Por: Daniela Quintero. Redacción Pares En Colombia se realizó el II Diálogo Regional sobre Crecimiento Verde y Cambio Climático con miras a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2020 que se llevará a cabo en Chile para dialogar y alertar sobre los riesgos del aumento de la temperatura de la tierra, a causa de los gases efecto invernadero y la deforestación, principalmente. Durante el 24 y 25 de julio, varias organizaciones, empresas privadas, y funcionarios del sector público, atendieron la agenda regional sobre cambio climático encaminada hacia la COP25, que consiste en la reunión más importante a nivel mundial; y por consiguiente, los participantes dieron un panorama de cómo se está enfrentando este fenómeno en la región, qué problemas persisten y cuáles son los riesgos si no se trabaja en una estrategia global. El año pasado se conoció el informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU que advirtió que en el 2030 la temperatura de la tierra superará los 1,5 grados centígrados, lo cual es perjudicial para los ecosistemas y la supervivencia humana. Por consiguiente, las organizaciones ambientales trazaron una ruta para mitigar los riesgos y desde ese momento se propuso una meta para que cada nación redujera el porcentaje de CO2 (dióxido de carbono) anual. Si en once años no se logra disminuir la temperatura se presentarán sequías extremas, incendios forestales, inundaciones y escasez de alimentos para cientos de millones de personas. ¿Qué se propuso en el diálogo regional? La Fundación Paz y Reconciliación-Pares habló con Luis Guillermo Guerrero Guevara, director del CINEP Programa por la Paz, y asociado a la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz), una de las organizadoras del evento realizado en la capital colombiana. “Nosotros estamos en este evento hacia la COP 25 que nos habla sobre ‘crisis climática’ realmente, no cambio climático, pues hablar de ‘cambio’ es tenue, es más la crisis climática y la visión de cómo hacer una acción más fuerte y contundente en estos próximos 20 años que nos quedan porque si no hacemos algo la crisis va a ser muy dramática”, aseguró Guerrero. La Redprodepaz junto con la Fundación Konrad Adenauer (KAS) con otras entidades de Chile, México, Perú y Colombia se reunieron durante dos días para preparar como sociedad civil y en diálogo con los Estados los propósitos de salida de esta crisis climática que ya está empezando a mostrar sus secuelas, por ejemplo, en la destrucción del habitad animal. En ese sentido, Guerrero señaló que uno de los puntos clave para mitigar este fenómeno, es que los países ejecuten políticas públicas ambientales como un asunto estatal y no como una política de gobierno. Por eso, insistió en la responsabilidad de los Estados y sus políticas publicas frente a los objetivos también de las cumbres de París, de Kyoto, de estos eventos mundiales que se han propuesto para bajar las emisiones de carbono. “Aquí la ciudadanía también tiene que actuar, pero lógicamente es un diálogo entre estados y ciudadanos, sobre todo el modelo económico que esta muy lento en hacer sus cambios. Entonces es un poco angustiante porque parece un poco apocalíptico al análisis que se oye aquí”, apuntó el director del CINEP. Cómo contribuye el país en el cambio climático América Latina, y en particular Colombia han aportado a mitigar este fenómeno. “Yo creo que afortunadamente no estamos en la vanguardia de la producción mundial al estilo de esta economía científico-tecnológica dura, sino que nuestras industrias son pequeñas”, explicó. De todas maneras, hay un grave problema porque a pesar de que en Colombia no existen las grandes industrias, sí vienen a extraer: extracción de carbón, de oro, de energía fósil. Entonces el suelo colombiano se convierte en un escenario de extractivismo minero energético, el cual contribuye de forma negativa a la crisis climática. “Ahí yo creo que el aporte nuestro sería disminuir y dosificar ese tipo de permisos que se dan a las extracciones extranjeras. Esa vía libre hay que pararla. Ese tipo de intervenciones también producen un deterior ambiental terrible sobre todo el tema puntual del agua y también producen CO2”, concluyó. Por su parte, Nicole Stopfel, directora del programa regional seguridad energética y cambio climático en América Latina (EKLA), adscrito al KAS, expresó que América Latina tiene un potencial enorme en lo que viene siendo en energías renovables. Además, posee una geografía maravillosa y es una de las regiones que menos emisiones genera, y asimismo, una de las más vulnerables entonces se debe trabajar en conjunto para que se aprovechen las energías renovables. “La idea de este segundo diálogo fue juntar actores de diferentes sectores tanto de empresas, de sociedad civil de gobierno y de política para discutir sobre los temas de crecimiento verde y cambio climático y este año con especial enfoque en la COP 25”, apuntó. Así las cosas, otro punto muy importante que se discutió es que se necesita una consciencia en todos los niveles, y que el tema del cambio climático y crecimiento verde y todo lo que tiene que ver con estos temas se aborde desde varios sectores y múltiples actores. También aseguró que el problema muchas veces es que falta comunicación hacia afuera por parte de las empresas, puesto que no se ve el progreso que han hecho, pero lógicamente falta mucho por hacer. El papel del sector privado Pares conversó con Jhon Jairo Granada Giraldo, gerente general de la Centra Hidroeléctrica de Caldas-CHEC del grupo EPM, quien contó que dicha empresa tiene una clara estrategia climática, una acción frente el cambio climático y también sobre los fenómenos extremos y tiene todo un desarrollo a través de planes de acción para gestión de gases efecto invernadero, adaptación y mitigación al cambio climático. “Lo que pasa es que lo que se vio en la COP 21 es que tenemos hasta el 2030 para actuar entonces tenemos hay que acelerar las acciones, planes y programas”, apuntó. Según contó, están llevando a cabo un control de las emisiones y son considerados “carbono neutros”. Asimismo, destacó el trabajo en conservación, protección y sobre todo de pedagogía a las comunidades. “Nosotros desde hace varios años hacemos conversación con las comunidades y nos encontramos muchas posiciones radicales y personas con ciertas ideologías que influencias mucho a las comunidad. Por eso se necesita que los científicos lleguen a estas comunidades, a través de conversaciones para que se conozca la realidad”, apuntó. En la actualidad cuentan con 2.414 líderes de veredas, corregimientos y municipios, en los 40 donde EPM presta el servicio de energía eléctrica en los departamentos de Caldas y Risaralda. Pero las que más valoran las comunidades es la formación y la capacitación. Lo que queremos es generar capacidades para poder hablar con un conocimiento entre las partes y que sea equilibrado que no haya un desbalance entre la información que se maneja, y la comunicación sea entre iguales. En definitiva, es responsabilidad de todos y todas trabajar en la disminución de los factores que aumentan la temperatura de la tierra, puesto que, es muy crítico el panorama planteado por los expertos, que auguran un futuro lleno de desastres naturales si no se emplean prácticas sostenibles para el planeta.

Por: Juan Arturo Gómez Tobón, Colaborador Pares “Mi universo eran los 205 mil kilómetros cuadrados de Belén de Bajirá, pero se redujo a escasos metros. Añoro la vida de campo. Me hace falta que me invada el olor de la libertad, que no huele a otra cosa que a selva; rememoro navegar por las aguas del Atrato en una pequeña champa, pescar en sus caños. Mientras los bandidos andan tranquilos por las calles de Colombia, un simple campesino como yo, un líder social que solo pide vivir con dignidad y que le respeten su cosmogonía, tiene que andar enjaulado y temeroso”. Pares habló con Henry Chaverra, líder social del Bajo Atrato, actualmente amenazado. Chaverra es un negro de hablar recio y fuerte cuando se trata de defender los derechos de su raza. Para este líder, el tema de Belén de Bajirá es una cuestión más de pertinencia que de pertenencia. Para él, la tierra y sus recursos no son un bien de donde se extraen recursos para atesorar, es más una cuestión de arraigo y ancestralidad. Su inconformidad fue creciendo poco a poco: los desmanes contra su gente, por parte del Ejército durante la operación Génesis y la posterior arremetida, a sangre y fuego,de las Autodefensas Unidas de Colombia, le fueron creando un tarugo en la garganta y el alma que explotó una mañana de 2007, cuando el Consejo de Estado anuló la creación del municipio chocoano de Belén de Bajirá. Ese día despertó el negro cimarrón que lleva en sus genes y, hombro a hombro con Leopoldino Perea, empezó la gesta por defender la pertenencia de Belén Bajirá al Chocó. Mientras terminan los pormenores de la marcha Por la Vida, en Riosucio, Chocó, Henry Chaverra lanza una expresión: “¡Fueron asesinados en el 2017 y todos eran cercanos al Comité Prodefensa de Belén de Bajirá!”. Un silencio expectante llena el recinto. El año 2017 fue crucial en la disputa por Belén de Bajirá. Después de 17 años de alargues y maniobras jurídicas, en enero de ese año la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso decidió la no existencia de un diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó por los territorios de Belén de Bajirá, Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente, y de esa forma devolvió el expediente al Instituto Agustín Codazzi. En el mes de junio, este organismo publicó el mapa de Chocó, con base a la ley 13 de 1947 que creó este departamento; en dicho mapa se incluyen los territorios en disputa. Y entonces arreciaron las amenazas. Dice Henry Chaverra que miembros del comité recibieron panfletos con amenazas: “En años atrás a los líderes del Chocó que defienden a Bajirá, que dejaran eso quieto, porque si Antioquia perdía el territorio lo pagarían muy caro. Hoy sabemos que por la joda que cogió Leopolindo y Genry Chaverra (sic) el territorio le quedó al Chocó. Prepárense que por Antioquia matamos y nos hacemos matar”. Lápiz en mano, Chaverra empieza a escribir: Luis Hernando Bedoya Úsuga, miembro de Conpaz; Juan de la Cruz Mosquera, líder del Consejo Comunitario Tamboral, Efrén Santo, Consejo Comunitario Pedeguita-Mancilla; Moisés Mosquera Moreno, del Consejo Comunitario de Tamboral; Jeiler Chalá, del Consejo Comunitario de Domingodó y Mario Castaño Bravo, líder de Restitución de Tierras del Consejo Comunitario Jiguamiandó, La Larga Tumaradó, Pedeguita. Todos asesinados. Este líder social chocoano sufrió un atentado el pasado 21 de mayo en la vía que conduce de Nuevo Oriente a Belén de Bajirá. La noche de ese día, mientras regresaba de reuniones con los consejos comunitarios, el vehículo recibió siete impactos de bala disparados desde la manigua. “Estoy vivo gracias a Dios, a la pericia del conductor y a la valentía de mis escoltas de la UNP”. Pares: ¿Qué ha representado para un negro atrateño tener que usar chaleco antibalas y escoltas? Henry Chaverra: El chaleco huele a azufre y muerte, mi Chocó huele a libertad. Como campesino, ese aparatejo estorba para sembrar la mata de plátano y el puño de arroz. Los escoltas se han vuelto mis compañeros, a ellos le debo la vida. Son unos héroes. No puedo decir lo mismo de la Unidad nacional de protección -UNP. Después de informar y de solicitar un vehículo nuevo, me asignan uno convencional; mi respuesta fue negativa y, ante esto, lo que recibo de UNP es el formato de un acta para que yo desistiera del esquema de seguridad, firmada por Luis Ignacio Acosta González, coordinador del grupo de vehículos de protección. Vivo en constante zozobra, la vida de mi familia cambió. Mientras los bandidos andan tranquilos por las calles de Colombia, un simple campesino como yo, que solo pide vivir con dignidad y que le respeten su cosmogonía, tiene que andar enjaulado y temeroso. Para nosotros, el río, las montañas, los animales no son un medio para enriquecerse. Todo lo contrario, son nuestro universo y nosotros somos una parte más de ese universo, si le hacemos daño, el mal se nos devuelve. Pares: ¿Cuándo cambió la vida de Belén de Bajirá y su gente? H.Ch: En 1997, después de la operación “Génesis”, ingresa el Bloque Elmer Cárdenas al mando de alias “Alemán”; ellos entraron gritando: “Negros hijueputas, esta tierra ahora es de nosotros, venimos a sembrar palma y quien no venda, le compramos a la viuda”. Miles de hectáreas fueron despojadas por personajes y familias prestantes como los Gaviria, los Uribe y los Moreno. También estuvo implicada Sor Teresa Gómez, hermana de crianza de los Castaño, y su Ejército Antirestitución de Tierras. Fue una época dura, desaparecidos asesinatos. La consigna, en las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó, era “La palma se siembra con sangre”. El negocio fue redondo en su momento, para empresas como Urapalma, porque a la par que se hacían a ricas tierras, fueron beneficiados con Recursos de Agro Ingreso Seguro. Fredy Rendón Herrera, alias ‘Alemán’ en su momento reconoció esta realidad y esto nos permitió recuperar nuestras tierras. Fueron alrededor de cuatro empresas que ingresaron a la región. Sus gerentes fueron a la cárcel, pero los verdaderos cerebros y quienes en verdad se beneficiaron, siguen libres. Pares: ¿Quiénes son esos cerebros? H.Ch: Las familias nombradas antes y un personaje funesto, que está libre en el exterior, gracias a las élites de este país, su nombre es Javier Daza. Después de que se recuperaran las 4.000 hectáreas usurpadas, esas élites llegaron con una propuesta de explotación, ya no éramos “el bollo para perfumar”. Lo que querían era un modelo de esclavitud moderno y dijimos, “¡No!”. Pares: El atentado fue hace dos meses, ¿qué hechos recientes cree usted que motivaron este? H.Ch. Algo real es que las élites y gamonales políticos de Mutatá y Antioquia se verán afectados por los 6.500 votos, porque las mesas de votación de Belén de Bajirá, Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente inciden ahora en el Chocó y Riosucio. Pares: ¿Cuáles son esos gamonales? H.Ch: En el orden departamental, vuelve y juega la familia Gaviria, Luis Horacio Gallón y Luis Pérez Gutiérrez, quien ganó en las pasadas elecciones de Belén de Bajirá; en Mutatá, el concejal Marco Fidel Pérez Martínez y el actual candidato a la alcaldía de Mutatá, Richard Guevara Soto. Estoy seguro de que el mayor fenómeno de trashumancia electoral en Antioquia, para estas elecciones, se dio en Belén de Bajirá; en las inscripciones de cédula, eran cinco y seis buses que salían diario hacia Mutatá. Son 6.500 votos, eso elige varios concejales y son significativos para alcaldía, gobernación o asamblea. Pares: ¿Existen otros intereses en Belén de Bajirá? HCh: Claro, esta es una región muy rica, estratégica geográficamente no solo para Colombia, también para el mundo. La biodiversidad es nuestro mayor activo y es lo que buscamos proteger como negros. Pero el oro, el agua, la madera, el petróleo son lo que quieren explotar. Mire, de seguro nuestras próximas luchas se darán contra las multinacionales mineras como la Anglogold Ashanty, no sé cómo irá hacer el gobierno nacional con los títulos mineros en el Cerro el Cuchillo, de propiedad de esta empresa y que fueron vendidos por Santiago Uribe.

Por: Redacción Pares Este viernes 26 de julio, en calles y plazas del mundo, los colombianos y colombianas se movilizaron para honrar la memoria de los líderes y lideresas asesinados por la violencia, y también para defender la vida de los que continúan trabajando, desde cada unos de sus territorios, para construir un país mejor y en paz. Miles acompañaron a los líderes sociales que valientemente luchan por nuestros derechos y los territorios que somos todos. Foto: Pares #26MiGritoEs por todas las lideresas y líderes sociales que han sido asesinados. Foto: Pares Proteger la vida, la paz y a la comunidad. Una manifestación llena de emoción y amor profundo por la vida. Foto: Pares Una consigna fue la de rechazar la indiferencia frente al trabajo que realizan los líderes y lideresas por defender los territorios, la paz y el ambiente. Foto: Pares En las calles se demostró el rechazo por la violencia y el asesinato de líderes y lideresas sociales. Foto: Pares En Colombia no puede haber más espacio para la intolerancia y la violencia. Foto: Pares La lista de líderes sociales asesinados en nuestro país. Cientos de dramas y sueños rotos. Foto: Pares

Por: Redacción Pares Este jueves, a las 4:30pm por el sector de La Chivera del corregimiento de El Palo en el municipio de Caloto (Cauca), sobre la vía que comunica con el municipio de Toribío, la Guardia Indígena Kiwe Thegnas sufre un atentado con disparos de arma de fuego y al menos tres granadas de fragmentación. Esto sucede mientras la Guardia se encontraba en el desarrollo de un operativo de recuperación de un vehículo hurtado presuntamente por disidencias de las FARC que operan en la zona. Según testigos, cinco Guardias Kiwe Thegnas estaban trasladando el vehículo ya recuperado, cuando fueron sorprendidos por las ráfagas y las explosiones. En el hecho resultan heridos el Coordinador de la Guardia Indígena del Resguardo de las Delicias y tres guardias indígenas más. Los cuatro guardias presentan heridas de distinta gravedad y están siendo atendidos en el hospital del municipio de Caloto. del territorio que pudo terminar en una masacre, tan solo un día antes de la gran movilización nacional contra el asesinato de nuestros líderes. Intentan acallar nuestras voces y destruir nuestros territorios, pero seguimos caminando en la protección y defensa de la vida.» Manifiesta a través de un comunicado la Organización Indígena de Colombia -ONIC. Asimismo, desde la ONIC hacen un llamado urgente a las organizaciones defensoras de derechos humanos a mantener su apoyo a los procesos comunitarios de cuidado y defensa de la vida ante estos hechos que buscan profundizar las dinámicas del conflicto.

Por: Redacción Pares Fundación Pares invita a todos y todas las ciudadanas a la marcha de este viernes 26 de julio. Marchemos, movilicémonos en las calles, plazas, y lugares de reunión de nuestras ciudades y municipios. Es hora de manifestarnos, de demostrar nuestra empatía y solidaridad con los líderes y lideresas. Lugares de concentración

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El Centro democrático, partido político de gobierno, radicó este martes seis (6) proyectos de ley, entre ellos, el de la doble instancia retroactiva que ha sido polémico en la opinión pública. Por un lado, busca reconocer un derecho, pero con el propósito real de favorecer a varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez que se encuentran condenados por corrupción o parapolítica. Luego de haber sido radicada la ley, los contendores de la propuesta rechazaron la iniciativa por los efectos que tiene en las sentencias falladas, y porque claramente está disfrazada para favorecer al ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años y 5 meses de prisión, y quien podría beneficiarse de una segunda revisión que rebaje o elimine la pena. La exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, en prisión por los escándalos de las “chuzadas”; su primo Mario Uribe, preso por favorecer a grupos paramilitares, entre otros condenados, del gobierno de Uribe también podrían verse favorecidos con esta ley. Sin embargo, el líder de la bancada se echó para atrás con una parte de la propuesta, al darse cuenta de que dejaría sin piso a la justicia y en libertad inmediata a muchos convictos. A pesar de que busca ayudar ‘Uribito’, también se verían beneficiados excombatientes guerrilleros y paramilitares. Por eso, expresó en su cuenta de Twitter que “el proyecto de doble instancia se vuelve a presentar sin el parágrafo del efecto suspensivo porque el interés es proteger un Derecho Fundamental y no que simplemente se excarcele a unas personas”. Dicho proyecto propuesto por la senadora Paloma Valencia, los representantes Juan Manuel Daza, Juan David Vélez, y Edward Rodríguez, entre otros congresistas; plantea que se cumplan las garantías del debido proceso, en las que una decisión dada por alguna autoridad judicial pueda ser revisada por otro juez a través de los recursos de la impugnación. En ese sentido, se mantiene en esencia la propuesta del Centro Democrático, sin embargo, se elimina la posibilidad de que en esa segunda instancia quede suspendida la privación de la libertad del sentenciado, y por eso, mientras se conoce la condena definitiva, él o ella seguiría en prisión. El camino de la doble instancia “Nosotros presentamos ayer (martes) el primer grupo de proyectos del Centro Democrático (…) por supuesto, está este proyecto del que venimos hablando hace mucho rato. Por ejemplo, cuando en 2018 se aprobó el acto legislativo de la doble instancia quedó intemporal. En la constitución colombiana, esto abre la puerta para que no solo se aplique hacia adelante sino también hacia atrás”, aseguró Uribe. Ante las controversias sobre este proyecto de ley, la Fundación Paz y Reconciliación-Pares conversó con el abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry, quien explicó la naturaleza de este derecho en las instancias judiciales y cómo se debería tratar en Colombia. De acuerdo con el analista, la Corte Constitucional exhortó al Congreso por medio del Acto Legislativo 01 de 2018 para que regulara la doble instancia como garantía que está consignada en al menos dos tratados de derechos humanos. Sin embargo, la Corte consideró que el debate sobre la retroactividad de la doble instancia era una decisión del legislador. Por consiguiente, aconsejó que dicha ley fuera razonable, proporcionada, que no fuera una retroactividad generalizada, sino que contara la seguridad jurídica y la firmeza de las sentencias falladas antes del 2018. “Yo creo, que esa exhortación y la coyuntura del exministro Arias, lleva al Centro Democrático a presentar un proyecto de ley de doble instancia”, indicó Charry. En ese sentido, las movidas de la bancada de gobierno y las peticiones de la Corte condujeron a que actualmente se discuta si se debe o no aprobar la doble instancia retroactiva. Así las cosas, el Centro Democrático volverá a presentar el proyecto de ley sin el parágrafo de los efectos suspensivos, y seguirá su curso normal en el recinto como una reforma legal, más no constitucional, lo cual implica que sea más rápido el debate en ambas cámaras. ¿De qué se arrepintió el Centro Democrático? El proyecto de ley radicado tenía un parágrafo sobre la aplicación de los efectos suspensivos en el proceso de la condena, algo que en condiciones normales sería lógico, pues es una regla general en la cual las decisiones quedan suspendidas mientras se resuelve la segunda instancia. Pero en este caso no suena lógico porque fueron decisiones que quedaron en firme y se están ejecutando. Entonces introducir en este momento un efecto suspensivo para dejar libres a todos los que están en prisión sería irracional. “Yo creo que eso llevó a que se reversara esa parte del proyecto. Además, pienso que tiene un mal sabor que haya medidas que tengan que ver con un caso particular porque este es un tema que se tiene que regular de manera general porque estamos hablando de un derecho fundamental y no de un derecho de un señor”, agregó el analista. Por eso consideró que el máximo ente judicial se equivoca al decir que la retroactividad es decisión del legislador porque está en debate un derecho fundamental. “En mi opinión sí son retroactivos entonces no es una decisión del legislador sino de la naturaleza del derecho”, indicó. En definitiva, lo que sí debe hacer el legislativo es regular en qué circunstancias se debe aplicar la retroactividad, partiendo del hecho de que la doble instancia es un derecho para todos y todas las colombianas, el problema es que se disfrace con un fin político para favorecer a los corruptos. Por consiguiente, hay que esperar cómo están las fuerzas políticas en el Congreso. Puede que dicha ley no alcance las mayorías en ambas cámaras, pues la bancada de la oposición tiene la balanza a su favor. El partido de gobierno sigue cojo en el Congreso y aún no se conoce con exactitud quién apoya decididamente esta iniciativa, además del Centro Democrático.

Por: Redacción Pares Dos alcaldes capturados: el actual y el anterior. Uno aspira a la reelección, el otro sigue en ejercicio. Ambos tienen pasados y familiares bastantes sombríos y relacionados con la ilegalidad. Por un lado está José David Cura, hijo del exalcalde Mariano Cura y sobrino del narcotraficante César Cura, quien iría avalado por el partido de la U y tendría el respaldo de toda la oposición del Clan Calle. Por otro lado está Gabriel Calle Demoya, investigado, capturado y liberado, quien buscaría reelegirse con el aval del partido Liberal y el coaval del partido Cambio Radical. Hasta junio del presente año, se registraron en Montelíbano 31 homicidios, una cifra preocupante si se tiene en cuenta que durante el primer semestre del 2018, fueron 22; es decir, hubo un incremento del 30%. Así como Valencia y Tierralta, Montelíbano se convirtió en tierra fértil para el reciclaje del conflicto. En 2008, luego del proceso fallido con las AUC, el exjefe paramilitar Daniel Rendón, alias Don Mario, es estableció en el control de un corredor de narcotráfico que cubría Planeta Rica, San Francisco del Rayo, Puerto Anchica, Puerto López y Tierradentro, del municipio de Montelíbano. El origen de esta historia: César Cura El punto de partida para entender las relaciones políticas y las herencias malditas del municipio se remonta a la década de los 80, cuando el Ejército Popular de Liberación (EPL) dominaba el negocio del narcotráfico en el Sur de Córdoba. En esta época, Isidro Antonio Martínez Pastrana, un jornalero que se fue convirtiendo en uno de los hombres de mayor importancia de la cúpula del EPL en Córdoba, sembró uno de los precedentes más importantes en la historia del narcotráfico para el departamento. Con el alias de “El viejo Rafa”, el hombre encargado de las extorsiones, las finanzas y las operaciones del narcotráfico el EPL, conocía las fincas y corregimientos estratégicos para la salida del estupefaciente. La joya de la corona era una finca ubicada en el San Jorge, denominada “Caballo Blanco”. Según el libro “Crónicas que da Miedo Contar”, de Toño Sánchez, aunque no existe documento que compruebe su historial de propiedad, para las personas del sector el dueño era uno solo: el prestante ganadero César Cura Demoya. Cura Demoya venía de una familia de Montelíbano, en cabeza del patriarca Emilio Cura, un ganadero conocido en la región. Se hizo a su fortuna por medio del abigeato y de sus relaciones con narcotraficantes en Colombia y Estados Unidos. Como Pablo Escobar, Cura se convirtió en un hombre que daba dinero y “soluciones” a los problemas de la gente no solo en Montelíbano, sino también a los políticos y líderes locales del departamento. Uno de los crímenes que más se recuerda en el Sur de Córdoba de César Cura y “El Viejo Rafa” es la masacre de Mejor Esquina. Luego de diversas versiones de sus relaciones con narcos y con la otrora guerrilla del EPL, César Cura cayó en un operativo realizado por la DEA en México a finales de la década de los 80, por lo que fue juzgado en Estados Unidos por introducir estupefacientes y lavado de activos. A pesar de enfrentarse a una sentencia de 23 años, Cura fungió como testigo clave del gobierno estadounidense para la captura de su antiguo aliado en Panamá Manuel Antonio Noriega, lo que le redujo la cárcel a solo 6 años. Asimismo, Cura fue un hombre clave en las investigaciones por las redes de narcotráfico hacia Centroamérica debido a que este tenía negocios con el narcotraficante hondureño Matta Ballesteros. En 1997 regresó a Colombia en medio de un homenaje hecho por su familia en Montelíbano. Sin embargo, ante las amenazas por haberse convertido en un informante de la DEA, tuvo que irse a vivir a Barranquilla y luego a Santa Marta. En esta última ciudad, en 2002, fue asesinado. Muchos habitantes de Montelíbano se volcaron a la calle para su sepelio. Las víctimas de la masacre de Mejor Esquina rechazaron ese apoyo popular a quien fue un delincuente. Hasta el día de hoy no hay sentencia sobre esta masacre, pero en 2018, 30 años después, la gobernadora encargada de Córdoba, Sandra Devia, solicitó que fuera declarada crimen de lesa humanidad. Mariano, el hermano del narco que se hace alcalde En 2001, Mariano Cura Demoya, hermano de César Cura, fue elegido como alcalde del municipio para el periodo 2001-2003. Mariano Cura aparece mencionado por Salvatore Mancuso en las versiones ante Justica y Paz: manifiesta haberse reunido con él en campaña y siendo alcalde. Eleonora Pineda, congresista condenada por parapolítica, manifestó que hubo pactos del paramilitarismo con Mariano Cura, quien a su vez apoyó a Mario Uribe. Eso, dice Mancuso, habría ayudado a Mario Uribe a obtener una altísima votación en Montelíbano. Alianzas dudosas: los Cura y los Calle Mientras Mariano Cura Demoya era alcalde, en Montelíbano un familiar suyo por parte materna, Gabriel Calle Demoya, buscaba a toda costa ascender en la política local. Si bien era un desconocido en el municipio y no contaba con ningún capital político, empezó como concejal de Montelíbano durante dos periodos: 1995-1997 y 1998-2000. Posteriormente, resultó elegido como diputado (2001-2003), cuando su primo era alcalde. Luego, se lanzó como candidato a la alcaldía de Montelíbano en 2 oportunidades (2004-2007; 2007-2011), ambas sin éxito. En 2007 fue elegido alcalde Edinson Rangel, primo de la esposa de Gabriel Calle. Durante su administración, se encontraron diversas irregularidades e ilegalidades, lo que llevó a su captura en octubre de 2010 por los delitos de peculado por apropiación y por contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. A raíz de esto, se congelaron las regalías del municipio. Para la campaña de 2011, en su tercera aspiración Gabriel Calle decidió aliarse con el Clan de los Ñoños, que en ese momento tenía en una misma cuerda a los ex senadores Musa Besaile y Bernardo Ñoño Elías, para ganar las elecciones. Con el aval de la U, resultó elegido con 13.514 votos. De acuerdo con fuentes consultadas por Pares en Montelíbano, para las elecciones de 2011 el Clan de los Ñoños impulsó financiera y políticamente las campañas de Calle y de Lyons con un objetivo claro: destrabar las regalías del municipio de Montelíbano y apoderarse de los multimillonarios recursos represados. Así las cosas, una vez en el Congreso de la República, Bernardo Elías habría movilizado presuntamente sus influencias para que el gobierno nacional regresara los más de 110 mil millones de pesos en regalías retenidos a Montelíbano. Para este propósito, se inició una campaña mediática que involucró una movilización de parte del entonces alcalde Gabriel Calle en Montelíbano para exigir la liberación de los recursos. Esto está registrado en una entrevista que le hicieron a Calle Demoya en El Espectador el 13 de marzo de 2013. De acuerdo con las fuentes consultadas por Pares, estos recursos habrían sido el botín más jugoso al que habría tenido acceso Gabriel Calle para consolidarse como el gamonal político más importante del municipio y del sur de Córdoba. La nueva generación: el hijo de Gabriel llega al Congreso En 2018, Gabriel Calle decidió darle un vuelco a sus alianzas políticas con el Clan de los Ñoños y aliarse con el entonces candidato Fabio Amín al Senado. Para esto, le ofreció respaldo político en el municipio a Amín a cambio de que llevara como su fórmula en Cámara de Representantes a su hijo, Andrés Calle. Una vez se acordó la alianza, luego de los comicios del 11 de marzo de 2018, las votaciones fueron arrasadoras: Amín obtuvo 6.220 votos de los 9.432 que obtuvo el partido Liberal en el municipio; Calle junior, sin experiencia política, se coronó como el candidato más votado en todo el municipio: 10.932 votos (de 14.456 que sacó el partido en esta circunscripción). Ambos resultaron elegidos y Andrés Calle se hizo a una votación total de 57.213 apoyos. Alcaldes corruptos: Calle y Alean capturados El pasado 30 de mayo de 2019 se conoció que la Fiscalía General de la Nación emitió orden de captura contra Francisco Alean y Gabriel Calle, alcalde y exalcalde del municipio respectivamente, debido a sus presuntos vínculos con hechos de corrupción durante sus administraciones. De acuerdo con las investigaciones de la FGN, los contratos irregulares se gestaron por medio de 51 convenios interadministrativos celebrados entre Montelíbano y la sociedad de Economía Mixta Jaguazul S.A., cuyo 80 % es de propiedad del mismo municipio. Efectivamente, durante las alcaldías de Gabriel Calle y de Francisco Alean se saltaron todos los procesos de contratación pública y se seleccionaron a dedo a los ejecutores finales de los contratos. No existen documentos que certifiquen el cumplimiento de las obras allí ejecutadas, ni de las interventorías a los procesos relacionados. A pesar de la orden de captura emitida el 30 de mayo, Gabriel Calle y Francisco Alean permanecieron prófugos hasta el 7 de junio de 2019, cuando se entregaron a las autoridades en Montería. Posteriormente, en una decisión que es a todas luces irregular, el juez dictó medida no privativa de la libertad y en un sinsentido, determinó que el acalde Francisco Alean siga siéndolo, pero que no celebre contratos o convenios interadministrativos. Gabriel Calle tiene, además del proceso por las presuntas irregularidades de Jaguazul S.A., 13 denuncias por los delitos de enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, contrabando, amenazas y concierto para delinquir. De acuerdo con investigaciones realizadas en 2018 por Pares, las cifras de gastos de campaña reportados por Calle no corresponden al gasto desbordado percibido por la comunidad en Montelíbano. Algunos pobladores indican que el voto se compraba en 150 mil pesos y que, según fuentes reservadas cercanas al partido Liberal, su campaña habría bordeado los 15 mil millones de pesos. Un registro que les corresponde investigar a las autoridades. ¿Qué viene para las elecciones de 2019? Los dos candidatos que se enfrentan por la alcaldía de Montelíbano son de la misma familia que en el pasado construyó un emporio político y económico muy cuestionable. Por un lado está José David Cura, hijo del exalcalde Mariano Cura y sobrino del narcotraficante César Cura, quien iría avalado por el partido de la U y tendría el respaldo de toda la oposición del Clan Calle. Por otro lado está Gabriel Calle Demoya, investigado, capturado y liberado como se ha mencionado, quien buscaría reelegirse con el aval del partido Liberal y el coaval del partido Cambio Radical. El mayor apoyo que tiene Calle está en la representación de su hijo Andrés Calle en la Cámara de Representantes. Este último, a pesar de las diversas investigaciones que rodean a su padre y al actual alcalde Francisco Alean, motivó en la Cámara de Representantes el pasado 18 de junio la polémica entrega de la Orden de la Democracia Simón Bolívar a Alean, apenas una semana después de salir en libertad por el caso de Jaguazul. Este acto generó todo tipo de reacciones en la población. Muchas personas han sentido como burla que, mientras Alean permanece investigado, reciba una distinción en el Congreso. Por el lado de Cura también hay ruido: hace unas semanas el noticiero de Canal 1 denunció cuestionamientos que rodean su campaña. El padre de su contrincante, Andrés Calle, señaló que uno de los hijos del narcotraficante César Cura podría estar buscando apoyar la campaña de su primo José David a la alcaldía. En Montelíbano sigue arreciando la violencia sin control, a la cual se suma la incertidumbre política debido a la investigación en curso contra el alcalde actual Francisco Alean y el exalcalde Gabriel Calle. Resulta muy preocupante que Gabriel Calle busque una reelección a la alcaldía de Montelíbano. Sobre este hecho ya se han presentado reclamos ante el partido Liberal, en cabeza de Fabio Amín en el departamento y socio político del Clan Calle, sobre el aval que se otorgaría a Gabriel Calle Demoya para que aspire una vez más a la alcaldía municipal a pesar de los procesos en su contra. Reclamos similares que se han presentado al partido Cambio Radical, sobre el posible coaval que pudiera brindarle a Calle. En este contexto, el panorama político en Montelíbano es bastante sombrío y desalentador. Una democracia amenazada en este municipio de Córdoba. Artículo tomado y editado del trabajo de investigación Pares: «Montelíbano, entre la guerra y la corrupción»

Por: Redacción Pares La Fiscalía General de la Nación hizo efectiva la captura este miércoles de cuatro uniformados activos, dos retirados y tres particulares, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, celebración indebida de contratos y concierto para delinquir. Los hechos que investiga la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Seccional de Medellín, tienen relación con presuntas irregularidades que se habrían presentado en procesos de contratación de la Cuarta Brigada del Ejército en Medellín (Antioquia). Capturados Coronel activo Alexander Carvajal Urquijo: Era el supervisor de los contratos de la brigada. Mayor activo Edwin Eduardo Carrillo Pacheco: jefe de presupuesto de la Brigada Capitán Jonathan Bonilla Bonilla: supervisor de contratos de la Brigada Coronel Retirado Harold Felipe Páez Roa – excomandante batallón de servicios Cuarta Brigada. Capitán retirado Guerly Alexander Carrera Arias – contratista Samir Fernando Garcia Buitrago – contratista Ana Lucía Posada Valencia- contratista Jaime Alberto Ramirez Díaz – contratista Sargento John Henry Roncancio Rodríguez: bodeguista de la Brigada Las audiencias se adelantarán ante un juez de control de garantías de Medellín (Antioquia).

Por: Redacción Pares Para León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, «Con estos asesinatos lo que hay es una tragedia nacional. Asesinan a líderes reclamantes de tierra, a personas que se oponen a economías ilegales, a activistas sociales de derechos humanos, a personas con vocación de participación política y a líderes comunales. Esto tiene que parar.» A raíz del asesinato de María del Pilar Hurtado en Tierralta, Córdoba, Defendamos la Paz convocó a la ciudadanía a movilizarse el próximo 26 de julio y elevar un clamor nacional para que se acaben los asesinatos sistemáticos de lideresas y líderes sociales en el país. Desde ese momento hasta hoy, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación han registrado al menos otros diez crímenes. Asimismo, según el analista Ariel Ávila, subdirector de Pares, el 60 % de los líderes asesinados son reclamantes de tierras, como es el caso de María del Pilar Hurtado, acribillada en Tierralta, Córdoba, ante la mirada de su hijo que gritaba de dolor; reclamantes de verdad o miembros de las juntas de acción comunal que se oponen a la siembra de coca u otras economías ilegales; o personas que participan en política con banderas de lucha contra la corrupción local. «Cada cuatro días asesinan a un líder social en Colombia, además, en total, desde la firma del acuerdo de paz ya fueron acribillados más de 260 líderes sociales. Además. hay más de un centenar de víctimas de violencia política en el marco de las elecciones locales del próximo mes de octubre.» Explica el analista. Sobre esta violencias hay varias conclusiones: la primera, es que la mayor intensidad de esta violencia se da en meses preelectorales, es decir entre julio y octubre, antes de las elecciones locales y regionales, es posible que la violencia se intensifique. La segunda conclusión, es que una buena parte de los líderes sociales victimizados son reclamantes de verdad y tierra, por ende, entre más avance la justicia transicional más estarán en la mira estos liderazgos. «Las anteriores dos conclusiones las he repetido en varias ocasiones, sin embargo, el Estado colombiano no ha diseñado ningún plan de choque para proteger los liderazgos en las regiones más complicadas del país. Nada se ha hecho.» indica Ávila. Desde que Defendamos la Paz convocó a esta movilización, hasta hoy, se han registrado al menos otros diez crímenes. Diez razones más para marchar: 1. Uriel Piranga Valencia, líder indígena, 23 de junio, El Pital, Huila; 2. Carlos Alberto Biscué, líder indígena, 23 de junio, Caloto, Cauca; 3. Jhordan Pequi, líder indígena, 23 de junio, Caloto, Cauca; 4. José Arled Muñoz Giraldo, líder comunal, 26 de junio, Tuluá, Valle del Cauca; 5. Manuel Gregorio González, líder campesino, 26 de junio, Montelibano, Córdoba; 6. Mariano Barón Salgado, líder comunal, 26 de junio, Coveñas, Sucre; 7. Tatiana Posso, lideresa comunitaria, 3 de julio, Copey, Cesar; 8. Manuel Osuna Tapias, líder campesino, 6 de julio, San José de Uré; Córdoba; 9. José Orlando Ordoñez Vanegas, líder comunitario, 11 de julio, Toro, Valle del Cauca. 10. Yamile Guerra Suárez, 20 de julio, abogada y lideresa ambiental, Floridablanca, Santander. Los asesinatos de estos diez líderes sociales son diez razones más para salir a las calles y plazas en las 58 ciudades de Colombia y del exterior, en las que se han citado movilizaciones y plantones el próximo viernes. Invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a que caminen con nosotros y hagan presencia en los actos previstos para ese día por la vida de quienes defienden la vida y la paz en los territorios.

Por: José Roberto Acosta Ramos, aliado PARES El contrato que se otorgó en marzo de 2009 a los corruptos de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. fue protegido y blindado con maniobras jurídicas y leyes durante los gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos, y a pesar de tener un origen ilícito en sobornos, falsedades y otros delitos, uribistas y santistas le evitaron la costosa caducidad y lo llevaron delicadamente hacia una terminación anticipada, lo que concluye en un proceso de liquidación que iguala al Estado con delincuentes, y obliga a que todos los colombianos paguemos de nuestros bolsillos los dineros que los pillos gastaron y usufructuaron en la ejecución de tan despreciable contrato. Al parecer, en Colombia “ser pillo paga”. 9 de marzo de 2009: El gobierno del presidente Álvaro Uribe declara la importancia estratégica del proyecto vial Autopista Ruta del Sol, mediante documento Conpes 3571. 15 de diciembre de 2009: El gobierno adjudica el Tramo 2 de la Ruta del Sol a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. (Consol), conformado por Odebrecht, Episol de Corficolombiana perteneciente al Grupo Aval y CSS Constructores del Grupo Solarte. Febrero de 2014: El candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, en compañía de Iván Duque Márquez, se reunieron con el asesor político Duda Mendoza, a quien los corruptos de Odebrecht le pagaron USD$1,6 millones para sumarse a la campaña presidencial 2014 del Partido Centro Democrático. 19 de junio de 2015: Capturan a Marcelo Odebrecht, máxima cabeza de la Constructora Norberto Odebrecht, socio mayoritario de Consol. 10 de abril de 2016: El Consorcio Ruta del Sol demanda a la Nación por $700.000 millones, convocando un Tribunal de Arbitramento ante la Cámara de Comercio. 21 de diciembre de 2016: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace públicas las pruebas de sobornos de Odebrecht en Colombia, entre las cuales está la confesión del Viceministro de Transporte del Gobierno de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, por haber recibido USD$6.5 millones en sobornos para la adjudicación de la Ruta del Sol Tramo 2. 23 de enero de 2017: El entonces senador, Iván Duque Márquez, presenta denuncia por competencia desleal contra Odebrecht ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta maniobra le quita protagonismo a los delitos de soborno y adjudicación indebida de contratos, entre otras graves conductas. 16 de febrero de 2017: Mediante la resolución 5216, en una decisión sin precedentes en la historia y el orden jurídico de Colombia, el Superintendencia de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, como resultado de sus investigaciones sobre competencia desleal de CONSOL, ordenó como medida cautelar liquidar anticipadamente el contrato. Con esta maniobra jurídica le evitó la caducidad a CONSOL, caducidad que le hubiera implicado sanciones pecuniarias como multas e inhabilidad para contratar hasta por diez años. Como lo informó el Viceministro de Transporte el lunes 22 de julio de 2019, la maniobra del Superintendente Pablo Felipe Robledo evitó que la Agencia Nacional de Infraestrucrura (ANI), aplicara la Ley 80 de 1993 que le permitía adelantar la caducidad del contrato con sus sanciones hacia los corruptos. El ex superintendente Robledo no se debió haber involucrado en un tema de trascendencia penal que se derivaba de los sobornos de la concesionaria Ruta del Sol, pues su investigación administrativa por competencia desleal terminó desarmando la posibilidad de que la ANI solicitara la caducidad del contrato; asimismo frenó las sanciones que de dicha medida se hubieran derivado para la concesionaria Ruta del Sol. Ahora es la concesionaria Ruta del Sol la que demanda a la nación ante un tribunal internacional. 31 de julio de 2017: Sorpresivamente renuncian los tres árbitros del Tribunal de Arbitramento convocado en abril de 2016 por el Consorcio Ruta del Sol por presiones indebidas del vicepresidente Germán Vargas Lleras. 15 de enero de 2018: El presidente Santos sanciona la Ley 1882 que modifica la Ley de Infraestructura (Ley 1508 de 2012), y en su artículo 20 obliga a que cuando se ordene la terminación anticipada de un contrato, como sucedió con Ruta del Sol, el Estado deberá reconocer el valor actualizado de los costos, las inversiones y los gastos ejecutados por el contratista cuando se declare la nulidad del contrato y créditos pendientes a pagar a entidades financieras, así esa nulidad haya sido por corrupción, como sucede en este caso, y con efecto retroactivo. 17 de junio de 2018: El candidato del Partido Centro Democrático, Iván Duque Márquez, con una financiación del 66% de su campaña por cuenta del Grupo Aval, empresa socia de Ruta del Sol, logró el 53,95% de los votos y se convirtió en el nuevo presidente de Colombia, tras derrotar en segunda vuelta a Gustavo Petro. 6 de diciembrede 2018: El Tribunal Administrativo de Cundimanarca, Sección Primera, emite fallo en la acción popular entablada por la Contraloría contra la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. condenando a esta última a un pago de $800.000 millones como multa por considerar su mala fe en la adjudicación y desarrollo del contrato con la ANI. 29 de abril de 2019: Se emite condena de 11 años y nueve meses de cárcel a José Elias Melo Acosta por los delitos de cohecho e interés indebido en celebración de contratos en su calidad de presidente de Corficolombiana, propietaria de Episol y socia de Concesionaria Ruta del Sol, entidad perteneciente al Grupo Aval. 22 de julio de 2019: La Ministra de Transporte, Angela María Orozco, y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informan que están adelantando un proceso de revisión de un posible acuerdo conciliatorio que sea favorable para las finanzas del Estado, en función de la Sentencia de la Corte Constitucional que condicionó la aplicación del artículo 20 de la Ley 1882, priorizando el pago a terceros de buena fe, como lo son las entidades financieras Itaú, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco AV Villas, en el Contrato de Concesión de la Ruta del Sol, sector 2. 22 de julio de 2019: La Superintendencia de Trasporte declara la disolución de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y la convoca a proceso de liquidación ante la Superintendencia de Sociedades, aceptándole pagar $1,2 billones para que salde sus deudas con los bancos entre los cuales, la mitad, pertenecen al Grupo Aval, dueño de Corficolombiana y que en diferentes fallos ha sido relacionada con probados pagos de sobornos. ¿Esta decisión fue considerada en el Consejo de Ministros? ¿Ha tenido la Ministra de Transporte vínculos profesionales y laborales con el Grupo Aval? @jrobertoacosta1 jrobertoacostaopinion@gmail.com

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares En una jugada siniestra, el gobierno informó este lunes que la Nación, que son todos los colombianos y colombianas, asumirán el pago de alrededor de 1.2 billones de pesos de la deuda total a los bancos que financiaron al consorcio Ruta del Sol II, conformado por Odebrecht, Episol, y CSS Constructores, quienes hicieron parte del entramado de corrupción en la adjudicación de contratos de infraestructura vial. Esta decisión sorprendió a la opinión pública debido a que los colombianos y colombianas tendrán que sacar de sus bolsillos para pagar esta deuda adquirida ahora por el Estado y que en principio les corresponde a estos grupos empresariales que, supuestamente, quedaron en quiebra cuando el gobierno solicitó la terminación anticipada del contrato en 2017 cuando las obras aún seguían en ejecución, pero los escándalos tenían en jaque todo el proyecto. Ahora, el gobierno del presidente Iván Duque decidió asumir esta responsabilidad innecesaria, tal como lo advirtieron analistas dos años atrás, porque dicha contratación debió caducarse, más no terminarse forzosamente. Por su parte, el viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, señaló que el gobierno está buscando pagar el capital del crédito adquirido por este consorcio, y no la integralidad del crédito obtenido para el tramo II de la Ruta del Sol. Ante este panorama, y la serie de críticas por el mal manejo que se le ha dado a este entramado de corrupción, la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, habló con el experto en economía José Roberto Acosta, quien expresó que esta es una estrategia del gobierno para favorecer a los bandidos. Una serie de errores En febrero de 2017, el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, solicitó que la entidad a su cargo hiciera parte de un contrato público, solicitando la terminación anticipada del contrato existente con dicho consorcio, debido a las irregularidades que empezaron a descubrirse. Odebrecht tuvo el 60%; Corficolombiana del Grupo Aval, cerca del 35%, y Carlos Solarte el 5%; y por consiguiente, el mayor responsable, y del que se tuvo pruebas reina como mayor responsable en la adjudicación de los contratos por medio de coimas fue el grupo brasileño. Así las cosas, se fueron destapando las redes de corrupción en alianza con funcionarios del Estado, lo cual conllevó a que el gobierno tomara una decisión, y en definitiva se terminó el contrato de manera anticipada. “Esto ya lo habíamos advertido desde el año 2017 cuando el superintendente Pablo Robledo abrió un tapete rojo para recibir a los bandidos de Odebrecht y Aval en vez de aplicarles la caducidad que era lo que correspondía con las respectivas sanciones contractuales y de multas que hubiera acarreado”, agregó el experto. A partir de ese episodio que le hizo el quite a la caducidad del contrato -que era lo correcto según expertos-, nacieron estos supuestos derechos que están reclamando los señores de Consorcio Ruta del Sol, Odebrecht y grupo Aval para que el Estado tome partida y se responsabilice de alguna parte de la deuda general. “Los bancos, en últimas los acreedores de esos 1,2 billones de pesos de los que nos van a endeudar a través de títulos de deuda pública, son unos bancos que se autocalifican terceros de buena fe, pero recordemos que dentro de esos bancos esta Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, y esos bancos hacen parte del grupo Aval y está demostrado que el grupo Aval no puede probar su buena fe, sino por el contrario está probada su mala fe al haber participado en los sobornos a través de Corficolombiana (Episol)”, aseguró a Pares el analista. En ese sentido, si se hubiera permitido la caducidad del contrato se habría pagado un monto importante al Estado, pero ahora resultó ser todo lo contrario. El panorama que el gobierno «no vio« Para el martes seis de agosto está previsto que se conozca el concepto del Tribunal de Arbitramiento sobre el monto total que deberá responder el concesionario. En ese sentido, se esperaba que en dos semanas asistieran los implicados, se declarara nulidad al contrato y se especificara el valor del proyecto de la Ruta del Sol para poder determinar cuánto dinero le deben a los bancos. Sin embargo, este pacto que se conoció el lunes entre el gobierno y la concesión lo que hizo fue adelantarse a la decisión y desconocer al laudo arbitral, y asimismo respaldar a quienes cometieron delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. “Algo muy sencillo es que ese litigio entre consorcio Ruta del Sol y la ANI tiene que resolverse con el laudo en agosto; pero de manera irregular, anticipada y sospechosa, el gobierno busca un acuerdo haciendo creer que ese acuerdo es beneficioso para el país, cuando la posibilidad legal de que Odebrecht pierda esos 1,2 billones de pesos es absolutamente clara de que no hay sustento legal para que nosotros paguemos las deudas que ellos contrajeron con los bancos”, insistió Acosta. De acuerdo con el analista lo que hay de por medio es un acuerdo perjudicial con detrimento patrimonial para la nación. Y los organismos de control, especialmente la Contraloría debería pronunciarse porque lo que está por concretarse es un detrimento de lo público. Y ahora sentarse a la mesa para negociar y liquidar en igualdad de condiciones como si el Estado también fuera corrupto deja muy mal parado el acuerdo que van a firmar para evitar el laudo arbitral, expresó. Ahora bien, el fallo del tribunal hay que acatarlo y se debe respetar la ley, habría que esperar al mes de agosto, pero ellos no quieren esperar eso y por consiguiente hicieron ese pacto. “Eso estamos analizando quienes hemos hecho seguimiento al tema para mirar qué herramientas jurídicas planteamos para que no se dañe el patrimonio público”, concluyó. Por ahora, dichas empresas siguen habilitadas para contratar con el Estado, y el hecho de haber terminado el contrato y no caducado, le quitó la responsabilidad completa a dicho consorcio y los ciudadanos tendrán que pagar por los platos rotos de unos corruptos.

Por: Redacción Pares Las familias que han salido de Venezuela encuentran durante su viaje con una serie de situaciones de peligro debido a su edad, género o estado de salud, además de que el 66% carece de empleo o trabaja informalmente y el 43% tiene dificultades para encontrar alojamiento, revela una encuesta publicada por ACNUR. La Agencia de la ONU para los Refugiados, divulgó esta semana una encuesta a 7846 venezolanos emigrados según la cual la integridad de esas personas se encuentra en riesgo continuo durante su travesía a otros países. La mitad de las familias encuestadas, el 50,2%, señalaron haber afrontado o seguir afrontando situaciones de peligro debido a su edad, género, estado de salud u otras condiciones, o sentirse en riesgo porque para sobrevivir han debido recurrir a opciones como la mendicidad, el empleo infantil o la prostitución. En un conferencia de prensa en Ginebra, la portavoz de ACNUR explicó que el sondeo se llevó a cabo de enero a junio de 2019 en varios países latinoamericanos y caribeños. “Aunque los gobiernos de la región han otorgado permisos temporales a los venezolanos, el 34% de los entrevistados dijo que no tenía ningún tipo de documentación, ya fuera porque entró de manera irregular a un país o porque sus permisos habían expirado. El resto tuvo visas temporales o de turismo y sólo el 4% tiene una residencia permanente”, especificó Liz Throssell. Además, el 15% de los entrevistados indicó haber solicitado asilo y el 26% dijo que piensa hacerlo. Con respecto a quienes no consideran este recurso, la encuesta mostró que es porque la mayoría desconocía esta clase de procesos y derechos o porque creía que eso les impediría regresar a su país. Sin empleo Throssell agregó que el 66% carece de empleo o trabaja informalmente y el 43% tiene dificultades para encontrar alojamiento, sobre todo por falta de fondos y documentos o por discriminación debida a su nacionalidad. Las entrevistas fueron hechas por personal de ACNUR, de las municipalidades, de ONG y de ministerios de gobierno en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Perú y Uruguay. ACNUR explicó que el objetivo del sondeo fue conocer los riesgos, las necesidades y el poco acceso de los venezolanos a sus derechos en países de tránsito y destino. Según datos de la ONU, unos 3,3 millones de venezolanos estarían viviendo en otros países de América Latina y el Caribe.