Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El presidente Iván Duque instaló este sábado el segundo periodo legislativo del Congreso de la República, en el cual realizó un balance de lo que lleva de gobierno en materia de paz, seguridad y economía. En su discurso habló de los puntos logrados durante estos once meses, sin embargo, analistas aseguran que se jacta de resultados muy precarios, ya que la implementación del Acuerdo de Paz está colgada, la economía está estancada y las relaciones internacionales pasan por un mal momento. “Es motivo de honor y orgullo para mí estar de nuevo en este Salón Elíptico, en este Salón del Capitolio Nacional, el día de conmemoración de nuestro Grito de Independencia. Regreso al Congreso de la República para dirigirme a ustedes”, señaló Duque en la apertura. Asimismo, saludó a los congresistas de los partidos de la coalición de gobierno y partidos independientes de su corriente política, tales como el Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Mira, Partido Colombia Justa Libres, Partido La U, Partido Liberal y Cambio Radical. También a los partidos de oposición. Seguido del saludo, Duque empezó a contar sobre los avances de su gobierno. Según él, se ha realizado un trabajo conjunto con el Congreso y como consecuencia se aprobó un portafolio de proyectos de ley y actos legislativos. Sin embargo, la realidad es otra cuando se revisa que algunas de las ponencias más importantes de la anterior legislatura fueron hundidas, las mayorías no las tuvo Duque y tampoco cumplió con aspectos clave del Acuerdo de Paz, firmado con la exguerrilla de las Farc. Así las cosas, Duque se refirió al Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, aprobado por este Congreso, como uno de los logros. La Fundación Paz y Reconciliación-Pares habló con el catedrático y experto en conflicto y paz, Álvaro Villarraga, quien ofreció un panorama sobre el actual gobierno y lo que sigue después de instalar este nuevo periodo legislativo. “Muy en resumen yo ubico un diagnóstico por parte de Iván Duque que sobreestima lo conseguido tanto en ejecución de gobierno global como agenda legislativa, y en contraste, con un resultado deficiente y malo, en muchos de los aspectos en su ejercicio de gobierno”, aseguró Villarraga. Por eso, en cuanto al PND expresó que este programa refleja un plataforma muy débil del gobierno Duque porque su planteamiento de economía naranja, y de algunas líneas de crédito no tienen sustancialmente una propuesta nueva. “La economía sigue estando bajo el predominio de un modelo altamente lesivo desde el punto de vista ambiental, minero exportador, no hay incluso un robustecimiento de la actividad campesina. El fracaso del sector agrario, no solo del campesino no está teniendo solución. Su bandera que aparece novedosa en realidad no lo es”, apuntó. Los fracasos internos y externos de Duque De acuerdo con el analista, el gobierno tampoco va por buen camino en el ámbito internacional. La aceptación plena de las condiciones hacia la fumigación, una política antidrogas con herencias de fracaso, más el hecho de lesionar la implementación del Acuerdo de Paz han hecho que los organismo internacionales tengan el ojo puesto en Colombia. Duque “se resiste a implementar el Acuerdo de Paz, resulta derrotado en el Congreso, sus iniciativas son de fracaso, de baja implementación. Muy pocos proyectos y fracasados, como la reforma política, a la reforma a la justicia, etc.”, es decir que han fallado las políticas internas y externas, agregó Villarraga. Durante el discurso, el presidente expresó que desde el gobierno anterior se recibió un país con grupos armados de crimen organizado, un crecimiento desbordado de cultivos de uso ilícito, un aumento en los homicidios de los líderes sociales, entre otras problemáticas. Pero “nuestro esfuerzo ya empieza a dar frutos”, aseguró. De todas maneras, Duque está hablando de unos éxitos y de un buen resultado de gobierno que no se da, ni en lo interno, ni en lo internacional, es más un gobierno bastante aislado, afirmó el catedrático. Movidas políticas Con este panorama, la coalición de gobierno conformada por el partido Centro Democrático cuenta con un aliado conservador y algunos aliados cristianos, pero son una clara minoría, derrotada incluso en los eventos más sobresalientes, como en los proyectos de ley relacionados con el Acuerdo de Paz que querían hundir. “Incluso hay una recomposición política en este año de gobierno en donde las vertientes de izquierda, de centro, sectores independientes u oposición, terminan siendo mayoría en Cámara y Senado, y terminan derrotando iniciativas o medidas contrarias al proceso de Paz”, señaló Villarraga. En ese sentido, la presentación del presidente fue un tanto salida de la realidad, puesto que, no hubo un replanteamiento de su ya fallida política. Estuvo el gobierno con sus ministros y se decía que harían una evaluación, un balance y una reformulación de la ruta del gobierno. Un gobierno que se resiste al Acuerdo de Paz A lo largo de su pronunciamiento abordó diversos temas, uno de ellos, un pequeño panorama sobre cómo este gobierno ha impulsado la implementación. De todas maneras, para Villarraga, este gobierno se acomoda un poco al tema de la paz, pero de fondo actúa con inconsecuencias y lo quiere atender solamente de manera selectiva en la reincorporación de excombatientes. “En estos 11 meses, hemos ratificado el compromiso que tenemos con la construcción de esa paz con legalidad. (…) Todos queremos la paz, todos vamos a trabajar con ella, pero tiene que ser una paz que brinde legalidad a todo el territorio”, aseveró el primer mandatario. A partir de lo cual reiteró el apoyo en la reincorporación de los excombatientes, y la voluntad para respaldar a quienes renunciaron a la violencia. Sin embargo, no logró dar resultados con la integralidad del Acuerdo como lo son las reformas más sustanciales: la reforma política, el proyecto de las circunscripciones territoriales, ambos hundidos. A las dificultades con el pacto de paz mencionadas, Duque puso sobre la mesa el estado en el que se encuentran las relaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con el presidente, solamente podría haber un nuevo acercamiento si cesan todas las actividades criminales y liberan de forma inmediata a todos los secuestrados en su poder. “Quiero ser enfático: aceptar con el ELN cualquier aproximación a la paz, mientras ellos mantengan actos delincuenciales y de terrorismo, sería legitimar la violencia”, asentó. Así la cosas, Duque ha mantenido un discurso maleable, y su favorabilidad va cada día en picada. No tiene las mayorías en el Congreso, y a nivel internacional tampoco ha tenido buena acogida, tanto así que la visita del Consejo de Seguridad de la ONU lo que generó fue más presiones al gobierno para que implemente el Acuerdo. Duque se enaltece de una nueva política, renovada y joven. Sin embargo, su gabinete no representa ninguna de estas características, así como tampoco su plan de gobierno.

Por: Redacción Pares Así lo manifestó ante el Consejo de Seguridad de la ONU realizado el pasado viernes en la ciudad de Medellín, Carlos Ruiz Massieu, Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Además, señaló que «La difícil situación de cientos de valientes líderes amenazados en todo el país es inaceptable.» Asimismo, solicitó al Presidente Duque reiterar que una paz verdaderamente sostenible requiere avances complementarios en todos los componentes del Acuerdo Final, incluyendo la reforma rural integral, la sustitución de cultivos ilícitos, las garantías de seguridad, la reincorporación de excombatientes, y la justicia y reparación para las víctimas. Ruiz Massieu indicó que la evaluación del proceso de paz es disímil. Si bien los esfuerzos del Gobierno por promover la reincorporación de los ex miembros de las FARC-EP han comenzado a mostrar importantes resultados concretos, la seguridad en las zonas afectadas por el conflicto sigue siendo motivo de gran preocupación para la Organización de las Naciones Unidas. Destacó que la gran mayoría de las y los ex integrantes de las FARC-EP, siguen firmemente comprometidos con el proceso de paz y que ese compromiso se refleja en su participación en el Congreso, sus preparativos para ser parte en las próximas elecciones y en sus esfuerzos por reincorporarse a la vida civil. Situación de excombatientes La ONU le hizo un llamado de atención al gobierno nacional para que aumente el número de proyectos productivos para los excombatientes y proporcione la asistencia técnica necesaria para tener acceso a mercados que aseguren su sostenibilidad. «Ambas partes tienen la responsabilidad de revitalizar el proceso de presentación, aprobación y desembolso de fondos para los proyectos. Las comunidades, las poblaciones étnicas y las mujeres deben estar en el centro de estos esfuerzos.» explicó Ruiz. También señaló que la presencia de grupos armados ilegales en las antiguas zonas de conflicto afecta a todos los actores presentes en estas zonas, incluyendo a miembros de la fuerza pública, cuyas muertes a manos de esos grupos también merecen una condena ejemplar. Por su parte, exhortó a que el Estado atienda las regiones que han sufrido el dolor y la muerte del conflicto armado. «En este contexto, la importancia de establecer una presencia integral del Estado – tanto de las instituciones de seguridad como de las instituciones civiles – en las zonas afectadas por el conflicto no puede ser sobreestimada. No es sorprendente que las comunidades y autoridades locales hayan sido unánimes en su deseo de que los ETCR permanezcan, debido a que ha traído consigo un incremento en la presencia de las instituciones del Estado brindando mejoras en la seguridad y la actividad económica.» Respaldo al Acuerdo de Paz y a la JEP «El proceso de paz colombiano es un ejemplo sobresaliente de cuánto apoyo pueden prestar las Naciones Unidas cuando el Consejo está firmemente unido. Su compromiso continuo es necesario para ayudar a Colombia a asegurar la paz.» resaltó Ruiz Massieu ante la presencia del Presidente Iván Duque, el Canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila. El Acuerdo de Paz ha permitido salvar miles de vidas y ha generado oportunidades para que las víctimas y sus familias obtengan reparación y justicia, así como para el desarrollo económico de vastas zonas del país que han sido devastadas por la guerra durante decenios. El alto funcionario exaltó la mayor participación de las víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y reiteró que el modelo de justicia restaurativa de Colombia «(…) está empezando a cumplir su promesa de garantizar justicia y reparaciones para las víctimas. Es esencial que se siga prestando apoyo al Sistema Integral, incluyendo los recursos adecuados.»

Por: Redacción Pares A poco menos de cuatro meses de las elecciones regionales, la cifra de personas victimizadas por su participación en procesos electorales continúa creciendo. Así lo indica el último informe de violencia electoral publicado este lunes por la Fundación Paz y Reconciliación -Pares. Desde marzo, los datos muestran un aumento del 56,25% en número de víctimas, 88,1%, si se ve desde la cantidad de hechos, y el comportamiento del fenómeno demuestra que distintos actores violentos con intereses sobre los espacios de representación recurren directa e indirectamente al asesinato y la intimidación como mecanismos de competencia. Descargue aquí Segundo Informe de Violencia Electoral Por su parte, de acuerdo con los datos del sistema de información SIPARES, se mantiene la tendencia según la cual los sectores políticos más victimizados son aquellos en crecimiento, es decir, los partidos de oposición y gobierno. Entre el 27 de octubre de 2018 y el 17 de julio de 2019 el sistema de información SIPARES de la Fundación Paz y Reconciliación registró 83 hechos de violencia electoral que han dejado un total de 129 víctimas. Esto quiere decir que en el periodo analizado en este segundo informe se presentó un aumento del 61,25% en la violencia electoral. Mientras que durante los primeros cinco meses del calendario electoral (27 de octubre 2018 – 31 de marzo 2019) se presentaron 42 hechos que resultaron en 80 víctimas, en poco más de tres meses, es decir en el periodo comprendido entre el 1 de abril al 15 de julio de 2019, ocurrieron 41 nuevos hechos que dejaron 49 nuevas víctimas. Esta intensificación indica una tendencia hacia formas más individualizadas de violencia y, como se verá, refleja tasas mensuales más constantes que mantienen el preocupante promedio de una persona victimizada cada dos días. Violencia electoral por departamentos En la actualidad los hechos de violencia electoral se han presentado en 23 departamentos, 71,87% de todo el territorio nacional. De estos, 7 concentran un 74,41% del total de víctimas: La Guajira (20), Valle del Cauca (18), Tolima (13), Bogotá (12), Nariño (11), Antioquia (11) y Cauca (11) encabezan esta lista y, por su parte, Huila, Caquetá y Norte de Santander son tres nuevos departamentos en los que antes de abril no se habían registrado victimizaciones de este tipo. Asimismo, las amenazas continúan siendo el tipo de hecho más recurrente (96), seguido por los atentados (15), y los asesinatos selectivos con 12. En cuanto a los perfiles de las víctimas, los funcionarios públicos de elección popular permanecen como el segmento con mayor cantidad de víctimas registradas (51%), siendo los concejales (38), los senadores (9) y los alcaldes (7) quienes encabezan las cifras. Por su parte, el segundo grupo lo representan los precandidatos quienes en los últimos tres meses prácticamente se han duplicado, pasando de 18 a 37 víctimas, y asimismo recogiendo el crecimiento estadístico más crítico entre todos los perfiles analizados. De estos, 28 aspirarían a alcaldías, 5 a concejos, 3 a gobernaciones y 1 a asamblea departamental. Además de estos 2 sectores, entre otros, 13 funcionarios públicos y 9 miembros de partidos políticos (en su mayoría de oposición y con distintas funciones en los procesos electorales) han sido víctimas de distintas formas de violencia electoral. Violencia electoral por partidos Específicamente, desde el 27 de octubre de 2018 la violencia electoral, vista en función de la alineación política, se ha distribuido de la siguiente manera: 1. Los partidos de oposición registran 38 víctimas que reúnen el 30% de todos los hechos y a esta cifra se suma un 2% (3 casos) equivalente a personas que pertenecen a movimientos políticos afines a partidos de oposición. En los últimos tres meses se identificaron 13 nuevos casos en contra de este sector y esto representa una variación porcentual de 20,58%. 2. La coalición de gobierno 25 casos (19,37%) y una variación de 47,05% equivalente a 8 nuevas víctimas entre primero de abril y el 15 de julio de 2019. 3. Los partidos independientes 22 víctimas que recogen el 17,05% (88,33% de variación porcentual). 4. Y, finalmente, en un 32% de los casos la alineación política de las víctimas permanece desconocida (frente a 29% del periodo comprendido entre octubre 27 de 2018 y el 31 de marzo de 2019) debido, quizá, a la etapa temprana de los comicios regionales. El caso de las Águilas Negras Por otro lado, las Águilas Negras (estructura criminal que no existe) es el agente que más victimizaciones registra con el 17.05% y en cuyo caso predominan las amenazas (22 amenazados). Aún no se conoce el primer episodio de violencia letal presuntamente perpetrado por estos actores. Dentro de los perfiles más victimizados por este grupo se encuentran precandidatos a la alcaldía, 7 casos, seguido por Senadores de la República, 4 casos, militantes de partidos políticos, 3 casos, gobernadores, 2 casos, diputados, 2 casos; una autoridad indígena, un denunciante de corrupción, un representante a la Cámara y un edil. Estos hechos han ocurrido en lugares como Bogotá, Mocoa (Putumayo), El Copey (Cesar), Manaure (La Guajira), Pueblo Rico (Risaralda), Buga, Alcalá (ambos en Valle del Cauca), Pasto y Tumaco (Nariño). En la gran mayoría de los casos no existe un agente perpetrador identificado (75,96%). Para agravar el panorama, la violencia electoral se ha tornado más letal y sigue gravitando mayoritariamente en contra de figuras políticas denunciantes de hechos de corrupción y, crecientemente, en contra de sectores alternativos. Esto lo que significa, es que no hay una estructura ilegal que tenga como objetivo influir en elecciones. Más bien, son sicarios y agentes que prestan servicios de seguridad privada ilegal que son contratados para cometer estos hechos, y que la violencia sigue siendo un mecanismo de competencia política.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La fumigación y aspersión de glifosato contra los cultivos de uso ilícito han suscitado profundos debates en la opinión pública. Para el gobierno del presidente Iván Duque esta práctica es necesaria para erradicar los plantíos, mientras los partidos de oposición y organizaciones de derechos humanos han expresado total rechazo debido a las consecuencias negativas que trae para la salud y el medio ambiente. Así las cosas, Duque mantiene la posición de utilizar el herbicida de forma aérea para reducir el número de sembradíos de coca que tienen al país como el primer productor y exportador de cocaína. Por consiguiente, solicitó un concepto a la Corte Constitucional para que definiera cómo debe proceder el Estado con respecto a esta técnica. Puesto que, en la actualidad se fumiga únicamente en tierra. Lo que dijo la Corte Constitucional El jueves el alto tribunal se pronunció frente al tema y en definitiva no modificó la sentencia 236 del 2017, surgida por un derecho de petición de una comunidad en el municipio de Nóvita. En ese sentido, realizó una serie de precisiones y restricciones. Está por ejemplo que el Consejo Nacional de Estupefacientes aún no puede implementar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), y en ese sentido, debe mantenerse en la erradicación de forma manual. Asimismo, la línea del blindaje constitucional al Acuerdo de Paz, es decir, mantener e impulsar el plan de sustitución de cultivos de uso ilícito por lícitos. Sin embargo, dejó la posibilidad de implementar la aspersión aérea si se diseñan unas medidas legales y reglamentarias que sean pertinentes con las siguientes características, de acuerdo con la sentencia: 1. La regulación debe ser diseñada y reglamentada por un órgano distinto a las entidades encargadas de ejecutar los programas de erradicación de cultivos ilícitos, e independiente de esas mismas entidades. 2. La regulación debe derivarse de una evaluación del riesgo a la salud y otros riesgos, como el riesgo al medio ambiente, en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado. Este proceso de evaluación deberá realizarse de manera continuada. 3. El proceso decisorio deberá incluir una revisión automática de las decisiones cuando se alerte sobre nuevos riesgos. La legislación o reglamentación pertinente deberá indicar las entidades con la capacidad de expedir dichas alertas, pero como mínimo deberá incluirse a las entidades nacionales y del orden territorial del sector salud, las autoridades ambientales y las entidades que conforman el Ministerio Público. 4. La investigación científica sobre el riesgo planteado por la actividad de erradicación, que se tenga en cuenta para tomar decisiones, deberá contar con condiciones de rigor, calidad e imparcialidad, de acuerdo con los parámetros fijados en el apartado 5.4.3.4 de esta providencia. 5. Los procedimientos de queja deberán ser comprehensivos, independientes, imparciales y vinculados con la evaluación del riesgo. 6. En todo caso, la decisión que se tome deberá fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente. En ese sentido, el exsenador del partido Centro Democrático, Alfredo Rangel, expresó molesto desde su cuenta de Twitter que “ante la terquedad de la C. Constitucional al Gobierno no le queda otra salida que empezar ya la fumigación con glifosato de los cultivos de coca, y después debatir sobre sus supuestos efectos. La seguridad nacional por encima de los caprichos de la Corte”. Posible paro cocalero De acuerdo con Ariel Ávila, analista de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, con la decisión de la Corte Constitucional se relativizó el principio de la certeza absoluta sobre el principio de precaución de la utilización del glifosato tanto en el medio ambiente, como para la salud de los seres humanos. “Esto significa que el Consejo Nacional de Estupefacientes empezará las fumigaciones, y el día que empiecen las fumigaciones comenzará un gran paro cocalero, similar al que tuvimos en los años 95, 96 y 97 en la época Samper, y vamos a tener 300 mil campesinos en las carreteras faltando un mes para las elecciones locales y van a incendiar este país”, señaló el analista. En segundo lugar, estaría el desconocimiento al tema de las consultas previas para el tema de consejos comunitarios y resguardos indígenas, puesto que, son las poblaciones más afectadas por esta práctica, sin embargo, si se implementa de manera unilateral no habría consenso con los habitantes, los principales afectados. “Lo tercero es el principio de precaución: uno lo puede aplicar de forma restrictiva o de forma ampliada, yo lo aplicaría de forma restrictiva, es decir, si hay una sola duda de que el glifosato produce cáncer, no fumigo. Pareciera que el gobierno lo va a aplicar de forma ampliada, y aunque haya muchas dudas, y hasta una sentencia en el estado de California que dice que el glifosato produce cáncer, aun así, van a fumigar”, concluyó Ávila. En definitiva, la Corte mantuvo la fumigación manual con glifosato, sin embargo, dejó alta la posibilidad de que el Consejo ajuste las recomendaciones dadas por el tribunal y en ese sentido, pueda empezar a emplear este herbicida.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares «Una lideresa social lucha por el respeto a la vida, que es el derecho más sagrado que tenemos los seres humanos.(…) En Tumaco hay pobreza, corrupción y violencia y sabemos que narcotráfico y violencia son almas gemelas, eso nos ha hecho mucho daño. Nosotros somos producto de un olvido histórico y de una clase política corrupta y responsable de la situación que vive Tumaco. (…) Lo mejor de nuestro municipio es su gente, una comunidad de gente de paz, a la que le ha faltado un buen gobierno para sacar adelante a su pueblo. (…) Yo le exijo al Presidente Duque que por favor nos respete y no nos exponga a la muerte si se retoman las fumigaciones con glifosato.» Pares habló con Ivonne Quiñónez Cháves, lideresa social nariñense y asesora comunitaria para la Defensa de los Derechos Humanos en el municipio de Tumaco.

Por: Sebastián Camilo Mora Castro – Línea Democracia y gobernabilidad Pares Guarumo es un corregimiento del municipio de Cáceres en el Bajo Cauca antioqueño. Esta subregión es célebre entre periodistas, politólogos, sociólogos, antropólogos y economistas, tristemente, por su posición estratégica como corredor para envío de droga y por las dinámicas del conflicto de los actores armados que buscan adueñarse de las economías ilegales. Desde finales de 2017 esta región vive un auge de violencia que no se presenciaba desde las más fulgurantes épocas paramilitares y que parecía haber quedado atrás. Los niveles de homicidios y desplazamientos se desbordaron, y parece que ni siquiera el gobierno nacional puede encontrar la estrategia correcta para contenerlos. En ese sentido, Guarumo se encuentra más cerca de la capital de la subregión, Caucasia. Una moto realiza el recorrido en 15 minutos, mientras que para llegar al centro poblado de Cáceres se puede tardar una hora a buena velocidad. Así las cosas, los habitantes del corregimiento buscan servicios fundamentales como salud y educación en Caucasia por cercanía y economía. Todo este contexto generalizado se puede evidenciar en este humilde corregimiento que no cuenta con suficiente apoyo de la fuerza pública, sumado al abandono de la administración municipal, desbordada por la violencia. Comité de gestión, una forma de avanzar Ante tal panorama, los jóvenes del corregimiento, como ellos mismos se llaman, se dispusieron a trabajar y salirle al paso a la estigmatización que ha envuelto su hogar. Todo empezó con un castigo. Unos 20 niños fueron descubiertos por sus padres mientras faltaban a sus clases de preparación para la primera comunión y confirmación, sin permiso alguno. El castigo consistió justamente en lo que estaban intentando evitar, pasar todos los sábados y domingos en la parroquia, asistir a la misa y a participar en las actividades que se realizaban ahí. Eso sucedió hace aproximadamente 10 años y se convirtió en el único espacio de participación y libertad para el desarrollo personal de la juventud. Este proceso a través de actividades lúdicas tales como exposiciones deportivas y artísticas cada fin de semana, abrió las puertas para acercarse y participar a distintos procesos de participación juvenil, como la construcción de las plataformas municipales de juventudes, bajo la sombrilla de la Ley de Juventud, el programa Antioquia Joven en cabeza de la gobernación o distintos proyectos financiados por organismos cooperación internacional. Una organización juvenil para beneficiar a la comunidad El mayor cambio empezó en octubre de 2018 cuando esos mismos jóvenes se propusieron hacer parte en la toma de decisiones del corregimiento presentando una plancha propia para la elección de una nueva Junta de Acción Comunal (JAC) apoyados por la gran mayoría de los pobladores de Guarumo. Ya para diciembre, esta plataforma fue elegida y se empezó con el proceso de formalización ante el municipio. Lastimosamente, este último no puede reconocer oficialmente a la JAC, ya que la mayoría del grupo que la conforma no llega a los 18 años y la presidencia de esta no puede ser ostentada por un menor de edad. Sin importar esa consideración, la comunidad decidió apoyar la propuesta de los jóvenes y reconocerlos extraoficialmente como su junta, sin importar que eso significara no contar con el apoyo del centro poblado de Cáceres. La nueva junta tiene una apuesta muy ambiciosa y poderosa para ampliar el campo de trabajo de la JAC. Uno de los liderazgos más fuertes de este proceso la define como el involucramiento de todos: “involucramos a los tenderos, a los constructores, a los barequeros, a la JAC, todos juntos para generar un solo proceso en el comité y trabajar por nuestros derechos”. Así nació el Comité para la Gestión de Guarumo en marzo de 2019. Una instancia colegiada paralela, en cabeza de la JAC y los jóvenes del corregimiento, que involucra a todas las asociaciones del corregimiento y donde se piensan el desarrollo de su comunidad, en medio de la tempestad violenta que viven a diario. Todas las decisiones se toman colectivamente, y, hasta el día de hoy no se han registrado diferencias de fondo que hayan significado un problema o rompimiento del trabajo en equipo y unidad que caracteriza al grupo. Este es un ejercicio de resistencia que se convierte en una revolución dentro de Guarumo, contra la falta de soluciones del exterior y en especial, contra la vieja creencia que deslegitima el trabajo de la juventud y de vez en cuando se escuchaba entre la población: los jóvenes que no hacen nada productivo, no sirven para nada. Potenciar el talento El comité cuenta con dos grandes apuestas: 1. La construcción de la casa cultural del corregimiento. Un espacio que permita potenciar el talento de la juventud, capacitar a jóvenes y adultos en el mejoramiento de habilidades para el trabajo y en general, la creación de un espacio de encuentro para toda la población que vaya más allá de los espacios gestionados desde la parroquia. Para este proyecto el comité ha logrado trabajar de manera conjunta con la institucionalidad municipal para empezar este año su construcción en un terreno que pertenece a la JAC. Adicionalmente, este nuevo espacio no funcionaría únicamente para Guarumo, sino a su vez para corregimientos vecinos como El Jardín y Piamonte que tienen los mismos procesos juveniles y las mismas dificultades en temas de inversión pública y seguridad. 2. La recuperación del parque central. “Nosotros vimos que lo principal que hay que cambiar de la comunidad es su centro… El parque central de la comunidad demuestra el vivir de todos, es de alguna manera el corazón del pueblo y tiene que llamar a la gente a compartir en él”. Estas dos apuestas son en especial una herramienta contra la ilegalidad y por la protección de los jóvenes. “Haremos todo, para incluir a los pelaos en las diferentes actividades” dicen los miembros del comité, en orden a demostrarles que el camino de la ilegalidad que se le presenta como fácil, no es la única opción que tienen, los jóvenes pueden ser realmente integrados a la comunidad y protegidos por ella. El comité es un reparador de tejido social, es una forma de autoprotección a los liderazgos nacientes en el corregimiento ante la presencia de actores armados. Todas las decisiones son soportadas por el colectivo y ninguna de estas se individualiza para poner en peligro a alguno de sus integrantes. Estos jóvenes le demuestran constantemente a la comunidad que no están solos, que cada uno de ellos tienen que ver con las decisiones que se toman para Guarumo en la lucha por los derechos de sus habitantes a vivir en paz y a crecer libremente.

Por: Redacción Pares Los coequiperos y su familia Por el papel relevante y polémico que ha tenido el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la historia de Colombia, desde la Fundación Paz & Reconciliación -Pares, queremos presentar la segunda parte de una investigación y recopilación de información que configuran una trama de cuestionamientos y sospechas que se han urdido, en los últimos cuarenta años, alrededor del ahora senador por el Partido Centro Democrático, y de su clan más próximo: el uribismo. Presos, prófugos, inhabilitados e investigados Pares hace una recopilación de colaboradores, partidarios, socios políticos y familiares del expresidente Uribe que han terminado investigados, condenados por la justicia, inhabilitados para ejercer cargos públicos o señalados por actuaciones poco ejemplares. María del Pilar Hurtado: Exdirectora del Das (2007/2010) escogida por Uribe luego de que Andrés Peñate renunciara al cargo. Condenada por la Corte Suprema de Justicia a 14 años de cárcel tras hallarla culpable de los delitos de violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. De acuerdo a la acusación realizada por la Fiscalía, Hurtado acordó y permitió los seguimientos y participó en las visitas de representantes paramilitares a la Casa de Nariño. Según declaraciones de Hurtado dadas al periodista Daniel Coronell en medio del escándalo de las chuzadas, Uribe le sugirió utilizar la figura de asilo político en Panamá. Él trataría de enlazarla y recibir algún trato cordial de su amigo el expresidente Ricardo Martinelli; así como también intentó obtener apoyo del Partido Popular de José María Aznar y de varias organizaciones de derecha en España para lograr tramitarle un asilo a Bernardo Moreno. Bernardo Moreno: Amigo de Uribe; conocidos desde los últimos cinco años del siglo XX mientras fue director liquidador del Corpes de Occidente. Uribe apoyó su candidatura independiente a la gobernación del Quindío pero perdió. En el 2002, Uribe lo asignó presidente de Findeter. En el 2004, fue elegido como Secretario General de la Presidencia. Desde allí, fue destituido e inhabilitado por 18 años debido a su participación en los espionajes ilegales del DAS. También fue condenado a 8 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia luego de hallarlo responsable en las interceptaciones ilegales y en extralimitación de sus funciones. Jorge Noguera: Ex director del DAS en el periodo 2002/2006, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 25 años de cárcel tras hallarlo responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público; revelación de asunto sometido al secreto, colaboración con los paramilitares, e incremento injustificado de su patrimonio y el de terceros con dineros públicos. Posteriormente recibió otra condena de 7 años y 10 meses por ser el “cerebro” en la creación de un grupo ilegal encargado de interceptar y hacer seguimiento a los opositores del gobierno Uribe (Grupo Especial de Inteligencia G3). Rafael García ex director de informática del DAS, confesó que Noguera había puesto el DAS al servicio de los paramilitares Jorge 40 y Hernán Giraldo. García también era miembro de las autodefensas del Bloque norte, comandados por Jorge 40. Noguera llegó al DAS nombrado por Álvaro Uribe después de dirigir su campaña en el Magdalena. Desde allí conoció a José Gélvez Albarracín, alias el ‘Canoso’, jefe político del frente Resistencia Tayrona de Hernán Giraldo, quien le colaboró en la campaña presidencial. Diego Palacio: Exministro de Protección Social (2003/2010). Detenido desde el 2015 cuando la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 6 años y 8 meses de cárcel tras hallarlo responsable en el delito de cohecho. Palacio ofreció dádivas a los congresistas para que el proyecto que implantaba la figura de reelección presidencial inmediata fuese aprobado en la Cámara de Representantes. Aunque Palacio intentó acogerse a la JEP, ésta rechazo su solicitud. Sin embargo, el 01 de marzo del presente año, el juez 29 de ejecución de penas de Bogotá le concedió la libertad. Diego Palacio fue uno de los “salpicados” por las declaraciones de la ex congresista Yidis Medina. Sabas Pretelt de la Vega: Exministro del Interior y de Justicia (2003/2006). Condenado por la Corte Suprema de Justicia a 6 años y 8 meses de prisión, e inhabilitado 12 años por la Procuraduría. Fue hallado culpable al haber influido ilegalmente en el proyecto de la reelección inmediata que permitió un segundo periodo del gobierno Uribe. Pretelt de la Vega fue uno de los “salpicados” por las declaraciones de la ex congresista Yidis Medina. Siempre se declaró inocente pero la Corte Suprema probó lo contrario. Estuvo detenido por un poco más de tres (3) años en el Batallón de Infantería Marina en la Base Naval de Cartagena, pero la juez tercera penal de ejecución de penas ordenó su libertad el 06 de abril del 2018, tras haber cumplido con tres quintas partes de su condena. Andrés Felipe Arias: Exministro de Agricultura. Ex prófugo de la justicia. Fue condenado a 17 años por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos, y además, deberá pagar una multa de $30.000 millones. Fue el artífice del desfalco al programa Agro Ingreso Seguro. Dentro de su fallida ejecución se entregaron, conscientemente, subsidios a las familias más ricas del país. Entre estos, había 51 beneficiarios que fueron aportantes a la campaña de Uribe en el 2002. En total, aportaron $549.000.000 a la campaña de Uribe y recibieron $34.485.646.040 en subsidios de riego, drenaje e incentivos de capitalización rural. Alberto Velasquez: Participó en la campaña presidencial de Uribe (2002) de la que fue gerente financiero. Posteriormente, se convirtió en el secretario de prensa de la presidencia 2002/2004; fue condenado a cinco (5) años de cárcel por el escándalo de la Yidis Politica. La Corte Suprema de Justicia le sindicó delito de cohecho por dar u ofrecer dádivas a congresistas para que apoyaran el proyecto de reelección presidencial inmediata. En enero del presente año, recuperó su libertad luego de pagar estos años en su casa, pues gozaba de casa por cárcel. Luis Carlos Restrepo: Fue Alto Comisionado de Paz. Prófugo de la justicia colombiana. Actualmente está acusado por la Fiscalía bajo los delitos de prevaricato por acción, fraude procesal, peculado por apropiación y porte y tráfico de armas. La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento y orden de captura a nivel internacional. Mauricio Santoyo: Fue Secretario de Seguridad del expresidente Álvaro Uribe durante los años 2002/2006. Santoyo ha sido el primer General colombiano condenado a 13 años de prisión en Estados Unidos luego de que una Corte de Virginia confirmara su colaboración con el narcotráfico de los desmovilizados paramilitares. Además, es investigado en Colombia por su aparente responsabilidad con el asesinato de Jaime Garzón. Volvió al país el 29 de abril de este año desde Estados Unidos y fue capturado en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá. El general (r) ya había cumplido su pena en Estados Unidos por apoyar las acciones de grupos paramilitares. Su familia Alberto Uribe Sierra: Padre de Álvaro Uribe. Reconocido por su cercanía con el Clan Ochoa, según relató su expiloto Bernardo Riberos. Alberto Uribe también es mencionado (como su hijo) en la lista de 104 personas relacionadas con el narcotráfico, elaborada por la Defense Intelligence Agency, DIA, (Agencia de Inteligencia de las fuerzas militares de Estados Unidos). Allí mencionan: “un político y senador colombiano dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín a niveles de alto gobierno. (…) Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con los traficantes de narcóticos. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria”. Tomás y Jerónimo: Hijos del Expresidente Álvaro Uribe. Conocidos por su rápido enriquecimiento a partir de las decisiones públicas que se tomaron en torno a los lazos políticos de su padre. En el 2003 crearon la empresa Ecoeficiencia. Tres años después, en 2006, una entidad financiera suscribió un contrato de fiducia con el representante legal de Ecoeficiencia para poder adquirir dos predios rurales equivalentes a 32 hectáreas, en Mosquera, Cundinamarca. Dos años después, el Director de la Dian expidió una resolución que declaraba Zona Franca los terrenos adquiridos. Poco antes de esto, el alcalde de Mosquera había regulado el uso de la tierra: de rural la pasó a industrial. Fue así como un lote comprado en $33 millones pasó a costar $3.000 millones. Así mismo, una reciente tesis de la Universidad Nacional, citada por el Senador Carlos Fernando Galán, asegura que Tomás y Jerónimo no pagaron la plusvalía que técnicamente debían pagar: $40.000 millones, en vez de $56 millones o $180 millones de una bomba de agua que donaron. Santiago Uribe: Hermano de Álvaro Uribe. Santiago Uribe está siendo juzgado por el presunto homicidio del conductor Camilo Barrientos Durán y la conformación de grupos paramilitares, específicamente el grupo denominado “los doce apóstoles” que operó en Yarumal, Antioquia, durante los años 1993 a 1998. También es señalado en las declaraciones del paramilitar Pablo Hernán Sierra, de ser uno de los fundadores (junto con su hermano Álvaro Uribe) del grupo paramilitar “El Bloque Metro”. Actualmente, uno de los testigos en su contra, Olwan de Jesús Agudelo, afirmó que lo querían envenenar. Mario Uribe: Este exsenador antioqueño, además de ser primo y hombre de confianza del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, fue el primer presidente del Congreso condenado por parapolítica. La Corte Suprema de Justicia lo encontró culpable de haber hecho alianzas con grupos paramilitares. Los principales testigos en su contra fueron el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso y el desmovilizado Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’. Jaime Alberto Uribe: Hermano de Álvaro Uribe. Esposo de Dolly Cifuentes Villa: Hermana de Francisco Cifuentes, piloto de Pablo Escobar y quien fue extraditada en el 2012 por requerimiento de una Corte para el Distrito Sur de Florida. Cumplió una pena por el delito de conspirar para el envío de cocaína hacia Estados Unidos. Su abogado Todd Merer precisó: “No veo por qué sea peligroso para ella volver a su país, ella no cooperó en nada ni testificó contra nadie”. Ana María Uribe: Sobrina del expresidente, hija de Dolly Cifuentes Villa, imputada por el delito de conspirar para el envío de cocaína hacia Estados Unidos, actualmente se encuentra prófuga de la justicia pese a que la Fiscalía la arrestó en Medellín con fines de extradición. De la Corte Suprema de Justicia se desapareció su expediente de extradición y actualmente nadie sabe nada de ella. La victoria de Iván Duque Y la tercera es la vencida, como dice el adagio popular. En la elecciones presidenciales del 2018, Iván Duque, candidato escogido y apoyado por Uribe y su grupo, resultó elegido como Presidente de Colombia. Esta es una breve ojeada a los apoyos que recibió Duque y a sus relaciones con algunos reconocidos personajes: Kiko Gómez: Condenado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a 55 años de cárcel, tras hallarlo culpable en los asesinatos de la Exalcaldesa de Barrancas, La Guajira, Yandra Brito, su pareja sentimental y su escolta. Sentenciado por los delitos de concierto para delinquir, tentativa de homicidio, homicidio agravado y porte ilegal de armas. Esposo de Bibiana Bacci, quien estaría apoyando a Iván Duque, tal como lo expresó en su cuenta de Instagram. Ramiro Suarez Corzo: Exalcalde de Cúcuta (2004/2007). Condenado a 25 años de cárcel tras hallarlo responsable en la muerte de Alfredo Enrique Flórez, Ex asesor jurídico de la Alcaldía de Cúcuta. El pasado 5 de junio, el concejal Nelson Ovalles leyó un comunicado en el que expresa: “(…) no tenemos otro palo con qué ahorcarnos que votar por Duque, vamos a votar. Las palabras de Ramiro Suárez para nuestro movimiento: No tenemos otro palo con qué ahorcarnos que votar por Duque. Vamos todos a votar”. Ese fue el recado que envió Ramiro desde la Picota a sus seguidores en Cúcuta. Luis Alfredo Ramos: Ex gobernador de Antioquia (2008/2011). En el 2013, la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento por sus aparentes nexos con el paramilitarismo. En el 2016 recuperó su libertad bajo decisión de la Corte Suprema pero todavía está pendiente el fallo por sus aparentes vínculos con el paramilitarismo, pese a esto, desde que salió se le han abierto dos investigaciones más derivadas de sus primeros cuestionamientos: el paramilitarismo. En febrero del 2018 anunció que sería Jefe de Debate Nacional de Duque, y en abril del mismo año el Magistrado Eyder Patiño presentó una ponencia ante la Corte Suprema de Justicia en la que sugiere una condena de 9 años para Ramos por parapolítica. Alejandro Ordoñez: Ex Procurador General de la Nación (2009/2012). En noviembre de 2012 fue reelegido nuevamente como Procurador pero en el 2016 el Consejo de Estado hizo nula su reelección al encontrar que gran parte de los magistrados que lo ternaron y de los senadores que votaron por él, ya que tenían familiares trabajando en la Procuraduría. Actualmente es Embajador de Colombia ante la OEA. José Eduardo Cavalcanti de Mendoça: Conocido como Duda Mendoça, es un publicista brasileño. En el 2014, Óscar Iván Zuluaga viajó con su hijo David, y con Iván Duque a Brasil, a reunirse con el publicista para hablar de su trayectoria exitosa, tal como lo aseguró Duque. En esa reunión, a la que también asistiría un ejecutivo de Odebrecht, según la versión de Mendoça, se negociaría el costo de sus honorarios por asesorar al entonces candidato Zuluaga. La reunión tuvo su “tire y jale” al negociar el costo de la asesoría. Finalmente llegaron a un acuerdo en el que Odebrecht pagaría los servicios de Mendoça a través de depósitos a cuentas bancarias en el exterior, según la declaración del publicista. Duque negó relación alguna con Odebrecht y aseguró que su viaje a Brasil con Zuluaga obedecía a la estructuración de su plan de gobierno. Sin embargo, Mendoça afirmó ante la justicia de su país, que Odebrecht le pagó 1,6 millones de dólares, le dio un contrato y un negocio inmobiliario para asesorar la campaña de Zuluaga en el 2014. Para finalizar este recuento, concluiremos con las declaraciones del ex Embajador de Estados Unidos en Colombia 1994 – 1997, Miles Frechette, quien afirma en su libro ‘Frechette se confiesa’ lo siguiente: «Álvaro Uribe Vélez no es democrático, no tiene mucho respeto ni por lo judicial ni por el Congreso, es una persona autoritaria y muy populista, y en muchos sentidos es muy parecido a Chávez”.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, señaló este miércoles que en lo que va de gobierno del presidente Iván Duque, la cifra de asesinatos contra líderes sociales disminuyó un 35%. Sin embargo, hay otros factores que se esconden bajo ese dato, y en realidad demuestran que la violencia no ha mejorado en los territorios. El gobierno analizó el número de asesinatos contra líderes y lideresas sociales entre el 7 de agosto de 2017, y 9 de julio de 2018; y lo comparó con el mismo periodo entre 2018-2019, con cifras registradas por la ONU. En ese sentido, resaltó que en el primer intervalo se registraron 105 líderes y lideresas asesinadas, mientras en lo corrido de su mandato van 63 víctimas. Barbosa también afirmó que la reducción de los índices de homicidios de líderes sociales en este gobierno se debe a la implementación del Plan de Acción Oportuna (PAO), implementada desde noviembre de 2018. Sin embargo, para los analistas, esto no significa una tendencia a la baja de los asesinatos, sino que se debe a factores coyunturales. El contexto de este drama Por su parte, la Fundación Paz y Reconciliación-Pares revisó en el Sistema de Información-SIPARES el registro de los defensores y defensoras de Derechos Humanos asesinados en un intervalo de tiempo similar al propuesto por el gobierno, y arrojó el siguiente resultado: De acuerdo con el SIPARES, entre el 7 de agosto de 2018 y el 7 de julio de 2019 se presentaron 73 asesinatos contra los líderes y lideresas, sobre todo en los departamentos de Cauca (14), Antioquia (13), Nariño (11), y Norte de Santander (6). Mientras en el mismo periodo del gobierno anterior (2017-2018) el sistema arrojó un total de 105 asesinatos. Este contraste representa la reducción del 30% de los homicidios entre los dos periodos, sin embargo, como se ha mencionado, no significa que la violencia en los territorios esté en su mejor momento. “Una cosa que pasa con el asesinato de líderes sociales es que este fenómeno se identifica dependiendo la época del año. Entonces de diciembre a enero, incluso hasta febrero lo que se ve es una tendencia al aumento de las cifras”, indicó Giorgio Londoño Medina, investigador nacional de Pares. Así se observa en las siguientes gráficas: Por otro lado, hay otros factores de riesgo que no pueden olvidarse en el contexto social y político. Según el investigador, es un riesgo el hecho de estar en el marco de las elecciones regionales, puesto que, usualmente son escenarios más violentos y críticos que las elecciones nacionales. Un tercer aspecto es que dicha violencia electoral se ve reflejada en otras manifestaciones de violencia política, y en ese sentido, aumentaría el número de las personas asesinadas. “Y si además se añade que hay unos liderazgos asociados a excombatientes pues también hay otro panorama para decir que la situación es más compleja que la cifra arrojada de líderes y lideresas asesinadas”, agregó Londoño. “A las personas las siguen asesinando” Para el investigador es arriesgado políticamente centrar la discusión sobre una reducción que no deja ver claro el panorama, pues no es que el fenómeno se esté eliminando. A las personas las siguen asesinando, y con este pronunciamiento del gobierno se desconoce la sistematicidad del fenómeno. “Más bien hay que llamar la atención frente a los riesgos latentes que hay sobre lo que se deja de ver cuando se pone la lupa únicamente sobre el número de líderes asesinados y no sobre su especificidad regional”, indicó. Por ejemplo, los escenarios de riesgo que se están configurando por elecciones, las disputas que hay entre grupos armados en distintos territorios y la reconfiguración de relaciones de poder entre actores de la ilegalidad, son factores que no se pueden perder de vista por el hecho de que el número de líderes haya bajado en el periodo que dice el gobierno. Es el caso de las regiones del bajo Cauca antioqueño o en general del andén pacífico que actualmente sufren de las disputas entre actores armados ilegales como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los Caparrapos, entre otros, por las rutas del tráfico de drogas y el control territorial.

Por: Redacción Pares Por el papel relevante y polémico que ha tenido el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la historia de Colombia, desde la Fundación Paz & Reconciliación -Pares, queremos presentar la primera parte de una investigación y recopilación de información que configuran una trama de cuestionamientos y sospechas que se han urdido, en los últimos cuarenta años, alrededor del ahora senador por el Partido Centro Democrático, y de su clan más próximo: el uribismo. Primeros cuestionamientos Aunque Álvaro Uribe Vélez ya había incursionado en cargos oficiales como Jefe de Bienes de Empresas Públicas de Medellín (1976) y Secretario General del Ministerio de Trabajo (1977), fue como Director de la Aeronáutica Civil que tuvo sus primeros cuestionamientos. En 1980 el Presidente Julio Cesar Turbay Ayala lo nombró como director de la Aeronáutica Civil. Pocos creyeron en el tiempo que duraría a cargo de esta entidad, pues el anterior director, Fernando Uribe Senior, fue asesinado al no hincarse ante las pretensiones del entonces todopoderoso Cartel de Medellín. Uribe Vélez terminó su periodo como director (1980/1982) y el balance que dejó en la Aeronáutica Civil fue el siguiente: se concedieron licencias a helicópteros y aviones pertenecientes a Carlos Ledher, Pablo Escobar, y Fabio Ochoa (narcotraficantes pertenecientes al Cartel de Medellín); aunque no fueron registrados en la aeronáutica con sus nombres, las operaciones fueron denunciadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes (dirigido en su momento por el Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla). Según Ignacio Gómez (Premio Internacional de Libertad de Prensa 2002) “Antes de la dirección de Uribe en la Aeronáutica, el Estado concedió, desde 1954 hasta 1981, 2.339 licencias”. Durante el paso de Uribe en esta entidad, se concedieron 2.242 licencias entre las que, estima Gómez, 200 quedaron en manos del Cartel de Medellín. Así mismo, asegura el Senador Iván Cepeda en su debate de control político al paramilitarismo (realizado en el 2014), durante su paso por la Aeronáutica se le otorgó una licencia al avión del narcotraficante Luis Carlos Molina Yepes quien fue condenado por la muerte de Guillermo Cano en 1995 por el Juzgado 73 Penal del Circuito de Bogotá. En 1982 Álvaro Uribe fue nombrado, por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Villegas, como alcalde de Medellín. Su cargo no duró mucho. Renunciaron Uribe y Villegas, pues como asegura este último en su libro “Secretos de un Líder” el Presidente Belisario Betancourt “le pidió la cabeza” de Uribe por sus presuntos nexos con el narcotráfico y por los rumores de la cercanía entre su padre, Alberto Uribe, y los hermanos Ochoa (narcotraficantes del Cartel de Medellín) . Ambos renunciaron a sus cargos semanas después de la petición de Betancourt. Respecto a “los rumores” (que, al parecer, no parecían infundados) se puede mencionar lo siguiente: en 1984 la Policía encontró en los márgenes del Río Yarí (entre Caquetá y Putumayo) el complejo coquero más grande de América Latina, bautizado por el cartel de Medellin como “Tranquilandia”. En la finca decomisaron nueve (9) laboratorios con químicos para el procesamiento de la droga, ocho (8) pistas de aterrizaje clandestinas, avanzados equipos de comunicación, plantas eléctricas, 15 toneladas de pasta de coca, tres (3) toneladas de droga procesada, cuatro (4) avionetas y un helicóptero. Según declaraciones de Cecilia Lara Bonilla ante la justicia en julio de 1984, «el helicóptero pertenecía a Alberto Uribe Sierra», quien parafraseo lo expresado por su hermano, el ministro Lara Bonilla. Y aunque el 22 de mayo del mismo año se publicó un aviso en la revista Cromos donde mencionaban “Carlos Amórtegui Romero en calidad de representante legal de Aerofoto Amórtegui & Cía Ltda, de la cual era socio don Alberto Uribe Sierra, ya fallecido, se permite informar a la opinión pública lo siguiente: que el día 6 de febrero fue vendido y entregado por la compañía el helicóptero HK-2704X. Qué la Aeronáutica Civil posee toda la información sobre la mencionada transacción”. Aunque nunca se comprobó este hecho, ni quién pagó por el aviso, lo que sí se conoce es que nunca se presentó ningún documento oficial en la Oficina de Registro Aeronáutico y allí, en los folios de matrícula, “el helicóptero perteneció a Aerofoto Amórtegui desde su importación (1981) hasta la cancelación de su matrícula (1993)”. El 16 de julio de 1984 las aeronaves fueron entregadas a la policía mediante formalismo técnico, es decir “en el papel”. Después de 19 años, el jefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Gabriel Merchán, aseguró que no podía responder por las aeronaves debido a que la entidad nunca tuvo posesión física de las aeronaves. En 1995 un “fiscal sin rostro” ordenó devolverlas a sus propietarios y hasta la fecha se desconoce el paradero de los aerotransportes. Ascenso político Luego de su paso por la Alcaldía de Medellín, la carrera política de Álvaro Uribe continuó. Primero desde el Concejo de Medellín (1984), y luego por el Senado: allí estuvo desde 1986 a 1994 donde se le recuerda porque fue uno de los ponentes de la Ley 100 de 1993 (reforma a la seguridad social), que «condujo a la hecatombe de la salud» según el académico Floro Hermes Gómez . Entrando en la última década del siglo XX, la Defense Intelligence Agency, DIA, (Agencia de Inteligencia de las fuerzas militares de Estados Unidos) elaboró un documento con 104 personas que estaban, según la DIA, relacionadas con el narcotráfico. El documento era confidencial pero en el 2004 National Security Archives publicó el documento una vez desclasificado. En el archivo aparecían figuras como Fidel Castaño (paramilitar fundador de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá), Pablo Escobar (narcotraficante cofundador del Cartel de Medellín), también mencionaban el nombre de Álvaro Uribe Vélez del cual aseguran lo siguiente: “Un político y senador colombiano dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín a niveles de alto gobierno. Uribe fue vinculado a un negocio sostenido en actividades de narcóticos en los Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con los traficantes de narcóticos. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria”. Vale la pena resaltar que la mayoría de los nombres mencionados en esa lista, para el momento de su publicación, estaban presos o muertos. Sin embargo, el documento sí deja claridad de las andanzas de Uribe en el congreso al mencionar “(…) político y senador colombiano dedicado a la colaboración con el Cartel de Medellín”. Luego de su paso en el Congreso, Uribe fue elegido Gobernador de Antioquia (1994), desde su mandato promovió la implementación local de las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, Convivir, que operaban con ayuda de la fuerza pública. Esta medida se salió de control y su crecimiento se tradujo en la creación de grupos paramilitares. Tras su paso por la Gobernación, Uribe fue elegido Presidente de Colombia en el periodo 2002/2006 con la Asociación Primero Colombia y con el apoyo de los paramilitares, según mencionó Salvatore Mancuso (excomandante paramilitar condenado en EE.UU por delitos relacionados con narcotráfico) y Nohra de Jesús Ospina ex asesora del ex representante a la Cámara del Magdalena, Fernando Pisciotti, asesinado en 2003 por grupos paramilitares. En el 2004, mediante el Acto Legislativo 02 (del mismo año) se creó la figura jurídica de reelección presidencial inmediata. Esta figura se aprobó bajo la influencia y mediación que ejercían los exministros Diego Palacio, Sabas Pretelt y su exsecretario Alberto Velasquez, al ofrecer dádivas a los congresistas para que aprobaran el proyecto, y a esto se sumó el escándalo de la reelección que se conoció en el año 2008 debido a las denuncias de la ex congresista Yidis Medina, quien aceptó haber recibido ofrecimientos del Gobierno Nacional a cambio de votar positivamente en el proyecto de la reelección. Fue así como logró ejercer un segundo periodo como Presidente, entre 2006 y 2010. Su presidencia estuvo marcada por varios hechos de corrupción y criminalidad que hoy salen a flote: Los ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales: práctica sistemática empleada por las Fuerzas Militares que consistía en matar civiles y presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate. Las chuzadas del DAS: interceptaciones ilegales a la Corte Suprema de Justicia y a periodistas y senadores que ejercían oposición al gobierno de Uribe. El desfalco de Agro Ingreso Seguro: programa creado por el Ministerio de Agricultura para fortalecer e incentivar el crecimiento de los campesinos pobres colombianos (aunque en la práctica resultó al revés). El continuismo Uribe no frenó su carrera política pese a los escándalos de sus familiares y colaboradores. Por eso intentó reelegirse una vez más mediante un proyecto de ley que impulsaban sus aliados políticos. Y aunque la iniciativa fue tumbada por la Corte Constitucional, el país conoció su intención de perpetuarse en la Casa de Nariño. En el 2010, Uribe respaldó la candidatura de Andrés Felipe Arias en la consulta del Partido Conservador. Al perder la consulta Arias, Uribe direccionó todo su apoyo hacia Juan Manuel Santos, resultando éste último como Presidente electo en el 2010. Sin embargo, su respaldo no duró mucho. Uribe se sintió traicionado por las decisiones que tomaba Santos, entre estas: reestablecer diálogos diplomáticos con Venezuela, reconocer la existencia de un conflicto interno armado, y realizar un Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC para su posterior desarme. En el 2014, Uribe lideró la candidatura de Oscar Iván Zuluaga, y también, se esforzó en ser un opositor férreo del proceso de paz. Desde esta oposición se conocieron episodios como los del hacker Sepúlveda, quien fue un experto en seguridad informática que compraba información interceptada desde “Andrómeda”, una Central de inteligencia militar, que proporcionaba, entre otras, información sobre los negociadores de las FARC que se encontraban en la Habana. Su objetivo era filtrar datos que les permitiera realizar ‘campañas sucias’ contra el proceso de paz. Sepúlveda fue condenado a 10 años de cárcel por concierto para delinquir, acceso abusivo informático, violación de datos personales agravados, espionaje, y uso de software maliciosos. A Zuluaga le archivaron la indagación iniciada por la Fiscalía, pese a que Sepúlveda asegurara que trabajaba para él y que también Uribe tenía pleno conocimiento de lo sucedido; “no tenía idea quién era Sepúlveda” aseguró Zuluaga. Por otro lado, Uribe entabló una denuncia por injuria y calumnia contra Sepúlveda. Óscar Iván Zuluaga, el otro candidato de Uribe, perdió las elecciones del 2014. No obstante, los ataques de Uribe contra los Acuerdos de Paz fueron siempre certeros. En el 2016 Uribe seguía comandando la oposición, en este caso, aprovechó el plebiscito que refrendaría los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC para sabotearlo. Su director de campaña por el “No”, Juan Carlos Vélez, reveló las tácticas utilizadas para persuadir a los votantes: en emisoras de estrato bajo hablaban de subsidios, y en emisoras de estratos medios u altos hablaban de la impunidad y de la participación de la guerrilla en la política. Tal como lo aseguró Vélez, “la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación”. Tras el revuelo que causaron sus declaraciones Uribe expresó en su cuenta de Twitter: “Hacen daño los compañeros que no cuidan las comunicaciones”. Con base en esto, los abogados Jorge Eliécer Molano y Élmer Montaña, denunciaron ante la Corte Suprema de Justicia a los promotores de la campaña del ‘No’. Entre estos, se encuentra Uribe, señalado de supuestas manipulaciones en su estrategia para combatir el ‘Sí’ del plebiscito. En abril de 2018 La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación contra Uribe por este hecho.

Por: Redacción Pares Según el informe «Bogotá, diagnóstico de seguridad ciudadana» Bogotá D.C. mantiene a grandes rasgos, tres grandes características en materia de seguridad. Por un lado un comportamiento positivo en el homicidio. En segundo lugar, un deterioro de la percepción de inseguridad: más del 50% de la población se siente insegura. Por último, hay una presencia masiva y grande de “ollas” o zonas de venta de droga. Percepción de inseguridad Bogotá. La capital ha reducido sostenidamente su tasa de homicidios en cuatro (4) puntos. Los retos en materia de seguridad persisten como consecuencia de los hurtos que impactan negativamente la percepción de inseguridad. Pareciera ser que los ladrones no solo roban con más frecuencia, sino también que el número de ladrones se ha incrementado. El incremento de la percepción de inseguridad en gran parte ha estado impulsado por el aumento del hurto, principalmente por aquellos que se cometen en el Sistema de Transporte Público de la Ciudad. Según la Policía Nacional, en la capital colombiana se denunciaron 104 mil hurtos a personas en 2018. Casos de hurto denunciados en Bogotá Como ocurre en todas las grandes ciudades, la violencia homicida en Bogotá es bastante dispersa. Los cinco barrios en los que ocurrieron el mayor número de homicidios entre 2012 y 2018, apenas concentran el 5% del total. Los barrios El Paraíso, La Favorita, y San Francisco, persisten como los lugares en los que más muertes violentas ocurren. Los cinco barrios de Bogotá con el mayor número de homicidios registrados 2012-2018 Aunque Bogotá es la ciudad que cuenta con el menor pie de fuerza policial del país, el aumento de las inversiones en seguridad y justicia, han sido eficientes para frenar los homicidios, pero no para reducir los hurtos. Las próximas administraciones deberán trabajar más en mejorar los instrumentos de justicia para incrementar las consecuencias para los ladrones. Número de Policías por cada 100.000 habitantes La persistencia en la concentración de los homicidios en los barrios requieren de la formulación, desde la administración local, de propuestas de intervención socioeconómicas y urbanísticas integrales y de largo aliento, que permitan a la institucionalidad ejercer el control efectivo sobre los espacios urbanos dominados por los grupos delincuenciales y sus economías ilegales. Según el analista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, Ariel Ávila, hay cuatro temas clave a la hora de hacer un diagnóstico de la seguridad en la capital. 1.El homicidio se ha reducido. 2. Hay una violencia selectiva y con servicia. 3. Aumento en el tráfico de armas largas y 4. El hurto está disparado. ⁦ Finalmente, el diagnóstico en materia de homicidios clasifica a Bogotá como una de las ciudades en la que mas homicidios se cometen con armas blancas. Aunque el mayor número de homicidios se sigue cometiendo con armas de fuego, se debe recurrir a una mayor penalización en el porte del primer tipo de armas.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La población del corregimiento de Micoahumado, municipio de Morales, en el sur de Bolívar ha denunciado, desde este lunes, unas detenciones irregulares por parte del Ejército Nacional. De acuerdo con la fuerza pública se trata de una redada contra miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras las comunidad asegura que los nueve (9) capturados en la acción adelantada por la fuerza pública, son campesinos de la región. Este episodio se suma a otra serie de problemáticas que tienen a dicho territorio sumido en las confrontaciones principalmente entre el Ejército y el ELN, y las cuales han ocasionado el desplazamiento de decenas de familias al casco urbano. Los moraleros le han pedido mayor intervención al gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, puesto que, las condiciones de vida se han deteriorado a causa de los enfrentamientos. En ese sentido, rechazaron el aumento de pie de fuerza en la zona, pues este tipo de medidas perjudican más a la población que resulta estigmatizada en medio del conflicto. Por eso, piden otro tipo de presencia estatal. Ahora bien, este último suceso del lunes alertó más a los pobladores que recuerdan las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”, que consistían en la captura ilegal de personas inocentes que posteriormente eran presentadas como miembros de grupos subversivos. Aunque las cifras oficiales registran un poco más de 4.000 casos de los “falsos positivos”. Otras investigaciones periodísticas y de organizaciones de Derechos Humanos han dicho que esta es una cifra subestimada y llegaría a 10.000 las víctimas de este delito. ¿Qué ocurrió? Para la comunidad, existe una persecución contra los pobladores del sur de Bolívar. Según expresó La Federación Agrominera del sur de Bolívar (Fedeagromisbol) en un comunicado público, también hay alertas sobre otros operativos de capturas en los municipios de Norosí y Tiquisio. En el caso de Micoahumado, la federación contó que en el casco urbano se realizó un operativo a la 2 de la mañana en el que participó no solo el Ejército, sino que la policía también se sumó a las detenciones contra presuntos integrantes del ELN. En ese sentido, capturaron a nueve (9) personas: ocho (8) hombres y una (1) mujer que viven en el corregimiento. De acuerdo con la comunidad, los uniformados ingresaron de forma violenta, hicieron disparos, rompieron las puertas y dañaron algunas viviendas. Luego sacaron a las personas a la fuerza, y según explicaron, no se les permitió vestirse. Según Fedeagromisbol, entre los detenidos están Fredy Garcia Barragán, discapacitado y quien requiere acompañamiento permanente; Jaime David Colorado Roqueme, hijo de un líder de Asopromic, otra organización afiliada a la federación, entre otros pobladores. Por ahora, los capturados serán procesados por los delitos de concierto para delinquir agravado, rebelión y extorsión, mientras la población alega que hacen parte de la comunidad. “Ante la gravedad de los hechos, la comunidad se dirigió hacia la base militar ubicada en un espacio civil, que la fuerza pública está ocupando desde el mes de enero de 2019 a escasos metros del casco corregimental, violando las normas del DIH; para verificar el estado de las personas detenidas y exigirle a los militares respuestas frente al porqué de los atropellos”, reza el comunicado de la federación del sur de Bolívar. En consecuencia, manifestaron que la fuerza pública procedió a lanzar gases lacrimógenos y una de las víctimas fue la presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Plaza. Por su parte, la Defensoría del Pueblo expresó que el personero de Morales está intentando mediar entre el ejército y la comunidad con respecto a los retenidos. Sin embargo, lo único que se conoció es que la fuerza pública iba a cumplir unas órdenes de captura de dos (2) ciudadanos y en ese procedimiento fueron detenidas siete personas más. ¿Qué denuncia la población? Ellos denuncian una grave y reiterativa situación de agresión que se viene incrementando desde inicios de este año con la militarización del territorio debido a la llegada de alrededor de 4.000 hombres de la Fuerza de Tarea Marte, de la primera división del Ejército, que contrario a proteger, han generado más violaciones de los derechos humanos contra los bolivarenses. En febrero de 2019, el presidente Iván Duque dio la orden de aumentar la seguridad en dicha zona del país para combatir la presencia del ELN y la del Clan del Golfo. Sin embargo, la población alega de posibles ejecuciones extrajudiciales, y la permanente persecución al proceso organizativo y sus liderazgos. “Las comunidades, que ya se encuentran en el casco urbano de Morales, exigen la presencia del Gobernador de Bolívar, del Ministerio del Interior y organismos de control, así como la llegada de una Misión de verificación Institucional con presencia de Naciones Unidas, que se está exigiendo desde inicios de año, sin que hasta el momento se haya dado respuesta positiva”, agregó la Federación. Las comunidades plantean que mientras no existan esas garantías para su vida se verán obligados a permanecer indefinidamente desplazados forzadamente de su territorio. Y en modo de protesta bloquearon la salida del municipio hacia el departamento de Cesar.

Por: Redacción Pares Este lunes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo la segunda versión en la que las víctimas participaron y escucharon a un miembro de la fuerza pública vinculado al caso 03, conocido como el de ejecuciones extrajudiciales. Nuevamente una víctima participó de una versión rendida por un compareciente. Se trata de una de las madres de Soacha, cuyo hermano fue asesinado por un integrante del Ejército Nacional y a quien hicieron pasar por guerrillero. El relato será tenido cuenta en el caso 03 de la JEP: «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate». En esta diligencia, con presencia de las víctimas y cumpliendo el Auto 080 de 2019, una de las madres de Soacha, hermana de un hombre ejecutado extrajudicialmente, pudo observar en tiempo real la versión del compareciente desde una sala alterna. La mujer dijo: «Quiero agradecerles, a esta institución, por estar aquí. Fue un poco duro, pero yo creo que de eso se trata, de que aprendamos a ver la verdad. Yo soy una de las personas que siempre que me hablan mal de la JEP, dice: ‘déjenla trabajar, déjenla trabajar'». Y agregó: «al dejar trabajar a la gente se verán los resultados que uno espera para por fin saber la verdad». A través de estas diligencias, la Sala de Reconocimiento de la JEP busca un equilibro entre los derechos de las víctimas a conocer la verdad y un resarcimiento por el daño sufrido, y el de los comparecientes a un debido proceso. «Vemos la presencia de las víctimas en esta Sala como un acto de valentía y de coraje que eleva el compromiso de nosotros con darles la centralidad que el Acuerdo de Paz les prometió», expresó la Sala de Reconocimiento de la JEP. Por su parte, la madre de Soacha aseguró: «para nosotros es muy importante estar en estos espacios. Ya era hora que nos dieran esta participación y no nos imaginamos que fuera tan rápido». Las versiones con presencia de las víctimas obligan a los comparecientes a adquirir altura moral para responder a las necesidades de ellas y así clarificar los pendientes que ha dejado el conflicto armado. «Me voy más tranquila, aunque se me arrugó un poco el corazón. Esto me confirma todo lo que yo escuché sobre mi hermano, me confirma que todo lo que dijeron ahí todo es verdadero. Me da tranquilidad saber que la JEP está haciendo un buen trabajo», dijo la mujer, cuya identidad se omite por protección y seguridad. Poco antes de comenzar la diligencia, ella y las demás víctimas les expresaron a los magistrados de la Sala: «estamos con el corazón abierto y la mente abierta para escuchar la verdad». ¿Qué es una versión en la JEP? En las versiones en la JEP, la Sala de Reconocimiento busca la verdad plena de cada compareciente sobre su participación directa o no, en la planeación y ejecución de los hechos y conductas relatados en los informes del caso 03, conocido como ejecuciones extrajudiciales. Teniendo en cuenta el Auto 080 de 2019 se llevó a cabo esta segunda versión con presencia de las víctimas, que contaron con acompañamiento psicosocial antes y durante la diligencia, con el propósito de evitar cualquier revictimización. Es importante tener en cuenta que las versiones en la JEP acopian información para contribuir a la búsqueda de la verdad. Se practican a partir de un temario estricto, definido previamente por la Sala, y con base en los informes recibidos y el contexto de los casos. Militares a la JEP Algunos de los militares de más alto rango que se han acogido a la JEP por temas relacionados con ejecuciones extrajudiciales son: Mario Montoya Uribe: Es el militar de más alto rango que ha decidido someterse a la JEP. Desde el Ejército, participó en la coordinación de las recordadas operaciones La Mariscal, Meteoro, Marcial y Orión. Además, de acuerdo con publicaciones del diario El Colombiano, también ha estado involucrado en investigaciones sobre la masacre de San José de Apartadó, ocurrida en 2005, mientras comandaba la Primera División del Ejército. Fue señalado de omisión durante la masacre de Bojayá (Chocó, 2002) y el exAlto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, lo acusó de ser la mente de la falsa desmovilización del frente Cacica la Gaitana (2006). Además, lideró operaciones clave para inclinar la balanza en favor del Estado en la confrontación contra las FARC, entre ellas la operación ‘Fénix’, en la que se logró la baja de ‘Raúl Reyes’, uno de los principales jefes ideológicos de la guerrilla y primer miembro del Secretariado que falleció en combate. En justicia ordinaria se le adelantaba dos investigaciones: la primera por la connivencia con los paramilitares y el exceso en el uso de la fuerza durante la Operación Orión, ocurrida en 2002 mientras era comandante de la Cuarta Brigada. El operativo tuvo lugar en la Comuna 13 de Medellín y dejó 88 homicidios y más de 600 víctimas. La segunda se basa en las ejecuciones extrajudiciales de Valledupar y Santa Marta, cuando era comandante del Ejército. En 2016 la Fiscalía anunció que le imputaría cargos, pero hasta el momento no ha ocurrido. El 13 de septiembre tuvo su primera cita en la JEP, sin embargo, no reconoció los cargos, tampoco pidió perdón y, al parecer, su sometimiento a la Jurisdicción es para defenderse. Se le citó nuevamente para el 17 de octubre junto con las víctimas para la audiencia de sometimiento militar. Gabriel de Jesús Rincón Amado: Fue el jefe de operaciones del Batallón José Joaquín Vargas, adscrito a la Brigada Móvil 15. Según la sentencia en su contra, el oficial sabía que sus subalternos buscaban civiles para presentarlos como muertos en combate. El 3 de abril de 2017, el Juzgado Primero Especializado de Cundinamarca lo sentenció a 46 años de prisión por la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes del municipio de Soacha (Cundinamarca) en agosto de 2008. Las víctimas fueron Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero, Jáder Andrés Palacio Bustamante, Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, quienes, mediante engaños, fueron conducidos a Ocaña, asesinados y, posteriormente, presentados como guerrilleros muertos en combate. El 10 de agosto de 2018, Rincón Amado hizo presencia en la JEP en la primera audiencia, donde se comprometió a no repetir los hechos y, además, pidió perdón a las víctimas. Actualmente, Rincón tiene otros 16 procesos en curso y se encuentra recluido en una guarnición militar. Por su ingreso a la JEP, le sería concedida la libertad transitoria. “Me comprometo a ofrecer verdad plena y temprana ante la sala de reconocimiento de verdad, acudir a la Comisión para el esclarecimiento de la verdad y a dar mi testimonio. Desde ya, y como siempre lo he manifestado, pido perdón a cada una de las víctimas directas e indirectas de este crudo conflicto armado interno, que ha causado a la mayoría de las personas de nuestra Colombia un dolor en sus corazones. Ofrezco, además de la reparación inmaterial, dedicarme a la cátedra por la paz en los escenarios de la JEP en donde contaré mi experiencia y la verdad de lo ocurrido». Robinson González del Río: Acusado de tener relación con las ejecuciones extrajudiciales de Janiot César Sepúlveda Ámbito y Javier Andrés Moreno, ocurridas el 29 de septiembre de 2007. Mediante engaños, estas personas fueron llevadas a la vereda Trocaderos de Neira, allí fueron fusilados y luego presentados como guerrilleros. Ese día el equipo de contraguerrilla del batallón a cargo de González reportó que enfrentaría a 12 insurgentes que supuestamente hacían parte de las FARC, lo más grave fue que en la zona no operaban frentes de ese grupo armado. El 29 de septiembre de 2015, el coronel González del Río aceptó ser responsable de 14 casos de falsos positivos que dejaron al menos 27 víctimas en Antioquia y Caldas entre los años 2006 y 2009. Además, aceptó los delitos de homicidio en persona protegida, falsedad en documento, fraude procesal, concierto para delinquir y tráfico y porte de armas. La Fiscalía le imputó cargos por su participación en 32 ejecuciones extrajudiciales registradas en diferentes zonas del país. El primero de septiembre del presente año decidió someterse a la JEP después de estar cinco años detenido. “La responsabilidad mía es en el Valle del Cauca y Cauca. Se hicieron 17 operaciones donde existieron alrededor de 27 muertos de falsos positivos, los cuales voy a aceptar. Yo creo que víctimas de falsos positivos… hay 400 aproximadamente en esa zona del Pacífico”.