Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares A pesar de que transcurrieron nueve (9) meses desde que se hundió la avanzada uribista que pretendía crear salas especiales para las fuerzas militares, la iniciativa resurgió, nuevamente, desde la vocería de la senadora del partido Centro Democrático, Paloma Valencia y el jefe máximo del partido; Álvaro Uribe Vélez. Como era de esperarse, en la radicación del proyecto de Acto Legislativo, la senadora Valencia aprovechó para sembrar dudas sobre los magistrados de la JEP, aún más después del fracaso del presidente Duque con las objeciones contra el Tribunal de Paz. Un cerco para las versiones de las FFMM “Nosotros consideramos que los hombres de nuestra Fuerza Pública, solados y policías, que ofrendado sus vidas para defender la democracia colombiana deben por lo menos tener la presunción de inocencia, que supone, que no haya confesiones a cambio de una negociación. Además, que los jueces que los juzguen conozcan el DIH y que no tengan una parcialización en su ideología”, señaló la senadora. En su momento —como ahora— la senadora del partido de gobierno ha señalado que el proyecto ella radicó permitirá que “las Fuerzas Armadas de un país democrático no se puedan equilibrar, poner al mismo nivel de quienes han cometido actos terroristas”; debido a que, en las toldas uribista, entre otras cosas, se ha venido alimentando un discurso de desconfianza con el Tribunal de Paz. Para el uribismo, existe un supuesto sesgo ideológico por parte del tribunal que configura la JEP. El malestar de Uribe Por su parte, cabe recordar que Uribe se ha visto especialmente interesado en la creación de dichas salas para militares. En octubre de 2018 —mientras el ambiente estaba caldeado por la votación de la Ley Estatutaria de la JEP— Uribe manifestó declinar en favor de la JEP siempre y cuando se creara una sala de el juzgamiento exclusivo de la Fuerza Pública en el sistema de justicia transicional. De hecho, el jefe del Centro Democrático señaló “Tratar el caso de las Fuerzas Armadas dentro de la JEP, en una sala especial, implica de parte de quienes nos hemos opuesto a la JEP, tener que aceptarla y pedir ya no la revocatoria de la JEP, sino una sala especial para los militares. Eso no implica desconocer el acuerdo”. Un proyecto reencauchado Tal como lo dio a conocer el Centro Democrático ante la opinión pública, el proyecto de Acto Legislativo que busca las salas especiales paras la Fuerzas Armadas revive una gran polémica que trajo consigo el primer intento que tuvo fecha en 2018. El proyecto da poder para que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, escoja los seis magistrados que conocerían los casos y escucharían las versiones de los militares. En la versión 1.0 de las salas especiales traía consigo, como requerimiento, que el presidente escogiera los magistrados para los militares; tal como en la versión 2.0 de 2019. Sin embargo, la polémica que desató esta propuesta hizo que la senadora María Fernanda Cabal abriera la posibilidad de que la escogencia quedara en manos del Congreso de la República. Advirtiendo este panorama, Paloma Valencia señaló que este aspecto podría someterse a debate y discusión. Tal como se encuentra en este momento la decisión la tomaría Duque y la refrendaría el Congreso. En la radicación del Acto Legislativo, Valencia expresó algunas de las razones por las que espera esta vez tenga éxito su avanzada; “como lo hemos venido diciendo los militares no tienen un fuero penal militar en Colombia. La mayoría son juzgados por la justicia ordinaria. Ni siquiera toman las normas del DIH, que son las normas que se le debían aplicar a un militar, sino que los juzgan con el código penal. Su única alternativa es la JEP porque toma normas del DIH; pero quedaron errores como la presunción de culpabilidad de los miembros de la fuerza pública”. Las salas entre el silencio y la garantía Es claro que para las toldas uribistas hay un interés genuino en las condiciones en las que los militares entreguen versiones, aun cuando con las mismas se cuenta para la reconstrucción de la verdad de lo sucedido en las vicisitudes del conflicto armado. En este sentido, la apuesta está en establecer una sala dentro de la JEP para que, de manera exclusiva, se juzgue y se conozcan los casos que competen a los miembros de la Fuerza Pública. De esta forma, la avanzada uribista busca que proyecto de Acto Legislativo cree una sala de dos instancias, de las que se encargarían; tres magistrados en primera instancia y los tres restantes en segunda instancia. Es decir, la primera estará encargada de la revisión de sentencias y la segunda se centrará en la apelación. Así las cosas, tanto los magistrados y los fiscales de la sala especial tendrán el beneficio de conocer de manera preferente las conductas cometidas por las FFMM. El papel de la Procuraduría y a la Fiscalía A su vez, el proyecto de Acto Legislativo trae consigo la creación de una unidad de Investigación y Acusación para miembros de las FFMM, que requiere, como mínimo, ocho ficales que también serían nombrados por el presidente Duque. Asimismo, en dicha unidad se requiere de un coordinador de dichos ficales, que será escogido por el fiscal general de la Nación. La iniciativa uribista también incluye a la Procuraduría General de la Nación, pues el órgano de control, desde le procurador “deberá designar agentes especiales para que intervengan en las actuaciones y los procesos que se surtan ante la Sala y secciones para miembros de la Fuerza Pública”, tal como indica el documento. A pesar de que quieren el Centro Democrático quiere la vocería, los militares están yendo a la JEP. Tal como lo había señalado Pares, el momento ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se han presentado más de 300 comparecientes de la fuerza pública que obtuvieron en la jurisdicción ordinaria los beneficios para continuar su sometimiento ante la JEP. Los comparecientes continúan con el trámite de sometimiento ante la jurisdicción para ser llamados en su momento por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, la Sección de Revisión o las Secciones de primera instancia que corresponda, donde se resolverá de manera definitiva su situación jurídica. Verdades necesarias Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el Ejército Nacional está implicado en 1065 casos en Desaparición Forzada, 2988 casos en Asesinatos Selectivos, 219 Masacres y 126 en Casos de Violencia Sexual; lo que lo configura como un actor necesario para la reconstrucción de la verdad para las víctimas en Colombia. A su vez, para finales del mes de febrero de 2019, la JEP registra el sometimiento de 1.958 miembros de la Fuerza Pública. El Ejército y el uribismo no estaría alineado con el tema de la JEP, ya que, para diciembre de 2018, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, se han presentado militares a entregar versiones de batallones como Artillería No 2 (La Popa) de Valledupar (César), la Brigada Móvil 15, con sede en Ocaña (Norte de Santander); el Grupo Gaula Casanare (Yopal), la Cuarta División del Batallón de Artillería No. 4 “Jorge Eduardo Sánchez”, en Antioquia; el Batallón No. 15 Francisco de Paula Santander y la Tercera División del Ejército en el departamento del Cauca. Un largo camino Hay que hacer hincapié en que la avanzada uribista, por el hecho de tratarse de tratarse de una reforma constitucional; necesita superar ocho debates en el Congreso. De estos ocho, cuatro deben darse antes del 16 de diciembre de 2019. El uribismo debe tener en cuenta que, ya para marzo de 2019, la Corte Constitucional declinó los intereses del uribismo con respecto a la creación de salas especiales. Precisamente, el alto tribunal encontró que el artículo 75 de la ley de procedimiento de la JEP es inconstitucional. Según José Fernando Reyes, magistrado ponente, la idea de una sala especial para militares representa un riesgo para el tratamiento igualitario de la JEP frente a todos los involucrados en casos en el marco del conflicto armado.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El último informe de la organización internacional Global Witness, que trabaja en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, señaló que Colombia es el segundo país más inseguro en el mundo para que los líderes y lideresas ambientales puedan ejercer las labores en defensa de los territorios. Este diagnóstico es una razón adicional para aceptar la sistematicidad de los asesinatos de líderes y lideresas sociales en el país, que desde el gobierno anterior hasta el actual, no han querido reconocer. La Fundación Paz y Reconciliación-Pares conversó con el sociólogo, investigador y activista ambientalista, Mateo Córdoba, sobre el panorama de los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia, y quienes ponen en riesgo su vida para salvar a los territorios de prácticas extractivas o colonizadoras. De acuerdo con Córdoba, el tema de la seguridad para los líderes sociales en general es bastante complicado, debido a que, en los últimos gobiernos, tanto el de Álvaro Uribe, el de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque le han apostado a un modelo de desarrollo absolutamente extractivista y eso por supuesto pone en riesgo a ciertos liderazgos. “Estas actividades extractivas en función de la actividad económica llevan a que las empresas contraten ciertas labores de seguridad, e incluso soliciten militarización, debido a la presencia de estructuras criminales, en zonas que también son estratégicas para la protección del territorio en muchas comunidades”, expresó a Pares. En ese sentido, son escenarios que agudizan la situación de los líderes ambientales en los territorios, pues a muchos se les señala de estar aliados con la insurgencia o con grupos armados organizados-GAO, y por supuesto quedan en la mira de la fuerza pública o estructuras paramilitares. La ONG también señaló que en Colombia se registraron 24 asesinatos de líderes y lideresas que trabajan en pro del medio ambiente. Sin embargo, el experto señaló que las cifras muchas veces son estimaciones muy bajas comparadas con lo que en realidad sucede en los territorios, las denuncias que no prosperan o las amenazas que nunca se conocen. “Pero evidentemente esta movilización ambiental en Colombia ha tomado mucha fuerza, y por lo mismo se ha venido presentando un escenario y persecución a líderes y lideresas sociales en territorio”, apuntó. Por ejemplo, está el caso de la abogada, líder social y política, Yamile Guerra, que estaba realizando un trabajo en torno a la defensa del páramo de Santurbán, y fue asesinada presuntamente por el litigio de unas tierras con el objetivo de proteger el macizo montañoso. Lo que sí está claro es que la minería, la deforestación, y también la explotación forestal ponen en peligro a los líderes sociales. Por ejemplo, que un líder o lideresa se oponga a esas tareas de acaparamiento de tierras o quema de bosques, es una indudable amenaza para él o ella. “Y la respuesta de las autoridades en Colombia desafortunadamente es capturar a un campesino que está talando, sacar con el Esmad a los campesino o a las comunidades que viven en los parques nacionales, entonces también hay un aparato institucional que funciona en conjunto con en esa estigmatización”, señaló el experto. Baja protección a los ecosistemas colombianos Para Córdoba, en muchos espacios a nivel internacional se referencia a Colombia como una de las instituciones más ambientalistas del mundo, y como uno de los países más rígidos en el tema de la protección del medio ambiente. No obstante, en los territorios eso se desdibuja porque en Colombia -particularmente- hay dos elementos que dificultan que se materialice esa aparente rigidez en la protección ambiental. El primero es la laxitud del licenciamiento ambiental en muchas zonas de Colombia. Puesto que, hay proyectos extractivistas que no requieren licenciamiento ambiental porque están activos desde antes de 1993, cuando se expidió la ley 99 que empezó a regular los permisos ambientales. Entonces, está el fenómeno de la flexibilización de las normas ambientales, y de la voluntad de los gobiernos de hacer minería y extraer petróleo a toda costa. Y en segundo lugar, está el fenómeno de las ‘puertas giratorias’, que consiste en que hay funcionarios que duran dos años en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por ejemplo, y luego pasan a las empresas, se devuelven al Estado y otra vez pasan a las multinacionales. “Esto demuestra un escenario de cooptación corporativa del Estado, entonces esto también dificulta mucho esa normativa ambiental que en el papel es muy fuerte, pero que no aplique porque las empresas mineras están liderando la acción institucional en materia ambiental y eso es dramático para las comunidades, para los líderes y lideresas sociales y para los ecosistemas en muchas zonas del país”, agregó el analista. Una condena para el Amazonas Las consecuencias de ignorar el asesinato a los defensores y defensoras, es la debacle ambiental. En Colombia, el fenómeno de deforestación es el más importante y dramático desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 con la exguerrilla de las Farc, cuando el grupo insurgente dejó las zonas históricamente ocupadas y les dio vía libre a nuevas estructuras armadas que actualmente se disputan los territorios y empezaron la tala indiscriminada. “Por eso, no defender a nuestros líderes y lideresas sociales que se mueven en contra de estas mafias deforestadoras, es simplemente condenar al Amazonas a desaparecer. Aquí en Colombia estamos acostumbrados a sacar pecho porque somos un país megadiverso, porque somos un país que tiene buena parte de lo que hemos denominado el pulmón del mundo. Pero no hemos entendido, no solo los ciudadanos, sino el Estado que hay medio ambiente si garantizamos la vida de quienes lo defienden”, indicó. En definitiva, los líderes sociales en Colombia han demostrado ser los principales garantes de la estructura ecológica de muchos territorios. Si los líderes y lideresas sociales que han abanderado la defensa del páramo de Santurbán son amenazados y asesinados, se corre el peligro de que en algunos años ya no haya páramo de Santurbán, y en cambio, llegue la minería aurífera. Si los colombianos y colombianas no defienden a los líderes Wayuú que se oponen al desvío del río Ranchería, de la contaminación de las fuentes hídricas en la Guajira por parte del Cerrejón, pues en unos años se hablará de unos ríos que ya no existen, y por otro lado una comunidad indígena que se extinguió de sed. “Entonces en últimas el gran peligro de no defender a nuestros líderes y lideresas es ese, es poder perder esa gran riqueza que siempre nos ha enorgullecido: la cultural y ambiental, y ha quedado más que demostrado que las comunidades son las garantes del cuidado ambiental en muchos territorios. Por eso, si siguen minimizando el problema y si se sigue negando la sistematicidad y si seguimos apareciendo en ese vergonzoso ranking de Global Witness, pues en algunos años no solo no tendremos líderes ambientales, sino que tampoco tendremos una riqueza ambiental”, concluyó.

Por: Juan Manuel Torres Erazo. Coordinador PARES PACÍFICO Pares-Pacífico habló con Juan José Arango, médico, pajarero, humanista, libre pensador y youtuber antioqueño. Los temas fueron el proceso de paz, las elecciones presidenciales de 2018, el balance del año del gobierno Duque, el regreso del uribismo, su labor de pajarero y su papel en el proceso para traer a Cali la exposición fotográfica El testigo de Jesús Abad Colorado. Juan José Arango fue durante 18 años director de la Unidad Cardiovascular y del Instituto de Investigaciones Clínicas de la Fundación Valle del Lili de la ciudad de Cali, es un investigador clínico, curioso por diversos temas científicos que lo han llevado a escribir seis libros y a publicar cientos de videos en YouTube. Ha sido galardonado con el premio “Manuel Uribe Ángel” al mejor médico de la promoción antioqueña de 1985, con la distinción “Excelencia en Cardiología” de la Sociedad Colombiana de Cardiología y con la “Orden Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia” en el año 2000. Como pajarero es de los más reconocidos a nivel nacional e internacional. Sus fotografías en Flickr tiene más de 14 millones de visitas. Se dedica a recorrer el país buscando pajaritos para fotografiar, además de editar fotos y realizar videos. “Si yo me quisiera definir yo pensaría que soy un hombre de izquierda, pero estoy muy lejos, muy lejos, de ser comunista”, reconoce abiertamente que es un ateo militante y tiene la mente abierta a tratar temas polémicos. A sus 58 años, ya retirado, y después de una trayectoria académica y profesional reconocida, dedica parte de su tiempo a los análisis políticos: es un ciudadano informado y por lo tanto una voz crítica autorizada para hablar de la situación del país. Pares: El plebiscito de 2016, que aparentemente era un trámite, se convirtió en el punto de partida de una discusión que no termina y que parece ahondarse más, ¿usted que reflexión tiene de lo que dejó ese proceso de consulta a la gente sobre la paz? Juan José Arango: Yo tengo dos pensamientos con respecto al plebiscito: el primero es que probablemente me voy a morir sin comprender cómo es posible que en un país se le pregunte a la población si quiere parar una guerra y gane que no, simplemente no puedo entender; también sé que hubo prácticas de manipulación de la sociedad absolutamente inadecuadas, de público conocimiento, confesadas por el gerente de campaña del NO, con lo cual a punta de mentiras promovieron la votación. Pero también es verdad que algunos que hicieron campaña por el SÍ también dijeron mentiras, de manera que la mentira parece ser una forma de hacer política en Colombia. Pares: ¿En ese momento usted cree que se marcó la disputa política a la que ahora llaman polarización? o ¿simplemente ahí se expresó algo que ya venía surgiendo en la sociedad? J.J.A: Yo no estigmatizo la polarización, no es una cosa a la cual haya que temerle, porque me parece que la polarización es una de las bases de la democracia: la democracia está basada en el disenso. Creo que el proceso de paz dividió el país en partidarios y enemigos del proceso de paz, yo soy de aquellos que piensan que esa frase de que “paz si, pero no así”, es simplemente una imbecilidad. Pares: Hace un año fueron las elecciones para la presidencia. En este momento, después de un año, le voy a preguntar sobre esas tres parejas que estuvieron en la disputa. J.J.A: En primera vuelta voté por Fajardo sin estar extremadamente convencido, entre otras cosas porque yo no estoy seguro de qué tan uribista sea en el término de su fondo político, de su forma de pensar, de su forma de concebir la sociedad; pero vote por él básicamente porque la educación es fundamental sobre el cual hay que trabajar para sacar a la sociedad adelante. Yo no voy a votar por Sergio Fajardo en lo que se viene, no es el personaje de mi elección, porque no me gustan las personas que no son claras cuando se les hacen preguntas concretas. Me parece que en ocasiones Sergio Fajardo da respuestas para tratar de obtener votos de todos las vertientes políticas y eso no es posible: a mí me parece que uno debe tener posiciones claras con respecto a determinados temas, uno es partidario o no es partidario de matrimonio igualitario, uno es partidario o no es partidario de eutanasia, uno es partidario o no es partidario de la adopción de parejas del mismo sexo, uno cree en Dios o no cree en Dios, yo tengo la percepción de que él es ateo pero no lo dice. Entonces él simplemente ni sí, ni no, Sergio Fajardo no se deja conocer bien y no me gustan las personas a las cuales no puedo definir. En segunda vuelta voté por la pareja de Petro y Ángela María Robledo, porque aunque me parece que el personaje de Gustavo Petro es muy polémico y en ocasiones uno cree que tiene visos o sensaciones como emperador o personaje superior a los demás, en lo que él manifiesta desde el punto de vista político, estoy de acuerdo prácticamente con todo y lo mismo con Ángela María Robledo, yo soy un hombre de izquierda que está muy lejos de ser comunista. Al final ganó el peor candidato de los que había para escoger, en algún momento hice un video en redes sociales para segunda vuelta diciendo: el peor candidato que teníamos de todos era Iván Duque, sin que tenga ninguna animadversión personal por él, no lo conozco, entiendo que es un hombre muy decente, muy buena persona, muy querido. Duque fue un hombre que terminó de estudiar y se fue a una oficina en Washington, a hacer hojas de Excel y modelos económicos y un programa sobre economía naranja que no deja de ser más que una presentación de PowerPoint, larga y con algunas ideas sueltas sin ningún hacedero real. Volvió y se ganó, por matricularse en el Centro Democrático, cuatro años en el Congreso y luego por esas carambolas de la vida ahora la Presidencia de la República sin comerlo ni beberlo y estamos viendo las consecuencias: estamos gobernados por una persona que no está preparada para el cargo que está desempeñando. Pares: A un año del regreso del uribismo al poder ¿qué lectura realiza? J.J.A: No sigo al presidente Uribe en su forma de pensar por supuesto, pero el uribismo como corriente filosófica tiene una visión de sociedad que está muy distante de la visión que yo tengo, si usted toma todos los preceptos que definen al partido Centro Democrático, yo tengo una visión opuesta de todos. No soy amigo de la regulación de la dosis mínima porque creo que eso atenta contra la libertad de las personas, yo creo que no se puede dividir o cohibir, evitar, o regular la manifestación y el derecho a la manifestación popular, a las marchas y a la protesta civil, es decir, que todos esos preceptos de la regularidad y del retorno del orden, son contrarios a mi forma de pensamiento político. El regreso del uribismo al poder ha representado un enredo enorme para la dirección del país, porque no han podido gobernar con todos los preceptos que el uribismo más puro quisiera, ni con unos preceptos de centro como eventualmente muchos hubieran deseado. Lo que ha representado realmente al uribismo al poder es una sensación de falta de una hoja de ruta, de una dirección o de un rumbo por el cual el país esté tomando, la incertidumbre con respecto a muchos aspectos, el proceso de paz entre ellos ha marcado el ambiente de la coyuntura tan difícil en la que en estos momentos. Por ejemplo, yo interpreto este evento de la bandera LGBTI en Medellín como el envalentonamiento de muchos que se sienten empoderados porque están en el gobierno con el Centro Democrático, yo estoy seguro de que el pensamiento del presidente Duque con respecto al comunidad del LGBT, no es el de ese señor que fue y rompió la bandera, pero ellos se sienten envalentonados porque realmente creen: el señor es un convencido de lo que está diciendo. Creo que el gobierno está haciendo el mayor esfuerzo posible para que en próximo periodo gane un candidato con ideas completamente opuestas y la culpa la va a tener el talante del gobierno actual. Pares: ¿usted cree que el presidente Iván Duque esté impreso de eso, como dice el analista Ariel Ávila? JJA: Yo no creo, yo digo que simplemente Duque es una persona inferior al cargo que está desempeñando. Pares: Usted tiene el libro “Detrás de la guerra en Colombia” de Ariel Ávila, ¿Qué reflexión le deja su lectura? J.J.A: Es un documento extraordinario que habla parte de la historia de este país. Ahora que estamos con una política, que no sé qué tan soterrada pues a veces es de frente, de tratar de ocultar nuestra historia, pues no va a ser tan fácil: nuestra historia no es solamente el Centro Nacional de Memoria Histórica, así intenten borrar documentos. Aparecen muchos textos que nos van a permitir conocer la historia del país y que no se pueden borrar, uno de esos es el libro de Ariel Ávila sobre “Detrás de la guerra en Colombia” que es un documento académico, producido gracias a muchos años, a mucha gente y mucha investigación, que describen muy bien lo que ha sido una guerra entre hermanos en este país y las razones por las cuales las violencias en Colombia persisten y que creo por ahora van a persistir. Pares: En Colombia es común hablar de violencia y conflicto en general, pero eso está marcado por la zona en la que se ha vivido y por las experiencias de vida, usted particularmente ¿qué recuerda de la violencia y el conflicto? J.J.A: He sido una persona víctima de la violencia desde que me acuerdo, en mi familia éramos cuatro y el porcentaje de secuestro es 50 %. Fui secuestrado por la Farc, a quienes no les tengo el más mínimo aprecio por supuesto, no se me puede acusar por tener el Síndrome de Estocolmo, aunque los perdoné hace muchísimo tiempo y soy partidario del proceso de paz y estoy dispuesto a sacrificar justicia, por verdad y por reparación y por paz y porque no le vuelva a suceder a otros lo que a mí me pasó. He sido víctima del conflicto armado desde que me acuerdo, he sido secuestrado en el Chocó, estuve muy cerca de la masacre de Bojayá, mejor dicho, cuando eso sucedió yo estaba a menos de un kilómetro de la iglesia secuestrado por el Frente 57: oí la versión de los señores guerrilleros que participaron de esa masacre, que es de conocimiento público que la pipeta fue lanzada por la misma guerrilla y que cayó en la iglesia donde se habían refugiado las mujeres, niños y los ancianos pues de la población de Bojayá. Esa experiencia marcó mucho mi vida, porque es muy difícil como cardiólogo intervencionista enfrentarse a ver que están gastando millones y millones de pesos para que un viejito no se muera de infarto, porque tiene un seguro de salud costoso, y uno se va a la selva a ver cómo nos matamos de a cien todos aliviados, todos sanos, por el simple hecho de ser pobres, de ser menos favorecidos. Pares: En su labor como pajarero, ¿a qué zonas ha podido ir en los últimos cinco años a tomar fotos de pájaros? J.J.A: Eso de ser pajarero no es una labor, ese es mi hobby: soy fotógrafo de aves y me lo tomo muy enserio, me he recorrido el país de arriba abajo. Yo trato de evitar zonas en las cuales se conozca que hay extensos cultivos de coca, simplemente porque puede uno estar de mala suerte y estar parado en el momento incorrecto en el lugar incorrecto y ser víctima de cualquiera de las violencias relacionadas con eso. Foto: JJ Arango. Chlorochrysa nitidissima – Multicolored Tanager – Tangara Multicolor Sin embargo, gracias al proceso de paz hemos podido ir a lugares donde no se podía ir porque ya no delinquen las Farc en esas zonas y porque no existe una estructura como la que las Farc tenía. A pesar de que haya violencias residuales asociadas al narcotráfico o a delincuencia, no es lo mismo que el ejército revolucionario de las Farc, eso la gente no lo comprende bien, pero los que lo hemos podido ver y vivir, y los que lo han estudiado a fondo, saben que las Farc eran realmente un ejército muy bien organizado, muy bien armado con una estructura muy seria. Hoy hay bandas repartidas pequeñas de bandoleros dedicadas al narcotráfico pero sin esa estructura que tenían antes las Farc; existe por supuesto el ELN que es una guerrilla organizada y seria pero no del tamaño de las Farc. Hay muchos sitios a los que hemos podido ir pero hay muchos sitios a los cuales se han ido deteriorando progresivamente porque las disidencias aumentan, porque más gentes se dedican al narcotráfico y porque hay violencias que todavía estamos muy lejos de que se acaben. Pares: ¿Hay algún lugar al que pudo ir gracias al Acuerdo de Paz y que le produzca un recuerdo especial? J.J.A: La primera vez fui a Mistrató, que era zona donde delinquía Karina, un lugar al que no se podía ir porque era una zona dominada por las Farc; de hecho allá fui y fotografié un pajarito que es mi pajarito de la paz que se llama la Pipreola jucunda. Fui a Mistrató y me subí a esas montañas, y yo veía a los niños yendo a la escuela normalmente con sus uniformes, a los campesinos trabajando en sus parcelas y se sentía un ambiente de paz y de tranquilidad. Porque la paz es importante es en los territorios, la paz no es importante para que las personas pudientes puedan regresar a sus fincas, la paz es importante para que los campesinos puedan vivir en sus tierras sin que se maten entre ellos. Foto: JJ Arango. Pipreola jucunda – Orange-breasted Fruiteater – Frutero Pechinaranja Pares: ¿Qué cambios sociales nota en el país en el marco del proceso de paz y todo lo que ha pasado después de la firma del Acuerdo Final? J.J.A: Las grandes conquistas sociales se han hecho a punta de protestas, de manera que estigmatizar la protesta social me parece un crimen. También sé que la gente hoy en día está mucho más dispuesta a salir a protestar por las cosas que cree justa; entonces creo que este país ha progresado cuando la sociedad se empodera y protesta. El proceso de paz ha generado una concientización en un sector de la población que estaba muy dormido, que está diciendo oigan, esperen, yo también tengo valor, yo no estoy pidiendo que me regalen nada, pero tengo derecho a tener oportunidades y vamos a luchar por ellas. A pesar de los obstáculos, la paz no tiene atajadero y cada vez hay más organizaciones creándose y moviéndose en esa dirección, creo que lo que estamos viendo es un fenómeno de bola de nieve creciente. Pares: Lo vimos muy activo con la exposición fotográfica de El Testigo, ¿cómo fue el proceso de traer próximamente la exposición de Jesús Abad Colorado a Cali? J.J.A: Bueno, ese es un proceso que surgió de la Alcaldía de Cali y de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. Yo sigo a Jesús Abad Colorado hace mucho tiempo en su actividad porque es un reportero gráfico del conflicto armado colombiano único en el mundo; porque él a diferencia de muchos otros reporteros gráficos, que han ido a zonas violentas del mundo y las han reportado muy bien, ha sido independiente, no ha ido nunca con ningún medio: él va solo, de cuenta de él y ha recorrido el país entero y ha documentado de manera increíble lo que ha sido el conflicto armado Colombiano. La curaduría de su exposición es sobresaliente, el trabajo de María Belén Sáenz de Ibarra es sensacional. El testigo de Jesús Abad Colorado es un testimonio desgarrador, todo el que va tiene que conmoverse y hay que hacer lo posible porque todos vayan. Yo tuve el privilegio de verla junto al alcalde Maurice Armitage y de recorrerla directamente con Jesús en el recinto donde está expuesta en Bogotá y afortunadamente la vamos a tener en Cali. Es un documento que hace parte de la memoria histórica colombiana y que no va a poder ser borrado de la historia de Colombia.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Tras la denuncia hecha por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, en la que aseguró que un grupo paramilitar colombiano incursionó en Venezuela y asesinó a seis campesinos venezolanos, se conoce información sobre enfrentamientos en zona de la frontera colombo-venezolana en la mañana de este martes 30 de julio. Tal como lo dieron a conocer las autoridades colombianas, los enfrentamientos se registraron en cercanías al Puente Internacional ‘Francisco de Paula Santander ‘ que conecta a Cúcuta con Ureña. A su vez, las autoridades reportaron que las comunidades de Boconó y Escobal están siendo forzadas a confinamiento en sus lugares de residencia, entre otras cosas, porque las comunidades han señalado el uso de explosivos y ráfagas de fusil en dichos enfrentamientos. La Fundación Paz & Reconciliación —Pares había alertado a la opinión pública la ola de violencia en zona de frontera. De hecho, se dio a conocer que alrededor de 4.000 personas han sido asesinadas desde 2012 hasta abril de 2019 en las zonas fronterizas, siendo Norte de Santander el departamento más afectado para el caso colombiano y Táchira para el caso venezolano. Dentro de las premisas señaladas por Pares, se encuentra que el epicentro de la confrontación ha sido, justamente, Ureña. El recrudecimiento de la violencia ha hecho que en la zona se pase de una tensa calma a órdenes de “toques de queda”, amenazas a grupos de personas, asesinatos selectivos, y; disputa territorial específicamente sobre puentes que conectan a Colombia con Venezuela y trochas fronterizas. Disputa territorial Por otro lado, el hecho de que se registren enfrentamientos en zonas como al Puente Internacional ‘Francisco de Paula Santander, según los análisis hechos por Pares, tiene que ver con una reorganización criminal que ha tenido como objetivo combatir al Eln. De hecho, tal como se había informado en meses como abril y mayo, el registro de acciones violentas en cruces fronterizos era la constante. Ahora bien, esto trae consigo balaceras en lugares circundantes a puentes y zonas fronterizas a Cúcuta. La información que manejan de manera preliminar las autoridades perfila un presunto enfrentamiento entre la estructura subcontratada “La línea” y el Eln. La situación indica que hay una disputa frontal por las economías ilegales y una incapacidad de grupos como las AGC, “La Línea” o “La Frontera” para establecer un control, lo que prolonga e intensifica las acciones violentas. Un mal de escala municipal Efectivamente, los distintos enfrentamientos en la región están generando confinamiento de la población como pasó con los habitantes de los barrios de Boconó y Escobal. De hecho, según Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en la actualización de su informe del mes de julio señaló que “el número de desplazados para el número de desplazados para este último municipio aumentó de manera paulatina de 50 a 235 familias (830 personas) pertenecientes a seis veredas (Capellanía, Miraflores, Los Cacaos, Altos del Buey, La Esmeralda y Candelaria). Con la denuncia de la supuesta incursión paramilitar en territorio venezolano en los últimos días y, teniendo en cuenta que hace poco más de un mes se registró en la frontera un desplazamiento masivo, a causa de unos panfletos que circularon en Boca de Grita por parte de ‘Los Rastrojos’; la advertencia sobre los alcances de estos grupos preocupa en la región fronteriza. El fantasma de los homicidios ‘ejemplarizantes’ En lo corrido del mes de julio en la frontera se han presentado un crecimiento de descuartizamientos y decapitaciones. En su momento, miembros de del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Venezuela han señalado el hallazgo de cuerpos en la zona que comunica a Ureña con Cúcuta. Es más, César Rojas — alcalde de Cúcuta— ha alertado del accionar de “La Línea” que es presuntamente comandada por exparamilitares. Asimismo, las autoridades han insistido en la recurrencia de decapitaciones, en las que han encontrado panfletos del grupo autodenominado Autodefensas Unidas Colombo-Venezolanas (Aucv).

Por: Redacción Pares El regreso de Jorge Eliécer Coral Rivas a la contienda electoral mueve la política dentro del departamento del Putumayo. Las fuertes denuncias que impidieron que Rivas fuera electo para la gobernación en los comicios del 2015, no evitaron su precandidatura para las elecciones de este 27 octubre. En el año 2015 el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, Ariel Ávila, publicó en Revista Semana un artículo junto con un vídeo, en el que alertaba sobre los vínculos del candidato con la banda criminal “La Constru” quien produce y comercializa cocaína en el departamento del Putumayo. En el vídeo se veía al entonces candidato recibiendo apoyo a su campaña del 2011 a la gobernación con el entonces líder de la banda “La Constru” Miguel Bastidas, alias “Gárgola” en una de las fincas que eran propiedad de Rivas; en donde se hablan de aportes a su campaña por 150 millones de pesos. La denuncia de Pares La denuncia también señalaba de otros hechos sospechosos que habían rodeado su campaña, como el asesinato en 2014 de Luis Cemilio Chapaltar, el entonces presidente del Concejo Municipal, y Pedro Julio Ramos Matacea, profesional de la oficina de proyectos; quienes se habían opuesto a iniciativas de Coral Rivas en temas de contratación cuando este se desempeñaba como alcalde de Puerto Asís. Rivas fue detenido por la Policía y la Fiscalía una semana antes de las elecciones por los presuntos nexos con “la Constru” y, estando recluido, obtuvo el segundo lugar en la contienda electoral con 32.847 votos, después de la actual gobernadora Sorrel Aroca quien obtuvo 53.816 votos. Pese a que fue dejado en libertad, ese proceso sigue activo. Otros cuestionamientos contra Coral Rivas Además de estos cuestionamientos, en marzo de este año la Fiscalía imputó cargos contra Jorge Coral Rivas y otros exfuncionarios de la alcaldía de Puerto Asís, por irregularidades en la construcción de la plaza de mercado de Puerto Asís cuando ejercía como alcalde municipal. Las irregularidades estarían relacionadas con un contrato que subscribió la gobernación por $5.199´882.322 pesos para el desarrollo de la obra, pero al día presente no fue culminada y permanece en abandono desde el 2015. Pese a estas denuncias, Rivas ha movilizado apoyos locales y hoy ha mostrado apoyo a distintos candidatos que cuentan con sus propios cuestionamientos. Por la Asamblea, apoya al abogado Germán Ortíz Chamorro y para la alcaldía de Mocoa apoya al médico Elver Porfidio Cerón. Cerón, quien ha sido alcalde de Mocoa de 2004 a 2007 y entre 2012 a 2015, fue imputado en marzo de este año por la Fiscalía General de la Nación por omitir su responsabilidad constitucional y no tomar acciones preventivas para evitar la tragedia de la avalancha en Mocoa. Adicionalmente, cuenta con una investigación por los delitos de peculado, por aplicación oficial diferente y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por la que fue capturado por servidores del CTI en febrero del 2018. Respecto a esta investigación fue dejado en libertad por un juez de control de garantías por considerar que no existían argumentos para privarlo de su libertad. El «Bingo de las Madres» Cerón también es conocido en Putumayo por el uso del “Bingo de las Madres” como fortín electoral para captar votos locales. El bingo, que ya ha sido objeto de denuncias ante el Consejo Nacional Electoral, se realizó el 26 de mayo del presente año. Cerón fue promotor del evento y estuvo con el candidato a la gobernación por el partido ASI, Buanerges Rosero Peña, en el evento donde se entregaron cuantiosos premios tales como electrodomésticos y motocicletas. Buanerges Rosero Peña, quien fue exalcalde de Puerto Caicedo en el 2012, cuenta con cuestionamientos durante su administración. Al no poder contratar a su cuñado John Pardo como asesor, ya que este tenía la tarjeta profesional suspendida, contrató a su padre, Horacio Pardo, que aún después de fallecido aparece en la firma de documentos y giros de la alcaldía. A la vez, Peña tiene como cuñado a Edgar Figueroa, quien es candidato hoy a la alcaldía de Puerto Caicedo y quien fue detenido en una ambulancia municipal en 2015, junto con otras cuatro personas, que transportaba 200 kilos de cocaína. Desde la otra orilla del Partido Conservador, el representante a la Cámara Jimmy Díaz, quien apoya a Jhon Molina para la gobernación de Putumayo y Jorge Asís para la alcaldía de Puerto Asís, ha sido el foco de atención por sus vínculos con Gloria de María Martínez Zambrano. Gloria Martínez, quien ha sido una amiga y aliada del representante, y que además hoy es candidata a la Asamblea Departamental, es suegra del recientemente capturado Miguel Antonio Bastidas Bravo, alias “Gárgola”, líder de la banda criminal “la Constru”. Alias “Gárgola” fue capturado en Soacha cuando estaba en compañía del coronel del Ejército, Elkin Alfonso Argote Hidalgo, de quien Martínez también es suegra. El papel del coronel en esta historia La conexión como concuñados entre el coronel, que se desempeña como jefe de Estado Mayor del Comando de Reclutamiento Criminal y alias “Gárgola” pueden llevar a una investigación disciplinaria contra el coronel ya que, según señaló la directora contra el crimen organizado de la Fiscalía Claudia Carrasquilla, la inteligencia confirmó que el criminal habría utilizado las instalaciones militares durante dos meses y se encontraba en un vehículo oficial con el coronel en el momento de su captura. La relación entre Jimmy Díaz y Gloria Martínez, se remonta a cuando Díaz se desempeñaba como gobernador y Martínez como presidenta de la Asamblea Departamental. En este periodo, ella jugó un rol clave para que el gobernador recuperara sus facultades para suscribir contratos y firmar convenios; facultades que había perdido temporalmente debido a procesos inadecuados que habrían saltado el conducto con los diputados en la toma de decisiones. Pese a que se rumoreaba que Martínez hacía parte de la UTL del congresista, Díaz y los registros del Congreso desmienten esta información. Jhon Molina ya es el candidato del Partido Conservador para la gobernación del departamento. El pulso político, finalmente, lo ganó el representante a la Cámara Jimmy Díaz, por su parte, el protagonista de toda esta historia, Jorge Coral Rivas, tuvo que refugiarse bajo las toldas del Partido ADA – Alianza Democrática Afrocolombiana. Finalmente, hay otro personaje que se suma a toda esta trama: Reinaldo Velásquez. Él sostiene que obtuvo su inscripción a la gobernación por el partido ADA antes que Rivas, pero al parecer le jugaron sucio y la candidatura se la sacaron de las manos. Por ahora, Velásquez afirma que seguirá reclamando su derecho y la suerte política del departamento seguirá en vilo.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Este lunes se presentó otro desastre ambiental en el municipio de Arauquita, Arauca, debido a que, el incendio de cuatro (4) piscinas que contenían 2.600 barriles de petróleo de la estatal Ecopetrol, puso en riesgo a las comunidades aledañas y a los cuerpos de agua que transitan por los alrededores. Tras lo ocurrido hay tres versiones que circulan en los medios de comunicación y en la oficialidad. Por un lado, Ecopetrol informó que individuos no identificados incendiaron en horas de la madrugada los espacios donde se concentraba el crudo y el cual sería extraído del Oleoducto Caño Limón Coveñas-OCLC que se encontraba en reparaciones tras la serie de atentados que ha recibido. Asimismo, expresaron que las mismas personas que provocaron el incendio, bloquearon la zona para impedir que los organismos de socorro atendieran la emergencia. “Ecopetrol y Cenit rechazan enfáticamente estos incendios que afecta el aire de la zona y amenazan con contaminar terrenos y cuerpos hídricos. Las dos empresas prestan toda la colaboración a las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes”, señaló la empresa petrolera. El OCLC, que lleva un poco más de treinta años alimentando las exportaciones colombianas de crudo, también ha sido afectado por un centenar de ataques, en su mayoría por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional -ELN, quienes durante décadas se han caracterizado por la extorsión a empresas dedicadas a la extracción minera en dicho territorio. En ese sentido, las voladuras del canal de 780 kilómetros de longitud que inicia en la vereda La Ossa, municipio de Arauquita -Arauca, y finaliza en el puerto Coveñas -Sucre, han paralizado en varios momentos al oleoducto por las consecuencias que trae al medio ambiente y a las comunidades. El ELN como actor directo en los ataques De acuerdo con la empresa petrolera, para realizar la reparación de la tubería los técnicos estaban drenando el crudo almacenando en la sección que fue afectada, lo almacenaron temporalmente en piscinas para posteriormente evacuarlo de forma segura por carrotanques; estos últimos quedaron incinerados en medio del confuso episodio. Por su parte, la versión del ejército reveló que había un grupo de habitantes de la vereda Las Acacias que estaban concentrados cerca a las piscinas para rechazar las reparaciones del oleoducto. Ante el evento, trasladaron unidades antidisturbios para disolver el bloqueo, pero en el enfrentamiento los manifestantes supuestamente iniciaron el incendio para afectar la maquinaria del oleoducto. Asimismo, mencionaron que algunos de los individuos de la protesta podrían tener nexos con el ELN. “Tenemos conocimiento de que hay infiltración de grupos que están al margen de la ley, posiblemente del ELN”, indicó a la prensa el general Nicacio de Jesús Martínez, comandante general del ejército. Si bien Ecopetrol no especificó el autor del hecho, sí reportó el número de eventos ocurridos contra el oleoducto durante lo corrido del 2019. Así las cosas, a nivel global han ocurrido 25 atentados contra el tubo. En Arauca se han presentado 15, mientras en Norte de Santander han ocurrido 10. La versión de los manifestantes Por su parte, algunos voceros hablaron con la prensa y expresaron qué ocurrió -bajo su lupa- y por qué estaban en ese espacio impidiendo el trabajo de los técnicos que estaban reparando el tubo. “Se bajaron de las tanquetas y empezaron a disparar, eso también ocasionó el incendio”, indicó uno de los voceros que habló con Noticias Caracol. Pero el origen de esta situación inició desde el fin de semana pasado, debido a que, algunos de los empleados le han exigido a Cenit, adscrita a Ecopetrol, mejorar los salarios y cumplir con pagos atrasados. En definitiva, Arauca ha sido una zona afectada históricamente por este tipo de acciones armadas contra la infraestructura petrolera, y uno de los problemas más graves es que dichos ataques terminan afectando los ecosistemas que habitan en los cuerpos de agua, y asimismo, a las comunidades que se proveen de dichas fuentes naturales. Además, el oleoducto atraviesa más de 30 municipios en los departamentos de Arauca, Boyacá, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar y Sucre, y en ese sentido, cada vez que el crudo llega a las fuentes hídricas miles de especies mueren y varias comunidades deben desplazarse a otras zonas para sobrevivir. Este caso hace evidente que las personas que protestaron durante varios días resultaron estigmatizadas y ninguna de las versiones oficiales reconocieron el hecho de que las empresas petroleras están en deuda con la naturaleza y las comunidades.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Aunque desde las altas esferas del gobierno nacional han querido mantener marginado de la agenda mediática el polémico regreso de las ejecuciones extrajudiciales, las víctimas, la prensa nacional e internacional, organizaciones defensoras de Derechos Humanos y algunos uniformados del ejército se han encargado de denunciar casos, persecuciones y presiones en torno al capítulo más nefasto en la historia de las FF.MM. ‘Yo elijo quién me vigila’ Después de destaparse el escándalo a nivel internacional a partir de lo que denunciaba Human Rights Watch, The New York Times y— que más adelante se intensificaría con las revelaciones de Revista Semana sobre la política de incremento de bajas para 2019—; el 24 de mayo el presidente Iván Duque resolvió crear una “comisión de expertos” que hace pocos días concluyó, entre otras cosas, que los formatos del Ejército sobre las bajas no querían estimular per se “falsos positivos”. Cabe preguntarse ¿Por qué el comandante del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, retiró de manera tan afanosa los formatos si —aparentemente— estaban exonerados de responsabilidad? ¿Qué decir sobre las presiones y las pruebas de polígrafos a las que han sido sometidos uniformados por ser, presuntamente, informantes de la prensa y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos? La comisión de expertos que el mismo presidente Duque nombró, está integrada por el exmagistrado de la Corte Constitucional Mauricio González, Alfonso Gómez Méndez, Hernando Yepes y Felipe Ortegón Pulido. La gran conclusión de dicha comisión fue que para 2019 no se había presentado ningún caso de ejecución extrajudicial. Según el gobierno nacional, el asesinato de Dimar Torres no fue una ejecución extrajudicial Otra de las conclusiones del informe es “que el conjunto normativo-operacional de las fuerzas militares y de policía de Colombia, guarda armonía con los principios y reglas del derecho internacional, de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario». Con la negativa sobre la existencia de algún caso de ‘falso positivo’ y esta supuesta armonía con los Derechos Humanos, ¿Dónde quedan casos como el de Dimar Torres? El asesinato de Dimar Torres reabrió el infame capítulo de las ejecuciones extrajudiciales —tal como lo había informado la Fundación Paz y Reconciliación -Pares el martes 23 de abril— cuando todos los hechos señalaban a miembros del Ejército como autores de este crimen. Ahora bien, tres meses después el gobierno nacional lo niega categóricamente tras el informe que entregó la comisión nombrada por Duque. Vale la pena resaltar la pregunta que en su momento hacía Pares, ¿Dónde está la Garantía de No Repetición? Aún cuando el gobierno ubica como un propósito nacional y sujeto de ‘estricta’ vigilancia la No Repetición de ejecuciones extrajudiciales, según el informe de la Comisión de Excelencia Militar. ‘Hablemos de corrupción, no de asesinatos a civiles’ Paralelamente, mientras un sector de la sociedad civil ha presionado la salida del ministro de Defensa, Guillermo Botero, y la del comandante del Ejército, Nicacio Martínez; estos han hecho caso omiso a las denuncias alrededor del escándalo de las ejecuciones extrajudiciales al interior del Ejército. De hecho, se han centrado únicamente en el tema de corrupción que también salpica al Ejército, resolviendo capturas, bajas y traslados. Sin embargo, no hay ninguna reacción sobre las persecuciones ejercidas a militares que han entregado información alrededor de los escándalos de corrupción y ‘falsos positivos’; en lo que ha sido una auténtica cacería de informantes al interior de las filas. ‘La ropa sucia se lava en casa’ Llama particularmente la atención que dentro de una de las principales recomendaciones que le entregó la Comisión de Excelencia Militar al presidente Duque, se encuentre la formación y capacitación de los miembros de la Fuerza Pública como un “factor decisivo para la interiorización creciente y plena de los principios y valores que inspiran la actividad operacional del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la Policía Nacional, y el eficaz cumplimiento de sus normas”. Paradójicamente en el tintero yacen todavía las versiones que Revista Semana reveló en la que se indica que ““grupos especiales” que hoy están amenazando de muerte a militares activos y sus familias para evitar que digan lo que saben, también estarían detrás de las fuertes presiones e intimidaciones contra los uniformados retirados que están hablando en la JEP sobre lo que sucedió en los episodios de los falsos positivos”. De hecho, hay denuncias de seguimientos en moto por parte de “grupos especiales de contrainteligencia” que estarían amedrentando a los uniformados que están denunciando. Queda una estela de duda ya que en el informe de la comisión nombrada por Duque no se habla de este tipo de prácticas. Teniendo en cuenta la situación alertada por la prensa y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, las recomendaciones sobre el fortalecimiento del control interno en áreas de la Fuerza Pública en clave de efectividad de normativa operacional —estableciendo solo como lo fundamental su visibilidad— no responde a la prevención de conductas que transgredan el DDHH y el DIH, ni a las alertas que se desprenden de testimonios de uniformados que están siendo asediados por hablar. Es decir, a pesar de las pruebas con formatos firmados a puño y letra en los que uniformados se comprometían a duplicar bajas en combate, el sometimiento a pruebas de polígrafo que más adelante han sido negadas por Martínez Espinel —a las que el ministro solo le ha prestado su profundo silencio—; y la comisión elegida por Duque no consideró ninguno de esos eventos como un potencial riesgo de que se cometan, como en el pasado reciente, ejecuciones extrajudiciales. Es más, el general Luis Fernando Navarro tomó la vocería después de Martínez Espinel para señalar que “Hay un hecho que nos genera una atención muy especial y es que se habla de amenazas contra ellos y sus familias y nosotros no tenemos conocimiento de denuncias o quejas puntuales a miembros del Ejército Nacional o sus familias”. Una pugna entre lo oficial y las denuncias Dentro de las paradojas del informe que entregó la Comisión, se encuentra la conclusión que refiere al hallazgo de “imprecisas expresiones que, apreciadas fuera del contexto teórico-operacional, generaron equívocos y, por ello, estimó infortunada la expedición de tales contenidos en los instructivos mencionados”. Es decir, que la preocupación de la opinión pública nacional e internacional tenía que ver con un tema más de falta de contexto. En este sentido y en aras de reivindicar la mala hora del Ejército, la Comisión anunció que esta fue la razón por la que se prescindió de órdenes, instructivos y formatos. Sin embargo, lejos de socavar sobre las advertencias que el tenebroso capítulo de las ejecuciones extrajudiciales presupone, no hubo tampoco referencia a los casos que se han denunciado en Tumaco (Nariño), ni en Tame (Arauca). Heridas abiertas Para el mes de marzo se presentó un hecho en Tumaco, en el cual dos hombres fueron asesinados por el Ejército y que son señalados de haber sido parte de las disidencias de las Farc. Sin embargo, la comunidad, como en el caso de Dimar Torres, insiste que se trató de ejecuciones en estado de indefensión mientras que las autoridades sostienen que fue producto de un combate. Para el mes de mayo, esta vez en Tame, la comunidad ha alertado sobre el asesinato de dos jóvenes en lo que serían ejecuciones extrajudiciales, pues a dicho jóvenes lo quieren hacer pasar por bajas en combate. De hecho, según un boletín de prensa del Ejército, en Arauca mueren tres sujetos en el marco del desarrollo de operaciones militares efectuadas por el Ejército Nacional”. Ante esta situación tanto la comunidad como la familia denuncias irregularidades tanto en la forma en que se dio el parte de la operación como la demora en la entrega de los cuerpos, las actas de defunción y los informes de necropsia.

Por: Redacción Pares A poco menos de cuatro meses de las elecciones regionales la cifra de personas victimizadas por su participación en procesos electorales continúa creciendo. Desde marzo, los datos muestran un aumento del 56,25% en número de víctimas (88,1%, si se ve desde la cantidad de hechos) y el comportamiento del fenómeno demuestra que distintos actores violentos con intereses sobre los espacios de representación recurren directa e indirectamente al asesinato y la intimidación como mecanismos de competencia. VEA Y DESCARGUE AQUÍ EL INFORME COMPLETO En línea con las conclusiones del primer “Informe de violencia y dinámica electoral”, que desde la Fundación Paz y Reconciliación construimos con ayuda del sistema de información SIPARES, estos últimos meses parecen reafirmar al menos cuatro COSAS. 1. Los sectores más victimizados son la coalición de oposición y la coalición de gobierno. Mientras que los partidos tradicionales tienen bajos niveles de victimización. 2. La investigación muestra que las regiones donde los hechos ocurren no necesariamente corresponden a zonas históricamente afectadas por el conflicto armado (estos son los casos, por ejemplo, del Valle del Cauca y La Guajira). 3. En la gran mayoría de los casos no existe un agente perpetrador identificado (75,96%). Para agravar el panorama, la violencia electoral se ha tornado más letal y sigue gravitando mayoritariamente en contra de figuras políticas denunciantes de hechos de corrupción y, crecientemente, en contra de sectores alternativos. Esto lo que significa, es que no hay una estructura ilegal que tenga como objetivo influir en elecciones. Más bien, son sicarios y agentes que prestan servicios de seguridad privada ilegal que son contratados para cometer estos hechos. 4. La violencia sigue siendo un mecanismo de competencia política.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El desempleo en Colombia no mejora, y aún más crítico que el gobierno del presidente Iván Duque -con baja popularidad- no sabe cuáles son las causas, ni cómo resolverlo. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dio un paso en falso y aseguró que no sabe cuáles son las causas ni cómo solucionar esta problemática que aqueja a todos los colombianos y colombianas. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó en su último reporte que en el mes de mayo de 2019 el desempleo aumentó a 10,5%, frente a los 9,7% del mismo periodo del 2018. Asimismo, la tasa global de participación se ubicó en 63,1%, lo que representó una disminución de 1,0 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2018, que registró 64,1%. En el trimestre de marzo a mayo, los sectores que tuvieron un buen desempeño económico fueron construcción y servicios comunales, mientras que las ramas que decrecieron fueron agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 11,0%. “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca fue la rama de actividad que más contribuyó negativamente a la variación de los ocupados con 1,8 puntos porcentuales”, indicó la entidad. Ante los resultados arrojados por el DANE, en la reunión de la junta directiva del Banco de la República, el ministro expresó: “yo personalmente no entiendo a cabalidad qué es lo que sucedió, ni cuáles son las mejores medidas que podamos tomar para corregir esta dinámica”. Lo que no ve Carrasquilla La Fundación Paz y Reconciliación-Pares conversó con el experto en economía José Roberto Acosta, quien rechazó el pronunciamiento de Carrasquilla, y por consiguiente, planteó algunas de las causas del aumento de desempleo y las soluciones. “Hay razones estructurales y coyunturales que determinan el aumento del desempleo. Desde el punto de vista estructural, se debe a la pérdida de empleo a nivel global; y desde el punto de vista coyuntural o circunstancial, la causa es la falta de confianza en la economía que desafortunadamente este gobierno ha descuidado”, aseguró el analista. Lo anterior se refleja en las cifras estadísticas que demuestran que la tasa global de participación no aumenta, al contrario, está reduciéndose, lo cual significa que hay menos gente ofreciendo su mano de obra. Y aunque en la opinión pública tiende a justificarse esta problemática por la migración venezolana, esta sería una de las causas y de las más minúsculas para explicar el desempleo. “Es decir, los venezolanos son una variable, pero no la única en el problema de desempleo en Colombia, entonces le queda muy difícil al ministro con las actuales cifras llegar a mantener ese argumento, por eso esa salida en falso de decir ‘no sé qué pasa’”, apuntó Acosta. Otro aspecto, que estaría perjudicando el acceso a empleo y que debería ser revisado por el gobierno es el tema del campo. Para el analista, esta rama de la economía ha sido un proveedor de empleo importantísimo en Colombia, y tal como lo registran las cifras, los sectores que cayeron están relacionados con el agro. “Cuando tú ves que en el campo se está exacerbando otra vez la violencia, que están matando a líderes sociales, pues obviamente el resultado va a ser un mayor desempleo en el campo, afectando el dato nacional”, señaló. De acuerdo con el experto, el campo ha sido importante en materia de demanda de empleo, puesto que, este indicador incide en la economía nacional. En ese sentido, el empleo rural es muy importante para mantener una buena estadística general, pero si el sector agropecuario -como se muestra- no está mejorando, y al contrario pareciera echar para atrás, el empleo decrece. Acosta ejemplificó que algunos sectores como el café, las palmas, el azúcar, entre otros, están pasando por problemas financieros. Por eso, no ofertan empleos, y este decrece, más en un ambiente en el que la violencia golpea y genera desconfianza. “¡Ministro, cumpla la ley!” Según el experto, sí hay soluciones para el desempleo. Una que considera clave es hacer cumplir las leyes laborales. Se habla que la formalización se logra bajando salarios, sin embargo, eso no es total o plenamente cierto. La formalización también se adelanta con el cumplimiento de las normas, un sistema de regulación laboral o de ley laboral o del ministerio de trabajo, que haga cumplir el contrato laboral en todos los rincones del país, indicó Acosta. Actualmente el salario mínimo en Colombia está en 818.116 pesos, uno de los más bajos de América Latina. Y a pesar de esto, algunos empresarios ni siquiera cumplen. “¿Y por qué no cumplen?, porque nadie les hace respetar la ley. Entonces si este gobierno habló de legalidad, pero no cumple esa promesa, obviamente la formalización sigue siendo el gran problema del mercado laboral”, comentó a Pares. “Así que señor ministro, cumpla la ley, métale confianza a la economía cosa que no ha hecho, con confianza y con cumplimiento de ley pueden mejorar las cifras de desempleo”. En definitiva, el gobierno de Duque continúa en el ojo del huracán, pues su popularidad va en descenso. Y en materia económica que parecía ser su fuerte tampoco ha tenido buenos resultados, pues la polarización que aún mantiene está descuidando al sector. “Hay debates que dividen y generan miedo, debates que no plantean un rumbo económico. Entonces cuando uno ve el capitán del barco peleando con los cocineros, uno se pregunta para dónde va este barco, y eso lo entienden los empresarios del campo, y de la ciudad”, concluyó.

Por: Redacción Pares El movimiento ciudadano «Defendamos la Paz» a través de una carta dada a conocer este lunes, solicita a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas -ONU, su intervención para asegurar la permanencia de la Oficina en Colombia por varios años más con el mandato original en su integridad. El movimiento «Defendamos la Paz» expresó la necesidad de asegurar la permanencia de la Oficina en Colombia por varios años más con el mandato original en su integridad -monitoreo de la situación, asistencia técnica al Estado y a la sociedad civil y reporte anual al Consejo de Derechos Humanos-, así como el acompañamiento a la implementación del Acuerdo. En la carta también expresan que «El Acuerdo de Paz del Teatro Colón abrió la ventana de oportunidad para superar las violencias estructurales de Colombia y esperamos seguir contando con el acompañamiento de la OACNUDH para hacerlo.»

Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación, que vigila proceso de liquidación ante la Supersociedades de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., tras disolución decretada por Supertransporte, manifestó el apsado viernes que cualquier acuerdo que se haga respecto a este asunto debe respetar decisión que tome Tribunal de Arbitramento sobre nulidad del contrato y fallo de acción popular que condenó al pago de $800 mil millones de pesos. «Ante el caso más grave de corrupción en la historia del país, cualquier pago que se realice a concesionarios y contratistas de la Ruta del Sol II tendrá que sujetarse a las decisiones judiciales”, aseguró el Procurador General de la Nación (e), Juan Carlos Cortés González, ante el anuncio de la Superintendencia de Transporte de disolución de la Concesión Ruta del Sol S.A.S.. La Procuraduría inició una vigilancia al proceso, teniendo en cuenta que el anuncio de la Superintendencia se conoce 13 días antes de que un Tribunal de Arbitramento resuelva si declara nulo el contrato por el escándalo de sobornos que compromete a Odebrecht. El Ministerio Público solicitó los antecedentes, soportes, documentos y demás sustentos que llevaron a tomar la decisión de convocar a la concesionaria al proceso de liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades; así como de las medidas adoptadas para proteger a los terceros de buena fe, ante lo que la Supertransporte llamó “situación crítica de orden financiero, jurídico y administrativo”. Para la Procuraduría es inoportuna cualquier decisión que se adopte en este proceso de disolución y liquidación sin que se respete la decisión que tome el Tribunal de Arbitramento, donde, entre otras cosas, se debería resolver el monto del detrimento atribuible a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. A juicio del Ministerio Público decisiones de pago en estos momentos ponen en riesgo la efectividad del fallo de la acción popular que promovió la Procuraduría, donde la concesionaria y sus sociedades principales fueron condenadas al pago de $800 mil millones de pesos y a una inhabilidad de 20 años y se limitó el reconocimiento a terceros de buena fe hasta el saldo que tuviere disponible el proyecto en su fiducia. Agotados esos recursos, no procederían pagos adicionales con el presupuesto de la Nación.

Por: Redacción Pares Este domingo 28 de julio de 2019, es un día histórico para el deporte colombiano. Pares quiere brindar un sencillo homenaje al ciclista de 22 años, Egan Arley Bernal Gómez, campeón del #TourdeFrancia2019. Hoy, por primera vez un colombiano gana la carrera más importante del ciclismo mundial. Es un triunfo de Colombia. Egan Arley Bernal En 1983 comenzó la historia de las participaciones de ciclistas colombianos en el Tour de Francia, calificado por los expertos como la ‘Dama Dorada’ de la competencia ciclística mundial. Esta ruta que hoy nos conduce a la histórica coronación de Egan en la capital francesa, es un largo camino que iniciaron en la Grande Boucle Alfonso Flórez, Patrocinio Jiménez, Rafael Acevedo, “Condorito” Corredor, “el Negro” Martín Ramírez, Francisco Rodríguez, «Tomate» Agudelo, Luis Alberto “Lucho” Herrera, Fabio Parra, «Cebollita» Cárdenas, Pablo Wilches, Álvaro Mejía, Oliverio Rincón, Ángel Yesid Camargo, Nelson «Cacaíto» Rodríguez; José Jaime «Chepe» González, Hernán Buenahora, Víctor Hugo Peña, Santiago Botero, Félix «el Gato» Cárdenas, Mauricio Soler, Rigoberto Urán, Esteban Cháves, Miguel Ángel “Supermán” López y Nairo Quintana. Hoy, 28 de julio de 2019 también es el momento de recordar a las leyendas que forjaron y construyeron los sueños de las montañas y los llanos de Colombia sobre una bicicleta, cuando las competencias se realizaban por ‘trochas’ de barro y piedra: Efraín “el Zipa” Forero, Ramón Hoyos, “el Ñato” Suárez, Álvaro Pachón, Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, y Rafael Antonio Niño. El rostro bañado en sudor de un joven que montado en una bicicleta trepa por una cumbre, nos recuerda las dificultades de Colombia, las fuerzas que nos han lastimado como pueblo y que también, poderosamente, hemos transformado en aliadas para resurgir, una y otra vez. Comenzó la Era de Egan.