Por: Redacción Pares Los derechos de los artistas a expresarse libremente se ven amenazados cuando las expresiones artísticas refutan o critican ideologías políticas. La diplomacia colombiana negó el apoyo institucional a un festival de literatura colombiana en Grecia. Las temáticas y los autores invitados no le gustaron al gobierno. La embajadora de Colombia en Italia, Gloria Isabel Ramírez, negó el apoyo al festival por encontrarlo ‘fuera de las líneas de pertinencia’, esgrimiendo el argumento de que el festival había invitado el año pasado a escritores importantes de Colombia que han criticado al actual Gobierno, como lo dio a conocer el diario El Espectador. Es importante señalar que Colombia no tiene embajada en Grecia desde el año 2003, y que dicha representación la asume la Embajada en Italia. Una carta dirigida por María Cepeda Castro al canciller, Carlos Holmes Trujillo, y revelada por la periodista Laura Gil en el portal La Línea del Medio, reclama por qué este año fue la primera vez que Colombia no apareció entre los países promotores del Festival Literatura en Atenas (LEA), un evento cultural que reúne literatura y arte tanto de Iberoamérica como de Grecia. “Al dirigirnos y preguntar a la directora por qué no aparecíamos como Colombia en el programa, la respuesta que recibimos fue: que la señora embajadora de Colombia en Italia, Gloria Isabel Ramírez, había negado el apoyo al festival por encontrarlo ‘fuera de las líneas de pertinencia’, esgrimiendo el argumento de que el festival había invitado el año pasado a escritores importantes de Colombia que han criticado al actual Gobierno, como son: Santiago Gamboa, Héctor Abad Faciolince, William Ospina, Juan Gabriel Vásquez (…) entre otros”, señala la carta. ¿Qué sería la ‘Línea de Pertinencia’? En la carta dirigida por Cepeda Castro al gobierno, pide que haya un debate de control político alrededor de este hecho porque “queremos saber si es que este festival no hace parte de la economía naranja según parámetros del presidente Iván Duque, cuáles son los eventos ‘apoyables’ para el Gobierno y si hay censura frente a ciertos escritores, para que nos digan cuáles son los que hacen parte de la lista negra”. El gobierno nacional, a través de un comunicado respondió: «La Embajada de Colombia en Italia siguiendo las directrices y lineamientos de la Dirección de Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, ha promovido la participación y apoyo institucional a escritores y artistas que nos representan, sin distingos políticos, buscando que salgan nuevas figuras y artistas que no hayan tenido estas mismas Oportunidades en el Pasado. dice en el texto Néstor Pongutá Puerto, agregado cultural de la Embajada de Colombia en Italia. El funcionario agrega que «Desafortunadamente no es posible ayudar ni tener participación a todos los Festivales y Ferias que se realizan en el mundo, así se haya participado en el pasado. Es potestad de la CAncillería y cada Embajador decidir sobre cómo se maneja el presupuesto y el enfoque de la difusión cultural colombiana en el exterior.» Se conoce como censura o acto de censurar a la «restricción de la libertad de información y/o expresión». Según la UNESCO, la libertad artística es la libertad de imaginar, crear y distribuir expresiones culturales diversas sin censura gubernamental, interferencia política o presiones de actores no estatales. Incluye el derecho de todos los ciudadanos a acceder a esas obras y es fundamental para el bienestar de las sociedades. «La expresión artística no es un lujo, es una necesidad, un elemento determinante de nuestra humanidad y un derecho humano fundamental que permite a todos desarrollar y expresar su humanidad.» explicó en 2013 Farida Shaheed, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos culturales, El derecho a la libertad de expresión y creación artísticas. Los Estados deben, enfatiza la UNESCO, reconocer el papel esencial que desempeña el arte en la vida y el desarrollo del ser humano y de la sociedad, tienen el deber de proteger, defender y ayudar a los artistas y a su libertad de creación. Con ese fin, el gobierno de Iván Duque debería hacer lo necesario para estimular la creatividad artística y la manifestación de talentos, en particular adoptando medidas encaminadas a asegurar la libertad al artista, que de otro modo no podría cumplir su misión fundamental, y a fortalecer su condición mediante el reconocimiento de su derecho a gozar del fruto de su trabajo. Ojalá, por el bien de nuestra democracia, que esta sea la última vez que de manera oficial se esgrima el concepto de ‘Línea de Pertinencia’ para censurar expresiones artísticas y culturales.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares “¿Alguna vez cavaste un pozo en un monte en medio de la noche? Ella sí. Le dijeron haber visto enterrar gente. ¿Qué iba a hacer? ¿Esperar?” *** Esta frase hace parte de un corto con el que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lanzó una campaña con la que pretende hablarle al mundo sobre el flagelo de la desaparición forzada. Fragmento que, entre otras cosas, retrata la lucha que emprenden un sinnúmero de familiares en la región que no cesan la búsqueda por sus familiares. Tal como lo enuncia el CICR “las familias de los desaparecidos no esperan. Buscan”. El impacto de la desaparición de un ser querido es una de las consecuencias humanitarias más dañinas y duraderas de los conflictos, violencia, migración y desastres naturales. Las familias de los #desaparecidos no esperan. Buscan. Ayúdanos a acompañarlos: comparte el mensaje. pic.twitter.com/WhG9emZP6R — CICR (@CICR_es) July 10, 2019 Para el caso colombiano, tal como lo ha dicho Luz Marina Monzón —directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado colombiano— se ha calculado que la búsqueda es más de 120.000 personas dadas por desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado. Entre 1958 y 2016 que es el límite de nuestro periodo”. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), a corte del 1 de junio de 2019, hay 124.859 víctimas de desaparición forzada. A propósito, el CICR, en el marco de la campaña sobre la desaparición forzada, señaló que este no es un flagelo del pasado y que después de la firma del Acuerdo de Paz —24 de noviembre de 2016—; que en Colombia se registra “una desaparición cada cuatro días por razón de conflicto armado y la violencia”. “Si aquí falta alguien, faltamos todos” El CICR hace hincapié en que el tema de la desaparición forzada debe abordarse como el reto más importante al que se enfrenta el país. A pesar de que el CIRC reconoce que la incertidumbre y frustración de los familiares en su tarea de búsqueda ha sido, entre otras cosas, una constante, señala que se deben fortalecer las instancias que se crearon tras el Acuerdo de Paz. De esta forma, a través la campaña #AquíFaltaAlguien, el CIRC hace el llamado para que se sumen esfuerzos. “Mi madre coge fuerzas cada día para salir a buscarme, adentrándose en los barrios más peligrosos, en prostíbulos, morgues… tratan de convencerla que deje de buscarme o que elija un lugar a donde ir a dejar flores. Esto no es esperar.” Frase del vídeo Asimismo, el CICR recordó que instancias como la Fiscalía General para la Nación, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal deben estar en completa disposición de los esfuerzos de búsqueda de los familiares. Además, el CICR resalta que, para el caso colombiano, legalmente, no hay norma que obligue a que se deba esperar 24 ni 72 horas para poder reportar un caso de desaparición. En este sentido, el CICR advierte que las autoridades competentes deben total obligación para atender los casos reportados bajo la premisa de “el tiempo es crucial”. Ausencias a nivel territorial “Perdió su trabajo por salir a buscarme. Vendió todo para pagar las deudas. Pero mira mi habitación: sigue intacta”. Frase del vídeo Tal como se evidencia en la anterior tabla, la situación a nivel territorial en Colombia demanda bastante esfuerzo, teniendo en cuenta que el universo de víctimas es muy amplio como lo ha señalado en varias ocasiones Luz Marina Monzón. Es importante señalar que a nivel departamental se adelantan esfuerzos de familiares y colectivos de víctimas que le apuntan a la articulación de esfuerzos para preservar la memoria de quienes faltan e insistir en la búsqueda. De hecho, el pasado 8 de julio en el marco del primer diálogo entre la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la comunidad internacional; la UBPD dio a conocer que recibió cerca de 1.000 solicitudes de personas dadas por desaparecidas y que varias de esas solicitudes no se habían registrado ante las instituciones del Estado. Es necesario resaltar la importancia de estos encuentros, ya que contribuyen en la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). A su vez, para enfatizar en la necesidad del fortalecimiento de la implementación del Acuerdo de Paz. La UBPD Así como lo establece la UBPD, esta se creó para buscar de forma humanitaria y extrajudicial, lo que implica el acercamiento a las familias, a partir de las necesidades, expectativas y realidades específicas. A su vez, en dicho proceso la UBPD parte del reconocimiento de las experiencias y saberes que tienen las familias. Lo anterior incluye, entre otras cosas, las propuestas que tengan para fortalecer un proceso conjunto que se oriente a la búsqueda de las familiares víctimas de desaparición forzada. En esta medida, la UBPD pretende “dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado que se encuentren con vida y, en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos”. En necesario resaltar que la UBPD tiene un mandato de 20 años para la labor de búsqueda de este gran universo de desparecidos de manera forzada en Colombia. La desaparición, un mal presente en la región El CICR en su especial, se refirió al tema de la desaparición forzada en algunos países de América Latina, además de Colombia. Para el caso de México, precisó que hay cerca de 40.000 casos de víctimas de desaparición forzada. El CICR señaló que la mayoría de los casos están relacionados con violencia que se vive al interior del territorio mexicano. Para el caso de Guatemala, el CICR recuerda que en el marco del conflicto armado que comprendió 36 años (1960-1996); dejando un saldo de 45.000 víctimas de desaparición forzada, de las cuales 5.000 fueron niños y niñas. “¿“Hay caballos?” ¿“Hay caballos?”. Era el código que teníamos con mi papá para saber si todo estaba bien mientras cruzaba la frontera.” Frase del vídeo En el Salvador, el CICR resalta que tras el conflicto armado que se extendió entre 1980 a 1992 se calculan 10.000 personas víctimas de desaparición forzada. Además de dichas vicisitudes producto del conflicto armado, el CICR hace hincapié en que se calculan alrededor de 1.300 migrantes desaparecidos. En este mismo sentido, en Honduras el CICR ha señalado que según el Estado hondureño entre 2012 y 2018 se registran 440 casos de desaparición forzadas, en donde su mayoría son migrantes. El CICR sobre el caso de Perú resaltó que hay cerca de 20.511 victimas de desaparición, en el marco de ‘el periodo de violencia que comprendió 20 años (1980-2000); de acuerdo como lo documentó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE). A pesar de que el periodo se extendió hasta el 2000, 19 años después, tan solo el 10% ha sido hallado, identificado y entregado para un entierro digno. Finalmente, el CICR presentó el caso de Brasil al alertar “sobre 82.000 notificaciones de desaparecidos pen 2017 siguiendo el promedio de los últimos años”. Frente a dicha situación, sumado no hay orden en el registro de datos en el país brasileño; en el CICR se ofreció ante las autoridades de Brasil para articularse y acercarse a la dimensión del problema. De hecho, porque, entro otras cosas, el 17% de los brasileños tiene algún amigo, pariente o allegado desaparecido, como lo señala el informe del CICR. “Es increíble lo que una mamá puede hacer por su hijo. Por eso, la próxima vez que vea a alguien en una sala de espera, con una foto, no se engañe. No piense que está esperando. Está buscando.” Frase del vídeo

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Contrario a lo que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, sostiene acerca de que en el departamento de Sucre la paz está presente, las constantes denuncias de las comunidades, de la Defensoría del Pueblo y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) sobre la presencia de grupos paramilitares tiene en vilo a la región. Justamente, uno de los epicentros de las denuncias es San Onofre. Cabe recordar que dicho municipio se encuentra cerca al Golfo de Morrrosquillo y a los Montes de María. De hecho, desde finales del mes de junio, y en estos primeros días del mes de julio, Rodrigo Alfonso Ramírez Salazar— defensor de Derechos Humanos de la región— ha denunciado ante la opinión publica, a manera de alerta, la presencia de paramilitares en San Onofre y en la región de los Montes de María. En ese sentido, Ramírez Salazar ha señalado que la presencia en la región entre Bolívar y Sucre tiene que ver con el grupo paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Además, con las denuncias que ha hecho el defensor de Derechos Humanos le ha plantado frente a las declaraciones del gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, quien ha negado la presencia de este grupo paramilitar en la región. Los reincorporados son objeto de violencia Como si fuera poco, el pasado 8 de julio Germán Gómez López —consejero político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en Sucre— denunció ante la opinión pública que existen amenazas contra cinco (5) exguerrilleros que se encuentran en proceso de reincorporación. Esta situación se desató luego de conocerse en el corregimiento de San Rafael circulaba un panfleto amenazante. A su vez, Gómez López recalcó que “Hay unos panfletos en los que se nos está amenazando. El primero fue en San Rafael, Ovejas, hace dos meses, y el más reciente a finales de junio en Morroa. Esto ya se ha abordado en los consejos de seguridad aquí en la Gobernación y se han tomado acciones en ese sentido”. El ministro Botero, en el del consejo de seguridad que se llevó hace unos días en Coveñas, Sucre, hizo caso omiso a lo que se viene advirtiendo en la región. Cinco días después, entre otras cosas, se conoció la llegada de panfletos amenazantes en comunidades como El Crucero, Achiote, El Retiro, El Paki y Panseñor. Hecho que generó zozobra a los líderes indígenas que, han manifestado su preocupación por estas prácticas intimidantes contra la población y, sobre los procesos que adelantan los cabildos zenúes asentados históricamente en el municipio de Sampués. Ahora bien, el malestar producto de cómo se llevó a cabo el Consejo de Seguridad por parte del ministro Botero tiene que ver con que no prestó atención al panorama crítico que se ha venido denunciando y presenciando. A su vez, la alcaldesa de San Onofre, Maida Balseiro, no se presentó a la reunión, y en remplazo envió a Juan Carlos Herazo —secretario de gobierno— quién no auspició en lo absoluto que se discutieran temas de interés para los habitantes de San Onofre, cerrando las posibilidades de que los periodistas de la región pudiesen hacer preguntas a las autoridades sobre los hechos denunciados. Otra cosa que llama la atención sobre la denuncia que hace Ramírez Salazar, tiene que ver con que los paramilitares de las AUC serían cincuenta (50). Respecto a la presencia de un grueso número de hombres, Ramírez ha hecho hincapié en lo que denomina como un “resurgimiento paramilitar”, ante un descuido de las autoridades; más específicamente de la alcaldía de San Onofre y de la Armada. Para Ramírez Salazar, hay una inoperancia cómplice por parte de las autoridades ya que frente “ya fueron hechas las denuncias, pero que aún siguen como entraron a los despachos; sin respuestas». A propósito, la Defensoría del Pueblo, incluso desde finales de 2018, ha estado haciendo monitoreos contantes en el departamento de Sucre; puntualmente en el Golfo de Morrosquillo, San Benito, el corredor de Sincelejo-Sampués-Corozal y en San Marcos, a propósito de la presencia de panfletos amenazantes. Amedrentan en los lugares de residencia Dentro de la denuncia de Ramírez Salazar, en la cual se encuentran testimonios de líderes de la región que cuentan que se han presentado situaciones en las que hombres que se identifican como comandantes de las AGC, amenazan e intimidan a los pobladores, tal y como lo dio a conocer El Espectador: “Nos han expresado que desde finales de abril han visto grupos de personas que no son del lugar, algunos con camuflado y otros vestidos de civil, cargando fusiles. Luego, visitan a los líderes y en un tono conciliador, mostrándose amigables, dicen que quieren poner orden y limpiar a la comunidad de los ladrones, viciosos y, en algunos casos, de los maricas. Repiten que no vienen a matar, que aprendieron del pasado, que antes de asesinar harán dos llamados de atención para que las personas paren de robar o de consumir drogas. Si siguen haciéndolo a la tercera advertencia, las AGC comunicaron que no habrá una cuarta”. Alertas de la Defensoría del Pueblo A comienzos de este año la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana en la que, entre otras cosas, advierte que las AGC han cometido asesinatos selectivos y han amenazado pobladores en el marco de un conflicto de disputa por tierras, sobre todo manteniendo en tensión los temas de reparación colectiva, el programa de restitución de tierras y la amenaza latente para los reclamantes. Bajo este panorama, en la alerta de la Defensoría se menciona el uso del sicariato. Tras conocerse que en este semestre del año se reportan cerca de 17 denuncias sobre amenazas a defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas, en el departamento de Sucre, los liderazgos de la región han solicitado que se establezca una ruta que prevea la atención y protección en la zona.

Por: Redacción Pares El pasado viernes, las tres entidades del Sistema Integral recibieron una carta del Ministerio de Hacienda en la que se les informaba una reducción de casi el 30% en el presupuesto para inversión para el próximo año. La Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, son las tres entidades que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), este martes se reunieron con embajadores, delegados de misiones diplomáticas en Colombia y organizaciones internacionales para discutir los nuevos retos que se presentan en la implementación de los acuerdos de paz en el marco actual que vive el país. El grupo de cooperantes internacionales coincidió en la necesidad de apoyar a las tres entidades con recursos económicos que permitan disminuir el impacto de este recorte presupuestal, además de brindar apoyo político para buscar garantías de cumplimiento por parte del Gobierno en la implementación de los acuerdos de paz. En el encuentro se trataron tres puntos específicos. Primero, la Comunidad internacional reiteró su apoyo a la implementación del acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc; segundo, se dejó clara la preocupación por el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las Farc; y tercero, las dificultades que implica el recorte presupuestal de casi el 30% en la cuota de inversión para el año 2020, anunciado por el Ministerio de Hacienda. Las tres cabezas de las entidades coincidieron en afirmar que esta baja en el presupuesto afecta especialmente el desarrollo de las actividades de sus respectivas entidades en el trabajo territorial. Algunas declaraciones Peter Ptassek, embajador de Alemania en Colombia, resaltó la importancia de la implementación de los acuerdos luego de la firma: “Lograr la paz no es para nada fácil. Un acuerdo es un papel muerto sin la implementación, y para lograr esa implementación es necesario que las entidades del Sistema Integral logren una cooperación estrecha y eso es lo que estamos apoyando con fondos y con apoyo político. Debemos asegurarnos de que este sistema pueda trabajar”. Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, se refirió a la necesidad de estos dineros para lograr el despliegue territorial necesario para el trabajo de la Unidad: “El dinero que se redujo es el de la cuota de recursos de inversión y es sobre estos recursos que se apalanca la presencia territorial de la Unidad de Búsqueda. Si este presupuesto se rebaja en 30% nosotros nos vemos obligados a reducir la presencia territorial y la búsqueda de personas no se hace en Bogotá”. Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, explicó las dificultades que significa este recorte en el accionar de la entidad, al tiempo que agradeció el apoyo de la comunidad internacional para seguir avanzando en el trabajo de la entidad. Finalmente, Patricia Linares, presidenta de la JEP, concluyó que cada día que pasa son más necesarios estos recursos: “Entendemos la situación fiscal del país, pero no esperábamos una reducción tan drástica, en términos de la JEP teníamos asignados 90.000 millones de pesos para el 2019, para el 2020 nos asignan 67.000. Esto es contradictorio en un momento en el que se empieza a implementar el proceso. Tenemos un tiempo muy limitado para cumplir nuestra tarea y esta reducción afecta el cumplimiento de las mismas, especialmente en territorio”. Al encuentro asistieron delegados de la Unión Europea, de las embajadas de Alemania, Australia, Chile, Cuba, España, Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido, y delegados de ACNUR, MAPP-OEA, OIM, ONU, ONU Derechos Humanos, ONU Mujeres PNUD, UNICEF y USAID.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Este martes a mediodía, el senador Antonio Sanguino señaló en los micrófonos de W Radio que existe una lista de personajes de la oposición que han sufrido el espionaje de sus comunicaciones. Dentro de la lista de personas interceptadas se encuentran los directivos de la Fundación Paz & Reconciliación, León Valencia y Ariel Ávila Martínez. Asimismo, Sanguino señaló que los nombres de la periodista María Jimena Duzán y Daniel Coronell también hacen parte de dicha lista. Es necesario recordar que Antonio Sanguino, Iván Cepeda y Roy Barreras el pasado fin de semana aseguraron que estaban siendo objeto de intercepciones ilegales en su contra por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Por mandato legal, esta oficina debe cumplir con los requerimientos que en materia de inteligencia le hagan el Presidente de la República y el Alto Gobierno. De hecho, para ese momento advirtieron que en el marco de unas ‘operaciones de descrédito’ que «comprenderían labores de inteligencia que no cuentan con autorización ni órdenes judiciales, y que por lo tanto son ilegales con el propósito, advierten, de urdir investigaciones penales sobre bases falsas o, en otras palabras, crear ‘falsos positivos judiciales’”. Llama la atención que el senador Cepeda se refirió a una reunión que sostuvo la Dirección Nacional de Inteligencia, en un apartamento en el barrio El Salitre en la ciudad de Bogotá, el 30 de marzo. En dicha reunión, Cepeda cuenta que — con base en la información que les fue entregada— se situó un orden del día bajo la directriz del director del DNI, el almirante en retiro Rodolfo Amaya, aunque él no estaba presente presuntamente; pero dejó la orden de la hoja de ruta a seguir. Dentro de ese orden del día, se procedió a pasar revista de unas personas (10), a las que “se les colocó la etiqueta de ser objetivos políticos” y que las labores de inteligencia buscarán reunir toda clase de información sobre la base de practicar interceptaciones sin autorizaron judicial, debido a que el senador señala que en evidencia ninguno ha sido notificado. Ahora bien, Cepeda señala que esa labor de recopilación de información, tal como le fue notificado, se recoge a partir de la interceptación de celulares, correos electrónicos, whatsapp que posteriormente serán ‘procesadas’, lo que para Cepeda no es más que “una manipulación de la información obtenida para crear campañas de descrédito ante la opinión pública”. Asimismo, durante la entrevista con Vicky Dávila, el senador Sanguino señaló “es que la dirección Nacional de Inteligencia está funcionando como policía en contra de la oposición del gobierno y eso es muy grave para la democracia”. Advirtiendo, en este sentido, que “está dispuesto a ir a la Fiscalía, pero es que aquí la carga de la prueba no puede ser en las víctimas, no puede que uno se convierta en el investigador, es la entidad la que tiene que investigar”. En la misiva enviada al presidente Iván Duque, señalaron que de comprobarse dichas intercepciones ilegales se trataría de una «una agresión al libre ejercicio de la política en Colombia»; con visos evidentes de silenciar voces. Además, porque en dicha carta señalaron que, «Compartimos la preocupación por ciertos hechos que conexos podrían significar una estrategia de persecución sistemática a las voces opositoras, críticas al Gobierno o al líder del partido de Gobierno (el expresidente Uribe)», indicaron. Como en los años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en los que se utilizó el extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS para espiar a periodistas, magistrados y opositores políticos, en este gobierno de Iván Duque, un ‘reencauche’ uribista, se está recurriendo a esa estrategia criminal para perseguir y amedrentar a la oposición política e ideológica. Asimismo, tal y como lo indicó Ariel Ávila, subdirector de Pares en la columna de opinión «No más Uribe» publicada hace un año: «Uribe cogobernó con los paramilitares, el director del DAS en su momento fue Jorge Noguera, quien fue gerente de campaña en el Magdalena de la campaña Uribe presidente. Noguera era socio de Jorge 40, jefe paramilitar de la zona y quien eligió alcaldes, gobernadores, diputados y congresistas. Del DAS no solo salían las chuzadas a periodistas, magistrados y ONG. También salían listas para asesinar personas, todo indica que de allí salió la orden para asesinar al profesor Correa de Andreis. La bancada de congresistas elegida por paramilitares fue la bancada de gobierno. « Es profundamente lesivo para la democracia, para la salud institucional y para el Estado de Derecho en su conjunto, que un gobierno, cooptado por un sector político de ultraderecha contemple el espionaje ilegal como una manera de tomar las riendas de un país que cada día, al parecer, se le sale más de las manos.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC, Seuxis Paucias Hernández, más conocido por su nombre de guerra como “Jesús Santrich”, suscrito al Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 podría perder los beneficios del pacto por incumplir a los llamados de las instancias judiciales y abandonar su esquema de seguridad que aún desconoce su paradero. Este martes Santrich no se presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que lo llamó a rendir indagatoria, debido a que la Sala de Instrucción de ese mismo tribunal reafirmó su competencia para investigarlo por el delito de narcotráfico. En ese sentido, este caso en particular quedó en manos de la justicia ordinaria debido a que la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, mecanismo de justicia transicional, que tiene la facultad de investigar y judicializar a los excombatientes que hayan cometido delitos antes de la firma del pacto, y se presume que Santrich cometió este delito posteriormente. Ahora bien, estaba casi anunciado que Santrich no iba a comparecer. El pasado 30 de junio la Unidad Nacional de Protección -UNP, entidad encargada de velar por la seguridad del líder exguerrillero perdió contacto con él y este es el momento que ni siquiera sus abogados dan respuesta de su ubicación. Según el reporte de los integrantes de la UNP la última vez que lo vieron fue en horas de la noche en el espacio territorial de Tierra Grata, municipio de La Paz, Cesar. Además, informaron que Santrich dejó una nota escrita en la que aseguró que se iba a encontrar con el hijo menor en la ciudad de Valledupar. Noticias Uno habló con el hijo, quien contó que se encontrarían en la ciudad de Barranquilla. Pero, finalmente no sucedió y tampoco tuvieron contacto, por lo cual planteó la posibilidad de que lo hubieran desaparecido. Mientras otros, han asegurado que se escapó de su esquema de seguridad para esconderse por presuntas amenazas contra su vida, o simplemente para apartarse del proceso de paz. Dos fechas clave para el proceso Santrich A la sesión convocada por la Corte Suprema de Justicia no llegó el exguerrillero pero sí lo hicieron sus dos abogados. Ingresaron a la sala y luego de unos minutos volvieron a salir. El tribunal levantó la sesión, puesto que no se presentó el sindicado, y quedó a merced del alto tribunal el futuro jurídico de Santrich. “Desconocemos el paradero y no hemos hablado con él. Suponemos que no asistió por razones de seguridad, por el linchamiento público en los medios de comunicación, la embajada, y en general el ejecutivo”, aseguró uno de los representantes. Según expresó el abogado, la seguridad está primero, y en ese sentido, la vida de Santrich puede estar amenazada. Esta preocupación, se suma al aumento de los hechos victimizantes contra los excombatientes y sus familiares. De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación-Pares desde noviembre 26 de 2016 cuando se firmó el pacto con la exguerrilla Farc, han sido asesinados 98 integrantes que se encontraban en proceso de reincorporación. Pese a la controversia desatada por su ausencia, aún queda otra fecha importante para demostrarle al país si respalda o no el Acuerdo. El próximo 29 de julio deberá comparecer ante la JEP, y de acuerdo con lo señalado con sus abogados: “esperamos que se presente”. Por ahora, la JEP no puede apartarlo del proceso o quitarle garantías porque no le ha incumplido a esta instancia, el problema jurídico para Santrich llegaría si no se presenta al tribunal especial en el que debe responder en el caso 001 ante la Sala de Reconocimiento de Verdad. “Allá estaremos para atender esa diligencia y esperamos que Santrich comparezca. La JEP es la autoridad competente y él ha cumplido con las citaciones pertinentes”, indicó a la prensa uno de sus abogados. Sin embargo, para el senador y defensor de la paz, Iván Cepeda “la inasistencia de Jesús Santrich a la indagatoria programada por la Corte Suprema de Justicia para hoy, no solo es un grave incumplimiento al Acuerdo de Paz, es también un incumplimiento a los miles de exguerrilleros que sí están comprometidos con la construcción de la paz”, así lo expresó desde su cuenta de Twitter. Muy cerca de perder los beneficios El subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila expresó que este episodio “es un golpe durísimo al proceso de paz, y para el Estado de Derecho porque al final Santrich se quejó mucho -y es cierto que hubo presiones indebidas en su caso-, pero al final el Estado de Derecho se mantuvo, al señor se le respetaron sus derechos políticos, se pudo posesionar, salió de la cárcel y ahora que se vuele es muy dramático”. La consecuencia es que los detractores del Acuerdo van a tener de ahora en adelante herramientas para exigir medidas duras, tales como las que ha tomado presidente Duque contra los mecanismos surgidos del pacto. El lunes se conoció que el presupuesto a La JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desparecidas se redujo en un 30%. En ese sentido, el analista señaló que es hora de que el partido Farc tome decisiones de fondo y expulse a todos los miembros que no estén mostrando su voluntad de apoyar el pacto. “Santrich se fue radicalizando desde que salió de la cárcel y seguramente leyó que lo iban extraditar y por eso tomó esa decisión, sin embargo, lo cierto es que el señor incumplió más allá de lo que haya pasado, y es un golpe durísimo a la paz, y creo que es algo que le hace mucho daño a los que defendemos la paz”, agregó. Ahora, lo ideal es que Santrich asista a la indagatoria en la JEP, sin embargo, es poco probable que comparezca. Así las cosas, su libertad nuevamente estará pendiendo de un hilo, la CSJ y la JEP tendrán que emitir una orden de captura, y se convertirá en un prófugo. “Hay que esperar un poco los tiempos, pero en teoría está muy cerca de perder todos los beneficios”, concluyó Ávila.

Por: Redacción Pares La desigualdad económica, el crimen organizado y el machismo están entre las principales causas de los homicidios en el mundo, desestabilizando a los países, minando su desarrollo socioeconómico y erosionando el Estado de Derecho. Así lo indica el Estudio Mundial sobre Homicidios de 2019 publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con sede en Viena. Alrededor de 464.000 personas en todo el mundo fueron víctimas de homicidio en 2017, superando las 89.000 que murieron en conflictos armados en el mismo período, esto de acuerdo con el Estudio Mundial sobre Homicidios 2019. Sin embargo, debido a que la población mundial ha aumentado a un ritmo más rápido que el incremento de las víctimas de homicidio registradas, el riesgo general de ser asesinado por homicidio ha disminuido de manera constante. La tasa mundial de homicidios, que se mide como la tasa de víctimas por cada 100.000 personas, disminuyó de 7,2 en 1992 a 6,1 en 2017. América tiene la mayor tasa de asesinatos al registrar 17.2 por cada 100 mil habitantes, seguido de África (13), Europa (3), Oceanía (2.8) y Asia (2.3); y los únicos cuatro países del mundo con tasas de homicidio de más de 40 personas por cada 100 mil habitantes están en América Latina: El Salvador (62.1), Venezuela (57), Jamaica (57) y Honduras (41.7). Aunque las tasas de homicidio siguen siendo altas en América, el panorama varía enormemente dentro de la región y dentro de cada país. En América Central, el país con la tasa de homicidios más alta (62,1) tenía una proporción siete veces superior a la del país con la tasa más baja. En América del Sur, el país con la tasa de homicidios más alta (56,8) tenía una proporción más de 16 veces superior a la del país con la tasa más baja. Dentro de los países del continente, los altos niveles de homicidio están agrupados, con algunas poblaciones locales que enfrentan tasas de homicidio comparables a las tasas de mortalidad en zonas de conflicto y otras que tienen un riesgo insignificante. «El Estudio mundial sobre el homicidio 2019 busca arrojar luz sobre los asesinatos por motivos de género, la violencia entre pandillas y otros desafíos, teniendo como propósito apoyar en la prevención y las intervenciones destinadas a reducir las tasas de homicidio», dijo el Director Ejecutivo de la UNODC, Yury Fedotov. Mujeres y niñas son asesinadas por sus parejas y familia A nivel mundial, alrededor del 81 por ciento de las víctimas de homicidio registradas en 2017 eran hombres y niños, y más del 90 por ciento de los sospechosos de homicidio eran hombres, según las estimaciones más recientes. Sin embargo, el estudio muestra que la disparidad de género entre las víctimas cambia con la edad. Tanto las niñas y los niños de nueve años, así como los menores de edad, son asesinados en tasas aproximadamente iguales, contrastando con todos los demás grupos de edad, en los que los hombres constituyen más del 50 por ciento de las víctimas, según datos de 41 países. En todas las regiones, la probabilidad de que los niños sean víctimas de homicidio aumenta con la edad, aunque este proceso ocurre en diferentes etapas. Los hombres y los adolescentes de sexo masculino de entre 15 y 29 años corren el mayor riesgo de ser víctimas de homicidio en todo el mundo. Aunque las mujeres y las niñas representan una proporción mucho menor de víctimas de homicidio en general que los hombres, siguen siendo, con mucho, las que soportan la mayor carga de los homicidios cometidos por sus parejas íntimas y por su familia. Enfrentando las causas de los homicidios Las intervenciones dirigidas y eficientes para contrarrestar los homicidios requieren una comprensión integral de su escala y sus causas. Entre los factores que impulsan este delito que se destacan en el estudio figuran la desigualdad, el desempleo, la inestabilidad política, la prevalencia de los estereotipos de género en la sociedad y la presencia de la delincuencia organizada. El estudio también señala la importancia de un modelo de gobierno centrado en el estado de derecho, el control de la corrupción y la inversión en el desarrollo socioeconómico, incluida la educación, como elementos fundamentales para reducir la tasa de delitos violentos. Las armas de fuego, las drogas y el alcohol son otros factores que facilitan el homicidio y que es necesario abordar, según el estudio. El Estudio mundial sobre el homicidio 2019 está disponible en línea: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Nicacio de Jesús Martínez Espinel lleva cerca de ocho (8) meses como comandante del Ejército Nacional, tiempo en el que se ha enfrentado de manera frontal a las constantes revelaciones sobre prácticas irregulares dentro del las Fuerzas Militares. Frente a dichas informaciones, Martínez Espinel ha resuelto, afanosamente, negar y blindar la infiltración de testimonios que denuncian algunos uniformados. Los pasos del comandante oscilan entre la exigencia de su salida inmediata por parte de un grueso sector de la sociedad civil y el respaldo que ha gozado por parte del gobierno nacional. *** Tras 211 días que han transcurrido desde que el presidente Iván Duque nombró su cúpula militar, un hecho que marcó un giro en el timón por parte de su gobierno hacia la ruta de la seguridad democrática. Este suceso trajo consigo, entre otras cosas, una espesa incertidumbre en torno a las prácticas que se desprenderían del Ejército frente a las posibles violaciones de Derechos Humanos. En la opinión pública se volvió a hablar de ejecuciones extrajudiciales, que los medios de comunicación decidieron llamar ‘Falsos Positivos’ hace más de una década. Aunque para los más escépticos ese panorama era lejano, por medio de revelaciones se empezó a conocer que en Colombia se estaba asomando el fantasma de la práctica de incentivos y resultados; una práctica que en el pasado dejó cerca de 10.000 personas asesinadas que fueron presentadas como combatientes y que no lo eran. Hoy por hoy, para el caso colombiano, a los incentivos y a la exigencia de resultados se le suman las amenazas, intimidaciones y ofrecimiento de dinero y prebendas en busca del silencio. La directriz de la discordia dentro de las FFMM Dos nombres han sido los más predominantes en torno a el escándalo al interior de las FFMM: el comandante del Ejército Nacional, Nicacio de Jesús Martínez Espinel y el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Tal como ya lo había advertido el director de la Fundación Paz & Reconciliación — PARES, León Valencia, la polémica está dada de manera estructural en las FF.MM. tras la doctrina militar belicista que, en vez de encaminarse a ser una política en clave de posconflicto, le ha apostado a las lógicas de la seguridad democrática. De esta forma, la presencia de Martínez Espinel en el ojo del huracán se volvió costumbre. El más reciente escándalo que pesa sobre sus ‘Cuatro Soles’ tiene que ver con el malestar que ha generado en las altas cúpulas del Ejército el hecho de que en la prensa se esté conociendo información alrededor de las prácticas que buscan doblar las cifras de resultados de 2018 a 2019 bajo la directriz de “hacer lo que sea para generar resultados”. La angustia tiene dimensiones que superan un ‘formato’ En la revista Semana se reveló la existencia de unos formatos que tienen la firma de altos oficiales del Ejército —de puño y letra— en los cuales se constata el compromiso de duplicar los resultados. Es decir, en el formato que debían llenar los uniformados debían precisar los resultados obtenidos en 2018 y proponer el doble para 2019. A su vez, los lineamientos que rigen la directiva de los formatos debían consagrar tres variables: bajas en combate, capturas y desmovilizaciones. Tras conocerse la existencia de los formatos, la angustia en las FF.MM. ha conllevado a que, por ejemplo, se estén tomando disposiciones por parte de las altas cúpulas militares para amilanar a quienes están suministrando información sobre las prácticas que suceden al interior del Ejército. Es decir, no conformes con los resultados que les están generando las amenazas y presiones ejercidas a quienes se atreven a contar sobre practicas en torno a las ejecuciones extrajudiciales o sobre sucesos de corrupción, ahora están ofreciendo dinero o permisos para que internamente los uniformados den con los nombres de quienes estén “filtrando información”. Algo así como una auténtica cacería interna de aquellos militares que quieran denunciar las irregularidades de unas FF.MM. que, debido órdenes, cada vez generan más desconfianza para los y las colombianas. Silencio a todo costo, la estrategia defensiva de las FFMM Pese a las últimas revelaciones de la revista Semana, para Martínez Espinel “los resultados desvanecen las especulaciones”. Sin embargo, aún suscitan más incertidumbres que certezas, no solo sobre las prácticas sobre formatos de resultados o actos de corrupción en las FF.MM.; sino que también alertan a la opinión pública las disposiciones y acciones que se están tomando para limitar que se conozca información sensible a la luz pública. En el discurso, Martínez Espinel dice que “Como parte de la política de cero tolerancia con actividades alejadas de los principios, valores, Constitución y ley, se fortalecieron los procesos de Contrainteligencia. 42 integrantes fueron retirados del servicio activo y 38 están a disposición de las autoridades judiciales”. Paradójicamente, llama la atención que se conociera del general Eduardo Quirós —a cargo del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (CACIM)— la siguiente frase: “El que me traiga quiénes son los que están filtrando la información de lo que está saliendo en la prensa le damos 100 millones de pesos o seis meses de permiso”. Las pruebas de polígrafo En un principio, Martínez Espinel había negado que el pasado 22 de mayo se había llevado a cabo una citación a altos oficiales en la Segunda División en Bucaramanga, tal como en su momento lo dio a conocer Semana. En dicha ocasión sometieron a los uniformados a interrogatorios por medio de pruebas de polígrafo, para poder dar con los nombres de quienes están suministrando información a la prensa; información que ha servido de insumo para denunciar casos como los de los formatos de la duplicación de resultados, en el marco del fantasma de las ‘ejecuciones extrajudiciales’. A pesar de ello, Martínez Espinel en respuesta a las acusaciones, este lunes 8 de julio señaló que la reunión en la que se llevó a cabo los interrogatorios «fue programada con antelación y tenía como propósito evaluar las distintas actividades que se desarrollan en la jurisdicción». No obstante, esta revista tiene en su poder audios, videos y fotografías que demuestran que eso ocurrió, y varios uniformados alcanzaron a ser interrogados antes de que se filtrara lo que estaba ocurriendo a la prensa y tuvieran que suspender abruptamente La tenebrosa política del resultado Según Martínez Espinel durante la rendición de cuentas del Ejército en el Teatro Patria de Bogotá, «Nosotros hemos dado órdenes e instrucciones de respeto por los Derechos Humanos. Este es un Ejército transparente (…) hay personas que quieren magnificar algunas cosas que no se han dicho y no se han hecho es diferente, pero nosotros estamos dentro del marco de la ley, cumpliendo lo que la constitución nos dice con total y absoluto respeto por los Derechos Humanos». Sin embargo, en la actualidad se hace necesario recalcar alertas como las del informe de ‘The New York Times’ sobre subir el número de ataques, capturas, rendiciones y muertes en combate que provenían de la comandancia del Ejército de Colombia, cuando paralelamente, se empezaba a implementar el ‘Plan de Guerra’ encabezado por la cúpula nombrada por el presidente Duque. Recordar estos hechos es importante, entre otras cosas, debido a que en dicho informe hay múltiples polémicas sobre las directrices que buscan resultados a toda costa, de hecho, registran ordenes desde el Ejército que dicen “Hay que lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud”, lo que deja una estela de duda sobre la forma en qué procederá el Ejército y la legitimidad que le van a dar desde la Fuerzas Militares; ahora sumado a las practicas para restringir información de lo que sucede en torno al Ejército Nacional. “Un daño institucional” De esta forma el subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación, Ariel Ávila Martínez, catalogó la situación del Ejército bajo el actual mando de la cúpula. Para Ávila son necesario que el presidente Iván Duque haga un cambio de cúpula o que los generales se retiren de su cargo. Para el analista, es inaceptable que esta cúpula continúe aun cuando por mes; se conoce un escándalo de tamañas dimensiones. A su vez, por el riesgo que representan para los Derechos Humanos dichos escándalos y por el daño que le significa el mismo Ejército y para quienes lo integran.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Desde líderes de opinión hasta organizaciones de derechos humanos han liderado una campaña en redes sociales desde el pasado martes para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fije una fecha para la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la cual se decidirá su panorama jurídico ante la investigación adelantada por soborno y fraude procesal. Ya van ocho días, y este martes es tendencia el numeral #OctavoDíaDeLlamadoALaCSJ, ya que, el alto tribunal no ha definido el día en el que el actual senador Uribe debe asistir a rendir cuentas; por lo tanto, parece que se estuviera dilatando el caso, al cual se suma el congresista Álvaro Prada que participó en el soborno en actuación penal. “Buenos días @CorteSupremaJ está muy temprano pero quería preguntar, cuando abran a las 8, porqué a los colombianos de a pie que cometen delitos los llaman a indagatoria tan rápido y al señor Uribe, con tantísimas pruebas se han tardado 39 años. Gracias”, expresó muy temprano en su cuenta de Twitter el senador Gustavo Bolívar. El origen La pugna judicial comenzó en el 2014 cuando Uribe envió pruebas a la Procuraduría General de la Nación sobre una supuesta participación del senador Iván Cepeda, con el fin de orquestar un caso de falsos testigos desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el cual declararan en contra de Uribe. De acuerdo con el expresidente, Cepeda tenía la intención de que los desmovilizados manifestaran en una grabación esa supuesta relación con las AUC. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario y la CSJ pidió la compulsa de copias sobre el caso, que ahora tiene a Uribe y a Prada entre la espada y la pared. Luego de la interceptación de llamadas, revisión de documentos y seguimientos -medidas bajo el estricto marco legal, el tribunal determinó que Uribe no era la víctima, sino que era uno de los autores de este embrollo de falsos testigos. Así las cosas, se cerró la investigación contra Cepeda, pero avanzaron dos contra los congresistas que están ad-portas de rendir indagatorias decretadas en la investigación penal. La cuestión es que no se sabe porqué la CSJ ha tardado tanto en llamarlos si en febrero la Sala de Instrucción del tribunal rechazó la solicitud de nulidad que habían pedido los congresistas investigados. “Les propongo algo. Si de aquí al 24 de julio, cuando se cumple 1 año del auto que pidió llamar a indagatoria a Uribe, aún no ha sido citado, nos vemos frente a la Corte y celebramos el cumpleaños con una torta. RT si te apuntas. Serios #SeptimoDiaDeLlamadoALaCSJ”, agregó Bolívar. Llamados en la ONU Leonardo Rodríguez Pérez, miembro de la organización American Association of Jurist, adscrita a las Naciones Unidas como consultor en asuntos de derechos humanos, entre otros, realizó un panorama sobre Colombia en la sesión 41 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “La conferencia de Viena señala la responsabilidad de todos los Estados, de propiciar el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”, indicó Rodríguez. En seguida, realizó un panorama sobre la situación de DD.HH en Colombia, y explicó la situación de riesgo que viven los líderes sociales y los excombatientes de las Farc que se encuentran en proceso de reincorporación a la vida civil. El asociado de la ONU también recalcó la importancia de “investigar ejecuciones extrajudiciales, alegaciones de fraude en las elecciones presidenciales y poner fin a la impunidad. Colombia, todos los días, pide conocer la fecha de indagatoria de Álvaro Uribe Vélez por proceso de falsos testigos ante la corte Suprema de Justicia”, sentenció. Esta sería la primera vez en la historia que un alto tribunal de justicia llame a indagatoria a un expresidente para que responda por los hechos por los cuales está siendo investigado; y debido a la magnitud del caso que está manejando el tribunal, la ciudadanía y los líderes de opinión están pidiendo explicación a las demoras de la Corte.

Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación abrió tres líneas de investigación disciplinaria contra generales y oficiales del Ejército Nacional, por presuntos actos de corrupción relacionados con la aparente exigencia u oferta de dineros para financiar viajes, expedir salvoconductos o identificar fuentes de información de los medios de comunicación. La apertura de investigación cobija a los generales Adelmo Fajardo, Segundo Comandante del Ejército; Eduardo Quirós, del Comando de Apoyo de Contrainteligencia; Jorge Horacio Romero, del Comando de Apoyo de Acción Integral, excomandante de la Cuarta Brigada. En los últimos días el ente de control recibió información en la que se comprometería a altos oficiales con la presunta exigencia de dinero a subalternos para la aparente financiación de viajes familiares, a particulares y empresarios para la expedición de salvoconductos, y supuestas ofrecimientos de premios millonarios o licencias extendidas a cambio de las identidades de las personas que estarían entregando audios y documentos con información a los medios de comunicación. Asimismo, se investiga si oficiales del grado de mayores y coroneles habrían participado en actos de corrupción para presionar ascensos y nombramientos. Se ordenó la práctica de varias pruebas, entre ellas la revisión del trámite que habría dado la Inspección del Ejército a las denuncias sobre la supuesta exigencia de dinero por parte de los oficiales, el traslado de pruebas de las investigaciones que por estos hechos adelanta la Fiscalía General de la Nación y la revisión en el Comando de Personal de las hojas de vida de algunos oficiales. El ente de control busca verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, y esclarecer los motivos determinantes de tiempo, modo y lugar en las que se pudieron cometer. Los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.

Por: Redacción Pares Continúa el exterminio sistemático de líderes sociales. El campesino Manuel Osuna Tapias de 67 años fue asesinado en el sur del departamento Córdoba. Los autores del crimen lo decapitaron e incendiaron su casa, y presuntamente serían miembros del Bloque Virgilio Peralta Arenas, o también llamados «Los Caparros» La agresión que le costó la vida a Manuel Osuna ocurrió, en la mañana de este domingo 7 de julio de 2019, en la vereda El Cerro, corregimiento de Versalle, en el municipio San José de Uré. Con este crimen ya se suman ocho (8) campesinos ultimados en esa zona en lo que va del año. En su más reciente informe trimestral al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia, el Secretario General de la ONU invita a los colombianos y colombianas a trabajar juntos y a sostener un diálogo inclusivo ante los nuevos desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz. En relación con la situación de lideres sociales y defensores de derechos humanos, durante el periodo que cubre el informe, se menciona que “aunque se han puesto en marcha muchas iniciativas y plataformas de consulta sobre políticas de prevención y protección que incluyen, en diversos grados, al Gobierno, las autoridades regionales, las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil, se siguieron cometiendo atentados atroces contra líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos.” Pares recuerda que este 26 de julio los ciudadanos debemos manifestarnos participando en la Movilización Nacional e Internacional #Julio26ElGrito por la vida de las lideresas y los líderes sociales. La consigna es que «Este baño de sangre debe terminar. Es imperativo que se emprendan acciones necesarias para acabar con estos asesinatos, garantizar la presencia integral de las instituciones del estado en los territorios y poner en marcha la protección efectiva de la vida de estas personas.» Procuraduría y Defensoría reclaman protección El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, y el Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, en una comunicación conjunta publicada la semana pasada por motivo de las amenazas contra líderes sociales, reiteraron su «(…) respaldo a la acción legítima y legal de los líderes, senadores y funcionarios que trabajan por la búsqueda de la verdad; y hacemos un llamado especial a respetar, proteger y apoyar la acción del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, que tiene bajo su responsabilidad una acción trascendental para el futuro del país, y es la búsqueda de la justicia para quienes intervinieron en el conflicto armado interno, pieza clave de un futuro justo y en paz.» Y finalmente, solicitaron a las autoridades competentes adoptar de manera urgente las acciones necesarias para garantizar la vida e integridad de las personas y organizaciones amenazadas, «(…) alentaremos los esfuerzos que se requieran para que la justicia avance prontamente en las investigaciones, que deben dar con los responsables de esta grave intimidación, sobre quienes tiene que caer el peso de la ley.» señalaron en el comunicado.

Por: Redacción Pares Como lo indica el Instituto Colombiano de Medicina Legal en su último informe Forensis, las cifras de homicidios del año 2018 en Colombia, parecen evidenciar una reactivación de la violencia colombiana, pasando de 11.737 casos en el 2017 a 12.130 en el 2018. Al parecer, estamos en presencia de una nueva guerra contra líderes sociales y reclamantes de tierras, campesinos, mujeres y hombres en los territorios. El año 2018 marcó el fin de ocho años en los que el número de homicidios descendió constantemente. En dicho año se registraron 757 asesinatos más que en el 2017; éste año, el primero de la implementación de los Acuerdos Paz con las FARC, presentó la tasa más baja de la década 2009-2018 23,07. La tasa más alta se dio en el año 2009 con 39,39 asesinatos por cien mil habitantes. La disminución más significativa del decenio se dio entre los años 2013 y 2014 con una reducción de 1.668 homicidios. Se registraron 337 casos de campesinos asesinados, 200 de personas pertenecientes a grupos étnicos, 70 de líderes sociales, 99 de personas en condición de desplazamiento y 56 de reinsertados o desmovilizados. Lo que arroja pistas de esa reactivación del conflicto. Sobre el presunto agresor se encontró que el agresor desconocido fue el que más casos registró, seguido para las mujeres por la pareja o la ex pareja. La mayoría de los casos de los hombres se inscribieron dentro de la violencia interpersonal, mientras que para las mujeres dentro de la intrafamiliar. El arma de fuego fue el mecanismo causal que más muertes causó. La violencia por regiones Los departamentos con las tasas de homicidios más altas fueron Arauca con 59,10, Valle del Cauca con 47,81 y Putumayo con 46,53. En cuanto a las tasas departamentales más altas de homicidios en hombres se presentaron en Arauca con una tasa de 102,34, Valle del Cauca con 91,50 y Putumayo con 81,15. Aquellos que presentaron las tasas de homicidios en mujeres más altas fueron en primer lugar Putumayo con una tasa de 11,25, en segundo lugar Caquetá con una tasa de 10,48 y en tercer lugar Cauca con 8,01. La presencia de estos tres departamentos en la lista de los más letales para las mujeres da pistas sobre la forma que están tomando los asesinatos en mujeres en el país. El conflicto armado se ha recrudecido en esta región, disidencias de las FARC, grupos paramilitares y otros grupos criminales con fines de narcotráfico entraron a disputarse los territorios. Asimismo han surgido otras presiones sobre el territorio con la voluntad de desarrollar proyectos agroindustriales en esta región. La vía pública fue el principal escenario del hecho para los hombres y la vivienda para las mujeres. El 70,23 % de los homicidios suceden en la cabecera municipal, el 24,49 % en la parte rural y el 5,28 % en centro poblado. Estos porcentajes no presentan mayores variaciones entre mujeres y hombres A nivel municipal encontramos que las tasas más altas de homicidios a nivel general se encontraron en Ituango con una tasa por cien mil habitantes de 306,24, Tibú con 247,99 y Tarazá con 233,04. Los municipios con las tasas más altas de asesinatos en mujeres son Cravo Norte, municipio de Arauca, la tasa fue de 122,85, en Nariño, Cundinamarca, 85,98 y en Hispania, Antioquia, 84,07. Aquellos con tasas más altas de homicidios en hombres son Ituango, Antioquia, 544,11, Tibú, Norte de Santander 431,68 y Tarazá, Antioquia, 427,33. Las mujeres objetivo militar Si se analizan los datos por número de casos los resultados son diferentes: a nivel departamental tenemos que los tres departamentos con mayor frecuencia de violencia homicida fueron Antioquia con 2.275 casos, Valle del Cauca con 2.274 y Bogotá D.C. 1.089. Los departamentos y municipios con tasas más altas de homicidios nos hablan de esos territorios donde el conflicto armado fue más insidioso durante el año 2018. Esto también nos indican cómo las mujeres, su cuerpo y lo que sus vidas significan para la comunidad se han convertido en objetivo militar.