Por: Redacción Pares Según la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC, en el último año los pueblos indígenas han sido objeto de graves vulneraciones a los Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos. Alrededor de 158 líderes indígenas han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, de los cuales 94 murieron durante el mandato de Duque. Sin embargo, y especialmente después de las Mingas desarrolladas en los meses de marzo y abril en distintas partes del territorio, los ataques, amenazas y asesinatos se han incrementado. Ante el recrudecimiento del conflicto en diferentes regiones como el Chocó, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Putumayo, como el Cauca entre otros, el pasado 9 de agosto la ONIC en cabeza de la Asamblea Nacional de Autoridades, declararó la Situación de Emergencia Humanitaria, Social y Económica en todos los Pueblos Indígenas de Colombia. ¿Qué está ocurriendo en el Norte del Cauca? Desde el 1 de julio de 2019 se han registrado, según la ONIC, seis (6) asesinatos, 15 atentados y 30 amenazas. En lo que va del año asciende a 36 personas del Pueblo Nasa del Norte del Cauca. Este sábado 10 de Agosto, se presentó el asesinato de tres Guardias Indígenas: Eugenio Tenorio Yosando, de 46 años de edad, Kevin Ademir Mestizo, de 23 años de edad y Julio Taquinas Pilue de 50 años de edad, sus muertes y los siete (7) heridos se dan con ocasión de un nuevo atentado perpetrado contra la Guardia Indígena que se desplazaba en una chiva con el fin de realizar acompañamiento a los participantes de la Feria del Café en Toribio. Entre los 7 heridos, se registran cuatro hombres y tres mujeres dentro de los cuales se encuentran dos menores de edad; con el agravante que los comuneros que se dirigían a la zona de ocurrencia del atentado fueron recibidos con disparos de armas de fuego de largo alcance, desde la parte alta de la comunidad de Pedregal en la zona rural de Caloto. La Organización también informa que en las últimas horas se han recibido dos nuevas amenazas contra las comunidades indígenas del Cauca. En una de ellas el Cartel de Sinaloa se hace responsable del hecho ocurrido el día de hoy, y advierten una posible masacre, contra toda la sociedad civil, pero específicamente mencionan actos de violencia contra la Guardia Indígena. La segunda amenaza la hace el grupo “distrito doce” quien advierte del inicio de “la limpieza” en los municipios de Miranda, Corinto, Caloto, Toribio, Tacueyó y San Francisco. La ONIC advierte que se han registrado 28 amenazas en el último mes por parte de diferentes grupos armados como las águilas negras, disidencias de las FARC-EP, el bloque occidental del ELN, y la ya mencionada del Cartel de Sinaloa, entre otras. Por todo lo anterior, la ONIC exige a todas las instituciones del Estado, y al Ministerio Público garantizar la pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas del Norte de Cauca, coordinando medidas de protección y prevención para dar una respuesta efectiva frente a esta situación y a realizar un constante monitoreo sobre los hechos que se han presentado en el último mes. Líderes en riesgo Según registro del SIPARES, entre el 24 de noviembre de 2016 — fecha de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón— al 12 de agosto de 2019; en el departamento del cauca han sido asesinados 56 líderes y lideresas sociales en el departamento del Cauca. Los municipios que más han registrado hechos victimizantes han sido Caloto (7), Corinto (7) y Balboa con (5). A más del 80% de los asesinatos en el Cauca no se ha podido determinar el autor material. A su vez, los actores más victimizados han sido líderes campesinos, indígenas, presidentes de JAC y líder de comunidades afrodescendientes.

Por: Redacción Pares En los próximos días el extraditado excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, recibirá la noticia sobre su aceptación o rechazo en el sistema de Jurisdicción Especial para la Paz -JEP. En una carta conocida por el noticiero Noticias Uno, Mancuso afirma que el proceso de Justicia y Paz se hizo, no para revelar la verdad del paramilitarismo, sino para ocultarla. Desde noviembre de 2018 el exlíder de las Autodefensas Unidas Colombia había manifestado su voluntad de someterse a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y de seguir colaborando con la justicia colombiana. La solicitud se hizo formal cuando el acta de sometimiento a la JEP, firmada por Mancuso, llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano. Cabe recordar que la Ley de Justicia y Paz fue aprobada por el Congreso de la República en junio de 2005, no sin que se hayan presentado fuertes debates durante su discusión, uno de ellos el del “delito político” o “sedición”, en el que León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, participó en ese momento indicando que: “Una de las principales razones por las que la Corte Suprema de Justicia ha determinado no calificar de delito político la actividad paramilitar es porque este estatus se les da a las “fuerzas que se enfrentan al Estado o a fuerzas que representan una amenaza subversiva para el Estado, ya por que tratan de intervenirla, o tratan de derrocarla”. En palabras del analista político, “Los paramilitares no se enfrentaron al Estado, sino que más bien convivieron con él en su interior”. Las verdades de Mancuso Como lo anunció en octubre del año pasado a través de la emisora W Radio, Mancuso, aseguró que va a aclarar la verdad sobre muchos procesos que están pendientes de decisión y que en poco tiempo va a contar la verdad en contra de muchas personas que aún no han respondido ante la justicia. “Voy a declarar la verdad, convéngale a quien le convenga y perjudique a quien perjudique, pero que sea la justicia la que decida si hubo o no direccionamientos al respecto”, expresó en ese momento el excomandante de las AUC. También afirmó que fue él quien jaló todo el proceso de Justicia y Paz; que por sus testimonios y pruebas más de 50 personas de connotación nacional han sido condenadas; que lo que aportó como pruebas han servido para demostrar que hubo vínculos de personas muy importantes con las AUC, como políticos, empresarios y militares entre otros, “Sin ellos no hubiéramos llegado a donde llegamos”, dijo Mancuso. Asimismo, se ratificó en sus denuncias en contra de Álvaro Uribe Vélez y dijo que el expresidente tiene toda la responsabilidad sobre hechos que ya ha relatado en Justicia y Paz. Cabe recordar que el exjefe paramilitar se encuentra recluido en estados Unidos desde 2008 y fue condenado, en junio de 2015, por la justicia de ese país a 15 años y 10 meses de prisión tras ser hallado culpable del delito de narcotráfico. En Colombia debe cumplir la sentencia definitiva en su contra, emitida -en ausencia- en 2014. Entonces fue condenado a 40 años de prisión, 20 años de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y al pago de una multa de 50.000 salarios mínimos, unos US$10 millones al cambio actual. Sin embargo, por haberse acogido al proceso de desmovilización, la pena se le conmutó a 8 años de prisión. Uno de los apartes de la sentencia de la Justicia colombiana del 31 de octubre de 2014 que da cuenta de una larga serie de crímenes de los que Salvatore Mancuso fue partícipe,dice lo siguiente sobre uno de las atrocidades cometidas por Mancuso: A mediados de febrero de 2000, en el corregimiento de El Salado, en el departamento de Bolívar, «se utilizaron armas ligeras, piedras, palos, morteros de hierro, cabuyas, el nefasto y lamentable resultado de esa incursión militar fue de 62 homicidios», según contó el propio Mancuso a la Justicia. «El objetivo era quitarle este territorio a las FARC», dijo el exparamilitar, uno de los hombres encargados de planear ese ataque, hoy conocido como la Masacre de El Salado La historia de Justicia y Paz El proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se inició en el 2002 entre el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los voceros o representantes de ese grupo armado al margen de la ley, generó la desmovilización de los integrantes de algunos bloques y frentes, y el desmantelamiento de los mismos, en virtud de los acuerdos políticos celebrados entre las partes. Dicho marco jurídico quedó consagrado en la Ley 975 de 2005 y en sus decretos reglamentarios. El objetivo de esta norma fue la facilitación de los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados ilegales. También buscó garantizarles a las víctimas los derechos a la verdad, justicia y reparación. Este proceso tuvo su origen en 2002, cuando de manera discreta la administración de Uribe inició conversaciones con los jefes de las Autodefensas que llevara a su desmovilización. Es entonces cuando en diciembre de 2002 Las Autodefensas Unidas de Colombia declaran un cese unilateral de hostilidades y más adelante, el 23 del mismo mes, el primer mandatario sanciona la ley 782 de 2002, mediante la cual el gobierno queda facultado para iniciar negociaciones de paz con grupos que no tuvieran estatus político, lo que abrió las puertas para iniciar diálogos con los grupos paramilitares. La Ley de Justicia y Paz fue presentada como un proyecto llamado ‘alternatividad penal’ en el año 2003, sin embargo, fue duramente criticado por la comunidad internacional por no contemplar la confesión de crímenes ni la reparación a las víctimas, por lo cual, a pesar de su aprobación en el Congreso, la Corte Constitucional hizo cambios de fondo par ajustarla a las obligaciones adquiridas con la firma del tratado de Roma, aunque aún no se encontraba vigente en el país. De hecho, en ese entonces, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos insistió al gobierno de Colombia modificarla señalando que: «La nueva ley ha incluido en su texto los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, en respuesta a las observaciones formuladas por la Oficina. No obstante, esas disposiciones no son compatibles con otras de la ley. También faltan mecanismos adecuados para hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. En particular, la ley no exige la plena cooperación del desmovilizado con la justicia. La ley no exige su contribución efectiva para el esclarecimiento delos hechos. No es posible hacer justicia ni garantizar la reparación sin esclarecer la verdad». Adicionalmente, la ONU le pidió al Estado colombiano acabar con los vínculos entre fuerzas estatales y los paramilitares, adoptar un plan de acción respecto de los Derechos Humanos, abrir investigaciones de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, atacar la pobreza y luchar contra la impunidad. Al final, la Ley de Justicia y Paz operó de la siguiente forma: la Fiscalía General de la Nación creó una dependencia llamada Justicia y Paz, encargada de presentar los macrocontextos criminales y la investigación de los hechos ante los jueces para que estos contrastaran la información con la de los versionados/comparecientes de las AUC; los versionados libres estaban obligados a aportar verdad, entregar sus bienes para reparar a las víctimas y no reincidir a fin de acceder y mantener los beneficios de las penas alternativas. A esta norma se le introdujo un componente de reparación a las víctimas del paramilitarismo, para lo cual los desmovilizados que se sometieran a ellas, debían contar la verdad de los hechos ante los tribunales de Justicia y Paz. Sin embargo, en la práctica, la ausencia de mecanismos de contrastación claros en la ley permitieron que estos contaran y entregaran lo que les pareciera, situación agravada por las capacidades reales de la Fiscalía y los fiscales, quienes se vieron sobrepasados con los niveles de información que debían procesar. La extradición, una maniobra para silenciar Precisamente, después del malestar que le generó a los jefes paramilitares el hecho de que el delito de narcotráfico no estuviera conexo, el entonces presidente Álvaro Uribe aprovechó para ordenar la extradición de los 14 jefes de las AUC que eran acusados por el delito de narcotráfico. Frente a este hecho, que marcó la salida de Colombia rumbo a Estados Unidos de Don Berna, Jorge 40, Salvatore Mancuso, entre otros; las víctimas levantaron su voz de rechazo alegando que había sido vulnerado el derecho a conocer la verdad de los hechos y, las versiones de los jefes paramilitares que servían de información para el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de la reparación. Incluso, los paramilitares extraditados señalaron que esa maniobra del gobierno se trató de una estrategia para impedir su testimonio. En su momento, el senador liberal Rodrigo Rivera había alertado por el “narcomico’ que traía colgado la Ley de Justicia y Paz o ley 375 de 2005. Según Rivera, dicho intento había sido incluso fraguado por Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, quienes en una suerte de encargo habían solicitado desde 2003 que: «Tanto el Gobierno Nacional, como el Congreso de la República y la Comunidad Internacional deben entender que la declaratoria del movimiento político-militar de las AUC conlleva al tratamiento de delito conexo del narcotráfico, y que los pedidos de extradición que pesan contra varios dirigentes de las AUC deben entenderse a través de la figura de la sedición y del delito conexo , haciendo improcedente, jurídicamente e inconveniente políticamente, la entrega de los nacionales pertenecientes a esta agrupación armada contra insurgente». El 15 de julio de 2003 se llevó a cabo la firma de paz entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el Gobierno Nacional, en el primer gobierno del actual jefe del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Para 2005, en junio, el Congreso de la República aprobaría la Ley de Justicia y Paz en un ambiente viciado por una estela de duda; producto de que, entre otras cosas, muchos de los que intervinieron en su aprobación recibieron el apoyo del paramilitarismo en su camino electoral para llegar a las curules; lo que se interpretó como presiones sobre el trámite de la Ley. En entrevista concedida a el diario El Espectador en octubre de 2018, Mancuso había declarado que: » Efectivamente, el escenario para poder seguir ampliando todas estas declaraciones ( la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en varios hechos relatados por el propio Mancuso en Justicia y Paz) para adicionar esto es la Jurisdicción Especial para la Paz. Allá, cuando yo sea aceptado, podré hacer las adiciones del caso, las ampliaciones necesarias de los hechos que han sido relatados por mí y los que también hagan falta al respecto.»

Por: Redacción Pares La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresa, a través de un comunicado difundido este fin de semana, su honda preocupación por los repetidos ataques en contra del pueblo indígena Nasa del Cauca que se ha incrementado en 2019. En las últimas 24 horas se presentaron dos (2) ataques a la Guardia Indígena, y uno de ellos provocó la muerte violenta de dos (2) de sus integrantes. Por esa razón, la ONU hace un llamado al Estado para que que trabaje por una protección efectiva de la vida y la integridad física y cultural de los integrantes de este pueblo indígena. “Condeno con firmeza los ataques en contra de la guardia indígena, al igual que los homicidios del médico tradicional, the wala, Enrique Güejia, de Tacueyó, y del coordinador de la guardia indígena de Toribío Gersain Yatacué, quienes fueron asesinados en los últimos días. Estas muertes violentas no solo impactan la estructura organizativa y el gobierno propio ancestral, sino que tienen una dimensión y afectación cultural enorme”, dijo Alberto Brunori, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. “En lo que va de 2019 –añadió Brunori- la Oficina ha recibido información sobre el homicidio de 36 integrantes del Pueblo Nasa del Norte del Cauca; sumados a aproximadamente 53 amenazas de muerte y 8 atentados. En comparación con el año anterior, agosto de 2018, hoy hay a la misma fecha 9 casos más de homicidios. Una situación decididamente alarmante”. De acuerdo con la información de la ONU, de las 36 personas del Pueblo Nasa del Norte del Cauca asesinadas este año, seis (6) de ellas defendían los derechos humanos y pertenecían al proceso organizativo de la Cxhab Wala Kiwe Asociación de Consejos Indígenas del Norte del Cauca: 4 guardias indígenas, un líder presidente de JAC, y una autoridad en ejercicio. Asimismo, en 2018 se presentaron en territorios indígenas en el Norte del Cauca, 46 homicidios. De este número de personas asesinadas, 26 hacían parte de alguna de las 21 comunidades; 7 de ellas pertenecían directamente al movimiento de derechos humanos indígena, así: 1 docente; 1 lideresa indígena; 1 ex concejero de ACIN; 1 autoridad tradicional en ejercicio; 2 guardias indígenas, 2 personas “liberadores de la madre tierra”. La ONU recuerda que la sentencia T-030 de 2016 de la Corte Constitucional, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos, ordena al Estado a que las medidas a adoptar en materia de protección y prevención deben ser concertadas con las autoridades del Pueblo Nasa del Norte del Cauca y sus procesos organizativos, en el marco del derecho a la autonomía y el gobierno propio ancestral. En ese sentido, el organismo internacional recuerda la importancia de superar los mensajes estigmatizantes y discriminatorios en contra el pueblo indígena Nasa, e invita a las autoridades, a la sociedad civil y a los medios de comunicación a emitir mensajes claros de reconocimiento a sus derechos.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ONUAA, o más conocida como FAO, cuando se hayan terminado los recursos alimenticios y la tierra ya no dé abasto para todas las personas que la habitan, los indígenas podrían ser los salvadores del planeta. Mientras algunas culturas ancestrales están en vía de extinción a razón de factores humanos, otros intentan salvarlas para proteger a la propia especie. Las organizaciones que protegen el medio ambiente y que dan batallas diariamente por la conservación de los recursos naturales en el mundo han alertado sobre los riesgos ecológicos del aumento de la temperatura, la tala indiscriminada de árboles y el efecto de los gases invernadero que contribuyen a la contaminación; y que en consecuencia continúan deteriorando los ecosistemas. En ese sentido, y luego de varias advertencias de estos organismos a las naciones en el mundo, se sumó el viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO para poner en evidencia que los pueblos indígenas pueden responder a la inseguridad alimentaria y a los desafíos del cambio climático, provocados por el ser humano. La importancia de los indígenas en el mundo De acuerdo con la FAO, las comunidades indígenas representan únicamente el cinco (5) por ciento de la población mundial –paradójicamente- cuando los pueblos indígenas son los guardianes esenciales del medio ambiente. Mientras que “los territorios indígenas tradicionales abarcan el 22 por ciento de la superficie terrestre del mundo, frente al 80 por ciento de la biodiversidad del planeta”, agregó el organismo internacional. En el caso colombiano, hay 36 Pueblos Indígenas en vía de Extinción física y Cultural declarado por la Corte Constitucional en 2009. Asimismo, aseguró el organismo que un tercio de los bosques alrededor del mundo son preservados en su gran mayoría por pueblos indígenas que durante décadas han habitado dichos territorios y en ese sentido, son los más adecuados en cuidar de su entorno natural.Cabe destacar que, la salvaguardia de miles y miles de árboles es indispensable para reducir las emisiones de carbono o CO2. Por otro lado, la conservación de estos espacios permite que los alimentos cultivados por los indígenas sean resistentes a los diferentes tipos de clima y se adapten bien al ambiente, lo que los convierte en una buena fuente de nutrientes en zonas con climas difíciles. “Sus formas y medios de vida pueden enseñarnos mucho sobre la conservación de los recursos naturales, el cultivo sostenible de alimentos y la vida en armonía con la naturaleza. Reavivar estos conocimientos que tienen su origen en un patrimonio y legado histórico es esencial para hacer frente a los retos a los que se enfrentan la alimentación y la agricultura hoy en día y en el futuro”, apuntó la FAO. Las seis prácticas indígenas La FAO propuso seis (6) maneras de mitigar la crisis climática y generar una nueva forma de pensar la producción alimenticia. Son las siguientes: 1. “Sus prácticas agrícolas son resilientes al cambio climático” Según la organización, los pueblos indígenas han desarrollado técnicas agrícolas que se adaptan a entornos extremos. Por ejemplo, la creación de terrazas, que detiene la erosión del suelo, o los jardines flotantes, que hacen uso de campos inundados. Esto corresponde a que los indígenas han tenido en cuenta los fenómenos meteorológicos y cambios de temperatura que conlleva el cambio climático. 2. “Conservan y restauran los bosques y los recursos naturales” Tal como lo reseñó la FAO en el comunicado, los pueblos indígenas se sienten conectados con la naturaleza y se sienten parte del sistema en el que viven, por consiguiente, los ecosistemas son su propios medios de producción, y de forma amigable con el ambiente. “Los recursos naturales son considerados como una propiedad compartida y son respetados como tal”, indicó. 3. “Los alimentos autóctonos amplios que diversifican las dietas” Según el texto, los alimentos más consumidos son el trigo, el arroz, las patatas y el maíz, que representan el 50% de las calorías consumidas a diario. “Con cultivos nativos con alto contenido de nutrientes, como la quinua, la oca y la moringa, los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas pueden ayudar al resto de la humanidad a ampliar su limitada base alimentaria”, señaló la FAO. 4. “Los alimentos autóctonos son resistentes al cambio climático” Los pueblos indígenas a menudo cultivan especies nativas que se adecúan mejor a los contextos locales y son más resistentes a las sequías, a la altitud, a las inundaciones o a otras condiciones extremas. 5. “Los territorios indígenas poseen el 80 por ciento de la biodiversidad del mundo” La conservación de la biodiversidad es esencial para la seguridad alimentaria y la nutrición. El patrimonio fitogenético y de especies animales se encuentra en bosques, ríos, lagos y pastos. Al vivir una vida natural sostenible, los pueblos indígenas preservan estos ambientes, lo que ayuda a mantener la biodiversidad de las plantas y los animales en la naturaleza. 6. “Los estilos de vida de los pueblos indígenas se adaptan a los espacios que habitan y son respetuosos con los recursos naturales” Los pueblos indígenas han adaptado sus formas de vida para respetar su medio ambiente. En las montañas, los sistemas creados por los pueblos indígenas conservan el suelo, reducen la erosión, conservan el agua y logran reducir el riesgo de desastres. “En los pastizales, las comunidades de pastores indígenas gestionan el pastoreo de ganado y el cultivo de forma sostenible para que las praderas preserven su biodiversidad. En la Amazonia, los ecosistemas mejoran cuando los indígenas los habitan”, indicó la organización. La FAO considera a “los pueblos indígenas son valiosísimos” en la lucha por la erradicación del hambre y en la búsqueda de soluciones al cambio climático. Nunca vamos a lograr soluciones a largo plazo para el cambio climático ni lograremos la seguridad alimentaria y una mejor nutrición sin su ayuda; tampoco lo lograremos si no garantizamos sus derechos como pueblos. En definitiva, los pueblos indígenas aún tienen la posibilidad de brindarle al planeta un medio ambiente mejor, sin embargo, este también depende del apoyo del resto de la población. Lo importante sería empoderar más a este grupo social, catalogado en Colombia como minoría, y en ese sentido, impulsar a la permanencia de las cultura ancestrales y por consiguiente, ayudar a la prevención de los ecosistemas.

Por: Juan Manuel Torres Erazo, Coordinador Pares-Pacífico. Las comunidades de los municipios de Balboa, Argelia y Patía se encuentran en estado de alarma ante la eventual llegada al territorio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como el Clan del Golfo. El sur del Cauca ya se convirtió, nuevamente, en un escenario de disputas por el control territorial de la zona montañosa de la cordillera occidental y de las rutas del narcotráfico por el Cañón del río San Juan del Micay que tiene salida al Pacífico. Hasta el momento, en la subregión, se registra la presencia de dos frentes del ELN, el Jose María Becerra y el Manuel Vásquez Castaño; un grupo postFarc autodenominado “Carlos Patiño” en homenaje a alias “Caliche”, un excomandante de la columna móvil Jacobo Arenas de las Farc dado de baja; además de bandas al servicio de narcotraficantes de la zona y de carteles mexicanos. Pero ahora, con la confirmación del gobernador Oscar Campo, tras las denuncias de los habitantes de la zona rural del municipio de Balboa, se suman otros dos actores armados como son el grupo postFarc “Frente Estiven González” del antiguo frente 29 de las Farc-EP que operaba en el norte y costa pacífica nariñense; y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia / Clan del Golfo bajo una estructura criminal de tercera generación que se designa como “Héroes de la Cordillera”. Se reactivó la guerra ¿y la respuesta de las autoridades? Según las denuncias de fuentes en el territorio, los enfrentamientos entre estas dos estructuras se vienen presentando desde inicios de año en los municipios de Cumbitara y Policarpa, y desde comienzos del mes de agosto en Leiva, en un sitio conocido como El Palmar donde aparentemente murieron tres integrantes de las AGC. El miedo por el regreso del paramilitarismo a la zona se acrecienta a raíz de los combates que vienen sosteniendo en la última semana las AGC y el grupo postFarc Estiven González en el corregimiento de Pureto en Balboa (Cauca). Foto: Pares Pacífico Toda esta zona montañosa del norte del Nariño es el paso al Bajo Patía, un corredor de narcotráfico hacia el Pacífico nariñense y además se conecta directamente con los municipios del sur del Cauca del lado de la cordillera occidental como son Balboa, Patía y Argelia. Desde el 2017 se viene agudizando la situación de orden público y por ello en noviembre de 2018 la Defensoría emitió la Alerta Temprana O82 para los cuatro municipios de la cordillera occidental del Nariño: Cumbitara, Policarpa, Rosario y Leiva. Esta alerta no generó mayor atención de las entidades del orden nacional , por lo que los alcaldes de estas cuatro localidades denunciaron esta situación de falta de voluntad del Gobierno cuando se pararon de la mesa del CIPRAT convocada el 02 de diciembre, “para no legitimar la inoperancia de este espacio”, porque detectaron que las entidades venían reportando normalidad y porque enviaron representantes de bajo nivel que no tienen poder de decisión. Lo peor de todo, es que las victimizaciones vienen en aumento y extendiéndose, pero las autoridades tratan de bajarle el perfil a estas conflictividades y responden con mucha tardanza cuando las evidencias ya están expuestas por la misma sociedad civil y medios alternativos de información. El temor es que en esta avanzada de estos herederos del paramilitarismo de las AGC las autoridades se hagan los de la vista gorda y no eviten una situación peor: es un silencio institucional cargado de incertidumbre. ¿Qué hace tan atractivo el Sur del Cauca? El conflicto ya pasó las fronteras departamentales, llegó hasta el municipio de Balboa y todo apunta que se dirigen al municipio de Argelia, que este año puede romper récords en las cifras de homicidio y donde está el ingreso a la cuenca alta y media del Cañón del Micay, que es la cuarta zona con mayor densidad de cultivos ilícitos del país y cuenta con su propia salida al mar por el río Micay. Sin embargo, el preciado botín de las rentas ilegales ya está en disputas entre el ELN, el grupo postFarc ‘Carlos Patiño’ y las bandas locales de narcotraficantes, por lo que con las AGC: está llegando más leña al fuego. En tal sentido, el pasado miércoles 7 de agosto a Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes emitió una denuncia pública DP.7 en la que mencionan que “Integrantes de Grupo paramilitar auto denominado “Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC” realizan control territorial extorsiones, amenazas de muerte y homicidios y convocan a reuniones a la comunidad campesina en una zona de amplia presencia militar del Estado Colombiano del Municipio de Balboa.” Mapa de los actores armados del Norte del Nariño y Sur del Cauca, donde se evidencia el recorrido de las AGC y del ‘Frente Estiven González’ del Nariño al Cauca. Elaboró: Esteban Tello y ParesPacífico. En la DP.7 traen a colación los hechos del sábado 3 de agosto en la vereda La Cumbre del corregimiento de Pureto, cuando “un grupo de hombres armados vestidos de civil que se identifican como integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC, quienes proceden del Municipio de Leiva en el Departamento de Nariño, incursionan en una finca y asesinan con proyectiles de armas largas a dos personas y dejan heridas a dos personas más. En el hecho los herederos del paramilitarismo activaron una granada de mano.” Además, denuncian lo sucedido el martes 6 de agosto en la misma zona con la presencia territorial intimidatoria de las AGC, aplicando extorsiones y convocando a reuniones en las que manifiestan su lucha anti-insurgente. Los riesgos son muy altos ¿qué sigue para la región? Todo tiende a empeorar, pues a la lentitud de la respuesta de las autoridades, sólo hasta el jueves 8 de agosto el gobernador del Cauca Oscar Campo aceptó la presencia de los dos nuevos grupos armados, se suma el anuncio de nuevos enfrentamientos en el sector de Pureto el día miércoles, en los que según las primeras indagaciones, serían cerca de seis (6) las personas muertas y varias heridas, en esta ocasión de las AGC. Aunque el gobernador manifiesta que la Fuerza Pública ya hace presencia, lo cierto es que su reacción es tardía, brindando información incompleta y no han tenido la suficiente visión estratégica para dar cuenta del nivel de riesgo en el que se encuentra el Sur del Cauca. Otro factor adicional es el ETCR del Estrecho-Patía donde hay decenas de excombatientes de las Farc-Ep y que se encuentra en el medio de los grupos postFarc ‘Carlos Patiño’ y ‘Estiven González’, más la presencia de las AGC. El riesgo para este proceso de reincorporación a la vida civil y el desarrollo de proyectos productivos es muy alto, no sólo porque puedan atentar contra la integridad de los excombatientes sino porque se pueden ver seducidos para engrosar las filas de cualquiera de estos grupos armados. En términos de la implementación de los acuerdos de paz, esta guerra reeditada también trae inseguridad sobre los PNIS ya firmados hace más de un año en los municipios de Policarpa (Nariño), y Argelia y El Tambo (Cauca), que están estancados por parte del gobierno y que cuyos procesos son atacados por estos grupos armados que viven de las rentas del narcotráfico. Todo sucede justo en momentos del inminente regreso de la aspersión aérea de glifosato en los cultivos de uso ilícito, de precios altos de la hoja de coca como no se veían hace una década y de anuncios de defensa territorial como los realizados por la COCCAM en el Cauca (Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, amapola y Marihuana) que pueden llevar a un eventual paro cocalero. Otros riesgos para el sur del Cauca Preocupa entonces que no se le de la magnitud que requiere esta situación: lo cierto es que la guerra en el Sur del Cauca está viviendo un nuevo capítulo y todo tiende a empeorar: · Desplazamientos masivos con una institucionalidad que no está preparada, confinamientos y restricción de la movilidad, asesinatos selectivos, amenazas y extorsiones. · Enfrentamientos de las AGC con el grupo postFarc ‘Carlos Patiño’. No se sabe hasta qué punto ambos grupos postFarc que ahora están tan cerca actúan coordinadamente o si son estructuras aisladas. · La entrada al municipio de Argelia sería a sangre y fuego, como se evidenció con la llegada del Frente Carlos Patiño en los meses de marzo y abril, cuyos enfrentamientos con el ELN y el ejército dejaron un saldo de 15 muertes. · La época electoral es un telón de fondo propicio que se presta para fenómenos de violencia política. · Las AGC son reconocidas por realizar un control extremo sobre los ingresos y salidas de los territorios, más la injerencia en negocios, y establecimiento de reglas para la movilidad por las carreteras, caminos y ríos. Las autoridades nuevamente en deuda y las comunidades sometidas a las acciones violentas de múltiples grupos armados en un territorio que está inundado de armas y coca.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El gobernador del departamento de Chocó, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, alertó sobre la presencia de carteles mexicanos que están generando, entre otras cosas, el reclutamiento de menores de edad. La Fundación Paz y Reconciliación -Pares, ya había hecho advertencias sobre esta crisis en el departamento. Además, se refirió a la difícil situación de desplazamiento que están enfrentando los chocoanos. Sin embargo, estas denuncias no refieren a todas las violencias que confluyen en el departamento chocoano, pues la Defensoría del Pueblo —en un informe semestral de 2019— denunció que la guerra entre grupos armados ha generado el confinamiento de 54 comunidades, aproximadamente 11.349 habitantes de esta zona del Pacífico. Una situación que necesita atención En este sentido, la situación en Chocó denunciada por Palacios Mosquera sobre integrantes de carteles mexicanos operando en la región, agudiza la violencia en el departamento y mantiene en vilo a las comunidades que son objeto de las hostilidades de los grupos armados que se disputan el territorio. De hecho, el gobernador resaltó que por parte de los carteles mexicanos hay un interés por la utilización de rutas del narcotráfico debido a la cercanía con la zona fronteriza con Panamá. De esta forma, hizo un llamado la Gobierno Nacional para que tome cartas en el asunto. Otra voz de alerta la alzó Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo, quien se refirió a la reciente presencia de 17 grupos armados que se suman en Chocó, Nariño y Cauca. Negret, en la Audiencia y presentación de la Resolución Defensorial No. 071 del 7 de junio de 2019, sobre la “Crisis Humanitaria en la Región Pacífico Colombiana”; sostuvo —en su intervención del 8 de agosto— que la Defensoría: “Ha emitido 19 alertas tempranas para la Región Pacífico entre enero de 2018 y julio de 2019 (27 municipios alertados), por presencia en la zona de disidencias de las FARC, el ELN y las AGC y, además, 17 nuevos grupos ilegales en el corredor Pacífico”. Por su parte, el gobernador de Chocó, Palacios Mosquera señaló que “Ya hay carteles mexicanos, eso se ha venido hablando con la Defensoría, las autoridades. Hoy lo que está pasando en Juradó, Bahía Solano, Nuquí, debe haber una intervención tanto militar como social”. El gobernador agregó que, ante la “presencia notoria” de los carteles mexicanos hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que implemente acciones para combatir la situación denunciada. Entre los carteles que estarían haciendo presencia en Colombia está el de Sinaloa, Cartel de Jalisco Nueva Generación y Los Zetas. Las advertencias de Pares A propósito de esta situación, hace once (11) meses la Fundación Paz & Reconciliación — Pares, alertó sobre los carteles mexicanos en la región del pacífico. De esta forma, Pares advertía sobre el papel que jugarían de estos carteles en la guerra que se acrecentaba por parte de los grupos armados por el control del territorio y por las economías ilegales. De hecho, teniendo en cuenta que, en tiempos de las FARC esta guerrilla dominaba 242 municipios en Colombia y ejercía fuerte presencia en el litoral Pacífico; actores como el Cartel de Sinaloa y el Cartel del Clan del Golfo mantenían un papel como “observadores activos”. Según la información obtenida por Pares, entre 2012 y 2015, los mexicanos se limitaban a mediación entre combos colombianos, pago de cargamentos y logística. Eso sí, los carteles tenían que rendir cuentas a las FARC, pues era la guerrilla la que tenía el control sobre los territorios por los cuales salía la droga. Asimismo, las FARC cobraban impuestos al gramaje y se cercioraban de que, en el flujo de la cadena, los campesinos cocaleros recibieran precios justos por la hoja de coca. Además, frente a algún intento de fortalecimiento de un grupo armado alimentado por la financiación de carteles mexicanos, en los que se pusiera en riesgo el control por rutas y territorio, las FARC se encargaban de someterlos. Reconfiguración de las dinámicas Sin embargo, tal como lo previó Pares, tras la salida de las estructuras de las FARC en los municipios en los que históricamente hizo presencia, los carteles mexicanos aprovecharían para intentar extender su presencia en el territorio nacional y buscar hacerse con las rutas del narcotráfico. Justamente BBC Mundo, para julio de 2019, presentó un artículo en el cual se refuerza la idea de la disputa territorial entre bandas criminales, paramilitares y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que, frente a este panorama, los mexicanos tienen una “ventaja decisiva” pues con su gran capacidad económica entran en el juego para contratar y subcontratar organizaciones colombianas para las economías ilegales. Pares, frente al caso del departamento de Chocó ubica como principales actores armados ilegales al ELN y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. Además, tiene en cuenta que desde el sur del departamento están entrando disidencias de las FARC. Eso sí, sin dejar a un lado, la presencia insurgente y paramilitar que data de la década de 1990, en la cuenca del río San Juan. Frente a las dinámicas de violencia, hace hincapié en fenómenos como el desplazamiento y confinamiento, que están victimizando sobre todo a comunidades étnicas. Chocó un panorama Humanitario en alerta De hecho, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) señala que “en 2019 Las acciones armadas entre los Grupos Armados Organizados, Grupo Armado No Estatal y Fuerzas Armadas con presencia en el departamento del Chocó, han ocasionado aumento de las necesidades humanitarias, escenarios de riesgo en la población civil y otras violaciones a los DD.HH., evidenciando el deterioro de la situación humanitaria”. El panorama sobre el desplazamiento y el confinamiento es dramático, con respecto al año 2018 en el que se presentaron 2.055 casos de Confinamientos y restricciones a la movilidad; en 2019 —según OCHA— ya se registran 7.849 casos, un aumento del 282%. Frente al desplazamiento masivo la situación no es para nada alentadora. Para el año 2018 se registraron 266 casos y para 2019 ya se han registrado 899; configurando un aumento de 238%. Además, se ha registrado la amenaza de 35 personas y 11 homicidios intencionales de civiles. Ahora, frente a la victimización de comunidades étnicas, el confinamiento ha afectado este año a 5.617 indígenas y 2.232 afrocolombianos. Sobre el desplazamiento, la totalidad de las víctimas son comunidades indígenas. Por su parte, la situación de los niños, niñas y adolescentes ha dejado un saldo de afectaciones a 426 casos de desplazamiento y 559 de confinamiento. Finalmente, OCHA ubica que la responsabilidad de los actores armados pesa en un 80% sobre enfrentamientos entre el ELN y el ELN. El 13% por combates entre las FFMM y el ELN. El 4% por las AGC y el 3% por otras estructuras armadas.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El gobierno de Venezuela informó este jueves que se lleva a cabo un despliegue militar y policial de 3.500 soldados y uniformados en el Estado de Táchira, fronterizo con Colombia, para combatir principalmente el narcotráfico, entre otras problemáticas de las economía ilegales que aquejan los 2.200 kilómetros entre ambos países. Sin embargo, analistas aseguran que esta medida es insuficiente debido a que se han intensificado los enfrentamientos entre grupos armados a lo largo de la frontera, además de la crisis humanitaria que se vive al interior de ese país. En ese sentido, mientras que Colombia estaba promoviendo la “salida negociada” o “cerco diplomático”, la situación se estaba caldeando en esas zonas del país. De acuerdo con la Agencia Francesa de Prensa (AFP) dicho despliegue se suma a los ejercicios militares iniciados a partir del 24 de julio en varias regiones de Venezuela, como respuesta a un supuesto ataque de Estados Unidos que produjo un gran apagón. ¿Cuál es el panorama fronterizo? Para el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, Ariel Ávila, en la frontera con Venezuela hay cuatro realidades. La primera de ellas es la que sucede en Arauca donde actualmente manda el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Dicha guerrilla ha tenido un fortalecimiento que va en crecimiento y eso se suma la disidencia de la exguerrilla de las FARC, estos últimos hacen presencia en el Estado de Apure del lado venezolano. “Otra realidad es la que se vive en el Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta o las zonas cercanas a Ureña, en San Cristóbal, Venezuela donde el tema ahí fundamental es que el ELN tiene una expansión y ha iniciado una guerra contra dos bandas locales que se llaman “la línea” y “la frontera”, además del EPL o “Rastrojos”. La tercera se vive en el departamento de La Guajira, en el norte colombiano, “donde eso es tierra de narcos, tierra de nadie”, aseguró el analista; por consiguiente, no hay Estado y cualquiera entra y sale sin problema. Y una última realidad, que se ha complicado en los últimos meses es el departamento del Vichada, que durante décadas atrás no había presentado señales de alarma por la fuerte presencia de estructuras irregulares. En ese sentido, expresó Ávila, son cuatro (4) realidades importantes para entender que 3.500 militares más, del lado venezolano, en esta frontera de 2.200 km no hacen mucho. Y sí se percibe como una medida desesperada por intentar apaciguar un poco de tantos problemas que se crean en la frontera debido a la crisis política y social. “Yo creo que del lado colombiano y del lado venezolano se siente que hay una necesidad y que la frontera está vuelta nada y van a hacer lo que sea para controlarla, pero de ahí a que tengan éxito esa es la gran pregunta”, aseguró Ávila. Bloqueo económico de Trump a Venezuela A principios de la semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump decidió congelar los activos del gobierno venezolano, y también prohibir cualquier tipo de transacción con dicha nación; ambas medidas para presionar al gobierno de Nicolás Maduro para que aparentemente ceda en los diálogos con el autoproclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó, y logren una salida negociada. Sin embargo, el analista indicó que la lógica del bloqueo económico nunca ha funcionado. Esta sólo funciona con algo más. Por ejemplo, en Nicaragua financiaron los Contras; en Panamá se llevaron a Noriega; y a Fidel lo intentaron matar varias veces. “Entonces las sanciones económicas por sí solas lo que van a hacer es que van a perjudicar más el pueblo venezolano, porque eso no tiene ningún efecto sobre el régimen, la pregunta es si hay algo más en otra estrategia gringa”, agregó el analista. Así las cosas, podría pensarse otra intervención, pero no se sabe qué tipo de intervención porque hay muchas opciones. Y aunque Colombia, en cabeza del gobierno Iván Duque, ha asegurado en repetidas ocasiones que no participaría en una intervención militar y se ha ceñido al cerco diplomático, lo preocupante es que Colombia hace lo que le diga Estados Unidos. Por eso, en medio de tanto caos lo ideal es el diálogo entre Guaidó y Maduro, que desde la semana pasada parecía estar teniendo frutos en Barbados hasta el día en que el segundo desistió a una reunión con el primero. “Estados Unidos cree que los diálogos le dan aire al régimen y un sector de la oposición, otro sector cree que es posible un diálogo, ¿el diálogo para qué es? Para que Maduro salga y salga pacíficamente, es decir, una transición y pues este no es un diálogo fácil”, concluyó el analista. En definitiva, lo más probable es que sucedan muchas cosas antes de que Venezuela encuentre una solución a la gran crisis que padece. Lo que hay que reconocer es que sí hay una crisis humanitaria y hay un Estado que está colapsando, ¿hasta dónde?, nadie lo sabe.

Por: Redacción Pares-Pacífico y Juventud del Pacífico Medio Desde el jueves 8 hasta este sábado 10 de agosto, están reunidas en el Distrito de Buenaventura delegaciones juveniles de los municipios de Guapi, Timbiquí, López y Buenaventura. El objetivo del encuentro es establecer formalmente la Red de Organizaciones Juveniles del Pacífico Medio como una plataforma desde la cual puedan expresar su inconformidad respecto a las condiciones de vida adversas que les está tocando enfrentar y proponer estrategias para cerrar brechas, generar inclusión social y aumentar su participación democrática para generar incidencia política. Es en ese sentido que Pares-Pacífico se ha vinculado a este encuentro, aportando una mirada contextual de la subregión que fue presentada en plenaria, visibilizando el evento y participando en espacios de conversación, como el almuerzo que se pudo compartir con las juventudes del municipio de Guapi. El ejercicio de conversar directamente sobre las principales problemáticas de su territorio, la forma en que los afecta y la necesidad misma de conformación de la Red, se repetirá el sábado con las delegaciones de Timbiquí y López de Micay. Es así como, con muchas manos y voces, construimos en conjunto el presente artículo.   Los jóvenes del Pacífico queremos ser parte de Colombia El diagnóstico que realizan los jóvenes en la subregión es la falta de oportunidades, la pobreza, la violencia, los sueños inconclusos, las drogas. Pero más que un lamento pasivo, es un llamado contundente a la sociedad en general para que se pase del discurso a lo concreto; a que los consideren como interlocutores válidos, porque, se preguntan, ¿cómo es posible que los jóvenes del Pacífico Medio tomen la iniciativa de convocar, organizar y liderar espacios, y no haya el acompañamiento masivo de las personas encargadas de dirigir el país? Se refieren, particularmente, al Ministerio de Educación Nacional que les falló a la cita y a varias organizaciones juveniles locales que en la primera jornada brillaron por su ausencia. Algo que resulta paradójico porque tienen identificado que la educación que reciben es de pésima calidad y como el ingreso a la educación superior es bajo, están en la pelea para que reabran la sede de la Universidad del Pacífico en Guapi. La falta de educación los deja en condiciones de vulnerabilidad y “se convierte en una razón para que muchos de nuestros jóvenes y adolescentes se dejen convencer para hacer parte de los grupos armados y entrar en actividades no licitas” Adicionalmente, se preguntan si ¿esta región facilita condiciones para la participación activa y real de las y los jóvenes en los procesos de las administraciones públicas del pacifico?, a lo anterior manifiestan que no es posible lograr el cambio si no les dan la oportunidad de ayudar a conducir el rumbo de sus comunidades, dado que están cansados de ver a los dirigentes políticos aplicar prácticas corruptas que los llevan a la pobreza y el olvido; perdiendo en el proceso parte de su legado identitario en lo ancestral y cultural. «Queremos salir de este enfoque asistencialista y paternalista en el cual los gobiernos han tenido a los jóvenes: nos estamos empoderando de nuestro presente y futuro, por tal motivo invitamos a las administraciones a que se sumen y trabajemos de la mano en nuestro desarrollo”. Foto: ParesPacífico Tienen claro que ser parte implica realizar acciones innovadoras y propositivas para que, desde el Pacífico y con la juventud, recuperar el rumbo de esta embarcación que se llama Colombia. Entre ríos y mar los jóvenes están construyendo paz Saben que tienen una lucha propia para romper con ciertos imaginarios construidos socialmente alrededor de los jóvenes del pacífico medio, cuando los califican con frases estigmatizantes alrededor de la rumba, el trago, la agresividad, la pereza y quererse ganar el dinero fácil, “como si existiese algo más fácil que nacer en una herencia de desventajas aseguradas, como si hubiese algo más difícil, para nuestros jóvenes del pacifico medio, que cargar con la cruz acuesta de esa historia que ha invisibilizado a nuestros mayores, matronas, abuelos y padres”. Frente a dichas configuraciones de la verdad que hacen tanto eco y que pintan un arquetipo distorsionado de lo que es ser joven, “hay jóvenes construyendo la contra historia. Quizás no seamos los primeros que empiezan con estos procesos, pues hemos sido muchos los que hemos intentado hacer lo que ha debido hacerse y no se ha hecho” Trabajan en el presente de manera decidida para que las nuevas generaciones asuman su rol de liderazgo y sigan con la voluntad que se necesita para transformar realidades. No quieren que se repita “la tragedia social que nuestros gobernantes nos causan cuando no permiten que personas con la mente fresca, con opiniones y pensamientos diferentes a ellos, puedan compartir su punto de vista e incidir en los temas de educación, bienestar, gobierno y gestión de desarrollo para sus comunidades”. En definitiva, se trata de un encuentro de juventudes que se reúnen a construir paz “en representación de un pueblo que está cansado de la violencia, de la prostitución, de la mala calidad de la educación básica, del bajo ingreso a la educación superior, de las necesidades básicas insatisfechas, un pueblo que sueña con tener mejores condiciones de vida, con volver a vivir la tranquilidad que se vivía en años anteriores cuando estaba lejos de la globalización y los mercados ilegales”. Saben que lo que están emprendiendo no es una tarea fácil, menos en el marco de una institucionalidad débil, pero como lo están demostrando: están dispuestos a asumir el reto de labrar su propia historia, de recorrer los caminos organizativos y del arte en un abrazo fraterno.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares La ONG Human Rights Watch volvió a publicar un informe sobre Colombia, esta vez el foco estuvo puesto sobre la subregión fronteriza del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Principalmente, alertó sobre la situación de asesinatos, desapariciones, reclutamiento de niños, crímenes de violencia sexual y desplazamientos forzados en la zona. Entre los grupos armados que actúan allí y son identificados en el informe se encuentran el EPL, ELN y disidencias de las FARC. Así como lo ha venido advirtiendo la Fundación Paz & Reconciliación -Pares, WRH —en el informe— señaló que en el Catatumbo hay una disputa territorial por las zonas en las que, históricamente, hizo presencia la otrora guerrilla de las Farc y, en las que el Estado no ha podido hacer presencia de manera efectiva. De hecho, desde Pares, en el informe sobre Cómo va la Paz: “LA REESTRUCTURACIÓN UNILATERAL DEL ACUERDO DE PAZ” se alertó sobre el incremento del homicidio en el Catatumbo, entre otras cosas, por la guerra entre el EPL y el ELN. Asimismo, sobre el fenómeno de desplazamiento de población también se denunció la situación que atravesaban de forma más predominante la región de Catatumbo y la región del Norte, nordeste y Bajo Cauca Antioqueño. Catatumbo, desde la firma del Acuerdo, presentó un incremento en el desplazamiento masivo y para 2019 —tal como lo ha indicado la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA)— el desplazamiento masivo en el departamento de Norte de Santander se ha mantenido como una amenaza latente. Victimización De acuerdo como lo presentó HRW en su informe, hay aproximadamente 500 víctimas de abusos cometidos por grupos armados; según la investigación adelantada con fuentes de “informes y estadísticas oficiales, publicaciones de organizaciones no gubernamentales e internacionales, y testimonios tomados por funcionarios públicos”. HRW hace una salvedad más que necesaria, la cifra puede ser incluso mayor, sin embargo, el miedo de represalias por parte de los grupos armados vicia las cifras del informe. Por su parte, OCHA responde en su informe que “109 personas que consideraba civiles fueron asesinadas por grupos armados en el Catatumbo en 2018”. Bajo esta información, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW, denuncia la victimización a los y las líderes sociales. Además, según la investigación, entre “enero de 2017 y mayo de 2019, 37 personas fueron víctimas de “delitos contra la integridad sexual” vinculados con el conflicto armado, según la Unidad de Víctimas de Colombia. Estos abusos incluyen violación y otros delitos sexuales”. En ese sentido, según el sistema de información de la Fundación Paz & Reconciliación -Pares – SIPARES; desde la fecha de la firma del Acuerdo a la fecha (8 de agosto de 2018), en el departamento de Norte de Santander, se ha registrado el asesinato de 22 líderes y lideresas sociales y 8 excombatientes. En los siguientes mapas de calor, se puede observar las zonas de mayor victimización: Venezolanos también son víctimas de la guerra Por otra parte, HRW analiza el tema migratorio, pues los venezolanos que vienen a Colombia se están enfrentando a una encrucijada: quienes salen de Venezuela por la situación humanitaria que atraviesa el vecino país, se está encontrando con la guerra entre los Grupos Armados Organizados en la región de Catatumbo. HRW extiende el llamado para que las autoridades colombianas, de una vez por todas, tomen “medidas adecuadas para cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger a la población civil y asegurar que las víctimas reciban justicia”. La ONG también se refirió a las condiciones de vulneración a la que está siendo expuestos la comunidad venezolana; que van desde el desplazamiento, el reclutamiento a menores por parte de grupos armados hasta el asesinato. De hecho, OCHA, entre 2017 y 2018 había aumentado en un 550% el desplazamiento en el departamento del Norte de Santander. Ahora bien, de las 340 víctimas de ataques a civiles, el 10.05% fueron venezolanas y de las 125 víctimas de homicidios, el 13.6% eran venezolanas. Como si fuera poco, la situación de la población venezolana se complejiza, en la medida en la que no denuncian las distintas situaciones mencionadas por miedo a ser deportados. Advertencias de Pares Las causas de la conflictividad en Catatumbo se vienen cumpliendo, tal como las estableció PARES en el informe Cómo Va la Paz. En su momento, expuso las siguientes tres: (i) Ausencia de liderazgo político en el EPL: entre 2014 y 2017 los operativos de la Fuerza Pública contra el EPL acabaron con toda la vieja comandancia del EPL y quienes quedaron de mando fueron jóvenes campesinos, sin formación política ni militar, que, en el interés de seguir su expansión, comenzaron a resquebrajar acuerdos de funcionamiento que se tenían con el ELN y que no tienen el interés de mantener buena relación con esa guerrilla. (ii) el EPL comenzó a actuar de manera arbitraria con liderazgos sociales y comunidades, situación. Las comunidades comenzaron a exigir al ELN que frenara la situación, lo que derivó en la profundización de la disputa. (iii) Los viejos acuerdos que se tenían en materia de control territorial y rentas del narcotráfico se rompieron. La Fiscalía debe tomar medidas HRW señala que la Fiscalía General de la Nación no ha logrado establecer justicia frente a los hechos denunciados en la región de Catatumbo. Muestra de ello, tiene que ver con que en el informe la organización hace hincapié en que “en abril de 2019, había más de 770 procesos abiertos por homicidios cometidos en el Catatumbo desde 2017. Sólo se habían dictado condenas en 61 casos”. Por otro lado, la Fiscalía tiene pendientes 483 procesos que continúan pendientes en el marco de que no ha habido ningún condenado por los desplazamientos forzados en Catatumbo. De hecho, HRW afirma que “la fiscalía no había imputado, ni mucho menos condenado, a ninguna persona por amenazas, reclutamiento infantil ni “desapariciones forzadas””. ¿Y las FF.MM.? La investigación recuerda que el gobierno nacional, para octubre de 2018, decidió crear una ‘Fuerza de Despliegue Rápido’ que pretendía materializar la presencia de 5.600 militares para fortalecer el Catatumbo. Sobre dicha decisión, el informe alertó sobre las prácticas abusivas perpetradas por la Fuerza Pública en Catatumbo. HRW nombró, entre otras cosas, el asesinato de Dimar Torres, señalamiento por parte de uniformados a civiles sindicándolos de ser “cómplices de guerrillas” e interrogatorios en retenes militares. Estas situaciones han despertado la incertidumbre en la comunidad, actores humanitarios y funcionarios de derechos humanos. “Para poder hacer lo que tenemos que hacer con el respeto de los Derechos Humanos, que es nuestra premisa.” Nicacio Martínez El comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, en entrevistas a medios de comunicación se refirió a las prácticas abusivas por parte de los uniformados. Para Martínez Espinel, contrario a lo que señala el informe, señaló que “es posible que haya alguna prevención de las personas y de los soldados; tenemos que revisar”. “Yo conozco que hay unas investigaciones sobre algunas personas; disciplinarias e internas, pero no es el caso general”. Tendremos que revisar e investigar. Estamos atentos para estar en el marco de la Ley, para poder hacer lo que tenemos que hacer con el respeto de los Derechos Humanos, que es nuestra premisa.” Martínez Espinel también habló de la denominada Fuerza de Despliegue Rápido, a las que se refirió para decir que su objetivo es tener mayor control territorial en Catatumbo. Además, aseveró que ya han conseguido la captura de 143 personas. Asimismo, precisó que Catatumbo es una zona de “Intervención Especial” y que por esta razón están trabajando con la Policía, la Fuerza Aérea, la Fiscalía General de la Nación. Además, dio a conocer que el presidente Duque “tiene unos planes específicos como la “Ruta Futuro” para poder atacar toda la cadena del narcotráfico, desde los cultivos hasta cuando son utilizados por jóvenes, por personas”. Finalmente, HRW en el informe expone unas recomendaciones para el Gobierno Nacional y las autoridades: “Para cumplir con sus obligaciones conforme al derecho internacional y al derecho colombiano, las autoridades colombianas deberían adoptar estrategias de seguridad respetuosas de los derechos humanos que estén destinadas a proteger a la población civil. También deberían aumentar los esfuerzos y capacidades para investigar abusos cometidos por grupos armados y procurar obtener asistencia internacional para los desplazados”.

Por: Diana Argüello Orozco, Asesora de Comunicaciones Visuales. Pares La Fundación Paz y Reconciliación -Pares, en asocio con la Embajada de Suecia, PNUD, UNFPA, y USAID ACDI/VOCA están llevando a cabo el proyecto: Fortalecimiento de capacidades juveniles para la paz y la promoción de capital social: SE JUEGA LA VIDA. Este proyecto busca fortalecer capacidades organizacionales, socioproductivas, de construcción de paz, y comunicacionales en iniciativas artístico-culturales en Buenaventura, Medellín, Río Quito, Santa Marta, Riosucio y Tumaco que con su quehacer contribuyen a la prevención del uso y vinculación de jóvenes a las economías ilegales asociadas al conflicto armado. En Medellín, el proyecto se ha venido desarrollando de la mano con las iniciativas juveniles: la corporación artística circense Robledo Venga Parchemos, y la compañía teatral comunitaria Nuevo Verano Teatral. Ambas compañías recibirán el 2 de agosto de 2019 una donación de un patrimonio semilla que contribuirá a su sostenibilidad. Evento de entrega de donaciones en Medellín #SumandoEsfuerzos Foto portada e interior: Juan Marcos Díaz Robledo Venga Parchemos reúne a jóvenes de diferentes sectores de la comuna de Robledo que le apuestan a talleres de telas acrobáticas, eventos de corte circense y sketches de clown para impactar el desarrollo personal de decenas de jóvenes de este sector, así como incentivar el uso de espacios públicos como circos al aire libre. Por otro lado, Nuevo Verano Teatral enfoca su ejercicio artístico en la comedia y la improvisación teatral como herramienta de inclusión social juvenil y la recuperación de espacios públicos para la convivencia y la reconciliación.

Por: Redacción Pares Son 98 los candidatos que en una primera indagación aparecen como los más cuestionados por corrupción, por llevar en su frente la herencia de la parapolítica o por presentar alguna relación con fuerzas ilegales. Esta lista es apenas una muestra de la gravedad del asunto. Esta es la conclusión a la que llega la Fundación Paz y Reconciliación -Pares- después de monitorear a 236 candidatos a gobernaciones y alcaldías en 27 departamentos, así como tres (3) casos excepcionales a concejos y asambleas departamentales. Esta lista está muy lejos de ser exhaustiva, es apenas una exploración con los recursos limitados de Pares. Lea y descargue

Por: José Roberto Acosta Ramos, aliado PARES Tal como habíamos anticipado, el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio declaró la NULIDAD ABSOLUTA, por objeto y causa ilícitas y por haber sido celebrado con abuso y desviación de poder, del Contrato de Concesión No. 001 de 2010, celebrado entre el entonces INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO, posición contractual que hoy ostenta la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI y la CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva del laudo compuesto por 700 páginas. Lo anterior significa que quedó probado el origen ilícito, por cuenta de los sobornos recibidos por funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de este contrato. Pero lo mas importante es que por su origen ilícito no se pueden derivar de ese contrato beneficios lícitos para los causantes de esta corrupción, es decir, la Sociedad CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S. compuesta por Odebrecht y el Grupo Financiero Aval. El Tribunal determinó que, de acuerdo a la liquidación del Contrato de Concesión No. 001 de 2010, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI, como representante de la Nación colombiana en el pleito, deberá pagar $211,273,405,561 adicionales a los $5,230,403,442,413 que se han pagado con peajes y vigencias futuras con cargo a los impuestos de los colombianos. De estos $211,273,405,561 a cargo de la ANI y a favor de Odebrecht y Grupo Aval, no se encuentran disponibles en la Fiduciaria de Corficolombiana $24.217.280.235 cifra muy inferior a la que se estaba negociando a espaldas de la Nación por parte de la ANI con los bancos acreedores de la Concesionaria. Los bancos proponían que se les pagara $1.2 billones de pesos con cargo al presupuesto General de la Nación, es decir, cincuenta veces más de lo que ordenó pagar el laudo arbitral. ¿Cuál era el afán del gobierno y su Ministra de Trasporte, Ángela María Orozco, para llegar a un acuerdo con los bancos por una cifra que resultaba 50 veces más alta de lo que terminaremos pagando? Ni la ministra, ni nadie, conocía antes del 6 de agosto pasado el laudo arbitral ¿O sí lo conocían? Paradójicamente el pleito lo iniciaron Odebrecht y el Grupo Aval en abril del año 2016, un año después de que Marcelo Odebrecht fuera encarcelado por el caso Lava Jato; en la disputa las empresas reclamaban sobrecostos por $700.000 millones; sin embargo, como en diciembre 21 de 2016 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos envió las pruebas de los sobornos, todo se les volteó. Ya no estaban al ataque sino a la defensiva. La estrategia jurídica fue evitar la caducidad y buscar una TERMINACIÓN EN “TÉRMINOS AMIGABLES”, pero lo más grave es que el Gobierno de Juan Manuel Santos, para proteger a los bancos, fue quien buscó esa terminación amistosa desde enero de 2017. Pero todo se les fue enredando aún mas a Odebrecht y al Gobierno, a pesar del papel de encubrimiento que emprendió el Fiscal General de la Nación de ese momento, Néstor Humberto Martínez Neira, y quien fuera el abogado del Grupo Aval desde hace décadas. Ante las dificultades para tapar este escándalo, desde junio del año 2017 promovieron un cambio al artículo 32 de la Ley 1508 de 2012, llamada Ley de infraestructura, y que a pesar de reiteradas denuncias de mi parte, terminó convirtiéndose en el artículo 20 de la Ley 1882 de 2018 con ratificación de exequibilidad de la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-207-19. Según el artículo 20 de la Ley 1882: “…ii) Si los recursos a los que se refiere el numeral (i) no fueren suficientes, la suma restante deberá ser consignada por la entidad estatal hasta en cinco (5) pagos anuales iguales, cuyo primer pago se efectuará a más tardar 540 días después de la fecha de liquidación. Los pagos diferidos de que trata el presente numeral tendrán reconocimiento de los intereses conforme al reglamento que para tal efecto emita el Gobierno nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes acuerden un plazo de pago menor. Lo dispuesto en el presente parágrafo también será aplicable a la liquidación de los contratos de concesión de infraestructura de transporte celebrados con anterioridad a la vigencia de la Ley 1508 de 2012.” Como por cuenta del Laudo del Tribunal de Arbitramento los créditos con los siete bancos acreedores de la Concesionaria Ruta del Sol no quedaron absueltos, nos queda la duda si esta norma los faculta para que posteriormente nos reclamen dicho pago con cargo a nuestros impuestos. Duda que deberá aclararse de manera más específica y contundente por los árbitros y que deberá solicitar la ANI como parte de este litigio para la tranquilidad de las finanzas públicas de la Nación. También deberemos estar atentos de que se ratifique por el Consejo de Estado el valioso fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que sanciona a la Concesionaria Ruta del Sol y a sus socios, al pago de una indemnización de $800.000 millones, así como el de quedar inhabilitados para contratar con el Estado por diez años, algo que debería extenderse al dueño de Episol, que es Corficolombiana, perteneciente al Conglomerado Financiero Grupo Aval y que debería responder por ese motivo de manera solidaria, tanto en las buenas como en las malas, de este escabroso caso de corrupción. Ahora, el Gobierno deberá licitar un nuevo contrato para que termine la obra, que apenas fue entregada en un 52%, y se cumpla con la construcción del Tramo Dos de la Ruta del Sol, tan necesaria para la competitividad del país. Además, que superemos con prontitud los daños, a todo nivel, que la corrupción ha dejado en Colombia en este caso concreto. @jrobertoacosta1 jrobertoacostaopinion@gmail.com