Por: José Roberto Acosta, aliado PARES Lo dijo el propio Gerente General del Banco de la República: “La polarización está afectando la economía”. Pronunciamiento sin precedente en la historia de nuestra banca central autónoma e independiente, pero que una vez planteado causó revuelo en los círculos empresariales y académicos del país. La reacción del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, célebre por la estafa de los Bonos Agua, fue decir que lo que manifestó el Gerente del Banco de la República era “pura paja”, pero con tan mala suerte que, de acuerdo con un estudio del departamento de investigaciones de Corficolombiana “una reducción de la polarización disminuiría el costo de la deuda del gobierno en mayor proporción que un aumento en la calificación soberana por parte de las tres principales agencias”. No es paja. El gobierno tiene huérfana a la economía, y aunque el motor de esta es la iniciativa privada, tanto consumidores como empresarios están preocupados por el hecho cierto de que los ríos de leche y miel prometidos por el uribismo nada que aparecen y, por el contrario, solo destilan hiel y cal sobre una nación acorralada por los discursos de división, estigmatización y criminalización de la oposición. Tal y como lo denunció el Banco de la República, el crecimiento es peor de lo que inicialmente nos informó el DANE: en la página 4 del Boletín Técnico sobre el Producto Interno Bruto se presenta una comparación de la producción observada en el primer trimestre del año pasado, contra el primer trimestre de este año, mostrando un crecimiento del 2,8%, tomando la “serie original” de datos. Muy por debajo del 3,2% esperado por el mercado, pero muy por encima del 2.3% que debió haberse presentado si se hubiese tomado la “serie corregida de efecto estacional y calendario”, serie corregida que sí usa el DANE para comparar la producción del último trimestre del año pasado contra el primer trimestre de este año, y que arroja un cambio de cero por ciento (0%), es decir, estancamiento. El mensaje principal del Gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que es la bitácora de política económica, es apostarle todo al crecimiento. Pero esa apuesta se está perdiendo y la pagaremos todos. El flojo crecimiento del primer trimestre, de apenas el 2,3%, difícilmente mejorará: la confianza del consumidor sigue en terreno negativo, la inversión extranjera de portafolio en Colombia, representada por las compras de acciones y títulos de deuda pública en nuestro mercado, se desplomó desde los US$ 1.830 millones en los primeros cinco meses del año anterior, a sólo US$118 millones en el mismo periodo del presente año. El índice de producción industrial, que hasta marzo pasado había mostrado variaciones anuales mes a mes de 2,85% en promedio, apenas subió 0,2% el pasado mes de abril, y si a eso se le suma el reciente cierre de la vía Bogotá-Villavicencio, el resultado de crecimiento esperado para el segundo trimestre, probablemente decepcione de nuevo. Sin un crecimiento superior al 3,5% el desempleo empeorará, sumando a los 2.524.000 desempleados actuales, a los 2.668.000 que viven del rebusque callejero y a los 6.815.000 que a pesar de tener un contrato laboral, tienen una ocupación desajustada a su perfil. Doce millones de compatriotas en pauperización laboral que no incluye a los venezolanos que también presionan el mercado laboral. Los beneficios que la Ley de Financiamiento a las inversiones en capital no se concretan, pues midiendo su comportamiento en el presente año por las entradas de inversión extranjera directa en la balanza cambiaria hasta el 31 de mayo pasado, esta sólo reacciona en el sector de petróleo y minería con USD$3.325 millones, subiendo 30,34% frente al mismo periodo del año pasado, mientras que la inversión en otros sectores apenas llega a USD$850 millones, reduciéndose 16% respectivamente. Por ello, la inmoral insistencia del gobierno con el fracking, como medida desesperada para seguir viviendo de la renta petrolera. Otras propuestas desesperadas del gobierno van, desde ‘raspar la olla’ de las próximas generaciones vendiendo ISA y el 8,5% de Ecopetrol, hasta aceptar como cuota inicial para la compra de vivienda apenas el 10% del valor del inmueble, incentivando aún más elevado el endeudamiento de hogares y aumentando los riesgos financieros. Y cuidado con la improvisada prima a la canasta familiar que, además de señuelo electorero, genera desorden inflacionario y de competitividad. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social guarda silencio ante la pauperización del mercado laboral por cuenta de los engañosos “unicornios” tecnológicos como Rappi, que además de deformar la contratación laboral disfrazando a sus trabajadores dizque de “emprendedores”, ya empiezan a recibir protestas de ellos por el inaceptable régimen de remuneración que se asemeja a la esclavitud. Mientras que negocios de la misma linea, como Domicilios.com, ya reconocen prestaciones sociales a sus trabajadores desde el año pasado, demostrando que de lo que se trata es mirar si se puede hacer dinero y enriquecimiento privado cumpliendo los mínimos legales, o no. Ya la banca internacional, como Banco Itaú y Bank Of America, han dicho que el crecimiento económico de este año no será del 3,6% como perfila falsamente el uribismo, sino que apenas llegaremos al 2,6%. Grave resultado que generará mayor desempleo, más protesta social y menos gobernabilidad de un régimen dedicado solo a la publicidad en redes, y poco o nada a una política económica seria, sostenible y para las mayorías. @jrobertoacosta1 jrobertoacostaopinion@gmail.com

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «Históricamente ha habido testimonios y situaciones que comprometen a Álvaro Uribe Vélez en violaciones de derechos humanos. Cuando fue presidente, su política de seguridad democrática provocó que se acrecentaran las ejecuciones extrajudiciales. Durante su gobierno la persecución que produjo el DAS fue por órdenes que salieron del Palacio de Nariño, eso está probado y así lo hice saber ante la Comisión de Acusaciones en mi declaración que duró casi dos horas. Además, es la primera vez en la historia que un alto tribunal de justicia llama a indagatoria a un expresidente a responder por hechos concretos que le están siendo endilgados.» Pares habló con Reynaldo Villalba Vargas, abogado defensor de Derechos Humanos por más de 25 años y miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Actualmente ejerce en representación del senador Iván Cepeda Castro en el caso de los dos procesos que se adelantan contra el senador Uribe Vélez y que se originan en la compulsa de copias que ordenó la Corte Suprema de Justicia en 2018 por manipulación de testigos contra el senador Iván Cepeda Castro, quien había sido previamente acusado de los mismos cargos por Uribe. Pares: ¿En qué estado están los procesos judiciales contra el expresidente Álvaro Uribe que están siendo investigados en la Corte Suprema de Justicia? Reynaldo Villalba Vargas: En lo que tiene que ver con los procesos en los que yo soy el apoderado del senador Iván Cepeda Castro, hay en este momento dos casos importantes. Uno es el que se produjo el 16 de febrero de 2018 con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la compulsa de copias para que fuera investigado el expresidente Uribe por su presunta responsabilidad penal en la manipulación de testigos. Esta compulsa vino del mismo proceso en el que Álvaro Uribe Vélez denunció al senador Iván Cepeda Castro. Sin embargo, la Corte encontró que no había ningún mérito para iniciar investigación formal contra el senador Cepeda después de varios años de investigación intensa. Y en cambio, sí encontró méritos para la compulsa que acabo de mencionar. Este es un proceso que hasta la fecha está relativamente quieto y sin mayor avance. El segundo proceso nace después del 16 de febrero de 2018 y concretamente nace a partir de nuevo de las manipulaciones que se dan contra el principal testigo. Entonces la Corte resuelve abrir un nuevo radicado; en ese radicado la Corte Suprema de Justicia ordenó la apertura formal de la investigación y ordenó las indagatorias a los congresistas Álvaro Prada y Álvaro Uribe. Pares: Hay cierta ansiedad sobre el tema de los tiempos procesales en este caso, que por supuesto despierta gran interés nacional, y que al parecer, se han demorado ¿Qué es lo que está ocurriendo con los tiempos y fechas en este proceso? R.V.V: Como se conoce públicamente, estas indagatorias fueron programadas para la primera semana de septiembre del año pasado y no se produjeron por diversas razones. La primera es porque la defensa del senador Uribe elevó solicitud de recusación contra la sala penal, recusación que se resolvió desfavorablemente a las pretensiones de la defensa. Esto impidió que se realizara la diligencia de indagatoria en las fechas programadas. Después vino la conformación de las salas especiales de la Corte Suprema de Justicia en acatamiento de la reforma constitucional de enero de 2018, que permite y garantiza la doble instancia para las personas aforadas, es decir, para las personas que son investigadas por la Corte Suprema de Justicia como en el caso de los congresistas. En ese nombramiento de las salas y luego en el traslado de los expedientes de las salas que tenían las investigaciones a estas nuevas salas de instrucción que se crearon, también demoró bastante. Luego, cuando las salas iniciaron su labor, que prácticamente fue a finales del año pasado y principios de este, también hubo otras actuaciones. Por ejemplo nosotros solicitamos la recusación de la magistrada Lombana por considerar que no tenía que estar al frente de estas dos investigaciones. Efectivamente ella fue separada de esas investigaciones. En este momento estamos a la espera es de que la sala de instrucción resuelva nueva fecha y hora para las indagatorias de los congresistas Álvaro Hernán Prada y Álvaro Uribe Vélez. Pares: Precisamente, en estos días ha habido un fuerte requerimiento por parte de la ciudadanía, a través de las redes sociales, para que la Corte Suprema defina la fecha de la indagatoria en este proceso contra el expresidente Uribe ¿Cómo analiza este hecho? R.V.V: Efectivamente he constatado que en redes sociales hay un llamado a que la Corte Suprema de Justicia decida pronto la fecha y hora para las indagatorias. Yo creo que la sociedad está urgida de justicia y que esta opere efectivamente. Se sabe que muchas veces opera la prescripción de presuntos conductas punibles o de conductas punibles, y donde se tiene que establecer la responsabilidad de los personajes que estén involucrados en ellas o presuntamente involucrados en ellas. Me parece que las redes sociales son un espacio que tiene la gente de expresar sus inquietudes, yo lo veo de esa manera. Es una forma por medio de la cual las personas están diciendo: bueno, aquí hay una investigación y es hora de avanzar. Obviamente yo considero que efectivamente es el momento para que la Corte Suprema ese llamado, y que resuelva en derecho, respetando el debido proceso como lo ha hecho hasta ahora. En mi concepto la Corte Suprema de Justicia ha llevado este proceso en estricto apego a la Constitución y a la ley, y esperamos que lo continúe haciendo así, aunque también es importante que tome decisiones que produzcan avances procesales. Pares: ¿Cuáles son los acontecimientos que desembocaron en esta situación judicial del expresidente Uribe Vélez con la Corte Suprema de Justicia? R.V.V: En 2011, cuando Iván Cepeda era Representante a la Cámara recibió el encargo, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos del mismo organismo colegiado, de verificar la situación de la población carcelaria en el país. Cepeda, junto con otros parlamentarios, visitaron diversas cárceles y tomaron declaraciones de los presos sobre su situación carcelaria, como lo demuestran los numerosos comunicados y quejas que el propio congresista envió a las diferentes autoridades: Fiscalía, Procuraduría, INPEC y Defensoría del Pueblo. Dentro de ese trabajo, dos paramilitares que pidieron hablar con él y me estoy refiriendo en primer lugar Pablo Hernán Sierra conocido como ‘Alberto Guerrero’ o ‘Cacique Pipintá’ declaró sobre la responsabilidad presunta de Álvaro Uribe Vélez. El testigo dice que Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago, así como miembros de las familias Gallón y Villegas conformaron un grupo paramilitar en Antioquia. Después, y en ese mismo sentido, está la declaración de Juan Guillermo Monsalve, que es hijo del administrador de la finca Guacharacas de propiedad de la familia Uribe en ese momento. Con esas dos declaraciones Iván Cepeda hizo lo que había hecho con todas las demás quejas que había recibido de otros presos, y para el caso se las entregó a la Fiscal General de aquel entonces, Vivian Morales. A partir de ese momento, Cepeda fue denunciado por e Álvaro Uribe por extralimitación de funciones y otros delitos. En septiembre de 2014 se hizo un debate por parte de Iván Cepeda sobre paramilitarismo en Antioquia para la época en que fue gobernador Álvaro Uribe Vélez. Apenas iniciada esa audiencia el expresidente se levantó y anunció que iba a llevar unas declaraciones a la Corte Suprema de Justicia; esas declaraciones corresponde a los paramilitares que estarían diciendo que Iván Cepeda les estaba ofreciendo prebendas para declarar contra él. En efecto, esas denuncias se sumaron a la denuncia de calumnia, injuria y fraude procesal sobre estos hechos que acabo de narrar. La Corte Suprema, el 16 de febrero de 2018, dice que no hubo ningún delito por parte de Iván Cepeda y que no hay mérito para abrir una investigación sobre él; en cambio sí encontró méritos suficientes para compulsar copias para que se investiga la posible responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en la manipulación de testigos. Pares: ¿Qué dificultades se enfrentan en un proceso judicial contra un expresidente? R.V.V: Son diversas dificultades. Uribe vélez es una persona que tiene mucho poder y que realiza campañas de desprestigio contra los funcionarios judiciales que intentan investigar hechos en los que él estaría presuntamente involucrado. Normalmente se muestra como un perseguido político en lugar de asumir estos procesos de una manera clara, sin acudir al desprestigio de magistrados como lo ha hecho, e incluso de persecución contra magistrados como ha ocurrido en el pasado en el tema del extinto DAS. Digamos que ha habido un comportamiento histórico del senador Uribe de perseguir a las cortes y eso no es nuevo ya que por lo que ocurrió con el DAS quedó absolutamente claro. Las denuncias y persecuciones que se hacen contra los magistrados que toman de decisiones que no le gustan. El expresidente Uribe debe entender que la ley es para todos y que nadie está por fuera, ni por encima de la ley, por poderoso que sea y que si hay inocencia, que sean los estrados judiciales los que lo definan, y si en los estrados judiciales encuentran que hay responsabilidad, que se defina allí.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El silencio en la media y alta Guajira visitado por ‘Los viajes del viento’ es interrumpido por un perifoneo que anuncia que el cine llegó al municipio de Dibulla y al corregimiento de la Punta de los Remedios. Antes, según cuentan los mayores, las campanas sonaban en la noche para avisar que se proyectarían películas en el teatro a las que los niños no podían asistir y, que, con el paso del tiempo, a los teatros dejaron de llegar las historias lejanas que el cine contaba. Sin embargo, a partir del trabajo de la Fundación Iguaraya, el cine ha retornado al aire y la noche libre, pensado para niños, niñas y jóvenes por medio de Cine Foros. De esta forma, con un proyector, una tela y con el llamado de la persona de la radio comunitaria del pueblo, el cine después de muchos años volvió para los pobladores de Dibulla y la Punta de los Remedios, pero esta vez de la mano de la niñez. La Fundación Iguaraya, que es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, le apuesta a procesos con la comunidad de la región de la media y alta Guajira para convocar reflexiones en torno a la apropiación territorial y la resolución. De hecho, el trabajo de Iguaraya va más allá y está auspiciando que los niños, niñas y jóvenes produzcan contenidos audiovisuales para que narren historias. El cine alberga memoria de lo que ha vivido la región, y tal como el poeta describe inspirado en el himno de Dibulla, frente al Mar Caribe y con la Sierra Nevada atrás: el recuerdo del territorio será “imperecedero”. A partir de ese trasegar, es que para Gabriela Grisales—quien lidera el proyecto— el cine resulta ser una herramienta idónea ya que motiva, entusiasma, llama, es productora de curiosidad y; brinda un espacio de creación autónomo para los niños, niñas y jóvenes. *** La iniciativa La fundación Iguaraya comienza a trabajar en la región para impulsar, en compañía de las comunidades, iniciativas de producción sostenible. En este orden de ideas, la Fundación pretende generar ingresos para las comunidades locales en clave del sostenimiento medioambiental. De esta forma, el proyecto de cine ‘Con Cine Converse’, es una iniciativa que se construyó a medida del tiempo con las comunidades de Dibulla y la Punta de los Remedios. Gabriela Grisales, es muy precisa al decir que la iniciativa está enmarcada por el tiempo, esa labor de largo aliento para articularse con las comunidades de Dibulla y la Punta de los Remedios en torno a las reflexiones y creaciones que permite el cine. La base de la implementación de la iniciativa de los talleres reposa en los colegios de Nuestra Señora del Pilar (Dibulla) y la Institución Educativa Miguel Pinedo Barros (la Punta de los Remedios). De esta forma, con los niños, niñas, jóvenes y el conjunto de profesores se logró un total de 40 que hacen parte de la iniciativa. Los niños y jóvenes son de edades que oscilan entre los 12 años hasta los 23 y, se dividen en el colegio de la Punta de los Remedios son 25 y en el de Dibulla son 15. El espacio se fue auspiciando con la posibilidad que brindaron los colegios, que permitieron que se socializara la iniciativa que, a la postre, permitió que la curiosidad de los interesados tuvieran un lugar en el cine. Niñez y juventud en complicidad con el cine Gabriela cuenta que los jóvenes de mayor edad organizan el cine foro y las proyecciones de las películas para los niños. Posteriormente, después de las proyecciones se abría la palabra para que las personas expresaran lo que les dejaba las películas. A su vez, Gabriela señala que ha medida en que se iban realizando los cine foros, se iba fortaleciendo la capacidad de apropiación de los espacios. Es decir, la comunidad con el trabajo conjunto fue reconociendo que tenía posibilidades de tener lugares como este, sin tener que depender de las instancias estatales. Así, las comunidades fueron contribuyendo con espacios y esfuerzos para hacer posible que se llevaran a cabo las actividades de la iniciativa. La capacidad de apropiación de los espacios por parte de los jóvenes ha llevado a que ellos mismos se encarguen de las proyecciones. El tiempo ha sido un aliado para las comunidades A raíz de la acogida y el fortalecimiento que tuvo el proyecto, en su segundo año, 2018, se postularon a la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura. En este año, tal como lo cuenta Gabriela, los cine foro se enfocaron más en las problemáticas, con películas pensadas para los contextos de las comunidades de pescadores o en el marco de los temas que los niños estaban estudiando en el colegio. Con la convocatoria se logró que la periodicidad de los cine foro llegase a ser tres veces por semana durante seis meses. De esta forma, se empezaron a desarrollar talleres que se trabajaban por medio del análisis del lenguaje cinematográfico, la estructura, la narrativa y la transmisión de emociones por medio del lenguaje musical. Asimismo, sobre las temáticas de las películas y el desarrollo que le daban a la misma. Sobre el tema del conflicto y paz, fue clave el uso en los talleres de películas colombianas que trataban el tema del conflicto armado. Para esto, Gabriela cuenta que se llevaron a cabo talleres que trataban sobre la apropiación territorial y la resolución del conflicto. Es decir, una disputa de imaginarios y la mitigación de los estereotipos que ha creado el lenguaje cinematográfico hegemónico. A partir de películas, también se hicieron reflexiones sobre el tema de género. ‘Mateo’ película dirigida por María Gamboa. Usada en las proyecciones de Cine Foro y para los talleres. Camaratón y… ¡a crear! La Fundación Iguaraya pensó una ‘Camaratón’ para recolectar cámaras con las que los jóvenes pudiesen empezar a crear productos audiovisuales. De hecho, por medio de la Camaratón recibieron en donación casi 40 cámaras digitales que no eran usadas y que las personas decidieron donar para la iniciativa. Gabriela cuenta con emoción que la siguiente fase del proyecto se está fortaleciendo con los ejercicios de exploraciones que hacen en los talleres y están focalizando las temáticas en un trabajo muy fuerte desde la construcción de la identidad; de hecho, ahora están construyendo un proyecto que se llama Bionarrativas de Dibulla, que está mucho más enfocado en la construcción de una propia narrativa cinematográfica.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se reunió este jueves con algunos líderes políticos de Colombia con los que dialogó sobre el Acuerdo de Paz firmado con la exguerrilla de las Farc, las movidas de las fuerzas de izquierda, y la democracia en la región. “La democracia caza con la paz, la democracia caza sobre todo con el desarrollo económico. Los desafíos colocados hoy: construir el camino de la región”, aseguró Rousseff en la rueda de prensa realizada en Bogotá junto con el expresidente Ernesto Samper. Previo a la conferencia de prensa, Rousseff se reunió con otros líderes políticos como María José Pizarro, del partido Decente; Antonio Naverro Wolff, del Partido Verde; entre otras personalidades. Los motivos de la visita De acuerdo con el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, Ariel Ávila, Rousseff podría estar motivada a visitar varios países en la región, incluido Colombia, con dos propósitos. El primero, escudriñar cómo está funcionando la izquierda en Colombia; y el segundo, exponer el último escándalo de unos jueces que supuestamente influenciaron en la decisión de la fiscalía que envió a la cárcel al líder de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva. Desde el 2016, la derecha tomó ventaja en la región. La izquierda perdió varias elecciones, y en el caso de Brasil un fallo histórico en el Senado brasileño le dio fin a 13 años de gobierno de izquierda tras la gobernanza de Lula (2003-2010) y Rousseff (2010-2016). La heredera de Lula da Silva fue destituida del cargo el 31 de agosto de ese año con una vasta mayoría de 61 senadores que se pronunciaron en favor del sí, luego de ser acusada por maquillar las cuentas públicas, pero a lo último no fue acusada. Así las cosas, en un momento en el que la derecha predomina en los países suramericanos, Rousseff está haciendo un recorrido, un poco intentando ver cómo están las fuerzas de izquierda en la región. “En Colombia han crecido las fuerzas de izquierda, pero aún falta mucho para que lleguen al poder. A la derecha aún le quedan ocho (8) años más en la región”, expresó Ávila. En el caso colombiano, la derecha radical llegó al poder el pasado 7 de agosto de 2018 en cabeza de Iván Duque, discípulo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, la gobernabilidad va en picada, tanto así que, la última encuesta de Gallup Poll arrojó que el 71% de las personas creen que las cosas van empeorando en el país. La democracia en la región En la rueda de prensa, la expresidenta señaló que Unasur, Unión de Naciones Suramericanas, tiene el compromiso con la democracia. “Hay un desafío de la democracia, es la democracia por la que tenemos que luchar”, recalcó, sin embargo, Brasil fue uno de los países que suspendió su participación en el bloque desde el año pasado. En días anteriores, Samper, exsecretario General de la Unasur, también lamentó que en este gobierno se sobreponga una posición ideológica sobre el interés de la región, puesto que, Duque ha estado impulsando una nueva instancia de integración regional llamada Prosur. En ese sentido, Rousseff se preguntó a dónde se quiere llevar a América Latina, a dónde se quiere que camine la democracia. Y, por consiguiente, indicó que no comparte un cerco a Venezuela, “y eso no significa ninguna valoración del Gobierno Maduro. Se trata de asuntos democráticos. No injerencia en los asuntos internos de otro país”, agregó, cuando fue cuestionada sobre la crisis económica, humanitaria y política que vive el país vecino. “Yo no comparto una intervención militar”, apuntó. Por consiguiente, Rousseff fue cuestionada si Venezuela aún estaba en democracia y respondió con un ejemplo: “el mío es visto como un país democrático, más yo me pregunto: ¿es un país democrático un país que es capaz de aprehender un presidente inocente para que no se elija presidente de la república? Desde el 1 de enero de este año Brasil ha estado al mando del político de derecha radical Jair Bolsonaro. Su llegada al poder fue sorpresiva debido a la serie de polémicas racistas, xenófobas y misóginas que desató a lo largo de su campaña y por las cuales se esperaba que no llegara al poder. Sin embargo, su popularidad ha venido disminuyendo y en marzo cayó 16%. Los medios de comunicaciones registraron que ese mismo mes, el 34% consideró que su administración era buena, en comparación con el 49% de enero.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Cerca de 40 horas completa al aire en el dial 92.3 f.m. una señal proveniente de un punto en el norte del departamento de Antioquia, a 1550 metros sobre el nivel del mar, recostado sobre la cordillera occidental colombiana y bañado por el río Cauca. En lo alto de la región montañosa se eleva una antena para darle vida a la segunda emisora de pedagogía para la paz en Colombia, en el municipio de Ituango. Tal como se estableció en el punto 6.5 del Acuerdo para la terminación del conflicto con las Farc-ep, se consolida un proyecto radial que pretende cobijar a las zonas más golpeadas por el conflicto armado en Colombia. Para este caso, Ituango es la segunda emisora de paz que se pone al aire y la primera del departamento antioqueño. Desde el 25 de junio están al aire las primeras voces en la radio de paz del municipio de Chaparral, en el departamento de Tolima. Ahora que los pobladores del municipio de Ituango cuentan con esta nueva estación radial; desde las cabinas de sonido se estarán desarrollando temas en torno de a los avances que ha tenido el Acuerdo de Paz y el fortalecimiento de pedagogía de paz con un enfoque cultural para contribuir a la reconstrucción del tejido social tras las vicisitudes de la guerra. La emisora de paz de Ituango será operada por Radio Nacional de Colombia, en el marco de los parámetros del Sistema de Medios Públicos (RTVC). En este sentido, la emisora ya cuenta con un equipo que fue contratado por la RTVC, con la particularidad de que los integrantes de dicho equipo deben ser originarios de la región. A su vez, con el espacio que brinda la emisora podrán escucharse voces que trabajan por la Verdad, Justicia, Reparación y que exigen la garantía de No Repetición. Ahora bien, la programación se estableció específicamente en tres espacios; uno de carácter informativo, uno enfocado a los procesos de construcción y reconstrucción de tejido social y, finalmente, uno de análisis que contará con la participación de expertos y analistas para presentar las perspectivas de lo que viene sucediendo en torno a la implementación del Acuerdo de Paz. Así las cosas, ya al aire, la emisora de paz de Chaparral y de Ituango se espera que, en lo que resta del año, entren en funcionamiento las estaciones radiales para San Jacinto (en el departamento de Bolívar), en Fonseca (en La Guajira) y en Convención (Norte de Santander). Para que de esta forma, se continúe caminando a las 20 emisoras de paz pactadas a partir del Acuerdo. Una mirada radial en la región Según las cifras de la Cartografía de la Información de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), “en Antioquia, el 31% de la población vive en municipios en silencio, lugares donde no existen medios de comunicación que produzcan noticias locales. Solamente en 29 de los 114 municipios mapeados; sus habitantes tienen una oferta con suficiente información local”. Con lo que respecta a la región del Noroccidente antioqueño el 36% de las comunidades que habitan los municipios están bajo la categoría de silencio. A su vez, la FLIP alerta sobre las denuncias que han hecho en la región con lo referente a la censura de los medios para tocar temas de “conflicto armado, orden público y temas ambientales, principalmente en los municipios de Ituango, Entrerrios, Santa Fe de Antioquia y Liborina”. Frente a este panorama, se resalta la importancia que tendrá el papel de la emisora de Ituango para los temas que la comunidad quiera tocar. Para el caso del municipio de Ituango, teniendo en cuenta que su población es aproximadamente de 19.578 habitantes, solo cuenta con una emisora comunitaria con informativos para todo el municipio y, la otra emisora que está en poder de la Fuerza Pública. Resulta interesante el papel que entra a jugar la emisora de paz de Ituango, a su vez porque según la FLIP, Ituango se encuentra en una escala de insuficiencia en términos de producción local. Tras los micrófonos: la guerra y la búsqueda de paz La descentralización de los medios de comunicación a nivel nacional es de vital importancia para las comunidades que han sido históricamente olvidadas por el Estado y, que han sido golpeadas por la guerra. No solo por los procesos culturales y sociales que permite la presencia de una radio desde las comunidades, sino por la soberanía de la construcción de memoria y de paz que se pueda desprender de una emisora. Asimismo, porque para el caso del departamento antioqueño existen heridas abiertas sobre hechos victimizantes que ocurrieron en el marco del conflicto armado y que continúan sucediendo en el territorio tras la firma del Acuerdo. Un ejemplo de ello se constata en el registro del sistema de información SIPARES de la Fundación Paz & Reconciliación que muestra que entre 2016 —desde el 24 de noviembre de 2016 (día en que se firmó el Acuerdo de Paz)— hasta el 3 de julio de 2019; en el municipio de Ituango se han registrado el asesinato selectivo de 13 personas. Dentro de las victimas se encuentran siete personas en proceso de reincorporación, cuatro líderes comunales de JAC, un líder indígena y un líder campesino. Además, ocho de los asesinatos se registraron tan solo en 2018. De hecho, a nivel del departamento de Antioquia, Ituango es el municipio que registra mayor victimización en términos de asesinato selectivo. Incluso, casi doblando el numero de hechos victimizantes de Medellín y del municipio de Cáceres. El siguiente mapa de calor del sistema de información SIPARES muestra el comportamiento de la violencia a nivel del departamento antioqueño; lo que ha generado mayores dificultades para las comunidades en la búsqueda de articular procesos culturales en clave de paz. Debido a que, entre otras cosas, la violencia está fracturando los liderazgos para la construcción de paz. A su vez, tal como lo señaló el último informe trimestral de la ONU, el tema del desplazamiento masivo viene siendo un problema a nivel nacional. De hecho, en el informe citan la denuncia del Defensor del Pueblo que coincide con las investigaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La información señalada en el informe trimestral señala que “entre el 1 de enero y el 7 de junio, se produjeron 35 desplazamientos en masa relacionados con la presencia de grupos armados ilegales, que afectaron a 8.223 personas en Nariño, Norte de Santander, Córdoba, Antioquia, el Chocó, Magdalena, el Valle del Cauca y el Cauca”. De hecho, ya para el mes de marzo en el caso de Ituango, la Defensoría del Pueblo publicó una alerta temprana en el cual se denunció que en un lapso de tan solo 50 días se registró el desplazamiento forzado de 2.192 personas en Ituango (Antioquia), Cáceres, Valdivia, Tarazá y Caucasia (Bajo Cauca) y en San José de Uré (Córdoba). Dichos desplazamientos han generado, entre otras cosas, alto riesgo para las comunidades del Pueblo Embera Katío y del Pueblo Zenú. Como también ha conllevado al confinamiento para comunidades campesinas e indígenas en Caucasia, Cáceres, Tarazá e Ituango. Por otro lado, la Defensoría ha hecho hincapié en que los combates en estas zonas son producidos por “Grupos Armados Ilegales Ilegales posdesmovilización de las AUC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Frente Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas conocidos también como ‘los caparrapos’) en Tarazá, Cáceres, Caucasia, Ituango y San José de Uré”. Asimismo, según cifras del Registro Único de Victimas (RUV) el desplazamiento en el municipio de Ituango viene siendo un problema que se acrecienta y que imposibilita procesos de reconstrucción de tejido para la comunidad. Tal como se evidencia en la siguiente tabla, en 2018 crecieron de manera exponencial los casos de desplazamiento. La radio permite decirle no al olvido Para efectos de procesos de memoria en la radio, hay que tener en cuenta la fuerte victimización que sufrió el departamento de Antioquia pues, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), se registraron 19.794 víctimas de desaparición forzada, 7.197 víctimas de masacres, 62.401 víctimas de asesinatos selectivos y 2.968 casos registrados de víctimas de violencia sexual. Ya en lo que tiene que ver con Ituango, según datos del CNMH, en el municipio se registraron 266 victimas registradas de desaparición forzada, 71 de masacres, 52 de violencia sexual y 469 víctimas de asesinato selectivo. Los ríos y los silencios Ahora bien, es importante señalar el proceso que adelantará la emisora con el trabajo de memoria de las comunidades aledañas al río Cauca. Esto, entre otras cosas, por proyectos como el de Hidroituango, el cual ha venido siendo rechazado por las comunidades desde su fase de planeación, pues en los 17 municipios que rodean el río en Antioquia se han perpetrado alrededor de 110 masacres y se registran 2.345 víctimas de desaparición forzada. Las comunidades esperan encontrar verdad y su ejercicio de memoria podría tener cabida en la emisora de paz. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Diana Alejandra Mateus García. Asistente de Investigación, Pares Tras declaraciones del senador Álvaro Uribe Vélez en medios de comunicación sobre su apoyo a un referendo promovido por el comunicador Herbin Hoyos con el fin de derogar la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP; se ha vuelto a poner en discusión la legitimidad del Estado de Derecho y el llamado al Estado de Opinión como una instancia superior. En el caso colombiano, es posible notar que después de haber perdido la posibilidad de instaurar las objeciones a la JEP, estar en un descenso constante de favorabilidad en la imagen del gobierno y que Álvaro Uribe Vélez, la cabeza principal del Centro Democrático, esté a punto de tener que rendir cuentas en diferentes procesos ante tribunales judiciales, muestran que sus iniciativas son patadas de ahogado pues dejan al descubierto la desesperación por impedir que el agua les tape la cabeza y terminen, finalmente, sumergidos en la verdad que por tanto tiempo el país ha reclamado y las reivindicaciones de una sociedad en transformación. Según el expresidente, la JEP se ha constituido en un tribunal de impunidad para los excombatientes de las FARC y no representa los intereses de la población colombiana. Asimismo, el senador Uribe promueve revocar a los magistrados de las altas cortes y reducir el número de congresistas para supuestamente disminuir la corrupción sobre todo en lo relacionado a las elecciones de Cámara y Senado; ya que, según él, las instancias institucionales han sido insuficientes. Estos argumentos lo que dejan claro es que Uribe es el vocero de un sector político que, al parecer, tiene el agua hasta el cuello. Miedo a la verdad En cuanto al primer punto que ataca esta propuesta de referendo, la JEP, el Partido Centro Democrático expone que este ha sido un mecanismo diseñado para que los altos mandos de las FARC sindicados de narcotráfico eviten la extradición; así como también que la consolidación de esta jurisdicción ha sido únicamente una trampa al sistema judicial tradicional, debido a que la cantidad de años que recibirían los excombatientes por sus crímenes no son suficientes para reparar los daños causados a la población. No obstante, lo que no han tenido en cuenta quienes acusan de impunidad a la JEP es que el objetivo central de este tribunal es la reparación de los hilos sociales, la restauración de la confianza entre los habitantes que históricamente han sufrido y han estado inmersos en escenarios de violencia, y ahora, esta nueva forma de comprender la reparación brinda una oportunidad a las víctimas de saber la verdad sobre cómo y por qué se dieron los hechos de violencia y lo que podría ser más importante, quiénes fueron los responsables directos y quiénes dieron las órdenes. Un ataque a la estructura de la democracia Este segundo punto es quizá el que más inquiete a los políticos que se oponen al funcionamiento de la JEP, que la verdad, puede llegar a mostrarle a todo el país quiénes son realmente los responsables de la violencia en el conflicto. En ese sentido, Uribe propone revocar a los magistrados de las altas cortes para que sean reemplazados por aquellos que defina el Congreso. Esta fórmula es un ataque directo al principio fundacional de la democracia de separar los poderes públicos, a la legitimidad y al carácter objetivo del Estado de Derecho. Este planteamiento del uribismo le quita la facultad al Consejo Superior de la Judicatura para que la elección de estos magistrados esté lo menos relacionada posible a favores políticos y así se evite el clientelismo político. Esta búsqueda por revocar a los actuales magistrados muestra una relación entre los procesos contra el senador Álvaro Uribe y su preocupación por haberle negado el recurso de reposición, en el caso del Senador Iván Cepeda, en el que se demostró que el expresidente manipuló testimonios para inculparlo. De esta manera, las investigaciones contra el líder del Centro Democrático han seguido avanzando mientras él, repentinamente, asegura que su decisión de apoyar que se revoque a los magistrados nada tiene que ver con que las pruebas en su contra lo estén ahogando. Disminuir la representación en el Congreso El tercer tema que convoca este referendo tiene que ver con la disminución de congresistas. Dice el senador del Centro Democrático que al reducir este número es posible bajar también los índices de corrupción, sobre todo en época de elecciones, evitando así la compra de votos; sin embargo, esta decisión no significaría la disminución de la corrupción sino la disminución de la representación nacional y departamental, aminorando los intereses de la población y restringiendo la participación de los territorios en las Cámaras. Colombia es en este momento un escenario de construcción de legitimidad, de participación ciudadana y del restablecimiento de los derechos por medio de la reparación y la reconciliación de una sociedad que lleva apenas 28 años implementado una Constitución Política. Colombia todavía no ha tenido la oportunidad de ver operando la justicia restaurativa sin las trabas políticas y las falsas declaraciones sobre inestabilidad institucional para distraer la atención, y llamar Estado de Opinión a una serie de acciones que son contraproducentes para la democracia y que solo favorecen a las líneas políticas que se niegan al cambio. El servicio mediático de los medios de comunicación masivos ha sido determinante para hacer ver como legítima esta iniciativa. Los medios, en general, no han cumplido con su deber de mostrar las verdaderas implicaciones de lo que significaría tomar partido en cualquiera de los tres temas que involucra el referendo. También es importante resaltar que la derecha colombiana no es la única que ha tomado la opinión como herramienta para generar esta clase de confusiones en sus habitantes, es posible notar este mismo llamado a la opinión en los discursos de líderes como Jair Bolsonaro en Brasil, al manifestar su apoyo a las marchas que están exigiendo la suspensión de las Cámaras y del Alto Tribunal, dejando de lado que el funcionamiento de estos dos organismos es fundamental para garantizar la democracia.

Por: Pares Pacífico En Buenaventura la seguridad no depende de las autoridades sino de la voluntad de los grupos armados. En el Consejo de Seguridad programado para este jueves 4 de julio es urgente que se discuta y se produzcan soluciones reales ante la crítica situación de seguridad de la ciudad. Desde 2018 la situación de seguridad en el Distrito de Buenaventura tiende a empeorar. Las cifras del último informe de Instituto de medicina Legal -INML y de la Policía Nacional al respecto de la violencia letal respaldan esta tesis, pues si bien para 2018 el número y tasa de homicidios no se equipara a las registradas entre 2008 y 2013, lo cierto es que a partir de 2017 se rompe la tendencia a la disminución. La reducción de los indicadores de violencia letal en la ciudad no significa que se goce de un ambiente seguro. Lo que indican estos datos es que hace más de dos décadas este territorio sufre la acción de estructuras armadas y las disputas que libran por el control territorial y de rentas ilegales. De esta forma, la reducción de homicidios que se da desde 2013 tiene que ver con el fin de la disputa territorial entre ‘Rastrojos’, ‘La Empresa’ y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC por medio de un pacto entre ilegales, pero no por el resurgimiento del imperio de la ley y la garantía de seguridad por parte del Estado y su Fuerza Pública. Asimismo, la disputa entre estructuras armadas que comenzó en 2017 y se extiende hasta hoy, es la explicación del aumento de los homicidios. A la presencia y disputa de las AGC, la banda ‘La Local’, ‘La Empresa’ y el ELN, hay que sumarle la producción bélica del grupo postfarc conformado por exintegrantes del Frente 30 y del antiguo frente urbano Manuel Cepeda Vargas, quienes entraron esta disputa por las rentas ilegales que estaban bajo dominio de las AGC. El miedo diario de la población No sólo se trata de homicidios; en el Distrito se vive una situación de terror y zozobra por cuenta de los frecuentes los patrullajes de hombres armados en los barrios, así como los asesinatos selectivos y crímenes ejemplarizantes, los enfrentamientos entre diferentes estructuras y contra la Fuerza Pública. Esta crítica situación que viven sus habitantes a diario ha causado una serie de desplazamientos intraurbanos; los más recientes, en el barrio Alberto lleras Camargo a raíz de los hechos violentos del pasado fin de semana. Foto: Pares Todo lo anterior generó una alerta en la institucionalidad que llevó a que el pasado 27 de mayo se realizara un Consejo Extraordinario de Seguridad que contó con la presencia de la gobernadora Dilian Francisca Toro, la alcaldesa Maby Yineth Viera y las autoridades militares. Algunas de las medidas adoptadas fueron: militarizar algunas zonas de las comunas 10 y 12; establecer controles de tránsito como la prohibición del parrillero hombre y los vidrios polarizados en los carros; pedir la llegada de grupos especiales de la Policía; instaurar planes de recompensa por información, entre otras. Pero todo se les salió de las manos. Una señal inicial fue el comunicado de la Universidad del Pacífico, fechado el 29 de mayo, cuando suspendió clases hasta el 04 de junio porque se presentaron intentos de asonadas contra la Policía en varios barrios, como en el sector del Colón. Al parecer, las decisiones tomadas no sirvieron para mitigar ni prevenir nuevos hechos de violencia. El mes de junio fue el más violento del todo el año y sólo el fin de semana pasado fueron asesinados cinco hombres, tres de ellos en el barrio Alberto Lleras Camargo. El escenario de orden público en Buenaventura es crítico y parece una bomba de tiempo que va a estallar frente al aparato del Estado que insiste en que el municipio está protegido. El mes de junio comenzó muy mal El macabro asesinato de la menor de 11 años, Diana Tatiana Rodríguez en el barrio San Francisco el pasado 2 de junio, aterrorizó a los habitantes de Buenaventura. Al parecer fue asesinada por un tío en complicidad con varios sujetos más. Luego ocurrió el homicidio de Rubén Darío Gómez, un reconocido comerciante de la ciudad y sobrino de ‘care’palo’, que fue asesinado a manos de un ex militar con aparentes problemas mentales, y, además, lo hizo con el arma de dotación de un policía descuidado, al que se la quitó de la cintura y comenzó a disparar indiscriminadamente en el centro de ciudad. Otro caso que conmocionó a los bonavarenses y que trajo el recuerdo de las peores épocas del Puerto, fue la aparición de un cuerpo desmembrado en el sector del puente El Piñal, cuya cabeza fue exhibida encima de una pala en medio del puente frente a los ojos de todo el mundo. La preocupación aumentó porque ese mismo día encontraron un cuerpo en descomposición y con señales de tortura en uno de los ríos, lo llevaron hasta el muelle turístico, con un letrero que lo acusaban de ladrón de motores. El obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, denunció que las casas de pique no se han acabado, se ha mantenido la práctica de desaparición con este mecanismo, sólo que en el último tiempo se reactivaron. La guerra urbana en los barrios de bajamar En la actualidad, la situación más dramática en materia humanitaria se presenta en los barrios Alberto Lleras Camargo y Alfonso López. Sus calles y zonas de terrenos ganados al mar han sido un campo de batalla con ataques sicariales, patrullajes de hombres con armas largas en motos y lanchas, enfrentamientos entre el Frente 30 y las AGC, además de la ofensiva conjunta entre los grupos especiales de la Fuerza Pública que derivó en enfrentamientos, capturas e incautación de un arsenal de guerra. En estos momentos hay acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de organismos defensores de los Derechos Humanos como pedido de las comunidades y en vista que se han presentado múltiples desplazamientos internos: muchas de estas calles se han vaciado de pobladores. Todavía no se cuenta cifras certeras ni medidas concretas, lo cierto es que existe un desplazamiento masivo de los habitantes de estas zonas desde el día 28 de junio del 2019. El Espacio Humanitario de Puente Nayero también se ha visto afectado por la profundización de la violencia. Durante el año se han presentado varios incidentes que evidencian la fragilidad de la seguridad; el más reciente ocurrió el fin de semana con el ingreso de sujetos que los habitantes de esta comunidad de paz asocian con estructuras paramilitares quienes llegaron a amedrentar a quienes se niegan a pagar cobros extorsivos o denuncian la presencia de estructuras armadas. Operativos de Fuerza Pública: pobres resultados Aunque suene contradictorio, lo resultados operativos dan cuenta de las dimensiones de las problemáticas de inseguridad en el Distrito. Los hechos de los últimos meses dan cuenta de que el reto para la Fuerza Pública no son menores: Hay proliferación de armas de todo tipo, especialmente armas largas, con las que las estructuras armadas ilegales han enfrentado a la Fuerza Pública en barrios como Antonio Nariño y ‘el Lleras’. Por otro lado, se dieron capturas de miembros de las disidencias de las FARC que hicieron parte del frente urbano Manuel Cepeda Vargas y que los relacionan con el hecho sicarial en el barrio Oriente, que es un corredor de movilidad del narcotráfico, zona que esa organización está disputando contra los grupos locales al servicio de las AGC. El Frente 30 demostró su capacidad bélica al confrontar a la Fuerza Naval del Pacífico que junto a la Policía Nacional y la Fuerza Aérea desarrollaban un operativo en la desembocadura del Río Raposo. El enfrentamiento dejó un saldo de cuatro (4) miembros de la Fuerza Pública heridos y murieron cuatro (4) integrantes del grupo postfarc. El panorama se ve cada vez peor El Consejo de Seguridad programado para este jueves 4 de julio deberá realizar una evaluación, con saldo negativo, de las medidas adoptadas en la reunión anterior. Estos operativos en ciertos sectores pudieron dar algún grado de control, pero los grandes conflictos se desplazaron a la isla. Por lo tanto, las autoridades tendrán que recomponer su estrategia para tener resultados y que puedan asegurar el control de la seguridad, en épocas preelectorales en las que históricamente la violencia se incrementa. Mientras no se reconozca la grave situación de seguridad, es imposible que esta se resuelva. Eventos como los Consejos de Seguridad o la Cumbre de Gobernadores del Pacífico que se llevó a cabo el 21 y 22 de junio, en el que se reunieron una buena parte de quienes toman las decisiones, deben dar lugar a la formulación de estrategias y rutas que permitan una gestión adecuada de la situación por la que atraviesa el Distrito, de lo contrario los niveles de violencia seguirán aumentando y la comunidad seguirá sufriendo esta pesadilla que no cesa.

Por: Lina Macías. Coordinadora de Proyecto Mecanismos de Protección y Seguridad Pares. En las dos últimas semanas, y especialmente tras el trágico asesinato de María del Pilar Hurtado, lideresa social en Tierralta, Córdoba, ha dado la vuelta al mundo el aumento de homicidios de líderes y lideresas sociales y excombatientes de Farc-EP en algunas zonas de nuestro país. Según el SIPARES, las zonas críticas de violencia contra líderes sociales son Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Caquetá; y es paradójico que en los territorios en los que avanza la presencia de la fuerza pública, se mantienen los altos niveles de amenazas y agresiones contra “lo mejor de la sociedad colombiana” como los denominó la artista plástica Doris Salcedo. Estos hechos contrastan con los infructuosos esfuerzos del presidente Iván Duque y su equipo de gobierno por controvertir la sistematicidad del fenómeno y asegurar en sus visitas internacionales que se ha logrado una reducción de 32% de la tasa de homicidios comparado con el gobierno anterior, cifra que no contempla aún 76 casos por verificar, según el Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia. Asimismo Duque ha asegurado que las medidas de protección a líderes sociales por parte del Estado se han activado a cabalidad pese a que las instancias responsables han sido convocadas de manera tardía y principalmente por situaciones específicas de crisis. Un modelo de seguridad fallido De esta forma se pueden apreciar con claridad dos realidades: por una parte el Estado y su fuerza pública han fracasado en el intento por revertir la criminalidad que azota los territorios, además también han fracasado en su deber de proteger, tanto el cumplimiento del Acuerdo de Paz como a los líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y las comunidades que están implicadas en este proceso de recomposición territorial. Lo que hemos presenciado desde agosto de 2018 hasta los últimos días, es la paulatina implementación de un modelo de seguridad guiado por la doctrina militar del “enemigo interno”, donde las acciones se enfocan en reforzar la militarización de los territorios, como se establece en la Política de Defensa y Seguridad anunciada en febrero del presente año. En dicha política se propone el “despliegue de la fuerza pública” a partir del establecimiento de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) y las Zonas de Construcción de Legalidad (ZCL) las cuales, al parecer, corresponden a gran parte de los territorios de antiguo control de las FARC-EP y otros grupos armados. Otro factor que compone esta política oficial de seguridad es la persecución de los disidentes del pensamiento oficial como las propuestas hechas por el ministro de defensa, Guillermo Botero, de consolidar una ley estatutaria para la regulación de la protesta social y declaraciones en la página oficial del Ministerio y en redes sociales donde se argumenta que “los líderes sociales que son asesinados por grupos armados ilegales son, en su mayoría, criminales dedicados al narcotráfico”. Esta afirmación, que aunque fue corregida rápidamente debido a la presión de la sociedad civil e importantes figuras políticas, se disfrazó como un error del equipo de comunicaciones de dicha entidad, sin embargo, no deja de ser una clara muestra de la percepción oficial sobre el liderazgo social e intensifica la estigmatización hacia organizaciones, líderes y defensores de derechos humanos. Este enfoque hace que la ciudadanía no perciba la seguridad como un derecho que debe ser exigido en el marco del goce efectivo de los derechos fundamentales, sino como una imposición del Estado donde la seguridad es un servicio agenciado por “otros” y que justifica incluso prácticas ilegales como la conformación de estructuras criminales paralelas a las fuerzas de seguridad, la represión de las movilizaciones sociales, la desaparición forzada de disidentes, interceptación de las comunicaciones, la tortura y el asesinato político. No hay una política integral de protección Bajo esta lógica, las medidas de protección hacia los líderes y lideresas sociales no son una prioridad dentro de la agenda de seguridad del actual gobierno, entendiendo que en su discurso oficial han construido una imagen pública de los líderes y defensores de derechos humanos como colaboradores de grupos delincuenciales, minimizan la problemática a “líos de faldas” o ciudadanos “no gratos” que entorpecen con sus denuncias y cuestionamientos infundados el desarrollo de los grandes proyectos económicos del país. De allí que su prioridad no es consolidar una política integral de protección con plenas garantías del derecho a la seguridad, y que busque identificar las causas estructurales de la situación de riesgo, como son la relación entre grupos delincuenciales y grandes grupos de poder político a nivel regional y local o la ausencia de presencia integral del Estado a nivel territorial (instituciones, recursos, condiciones de seguridad). Esa ausencia de una estrategia integral de protección ha facilitado históricamente conflictos por la apropiación de recursos, tierras o el control territorial, y ha limitado su gestión a medidas reactivas de seguridad inmediata donde priman los registros del caso y algunas disposiciones materiales como chalecos, celulares, etc. por cortos periodos de tiempo hasta que cese o disminuya la situación de crisis. Esta visión reduccionista de la problemática y su malograda estrategia no se armoniza en lo pactado tras el Acuerdo de Paz, donde se realizó un importante avance conceptual sobre lo que significa un líder, lideresa, defensor o defensora social: se entiende “como aquella persona que se dedica a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y la libertades fundamentales en los planos nacional e internacional, tanto de forma individual como colectiva” (Directiva 002 de 2017, Parágrafo Segundo). Esta disposición plantea una obligación al Estado y un reto a la ciudadanía, y es trascender de las medidas remediales de protección a la prevención de los contextos de riesgo que viven los líderes sociales y sus comunidades dándoles plenas garantías para el desarrollo de sus actividades, procesos de incidencia y la representación que realizan en sus territorios. Es contraproducente, tanto para el presidente Duque como para su equipo de gobierno, seguir haciendo caso omiso ante la crítica situación de los líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos, una calamidad que días a día produce más indignación nacional e internacional. Abordar esta problemática a partir de las viejas prácticas de la “seguridad democrática” donde la consigna del terrorismo, la estigmatización y la militarización de los territorios es la solución de la ola de criminalidad regional. El gobierno de Duque parece no entender que el país ha tenido cambios y que han emergido nuevas ciudadanías y sectores políticos que le apuestan e impulsan cada día por poder implementar adecuadamente un Estado Social de Derecho, donde la protección se edifique en verdaderas condiciones sostenibles de seguridad para aquellos que realizan la tarea más inverosímil en nuestra sociedad: defender nuestros derechos, nuestros territorios, nuestra posibilidad de vivir en paz.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El Consejo de Estado reafirmó este martes la curul del congresista Antanas Mockus, quien había estado a punto de perderla tras una demanda que le fue interpuesta por una supuesta violación a la norma de contratación con el Estado, al mismo tiempo que fue elegido senador. El episodio inició cuando los abogados José Manuel Abuchaibe Escolar, Nesly Edilma Rey Cruz y Víctor Velásquez Reyes interpusieron una demanda contra Mockus. Sin embargo, en febrero del presente año, la Sección Primera del alto tribunal ya había dejado en firme su investidura. Pero el pasado 11 de abril la Sección Quinta de ese mismo tribunal falló a favor de la demanda de nulidad presentada por los abogados que buscaban quitar del cargo al congresista del Partido Alianza Verde. Mockus fue demandado por un contrato adjudicado por la Gobernación de Cundinamarca en 2017 a Corpovisionarios, organización sin ánimo de lucro creada por el exalcalde y representada legalmente por él, al tiempo que se posesionó en el Congreso de la República. Y de acuerdo con las normas electorales, los congresistas no pueden haber celebrado contratos con el Estado en los seis meses previos a su elección. ¿Y ahora? Luego de la incertidumbre sobre el futuro de Mockus, el Consejo de Estado aceptó la solicitud de medidas cautelares pedido por el segundo senador más votado en la historia, y por consiguiente, pudo volver al Congreso, pero aún faltaba la última decisión. Así las cosas, el excandidato presidencial Humberto De la Calle y abogado de Mockus presentó junto con su cliente una tutela ante el alto tribunal para tumbar el fallo de esa sección debido a la forma como procedió. Los magistrados resolvieron que la Sección Quinta sí se equivocó al declarar nula la elección de senador, puesto que, fallaron contra del congresista y no tuvieron en cuenta lo que sus compañeros de la Sección Primera habían determinado dos meses antes, y en ese sentido hubo un error de procedimiento. Mockus y su abogado, Humberto de la Calle, expresaron en rueda de prensa en Bogotá que siempre han respetado las decisiones de la justicia, y por consiguiente, no han argumentado ningún tipo de persecución en su contra, como suele suceder en estos casos de pérdida de investidura. De la Calle expresó que “estamos fatigados de que a cada fallo judicial hay quienes dicen que hay persecución. Ni es persecución, ni queremos presionar al Consejo de Estado». En definitiva, aún hay otras medidas jurídicas que pueden amargar el futuro de Mockus, falta la segunda instancia que aún no ha sido proferida, pues esa decisión sí sería definitiva para definir el futuro político de Mockus. Mientras tanto la bancada de los verdes y los más 500.000 votantes celebran la decisión del tribunal. “Un noticia que nos llena el corazón de alegría. Consejo de Estado le devuelve la curul a Antanas Mockus”, indicó en su cuenta de Twitter el representante a la Cámara, Mauricio Toro.

Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión por tres meses del alcalde de Tierralta, Córdoba, Fabio Leonardo Otero Avilez, dentro de la investigación disciplinaria que adelanta contra el mandatario, por presuntas irregularidades en el control del orden público, que estarían relacionadas con la invasión de unos lotes y que habrían derivado en el homicidio de la líder social María del Pilar Hurtado Montaño, el pasado viernes 21 de junio. La Procuraduría Provincial de Montería precisó que con la permanencia del investigado en el cargo podría haber una interferencia al proceso disciplinario, ante la eventualidad de que el mandatario despliegue acciones sobre la administración, presuntamente encaminadas a la recuperación de uno de los predios invadidos, que sería de propiedad de su padre. Entre las pruebas que evalúa la Procuraduría figuran las órdenes que habría impartido el alcalde Otero Avilez en el Consejo de Seguridad del pasado 30 de mayo, en las que habría dado instrucciones precisas a la Policía para la recuperación del predio de su familia. La orden de suspensión provisional, contra la que no procede recurso por parte del investigado, le será notificada a la gobernadora de Córdoba y comunicada a la Procuraduría Regional de Córdoba para que surta el trámite de consulta. Por este caso también es investigado el secretario de Gobierno de Tierralta, Willington Ortiz Naranjo.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Este martes en la mañana, en el barrio Candelaria la Nueva de la localidad de Ciudad Bolívar se registró un tiroteo que dejó un policía muerto y uno herido. Al parecer, los uniformados identificaron un grupo sospechoso que se movilizaba en un vehículo y, en el momento en que iban a ser registrados por los policías, abrieron fuego sobre una patrulla y una moto de la policía. Llama la atención que en el tiroteo fue accionado un fusil, hecho que suscita preguntas alrededor de la presencia y uso de este tipo de armamento en la capital de la República. Aún más, cuando paralelamente la Defensoría del Pueblo —el 20 de junio— emitiera una alerta temprana referente a la presencia de Grupos Armados Ilegales (GAI) en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, y; que la actual Administración Distrital ha desconocido dicha presencia de GAI tal como lo dio a conocer Jairo García, Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia. Asimismo, el tráfico y la venta de armas ilegales complejizan la situación ya que los principales clientes de las organizaciones dedicadas al trafico de armas ilegales son grupos, entre otros GAI, como Clan del Golfo, ELN, Puntilleros, Pelusos, los Grupos de Delincuencia Organizados (DGO) y los Grupos de Delincuencia Común (DGCO). Una docena de organizaciones con fusiles en la capital En este sentido, las autoridades han determinado mercados de armas ilegales que se desprenden en tres ‘tipos de mercado’. Por un lado, está el mercado negro, del cual las armas provenientes son ilegales, las de mercado gris que son aquellas que son adquiridas de manera legal pero que terminan en poder de grupos criminales y, el trueque en el que se presenta un intercambio de estupefacientes para conseguir armas ilegales. Ahora bien, la presencia de organizaciones criminales en la ciudad de Bogotá auspicia el flujo del tráfico de armas ilegales que son adquiridas por este tipo de organizaciones. Es más, según datos del subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación, Ariel Ávila, se han rastreado 134 pandillas, 12 organizaciones criminales con capacidad de este tipo de armamento, como lo son el caso de fusiles y cinco organizaciones criminales de carácter nacional y trasnacional. En este sentido, hechos como el sucedido en horas de la mañana en la localidad de Ciudad Bolívar, o un asalto a una bodega ocurrido hace unas semanas donde se puede apreciar a varios delincuentes portando armas de asalto, demuestran dichas presencias y tráfico de armas, tal como lo señala el analista. Pagar droga con armas Hugo Acero, experto en seguridad, afirma que el mercado ilegal de armas que está ligado a varios aspectos. Por un lado, según el experto, hay una ‘reposición de armas’ en grupos armados, cuando esto se presenta las armas no entran a fundición o destrucción, sino que entran al mercado comercial ilegal, lo cual además baja el precio y crece la posibilidad de asequibilidad para organizaciones criminales. A su vez, también se presenta por pago de cargamento de droga en el cual se efectúa el pago con armas. Es decir, que se hacen parte de pago en dinero, pero otra con armas. Asimismo, se da el caso del mercado venezolano, del cual provienen armas más económicas en el marco del contrabando. Una de las grandes conclusiones que presenta Acero tiene que ver con un efecto ‘cascada’, que indica que en tanto los Grupos Armados Ilegales hagan reposición de sus armas, las armas que reemplazaron irán llenando el mercado de armas ilegales. Según Acero estas estructuras militares hacen uso de este tipo de armamento debido a que las economías ilegales con las que operan permiten la compra y, quienes integran dichas estructuras tiene la capacidad de operar sin dificultad armas como los fusiles, porque por su trasegar conocen su funcionamiento. Acero también se refirió, sobre la alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo hace unas semanas, que es una irresponsabilidad que la administración no reconozca la presencia de estructuras criminales organizadas en Bogotá, pues de hecho, eventos como los de hoy o hurtos en los que se emplean armas largas prueban su uso y la Administración debe tomar decisiones que prevengan dinámicas de violencia en los barrios de Bogotá. Néstor Rosanía, también un experto en seguridad, ha señalado en varias oportunidades en medios de comunicación que hay puntos provenientes de armas ilegales que confluyen en dicho mercado. En términos fronterizos, Rosanía ha dicho que para el caso colombiano se han identificado puntos como la zona del Pacífico, fronteras como la colombo-ecuatoriana y colombo-venezolana. Para el caso de la frontera colombo-venezolana, en el año 2018 según un informe de inteligencia de la Dijín; existían rutas desde Antonio del Táchira a Cúcuta, de Maracay a San Cristóbal a Cúcuta, de Maracaibo a Paraguaipoa a Paraguachón, de El Amparo a Guasdualito a Arauca y, de El Vigía a La Grita a Tres Bocas para llegar a Tibú. Sobre el tema de el fusil que fue utilizado en el tiroteo en la localidad de Ciudad Bolívar, en 2016 según los datos de la Policía, se incautaron en Bogotá 28 fusiles, en 2017 se incautaron 5, en 2018 se incautaron 4 y, en 2019 —entre el 1 de enero a 31 de mayo de 2019— no se han incautado ningún fusil en la capital, a pesar de que en tiroteos o en hurtos las organizaciones criminales los están utilizando.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La Policía Nacional incautó este lunes varios elementos de uso privativo de la fuerza pública que presuntamente serían entregados a grupos armados ilegales en la subregión del Urabá antioqueño, según informaron las autoridades. “En desarrollo de operaciones de contra-inteligencia desplegadas con el objetivo de garantizar la aplicación de normas para la transparencia y la legitimidad, se tuvo conocimiento sobre un vehículo de la institución que se dirigía hacia la zona de Urabá”, señaló en un comunicado la séptima división del ejército, encargada de Antioquia. Asimismo, explicó que el conductor, que es funcionario no uniformado de la Policía, inició el recorrido desde la ciudad de Bogotá con el fin de descargar el material en el municipio de Carepa. Sin embargo, en un puesto de control fue requerido el vehículo y se produjo el hallazgo de morrales y camisetas con las marquillas de la institución, camufladas entre muebles y enseres de hogar. “Se encuentran 200 morrales que son utilizados para actividades de campaña por parte de la fuerza pública al igual que 2.000 camisetas también de uso privativo para nuestra fuerza pública”, indicó a Noticias Caracol el Coronel Giovanni Buitrago, comandante de la Policía de Antioquia. El conductor informó que él se limitó a seguir órdenes para realizar el recorrido y dejar la mercancía, y según lo que se conoce hasta ahora, iba a ser abordado en carretera por desconocidos donde tenía que entregar estos elementos. El comando lamentó “esta clase de mal proceder de unos pocos, que desafortunadamente pone en tela de juicio el nombre de todos los hombres y mujeres que trabajan con honestidad por la seguridad y protección del país”, concluyó el texto. ¿Quién controla el Urabá antioqueño? De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, la región del Urabá antioqueño está totalmente controlada por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo luego de ganarle una violenta guerra a ‘los Rastrojos’ que intentaban disputarle el territorio. El Clan del Golfo nació ligado a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) realizada entre 2003 y 2006. Un año después del desarme paramilitar, alias ‘Don Mario’, quien había comandado el Bloque Centauros de las Autodefensas huyó hacia el Urabá antioqueño con aproximadamente 150 hombres con el propósito de controlar las rutas del narcotráfico. Así las cosas, en la actualidad las AGC hacen presencia en alrededor de 300 municipios de los 1.122 del país, y sus principales actividades son el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Su máximo cabecilla es alias ‘Otoniel’. Pares habló con el investigador Juan Gómez, experto en la subregión del Urabá; quien contó que el siguiente ejemplo retrata perfectamente quién controla la zona: “hablé con un vendedor de cigarrillos en Apartadó y me dijo ‘En Urabá no se vende un cigarrillo sin permiso de los paramilitares’”. Gómez también aseguró que, tras la salida de la exguerrilla de las Farc de las zonas históricamente ocupadas, se han producido enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las AGC, pero en cercanías del municipio de Juradó del bajo Atrato en el Darién chocoano para ocupar corredores estratégicos. Sin embargo, “esa guerra la están ganando las Autodefensas Gaitanistas de Colombia porque prácticamente ya son dueños del corredor más grande históricamente de la zona entre Turbo y Truandó para llegar hasta el Pacífico”, apuntó el investigador. ¿AGC metidas en ejército ‘antirrestitución’ de tierras? El llamado ‘ejército antirestitución de tierras’ comenzó a sonar nuevamente producto de la implementación del Acuerdo de Paz firmado en La Habana que estipuló en uno de los ejes del punto uno (1) de Reforma Agraria, la restitución de tierras. Esta medida busca retornarle los predios a las víctimas del conflicto armado que sufrieron del despojo de tierras o desplazamiento forzado. Sin embargo, hay grupos quienes se oponen a la restitución. En ese sentido, los líderes de la región han asegurado que como tal no existe un grupo armado con un objetivo de controlar territorios, ni de permanecer, sino que son mercenarios que han convivido con los habitantes en Urabá: exintegrantes del ELP, de las Farc, de las AUC y del Ejército, que son contratados por ciertos sectores de los empresarios ganaderos, palmicultores y bananeros. “Entonces, prácticamente son sicarios a sueldo que trabajan para estas personas”, indicó el investigador. Por su parte, los habitantes de la zona han dicho que las AGC no están detrás de este “ejército antirrestitución”, ni de los asesinatos a líderes de restitución de tierras, puesto que, les han dejado claro que lo único que no admiten es que en el proceso de la restitución lleven a la fuerza pública al territorio. Lo que sí puede estar sucediendo es que miembros de las bases de las AGC estén siendo contratados para atentar en contra de las personas que están trabajando y comprometidas en este proceso de restitución.