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Por: Redacción Pares En 1903, décadas antes que los barbudos de Fidel Castro dieran una de las lecciones de dignididad que más recuerda la historia, el gobierno de Cuba le cedió en un arriendo a perpetuidad la base de Guatánamo. Recién triunfó la revolución, el 1 de enero de 1959, desde esa base se realizaban actos de provocación por parte de los soldados asentados allí al lado cubano, les tiraban piedras, se bajaban los pantalones, bailaban. Necesitaban que las tropas cubanas reaccionaran para iniciar una confrontación inmediata que sería devastadora para Cuba. Era plena guerra fría. Cuba era considerada el satélite de la Unión Soviética ubicado a noventa millas de las costas de Florida.   Con el tiempo Guantánamo se ha convertido en una especie de monumento infausto que plasma los horrores de la intervención norteamericana en el continente. Durante la crisis de los 90, cuando, al desaparecer la URSS Cuba quedaba desprotegida, desfinanciada y a la vez bloqueada, se generó lo que se considera como “la crisis de los balseros” y era que cubanos, desde la isla, buscaban llegar en cualquier cosa que flotara hasta las costas gringas. Guantánamo fue un refugio en donde muchos fueron recibidos. Bueno, en realidad donde fueron muchos recluidos. Y es que, apenas cruzaban los límites cubanos y entraban a aguas norteamericanas, eran inmediatamente detenidos y enviados a Gúantanamos que se convirtió a finales del siglo XXI en un inmenso centro de detención a donde no sólo iban cubanos sino haitianos.   Pero todo cambió después de los atentados al Word Trade Center, el 11 de septiembre del 2001. A partir de allí el presidente George W Bush desató la lucha antiterrorista. Un año después se declaró a Guantánamo como el centro de detención de terroristas durante la guerra contra el terror. Allí llegaron miles de personas detenidas en Afganistán o Irak y fueron torturados hasta el 2008 cuando bajo el mandato de Barack Obama, se mandó a parar. Desde entonces se convirtió en un sitio para darle cobijo a migrantes que fueran rescatados en el mar. El gobierno Biden fue enfático en afirmar que este lugar “No es un centro de detención, ninguno de los migrantes están allí detenidos”. Las alarmas estaban disparadas ya que organismos sociales señalaban al lugar de estar manchado con la infamia de la tortura.   Hace años no se pronunciaba la palabra Guantánamo para referirse a una idea monstruosa. El nuevo presidente, Donald Trump, volvió a darle ese acento siniestro a la palabra. Obsesionado con sacar hasta el último inmigrante en condición irregular del país, propuso la instalación de 30 mil camas para enviar a ese lugar a inmigrantes que son considerados como delincuentes peligrosos. Además, después de la lección de dignidad que dio Petro al no aceptar dos aviones donde venían 115 colombianos encadenados, expulsados por su condición de irregularidad, Trump ya “no confía “ en la determinación de sus países de origen para recibirlos. Así que tomará, según él “el toro por los cuernos” y se dispondrá a convertir en Guantánamo en lo que parece ser un campo de concentración.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenido Quedan 250 mil sobrevivientes de los campos de exterminios nazis. En sus relatos cuentan que había alguien más feroz que los SS: eran los Kapos, judíos empoderados por el alto mando alemán para cuidar el orden en Dachau, Auschwitz, Treblinka, Buchenwald, Majdanek y el largo y tenebroso etcétera. Ellos no dudaban un segundo en usar el látigo, la cachiporra, la manopla al ver la primera señal de desfallecimiento, de pereza o en último caso de rebeldía aunque, a decir verdad, estaban tan agotados los prisioneros que lo único que pensaban era en subsisitr. Los kapos creían que su actitud ladina les ganaría el favor del Reich y que se terminarían salvando de la cámara de gas, de los hornos crematorios. Eso no sucedió. El plan de Hitler, diseñado por Hitler, Heydrich y Eichmann era exterminarlos a todos.   A los kapos recuerdan más de un medio y político que adoptó, durante la crisis diplomática de la semana pasada, la postura de abrazar la causa trumpista. Como recuerda León Valencia en su última columna en Cambio, no les importó siquiera que en su discurso de posesión el nuevo presidente gringo acusara a los exmandatarios latinoamericanos de traidores. El país nunca ha importado, lo que les importa realmente es qué piensa Estados Unidos de ellos, cómo están sus relaciones personales, que los canales de comunicación permanezcan limpios. El record de ser lacayo lo tiene Federico Gutiérrez quien en medio de la histeria que generaron los medios de comunicación al convertir a Petro en el único responsable de la crisis, propuso crear una comisión para ir a Washington y hablar directamente con Trump para decirle al emperador que ellos son buenos, que acá nadie le hace caso a Petro, que por favor los perdonara. Obviamente el presidente anaranjado les daría un portazo en la cara. Pareec que fueran sordos. El papá de Barron ha repetido hasta el cansancio sobre los países latinoamericanos “No los necesitamos” eso quiere decir que podrán ser borrados de la faz de la tierra y nada les importaría.   En días pasados se viralizó una foto. Un obrero era llevado por agentes de migración. En el respaldo de su camiseta estaba escrita la frase “Latinos por Trump”. Es muy probable que ese hombre estuviera siendo llevado a un avión, con las manos esposadas, tratado como un delincuente, de regreso a su país. En un discurso que dio el pasado domingo el presidente anaranjado señaló a los colombianos expulsados como “delincuentes” y “narcos”. Trump vendía su narrativa de que los malos no podrían vivir en Estados Unidos. Al llegar a Catam se comprobó que ninguna de estas 110 personas -entre las que se contaban 26 niños- tenía antecedentes penales. Algunos medios decidieron ponerles el micrófonos a los recién llegados y narraban el trato inhumano que recibieron. Pero lo que quedó en el ambiente, lo que quisieron imponer los medios que pertenecen a las élites, fue que el presidente Petro, mientras consumía algún estupefaciente, tomó la decisión a las 3 de la mañana de declararle la guerra a Estados Unidos. Y esto no fue así. Lo que hizo Petro fue exigir dignidad para nuestros paisanos, la respuesta del gobierno gringo fue desproporcionada: subir aranceles a un 50%, lo que significaría la destrucción de nuestra economía, quitarle las visas a funcionarios del gobierno, cerrar la oficina de visas y endurecer las medidas de seguridad para los colombianos que lleguen legalmente a los aeropuertos nortamericanos. Ya hay denuncias de los extremas que están siendo las requisas.   Previamente Marco Rubio, Secretario de Estado, anunció con una sonrisa en la cara que los fondos de ayuda y cooperación para Colombia quedarían congelados por 90 días mientras evalúan cuál es la sintonía que tiene el país y también las ONG que reciben fondos de USAID, con el presidente Trump. Eso, en plata blanca, constituye un golpe casi que mortal para la sociedad civil. Mientras tanto las élites políticas celebran cada medida de Trump sobándole la chaqueta, ignorando que ellos también irán al cadalso de su desprecio. No son lo suficientemente blancos ni gringos como para ser considerados humanos.   Es más que oportuna la nueva columna de León Valencia porque desnuda a las élites políticas y su espíritu lacayo y lanza la alerta sobre el peligro de vivir en un mundo en donde la sociedad civil esté completamente disminuida.

Por : Katerin Erazo, Periodista La relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa, nuevamente, un punto de inflexión. La decisión del gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, de congelar 15.000 millones de pesos destinados a proyectos clave de justicia transicional en Colombia ha desatado una serie de reacciones tanto dentro como fuera del país. Esta medida, que suspende la cooperación durante 90 días, ha puesto en la cuerda floja el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una de las instituciones más fundamentales para la implementación de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 con las FARC. La JEP fue creada para esclarecer la verdad de lo sucedido durante el conflicto armado colombiano, investigar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante décadas de violencia, y garantizar la reparación a las víctimas. Desde su creación, la jurisdicción ha desempeñado un papel clave en el proceso de reconciliación, permitiendo que se descubran crímenes como el asesinato sistemático de miles de jóvenes, la desaparición forzada de miles de personas y otras atrocidades cometidas por diversos actores del conflicto, tanto guerrilleros como miembros de la fuerza pública. Es precisamente este mecanismo el que se encuentra ahora en riesgo. La congelación de fondos por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) afecta proyectos que son esenciales para la consolidación de la paz en Colombia, tales como la implementación de la reforma rural integral y el fortalecimiento de la justicia transicional. En total, la suspensión de estos recursos implica la retención de hasta 35 millones de dólares mensuales (420 millones de dólares anuales), una cifra crucial para la ejecución de estos programas de gran calado. Ante esta situación, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reaccionado con firmeza ante esta decisión. A través de su cuenta en X, el mandatario expresó su apoyo incondicional a la JEP y denunció lo que considera un intento de frenar el avance hacia la justicia y la verdad sobre el conflicto armado. Petro fue claro al afirmar que suspender los fondos para la JEP es un acto político que pone en peligro el futuro del proceso de paz en Colombia.   “Suspender los recursos para la JEP es un intento de tapar la verdad sobre el conflicto armado”, aseguró Petro, destacando que la justicia transicional es el primer paso hacia la reparación de millones de víctimas que aún esperan que los crímenes del pasado sean esclarecidos y que los responsables reciban justicia. Además, comparó la decisión de Estados Unidos con un acto simbólico de ocultar la memoria histórica del país, aludiendo a "tapar los murales que pintan sobre la masacre en La Escombrera de Medellín", una de las fosas comunes más emblemáticas del conflicto. El mandatario colombiano subrayó que la paz en Colombia necesita de un ejercicio constante de memoria histórica, verdad y justicia, y que la JEP juega un papel crucial en ese proceso. Según Petro, la suspensión de estos fondos no es un simple desacuerdo económico o diplomático, sino un obstáculo directo a la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera. A pesar de la medida tomada por el gobierno estadounidense, Petro ha afirmado que su administración se encargará de suplir los fondos congelados con recursos propios. Esto, sin embargo, plantea una serie de retos para un país que sigue lidiando con un déficit fiscal y una economía afectada por diversas crisis internas. Este paso también refleja un desafío mayor para el gobierno colombiano: cómo sostener los mecanismos de justicia transicional y la reforma rural integral, que son fundamentales no solo para el proceso de paz, sino también para reducir las desigualdades históricas en las regiones más afectadas por el conflicto armado.  La reforma rural integral, que incluye la restitución de tierras a las víctimas del despojo y el impulso a la economía campesina, es una de las promesas más ambiciosas del acuerdo de paz. Sin los recursos internacionales, el gobierno de Petro se enfrenta a un dilema crucial: cómo seguir adelante sin poner en riesgo la estabilidad económica del país. Según Alejandro Chala, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) el recorte en la cooperación internacional está estrechamente vinculado con la forma en que Estados Unidos ejerce su soft power y su diplomacia a través de proyectos de cooperación. Estos proyectos no son simples actos de caridad, sino inversiones estratégicas que, aunque no generan lucro directo, tienen un enfoque humanitario y buscan facilitar el acceso de las poblaciones a bienes, servicios y espacios de participación política y social. En ese contexto, el recorte impulsado por Donald Trump representa un giro hacia el hard power, es decir, una diplomacia más dura y realista, alineada con la visión de Robert Keohane. Su objetivo es redefinir las relaciones internacionales de manera más desigual y jerárquica. En los próximos años, según Chala, es probable que se observe una recomposición de las dinámicas de cooperación, pero esta vez mediadas por intereses políticos bajo la premisa de “América Primero”, priorizando los beneficios estratégicos de Estados Unidos. Para Chala, este escenario marca el fin del multilateralismo tal como se ha conocido desde 1945 con el Plan Marshall, modelo que, pese a sus transformaciones a lo largo del tiempo, ha definido la cooperación internacional hasta la actualidad. Sin embargo, también podría dar paso a un nuevo tipo de multilateralismo, más regionalizado y centrado en distintos polos de poder a nivel global, lo que reconfiguraría las relaciones internacionales. En el caso de Colombia, la reducción de la ayuda de USAID envía un mensaje contundente, ya que dicha agencia financiaba numerosos proyectos en el país. Esto genera una crisis dentro de las organizaciones de la sociedad civil, que deberán replantear sus estrategias y buscar nuevas fuentes de financiamiento para sostener sus iniciativas. A su vez, surge la necesidad de fortalecer esquemas de cooperación regional, como la cooperación Sur-Sur, que permitan consolidar fondos comunes y reducir la dependencia de potencias tradicionales. Si bien existe la posibilidad de un efecto dominó, este sería contenido en cierta medida, dado que la inversión proveniente de Europa, aunque disminuida, se mantiene. En este escenario, Colombia deberá explorar nuevos aliados para la cooperación internacional. Asia podría convertirse en una alternativa viable, al igual que Europa, mientras que a nivel regional se requiere una mayor integración latinoamericana basada en redes de cooperación y financiamiento conjunto, elementos clave para superar este desafío. Cabe resaltar que la suspensión de los fondos no solo ha generado una crisis dentro de Colombia, sino que también ha tensado las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Washington. Aunque la medida de Trump afecta principalmente a Colombia, también tiene un impacto en otros países receptores de ayuda, especialmente aquellos en situaciones de conflicto o pobreza extrema, como Gaza. Lo que ha llamado la atención, sin embargo, es la exclusión de países como Egipto e Israel, considerados aliados estratégicos de Estados Unidos, que seguirán recibiendo apoyo militar.   La decisión de suspender la ayuda internacional a Colombia, aunque justificada por el gobierno estadounidense bajo el argumento de reducir la cooperación con ciertos países, ha sido vista como un desaire hacia uno de sus principales aliados en América Latina. Esto coloca a Colombia en una posición incómoda, dado que el país ha dependido históricamente de la asistencia de Estados Unidos en diversos frentes, desde la lucha contra el narcotráfico hasta los esfuerzos de paz y justicia. Más allá de la diplomacia y los acuerdos temporales, la suspensión de los fondos es un recordatorio doloroso de los enormes desafíos que enfrenta Colombia en su camino hacia la paz. Aunque los Acuerdos de Paz de 2016 representaron un hito histórico, la implementación de estos sigue siendo frágil. La JEP ha sido una de las principales herramientas para garantizar que el pasado no quede impune y que las víctimas del conflicto no sean olvidadas. Sin embargo, el proceso sigue siendo vulnerable a los vaivenes de la política internacional y las prioridades de los gobiernos extranjeros. Como bien ha señalado Petro, “la paz necesita verdad”, y la suspensión de fondos a la JEP es una amenaza directa a esa verdad. En lugar de cerrar heridas, el impacto de esta medida podría abrir nuevas fisuras en una sociedad colombiana que aún lucha por superar décadas de violencia. Los próximos meses serán cruciales para determinar si Colombia podrá mantener su compromiso con la paz, la justicia y la memoria histórica, sin importar los obstáculos externos. Al final, la pregunta sigue siendo la misma: ¿puede Colombia garantizar la paz sin los recursos necesarios para hacer justicia? Y, más aún, ¿estará la comunidad internacional dispuesta a apoyar un proceso que, más allá de sus imperfecciones, sigue siendo un modelo para la resolución de conflictos en América Latina? Las respuestas aún están por verse, pero una cosa es clara: la lucha por la verdad y la justicia no puede detenerse.

Por: Daniela Bernier Pacheco Afinia hace parte del grupo EPM y opera en la región Caribe en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Cesar, Sucre y en algunos municipios del Magdalena; no obstante, al igual que Air-e se encuentra en crisis financiera, así lo indicó el gerente de EPM John Maya. Y es que según señala EMP, el Gobierno posee una deuda con Afinia de $700.000 mil millones de pesos por los subsidios que se otorgan a los estratos 1, 2 y 3 y un billón por opción tarifaria. Hasta la fecha expresó que no se han cancelado unos subsidios que vienen desde el segundo trimestre de 2024. Pues si bien el Ministerio de Minas y Energía ha emitido las respectivas resoluciones, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha generado el desembolso debido al déficit de recursos del Gobierno. ¿Qué impactos genera en los usuarios este no pago por parte del Gobierno? Se decía que Afinia podría estar inmersa en un apagón, pero el gerente de EPM expresó que han venido realizando cálculos y análisis y hasta finales de febrero e inicios de marzo podrían tener recursos. Sin embargo, espera que se cancelen los subsidios porque si en el mes de marzo no hay pagos, habría que iniciar con racionamientos. En este sentido, estarían en riesgo de racionamiento 11 municipios del Magdalena y los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar. Y es que el problema de Afinia se agudiza más porque tienen un 40% de pérdida de energía. Por su parte, el Gobernador de Bolívar en su cuenta de X expresó que en compañía con los gobernadores de César, Sucre y Córdoba solicitaron una mesa de trabajo con el Gobierno Nacional porque los usuarios de la región no pueden sufrir las consecuencias sociales y económicas del racionamiento. La crisis de Afinia y sus posibles consecuencias ya se vivió en su tiempo con Electricaribe S.A. E.S.P. y el año pasado, Air-e S.A.S. E.S.P. Aún se esperan medidas más drásticas para atacar el tema de la opción tarifaria y del pago de subsidios, viéndose como el principal problema la capacidad económica del Gobierno de atender este tipo de situaciones. Ahora al mismo, le tocará buscar la manera de inyectar recursos a Afinia para prevenir una crisis sin precedentes en los departamentos donde opera la empresa, pues esto implicaría afectar la vida y las dinámicas de las comunidades. Aquí la canción interpretada por Iván Villazón podría volverse realidad, pues la falta de energía podría generar afectaciones en la salud de muchos en razón de las altas temperaturas que se viven en la costa Caribe colombiana en estos meses del año. Referencias: Colprensa. (2025, 28 enero). “Si en marzo no se paga a Afinia, hay que tomar decisiones más radicales como un racionamiento”: gerente de EPM | El Colombiano.  El Colombiano .  https://www.elcolombiano.com/negocios/gerente-epm-advierte-que-si-no-se-paga-a-afinia-habria-racionamiento-energia-DG26462166 Yamil Arana. [@YamilHAranaP]. (2025, enero 29). Afinia es muy mala, pero más malo es quedarnos sin energía. https://x.com/YamilHAranaP/status/1884603839866626142?t=ykVL47OuPOe2Vt1ZcwnIEg&s=08

Por: Redacción Pares En el punto más álgido de la guerra dialéctica entre Gustavo Petro y el presidente Donald Trump la semana pasada, en donde desde Estados Unidos amenazaron con incrementar un arancel del 50% a productos colombianos debido a la negativa de Petro de aceptar un avión con 110 inmigrantes colombianos en condición de irregularidad que habían sido devueltos desde ese país y de la inminencia de una ruptura de relaciones entre ambas naciones, apareció el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez. Afirmó que encabezaría una delegación de alcaldes colombianos en franca rebeldía contra el presidente para ir a hablar con Trump. Hay que recordar que la crisis duró 18 horas y se resolvió por los canales diplomáticos gracias a los favores de quien fue hasta la semana pasada el canciller Luis Gilberto Murillo pero si se hubiera extendido un poco más Gutiérrez habría viajado a Washington a decirle al gobierno gringo que Petro no representa a los colombianos. Lo realmente raro sería que el presidente gringo los hubiera recibido a Fico y demás alcaldes. Trump ha dejado claro que en su agenda atender mandatarios o alcaldes de ciudades latinoamericanos no está entre sus prioridades.   Tanto el gobernador de Antioquia, como el alcalde, han sido consecuentes con sus credos y tradición uribista que ha caracterizado esta parte del país en lo que va del siglo XXI. Así que los ataques contra Petro se han dado desde que este asumió la presidencia. El decreto al aplazamiento del presupuesto 2025 presentado por el ministerio de Hacienda, después de que en diciembre las Comisiones Económicas del Congreso en diciembre del 2025 le bajaron el pulgar a la ley de financiamiento, le ha traído críticas al presidente, a pesar de que él no tiene nada que ver con esta reducción, al menos no fue su decisión.   Sin embargo para Fico Gutiérrez todo se trata de una “Venganza política” no sólo contra él sino contra los antioqueños y los colombianos. Afirmó además que el presidente “odia a los antioqueños”.  En una extensa entrevista a la Revista Semana el actual alcalde de Medellín se despachó contra el presidente “Petro odia a Antioquia. Todas las acciones que han tomado han sido contra la gente y es la más perjudicada. Dejaron a Medellín sin plata para la atención de víctimas, dejaron a 354 mil víctimas tiradas; ahora recortan casi un billón de pesos que no han pagado, de acuerdo a sus compromisos, con el Metro de la 80 (...)  ¿Cómo puede uno analizar todo esto? Como una venganza política. Una venganza utilizando el poder y un Gobierno nacional que bloquea económicamente a las regiones , especialmente a quienes no nos quedamos callados frente a tanta desfachatez del Gobierno”   Desde finales del 2024 se sabía que este 2025 tocaba apretarse el cinturón. Está documentado que el presidente había advertido, a alcaldes como Bogótá y Medellín, que se vendrían reducciones al prespuesto que afectarían los avances de las líneas de metro de la 80 en Medellín y los avances de las obras del metro en Bogotá. A pesar de lo que ha asegurado el mandatario nacional Fico Gutiérrez cree que el gobierno nacional lo que tiene es plata y que la está usando para chantajear a las ´regiones que no están alineados a sus políticas: “ No hay un Gobierno nacional que haya tenido tanta plata como este y la plata no llega a las regiones, derroche absoluto y están guardando la plata para la campaña (...) Ellos están tratando de chantajear a las regiones y al Congreso para que les apruebe, de manera exprés, una reforma tributaria , la misma que ya les negaron. ¿Cómo? Recortando plata para las regiones.Esto es un método de chantaje que lleva al subdesarrollo”.   Con el paso de los meses y a medida que la crisis con los Estados Unidos se ahonde, las grietas entre la clase política de Antioquia y el gobierno nacional se harán más profundas.

Por: Redacción Pares Una vez se posesionó Donald Trump el pasado 15 de enero tenía una lista de 100 decretos para firmar de manera inmediata. Entre ellos habían varios que afectaban directamente a Latinoamérica. La deportación de cientos de colombianos que regresaron al país en condiciones indignas como la de estar esposados, generó una ola de indignación encabezada por el presidente Gustavo Petro. Ante la negativa de recibirlos así, el gobierno norteamericano reaccionó imponiendo aranceles de hasta el 50% a los productos colombianos, medida que se solucionó usando la diplomacia. Antes que esto sucediera y a través de su secretario de estado, Marco Rubio, el nuevo mandatario congeló durante 90 días la ayuda a países extranjeros, entre los que estaba Colombia. La mayoría de los recursos de esa ayuda provenían de USAID. El último fin de semana Elon Musk, el magnate tecnológico que le habla al oído a Trump afirmó desde su cuenta de X que USAID era una organización criminal y que le había llegado el momento de morir, una afirmación con la que Trump está de acuerdo.   Con esto el gobierno norteamericano pone contra las cuerdas las organizaciones sociales en Colombia. Donald Trump con una política claramente anti derechos, no le importa los logros que se han conseguido en este país gracias a la sociedad civil. Uno de estos fue destapar el escándalo de la parapolítica. Acá le recordamos la investigación que lideraron León Valencia y Laura Bonilla y que cambiaría para siempre la historia de la política en Colombia.   Durante la últimia feria del libro de Cúcuta celebrada en septiembre del 2024 León Valencia recordó el momento en el que, mientras asistía como analista a un noticiero, para hablar sobre los resultados electorales del congreso del 2002, se quedó paralizado al ver en el monitor nombres que encabezaban las votaciones como Rocío Arias y Eleonora Pineda. Jamás había escuchado hablar de ellas. Laura Bonilla en ese momento era una joven que recién salía graduada de la Universidad Nacional. Tenía 23 años y la confianza de su maestro. Ambos empezaron a asociar ideas, a tejer una investigación y no les costó mucho tiempo sacar conclusiones: las votaciones más grandes de estos nuevos políticos se habían dado en zonas de alta influencia paramilitar. En el 2004 ya tenían listo una investigación en donde usaron por primera vez el término Parapolítica. Ese año, en los debates televisivos transmitidos por el Canal Institucional, el senador Gustavo Petro usó el término para referirse a senadores como Álvaro García o al todopoderoso Mario Uribe, primo hermano del que era en ese momento presidente.   Bonilla se encargó de destapar las ollas podridas en el Magdalena Medio, una de las zonas más calientes del país, Claudia López lo hizo en Antioquia, Mauricio Romero, uno de los investigadores que con más rigor por primera vez estudió el fenómeno paramilitar, escribió un capítulo Nuevas guerras, paramilitares e ilegalidad: una trampa difícil de superar. El libro, que primero se movió entre círculos académicos, llegó a las manos de magistrados como Iván Velásquez, actual ministro de defensa. Velásquez fue a la sede de la Corporación Nuevo Arco Iris y se lleva la información que se tenía para iniciar la investigación que, hasta el momento 187 políticos condenados entre los que se cuentan congresistas, alcaldes, gobernadores y políticos. Fue un trabajo que dejó huella y que les costó a los investigadores amenazas de muerte y, en el caso de León y Bonilla, el exilio.   Pocas investigaciones ha dejado tanto huella como esta que se transformó en libro, Parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Por eso la editorial Planeta, a manera de homenaje, sacó en el 2024 Parapolítica, la historia del mayor asalto de la democracia en Colombia, una puesta al día de lo que sucedió en el país después de este tsunami. Un país que ha cambiado tanto que el presidente actual es una persona de izquierda, que incluso perteneció a un grupo insurgente. Pero, Laura Bonilla, en los diferentes eventos que se han venido sucediendo desde abril para lanzar el libro, ha hecho una advertencia, aunque las condenas judiciales cayeron, las condenas sociales no han sido tantas. En ciertas partes del país siguen mandando los mismos que se hicieron poderosos con la plata de las AUC hace veinte años.   Este es un libro necesario para todo aquel que quiera sumergirse en uno de los mayores escándalos de un país atribulado como este. El nuevo libro cuenta, además de los trabajos de los investigadores que vienen desde el 2004, con ensayos de Antonio Sanguino- quien se mete de lleno en el horror del Cesar- Ariel Ávila e Iván Gallo.   Destapar estas prácticas de los paramilitares que constituyeron una afrenta a la democracia, ha sido uno de los logros de la sociedad civil contra la corrupción y el delito. Su papel, en un país con los índices de corrupción que tiene Colombia, ha sido fundamental a la hora de hacer justicia. Los autores de la investigación se jugaron su vida con esta denuncia y no dudaron a la hora de enfrentarse con enemigos poderosos. La labor de la sociedad civil no debería estar jamás en tela de juicio por ningún funcionario del Estado.

Por: Redacción Pares En México la dignidad está de moda. Su presidenta, Claudia Sheinbaum, también. Desde su discurso cuando asumió la presidencia de México mostró una fuerza telúrica. Frases como “No llego sola, llegamos todas”, dicha ante el congreso mexicano el día de su posesión, aún retumban en la sangre de los aztecas. Su mismo traje de posesión fue una declaración de principios, un vestido color marfil con flores bordadas exaltando el trabajo artesanal de las indígenas mexicanas, la invitación de Ifigenia Martínez, una luchadora de la política de 94 años quien fue la elegida para ponerle la banda presidencial,  y en el discurso dejó muy claro un tema que está preocupando a toda Latinoamérica: la soberanía.   Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, México ha tenido complicaciones históricas por tener en su frontera norte un gigante de esas proporciones. Trump y su obsesión por deportar inmigrantes y su creación de un muro han sido el último enemigo que ha tenido que soportar el país Azteca. Pero se han cerrado filas en torno a la presidenta que goza de un inusual 80% de aorobación. Todo lo que suene a cuestionar sus decisiones será tildado de Malinchismo, a traición a la patria. Porque Trump arrancó su mandato con todo contra México. Los aranceles desmesurados del 25% que anunció el sábado recibieron un fuerte revés: la Sheinmabum se le paró en frente.    En un discurso grabado en 10 minutos, desde su despacho, la muy digna presidente de México, Claudia Sheinbaum paró en seco a Donald Trump. Su estrategia, para defenderse de la guerra comercial que le impuso los Estados Unidos, fue diferente a la de su homólogo, el canadiense Justin Trudeau, quien impuso aranceles de hasta el 25% a los productos norteamericanos, Sheinbaum usó, como un boomerang, los argumentos esgrimidos por Trump contra él mismo. El nuevo mandatario aseguró que existía complicidad entre el crimen organizado y el gobierno. Por eso la mexicana dijo lo siguiente: “Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerias de Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos criminales”. A esto vino una llamada del presidente Trump en donde reversó la medida a cambio de que en México dispongan de 10 mil efectivos para reforzar la frontera y evitar el paso de migrantes. La dura Sheinbaum cedió con firmeza, según ella los guardias estarán allá no sólo para detener migrantes sino para cuidar que el tráfico de fentanilo, que se mueve de EEUU a México, tenga un filtro.   La presidente afirmó que desde 1994, cuando se estableción un TLC con EEUU no se presentaban aranceles tan altos algo que podría afectar no sólo la economía mexicana sino la norteamericana. “La soberanía no se negocia” afirmó en su comunicado.   Marcelo Ebrand, secretario de economía de México, afirmó en una frase lo que muchos de sus paisanos piensan de Sheinbaum: “Lo que logró la presidenta es algo totalmente insólito. Ayer esto era imposible. Entonces yo sí la felicito presidenta, esto es un orgullo”.  Las claves de la presidenta, según lo han resaltado medios como la BBC han sido la paciencia y el respeto. Saber jugar con la diplomacia. La creación de programas como “México te abraza” servirá para recibir y atenuar los problemas de los cientos de miles de inmigrantes que serán deportados en los próximos meses a México. En Colombia el presidente Gustavo Petro también está liberando fondos para ayudar a los deportados con programas de alto impacto social. Estos dos presidentes en Latinoamérica son de los pocos que han decidido plantarle cara a Trump.   Todo eso sabiendo con quien se enfrenta, pues si llega a afirmar que “lo que acá no hace falta es valentía” lo hace sabiendo que debe estar dispuesta a colaborar y a saber ceder cuando toque. Al frente está un presidente impulsivo, torpe en lo político, que desató una guerra comercial con gobiernos que no considere sus aliados. La presidenta de México sabe jugar con fuego y por eso su mismo pueblo la está apoyando.

Por: Redacción Pares Una hora antes de que empezara la transmisión Jorge Rojas, quien estaba recién posesionado como director del DAPRE, le advirtió a su jefe directo, Gustavo Petro, que la transmisión televisiva del Consejo de Ministros podría salir mal. El presidente hizo lo que acostumbra hacer, ignorar las advertencias de sus asesores directos. Esto no fue, ni de lejos, la razón por la que Jorge Rojas decidió renunciar al aire, mientras lo entrevista en su Reporte para la W radio Daniel Coronell. Ya conocía bien los devaneos de Petro. Quien fue su jefe en la Alcaldía de Bogotá. Mucho antes de que existiera Laura Sarabia en su panorama, Gustavo Petro confiaba en Rojas, un técnico curtido y hábil, para ordenar su planificación. Durante su alcaldía fue su secretario privado, su secretario de gobierno y su secretario de integración social. No, sabía que Petro tenía sus arranques. Lo que jamás llegó a pensar es que Armando Benedetti fuera una pieza indispensable para su proyecto político a pesar de representar unas maneras que el gobierno del cambio prometía erradicar.    El lunes 3 de febrero Rojas ya se había enterado que se haría oficial la designación como jefe de despacho de Armando Benedetti. Además de las molestias que causa un personaje como el ex embajador en Venezuela, siempre dado al escándalo y la intransigencia, estaba la congruencia política. Ni Benedetti ni Sarabia hacían parte del proyecto del cambio. Supo que se haría un consejo de ministros esta semana y que el encargado de hacer el informe para poner en evidencia el desempeño de los ministros sería Benedetti.   Ese consejo se planeó a espaldas de los ministros para que fueran expuestos. Benedetti fue el que le aconsejó al presidente que, para curarse en salud y evitar una renuncia masiva de su gabinete, televisara la reunión. La mayoría de ministros al enterarse sobre la hora que sería una exposición brutal frente a millones de colombianos, reaccionaron como vimos a Susana Muhamad, a Francia Márquez y al propio Gustavo Bolívar, con la mirada vidriosa, la voz partida y la rabia floreciente. Petro los exponía por consejo de un indeseable que recién aterrizaba al gobierno ya impartía ordenes. Benedetti nunca habló, mantuvo la mirada abajo mientras el presidente lo defendía y llamaba “Robespierre” a los que lo atacaban. Jorge Rojas no pudo soportar esa humillación pública, esa declaración de fidelidad inquebrantable a Benedetti y simplemente renunció.   Petro, lejos de retroceder, afirmó via X, a las 9 de la mañana de este 5 de febrero, que de ahora en adelante televisará todos los consejos de ministros porque “el pueblo tiene derecho a saber que hace su gobierno y como es su gobierno directamente y sin intermediarios desinformadores”.   Rojas le dijo a Daniel Coronell en su entrevista que renunciaba porque el presidente “trajo a otra persona -refiriendose claramente a Benedetti- que tiene responsabilidades y le corresponde manejar los asuntos de la presidencia”. El nombre de Jorge Rojas genera unanimidad, es una persona honesta, comprometido con la defensa de los derechos humanos. En 1992, según el diario El Tiempo, fundó la Consultora para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES.Rojas estuvo al frente de esa organización durante 20 años, hasta el 2012, cubriendo la parte de la historia colombiana más violenta contra los campesinos: el auge de los grupos paramilitares. En el año 2005 recibió en Washington el Humanitarian Award por su trabajo por los desplazados. Su experiencia internacional le valió ser embajador de este gobierno en Bélgica y ser vicecanciller de Luis Gilberto Murillo.   Pero la relación con Petro se volvió amistad en la primera década de este siglo cuando, junto con Iván Cepeda, escribieron uno de los libros más importantes en la historia de este país, “A las puertas del Ubérrimo” publicado en el 2008, una fecha en donde Alvaro Uribe Vélez, según los medios de comunicación colombianos, tenía un 75% de popularidad. En la investigación le quita la máscara a Uribe y muestra el fenómeno de paramilitarismo en Córdoba, el departamento en donde el presidente era terrateniente. Petro se acercó con admiración a Rojas y desde entonces lo tuvo como uno de sus asesores y amigos más cercanos.   Todo eso se rompió esta semana con el consejo de ministros y, sobre todo, por la fidelidad que ahora siente Petro por su nuevo mejor amigo y asesor, Armando Benedetti, quien quedará con todas las llaves del Palacio de Nariño. El presidente ya no tendrá una voz sabia que lo asesore en este, un año que arrancó de la peor manera para Petro.

Por: Redacción Pares La crisis humanitaria en el Catatumbo lejos de mejorar se está degradando. Las cifras así lo muestran en la noche del 4 de febrero del 2025. En ese momento se registraban 52 mil personas desplazadas y 31 mil confinadas. El avance del ELN contra las disidencias del Frente 33 de lo que alguna vez fue la guerrilla de las FARC, que arrancó el pasado 16 de enero, continuaba con su paso devastador. En la región se vive el terror. En la zona rural de Teorama, en la madrugada del 5 de febrero se registraron bombardeos por parte de aviones del ejército produciendo aún más caos. En la región además se está pidiendo una presencia más activa desde la capital.   Por eso organizaciones sociales programaron en el atardecer del 3 de febrero del 2025 una caravana humanitaria que partió desde Ocaña hasta el Catatumbo y al que se sumaron senadores como Iván Cepeda y Sandra Ramírez, miembros de la iglesia, de la cooperación internacional y voluntarios espontaneos entre la ciudadana. Durante un trayecto que duró casi un día la caravana llegó a uno de los corazones que tiene el conflicto, el municipio de el Tarra. El jefe negociador del gobierno con el EMBF, Camilo González Posso se sintió respaldado por esta caravana pero también le pidió a los grupos que están en combate tener en cuenta los acuerdos mínimos humanitarios a los que están comprometidos los actores armados: “Esos mínimos humanitarios no solamente son una observancia estricta de las normas del Derecho Internacional Humanitario, DIH, hay que ponerle nombre: respetar la vida, no disparar contra una persona inerme. Que no se repita eso de que se busca a la gente en las casas, y por estar acusados de una adscripción o supuestamente una pertenencia a un grupo adversario, son objeto de fusilamiento, expropiación o desplazamiento. Eso tiene que parar”   El presidente Gustavo Petro y el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, han estado al frente de la situación visitando en repetidas ocasiones la zona pero nada parece atenuar la violencia, algunas de ellas muy graves, como la decisión del ELN de poner como objetivo militar a firmantes de paz. Hasta este momento han sido asesinados siete de ellos y han salido más de un centenar de esa región.   Una vez la caravana llegó a el municipio de El Tarra la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Alianza de Organizaciones Sociales, desde el lugar donde sucedían los hechos, lanzó un comunicado escueto “Hacemos un clamoroso llamado al ELN, al EMBF y al Gobierno Nacional  para que habiliten un espacio de diálogo que permita concretar urgentes acuerdos y acciones humanitarias en favor de las miles de personas afectadas por la violencia en la región del Catatumbo”.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Agencia EFE Mientras el pasado 4 de febrero Colombia se paralizaba por la transmisión en vivo del consejo de ministro de Petro, otra parte del mundo estaba pendiente de un hecho político que tenía repercusiones inmediatas para Oriente Medio. Y era la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. El primer ministro de Israel llegó a la Casa Blanca y escuchó la propuesta que tenía el presidente norteamericano: que Estados Unidos asuma la propiedad de Gaza para hacer allí La Riviera de Oriente Medio. Mientras decía esto el anaranjado mandatario, Netanyahu no podía evitar la sonrisa en su rostro. Era el único que sonreía. La idea de Trump hablaba de reubicar a los habitantes de Gaza y estas personas tendrían que vivir en países como Jordania o Arabia Saudita quienes inmediatamente golpearon la mesa y dejaron claro que no están de acuerdo con la idea. Arabia Saudita y Trump, en su anterior administración, tuvieron una relación inmejorable debido a la dependencia que tiene Estados Unidos con el petróleo. El número de personas que tendrían que ser “reubicadas” es de 1.200.000 lo que constituye toda una crisis migratoria. En su envalentonado discurso Trump afirmó que si tiene que usar la fuerza para sacarlos de Gaza, lo hará.   El discurso fue de la brutalidad a la que nos tiene acostumbrados el presidente norteamericano. El plan enterraría para siempre la idea que se viene manejando a nivel diplomático desde esa década, el reconocimiento de dos estados que convivan y existan legalmente y en paz, algo a lo que se ha puesto Netanyahu quien al parecer quiere ver reducido a cenizas a Palestina. La idea de Trump podría también animar a Rusia y a China, las otras potencias mundiales, para emplear la fuerza y no la diplomacia cuando tengan que reclamar un territorio que supuestamente sea de ellos.   Por eso, los principales líderes del mundo, además de los vecinos de oriente medio, seguro echarán por tierra y harán recular, una vez más, a Trump. Sin embargo el daño ya está hecho. Este sería el precedente que ocasionaría el rompimiento del frágil acuerdo de paz que se ha llegado entre Israel y Palestina. En las últimas horas Trump afirmó que la Franja de Gaza sería entregada a los Estados Unidos por Israel después de los combates y afirma que, trabajando con grandes equipos de desarrollo, reconstruirán Gaza. Incluso, fiel a su instinto, habla de convertir el lugar en un complejo y moderno sitio urbanístico. Lo que no se tiene claridad es qué harán con el más de un millón de palestinos asentados en Gaza. Jamás especifica como hará ese reasentamiento.   Mientras Trump hace estos anuncios se teme que exista una nueva ofensiva de Hamas ya que, lejos de apagar el incendio, las afirmaciones dadas de la Casa Blanca niegan por completo la integridad y el reconocimiento de Palestina como nación. La paz podría romperse en cualquier momento. Llegó la hora de que los líderes del mundo puedan medir fuerzas diplomáticas con Estados Unidos.

Por: Katerin Erazo, Periodista La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha decidido llevar a juicio al recientemente nombrado jefe de Despacho Presidencial, Armando Benedetti, por su presunta participación en el escándalo de corrupción del caso Fonade. La decisión, tomada este jueves, implica que Benedetti deberá responder ante la justicia por el delito de tráfico de influencias, señalamiento que se mantiene desde que la magistrada Cristina Lombana presentó la ponencia inicial en octubre del año pasado. Según las investigaciones, los presuntos actos irregulares ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando Benedetti era miembro del partido de la U. Se le acusa de haber interferido en la asignación de recursos del entonces Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade), beneficiando a regiones y empresas específicas mediante la adjudicación de contratos. En particular, el abogado Jaime Lombana ha señalado que Benedetti habría favorecido a la Sociedad Cameral de Certificación Digital, vinculada a la Cámara de Comercio de Bogotá. El caso ha sido objeto de una amplia discusión en la Sala de Instrucción. Inicialmente, la magistrada Lombana propuso acusarlo también por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, pero este cargo no alcanzó la mayoría de votos. Ante esto, el magistrado César Reyes preparó una nueva ponencia que fue debatida y aprobada este jueves, dejando en firme la acusación por tráfico de influencias. Benedetti ha negado todas las acusaciones y ha argumentado que existe una persecución en su contra. Ha recusado a la magistrada Lombana, asegurando que su posición está sesgada. Sin embargo, la Corte Suprema ha ratificado la validez del proceso y, de quedar en firme la decisión, el caso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia. El caso Fonade ha sido ampliamente investigado y ha resultado en la condena de varios políticos, entre ellos Bernardo "el Ñoño" Elías y Musa Besaile, quienes también han estado involucrados en otros escándalos de corrupción como el cartel de la toga y el caso Odebrecht. Se espera que en las próximas semanas se defina la fecha exacta para el inicio del juicio contra Benedetti, lo que marcará un nuevo capítulo en este proceso judicial. El contexto político en el que se da esta decisión es particularmente delicado para el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La reciente designación de Benedetti como jefe de Despacho Presidencial ha generado fuertes críticas dentro y fuera del Gobierno, especialmente porque el funcionario ha sido mencionado en varias investigaciones por presuntos actos de corrupción y financiación irregular de la campaña presidencial. Cabe recordar que durante el Consejo de Ministros de esta semana, varios funcionarios expresaron su desacuerdo con su regreso a la Casa de Nariño, señalando que su presencia genera tensiones y desacredita la lucha contra la corrupción que ha prometido el Gobierno del Cambio. Además del caso Fonade, Benedetti enfrenta otras seis investigaciones en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, cuatro de ellas en etapa de apertura formal y tres en proceso de indagación. Estos procesos judiciales han puesto en duda la viabilidad de su permanencia en el alto cargo que ahora ocupa, ya que, de ser hallado culpable en el juicio, su futuro político y administrativo podría quedar gravemente comprometido. Con la formalización del juicio, se abre una nueva fase en el proceso judicial contra Benedetti. La atención ahora se centrará en las pruebas que presentará la Fiscalía y en la estrategia de defensa que adoptará el exsenador. El desarrollo de este caso será clave no solo para el panorama judicial del país, sino también para la estabilidad del gabinete de Gustavo Petro, que enfrenta una creciente presión por parte de sectores políticos y de la opinión pública.

Por: Redacción Pares El escándalo de esta semana girará en torno a la investigación publicada por la Revista Cambio en donde se cuenta como Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, zar del contrabando, juntó 500 millones de pesos - una vaca que hizo con otros comerciantes de San Andresito- para entregárselos a la campaña del entonces candidato presidencial Gustavo Petro. El puentre entre el delincuente y Petro sería Xavier Vendrell, el famoso empresario catalán, quien habría actuado de espaldas a Petro. Augusto Rodríguez le alertó al hoy presidente sobre esta infiltración por parte de los delincuentes. Rodríguez, quien interpeló en el tristemente célebre consejo de ministros de la semana a Armando Benedetti por sus conexiones con Papá Pitufo, afirmó que esa plata le fue devuelta al Zar del Contrabando.   Buitrago, quien viene delinquiendo desde los años en los que Pablo Escobar aterrorizó al país, ha sabido mantenerse en las sombras. Actualmente está detenido en Portugal y el presidente Petro está moviendo todo lo necesario para que sea devuelto a Colombia y acá rinda versión no sólo sobre sus delitos sino sobre sus nexos con poderosos. El gobierno de Gustavo Petro no es el único que se ha visto salpicado por sus contactos con Buitrago quien siempre ha negado su responsabilidad en casos de contrabando específicamente en los puertos de Buenaventura y en la frontera con Ecuador   En diciembre del 2019 el entonces general Juan Carlos Buitrago, quien era director de la policia fiscal y aduanera, la POLFA, estaba ya cercando a Papá Pitufo, de quien sólo se conoce una foto a color. Se llamaba Operación Dorado y en ella se explicaba al detalle como atraparían al rey de los puertos junto a tres de sus lugartenientes. Cuando estaban a punto de atraparlo el ex presidente Andrés Pastrana empezó a hacerle una serie de cuestionamientos al general.   Desde el 2017 se hablaba de supuestos nexos entre el ex director de la POLFA y el régimen de Nicolás Maduro. Pastraba se habría enterado de las relaciones con funcionarios del chavismo por intermedio de sus aliados opositores. En varios desayunos con quien fuera el ministro de defensa en el 2019, Carlos Holmes Trujillo, Pastrana le pidió su cabeza. Cuando se enteró de esto el general Buitrago demandó a el ex presidente y a su abogado Abelardo de la Espriella por torpedear su trabajo y específicamente entorpecer la Operación Dorado.   Funcionarios de la POLFA y del gobierno de Juan Manuel Santos aseguraron que el desempeño de Buitrago para desenmascarar a Alex Saab, el cuestionado empresario con gran influencia en el régimen de Maduro fue vital. A pesar de eso Pastrana seguía presionando vía Twitter y en reuniones presenciales para que el general Buitrago saliera de la institución.   Hasta ese momento el presidente Iván Duque venía respaldando su gestión pero en diciembre del 2019 le termina bajando el pulgar. Unos meses después, justo cuando empieza la pandemia, Duque lo envía de agregado a la embajada de Italia, un cargo completamente irrelevante ya que la embajada estaba cerrada debido a la pandemia.   Cuando Buitrago salió de la policía De la Espriella, a quien el oficial culpó de su salida de la institución, se desahogó con este trino: "Buitrago tiene investigaciones penales y disciplinarias abiertas, desavenencias con sus compañeros del generalato, serios cuestionamientos del expresidente Pastrana y un sinnúmero de asuntos por aclarar, y resulta que su salida de la institución se dio por cuenta mía, nada más mentiroso e infame". Poco después De la Espriella pondría otro mensaje aclarando que Buitrago jamás le echó la culpa de su salida.   En Buenaventura era un secreto a voces que los contrabandistas repartían dádivas a granel. Un caso palpable, público y comprobado fue el de Omar Ambuila, quien se desempeñaba como jefe de control de cargas de la DIAN. Su hija, Jenny, publicó en redes sociales la vida exótica que tenía en Estados Unidos, posando con Lamborghinis y Cartier.   En enero del 2024 el periodista Juan Pablo Barrientos publicó en el portal Casa Macondo una investigación en donde se hablaba de una probable interferencia por parte de la entonces fiscar encargada, Martha Mancera, para impedir la quema de una mercancía que pertenecía a Papá Pitufo en el puerto de Buenaventura.   Diego Marín Buitrago se ha declarado como un perseguido por la justicia desde 1993. Lo único cierto es que desde hace tres décadas las investigaciones contra él no prosperan en la Fiscalía. Buitrago en estos momentos es el fundador y CEO de la empresa Strategos. Ha escrito dos libros, en uno de ellos, titulado Los principios no se negocian, asegura que fue removido de su cargo en una jugada que incluye a Holmes Trujillo y al propio presidente Duque. “La orden habría venido de Pastrana y De la Espriella”.   Por eso es tan importante que el gobierno Petro consiga la repatriación de Diego Marín Buitrago a Colombia y pueda contar toda la verdad.