adelantando una estrategia de aprovechamiento del malestar social generado por actos delincuenciales por parte, en muchas ocasiones, de migrantes venezolanos, y la falta de acción oportuna por parte de las autoridades, para adelantar acciones de ‘exterminio’ o ‘limpieza’ social en Arauca. Entre enero y mayo de 2019 se han registrado 19 personas venezolanas asesinadas, presuntamente, por estar vinculadas con actos delictivos (Alerta Temprana, 029-19). “Lo que se viene presentando es una expresión de fuerza, de quien tiene poder, quién pude dominar el territorio. La información actual que se conoce es que varios de los homicidios cometidos en los últimos días se han dado contra personas estigmatizadas, lo que llaman comúnmente como “limpieza social””, según lo expresó el Defensor del Pueblo, Mariño Gómez. Entre otras de las poblaciones mas afectadas por el accionar de estos grupos armados en el departamento se encuentran las comunidades indígenas, quienes han tenido que desplazarse forzosamente, de la zona rural del municipio de Arauca hacia la cabecera municipal, a causa de las amenazas y las actividades de reclutamiento de la Estructura décima Martín Villa, liderada por alias ‘Pescado’, cabecilla de esta zona donde se ha hallado recientemente una fosa común y una caleta con armamento. A esta complicada situación humanitaria se suman los reportes de denuncias relacionadas con la posible aparición de grupos paramilitares que estarían haciendo presencia en zonas rurales del municipio de Fortul, a través de hombres armados, encapuchados y vestidos con prendas militares sin distintivos de identificación, quienes han intimidado a la población y han generado una serie de amenazas de muerte contra líderes y lideresas sociales, por medio de panfletos, mensajes de texto y chats en los que se ordena a las personas abandonar el territorio. En este sentido, fuentes en territorio aseguran que existe un alto riesgo de confrontación entre las estructuras armadas ilegales debido a la posible entrada de los denominados grupos ‘paramilitares’ y también a la fragilidad de los pactos transitorios establecidos entre ELN y grupos armados postfarc. Asimismo, la dinámica fronteriza con el flujo de mercancías ilegales, armamento y, por supuesto, de migrantes, genera un escenario propicio para la confrontación entre estructuras que buscan hacerse al control territorial y del negocio. Así las cosas, el departamento representa un reto en materia de seguridad para el actual gobierno, apenas incipiente en su respuesta frente a la actual situación, mientras se produce un mayor posicionamiento del ELN, quien ante el levantamiento de la mesa de diálogo ha potenciado su interés por fortalecer y legitimar su accionar militar en este territorio, incluso generando acuerdos de cooperación con grupos armados postfarc, produciendo con ello una compleja situación humanitaria que requiere atención y, a su vez, suscita la importancia de retomar una salida negociada al conflicto con este grupo subversivo.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares “Inaudito, no podemos reunirnos con la comunidad fuera de Caloto porque hay presencia cercana de grupos armados. Mientras estamos aquí reunidos circulan panfletos y ponen una granada en Jamundí”, señaló la representante María José Pizarro y retrata con fidelidad la sesión de la Comisión de Paz del Congreso Nacional que se desarrolló este miércoles en Caloto, Norte del Cauca. Los hechos vitimizantes que se registraron paralelamente a la Sesión de la Comisión de Paz, fueron los protagonistas de la jornada. Inaudito, no podemos reunirnos con la comunidad fuera de Caloto porque hay presencia cercana de grupos armados. Mientras estamos aquí reunidos circulan panfletos y ponen una granada en Jamundí. pic.twitter.com/cMYpRHTDuB — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) August 14, 2019 Con la presencia de 23 congresistas, el encuentro convocado por la Comisión de Paz del Senado, contó con la presencia de las Autoridades Indígenas pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca, Carlos Negret, defensor del Pueblo, la Alcaldía local de Caloto, la Gobernación del Cauca, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General, la ONU DD.HH. y la Misión de la ONU. La Comisión de Paz, como lo señaló al termino de la sesión el senador Iván Cepeda, citará a control político para examinar la grave situación de los pueblos indígenas en general, y de los pueblos indígenas del Cauca en particular. Los hechos victimizantes de la jornada El hecho más violento se registró en horas de la mañana de este miércoles, en el sitio La Caucana, en Tarazá, municipio antioqueño. En el suceso fue asesinado Abraham Domicó, indígena Embera tras recibir varios impactos de bala; de esta forma las comunidades denuncian y rechazan los ya 98 asesinatos en el gobierno del presidente Iván Duque Márquez. Tal como lo denunció la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). La lideresa Francia Márquez también alzó la voz denunciando que, el día de ayer —13de agosto— “el lider Luis Armando Vargas Balanta del Consejo Comunitario La Toma Suárez Cauca, recibió una llamada donde nuevamente lo amenazan y le dicen que le dan 48 horas para que salga del territorio.” El líder le pidió al presidente Duque hacerse cargo de las distintas situaciones que están victimizando a la población. Además, la ONIC informó que en el transcurso de la sesión de la Comisión de Paz se registró la circulación de nuevo panfleto en donde se amenaza de muerte a la Guardia Indígena del norte del Cauca. #ALERTA| En medio de la sesión de la @ComisiondePaz que se lleva a cabo en Caloto, Cauca, circula nuevo panfleto en donde se amenaza de muerte a la Guardia Indígena del norte del Cauca. @luiskankui @FelicianoValen @IvanCepedaCast @PizarroMariaJo @ONUHumanRights @FiscaliaCol. pic.twitter.com/D0vmYTvpWY — Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC (@ONIC_Colombia) August 14, 2019 Además, la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca denunció el lanzamiento de una granada sobre la casa del Cabildo Indígena Kwes Kiwe Nasa, en el municipio de Jamundí. La granada no explotó, pero el mensaje de intimidación y amenaza es claro. Frente a este suceso, pidieron al presidente Duque de las garantías a las comunidades indígenas. Como si no fuera suficiente, en el boletín de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN), alertaron sobre un nuevo panfleto amenazante por parte de un grupo armado autodenominado “Columna Móvil Dagoberto Ramos”, en donde se declara objetivo militar a guardia indígena del nivel local, zonal y regional. Según el comunicado de ACIN, en el panfleto se “menciona represalias en contra de los KIWE THEGNAS por el ejercicio legítimo de control territorial, defensa de la vida y el territorio de ÇXHAB WALA KIWE – ACIN. En concreto, se refiere a una “respuesta militar” contra el coordinador regional de guardia indígena Albeiro Camayo, el coordinador de la zona norte Oveimar Tenorio y el coordinador del resguardo de Huellas, Caloto, Héctor Casamachín. Con un discurso supuestamente revolucionario y “socialista”, este grupo armado pretende disfrazar sus intereses económicos sobre el narcotráfico y el control de los cultivos de uso ilícito que han ayudado a propagar en los territorios indígenas, campesinos y afrodescendientes del norte del Cauca” señala el texto intimidatorio. Y continuando con la trágica jornada de hoy en el cauca, el suboficial Álvaro Hernández, adscrito al batallón Pichincha, murió tras ataques que se registraron en el municipio de Suárez. El combate fue entre el Ejército y grupos armados que operan en la región. Según versiones preliminares, el enfrentamiento fue entre el Pelotón Búfalo y, presuntamente, disidentes Jaime Martinez de las Farc, encabezado por alias ‘Majin Bu’. Denuncia de violencia contra periodistas Asimismo, el medio de Comunicación Proclama del Cauca denunció ante la Fiscalía General de la Nación haber sido víctima de amenazas de muerte y extorsión por parte de grupos armados ilegales de la región del Cauca. De hecho, señaló que en el marco de un trayecto al cubrimiento del encuentro de la entre la ministra Nancy Patricia Gutiérrez y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); David Luna, el gerente de Proclama fue amenazado de muerte por medio de una llamada telefónica. Además, recordaron que a principios de agosto “se presentó una situación similar con los periodistas Miguel Ángel Palta de 90 Minutos, Fransuá Martínez de Blu Radio; Eduardo Manzano de Noticias Caracol; junto a los camarógrafos Arlex Piedrahita y Alexander Cárdenas”. El papel de la Comisión de Paz del Congreso Ante la grave situación de Derechos Humanos que atraviesa el departamento del Cauca, sumado a la desatención del Gobierno Nacional que, desde la Minga Indígena le ha pedido al presidente Duque ir hasta ese territorio, la Comisión de Paz del Senado y de la Cámara de Representantes arribó este 14 de agosto a Caloto y a Toribío. El mensaje de la Comisión de Paz es claro: rechazar la violencia que azota a las comunidades indígenas y, en compañía de la comunidad, buscarán establecer una hoja de ruta que permita implementar medidas concretas para la protección de la vida. Foto: @ComisiondePaz El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, informó que dentro de las discusiones adelantadas en el municipio de Caloto, las comunidades campesinas e indígenas del Norte del Cauca han manifestado que se debe priorizar la implementación del punto 1 del Acuerdo (Reforma Rural Integral) y el 4 (Enfoque de Sustitución y social para resolver el problema del narcotráfico); para detener los asesinatos contra los pueblos indígenas y de líderes sociales. De hecho, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, han sido muy enfáticos en controvertir las declaraciones de Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, pues la jefe de la cartera ministerial señaló que las comunidades indígenas no han dejado ingresar a la Fuerza Pública. Para el CRIC, las declaraciones no son ciertas y, de hecho, han ido más allá al señalar que ha sido la Fuerza Pública es la que se ha negado ha hacer presencia en el territorio cuando, paralelamente, se recrudece la violencia en los puntos más álgidos. Es más, el vocero del CRIC se dirigió al Gobierno Nacional al decir que “el Estado no ha prestado atención a esta situación que padecen las comunidades dejándolas en el abandonado estatal» Mencionó el vocero del CRIC”. Frente a este tema, el senador Cepeda señaló que “en Caloto: no es cierto que la culpa de asesinatos en el Cauca la tengan los propios indígenas por no permitir la presencia de la FF.PP. en sus territorios. Mentira: hay presencia de Ejército y Policía en todos los territorios. Lo que se requiere es la presencia INTEGRAL del Estado”. Por su parte, el Defensor del pueblo, Carlos Negret, señaló que “la Defensoría del Pueblo ha emitido 8 alertas tempranas para el Cauca, donde dice al gobierno, al Estado y a la sociedad lo que está pasando en la región y que se debe tener mayor inteligencia y capacidad para enfrentar a los violentos que quieren asesinar a la guardia indígena”. Antecedentes de una relación fracturada Cabe recordar que el presidente Iván Duque, para el mes de abril —después de un mes de Minga Indígena, fue al municipio de Mondomo para hablar sobre el acuerdo alcanzado entre las comunidades indígenas que adelantaban la movilización y la delegación del Gobierno Nacional, conformada por la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, el Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos y la directora de Planeación Nacional, Gloria Amparo Alonso. Sin embargo, Duque se retiró del lugar frente a la exigencia de las comunidades de que la reunión se diera en la plaza principal del municipio. Este suceso, en su momento, advertía un dialogo roto entre las comunidades indígenas del Cauca y el Gobierno Nacional. En este sentido, los cuatro (4) meses que trascurrieron después de su fugaz vista —en la que el mismo Duque expresó que cumplió ante el pedido de las comunidades—; demostraron que, efectivamente, la situación no fue atendida por el presidente de la República. Muestra de la indolencia gubernamental frente a la crítica sitaución del departamento, es la situación humanitaria que se registra en el departamento, pues la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC ha denunciado que desde el 1 de julio de 2019 se han registrado, seis (9) asesinatos, 16 atentados y 31 amenazas. Asimismo, en lo corrido del gobierno Duque —1 año— han sido asesinados 98 líderes indígenas, es decir, más de la mitad de la cantidad de asesinatos contra líderes indígenas ocurridos desde la firma del Acuerdo de Paz (163), según advierte ONIC. De hecho, como lo advirtió la Fundación Paz y reconciliación -Pares, la situación se ha extendido hasta los últimos días. El pasado sábado 10 de Agosto se presentó el asesinato de tres (3) Guardias Indígenas: Eugenio Tenorio Yosando, de 46 años de edad, Kevin Ademir Mestizo, de 23 años de edad y Julio Taquinas Pilue de 50 años de edad, sus muertes y los siete (7) heridos se dan con ocasión de un nuevo atentado perpetrado contra la Guardia Indígena que se desplazaba en una chiva con el fin de realizar acompañamiento a los participantes de la Feria del Café en el municipio de Toribío. Ahora, tal como se evidencia en el mapa de calor del SIPARES —justamente— los municipios que más han registrado hechos victimizantes son Caloto, Corinto y Balboa. Además, a más del 80% de los asesinatos en el Cauca no se ha podido determinar el autor material. A su vez, los actores más victimizados han sido líderes campesinos, indígenas, presidentes de JAC y líder de comunidades afrodescendientes. Así las cosas, las condiciones en el Cauca no mejoran y la tardía respuesta del Gobierno Nacional acrecienta un problema que cobra vidas. #FuerzaPueblosIndigenas, @FelicianoValen clausura audiencia de la @ComisiondePaz en Caloto, Cauca: pic.twitter.com/g9cvgZr0Dq — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 14, 2019

Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional, entregaron este martes el listado con los nombres de los candidatos inscritos para las elecciones regionales de 2019 que presentan inhabilidades para aspirar, luego de que se hiciera el cruce de la base de datos del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI). De acuerdo a lo revelado por el informe, hay 694 inhabilitados de 117.822 inscritos, lo que corresponde al 0,6 % de la totalidad de los candidatos que se inscribieron hasta el 27 de julio pasado y luego de las modificaciones finales que se hicieron ante la Registraduría Nacional hasta el pasado 4 de agosto. Los cinco partidos políticos y movimientos con más candidatos inhabilitados son el Partido Conservador Colombiano (113),Partido Colombia Renaciente (66), Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia – AICO (64), Partido Social de Unidad Nacional – Partido de la U (64) y Partido Cambio Radical (59). De acuerdo al documento publicado por los entes de control, los departamentos en donde más hay aspirantes inhabilitados son Antioquia (75), Cundinamarca (72), Valle del Cauca (57), Boyacá (52), Tolima (48), Santander (42), Cesar (38) y Norte de Santander (38). La mayor cantidad de inhabilitados aspiran a concejos (602), les siguen candidatos a juntas administradoras locales (61, y 46 son en Bogotá); alcaldías (20), y asambleas (11). El documento muestra que no hay candidatos a gobernaciones inhabilitados. Lista de candidatos inhabilitados De los 694 inhabilitados por los entes de control, 560 presentan inhabilidad por alguna de estas cuatro (4) causales determinadas por la Ley 617 de 2000 en su artículo 40: 1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas. 2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha».

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Este martes los colombianos y colombianas le rinden homenaje al periodista, humorista y activista Jaime Garzón. El 13 de agosto de 1999, el paramilitarismo, en connivencia con las fuerzas del Estado, le cegaron la vida al personaje mítico que lanzaba sátiras en televisión contra el poder político nacional, y a la vez mostraba la realidad del país a todas y todos los ciudadanos. Garzón nació en la ciudad de Bogotá en 1960 y desde su infancia -cuentan sus familiares- fue una persona inquieta, que exploraba todo lo que se encontraba en su camino y así se mantuvo hasta el día de su muerte. Según se rumora, y debido al contexto sociopolítico en el que se encontraba Colombia en los años 80, antes de convertirse en el personaje estrella de la sátira política, estuvo por un tiempo corto en las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero se dio cuenta que esa tan anhelada paz social y justa no se lograba empuñando un arma. En ese sentido, su activismo tomó más fuerza, y aunque sus estudios académicos iban a paso lento, se preocupó mucho más por el trabajo social y político con el fin de aportarle “algo” a la sociedad. Luego, ingresó a la campaña del entonces candidato a la Alcaldía por Bogotá, Andrés Pastrana, a quien no seguía los mismos ideales, sin embargo, consideró que desde adentro podría hacer mucho más por los ciudadanos. En 1988, Pastrana fue secuestrado en la sede de campaña en una redada del Cartel de Medellín, lo cual catapultó a Garzón hacia la cima. En el momento de la retención, el futuro humorista lanzó un chiste a los secuestradores y a partir de ese momento se creó el mito sobre la buena impresión que le causó a Pastrana, que luego de su liberación lo nombró alcalde menor de Sumapaz. La nueva etapa de Garzón En su paso por Sumapáz tuvo que relacionarse con algunos jefes de los frentes de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc, que hacían presencia en la zona por ser el corredor estratégico hacia Bogotá-, para llegar a consensos sobre las decisiones de la localidad. Para ese momento las Farc controlaban ese sector y en ese sentido, cualquier movida política debía pasar por la autorización del grupo subversivo. Dicho relacionamiento convirtió a Garzón como un enlace humanitario para algunos casos de secuestro por parte de las Farc en años posteriores; lo cual tuvo dos consecuencias: la primera que ayudó a varias familias víctimas de este tipo de delito cometido sobre todo por las guerrillas y le dio un estatus de facilitador de paz. La segunda, que dicho papel produjo una estigmatización sobre sus acciones y en ese sentido empezó a ser catalogado como “guerrillero” por parte de las fuerzas militares, grupos políticos de derecha y personalidades con mucho poder político. Sin embargo, su paso por la televisión fue la que le permitió dar un salto político. Cuando protagonizó los programas Zoociedad Tv, Quac y la Lechuza de CM& fue cuando el rating aumentó, la sátira aumentó y lastimosamente las amenazas conta su humanidad. La serie de pullas realizadas por Garzón contra los más poderosos durante dos años (1995-1999) en el programa Quac lo llevaron a sentirse hostigado por agentes estatales y paramilitares. Por lo tanto, las constantes críticas al gobierno, la relación estrictamente humanitaria con las Farc, y los rumores de su paso por el ELN, lo ubicaron como un personaje irreverente y una amenaza para el poder tradicional. Mataron a Garzón Antes del asesinato, declarado en el 2016 como un crimen de lesa humanidad, Garzón ya sabía que sus días estaban contados. Días previos al 13 de agosto intentó hablar con Carlos Castaño, pero no fue posible, entonces se reunió con Angel Custodio Gaitán exjefe paramilitar recluido en una cárcel de Bogotá, pero la orden ya estaba dada. Mientras se dirigía a los estudios de Radionet, lugar de trabajo, fue interceptado por dos individuos en una moto, quienes finiquitaron la vida del humorista. El país lloró la pérdida de Garzón que se había atrevido a hablar de política de manera distinta, de presentar lo noticioso en otro formato y poner el dedo en la llaga a las estructuras de poder. Luego de su muerte empezaron los procesos judiciales. El primer sindicado fue el excomandante paramilitar Carlos Castaño en 2002, pero dos años más adelante se perdió el rastro de Castaño, algunos dicen que sus lugartenientes lo asesinaron como solicitud de su hermano Vicente, pero no se sabe con exactidud. Tras las pesquisas de la Fiscalía otros exparamilitares resultaron involucrados, pero luego se comprobó que se estaba intentado desviar la investigación acusándolos a ellos y fueron absueltos. El testimonio de alias “Don Berna” (exparamilitar del Bloque Cacique Nutibara) fue clave para esclarecer un poco más el crimen y en ese momento fueron señalados varios miembros de las fuerzas militares y del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En 2018 el entonces director del DAS, José Miguel Narváez fue condenado a 38 años de prisión luego de nueve (9) años de proceso, pero en julio de este año el tribunal de Bogotá le redujo la pena a 26 años y 3 meses, por lo cual varias organizaciones y activistas rechazaron la nueva decisión. Otros de los mencionados en las declaraciones dadas por “Don Berna” fueron el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, jefe de inteligencia de la XIII Brigada del Ejército que, en conjunto con su superior, el comandante Rito Alejo del Río, suministraron información a Castaño para presentarle información sobre la supuesta relación entre el humorista y la exguerrilla de las Farc. Así las cosas, este caso no prescribe y los responsables podrán seguir siendo investigados y juzgados sin ninguna caducidad. Y aunque ya hay algunos condenados, para la familia y algunos activistas que han seguido las pesquisas del crimen, aún falta más justicia.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares A tres meses de cumplirse 31 años de la masacre de Segovia en Antioquia —el 11 de noviembre de 1988—, trabajadores mineros, líderes, lideresas, familiares y pensionados de la extinta Frontino Gold Mine presentaron un informe de 20 páginas en el que denuncian el asesinato de cerca de 50 activistas de Segovia durante las tres décadas subsiguientes a la masacre ocurrida en esta región del alto nordeste antioqueño. Dicho informe que fue entregado a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, alerta, entre otras cosas, sobre la crítica situación que atraviesan quienes adelantan esfuerzos por la construcción de la memoria y el trabajo por el esclarecimiento de la verdad. La Garantía de No Repetición no ha llegado al municipio de Segovia. Desde la incursión paramilitar en 1988, en la que se perpetró el asesinato de 46 personas; los hechos victimizantes no han cesado para quienes han querido establecer responsabilidades del Estado, vínculos con grupos paramilitares e incluso con sector privado. Uno de los líderes, Gustavo Castrillón, señaló «El informe es referente a todo lo que ocurrió con el proceso de liquidación de Frontino Gold Mine, los asesinatos y la corrupción que hubo con los jueces”. De hecho, hace diecisiete (17) meses —en marzo de 2018— el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) alertó sobre asesinato y amenazas contra líderes comunales que, incluso, contribuyeron a la construcción del documento “Silenciar la Democracia” en el que se habla de la masacre de Segovia y Remedios. Además, alertaba sobre el hostigamiento contra la comunidad en general, pues circulaban panfletos de un supuesto “»grupo revolucionario que lucha por la equidad social» en donde declara objetivo militar a líderes como Manuel Escalante, además de habitantes que realizan actividades como la venta de oro, expendedores de droga y a la población Lgtbi. También insta a la población a confinarse en sus casas a partir de las 6:00 de la tarde”, tal como señaló el CNMH. A pesar de que el CNMH en su momento, hizo un llamado a las autoridades para que prestaran atención, investigaran y desplegaran acciones sobre a los asesinatos, amenazas, y demás violaciones a los derechos humanos que se registraban en el municipio antioqueño; nada a cambiado en la realidad de los líderes que buscan Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición. De hecho, los habitantes del municipio de Segovia al no recibir apoyo de las autoridades, tanto del Gobierno Nacional en la época de Juan Manuel Santos como en la del actual presidente Iván Duque, recurrieron a las instancias de Justicia Transicional. Según Castrillón, nosotros tenemos doce líderes sindicales y 33 compañeros que han sido asesinados. No todos tienen que ver con la venta de la Frontino, pero sí tenemos un número grande de personas asesinadas por oponerse a su venta». Un testimonio de una guerra que no se puede repetir Al hacer entrega de este informe a la JEP y a la Comisión de la Verdad de estos testimonios que fueron recopilados sobre los hechos victimizantes de los últimos treinta años, que han cobrado la vida de 50 personas, esperan que se contrasten dichos testimonios con las versiones entregadas por exguerrilleros de las Farc, exparamilitares y empresarios para que contribuyan al esclarecimiento de lo sucedido alrededor de los 50 asesinatos que denuncia el informe. Es importante señalar que en la masacre del 11 de noviembre de 1988 fueron asesinados estudiantes, mineros, empleados de la Frontino Gold Mines, obreros, amas de casa, militares y simpatizantes de la Unión Patriótica, coteros, tenderos, habitantes de calle. Para ese momento, en la región, confluyó un auge del oro, hubo un fortalecimiento del sindicalismo y la Unión Patriota recogió el sentir de muchos pobladores del municipio de Segovia. De hecho, la UP logró en los comicios hacerse a la alcaldía de Segovia, Mutatá, Apartadó, Yondó y Remedios. Asimismo, La UP se hizo al 60% de las curules en Segovia y Remedios. En este punto, fue que se consolidó la alianza criminal entre paramilitares del Magdalena Medio, políticos regionales que se autodenominaban de “Muerte a Revolucionarios del Nordeste” y miembros de la Fuerza Pública, la cual se encargó de perpetrar la masacre de 46 personas, múltiples desplazamientos y desgajamiento del tejido social, político y popular de la región del nordeste antioqueño. Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia condenó a los paramilitares Henry Pérez y Fidel Cataño, asimismo, a al exrepresentante a la Cámara por el Partido Liberal quien actúo en cofradía con integrantes del comando de Policía de Segovia y del Batallón Bomboná. Frente a una masacre que dejó heridas de procesos sociales, sindicales y populares en el departamento de Segovia y las muertes en los años posteriores por los esfuerzos para socavar en los hechos de la masacre; también alerta que, desde 2016 a 2018 en Segovia se registraron 1.127 casos de desplazamiento forzado, según el Registro Único de Víctimas (RUV). A propósito de las muertes que han sucedido después de la masacre, cabe recordar la del poeta y periodista Julio Daniel Chaparro Hurtado y la del fotógrafo Jorge Enrique Torres Navas en el municipio de Segovia, el 24 de abril de 1991. Tanto el periodista, como el fotógrafo se encontraban realizando un trabajo periodístico sobre la violencia en la región de para el diario El Espectador.