Por: Redacción Pares En total, son 98 candidatos cuestionados resultado de una primera indagación realizada por la Fundación Paz y Reconciliación -Pares. Aparecen como los más cuestionados por tener en su hoja de vida la herencia de la parapolítica o por presentar alguna relación con fuerzas ilegales. Esta es la conclusión a la que llega Pares después de monitorear a 236 candidatos a gobernaciones y alcaldías en 27 departamentos, así como tres (3) casos excepcionales a concejos y asambleas departamentales. Este es el Informe Completo A continuación Pares selecciona los 10 candidatos más representativos de esta lista por categorías: Corrupción, Parapolítica, Vínculos con fuerzas ilegales e Impunidad judicial. Además, presentamos la lista de cuestionados por partido político y por departamento. Corrupción Encontramos 59 candidatos con cuestionamientos por indicios de corrupción. Estos son algunos ejemplos: Parapolítica La herencia de la parapolítica la componen 38 cuestionados. Unos directamente vinculados a procesos judiciales por este fenómeno que apareció a principios de este siglo y otros de segunda generación en la condición de familiares o allegados. Estos son algunos ejemplos: Vínculos con otras fuerzas ilegales En vínculos con otras fuerzas ilegales hay siete cuestionados de los cuales sobresalen: Impunidad judicial Un fenómeno político nuevo que tendremos que desentrañar es la aparición de la Alianza Democrática Afrocolombiana, ADA, que con sólo tres meses de existencia avaló a 3.500 candidatos. Algunas fuentes señalan que detrás de este partido están viejos parapolíticos como Luís Alberto Gil, alias el Tuerto Gil y Carlos Martínez Sinisterra. La presencia de 105 cuestionados en una primera mirada da cuenta de la impunidad judicial, política y social que se vive en nuestro país. Muchos de los cuestionados han estado en manos de la justicia o en el ojo de la opinión pública y ahora se presentan muy campantes. Algunos ejemplos: Cuestionados por partido político Cuestionados por departamento

Por: Redacción Pares Los desaciertos del Presidente Duque tienen origen en que ni él, ni Uribe, ni el Centro Democrático han comprendido que el país cambió, que ya no es el mismo que gobernaron entre 2002 y 2010. Ahora es un país con redes sociales y millones de ciudadanos que le ‘tienen puesto el ojo’, a través de estos canales de información de una manera más crítica y burlona a sus dirigentes. La Fundación Paz y Reconciliación -Pares, en este primer año de gobierno, quiere recordar cinco salidas en falso del Presidente Duque que generaron críticas y burlas en redes sociales: El 16 de agosto de 2018, el presidente Duque inició con broche de oro su gobierno. En su cuenta de Twitter felicitó a una banda de paz. Específicamente dijo: “Nos emociona el talento, creatividad y superación, de la banda de paz ‘hércules’ del municipio de Magüi Payán, Cauca. Seremos el gobierno que apoye la cultura”. El problema es que esta comunidad no corresponde al departamento del Cauca, sino al departamento de Nariño. 2. El 13 de noviembre de 2018, el presidente Iván Duque relacionó y explicó, ante las risas del auditorio, los pilares de la economía naranja con el cuento infantil de los 7 enanitos. Lo hizo en la sede de la Unesco, en París, Francia, durante un evento en el que presentó el programa de industrias creativas que se supone pondrá en marcha durante su gobierno. 3. El 2 de enero del 2019, el presidente Duque escribió en su cuenta de Twitter que “hace 200 años el apoyo de los padres fundadores de los Estados Unidos a nuestra independencia fue crucial, por lo que recibir hoy su visita nos llena de alegría y de honor, precisamente este año del #Bicentenario, tan importante para nuestro país”. Ese día recibía a Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, pero claramente la opinión pública no se hizo esperar y las redes sociales estallaron. Los historiadores le dieron una clase magistral por lo que muchos catalogaron como “la burrada” de Duque. Un buen comienzo del 2019. Los memes en redes sociales, por supuesto, no se hicieron esperar. 4. El 27 de julio, en su viaje a China, la Presidencia de la República fue objeto de burlas en redes sociales debido a un grave error que cometieron los encargados de manejar estos medios, ya que, en una parada técnica que hizo la aeronave presidencial, confundieron la ubicación geográfica de Alaska e indicaron que ese territorio hacía parte de Canadá. Cabe recordar que Alaska hace parte de los 50 Estados de Estados Unidos. 5. Por último, recordamos las declaraciones del presidente Duque el pasado 1° de febrero, cuando mostraba todo su apoyo al autoproclamado presidente Juan Guaidó: “Tenemos que actuar con un cerco diplomático, con una reacción vigorosa de la comunidad internacional. A la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas, porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando”. Y las pocas horas se convirtieron en muchas horas, en días, semanas…. y meses.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares A pesar de que en el febrero de 2019 la Corte Constitucional se mantuvo firme, de forma unánime, en la decisión de tumbar la posibilidad de que territorialmente pudieran adelantar consultas a las comunidades para decidir el uso del suelo; en el municipio de Mercaderes —al sur del departamento del Cauca— los habitantes le apostaron a una Consulta Popular Legítima y Autónoma para decirle “NO” a la explotación de hidrocarburos y minería. La Consulta fue posible por la gestión y financiación del pueblo de Mercaderes, organizaciones sociales y la Alcaldía. Cabe resaltar que los problemas de agua del municipio son muy graves, según el Estudio Nacional del Agua, ya que esta es una zona de bosque seco tropical y con presencia de ganadería extensiva. Un pulso por la voz de la comunidad En este sentido, la voluntad de los habitantes del municipio le dieron una vuelta al panorama que se avizoraba tras la determinación negativa de la Corte sobre el artículo 33 —de la Ley 36 de 1994— que establece las reglas de funcionamiento de los municipios en Colombia. El pasado 3 de agosto, el pueblo de Mercaderes votó 99,46% — un total 6.449 votos— en contra de la extracción de hidrocarburos y metales en el departamento de Mercaderes, al sur del Cauca. Sin duda, el caso es representativo teniendo en cuenta, entre otras cosas, que la Registraduría del Estado Civil ha repetido, en varias ocasiones, que “no hay recursos” para llevar a cabo las consultas populares. De hecho, la Registraduría canceló la votación de la Consulta Popular que había convocado la Alcaldía de Mercaderes el 4 de febrero de 2018. Sin embargo, el esfuerzo colectivo —superando la negativa del Estado— permitió que se establecieran 46 mesas, tarjetones y transporte de jurados y delgados Pregunta por la soberanía Tal como lo establece el artículo 8 de la Ley 134 de 1994, la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que permite decidir, mediante una pregunta de carácter general, sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, distrital, municipal o local. Según sea el caso, el presidente, el gobernador o el alcalde, someten la pregunta a consideración del pueblo para que se pronuncie formalmente al respecto y, de esta forma, establecer de forma definitiva cuál será la pregunta por la que votarán. Para el caso del municipio de Mercaderes, la pregunta que establecieron fue “¿Está de acuerdo Sí o No con que en el municipio de Mercaderes se lleven a cabo actividades de exploración y explotación de minería metálica o de hidrocarburos, que requieran aguas para el consumo humano, la naturaleza y puedan afectar las economías propias de las comunidades?”. Una Consulta Popular Legítima y Autónoma El esfuerzo adelantado por la Coordinadora Integral Social Mercadereña, que reúne 24 organizaciones sociales, tiene como propósito establecer una garantía para que la comunidad pueda expresar su postura frente a la defensa del agua y como reacción a la reciente tragedia de la desaparición absoluta del río Sambingo. Además, también buscan conseguir un Acuerdo Local en el que queden consignados los resultados de la votación del pasado sábado. La idea incluye articular al Concejo Municipal y a la Alcaldía. La comunidad espera que en el marco de la actualización del Plan de Ordenamiento de Ordenamiento Territorial (POT) – a partir de las próximas elecciones locales de octubre de 2019—se discuta, con la nueva administración del municipio, el uso del suelo en Mercaderes. De esta forma, buscarán que la consigna de la consulta sirva como precedente en la lucha de la regulación del suelo frente a la explotación de minería e hidrocarburos. Un debate abierto Sin lugar a dudas, el caso de la votación de Mercaderes pone de tajo la discusión sobre la posibilidad de que las comunidades tengan voz con respecto a los proyectos en sus territorios. Tal y como lo había señalado la Fundación Paz & Reconciliación -Pares, para el mes de octubre de 2018 —mes en que se caldeó la polémica la decisión de la Corte— el Alto Tribunal identificó que en la actualidad no existen mecanismos “idóneos y vigorosos” para garantizar la participación ciudadana y lograr compatibilizar los principios de coordinación y concurrencia de la nación y las entidades territoriales. Frente a lo anterior, en su momento la Corte estableció trece (13) criterios a seguir en la definición de dichos mecanismos: i) Participación ciudadana y pluralidad; ii) Coordinación y concurrencia nación territorio; iii) Inexistencia de un poder de veto de las entidades territoriales para la exploración y explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables; iv) Diferencialidad / Gradualidad; v) Enfoque Territorial.; vi) Legitimidad y Representatividad; vii) Información previa, permanente, transparente, clara y suficiente; viii) Desarrollo sostenible; ix) Diálogo, comunicación y confianza; x) Respeto, protección y garantía de los derechos humanos; xi) Buena Fe; xii) Coordinación y fortalecimiento de la capacidad institucional nacional y territorial y, xiii) Sostenibilidad fiscal. Asimismo, para ese momento DeJusticia se refirió a la decisión de la Corte; señalando que “La ausencia de una instancia de concertación es lo que ha llevado a las comunidades a utilizar el único mecanismo de participación que les da la ley para ser oídos y tenidos en cuenta: la consulta popular.» Y esa misma organización añadió: «Hasta que no exista un mecanismo de concertación, la problemática va a seguir. Eliminar la consulta popular en estos temas no soluciona el problema, es un retroceso, pues nos devuelve al lugar en el que los municipios están sujetos a lo que se decida con sus territorios desde Bogotá. Nada garantiza que el Congreso vaya a regular el tema en el menor tiempo posible. Mientras tanto el país queda en un limbo inconstitucional en donde los más perjudicados son las comunidades”.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Tal y como lo advirtió hace casi un mes la Fundación Paz & Reconciliación— Pares, los nueve (9) meses que ya completa Nicacio de Jesús Martínez Espinel como comandante del Ejército Nacional, lo han ubicado en el ojo del huracán tras las constantes revelaciones sobre prácticas irregulares dentro de las Fuerzas Militares. De esta forma, los pasos del comandante continúan oscilando entre la exigencia de su salida inmediata por parte de un grueso sector de la sociedad civil, y el respaldo incondicional que ha gozado por parte del gobierno nacional. Los silencios pesan cada vez más sobre los ‘Cuatro Soles’ de Martínez Espinel, mientras la opinión pública aguarda a que —lejos de que discursivamente el comandante del Ejército señale que se esté “cumpliendo lo que la Constitución nos dice con total y absoluto respeto por los Derechos Humanos”—; se tomen decisiones y acciones que terminen con los casos que, en la práctica, están amenazando y violando los Derechos Humanos. Versiones apresuradas El último evento que salpica al Ejército fue el asesinato de Rafael Caro, un joven de 16 años a manos de uniformados en la base militar de La Lizama (Santander). Tras el asesinato del menor, la versión entregada por Martínez Espinel está presentado contradicciones. Mientras la versión oficial dice que “cuando una persona vulnera la seguridad de una base militar, pues alguien se siente herido, se siente indefenso y acciona su arma. Por fortuna para nosotros es un arma que se acciona al piso”, los vídeos que se conocen del asesinato en la base militar de La Lizama dicen otra cosa. Al parecer, la ráfaga de seis (6) disparos, la frase “¡Ay mi cabo! pégueselo cabo, pégueselo” fueron elementos que el general del Ejército de Colombia, Nicacio Martínez Espinel, no advirtió cuando decidió señalar que se trató de una esquirla accidental la que acabó con la vida del menor de edad, Rafael Caro de 16 años. Las dudas no se han hecho esperar, debido a que Martínez Espinel salió ante la opinión Pública con la “versión oficial”. En micrófonos de prensa calificó la razón de la muerte, de manera categórica, como producto de un rebote. El general agregó: “esa bala, impacta desafortunadamente a este joven, quien resulta herido y que desafortunadamente, posteriormente, fallece”. Micrófonos, anuncios y respaldos El Gobierno Nacional ha enviado erróneos mensajes de respaldo a estas condenables prácticas. Muestra de de esto es el mensaje que la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, escribió, tras conocerse los hechos que provocaron la muerte del menor en la base militar, en su cuenta de Twitter: “Los rufianes que tratan así a la fuerza pública deben saber que los soldados y policías no están solos y deben hacer valer su autoridad y hacer respetar el uniforme que portan. Colombia no quiere ver a sus soldados intimidados por rufianes armados de piedras exigiendo derechos”. Después de conocerse la postura del comandante del Ejército, se sumó a la versión el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y la del fiscal encargado Fabio Espitia. Es decir, a dos bandas, tanto el jefe de la cartera ministerial de Defensa como el fiscal (e); trataron de despejar las dudas que dejó el suceso en la base militar de La Lizama. De hecho, mientras Botero insistió en que Rafael Caro traspasó los límites de una base militar y, que un cabo que estaba al servicio del Batallón de Campaña No. 2 de a la Quinta Brigada del Ejército; “disparó contra el piso, no le disparó a la persona”. Por su parte, pero en la misma sintonía, el fiscal (e) Espitia sentenció que “no existió homicidio doloso. La Fiscalía constata lo que sucede con base en los dictámenes de balística y esto nos demuestra fundamentalmente que no existió un disparo que iba no dirigido contra una persona, pero en principio apunta a un homicidio culposo”. Como si tratara de un flashback; a la sociedad civil le vuelven a la memoria casos como el de Dimar Torres que, para esa situación, las declaraciones que empezaron señalando un accidente y resultó una ejecución extrajudicial. Denuncias y abusos desatendidos Sergio Martínez, hermano de la víctima del asesinato en La Lizama, señaló que: «Mi hermano era atacado a cada rato por ellos, recibía amenazas, agresiones, ya no se aguantaba más, ya estaba al borde de desesperación. Han logrado maquillar la noticia, hay un video que demuestra que ya llega aporreado, primero hay una golpiza el viernes julio 27, se retaron, y mi hermano ni corto ni perezoso, ingresó al batallón, hubo muchos tiros, fueron ráfagas, ya lo querían matar «, dijo el familiar. Asimismo, el familiar se ha referido con ahínco que existieron presiones previas al ingreso de su hermano a la base militar. Ramírez señaló que, previo al altercado que está registrado en videos y a la ráfaga de disparos; uniformados le dijeron que “Tú eres el del problema, venga a la base y verá lo que te pasa. Cuando venía de regreso, los dos soldados lo estaban esperando con machete. Fue ahí que lo golpearon, le ocasionaron una herida en la oreja, le partieron un diente y le rompieron el labio”, denuncia el hermano. Además, el diario El Tiempo, presentó unos audios que muestran las amenazas de los uniformados contra los jóvenes. En uno de ellos, se escucha se escucha al que sería el soldado diciendo «tenemos orden de matar a todo el que se venga acá dentro. Vénganse pa’ acá’, vamos a arrastrar con todos ustedes». Además de los disparos… El hermano de la victima ha señalado un aspecto que parece inadvertido por la prensa y que sería de vital importancia para la investigación. Posterior a los disparos, lejos de brindar ayuda si era de tratarse de un accidente, tal como lo dice Ramírez: “no lo auxiliaron ellos teniendo médicos, lo dejaron ahí tirado como un perro”. En vez de atender al menor de 16 años, uno de los vídeos que se han venido conociendo en los últimos días muestra cómo un uniformado ante el auxilio pedido le dice de forma indolente “Ah, ¿Ahora si ayúdeme?”. Después se ve cómo un uniformado trata de tapar la herida para evitar que se desangre y en el afán de tener una reacción para salvar la vida de Rafael, un civil ingresa a la base para ayudar al menor y la respuesta de un uniformado fue “no se puede meter o lo cogemos a plomo”. Segundos después dejan entrar a un civil para que se lleve al menor para ser atendido, sin tener ningún tipo de auxilio por parte del Ejército. La sociedad civil espera esclarecimiento de los distintos hechos que han salpicado al Ejército desde la llegada de Martínez Espinel. Hay expectativa de conocer la investigación de la Fiscalía General de la Nación y de la Justicia Penal Militar. Además, se espera que en ese proceso se tenga en cuenta las versiones de la comunidad y de la familia. Con el agua al cuello Producto de los polémicos hechos que ha protagonizado el Ejército en 2019, ya desde la prensa se empieza a hablar de unos posibles nuevos cambios al interior del Ejército. Según como lo dio a conocer Caracol Radio, hay al menos comprometidos las hojas de vida de siete (7) generales activos del Ejército colombiano. Una de las fuentes de Caracol Radio, señaló que “la situación del general Nicacio Martínez nos tiene preocupados porque las tropas no se pueden concentrar en la operatividad como debe ser por estar atendiendo las noticias que giran a su alrededor”. Situación que no habla muy bien del estado al interior del Ejército y la percepción de los uniformados. Las ejecuciones extrajudiciales, el hostigamiento a los uniformados que informan de las prácticas al interior del Ejército, el caso de Dimar Torres, entre otras razones parecen ser la gota que colmó el vaso. El pasado y el presente tienen en «capilla» a : Juan Carlos Ramírez Trujillo (comandante de la Séptima División), el general Diego Luis Villegas Muñoz, (el comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles) Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, (el comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro) Adolfo León Hernández Martínez, (el jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas) Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth, (jefe de generador de fuerza) y general Miguel Eduardo David Bastidas.

Por: Redacción Pares La FIGO -Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, y su Comité de Salud Ambiental para el Desarrollo y la Reproducción, ha realizado un conjunto de pruebas acerca del papel que cumple el glifosato sobre la salud. Por lo tanto, concluye la organización, la recomendación es que la exposición al glifosato en las poblaciones termine con una eliminación global completa. «Cuando una actividad plantea amenazas de daño a la salud humana o al medio ambiente, se deben tomar medidas de precaución, incluso si algunas relaciones de causa y efecto no están completamente establecidas científicamente», explica la organización. FIGO, que durante más de sesenta y cinco años ha colaborado con los principales organismos de salud del mundo, incluido el trabajo en relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud y el estado consultivo con la ONU, incluido el Fondo de Población de las Naciones Unidas y una amplia gama de otros socios. La FIGO tiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y un estado consultivo con las Naciones Unidas (ONU). Esta prestigiosa organización señala el problema inherente de la producción de muchos tipos de productos químicos, que se liberan al medio ambiente y, con la política actual, corresponde al público, a los científicos de interés público y a los médicos probar el daño antes de eliminar los productos químicos del mercado. Contraste este enfoque con la industria farmacéutica, donde deben demostrar su seguridad antes de ser utilizados por el público. Ya sea que los científicos estén revisando el aumento de las tasas de cáncer, trastornos del desarrollo neurológico, resultados del embarazo o defectos congénitos, existe evidencia que respalda el efecto de las exposiciones químicas en la salud. Los productos químicos en mujeres embarazadas pueden atravesar la placenta y, al igual que el metilmercurio, pueden acumularse en el feto y tener secuelas duraderas. El principio de precaución implica que existe una responsabilidad social para proteger al público de la exposición al daño, cuando la investigación científica ha encontrado un riesgo plausible. Estas protecciones se pueden rebajar solo si surgen más descubrimientos científicos que brinden evidencia sólida de que no se producirá ningún daño. En algunos sistemas legales, como la Ley en la Unión Europea, la aplicación del principio de precaución se ha convertido en un requisito legal en algunas áreas de la ley. Mientras el mundo le da la espalda al glifosato, un herbicida utilizado en Colombia como método para fumigar los cultivos de uso ilícito, el presidente Iván Duque se mantiene en la posición de utilizar el líquido para reducir el número de sembradíos de coca que tienen al país como el primer productor y exportador de cocaína. Cabe destacar que Colombia ha abanderado la lucha contra el narcotráfico junto con Estados Unidos, país que está catalogado como el mayor consumidor de la droga proveniente de territorio colombiano. Es tal la emergencia de salud pública que ha generado el negocio ilegal en ese país, que en los últimos meses el presidente Donald Trump ha presionado a Duque y le ha tirado ‘pullas’ por el mal manejo de dicha política. El más reciente caso Monsanto en California Monsanto, una empresa multinacional de agroquímicos, fue sancionada a pagar 2.000 millones de dólares a una pareja que actualmente padece de cáncer. Según un juez del Estado de California en Estados Unidos, el producto habría generado la enfermedad pues ambos utilizaron Roundup, un producto elaborado con glifosato, durante 35 años. El fallo también indicó que Monsanto aún sigue sin advertir en el empaque que el uso del mismo podría generar peligros para la salud, a pesar de las advertencias que varios investigadores y organizaciones han emitido sobre las consecuencias negativas del producto. “Una Corte de California en EEUU condenó a Monsanto por los efectos del glifosato en la generación de cáncer. Mientras tanto en Colombia el Gobierno quiere revivir la aspersión aérea. #NoEnredenLaPaz”, expresó en su momento desde su cuenta de Twitter la Representante a la Cámara por el Partido Verde, juanita Goebertus. Este sería el tercer fallo consecutivo de un jurado estadounidense contra la compañía, que en 2018 fue vendida a la empresa alemana Bayer, la cual produce el herbicida.

Por: Redacción Pares La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió el informe “Desenterrar la verdad en los Llanos Orientales: el clamor de las víctimas al Sistema Integral”. Este da cuenta de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas en esa región de Colombia, entre 2002 y 2010. En el informe, se documentaron 64 hechos de ejecuciones extrajudiciales en las que se da cuenta de 80 víctimas. Las víctimas estuvieron acompañadas por el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, y el Colectivo José Alvear Restrepo. Este es el informe 212 que la Jurisdicción ha recibido desde que entró en funcionamiento, en 2018, ante los magistrados y las magistradas de la Sección de Primera Instancia en Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de Hechos y Conductas. Según la información del Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos (CCEEUU), los casos de ejecuciones extrajudiciales en los Llanos Orientales serían 273, entre 2002 y 2010. La JEP recibió este informe en conjunto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión de la Verdad. La magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo, el magistrado Raúl Sánchez, el magistrado Alejandro Ramelli, la magistrada María del Pilar Valencia y el magistrado Gustavo Salazar, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, oyen atentamente la intervención de las víctimas en compañía de Luz Marina Monzón, directora de la UBPD.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El trasteo de votos o trashumancia electoral es un fenómeno irregular que ocurre especialmente en época electoral en todo el país. Por lo tanto, organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) han comenzado a lanzar alertas sobre las situaciones en los territorios con miras a los comicios regionales que se llevarán a cabo en octubre. En febrero, la MOE llamó la atención de que 46.901 ciudadanos y ciudadanas de las 162.725 que habían inscrito su cédula desde octubre de 2018 hasta enero de 2019 no vivían en los municipios en los que se inscribieron. En ese sentido, la organización expresó que el 29% de las inscripciones realizadas durante tres meses, podrían tratarse de posibles casos de trashumancia electoral. Dicho concepto hace referencia a una persona que vive en un territorio distinto al lugar en el que inscribió su cédula para votar, y por lo general está asociado con actos de corrupción. Sin embargo, este año se sumaron otras posibles causas a este fenómeno. Cabe destacar que el trasteo de votos viene de décadas atrás, y por eso se intentó regular mediante la Ley 599 de 2000, en el Código Penal Colombiano, pero aún siguen presentándose decenas de casos por año. Por ejemplo, en el año 2009 se presentó un caso en la ciudad de Barranquilla, en el período de inscripción de cédulas entre el 19 de octubre y el 2 de noviembre de 2009, para elecciones 2010. Tras varias denuncias, el CNE descartó 200.000 inscripciones en esa ciudad y las dejó sin efecto. Así las cosas, el delito de trashumancia electoral es considerado como una conducta punible, con una pena de 4 a 9 años de prisión. Y en caso de falso testimonio, la persona también será sancionada con pena de prisión de 6 a 12 años. En ese sentido, el artículo 389 señala que: “El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquél donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses”. Ahora bien, para este periodo electoral, la MOE presentó un análisis sobre el comportamiento de las tasas de inscripción de cédulas, y detectó que en 15 municipios se disparó el registro del documento. Corrupción y desplazamiento La principal causa en la fuga de votos recae especialmente en los episodios de corrupción. Sin embargo, este año se ha disparado el registro de las cédulas en territorios aledaños donde se han incrementado los niveles de violencia. Esto quiere decir que las zonas que actualmente entraron en disputa por la salida de la exguerrilla de las Farc, están presenciando combates por el control territorial entre varias estructuras armadas lo cual ha generado el desplazamiento de docenas de familias, y esto podría ser otra causa del trasteo de votos, que no necesariamente está relacionado con corrupción. Sin embargo, habrá casos en los que la condición de desplazamiento podría ser aprovechada por algunos políticos. Por ejemplo, el caso de la subregión del bajo Cauca antioqueño que actualmente está sumida en una especie de guerra civil, registró durante el 2017 y 2018 un aumentó en el homicidio en un 200% y la situación cada vez es más crítica. Tal como lo señaló Ariel Ávila, subdirector de Pares, en el año 2017 se registraron 118 homicidios en el Bajo Cauca mientas el año pasado fueron 390. Y asimismo, estimó que para el 2019 la cifra va a estar más o menos sobre 350, pues se ha intensificado la guerra entre las Autodefensa Gaitanistas de Colombia (AGC) y sus antiguos socios los Caparrapos lo cual está llevando al incremento de la extorsión y a un desplazamiento diario en la región. Los enfrentamientos están desocupando los territorios, y prácticamente se habla de pueblos fantasma en varios barrios y caseríos en la bajo Cauca antioqueño. Otro de las zonas más golpeadas por la reestructuración de los grupos armados en el andén pacífico colombiano. Variables en los casos de trashumancia El CNE informó que los departamentos de la Guajira, Sucre y Bolívar, entre otros, están en alerta roja por trasteo de votos. Por consiguiente, se han presentado varias denuncias que han puesto en advertencia a los entes reguladores, además de los registros que deja en evidencia que hay más votantes que habitantes en ciertas zonas del país. Cabe destacar que este organismo ha dejado la puerta abierta a la ciudadanía para que denuncien casos de trashumancia y cualquier otra irregularidad electoral. Por su parte, la MOE en su último informe hizo énfasis en otras regiones afectadas por este fenómeno. Y en ese sentido, reflejó que Norte de Santander y Meta tienen los más altos riesgos de padecer de las trashumancia. Esto significa que ambas instituciones tienen metodologías distintas. Por ejemplo, la MOE realiza una medición de la tasa nacional para identificar a nivel global en realidad cuánto aumentó el número de inscripciones de cédulas en los territorios frente a los demás. De acuerdo con la institución, de octubre de 2018 a enero de este año se registró una tasa nacional de 4,4 personas inscritas por mil habitantes, mientras que en el departamento del Meta se registró que 8,5 personas por mil habitantes se inscribieron durante esos meses. Mientras tanto, el CNE realizó una comparación entre dos periodos anuales y arrojó el crecimiento porcentual del número de personas que inscribieron la cédula en los municipios, y en ese sentido, varían drásticamente los resultados. En conclusión, los organismos electorales tendrán una ardua labor en este periodo electoral, puesto que, a los casos de corrupción ahora se sumó el aumento de la violencia en los territorios lo cual podría dificultar una jornada de elecciones con normalidad.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «Este gobierno a las dificultades que enfrenta en vez de buscar las soluciones, busca culpables. Yo estuve 14 meses frente al Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos del gobierno anterior, y ya van 12 meses del nuevo gobierno y todavía siguen buscando culpables a los problemas que enfrentan. Yo recomendaría que también busquen soluciones para enfrentar los retos que un proceso de esta naturaleza implica, y en esa búsqueda de soluciones lo mejor que le puede pasar al país y a las comunidades, es que las cosas avancen por la ruta que se estableció en el Acuerdo de Paz.» Pares habló con Eduardo Díaz Uribe, economista, MG en Administración Pública. Exdirector de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especializado en administración pública de la ESAP. Fue Ministro de Salud, estuvo al frente de la Dirección de la Red de Solidaridad y se ha desempeñado como secretario distrital de Salud, director del Plan Nacional de Rehabilitación y director del Fondo Nacional Hospitalario. Autor del libro El Clientelismo en Colombia, 1985 y Coautor de Para Pacificar la Paz, 1994. Pares: Frente a las críticas que al actual gobierno ha hecho acerca de la manera en que el equipo del presidente Santos manejó el tema de sustitución de cultivos ilícitos ¿qué balance hace hace al respecto? Eduardo Díaz Uribe: Es molesto oír afirmaciones públicas que tratan de culpabilizar de las dificultades que hoy atraviesa el Programa a quienes lo estuvimos diseñando y ejecutando en el gobierno del presidente Santos. Siguen empeñados en buscar culpables y no en buscar soluciones. Por el contrario, considero que fue un muy buen trabajo y las cifras hablan por sí solas: los informes que presentó Naciones Unidas dan cuenta que había 37,000 hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas, que el nivel de compromiso de las comunidades era del 94% de cumplimiento y que la resiembra en cultivos que habían sido erradicados era del 0.6%. Y hago un llamado de atención sobre este último dato, porque el problema no es la siembra sino la resiembra. Es muy importante porque es parte fundamental del Acuerdo de Paz y permite decir que ese es el camino en el tema de la sustitución, que es una realidad compleja en territorios históricamente aislados y marginados. pero ese es el proceso que había que enfrentar, y se hizo. Nosotros estuvimos 14 meses y fue un proceso construido con las comunidades y eso no se puede perder. Fueron las comunidades y las autoridades locales y regionales las que participaron, junto con las autoridades nacionales, en la toma de decisiones y en la planificación es una estructura de gestión totalmente distinta a la que tradicionalmente tienen otros programas. El PNIS fue construido en una lógica de participación de la comunidad y de las organizaciones en la toma decisiones, y eso, tengo entendido, está abandonado y se está volviendo al clásico esquema de un programa estructurado por un grupo de analistas muy valiosos en Bogotá, pero con un muy precario y pobre relacionamiento con la realidad de los territorios. «El Programa es un capítulo de la Reforma Rural Integral que puso en marcha planes con los campesinos que se han comprometido con la sustitución y no resiembra, y a no involucrarse en ninguna actividad relacionada con el narcotráfico.» Foto: Pares Pares: La tendencia de crecimiento de los cultivos de coca en Colombia se frenó en 2018 pero la cifra de hectáreas sembradas sigue en máximos históricos pese a que pasó de 171.000 en 2017 a 169.000 en 2018, según el informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) ¿A qué se debe que aún la cifra siga en números rojos? E.D.U: Yo tengo varias explicaciones. La primera, que no se ha dicho mucho, es que las organizaciones que se lucran de esas rentas ilegales, a la voz de que se inició un proceso de paz con las FARC, que sin lugar a dudas tenían que ver con el tema del de los cultivos ilícitos en los territorios y por eso su compromiso para la superación de este realidad, no se quedaron mirando a ver qué pasaba, sino que se empezaron a movilizar hacia esos territorios y los ocuparon. En mi opinión este aspecto es el más importante. La otra razón tiene que ver con el precio del oro, que tuvo una caída muy importante, es decir, cuando el precio de la onza de oro ha subido, muchas familias dejaron de sembrar coca y se fueron a trabajar en la minería de aluvión, y cuando el precio del oro ha caído, sucedió lo contrario, es decir, miles de familias pasaron a sembrar coca. Otro factor que ha modificado la dinámica del mercado es el aumento del consumo. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNDOC, el consumo de droga a nivel global podría llegar a 275 millones de personas; y en la mayoría de los países prevalece el consumo de cocaína. Son dinámicas de mercado. Pares: ¿Cómo evalúa la ejecución que sobre el asunto de cultivos ilícitos está llevando a cabo este gobierno? E.D.U: Se está implementando un programa sin las comunidades y uno de los principios rectores del Acuerdo de Paz es el de la participación ciudadana en la construcción de una nueva institucionalidad sobre la base de la confianza. La gente tiene que sentir que no se trata simplemente de retirar una mata y de sembrar otra y esa es la lectura que se hace desde Bogotá. Tenemos comunidades en esos territorios tradicionalmente aislados y marginados, los más difíciles de llegar con toda suerte de problemas de tenencia de tierras y que han vivido por generaciones en la ilegalidad. A esas comunidades se les estaba ofreciendo una realidad distinta, una realidad para mejorar la vida. «El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) no se circunscribe al levantamiento de las hectáreas de matas de coca sino a la generación de acciones que permitan a los campesinos que sufrieron más de medio siglo del conflicto armado, construir un mejor futuro» Foto: Pares Cuando uno le está hablando a la gente de retirar las matas y de sustituirlas, le está hablando del futuro, está hablando de sus hijos y sus nietos. Por eso el tema de la participación es tan importante, porque son muchas las dudas y las incertidumbres, estamos hablando es de la vida, no estamos hablando de quitar maleza sino de construir otra realidad. Es un tema complejo que tiene que ver con la confianza, con la construcción de ciudadanía de individuos y comunidades participantes, es decir, involucra no solo a los cultivadores, sino a toda la economía que gira alrededor de ellos. Es necesario trabajar con todos los actores del territorio de esa dinámica económica: transportadores, comerciantes, hoteleros restaurantes. Esa es la realidad que hay que transformar, uno no se puede limitar a quitar unas matas o ¿cómo se explica que haya sectores de un territorio en donde hay más estaciones de gasolina que en la ruta Bogotá-Santa Marta? Esos controles a los insumos, por ejemplo, deberían ser más eficientes. Eso es más inteligente que retirar una mata para que al poco tiempo se resiembra o se traslade el cultivo. Es equivocado creer, como lo hace este gobierno, que la fiebre está en las sábanas. Pares: ¿Qué papel desempeña en todo este asunto de los cultivos ilícitos el tema de la propiedad y tenencia de la tierra? E.D.U: ¿Por qué en otros países como Ecuador no hay cultivos ilícitos? hay quienes dicen que eso tiene que ver con Alfaro, con la reforma agraria que él hizo. ¿Qué le pasa a un campesino que tiene titularidad sobre el predio y tiene un cultivo ilícito? pues que se le aplica la extinción de dominio. Por eso es tan importante lo dicho por Juan Camilo Restrepo: que el 80% del proceso de paz es la reforma rural integral, a eso hay que apuntarle, y eso pasa por un fondo para adquirir tierras, titular tierras etc. Esa es la real transformación de este país, no olvide que la causa del conflicto es un problema agrario. «Hacer la reforma rural integral del país cuesta muchísima plata, y no es una cosa que se haga en un año, es un proyecto del país, una especie de plan Marshall que requiere recursos para transformar la vida de la gente.» Foto: Pares Todo lo que se haga en este sentido es importante hacerlo con la participación de la comunidad. Tiene que llevar proyectos productivos, tiene que haber acuerdo, esa es la base de la participación, lo que le da fuerza es la participación de las comunidades en la discusión de los temas, tomar decisiones y asumir que es un problema de tierras. Este cuento que donde haya problemas de tierras entonces no nos metemos, donde haya dificultad de acceso tampoco, donde haya superposición con zonas de reserva forestal menos, ¿entonces? a ese paso terminarán ejecutando el Programa en la Sabana de Bogotá. Esos son los problemas que hay que enfrentar y el Acuerdo de Paz puso de presente una serie de conflictos y situaciones que el país desconocía. Por ejemplo, no conocía el conflicto que había entre comunidades campesinas y comunidades afro y consejos comunitarios en la zona de Tumaco, pues a seso hay que buscarle solución; a los campesinos que han ocupado con cultivos las zonas de reserva forestal hay que buscar una solución y eso lo plantea el Acuerdo. No olvide que el eje, la columna vertebral del Acuerdo de Paz es la reforma rural integral y eso tiene nombre propio: tierra. Hacer lo que no se hizo durante todo el siglo pasado.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Un día Helí Ramírez —poeta callejero— escribió: “(…) de las ilusiones que me hago a alguna llego. Yo no nací para morir antes de estar muerto. Olvídese. (…) Me he planteado otras consignas para ser feliz entre la realidad cotidiana siempre de reina cruel.” Estos versos hablan de la apuesta que se planteó la Corporación Robledo Venga Parchemos de Medellín, desde lo que es ‘el parchar’; tal como lo dice Katherine Urrea Velásquez —o Cleo como es mejor conocida— quien señala que “el parche es una propuesta de confluencia entre jóvenes para proponer y accionar con otras formas de pensar y vivir; para construir territorio y eso que llamamos comunidad”. La Corporación Robledo Venga Parchemos apuesta as que «como jóvenes, pudiéramos parchar en el barrio.» Foto: Corporación Robledo Venga Parchemos De esta forma, Robledo, que es la comuna siete (7), ubicada en la zona noroccidental de la ciudad, empezó a tomarse en serio lo político desde el parchar. Para ‘Cleo’ “parchar es encontrarse para pasarla bueno, para disfrutar, pero con contenidos que nos pongan a pensar sobre las realidades que están en nuestros contextos y de las alternativas de eso que nosotros llamamos otros mundos posibles”. Las calles, las apuestas, los escenarios Cleo cuenta que desde la Corporación Robledo Venga Parchemos la “apuesta desde el principio fue que, como jóvenes, pudiéramos parchar en el barrio; que no nos tuviéramos que ir a la centralidad para hacer lo que a nosotros nos gusta. Para conversar, para hacer arte, para tomarnos las ‘polas’. El proceso nos ha permitido, entre otras cosas, la reivindicación de las y los jóvenes dentro del territorio para salir de los estigmas que nos han asignados por el hecho de ser jóvenes”. La apropiación y la reapropiación de los espacios en la comuna de Robledo, que es vital por el hecho de que es una de las comunas que más espacios públicos tiene en Medellín. Sin embargo, tal como lo reconoce ‘Cleo’, ha sido un espacio público que se ha reducido históricamente a la infraestructura, generando que algunos espacios empiezan a ser habitados por otros que crean imaginarios colectivos sobre el territorio y que no corresponden con la comunidad. Eso genera, entre otras cosas, que los habitantes no se apropien y no circulen por la comuna, tal como lo precisa ‘Cleo’. Un habitar real De acuerdo con el relato de ‘Cleo’, Robledo Venga Parchemos nace en el año 2012 impulsada por un grupo de jóvenes que hacían arte, pero por fuera de la comuna y del barrio. En esos espacios, se dieron cuenta que muchos de los que participaban vivían en el mismo sector de Robledo, de Aures y Villa Sofía. Para ese momento, según cuenta ‘Cleo’, el ambiente en el barrio era muy hostil, el territorio atravesaba un periodo de fronteras invisibles. Fue entonces cuando decidieron reunirse para proponerse parchar en el barrio y, de esta forma, como jóvenes poder habitar el territorio desde lo que les gusta; el arte. En otras palabras, una propuesta de vida dentro del territorio. Robledo Venga Parchemos nace en el año 2012 impulsada por un grupo de jóvenes que hacían arte, pero por fuera de la comuna y del barrio. Foto: Robledo Venga Parchemos “Queremos parchar, pero lo queremos hacer en la calle, porque es el escenario auténtico de la gente. Nuestros lenguajes han sido la literatura, el arte, la música, el disfrute. Así dimos vida a una propuesta para llenar de vida los lugares del barrio. Con esta acción, la idea es desinstalar esos imaginarios de violencia y de miedo; para que realmente puedan ser territorios que habitemos, territorios llenos de apuestas de vida”, expresa ‘Cleo’. La cultura es itinerante… ¡Que parche la vecindad! Tirar propuestas pensadas para el territorio ha sido la constante para Robledo Venga Parchemos y, según señala ‘Cleo’ —a lo largo de estos años— le han apuntado a la reconstrucción del tejido social que ha estado tan debilitado. “Lo que nosotras hacemos busca que una a la gente. Que se junten los vecinos, conocernos y reconocernos en el marco de temas que tenemos que conversar dentro de la comunidad y en las practicas que nos enriquecen culturalmente”. De esta forma, fue que empezaron a desarrollar lo que denominaron las “Lunadas Artísticas y Culturales” de forma itinerante por el barrio. Escogían lugares en el sector, se reunían —no era algo demasiado planeado reconoce ‘Cleo’— e invitaban parceros y parceras. De esta forma, el espacio se fue alimentando de música, de marchas por el sector, propuestas artísticas; para poder ir convocando más gente al espacio y que lo reconocieran como suyo desde el barrio. ‘El andén es el escenario más incluyente’ Tal como un día lo anunció Nicanor Parra, escritor chileno, la poesía debía bajar del Olimpo que le restringe su sentido social y el acceso del pueblo, escribió; “Contra la poesía de salón… La poesía de la plaza pública, La poesía de protesta social”. En la misma dirección apuntó Robledo Venga Parchemos para llevar las acrobacias, el teatro, el circo, la música y el cine a la calle; que pertenece a la gente de Robledo. “Nuestro sentir en Robledo como jóvenes es que entiendan nuestras formas de ser jóvenes, por ejemplo, como lo es habitar el territorio desde el arte. Reconocer cuales son las prácticas en como jóvenes nos reconocemos y desde las que construimos. Además, cómo abrazar a esos jóvenes que son estigmatizados por las formas que optan para contarse como jóvenes”, expresa ‘Cleo’. Nada de paisajes artificiales Robledo Venga Parchemos es una respuesta juvenil a este a país que ha ninguneado a los y las jóvenes. Para ‘Cleo’, apostarle al trabajo con jóvenes tiene que ver con que “nos estamos pensando este país y estamos buscando propiciar propuestas por medio de espacios, pero tangibles. Por ejemplo, con alternativas con las que podamos caminar a otro país posible. Nos estamos pensando muchas cosas y a eso hay que darle lugar, pero por fuera de la estigmatización. Esos que rezan que los jóvenes no sabemos lo que queremos, no pueden ver que sí sabemos lo que queremos y que propuestas es lo que hay”. “Hay unos principios que nos rigen: el antimilitarismo, el Buen Vivir y Equidad de Género que permean todas las actividades que se llevan a cabo en la Corporación.” Foto: Robledo Venga Parchemos Dentro del trasegar de la Corporación, explica ‘Cleo’, han existido muchos espacios formativos y de eventos. En este momento, los lunes y los jueves hay acrobacia aérea y de piso de 7 p.m. a 9 p.m.; los martes hay taller de teatro 5 p. m. a 8 p.m. y cada 15 días hay cine al aire libre. Los talleres de acrobacia aérea se hacen en un puente, relativamente nuevo, en Robledo; que conecta el sector de Aures con Villa Sofía. Los talleres de teatro se hacen en la sede de la Corporación, así como la proyección de las películas. Según cuenta Cleo, el público principal son los jóvenes del sector. De hecho, cuenta que, en acrobacia aérea, están desde los 12 años hasta los 32 años y en el taller de teatro de 16 a 32 años. Por su parte, “los ciclos de cine si los hemos pensado con público más amplio, por eso decidimos empezar con el ciclo de cine infantil y así seguir con un ciclo para jóvenes. Al finalizar los espacios de proyección, se hacen círculos de la palabra para generar reflexiones de las películas”. Los espacios son apuestas discursivas Cleo señala que en los espacios “hay unos principios que nos rigen: el antimilitarismo, el Buen Vivir y Equidad de Género que permean todas las actividades que se llevan a cabo en la Corporación.” En el semillero de acrobacia hay un trabajo focalizado en lo técnico, es decir, el fortalecimiento de todas las técnicas de acrobacia. A su vez, trabajan para el fortalecimiento de los vínculos entre las mujeres, porque —aunque llegan hombres a acrobacia aérea; mayoritariamente son mujeres— sin decir que no estén vinculados a la dinámica. Ahora, como es un trabajo desde el cuerpo; permite que las integrantes reconozcan su cuerpo en clave del trabajo colectivo. Por parte del teatro, “hemos tenido ciclos desde el teatro de los y las oprimidas; llevando a la puesta en escena y en los ejercicios escénicos; desde la problemática que vemos desde el territorio qué alternativas creemos, cuáles son los actores que componen esas realidades, qué incidencia tenemos nosotros también como actores. Claramente el enfoque del teatro es desde lo comunitario, nosotros como jóvenes qué tenemos que decir”. “La Lunada Artística y Cultural” Según cuenta Cleo, este el evento más grande porque es más a nivel de ciudad y que se realiza en el teatro al aire libre. La próxima lunada, por ejemplo, se realizará el próximo 24 agosto y tiene la temática de Reconciliación en el marco del posconflicto. En la Lunada se presentan todas la expresiones artísticas, escénicas y musicales. Foto: Robledo Venga Parchemos Se hará desde las 4 p. m. con una marcha carnaval por el territorio. Desde las 6 se llevará a cabo la programación que se extiende hasta la media noche. Además de arte, en la lunada compartimos alimentos; se hace una olla comunitaria que auspicia un compartir en torno al alimento. La antesala de la Lunada Hay dos eventos que preceden a la Lunada, que son “La cervezada literaria” o “el canelazo literario” o “chichada literaria” —dependiendo con quien estén desarrollando el espacio— y se hace ochos días antes de la lunada. Entonces, a partir de la temática de la Lunada, empiezan a pensar en clave de Reconciliación en el Posconflicto para el caso de la que se aproxima. Por medio de la literatura la conversación permite traer reflexiones con respecto a la temática. Quienes participan, señala ‘Cleo’, deben llevar textos alusivos a la temática. A su vez, pueden llevar escritos propios y sobre esos escritos hay un espacio para hacerles un reconocimiento. En la lunada se llevan a cabo la lectura de los escritos escogidos.

Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia de juzgamiento disciplinario al senador Ernesto Macías por el presunto incumplimiento del Estatuto de la Oposición, Ley 1909 de 2018, durante la instalación de las sesiones del Congreso, el pasado 20 de julio. El ente de control le reprocha al entonces Presidente del Congreso el que no hubiera permitido la intervención del representante de los partidos o movimientos políticos con personería declarados en oposición, inmediatamente después de que terminara su intervención el jefe de Estado, y sí decretado un receso, con lo que habría interrumpido el desenvolvimiento de la sesión, y contrariado el régimen y la finalidad de las normas que regulan los derechos de la oposición. La falta del senador Ernesto Macías Tovar fue calificada en esta etapa como grave a título de dolo, por el conocimiento y la voluntad evidenciados en la expresión “esta es mi última jugadita de presidente”, que buscaba una presunta violación de los principios a la igualdad, imparcialidad, a la participación política efectiva y el pluralismo político, y a la moralidad. El juzgamiento verbal contra Macías Tovar, que inició de oficio el Ministerio Público, se da con la evidencia encontrada por la no inclusión en el orden del día de la intervención del vocero (a) de los partidos políticos declarados en oposición, conforme los documentos allegados al expediente y lo registrado en el video de la transmisión oficial de la jornada de instalación de las sesiones del Congreso, el sábado 20 de julio, que también fue incorporado al expediente. Con su conducta el investigado podría haber incumplido los artículos 1, 2, 111, 112 y 141 de la Constitución Política; 3, 5 y 14 de la Ley 1909 de 2018 (Estatuto de la Oposición), 13 de la Resolución 3134 de 2018 del Consejo Nacional Electoral, y 19 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso).

Por: Redacción Pares Las autoridades indígenas del norte del Cauca denuncian el asesinato del guardia indígena Gersain Yatacue del municipio de Toribio, quien se desempeñaba como coordinador de la guardia de la vereda San Julián. Según el coordinador zonal de la guardia Oveimar, los hechos ocurrieron cerca de las 2:00 pm de este 1 de agosto de 2019, cuando Gersian se dirigía a su lugar de origen fue abordado y asesinado por hombres desconocidos en el sector de Pajarito resguardo de Huellas Caloto. En este momento la guardia indígena se dirige al lugar de los hechos para la verificación de los mismos y dar con los responsables de este asesinato. Esta situación se presenta como represalias al ejercicio de control territorial que se está haciendo en el Norte del Cauca. “Hoy estamos siendo objetivo militar de los grupos que quieren causar desarmonías en los territorios, por eso hacemos un llamado a la comunidad para continuar con este ejercicio” manifestó el coordinador zona de la guardia indígena del norte. Cabe recordar que el pasado 26 de julio de presente año , miembros de la Guardia Indígena Kiwe Thegnas fueron víctimas de un atentado perpetrado por supuestas disidencias de Las Farc, quienes atacaron con varias ráfagas de disparos y granadas de fragmentación. Este ataque ocurrió en la vereda La Chivera. Esto en el corregimiento El Palo, en la vía que del municipio de Caloto conecta con el Toribío donde resultaron heridos cuatro guardias indígenas que se movilizaban en un vehículo.

Por: Redacción Pares Esta semana la Comisión de la Verdad recibió el informe ‘Universidades Públicas Bajo Sospecha: Represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia (2000 – 2019)’ elaborado por la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero (AJAFR). En el informe se recogen algunas de las consecuencias que ha producido el desarrollo del conflicto armado en el seno de las universidades públicas del país, incluyendo la documentación sistematizada de más de 100 casos de asesinatos a estudiantes, sindicalistas, profesores y profesoras. Jorge Enrique Freytter Florián, uno de los autores del libro, explicó la importancia del documento: “Presentamos este informe para mostrar la represión que se vivió en las universidades públicas. El informe refleja los índices de persecución que vivieron profesores, estudiantes y líderes sindicales y en algunos casos la persecución directa por parte de estructuras estatales y el paramilitarismo”. Freytter, quien vive exiliado en el País Vasco, España, es hijo de Jorge Adolfo Freytter Romero, profesor de la Universidad del Atlántico, quien fue secuestrado, torturado y asesinado, entre el 28 y 29 de agosto de 2001 en Barranquilla. La familia del profesor pide que este crimen sea reconocido por la Fiscalía General de la Nación como de lesa humanidad. “Este informe es un ejemplo de que la Comisión quiere escuchar a las víctimas que están en el exilio, que quiere unir esa verdad que hay aquí en Colombia con la verdad que se construye afuera” Carlos Berinstain, comisionado. Foto: Comisión de la Verdad Por su parte, Yessika Hoyos, del Colectivo de Abogados Jaime Alvear Restrepo (CAJAR) destacó la investigación desarrollada y el valor que tiene para el trabajo de la Comisión: “Es importante que el país conozca el caso de las universidades públicas y que no se olvide. Porque fue la toma de las universidades y fue la estigmatización a personas que fueron señaladas de terroristas por mostrar su pensamiento crítico. Fueron señalados como enemigos internos y señalados públicamente para legitimar la arremetida que hubo después contra ellos”. Marta Ruiz, comisionada, agradeció el esfuerzo de los autores y explicó la importancia que tiene este informe para mostrar la victimización que se vivió en las universidades impidiendo el libre desarrollo de la cátedra, del pensamiento y los ataques a los líderes estudiantiles. “La Comisión ha optado por examinar patrones de violencia, no esclarecer casos individuales. Además de generar unos contextos explicativos para aclarar el por qué se produjeron. El conflicto armado interno no es solo una dinámica bélica, es también una dinámica política, que se enlaza con lo social y nosotros debemos dar una explicación histórica sobre cómo se relacionaron los grupos armados con la política, con lo social e incluso con lo cultural. Nuestra misión es explicar el entramado que nos llevó a tener un conflicto tan largo y que llega a dejar 9 millones de víctimas”, dijo.