Por: Daniela Quintero. Redacción Pares En estos días y debido a la extradición del exministro de Agricultura de Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias, se revivió un tema muy sensible en la opinión pública: los efectos que tuvo el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), que en principio iba a beneficiar a los campesinos, y resultó ser todo lo contrario, varias de las familias más pudientes de las regiones de la Costa Atlántica, del Valle del Cauca y Santander recibieron los subsidios de varios miles de millones de pesos. Dicha política pública, impulsada por Arias en 2007, pretendía “promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar el sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía”. En ese sentido, el AIS fue lanzado como un proyecto innovador debido a que se establecieron tres nuevos mecanismos por demanda: líneas de crédito subsidiadas, incentivo a la capitalización rural (ICR) y la convocatoria concursal para riego; este último, el que causó más polémica debido a que eran subsidios del 100% para campesinos y pequeños empresarios, pero resultaron en manos distintas. Estos instrumentos tenían un rubro de 400.000.000 millones de pesos para destinar en el 2007 y 500.000.000 millones en adelante, según Fernando Arbeláez, viceministro de ese momento. Pero, a fin de cuentas, gran parte del dinero fue destinado a las familias más pudientes de las regiones anteriormente mencionadas. “El más escandaloso de los favoritismos fue el de los subsidios al riego, en verdad donaciones del ciento por ciento de lo recibido”, señaló Jorge Enrique Robledo, senador de la República, en una entrevista reciente concedida a Revista Semana. Asimismo, expresó que AIS fue una “pésima política agraria”, puesto que, en lugar de repartir los recursos con los pequeños empresarios y los campesinos, lo que generó fue una mayor concentración del capital agrario, entre los que habían estado gobernando por décadas dichas zonas del país. Las familias beneficiadas En octubre de 2009 cuando se destapó el entramado de un posible caso de corrupción en el marco del AIS, -gracias a una investigación realizada por la Revista Cambio y otra serie de debates surgidos del reportaje-, más de 40 personas pertenecientes a las familias más adineradas de la Costa, del Valle y Norte de Santander resultaron involucradas por haber recibido varios millones de pesos como beneficiarios del programa de riego y drenaje. En ese sentido, las familias que más recibieron subsidios se repartieron el dinero de la siguiente forma. En la Costa: los Dávila Jimeno, Vives Lacouture, Lacouture Dangond, Lacouture Pinedo y Vives Caballero sumaron la mayor parte de los subsidios suministrados. Cada familia recibió alrededor de 2.000 millones de pesos, pero la que tuvo un ingreso más elevado fue la Vives Lacouture con un aproximado de 7.600 millones de pesos, de acuerdo con los datos recopilados de las listas de riego y drenaje del programa. Dichos dineros fueron entregados desde el 2007 hasta el 2009 con el fin de promover el desarrollo del campo, y aunque al programa alcanzaron a ingresar empresarios más pequeños, lo escandaloso fue haber destinado los recursos agrarios a los empresarios más experimentados y con ingresos más altos de lo que recibieron con el subsidio. Así las cosas, en el Valle del Cauca la familia involucrada fue la Sardi de Holguín, quien se benefició con unos 200.000 millones de pesos. Otro caso que llamó la atención fue el de la empresa agroindustrial Manuelita S.A, el ingenio azucarero que durante décadas ha hecho parte de la economía nacional, puesto que, recibió alrededor de 464.000 millones de pesos para el mismo proyecto del programa AIS. Por último, en el departamento de Santander, sonó el grupo familiar de los ‘Villamizar’, que recibió alrededor de 496.000 millones de pesos. Sin embargo, tras el escándalo que en primer lugar inhabilitó al exministro y en el 2014 lo condenó a 17 años y 5 meses de prisión, inició un proceso de conciliación para que dichas familias retornaran al Estado colombiano la totalidad del dinero suministrado, y asimismo declararan ante la justicia acerca de los procesos irregulares ejecutados en el programa que los favoreció, en ese sentido, declarar en contra de Arias. En definitiva, los más ricos salieron beneficiados y hasta el momento no se tiene claridad si los dineros -que salieron del bolsillo de todos y todas las colombianas-, fueron devueltos al Estado, o si se pactó algo adicional con dichas familias. El responsable directo fue Arias, entre otros funcionarios como el ex viceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar; el exgerente del Incoder, Rodolfo Campo. Pero, en todo caso, el campesinado y los dueños de empresas pequeñas fueron los principales afectados La Fiscalía General, en su momento, abrió una investigación a los más de 40 responsables de recibir estos dineros y estimó que unos 13.000 millones de pesos debían ser regresados a los activos del Estado, sin embargo sobre ese caso no se tiene mayor conocimiento, y la atención se centra actualmente en el exministro Arias, quien estuvo prófugo de la justicia durante unos cinco años en el Estado de Florida en Estados Unidos.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Pasó casi un año, 320 días, desde la solicitud a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, para tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país en los cuales «se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado». Es este caso, el próximo 17 y 18 de julio, la JEP convocó a una audiencia pública en Medellín, que contará con la presencia de la magistratura, los familiares de personas desaparecidas en la Comuna 13 de Medellín y representantes de entidades del Estado. La audiencia, entre otras cosas, no se reduce a la presencia de los familiares y organizaciones que los acompañan; sino que configurará un espacio en que tendrán voz. Cabe resaltar que, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), se registraron 19.794 víctimas de desaparición forzada, 7.197 víctimas de masacres, 62.401 víctimas de asesinatos selectivos y 2.968 casos registrados de víctimas de violencia sexual. Asimismo, según el Registro Único de Víctimas (RUV) —a 1 de julio de 2019— hay 172.831 víctimas de desaparición forzada; entre las que se encuentran 47.743 que son directas y 125.088 registradas como indirectas. De las cuales 28.101 son del departamento de Antioquia y 5.254 están registradas en Medellín. Cabe aclarar que la audiencia de la comuna 13 está enmarcada dentro de un proceso de medidas cautelares que solicita el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y familiares de víctimas de desaparición forzada, sobre dieciséis sitios. Uno de estos sitios está relacionado con la comuna 13, sobre el tema de los desaparecidos de manera forzada en dicha comuna. En la antesala de la histórica audiencia en la comuna 13, Fundación Paz y Reconciliación – Pares habló con Gustavo Salazar Arbeláez, magistrado de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas de la JEP, sobre la forma en que se llevó a cabo el proceso que antecedió la audiencia y de qué manera se desarrollará. Gustavo Salazar Arbeláez, magistrado de la JEP., Pares: ¿Cómo se llevó a cabo el proceso luego de conocer la solicitud de medidas cautelares? Gustavo Salazar Arbeláez: A raíz de la solicitud, nosotros hablamos con las víctimas para que amplíen la información, a su vez, se hizo una serie de requerimientos a las entidades estatales del orden local, regional y nacional para que den respuesta sobre qué han hecho, cómo han dado respuesta en términos de búsqueda, es decir, exhumación e identificación para el caso de víctimas de comuna 13. Además, solicitamos información que permitiera establecer cuál es el universo de víctimas que se toman para cada uno de los casos. Para lo anterior, nosotros le solicitamos información a la gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de Medellín, a la Personería de Medellín, a la Fiscalía General de la Nación, a las víctimas. En el caso de comuna 13, a la Comisión Nación Nacional de Búsqueda, a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y al Ministerio del Interior. Pares: ¿De qué manera se trazó la ruta para la realización de esta histórica audiencia? G.S.A: Partimos de un balance con base a qué tanta información necesitamos. En principio parece no haber mucha más información estatal para recolectar. Entonces, lo que quedan son una serie de dudas sobre la información y se convoca a la audiencia con varios elementos. El primero está dirigido a que la actividad institucional sea presentada y discutida de manera dialógica en la audiencia y que, dicho diálogo se lleve con la magistratura, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, las víctimas y las organizaciones que las apoyan. De esta forma, que el espacio sirva para cuestionar, sugerir, controvertir las afirmaciones que hacen, sobre todo, la Alcaldía y la Fiscalía. El segundo, pretende dar respuesta a las víctimas en términos de generar un espacio para que ellos puedan participar. Ya que lo que tenemos sobre la mesa, es que las víctimas, claramente, se manifiestan como insatisfechas en el marco de sus actividades para el esclarecimiento histórico de la verdad con respecto a las respuestas institucionales. El tercero, tiene que ver con la carga restaurativa que tiene la audiencia como espacio de dignificación de las víctimas. Lo que debe servir esta audiencia, tiene que ver con establecer una claridad para los magistrados para poder tomar una decisión en relación con la solicitud de las medidas cautelares. Pares: ¿Cuál será la participación de las víctimas en la audiencia? G.S.A: Sobre la participación de las víctimas, nosotros hemos venido trabajando con ellos en el diseño de la audiencia para que, entre otras cosas, ellos tengan un espacio de dignificación. De esta forma, habrá diversos momentos en la audiencia —el próximo miércoles y jueves— en donde se dará respuesta con un elemento de simbolismo muy fuerte. Otro aspecto, es que ellos manifestaron querer tener la palabra, poder preguntar directamente y requerir a las instituciones —mediada por la magistratura— sobre lo que han y no han hecho. Esto, en razón a que hay versiones muy encontradas sobre la labor que ha realizado la Alcaldía y la Fiscalía y, si su labor, ha sido suficiente, si ha sido concertada, si ha sido técnica y rigurosa. Así las cosas, las víctimas tendrán la posibilidad de preguntar, requerir y poner en duda a las instituciones. Es un espacio para las víctimas que ellas han pedido y que han solicitado; nosotros esperamos avanzar en la localización de los sitios y, ojalá, en la ubicación de los restos y cuerpos de personas dadas por desaparecidas. A su vez, estamos haciendo un ejercicio de hacer una audiencia restaurativa que, aunque se concertó con las víctimas, no quiere decir que sea una audiencia conjunta; sino que la audiencia está es cabeza de la magistratura. Es decir, la magistratura la dirige, la guía y la determina, pero las víctimas contarán con unos espacios de interlocución. El caso de comuna 13 es muy importante para el país, por la operación Orión y otras operaciones, pero hay que hacer salvedad que la audiencia no está orientada a atribuir responsabilidades, no lleva a decir quien desapareció a quién y porqué.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La extradición a Colombia del exministro de Agricultura y Desarrollo, Andrés Felipe Arias, quien se encontraba prófugo de la justicia, abrió un debate político sobre el proceso jurídico de la doble instancia con la cual podría verse beneficiado el exfuncionario, condenado a 17 años y cinco meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ). Así lo ha dicho a la prensa el Centro Democrático, partido del gobierno, que impulsará un proyecto de ley de la doble instancia en el Congreso de la República tan pronto inicie el segundo periodo de legislatura el próximo 20 de julio. Esto implica que los casos que fueron fallados en única instancia puedan ser reabiertos para buscar una nueva sentencia. ¿Qué es la doble Instancia? La Fundación Paz y Reconciliación-Pares habló con el abogado y doctor en Derecho, Pedro Vanegas Gil, quien contó que la doble instancia es una de las garantías del debido proceso que permite que una decisión dada por alguna autoridad pueda ser conocida por otro juez a través de los recursos de apelación. “La regla general es que todos los procesos penales tengan doble instancia. Por ejemplo, si alguien fue condenado por un delito de lesiones personales o un delito de homicidio y un juez lo encuentra culpable pues el derecho que tiene es que otro juez jerárquicamente superior pueda revisar esa decisión”, expresó. De acuerdo con el especialista, actualmente en Colombia sí se aplica el principio de la doble instancia en todos los procesos por regla general, no obstante, hay excepciones donde algunos procesos solo tienen una instancia por decisión del constituyente o decisiones del legislador, pero en muchos casos genera inconvenientes. Por eso las instancias internacionales, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos, han sugerido que en la medida de lo posible a todos los procesos se les aplique la doble instancia. ¿Por qué hay controversias en el caso de Arias? En el 2014 cuando el exministro fue condenado no existía esta reforma constitucional que establecía la doble instancia. En ese sentido, se incorporó por medio del acto legislativo 01 de 2018 que anotó que los procesos en la CSJ tuvieran de ahora en adelante: 1. Una Sala Especial de Instrucción a cargo de la primera instancia, y 2. la Sala Penal de la CSJ para la segunda instancia. Así las cosas, cuando él fue investigado, juzgado y condenado no tenía esa regla procesal y la competencia la tenía únicamente la Corte Suprema. En ese momento era la única instancia, y por consiguiente ahora no se puede alegar que hubo violación del debido proceso porque para entonces eso era lo que regía. En ese sentido, Vanegas explicó que dicha norma, como cualquier otra, empezó a regir para los procesos posteriores a la fecha de expedición de la reforma, por consiguiente, no tiene efecto retroactivo. La ley que propone el Centro Democrático Así las cosas, lo que busca esta iniciativa que pretende presentar el Centro Democrático es que, a todos los procesos de todos los condenados, antes de dicha reforma del 2018, se les aplique el principio de la doble instancia. Es decir, una doble instancia con efectos retroactivos. “Esto es altamente inconveniente porque eso significaría que todos los procesos penales que tuvieron una sola instancia, y que en su momento se ajustaron al debido proceso y que fueron condenados por la Corte Suprema tuvieran que abrirse nuevamente a una segunda instancia”, aseguró. Vanegas explicó que esto incluye a todos aquellos que fueron condenados por su pertenencia a grupos armados ilegales, por delitos de narcotráfico o por parapolítica, entre otras causas. Pero, en definitiva, todos aquellos que fueron condenados con esa regla procesal que en ese momento era legítima y válida. “Ahora bien, si se dice que solamente se hará válida para el caso del exministro, pues obviamente eso sería altamente inconveniente porque rompería el principio de igualdad y es que le estaríamos dando a él un trato diferente y no el mismo respecto a los demás condenados”, agregó el abogado. De todas maneras, destacó que desde el punto de vista del deber ser, un escenario ideal hubiera sido que el exministro hubiese tenido la doble instancia, pero para infortuna de él- antes del 2018- la Constitución señalaba que los investigados y juzgados por la Corte Suprema estaban sujetos a la única instancia. Precisamente producto de estas insatisfacciones es que llegó esta reforma constitucional que abrió la doble instancia al interior de la propia Corte, pero sin retroactividad. En últimas, el Centro Democrático impulsará un nuevo proyecto de ley, amparado en el artículo 8 de la Convención de Estados Americanos para los Derechos Humanos que promulga que los Estados deberían tener procedimientos que garanticen -entre otras cosas- la doble instancia. De todas maneras, eso no significa que no pueda existir proceso de única instancia. Entonces el simple hecho de que un proceso solamente tenga una instancia, por sí solo, no es violatorio de la Convención, lo que se busca es que en la regla general se aplique la doble instancia. El conflicto está en la retroactividad de la norma.

Por: Redacción Pares La JEP convocó a una audiencia pública en Medellín, los próximos 17 y 18 de julio, para recoger información e insumos que permitan determinar si se dictan medidas cautelares en la Comuna 13 de esa ciudad, donde habría cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada. A la audiencia están convocados familiares de personas desaparecidas en la Comuna 13 de Medellín, así como representantes de entidades del Estado. El 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios -dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete familiares de desaparecidos- le solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales «se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado». En el caso particular de la Comuna 13, los peticionarios requirieron el cierre de los lugares conocidos como la Arenera y la Escombrera, a manera de medida cautelar anticipada para reparar a las víctimas y preservar la memoria del conflicto» como «garantía de que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) pueda actuar en mejores condiciones en estos lugares» en el futuro, o los sitios de inhumación donde se pudieren hallar cuerpos o restos esqueletizados relacionados con los solicitantes. Otro de los propósitos de la audiencia pública será establecer si en la Comuna 13, o sus alrededores, hay lugares de inhumación no reportados (o no inventariados), en los que se presume hay cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Y, a la vez, determinar si existen otros posibles lugares de inhumación donde haya víctimas de desaparición forzada relacionadas con los mismos hechos y contextos. Esta diligencia también servirá para conocer las coordenadas, la descripción geográfica, o la mayor definición posible, de las características del sitio para cumplir con los propósitos de las medidas cautelares. La audiencia pública también es importante para conocer qué acciones institucionales se han tomado y establecer si hubo planes de búsqueda por parte de las diferentes entidades públicas locales, regionales y nacionales, o de cualquier agente privado. Asimismo, para saber si esas acciones fueron adecuadas, rigurosas y suficientes de acuerdo con los mayores estándares de diligencia. Otro propósito de la audiencia es establecer si es posible recolectar información adicional, no conocida, no tramitada o no considerada, que provenga de diversas fuentes como documentos regionales, perpetradores, testigos, familiares o personas cercanas de las víctimas, habitantes de la región, entre otros. La Operación Orión, una cicatriz en la Comuna 13 Vale la pena recordar que la mañana del 16 de octubre de 2002 cerca de 2000 uniformados y funcionarios judiciales del Ejército Nacional, el extinto DAS, la Policía, el CTI y las ‘Fuerzas Especiales Antiterroristas’ se tomaron la comuna 13 de la ‘ciudad de la eterna primavera’ con armas, helicópteros y tanquetas. Según el CNMH, esta intervención militar en el territorio urbano dejó más de 600 víctimas directas entre retenidos, desplazados, heridos, muertos y desaparecidos. Del total, hubo 105 personas desaparecidas forzosamente, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 17 homicidios a manos de la fuerza pública y 80 civiles heridos. Por ese entonces, Álvaro Uribe Vélez estaba recién llegado a la casa de Nariño después de ser nombrado presidente Colombia (2002-2010) con la bandera de seguridad democrática. El alcalde de Medellín era Luis Emilio Pérez Gutiérrez, quien es ahora el Gobernador de Antioquia, y el gobernador del departamento era Eugenio Prieto Soto; quien fue nombrado después del asesinato de Guillermo Gaviria Correa —presuntamente a manos de la antigua guerrilla de las FARC—. Aquel miércoles 16 de octubre, la toma de la comuna 13 de la ‘capital de la montaña’ fue comandada por el general Mario Montoya, quien lideró la IV Brigada del Ejército, acompañado por Leonardo Gallego Castrillón, general de la Policía Metropolitana de Medellín. La Operación Orión se extendió a lo largo del mes de noviembre y diciembre. Hoy, Montoya comparece ante la JEP. Durante la operación, la población fue testigo del fuego cruzado y, ante la arremetida de fuerza pública y paramilitares, los habitantes salieron con pañuelos y sábanas blancas como símbolo de paz; pero el fuego como ‘la horrible noche’ no cesó.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La firma del Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc prometió tranquilidad a las regiones más golpeadas por el conflicto armado, había esperanza por parte del campesinado, de los líderes y lideresas sociales, así como de los defensores de la paz que no han vivido la guerra de cerca. Sin embargo, las dinámicas de violencia sobre todo en las zonas más apartadas muestran otra realidad. Uno de los temas más preocupantes es el asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos. Según el Sistema de Información-SIPARES de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, desde noviembre de 2016 hasta el mes de junio de 2019 han sido asesinados 270. A partir del 2017 cuando los excombatientes empezaron su caminata hacia las zonas veredales transitorias para el desarme y la reincorporación a la vida civil, más de 200 municipios que históricamente había ocupado y en los cuales tenían el control total quedaron libres y sin institucionalidad. Así las cosas, se esperaba que el Estado llegara y no solamente con un pie de fuerza, pero en algunas de las zonas ni siquiera llegó de esta manera; ahora los los líderes y lideresas sociales están siendo objeto de amenazas y asesinatos, debido a, su participación en los proyectos surgidos del pacto para promover el desarrollo regional e impulsar propuestas asociadas a la construcción de paz. Sellado el Acuerdo y con los excombatientes en las zonas de desarme, en Colombia empezaron a bajar los índices de homicidio, pero para infortuna de los líderes y lideresas, los hechos victimizantes se dispararon victimizantes en su contra. Antioquia, la región más golpeada En ese sentido, en el año 2017 se registraron 111 asesinatos contra líderes y lideresas sociales, los cuales se concentraron sobre todo en los departamentos del Cauca (15), Antioquia (14), Chocó (12), Nariño (11) y Valle del Cauca (8). Sin embargo, en gran parte de los casos no se pudo determinar el grupo responsable y es por eso que la categoría de actor armado no identificado agrupa la mayor cantidad de víctimas, seguida por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) como los segundos responsables de estos hechos. Asimismo, las cifras expresan que el tipo de líder más afectado es el líder de Junta de Acción Comunal (JAL), seguido del líder indígena, y del campesino. Ahora bien, en el primer semestre de ese mismo año se presentaron 56 asesinatos selectivos. Ya en lo corrido del 2018 se registraron 106 asesinatos contra los defensores y defensoras, pero la región más afectada ese año fue la de Antioquia con 24 casos, y de segundo pasó Cauca con 18. Los nuevos departamentos que se adhirieron a esta lamentable cifra fueron los de Norte de Santander (12), Nariño (8) y Chocó (7). Al igual que el anterior año expuesto, los perfiles de las personas más afectadas se mantuvieron, y el actor armado no identificado también como responsable. Ahora bien, en el mismo periodo del primer semestre de 2018 se presentaron 54 asesinatos, que si se compara con el mismo periodo de 2017 se puede deducir que disminuyó el asesinato en un 4%. Cabe destacar que, pese a la pequeña disminución, no significa una tendencia a la baja de este fenómeno, sino que puede corresponder a un momento en el que un grupo armado mitigó los enfrentamientos a razón de que otro logró controlar el territorio. ELN Y AGC Tras la salida de las Farc de la contienda territorial, El Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla del país; y las Autodefensas Unidas de Colombia (AGC), creadas tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mantienen una confrontación constante para ganar y controlar las zonas estratégicas de producción o comercialización de la droga. Un caso en particular es lo que ocurre en las zonas del bajo Cauca antioqueño y el Nudo de Paramillo donde las AGC o Clan del Golfo están disputándose todo el control, sin embargo, investigadores en la zona han señalado que dicha guerra la están ganando las AGC. Y es que estos enfrentamientos afectan directamente a la población y tal como ha registrado Pares, en el último año se han incrementado los hechos victimizantes a manos de estos dos grupos armados ilegales. Por ejemplo, el último semestre del presente año, se han registrado 40 asesinatos de líderes y lideresas sociales; y Antioquia, sigue siendo el departamento más afectado con 8 asesinatos, seguido por Cauca con 7, Nariño (6) y Caquetá (4). Y aunque se percibe una leve disminución en cada uno de los tres periodos planteados desde 2017 al 2019, esto no indica que a lo largo del año pueda seguir bajando la tasa, sino que hay estructuras que se están reacomodando, y en ese sentido, podrían disminuirse los asesinatos ya que la comunidad y quienes lideran estos espacios se ven inmersos en un proceso de sometimiento.

Por: Mateo Córdoba Cárdenas. Colaborador Pares. La deforestación se ha constituido en un problema nacional en varias regiones del país. De 219 mil hectáreas deforestadas en 2017, se pasó a 197 mil en 2018. El Amazonas colombiano sigue preocupando, pues concentra más de la mitad de la tasa nacional deforestación. El pasado 10 de julio, el gobierno anunció la primera disminución de la tasa anual de deforestación en el país desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC-EP. Con algunas imprecisiones, como el porcentaje de disminución de la cifra anual o los últimos reportes de disminución en la historia, el ministro Ricardo Lozano reivindicó la nueva cifra de deforestación como un triunfo de las estrategias del gobierno Duque contra la tala y quema ilegal de bosque. Algunas cifras y causas de la deforestación en Colombia 1. En al menos 20 municipios del país la capa forestal ha desaparecido por completo por cuenta del crecimiento de áreas urbanas, expansión de modelos insostenibles de ganadería extensiva y la definitiva acción de mafias regionales por el acaparamiento de tierras. Esto habla de una derrota estruendosa del Estado en su lucha contra estructuras criminales que ya no encuentran, al menos en esos 20 municipios, más bosque para quemar. 2. El aumento en 2 mil hectáreas deforestadas en la región Oriental habla de un posible desplazamiento de estructuras criminales en virtud de una reestructuración de zonas de influencia de grupos armados y apertura de economías ilegales en corredores con mayores facilidades de acceso. 3. El fortalecimiento de Grupos Armados Organizados (GAO) en el año 2018 en departamentos como Guaviare, Caquetá, Nariño y Chocó pudo haber causado una nueva paradoja ambiental en zonas de conflicto, donde muchas economías depredadoras de la naturaleza, legales e ilegales, son contenidas temporalmente por los actores armados fortalecidos y con control total de amplias zonas rurales. La desaparición de Tumaco o Riosucio (Chocó) de la lista núcleos de deforestación puede confirmar este fenómeno. 4. Parques Nacionales Naturales como el Chiribiquete, Tinigua o La Macarena continúan en la mira de las mafias de la deforestación y el acaparamiento de tierras. Si la disminución de la tasa nacional anual de deforestación no se corresponde con la identificación y judicialización de las mafias y los poderes regionales que impulsan este fenómeno, la cifra puede ser apenas una circunstancia que puede cambiar año a año de manera aleatoria y de acuerdo a los tiempos de las mafias y grupos armados, y no de la presencia efectiva del Estado y sus políticas. Hay varios factores que impiden relacionar la cifra de deforestación de 2018 con una tendencia nacional sostenida. Alrededor del país aún hay autoridades municipales y departamentales que niegan la necesidad de luchar contra la deforestación, negando el fenómeno y, en casos como el de Guaviare, impulsándolo desde la misma institucionalidad. El gobernador del Guaviare, Nebio Echeverry, insiste en hablar de una ‘vocación ganadera’ de su departamento y ha sido denunciado por campesinos de la región de estar vinculado a las mafias del acaparamiento de tierras. Asimismo, hablando de deforestación, Iván Duque y su ministro de ambiente continúan planteando un debate en términos monocausales hablando de la coca como motor de la desaparición de bosques en Colombia. Pobres resultados para ponerle freno al problema Sin embargo, la tendencia de los últimos años desmiente aquella tesis. En un departamento como el Guaviare, donde las cifras de cultivos ilícitos han ido disminuyendo considerablemente, la deforestación no ha parado de crecer. Praderización para ganadería y construcción de infraestructura vial están muy relacionados con este fenómeno en Guaviare y sur del Meta, no necesariamente ligados a grupos armados o economías ilegales. Hay tentáculos institucionales detrás de la destrucción del bosque en el sur del país. Alrededor de 197 mil hectáreas perdidas el año pasado no son motivo de ningún regocijo. Incluso la disminución del 10% en la deforestación frente al 2017 es motivo de un modesto optimismo, teniendo en cuenta que la conectividad de los Andes con la Amazonía sigue amenazada y en regiones como el Nordeste antioqueño se ha prendido definitivamente el fuego contra la naturaleza. La Operación Artemisa, como estrategia central del gobierno contra la deforestación, ha arrojado pequeños resultados, pero aún no puede ser evaluada como un éxito o un fracaso al haber sido lanzada en abril de 2019. Las disidencias de las FARC-EP han corroborado su intención de llenar de trochas ilegales el Guaviare y el sur del Meta, grandes capitales del país siguen financiando tareas de colonización y acaparamiento de tierras en el Caquetá, Guaviare y Putumayo, incluso dentro de los Parques Nacionales. Por otra parte, la minería ilegal en departamentos como el Cauca y el Chocó están secando el lecho de los ríos por cuenta de la deforestación en las cuencas. En Tumaco el reinado de los Grupos Armados Organizados sugiere estar conteniendo parcialmente una deforestación que en el 2017 parecía no tener freno. Y hacia los llanos orientales se ven amplios parches de bosque quemado y las gobernaciones del Guaviare y el Meta se muestran complacientes con las actividades de praderización y aumento de las cabezas de ganado en municipios con jurisdicción de áreas protegidas continúa en aumento. Será el 2019 la posibilidad para confirmar una tendencia a la disminución o, por el contrario, la revelación de un fenómeno consolidado a nivel territorial de degradación ambiental con fuertes vínculos con políticos y gobiernos locales.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «Cerrarle el paso a un escritor o a un académico en un festival cultural es una señal de torpeza y de una absoluta ignorancia. Ni siquiera el gobierno de Uribe fue así, es decir, durante esos ocho años se hizo la ley del cine, se respetaron a funcionarios que no pensaban como el gobierno. Esto que ocurrió en Grecia, o antes el suceso con el director de RTVC, es señal de una gente que llegó al poder sin estar preparada para ello y con una vocación de vengar o de restaurar una causa que creen que fue traicionada. Están siendo más uribistas que Uribe y olvidan que el oficio de un gobernante es permitir la convivencia, todo lo que tiene que hacer un gobernante es desactivar violencias, y eso no está ocurriendo.» Pares habló con el escritor Ricardo Silva Romero, autor de la obra de teatro Podéis ir en paz (1998), el libro de cuentos Sobre la tela de una araña (Arango, 1999), el poemario Terranía (Planeta, 2004, premio nacional de poesía), y ha publicado las novelas Relato de Navidad en La Gran Vía (2001), Walkman (2002), Tic (2003), Parece que va a llover (2005), Fin (2005), El hombre de los mil nombres (2006), En orden de estatura (2007), Autogol (2009) y el díptico Érase una vez en Colombia que conforman El Espantapájaros (2012), Comedia romántica (2012), El libro de la envidia (2014), Historia oficial del amor (2016) y Cómo perderlo todo (2018). Comentarista de cine y autor de la columna Marcha fúnebre del periódico El Tiempo desde mayo de 2009. Pares: Esta semana se conoció que la embajadora de Colombia en Italia, Gloria Isabel Ramírez, negó el apoyo a un festival cultural por encontrarlo ‘fuera de las líneas de pertinencia’, esgrimiendo el argumento de que el festival había invitado el año pasado a escritores importantes de Colombia que han criticado al actual Gobierno. ¿Cómo analiza esa situación? Ricardo Silva Romero: A mí me impresionó la noticia, aunque me parece que va de acuerdo con una línea de comportamiento que ha sido evidente en este primer año de gobierno. Ha sido claro que muchos funcionarios se siente con la responsabilidad de defender al gobierno de todo lo que suene distinto a lo que ellos consideran que es lo correcto, a todo lo que suene a paz, por ejemplo. Estas declaraciones de la embajadora en Italia, a raíz de lo ocurrido en el Festival Cultural en Grecia, van en consonancia con lo que pasó hace unos meses con Bieri, quien fue gerente de RTVC, y con los candidatos que propusieron para dirigir el Centro Nacional de Memoria Histórica. Es una actitud de defender ciegamente al gobierno como si fuera una campaña presidencial y no un gobierno, como si no fuera el Estado lo que se está construyendo, sino un grupo de personas que se están defendiendo de quienes los critiquen o de quienes piensan diferente o hacen oposición. Es ridículo, más que otra cosa. Son tiempos en los que todo el mundo tiene acceso a lo que sucede, en los que todo el mundo tiene la posibilidad de opinar por las redes sociales y que un gobierno se siga comportando como cuando ellos podían lanzar versiones oficiales, imponer ideas a la brava es sintomático de un grupo de personas que a pesar de ser jóvenes no entienden los tiempos que corren, no ven que la sociedad, el país cambió y no se han enterado. Son una cantidad de gente incompetente que creen que pueden decretar lo que las personas deben pensar. Pares: En ese sentido, si quienes nos gobiernan son incapaces ¿cómo podríamos los ciudadanos, en un esfuerzo doméstico, íntimo, contrarrestar la violencia? R.S.R: Siempre he tenido sensibilidad por los temas políticos y sociales, pero me parece que en los últimos años ha habido muchos llamados de alerta sobre nuestra incapacidad de conjurar una violencia que es típica de Colombia, que es específica de Colombia. Si los humanos tienen siempre ese riesgo, que es el riesgo de la violencia, en Colombia es una realidad y tiene una serie de razones y de causas que no hemos logrado desactivar. De tal modo que la gente puede tener ideologías diferentes o clases sociales diferentes, pero lleva esa violencia consigo y eso me impresiona mucho. Como padre de dos hijos es una pregunta que uno se hace: cómo hago para no contribuir a ese clima, cómo voy a lograr que mis actos y mis palabras lo desactiven, cómo voy a escribir columnas o novelas que las gentes que no están de acuerdo conmigo las puedan leer, cómo logro que mis escritos a favor de la paz no alienen a los que no están de acuerdo conmigo, cómo logro que ellos terminan de leer mis columnas. Y eso tiene mucho que ver con ser padre, en cómo no estar creándoles prejuicios a los hijos, estigmatizaciones. Cómo mostrarles que los que no piensan como pensamos en nuestra casa, no son nuestros enemigos. Eso todo el tiempo me recuerda una película de hace 30 años que se llama Mississippi en Llamas que tiene una frase muy importante: nadie nace odiando, sino que se lo enseñan. Ningún niño viene al mundo violento, ni dispuesto a despreciar o menospreciar a los otros, y creo que ese es el origen de cualquier violencia. Pares: Hace siglos, en la época del romanticismo alemán, se planteó la pregunta ¿Para qué la literatura y el arte en tiempos de penurias? ¿Es vigente hacer esa pregunta hoy en Colombia? R.S.R: Yo pienso que sí, y que podemos diferenciar muchas cosas en un fenómeno tan complejo como el nuestro. Por un lado está la guerra tan relacionada con el narcotráfico, con la salida de las FARC como guerrilla, de los asesinatos contra líderes sociales; por otro lado está la llegada de una cantidad de políticos inexpertos que tratan de lidiar con semejante país tan complejo. Y el problema es que lo hacen de una manera tan obtusa, tan básica sobre una sociedad como la nuestra, con tantos pliegues y con tantas cosas por revisar y discutir; eso es un fenómeno que me parece claro cuando decimos que vivimos una época difícil. Creo que quienes están ejerciendo las políticas no tienen la estatura para hacerlo y están tratando de reducir todo a dos miradas: blanco y negro o izquierda y derecha. En este contexto justamente la labor del arte es devolver los contextos a las cosas y matizar los asuntos, es decir, la literatura debe mostrar lo compleja que es la situación y devolverle los matices, recordar una y otra vez, por ejemplo, que una persona que va por la paz no es una persona que esté a favor de ningún actor del conflicto, devolverle poder a la gente. La literatura y el arte existen para que veamos las verdaderas dimensiones del horror; retratar lo que sucede, porque por lo abrumadora que es esta realidad y por lo cobarde que ha sido nuestra dirigencia, en muchas ocasiones no es usual que entendamos las dimensiones de la guerra, y me parece que el arte, la literatura y los escritores han estado obligados, desde el comienzo de la República, a mostrar esas dimensiones con la ilusión que mostrarlas sea un primer paso hacia la justicia. Son tiempos duros, pero el arte y la literatura colombianas siempre han sucedido en tiempos duros. Pares: ¿Cuál es el compromiso de un artista, de un escritor hoy en Colombia con su realidad histórica? R.S.R: El compromiso de un artista es no servirle a la guerra. El escritor, por ejemplo, debe desactivar violencias hacia cualquier persona de la sociedad, no servirle al odio. Todos los lugares de la sociedad deben ser matizados y revisados con compasión por el arte, que es justamente el lugar que lo puede hacer. Mientras desde el periodismo o desde la política a veces se pierden los matices de una sociedad como la nuestra y cae en enfrentamientos inútiles, muchas veces desde el arte sí se pueden mostrar, retratar las dimensiones de cada quien con compasión, con matices. Yo creo que el escritor hace bien cuando se rehúsa a seguir las caricaturas y los lugares comunes y revisa los ángulos que no se han revisado, el arte y la literatura tienen paciencia, y están obligados a mirar todos nuestros pliegues con calma, con serenidad pero sin perder con eso la defensa férrea de lo humano, de la dignidad humana a toda costa. Ir de las caricaturas a los retratos. Es un deber no estigmatizar; en nuestra historia más reciente ni los ciudadanos que votaron por el sí en el plebiscito por la paz son unos instrumentos de la guerrilla, ni los que votaron por el no están sedientos de sangre y de muerte. Entonces, finalmente, el único compromiso del arte es dimensionar lo humano.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Miembros de varios países que integran el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llegaron a Colombia para hablar sobre la implementación del Acuerdo de Paz. Este viernes se reunieron con el presidente Iván Duque, quien a nivel internacional ha manejado un discurso de total apoyo al pacto firmado con la exguerrilla de las Farc, sin embargo, a nivel interno es más parcializado. Al término de la reunión, Duque se dirigió a la prensa para señalar los temas tratados con el Consejo, pero sobre todo se enfocaron en el texto firmado en noviembre de 2016 que le puso fin a una conflagración de más de 50 años con la guerrilla más poderosa de Colombia. “Pudimos conversar con los miembros del Consejo de Seguridad sobre los esfuerzos que se han hecho para sacar adelante los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Lo que se ha venido adelantando en proyectos productivos colectivos”, expresó el primer mandatario. Por eso dialogó sobre la agenda de desarrollo que incluye una política catastral, cuyo objetivo, según él, es tener una actualización del 60% para el 2022 y concentrar un gran esfuerzo en los municipios de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Los PDET son programas subregionales, originados del pacto de paz, por medio de los cuales se ponen en marcha los instrumentos de la Reforma Rural Integral, enmarcados en el punto 1 del Acuerdo. Ellos están pensado para los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. Por su parte, señaló otros temas que están golpeando la implementación de paz, tales como el asesinato de líderes y lideresas sociales, y de los excombatientes. “Pudimos también abordar el tema que nos ha causado preocupación, que en algunos lugares del territorio se han presentado también asesinatos de excombatientes, y al igual que ha ocurrido con una gran cantidad o la mayoría de los casos de líderes sociales”, apuntó Duque. Y agregó que según los esclarecimientos de la Fiscalía, detrás de esos casos está la presencia de grupos armados ilegales como el ‘ELN’, ‘Los Caparros’, el ‘Clan del Golfo’, entre otros, que quieren intimidar y asesinar líderes sociales que están haciéndole un llamado a sus comunidades para salir de las economías ilícitas. ¿Qué significa la visita del Consejo? De acuerdo con Alejandro Restrepo, coordinador de la línea de posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, esta reunión de los países miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es central para el país porque uno de sus propósitos es venir a fomentar y a observar qué está pasando con la implementación del Acuerdo de Paz. “Para Colombia podría ser un impulso muy importante que desde la comunidad internacional se empuje el proceso de la implementación del Acuerdo por las dificultades que se han presentado”, resaltó. Según Restrepo, un punto a destacar en este contexto es que el presidente Duque ha tenido un doble discurso. Uno de implementación integral del Acuerdo ante la comunidad internacional; y el segundo, es el discurso interno de Duque, como lo señaló en la carta que el movimiento Defendamos la Paz envió al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, señalando en la misiva la falta de voluntad del Presidente para realizar una implementación completa. En ese sentido, el segundo discurso está asociado especialmente hacia la reincorporación de la base guerrillera, más no en el total apoyo a la implementación. Esto se ve por ejemplo con la reducción del presupuesto de financiamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La ralentización de la implementación también se observa en la pausa en la que está el programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito, puesto que, no hay claridad de los recursos de los PDET Y por supuesto también se ve la dicotomía de su discurso «en ese estado de letargo que tiene este gobierno a la comisión nacional de garantías de seguridad, que fue una instancia pactada en el punto tres (3) del Acuerdo de Paz para proteger a líderes sociales y excombatientes de la guerrilla.» Pares ha registrado más de 90 asesinatos de excombatientes, y alrededor de 270 de líderes y lideresas sociales desde la firma del Acuerdo hasta la fecha. En ese sentido, es clave que los miembros de los países que hacen parte del Consejo se Seguridad visiten a Colombia, para que tengan otras miradas de qué es lo que realmente está pasando con al implementación. Otro aspecto clave para la paz “A su vez, sería muy importante que se le diera un espaldarazo a retornar a la mesa de diálogos con el ELN y a fomentar una ley de sometimiento a la justicia de los Grupos Armados Organizados (GAO) , por ejemplo para el Clan del Golfo que es el grupo armado con más poder en Colombia”, agregó el analista. Sin embargo, este gobierno de derecha radical cerró la puerta del diálogo con la guerrilla del ELN tras un atentado perpetrado por dicho grupo contra la Escuela de Cadetes de Bogotá. A los días siguientes, también se cambió el estatus de ese grupo armado y fue enlistado en los llamados GAO, que corresponde a las estructuras de crimen organizado. Así las cosas, hay dos mirada al Acuerdo de Paz y Duque no se mantiene en ninguna. Esta vez mantuvo el discurso conciliador ante los representantes del Consejo, sin embargo, existe otra realidad en los territorios. “Realmente es muy importante, es central, que haya una diversidad de miradas para contrastar ese discurso internacional que tiene Duque sobre la implementación del acuerdo con lo que realmente esta pasando en el territorio”, apuntó Restrepo. Y concluyó que se requiere de la presión internacional para que se implemente el Acuerdo de Paz, para no retornar a la guerra, y para poder solucionar esas denominadas causas estructurales del conflicto armado interno que aluden a la reforma rural integral y a otros elementos que ya tiene el Acuerdo de Paz.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Tras conocerse este miércoles 10 de julio que serán judicializados 12 suboficiales del Ejército—quienes fueron capturados por el CTI de la Fiscalía en el marco de un escándalo de corrupción—; el ministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto, insiste que dentro del Ejército no existe ninguna crisis. Sin embargo, en el tintero aún hay muchas preguntas alrededor de las irregularidades de corrupción de las cuales el jefe de la cartera ministerial tendrá que dar explicaciones a la opinión pública. Botero Nieto, frente a la información que ha circulado por redes sobre las prácticas de corrupción, ha señalado con ahínco que «son hechos individuales, lamentables, por los que deben (los responsables) responder ante la justicia colombiana, bien sea la justicia penal militar cuando aplica o la Fiscalía General de la Nación». Lo que resulta problemático de dichas declaraciones es que el ministro centre la atención sobre quienes están, materialmente, cometiendo los actos de corrupción y, de esta forma, estaría dejando a un lado revisar la polémica desde una perspectiva más estructural. ¿Nombres sin órdenes? Un ejemplo de ello tiene que ver con que las capturas que se hicieron efectivas en Bogotá, Neiva, Nilo y Puerto Asís y que terminaron con dos cabos, dos cabos primeros, siete sargentos segundos y un sargento viceprimero detenidos. Tal como se puede constatar en el comunicado de la Fiscalía General de la Nación «se beneficiaban uniformados mediante nombramientos ilícitos por actos administrativos falsos, en especialidades como en inteligencia militar, logística, sanidad e ingenieros». Frente a ello. ¿qué tendría por decir el jefe de la cartera ministerial bajo la política de “cero tolerancia”? A su vez, en el comunicado de la Fiscalía precisa que «La Sección de Investigaciones del CTI Cundinamarca estableció que los denominados ‘cambios de arma’ eran realizados entre oficiales y suboficiales a un precio que variaba entre los 4 y 5 millones de pesos». La papa caliente para Botero Sin duda, las condiciones cambiaron para el ministro Botero minutos después de que Revista Semana desenterrara un nuevo escándalo que pesaba sobre el Ejército Colombiano. Para ese momento, entre otras cosas, se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió tres líneas de investigación disciplinaria contra generales y oficiales del Ejército Nacional. De esta forma, se concentraba su la atención del espectro y las agendas mediáticas sobre cuál iba a ser el proceder de Botero Nieto. No es de poca monta; el panorama que enfrenta el Ejército es por presuntos actos de corrupción relacionados con la aparente exigencia u oferta de dineros para financiar viajes, expedir salvoconductos o identificar fuentes de información de los medios de comunicación. Ahora bien, los reflectores alumbraron a los generales Jorge Horacio Romero (Comando de Apoyo de Acción Integral y excomandante de la Cuarta Brigada), Adelmo Fajardo (Segundo Comandante del Ejército) y Eduardo Queirós (Comando de Apoyo de Contrainteligencia). La carta que se jugó Botero Así las cosas, con la prensa atenta, el ministro Botero dio a conocer que al general Adelmo Fajardo le fueron aceptadas unas vacaciones que había solicitado. A pesar de la polémica que desató la decisión, respondieron que se concedió el periodo vacacional para que el general Fajardo pudiese preparar su defensa por el caso de corrupción que lo salpica. Sin embargo, la polémica no cesó ahí; sobre el caso del general Quirós se decidió un traslado, del cual no se conoce a qué dependencia irá. Tal como lo advertía el ministro Botero, “ni indulgentes, ni temerarios, pero sí diligentes en cualquier caso que esté fuera del marco de la Constitución y la ley. Nos hemos tomado el tiempo necesario para analizar cada caso de manera individual”, de los tres generales le dieron de baja a Jorge Romero. Cabe recordar que a Romero se le investiga porque mientras estuvo en la Cuarta Brigada — de 2015 a 2017— presuntamente entregó salvoconductos para el porte de armas a cambio de coimas. El asombro del general Romero La respuesta de Romero tras ser llamado a calificar servicios se conoció en la declaración que le dio el entonces general a el diario El Colombiano. En esta ya se evidencia malestar, pues señaló que «(…) consideré a la institución garante del derecho a la presunción de inocencia, como hasta la fecha lo había sido, pero, hasta el último día soy respetuoso de las decisiones de mis superiores y por eso acataré la orden como corresponde”. Frente a las acusaciones que lo salpican en el escándalo de corrupción de los salvoconductos, precisó que como comandante de Brigada no tenía competencias ni para pedir o expedir salvoconductos. Sobre el tema más espinoso que salpica a Romero, el de los salvoconductos que están relacionados con integrantes de la oficina de Envigado; insto que el ya se encontraba en la Tercera División en los departamentos del Cauca y Nariño, negando haber estado en la Cuarta Brigada en Medellín.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El exministro de Agricultura y Desarrollo, Andrés Felipe Arias, actualmente prófugo de la justicia colombiana, será extraditado en cualquier momento desde Estados Unidos donde se encuentra recluido en una cárcel del Estado de Florida. Así lo hizo saber la Cancillería este jueves por medio de la embajada de Colombia en Washington. En febrero, Colombia había pedido a Arias y supuestamente tenía el permiso para extraditarlo, pero la defensa del exfuncionario logró detener dicha decisión, y por casi cinco meses logró demorar lo que ya estaba pronosticado: su regreso directo a una cárcel en Colombia. Arias fue condenado en el año 2014 a 17 años y 5 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia de Colombia que lo declaró culpable en el marco del escándalo del programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Pero en julio de ese mismo año se conoció que él y su familia se fueron a Estados Unidos, lugar desde el cual han estado en confrontaciones legales con Colombia. Fueron cuatro años en los que la justicia colombiana lo solicitaba y la defensa del ex ministro de Uribe interponía un nuevo recurso para alargar su partida. Así las cosas, en el 2017 el abogado de Arias empezó a solicitar la no extradición debido a que podría correr peligro en Colombia. Esta era la última etapa del proceso que aún estaba pendiente, pero la Corte de Apelaciones de Atlanta rechazó el último recurso interpuesto por Arias. Ahora será la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien coordine el proceso para recoger al exministro, quien a fin de cuentas perdió la batalla legal en Estados Unidos y Colombia. Arias debe pagar la condena De acuerdo con el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, Ariel Ávila, la condena de Arias ya es definitiva, ahí no cabe ningún recurso adicional. Sin embargo, “el Centro Democrático está promoviendo un proyecto de ley con retroactividad lo cual es ilegal, y el senador Ernesto Macías lo ha dicho para favorecerlo, pero eso no es posible”, sentenció el analista. Dicho proyecto será radicado el próximo 20 de julio en el Congreso de la República cuando inicia la segunda legislatura de este año, así lo dejó saber el expresidente Álvaro Uribe Vélez en BLU Radio, y quien además contó que la iniciativa que pretende crear la doble instancia retroactiva que consiste en apelar decisiones de las altas cortes. En ese sentido, los críticos a esta propuesta han señalado que es una artimaña para favorecer en este caso a Arias, puesto que, con esta medida podría pedir un nuevo concepto de la condena. “El señor tiene que venir aquí, pagar una condena, y responderle a la justicia. Entonces es posible que salga antes, por buen comportamiento o estudiar, eso es posible, pero en general pues ya tiene una condena y si aprueban un proyecto de ley eso no es retroactivo”, aseguró Ávila. Sin embargo, el Centro Democrático dará la pelea en el recinto, mientras los partidos opositores a este gobierno ya han rechazado esta cercana ponencia. Ellos lo que dicen es que hubo una persecución una persecución indebida, pero él fue condenado, y ahí no hay nada que hacer. “Lo que Arias ve es que en Colombia no tiene garantías jurídicas, por eso, y él estaba pidiendo un asilo en Estados Unidos y no se lo dieron. Ahora el gobierno colombiano lo que tiene que hacer es garantizar el Estado de Derecho y es que el señor pague su condena”, concluyó. Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo a medios que el gobierno estudiará la iniciativa si finalmente llega a radicarse en el Congreso.

Por Ariel Ávila, subdirector Pares. Parece una historia digna de una novela, una historia de no creer. Se trata de un entramado increíble de corrupción que involucra al senador liberal Julián Bedoya. Su vida ha estado por varios años en medio de escándalos políticos. Vale la pena mencionar tres de ellos. En primer lugar, en el 2018 su carrera política estuvo envuelta en el escándalo por el apoyo de políticos vinculados al Clan del Golfo. Descargue aquí el informe completo El principal hecho, se dio en enero, cuando el entonces alcalde de Cáceres, José Mercedes Berrío, fue capturado el día 30 por concierto para delinquir agravado, pues tendría nexos con el Clan del Golfo. En las siguientes fotos, se ve a Bedoya en el municipio de Caucasia en la audiencia de legalización de captura de Mercedes Berrío, donde se dio imputación e imposición de medida de aseguramiento. El congresista liberal Julián Bedoya Pulgarín (izquierda de cuadros) y el exdiputado y exsecretario de hacienda Adolfo León Palacio Ramírez. Julián Bedoya a las afueras de los juzgados en Caucasia. Igualmente, en la siguiente foto se ve a la primera dama del municipio de Cáceres con Julián Bedoya. La información recogida en terreno indica que la administración municipal le trabajó a Bedoya. Además, no se debe olvidar que al menos en Cáceres y Taraza nadie puede ser político sin la bendición del Clan del Golfo. Actualmente, en la zona del Bajo Cauca Antioqueño se vive una verdadera guerra civil entre Caparrapos y el Clan del Golfo, centenares de personas han sido desplazados y municipios como Cáceres y Tarazá. Están quedando vacios, son como pueblos fantasmas. El segudno escándalo que involucra al senador Bedoya fue por las presiones a funcionarios del Sena de la regional Bajo Cauca. Presiones indebidas para votar por él en las pasadas elecciones al Congreso de a la República dejaron sancionado al exdirector regional. Sin embargo, la joya de la corona se la lleva la presunta ilegalidad de su título de abogado, entregado por la Universidad de Medellín. La historia es la siguiente: el 11 de octubre de 2018, luego de 9 años por fuera de la universidad, el Consejo Académico notificó el reingreso de Bedoya en la jornada mixta correspondiente de 2018-2, como consta el siguiente documento: En la notificación y autorización de reingreso, se estableció que Bedoya debía suscribir la matrícula extemporánea para formalizar su ingreso en Plan de Formación 5. Al momento del retiro en el 2009-2, se encontraba en Plan de Formación 4. Esto, con el propósito de evitar la acreditación de la segunda lengua[1]. Luego de una serie de derechos de petición, de acuerdo con las respuestas formuladas por la Universidad, el senador Bedoya se graudó el 1 de marzo de 2019. Sin embargo, al no brindar información suficiente sobre el proceso de graduación, luego de las denuncias hechas por las irregularidades en su título, el mismo Julián Bedoya emitió una carta en la que autorizaba a la Universidad de Medellín (ver autorización) a entregar dicha información. A lo que la universidad se negó nuevamente. Así las cosas, en primera instancia, la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, revisó las fechas en las cuales se permitía presentar el examen Saber Pro. En una circular interna de las universidades para el periodo 2018-II, el ICFES en cumplimiento del Decreto 3963 del 14 de octubre de 2009 estableció como fecha inicial la presentación del examen para el día 7 de octubre de 2018 a los estudiantes que estuvieran próximos a culminar los estudios de cualquier programa de pregrado PROFESIONAL o TECNOLÓGICO (ver circular). Para esto, se establecieron como fechas extraordinarias de inscripción del 19 al 23 de julio, fecha en la que Bedoya ni siquiera estaba en proceso de reintegro. El pago extraordinario estaba para el 24 de julio como fecha máxima y el registro para el 4 de agosto. No obstante, el día 22 de octubre de 2018, el ICFES emitió la resolución 697 en la que estableció un examen de Estado extemporáneo y adicionó la resolución 765 de 2017, en el sentido de incluir un numeral que contuviera el cronograma exclusivo para el examen extemporáneo Saber Pro y TYT[2]. De ahí, que posiblemente el senador Bedoya se hubiera podido favorecer, pues en uso de sus facultades la directora general del ICFES determinó que era necesario establecer un examen de Estado extemporáneo para su aplicación el día 18 de noviembre de 2018. Pares obtuvo el examen de Estado del senador Julián Bedoya, el cual fue presentado el día 18 de noviembre de 2018 con una puntuación de 167 sobre 300 posibles puntos. Ahora bien, esto no tendría ninguna irregularidad de no ser porque la resolución del ICFES estipuló estrictamente como condición para presentar el examen a: (i) Quienes iniciaron el proceso de inscripción, personalmente o a través de la IES, pero no finalizaron la etapa registro de información. (ii) Aquellos estudiantes para quienes las Instituciones de Educación Superior (IES) reportaron erróneamente la información durante el proceso de inscripción y no presentaron el examen el 7 de octubre de 2018. (iii) Quienes no adelantaron el proceso de inscripción y con posterioridad a la finalización de la etapa de registro extraordinario, (4 de agosto de 2018) solicitaron al ICFES a través de PQRS la inscripción del mismo hasta la fecha de aplicación del mismo (7 de octubre de 2018). Ninguna de estas condiciones las cumplía Julián Bedoya, pues como se pudo observar anteriormente, él fue notificado de su reintegro hasta el día 11 de octubre, razón por la cual el pago de la matrícula extraordinaria para formalizar su reingreso no coincide en absoluto con los requerimientos para presentar el examen Saber Pro. Aún así, cabe indagarse sobre la responsabilidad del rector Néstor Hincapié de haber permitido esta inscripción, a todas luces ilegal; la de la secretaria académica, Yolanda Cosio; el decano de la facultad de Derecho, Francisco Valderrama (cuya superior es la secretaria académica); Esperanza Restrepo (secretaria General de la Universidad) y Juan Felipe Hernández (subsecretario general de la universidad). A partir de esta irregularidad, Pares siguió indagando sobre los exámenes de suficiencia que supuestamente fueron presentados por Bedoya, en las 10 materias que le hacían falta por cursar. De acuerdo con el comunicado, presentó 3 exámenes de suficiencia, los 5 exámenes preparatorios, el examen especial y el trabajo de grado en 2019-1; lo que se traduce en que Bedoya presentó toda esta cantidad de requisitos desde el día 9 de enero que la Universidad regresó de vacaciones, hasta el día 1 de febrero que tenía como plazo para presentar la carpeta con el cumplimiento de requisitos de grado de ceremonia del 1 de marzo de 2019. En efecto, si presentó 3 exámenes preparatorios en 2019-1, esto indica que presentó los otros 7 entre el 11 de octubre y el 31 de diciembre de 2018. A lo que hay que descontarle los fines de semana, días feriados, y las vacaciones de diciembre de la Universidad de Medellín, que salió el día 14 de ese mes. Pero, Pares también solicitó a la Secretaría General del Senado de la República los días en que sesionaron desde el 2 de octubre de 2018 hasta el día 2 de abril de 2019, en relación con la asistencia y ausencia de Julián Bedoya (ver respuesta Senado), para calcular los días en los que tuvo para presentar tantos exámenes de suficiencia en tan poco tiempo, sin contar el examen especial, el consultorio jurídico y el examen de grado. Así pues, Pares tomó el calendario del 11 de octubre de 2018 al 1 de febrero de 2019 (ver calendario), y descontó los días en los que había fines de semana y festivos, las sesiones del Congreso, y las vacaciones de la Universidad de Medellín para establecer cuántos días tuvo y, de acuerdo con fuentes reservadas de la Universidad, en qué días presentó los exámenes. En color rojo en el calendario se marcaron los días en los que sesionaron en el Congreso y Julián Bedoya asistió y, si no asistió, de acuerdo con la secretaría del Senado, fue porque realizó un viaje del 8 al 13 de noviembre de 2018 a México, con autorización del Congreso. En color verde, se marcaron los días en los que la Universidad de Medellín estuvo de vacaciones. Y, en color azul, se marcaron los fines de semana y festivos en los que la Universidad no trabaja. Así las cosas, de acuerdo con el calendario, en el periodo 2018-II en el que Bedoya reingresó, desde el 11 de octubre hasta el 14 de diciembre, tuvo 18 días para presentar 7 exámenes preparatorios. Según las fuentes reservadas, hubo un presunto acuerdo entre la planta docente y la planta administrativa para ajustar las semanas, los días y las horas en las que Julián Bedoya pudiera presentar los exámenes de suficiencia. Esto es, que los exámenes tenían que ser orales y escritos, y en promedio tenía presentado uno, dos o hasta tres exámenes por día. Registros que tiene la universidad de Medellín y que se ha negado a entregar. Estas mismas fuentes revelaron que los exámenes acumulados en un mismo día se trataban de materias totalmente disímiles en las que obtuvo calificaciones altas o muy altas. Para este periodo (2018-II), en el que presentó 7 exámenes, los primeros habrían sido presentados en la semana del 22 al 27 de octubre, es decir, dos semanas después de haber reingresado. No obstante, si se tiene en cuenta que en esta semana sesionaron en el Congreso los días 23, 24 y 25 y Bedoya asistió, solo quedaría el día 26 en el que presentó 2 o más exámenes. La segunda ronda de exámenes, habrían sido presentados en la semana del 19 al 23 de noviembre. No obstante, cabe aclarar que el día 18 de noviembre presentó el Saber Pro, y esa semana, según los registros del congreso de la república, sesionó los días 19, 20 y 21, lo que permite inferir que ni siquiera habría tenido un día para prepararla supuesta presentación de los 3 o 4 exámenes que le faltaban los días 22 y 23 de noviembre. Luego de las vacaciones de la Universidad de Medellín (del 14 de diciembre al 9 de enero), en las que debió preparar sus otros exámenes, trabajo de grado y consultorio jurídico, tuvo 15 días hábiles para presentar los 3 exámenes de suficiencia que le hacían falta, pues cabe recordar que solo tenía hasta el 1 de febrero. Pero, según las fuentes reservadas, los 3 exámenes que le hacían falta los presentó la semana del 21 al 26 de enero de 2019. Hasta este punto, según el calendario realizado por Pares, luego de triangular fechas e información, se establece que el senador Bedoya tuvo 28 días hábiles disponibles para graduarse en tiempo récord. Y, aunque se encontró que el examen de Estado es a todas luces presuntamente ilegal y que los exámenes de suficiencia no corresponden a los niveles educativos exigidos a los estudiantes del común en la Universidad, aún quedan interrogantes sobre la realización de su trabajo de grado, consultorio jurídico, el examen especial y los 5 exámenes preparatorios. Para concluir, Pares realizó una consulta ante el Consejo Superior de la Judicatura el pasado 3 de julio de 2018, en el cual se expidió un certificado que estipula que “En atención a las citadas disposiciones legales y una vez revisado los registros que contienen nuestras bases de datos se constató que la Cédula de ciudadanía No. 71371981., NO registra la calidad de Abogado” (ver certificado). Este contenido apareció publicado originalmente en Revista Semana [2] Resolución de 22 de octubre de 2018. Recuperado de: http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_96f21314e7c348b39b073b5895d147aa. [1] “Artículo 101. Modificado por el Acuerdo 42 de 13 de diciembre de 2018. Requisitos de grado Requisitos de grado. Además de los requisitos anteriores, los estudiantes que hayan ingresado o reingresado a la Universidad entre el primer período de 2004 y el segundo de 2008, deberán acreditar el conocimiento de una lengua extranjera como requisito para optar a su título profesional en todos los programas de pregrado, (…)”.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad, Pares A medida que se acercan las elecciones locales comienzan las alianzas de todo tipo. En el departamento del Chocó, el Partido Centro Democrático realizó, este miércoles, una reunión con el propósito de entregar avales a la gobernación y a las alcaldías para dar avales a la gobernación y a las alcaldías departamentales. En dicha reunión se acordó entregar el aval a Melecio Quinto Arias para aspirar a la gobernación y a Miguel Becerra Asprilla para la alcaldía de Quibdó. Sin embargo, hay un problema; esas candidaturas aún no despegan, por lo que al parecer se estaría gestando una alianza con los tradicionales Clanes Políticos del departamento. Varias fuentes en el territorio le confirmaron a la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, que el partido de gobierno llegaría a las toldas del Clan Sánchez Montes de Oca, que agrupa ahora también a disidentes del Clan de Nilton Córdoba. El objetivo de dicha alianza sería el de apoyar a Patrocinio Sánchez a la gobernación y a Cesar García para la alcaldía de Quibdó, quien declinó su precandidatura a la gobernación por el Partido Liberal argumentando falta de garantías para la elección interpartidista de candidatos. Incluso, a la reunión de entrega de avales del Centro Demcrático habrían asistido también Édgar Ulises Torres y Odín Sánchez Montes de Oca, ambos condenados por parapolítica. El primero, líder del Clan, y el segundo miembro del mismo. Lo cierto es que en esta alianza todos tienen fuertes cuestionamientos y condenas, por lo que las elecciones locales no auguran cambios a futuro en el panorama político del departamento. ¿Quién son Édgar Ulises Torres y Odín Sánchez? Conocido como “Tito Torres”, fue concejal en Itsmina y representante a la Cámara entre 1994 y 2010. En 2011 fue condenado a nueve años de cárcel por el concierto para delinquir. Fue uno de los dirigentes locales que, junto con Odín, la Corte Suprema señaló de hacer parte del proyecto “Por una Urabá Grande Unida y en Paz”; conocido en Chocó como “Proyecto Político del Darién Colombiano” en el que dirigentes locales pactaron con paramilitares para la distribución del poder entre 1990 y 2007 para elecciones locales y nacionales. Por esta misma investigación, la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 20 años a Odín, además fue condenado a 108 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado por promover grupos armados al margen de la ley. Desde entonces, su hermano Patrocinio ha sido la cara del Clan Sánchez Montes de Oca. Aunque Patrocinio fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de peculado culposo cuando fungió como alcalde de Quibdó, al ejecutar un contrato por la prestación de servicios de salud por 150 millones de pesos en que se efectuaron pagos dobles en detrimento de los intereses patrimoniales del municipio, este no se encuentra inhabilitado, como su hermano, para ser gobernador del Chocó. Respecto a su fórmula para la alcaldía, César Antonio García Sánchez, hace parte de las disidencias del Partido Liberal que se alían con la Casa Sánchez Montes de Oca. Aunque César García hizo parte de la UTL de Niltón Córdoba y era aliado su clan dentro del Partido liberal, hoy confirma la alianza con la Casa Sánchez Montes de Oca y el Partido Centro Democrático. Estos acercamientos fueron claros desde el lanzamiento de la candidatura de García y en el que hizo presencia Odín. Sin embargo, al no obtener el aval por parte del Partido Liberal, primero para la gobernación y ahora en sus aspiraciones para la alcaldía de Quibdó, se unió con otra disidente, la representante a la Cámara por el Partido de la U, Astrid Sánchez Montes de Oca (hermana de Patrocinio) y el Centro Democrático para arrasar en las elecciones locales de octubre.