Por: Pares Pacífico y Convergencia por la Paz El fin de semana pasado circuló un video que muestra enfrentamientos entre grupos al margen de la ley en el municipio de Policarpa, norte del departamento de Nariño. Estos combates ocurrieron el día viernes 21 en el corregimiento de Sánchez, en la zona del Bajo Patía. (Ver video combates) Policarpa es un municipio al norte del departamento de Nariño, donde queda la Hoz de Himaná y donde el río Patía rompe la cordillera occidental por un paso estrecho. Desde allí, el río es navegable hasta la costa Pacífica. Este es un territorio conformado mayoritariamente por comunidades afros organizados en Consejos Comunitarios, y además cuenta con una importante presencia de colonos, producto de la bonanza cocalera. Este territorio ha sufrido históricamente el conflicto armado. En la época del gobierno de Álvaro Uribe, la zona vivió bajo las balas por la disputa entre el frente 29 de las Farc y el Bloque Libertadores del Sur de las AUC, especialmente en el corregimiento de Sánchez, que es una zona de guerra por los cultivos de uso ilícito y la navegabilidad del río que lo convirtió en un corredor estratégico para el narcotráfico. En un hecho que marcó para siempre a este territorio, el 28 de marzo de 2010, un grupo de hombres armados de la banda emergente de ‘Los Rastrojos’ llegó al corregimiento Sánchez, del municipio Policarpa, Nariño, y asesinó a diez personas. Hoy en día, a este municipio del sur del país se lo disputan las disidencias de las Farc, específicamente el Frente Estiven González, las Autodefensas Gaitanistas, – AGC y el Ejército de Liberación Nacional -ELN. Pares Pacífico y la plataforma Convergencia por la Paz hablaron con Claudia Cabrera Tarazona, alcaldesa de Policarpa. Después de los combates que se presentaron el fin de semana, la funcionaria decidió recorrer la zona, bajar las banderas de los grupos armados y borrar los letreros y consignas que dichas organizaciones al margen de la ley pintaron en el territorio. Foto: Pares Pacífico y Convergencia por la Paz Foto: Pares Pacífico y Convergencia por la Paz «Encontramos muchos letreros amenazantes y alusivos a los grupos al margen de la ley como también banderas que se encontraban instaladas en unos puntos yendo hacia el Bajo Patía, en el sector de Remolinos. Al ver la situación procedimos a borrar los letreros y a bajar las banderas como un acto de apoyo a nuestra comunidad porque estos hechos lo que hacen es amedrentar a nuestra población civil.» Pares Pacífico y Convergencia por la Paz: ¿Cuándo iniciaron los enfrentamientos? Claudia Cabrera Tarazona: Efectivamente, el viernes en horas de la tarde inician los enfrentamientos. P.P. y C.P: ¿Cuáles son los grupos que se están enfrentando y en qué territorios exactamente? C.C.T: Entre dos grupos armados que son las disidencias de las Farc y los Gaitanistas, en el corregimiento de Sánchez. Esto se da en medio de la población civil, en medio de los niños y en medio de los jóvenes. Estamos muy preocupados, puesto que eso no lo habíamos vivido hace mucho tiempo, creo que desde el 2014 no se escuchaban en nuestro municipio este tipo de enfrentamientos. P.P. y C.P: ¿Cuál es la causa de esas disputas? C.C.T: El problema viene desde los cultivos ilícitos. Sabemos y somos conscientes que los cultivos ilícitos son el combustible para que duren los grupos al margen de la ley. Por lo tanto, hacen presencia no solamente las disidencias de las Farc, los Gaitanistas sino también el ELN en el sector de del Bajo Patía y en todo el municipio de Policarpa. P.P. y C.P: ¿Cuál es el balance sobre la implementación de los acuerdos de paz en la zona? C.C.T: Lo que podemos decir es que con los acuerdos del proceso de paz no se cumplieron todos los compromisos que se hicieron con el gobierno nacional y las Farc. Hay muchos puntos que tienen que ver con nuestras comunidades. Entonces, seguimos sometidos al abandono estatal, seguimos sometidos con los cultivos ilícitos porque no ha habido respuestas frente al tema de la sustitución: se habla sólo de erradicación y de fumigaciones con glifosato. P.P. y C.P: ¿A raíz de los enfrentamientos se han producido víctimas mortales y/o se han presentado eventos de desplazamiento? C.C.T: Hemos tenido muchos homicidios, tenemos problemas de desplazamiento, no masivo, pero sí de familias que han salido desplazadas por el conflicto. Esperamos que no ocurra un desplazamiento masivo. La idea es que todas las autoridades estemos acompañando a la comunidad, estar muy pendientes de todo lo que pueda ocurrir y que ojalá no sigan sucediendo estos episodios de violencia en nuestro municipio. P.P. y C.P: ¿Cuáles han sido los grupos armados que han hecho presencia históricamente en la zona? C.C.T: Siempre, antes del proceso de paz, estaba el frente 29 de las Farc. Luego, con la zona veredal que se instaló en el municipio de Policarpa, entró el octavo frente y junto al 29 frente estuvieron por un tiempo en esa zona. Cuando salen las Farc del territorio entran los Gaitanistas, entran también las disidencias que obviamente se conforman de ese grupo de personas que estuvieron en la zona veredal. P.P. y C.P: ¿Considera que en este momento hay una crisis humanitaria en Policarpa? C.C.T: En este momento la tranquilidad de nuestro municipio, la seguridad, están garantizadas. Los habitantes en estos momentos se encuentran tranquilos, aunque con un poco de temor por lo que ocurrió. Tenemos presencia de fuerza pública en el Bajo Patía.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio Caquetá – CRIOMC, adscrito a la Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC denunció el martes el asesinato del líder indígena Uriel Piranga Valencia en el municipio de Pital, departamento del Huila. Según informó el CRIOMC, Piranga de 40 años de edad era de origen caqueteño del Resguardo Maticurú del Pueblo Coreguaje, pero se encontraba en el Huila donde fue asesinado y encontrado en la mañana del domingo 23 de Junio. “Denunciamos el asesinato de líder ex Cacique del Resguardo Maticurú del municipio de Milán. En medio de Acuerdo de Paz, los asesinatos continúan”, reza el comunicado. La figura del cacicazgo en dicha comunidad ha sido clave a través de su historia. Anteriormente la organización política tradicional se centraba en las figuras del Cacique y el Chamán. Por consiguiente, en la actualidad el Cacique es quien tiene representación legal frente al Estado y asimismo ejerce la máxima autoridad del Resguardo. ¿Qué se conoce sobre el crimen? De acuerdo con el texto, el comando de la estación de Policía de Garzón, Huila fue alertado por la comunidad quien encontró un cuerpo sin vida con aparentes heridas causadas con arma blanca en la vía entre la vereda Las Minas hacia el Pital. “El hallazgo fue reportado a primeras horas de este domingo y no se descarta que su muerte se haya producido por una acción violenta”, señaló la organización indígena. Luego del procedimiento del levantamiento, el cuerpo fue entregado a los familiares el martes y trasladado al Resguardo en Caquetá. El líder indígena dejó cuatro (4) niños menores de edad, y a su esposa en estado de embarazo. Según el CRIOMC, Piranga fue uno de los Caciques que lideró el Resguardo Indígena de Maticurú por dos periodos consecutivos como Autoridad Tradicional y Representante Legal entre 2016 y 2017. Además, tuvo el rol de conciliador dentro de su comunidad a la hora de direccionar la problemática y necesidades del Resguardo. Pueblos que se extinguen Además de la muerte de Piranga, el CROMIC también rechazó la violación de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en especial del Pueblo Coreguaje, uno de los 36 Pueblos Indígena en vía de Extinción física y Cultural declarado por la Corte Constitucional en 2009. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) estima que 1.767 indígenas integran dicha comunidad, pero se encuentran dispersos en varios departamentos del país concentrados en su gran mayoría en el municipio de Solano con un total de 534 indígenas, seguido del municipio de Milán Caquetá con un total de 771 personas, ambos en el departamento de Caquetá. El Sistema de Información-SIPARES de la Fundación Paz y Reconciliación-PARES ha registrado el asesinato de 39 líderes indígenas desde la firma del Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc en 2016, que prometía la entrada de la paz en las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Esto no ocurrió notablemente, tanto así que el año pasado en el marco de la sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron la violación de derechos humanos que han enfrentado los pueblos indígenas a lo largo de la historia de violencia en Colombia y que aún persisten. “Pensábamos que después de la firma de paz entre el gobierno nacional de Colombia y las Farc llegaba la tranquilidad y la armonía a nuestro territorio ancestral. Al contrario, se incrementó más la violencia a lo largo y a lo ancho del Chocó”, había señalado Luis Ángel Jindrama Mayoma, miembro del pueblo indígena Embera. Los departamentos en los que más se han presentado asesinatos contra líderes indígenas son Nariño, Cauca, Chocó, La Guajira, Caquetá, Antioquia, Caldas, Valle del Cauca, Córdoba y Tolima, siendo el primero el que tiene el número más alto de personas muertas en hechos violentos y el último el más bajo. SIPARES ha registrado que los líderes indígenas representan el tercer grupo más afectado por los asesinatos selectivos por actores o estructuras criminales no identificadas. En primer lugar, están los líderes comunales, luego los líderes campesinos y seguido están los representantes o miembros de los pueblos indígenas, quienes de por sí ya tienen la amenaza de desaparecer.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que el 22 de junio un grupo de paramilitares amenazaron a indígenas de la comunidad Embera de esta zona del Chocó. Según la de denuncia, los hombres armados —que vestían camuflados y que portaban armas de fuego— presuntamente se habrían reconocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Tras su llegada al Territorio Colectivo de Jiguamiandó, los paramilitares amenazaron la comunidad indígena ya que, según ellos, las familias están ‘obstaculizando’ el movimiento del grupo paramilitar entre Nuevo Cañaveral y Urada. Amenazas y ataques que no son nuevos La Comisión Intereclesial de Justica y Paz, en todo lo que ha corrido el año, ha advertido que hay una situación de seguridad que está poniendo en riesgo la vida de los habitantes de Jiguaminadó y Curvaradó. De hecho, la Comisión registró que para el mes de febrero un grupo de hombres armados intentaron acabar con la vida de Luis Cogollo, líder de la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Jiguamiandó. La Comisión ha hecho constantes llamados a la institucionalidad para que responda frente a la presencia de grupos paramilitares; en este caso ha insistido que quienes han perpetrado ataques y amenazas en contra de la comunidad son hombres de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Cabe resaltar que las incursiones las están perpetrando en contra de una zona humanitaria reconocida por la CIDH. A su vez, el pasado 29 de mayo, también la Comisión Intereclesial de Justica y Paz había denunciado una incursión de un grupo paramilitar. Según el informe, presuntamente, también se trataban de paramilitares de las AGC y, en esta ocasión, los hombres llegaron vestidos de civil y portando armas cortas. Después de su llegada a Uradá le dispararon a Bernardo Zapia en el tórax, quién después de ser herido estuvo retenido por el grupo de paramilitares quienes lo acusaban de ser del ELN. Zapia es un líder Embera y hace parte de la comunidad de Alto Guayabal, en Jiguamiandó. Además, tal como lo dio a conocer la Comisión, para el mes de abril se habría conocido un “plan de tipo paramilitar contra las comunidades indígenas”. Según lo enunciado, el objetivo de dicho plan era “asegurar el silencio de las comunidades ante el control social y los modos de operación paramilitar en los territorios que se consolidan con la ineficacia de las fuerzas militares, para asegurar agronegocios y operaciones extractivas”. Crisis humanitaria en Jiguaminadó Según informes de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios – OCHA, “se destacan intimidaciones y amenazas por parte del Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y del ELN contra líderes sociales que habitan estos territorios, causando temor en las comunidades circunvecinas de la cuenca del río Jiguamiandó”. Los indígenas emberas del resguardo Urada Jiguamiandó, que han resistido al conflicto armado por décadas en el Bajo Atrato chocoano, denuncian nuevas amenazas y posibles incursiones armadas de paramilitares. De esta forma, en junio se han conocido las amenazas y las incursiones armadas de paramilitares que han puesto en riesgo la seguridad de los indígenas emberas del resguardo Urada Jiguamiandó. Tal como lo describe un comunicado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, desde febrero de este año “las comunidades y sus líderes se encuentran amenazados por operaciones paramilitares y en altísimo riesgo debido a la ausencia de una respuesta eficaz del Estado en materia de desestructuración de las AGC y de los vínculos de tolerancia con estas”. Una crisis departamental desatendida Según el último informe de OCHA sobre acciones armadas en el departamento de Chocó, ha habido un aumento en las violaciones a los DD. HH. y que han puesto a las comunidades de la región en un escenario de riesgo. De hecho, según dicho informe que va hasta finales de abril; los mayores actores armados responsables se desprenden de los enfrentamientos de ELN contra los grupos autodenominados AGC. Asimismo, han sido afectadas 5.617 personas pertenecientes a comunidades indígenas y 2.232 pertenecientes a comunidades afrodescendientes. Otro tema alarmante que aqueja al departamento chocoano es el aumento del confinamiento y el desplazamiento con respecto a 2018. Para 2019 el confinamiento y restricción de movilidad aumentó en un 282% y el desplazamiento masivo en un 238%.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El llanto desgarrador de un niño de nueve años que no entiende por qué asesinaron a su madre es el retrato de la guerra que aún se vive en las regiones de Colombia. El viernes pasado dos hombres acribillaron a la lideresa María del Pilar Hurtado en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba. María del Pilar Hurtado, de 34 años y lideresa social oriunda de Puerto Tejada, Cauca, había escapado un año atrás de su tierra con sus cuatro hijos hacia el sur de Córdoba por las amenazas recibidas en su contra. Sin embargo, en Tierralta las condiciones de seguridad tampoco le permitieron abanderar su lucha y finalmente fue asesinada. Hasta el momento hay dos hipótesis del homicidio: 1. Su labor previa como lideresa social en el Cauca y 2. Su rol como reclamante de tierras en Tierralta, donde abanderó la solicitud de varias personas de la comunidad para que les fuera concedido un predio. Días antes del homicidio, el nombre de la lideresa apareció en un panfleto de amenaza debido a sus labores en el cual había un listado de personas, entre ellas, el presidente de la Fundación Social CORDOBERXIA, Albeiro Begambre. Según dicha organización, se trató de un ultimátum por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo que están en constante disputa control territorial con la estructura criminal autodenominada los “Caparrapos”. De acuerdo con CORDOBEXIA, en el panfleto la titulaban como «La gorda HP mujer del chatarrero», versión que sorprendió a la pareja de Hurtado quien fue entrevistado por la prensa. Según él, no se le conocía como “el chatarrero” y ninguno de los dos tenía problemas con la comunidad, pues sólo se dedicaban a labores de reciclaje lo cual les permitió construir una vivienda en un sector de invasión en el barrio 9 de Agosto. El episodio violento conmocionó al país a tal punto que las instituciones empezaron a pronunciarse, mostraron su apoyo y se comprometieron a hacerle frente al asesinato sistemático contra líderes y lideresas sociales, sin embargo, para mucho eso no es suficiente. Diariamente se presentan casos como el ocurrido, y se dice que al menos un (1) líder social es asesinado cada cuatro (4) días. De acuerdo con el Sistema de Información-SIPARES de la Fundación Paz y Reconciliación desde la firma del Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc en noviembre de 2016 hasta el 21 de junio del 2019, han sido asesinados 246 defensores y defensoras de derechos humanos en todo el país. Como respuesta de lo sucedido con María del Pilar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF reubicará a los niños huérfanos con su familia en Puerto Tejada. «Ustedes no están solos. «Acá estoy en nombre del Presidente Duque y del Gobierno Nacional para reiterarles que cuentan con todo nuestro apoyo y respaldo para que sigan adelante», sostuvo la directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi. “Desde Tierralta reitero mi llamado a las autoridades y confío en la celeridad de las investigaciones para que el responsable de este homicidio, que deja huérfanos a cuatro (4) menores de edad, sea capturado y judicializado», agregó la directora. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, desde el año pasado se había emitido una Alerta Temprana desde la Defensoría del Pueblo debido a la situación de riesgo en la labor de los líderes y lideresas sociales en el municipio de Tierralta. ¿Avanzan las investigaciones? De acuerdo con el subdirector de Pares, Ariel Ávila del total de líderes sociales asesinados hasta la fecha, la Fiscalía tiene sentencia sobre el 19% y tiene algún avance en el esclarecimiento sobre cerca del 45 o 50% sin que eso signifique que haya sentencia. Y en cuanto al caso de María del Pilar, considera que va a tardar al menos un año en resolverse, pero como se ha expuesto, la mayoría de los casos quedan en la impunidad. “Lo que sucede (…) es que en esa región del sur de Córdoba desde el bajo Cauca antioqueño en todo el Nudo de Paramillo hay una situación de guerra civil desde hace más o menos un año, hay un conflicto muy grande entre los Caparrapos o el Bloque Virgilio Peralta, y el Clan del Golfo”, aseguró el analista en Noticias RCN. También insistió en que se han vuelto a registrar patrullajes en el casco urbano o en las fronteras del caso urbano en zonas como Montelíbano, lo cual expone a las poblaciones a que vivan en medio del sicario o de ejércitos privados. “Matar a una persona cuesta 500.000 pesos o 600.000 pesos que fue seguramente lo que pasó en este caso de María del Pilar. A eso se le suma una tensión muy grande por las elecciones locales y toda esa situación es lo que se mezcla en el bajo cauca antioqueño y el sur de Córdoba (…) entonces toda esa región tiene una gran situación de violencia y esa degradación llega a que la señora hurtado la maten delante de su hijo”, explicó. Lastimosamente, contó el analista, la complejidad de la zona predice que los avances no serán muy rápidos y por eso solicitó tres medidas urgentes. La primera es un choque inmediato de protección; la segunda, una veeduría ciudadana con la comunidad internacional para que abiertamente se le diga a la ciudadanía en qué va cada caso; y tercero, mecanismos de protección comunitarias En definitiva, la investigación de los homicidios contra líderes y lideresas sociales en Colombia van a paso lento y en su mayoría reina la impunidad. Preocupa que se acercan las elecciones locales de octubre 27, y tal como ha advertido Pares, es posible que la victimización aumente en algunas zonas del país.

Por: Diego Alejadro Restrepo, Coordinador de la Línea de Investigación en Conflicto, Paz y Postconflicto, Pares y Alejandro Jiménez, Investigador de la Línea de Investigación en Conflicto, Paz y Postconflicto. Una nueva ola de violencia política sacude al país por cuenta de decenas de asesinatos cometidos contra exguerrilleros de las Farc-ep en proceso de reincorporación. La Fundación Paz & Reconciliación -Pares, ha registrado desde el 24 de noviembre de 2016 a la fecha 102 personas asesinadas que se encontraban adelantando labores de reincorpororación a la vida civil en distintos escenarios laborales, educativos y ejerciendo roles de liderazgo en sus comunidades por la defensa de la paz, el medio ambiente, la implementación del Acuerdo Final, entre otras. Asimismo, hasta el momento han sido asesinados 26 de sus familiares. Tres hipótesis de Pares Desde PARES se han propuesto tres hipótesis que podrían dar cuenta de las razones que motivan las agresiones contra los integrantes de FARC y a sus familiares: Saboteadores de la paz o “spoilers”: agentes legales e ilegales que se oponen al proyecto político abanderado por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-FARC y también a la implementación del Acuerdo Final de Paz. 1. Saboteadores de la paz o “spoilers”: agentes legales e ilegales que se oponen al proyecto político abanderado por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-FARC y también a la implementación del Acuerdo Final de Paz. 2. Ajuste de cuentas: esta hipótesis se divide en dos tipos de escenarios. El primero es que al momento del repliegue de las Farc hacia las zonas veredales, muchas tensiones quedaron sin resolver con otras estructuras armadas ilegales, este es el caso del Clan del Golfo en Bajo Atrato y del ELN en Arauca y Nariño. El segundo se debería a “vendettas” en el nivel territorial, las cuales se originaron tras los abusos y agresiones contra la población cometidas en su momento por miembros de la extinta guerrilla de las Farc-ep. 3. Reconfiguración territorial: debido a la trayectoria y conocimiento de las estrategias de guerra, del territorio y de negocios ilícitos, múltiples estructuras armadas han querido vincular a exguerrilleros de las Farc-ep para fortalecer sus actividades criminales. Sin embargo, ante la negativa de exguerrilleros se han tomado retaliaciones que han terminado con sus vidas y hasta con la de sus familiares. Ilustración para Pares: «La paz de Duque» de Mauricio Valencia La violencia contra exguerrilleros de las Farc-ep tiene un gran impacto en la posibilidad de construir paz y reconciliación. La alta victimización es uno de los incentivos más poderosos para que exguerrilleros reincidan en actividades ilegales y acudan a estructuras criminales para la protección de su vida ante la incapacidad del Estado para garantizarla. La academia y centros de investigación especializados en procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración-DDR han establecido que la falta de seguridad física es la piedra angular que podría marcar el éxito o fracaso de la reincorporación a la vida civil y, a su vez, es un factor en la reincidencia ante la falta de garantías de seguridad. A su vez, la falta de voluntad política para la puesta en marcha y el mantenimiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Unidad Especial de Investigación, instancias creadas en el Acuerdo como plan urgente para contrarrestar la violencia y la criminalidad, dificulta la creación de posibles soluciones que atiendan a la mitigación del riesgo de quienes suscribieron el acuerdo y defienden su implementación y expresa la falta de compromiso del gobierno con la vida de exguerrilleros. Sumado a esto, la participación del la Fuerza de Tarea Vulcano, del Ejército Nacional, en la tortura, intento de desaparición forzada y asesinato de Dimar Torres, exguerrillero que se había articulado a la vida comunitaria de la vereda Campo Alegre, en Convención, Catatumbo, el 22 de abril, constituye un agravante de primer orden pues es esta institución la encargada de garantizar la defensa de la vida y la seguridad de las comunidades rurales con presencia de Grupos Armados Organizados. Más aún, la posición frente a este acontecimiento del Ministro de Defensa Guillermo Botero fue el encubrimiento de los soldados, sin prueba alguna, a través de declaraciones desobligantes que no obedecían al debido proceso frente a posibles violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública. Ubicación de la violencia contra exguerrilleros Como se observa en los mapas, los departamentos con mayor registro de asesinatos a exguerrilleros y sus familiares son Nariño (25), Cauca (23), Antioquia (19), Norte de Santander (12) y Caquetá (12); especialmente en los municipios de Tumaco, El Charco, Argelia, Miranda, Ituango, El Tarra y San Vicente del Caguán. Allí actuó la guerrilla de las Farc-ep y, tras su salida del escenario bélico, se experimentó una reconfiguración de actores ilegales por el control territorial y, a su vez, de las rentas ilícitas derivadas de las economías del narcotráfico y de la minería ilegal. Por otra parte, el escenario preelectoral, contado a partir del 27 de octubre de 2018, acentúa la situación de riesgo de quienes pertenecen al partido FARC. Desde esta fecha se han presentado 26 homicidios a exguerrilleros. Uno de los más emblemáticos fue el ocurrido en Tulúa, donde sicarios movilizados en motocicleta asesinaron a Jorge Enrique Corredor, mejor conocido como Wilson Saavedra, quien fuera comandante del Frente 21 y estuvo a cargo del proceso de reincorporación de esa estructura en el ETCR ubicado en el municipio de Planadas. En función de sus actividades como militante, Corredor contó con esquema de seguridad al cual renunció en agosto de 2018 según información de la Unidad Nacional de Protección -UNP. Este sería el primer miembro del partido FARC de alto rango asesinado desde la firma del Acuerdo Final de Paz. Es responsabilidad del Estado implementar acciones urgentes para frenar esta tragedia, cumplir lo pactado y garantizar el derecho a la paz de la sociedad colombiana. De esa forma, es necesario emprender acciones de incidencia que busquen combatir la estigmatización de esta población que ha sido fomentada, en gran medida, por el Centro Democrático, el partido político de gobierno.

Por: Redacción Pares El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -CAJAR presentaron a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP el informe “Y volveremos a cantar, con los aires de la paz y el anhelo de justicia”, el cual constituye un esfuerzo de las víctimas de la región Caribe para aportar al esclarecimiento histórico de las muertes de sus familiares y dignificar su memoria. En el informe, según información publicada por el CAJAR, se documentan 164 casos con cerca de 300 víctimas de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por integrantes del Ejército Nacional en el periodo 2003 – 2008 en el Caribe colombiano, e incluyen los casos documentados en el informe presentado a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP -SRVR, el pasado 7 de marzo, cometidos bajo la comandancia del entonces Teniente Coronel Adolfo León Hernández Martínez en el Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”. Según el informe, las víctimas de estas muertes fueron tanto indígenas de los pueblos Wiwa, Wayúu y Kankuamo, como campesinos y pobladores de cascos urbanos en estado de vulnerabilidad como habitantes de calle, población recicladora y personas con algún tipo de adicción, por lo que se advierte un ejercicio de exterminio selectivo. El Informe entregado a la JEP analiza patrones evidenciados frente al perfil de las víctimas, el papel de los reclutadores en las ejecuciones extrajudiciales, la relación entre integrantes de la fuerza pública y grupos paramilitares y los mecanismos de encubrimiento y de impunidad empleados por agentes y entidades del Estado. Sobre el contexto nacional en que ocurrieron estos crímenes, un informe de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU y la organización estadounidense Fellowship on Reconciliation -FOR, se documentaron los casos de 6.863 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país, de las cuales 5.763 fueron perpetradas entre los años 2000-2010. De estas, 5.326 personas fueron víctimas de esta modalidad de crimen de Estado durante la Administración de Álvaro Uribe Vélez, lo que implicó que a lo largo de los dos periodos de dicho Gobierno, cerca de dos personas cada día fueron víctimas de homicidios por responsabilidad de la Fuerza Pública. Leer el informe completo

Por: Redacción Pares Como parte de su compromiso por comprender los impactos y dinámicas en los que estuvo inmerso el país durante el conflicto armado, la Comisión de la Verdad dará inicio a una serie de Encuentros por la Verdad. El primero de los encuentros denominado ‘Mi Cuerpo Dice la Verdad’ tendrá lugar en el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena, el miércoles 26 de junio, y se centrará en el reconocimiento de las mujeres y personas LGBTI víctimas de las violencias sexuales en el conflicto armado, con particular énfasis en las mujeres negras afrocolombianas e indígenas. Estos encuentros son espacios para la reflexión y comprensión de los daños, impactos del conflicto y de las diversas formas en que las víctimas y las comunidades han afrontado la violencia y resistido. Están dirigidos a que los participantes tengan un espacio de diálogo social e institucional que conduzca a darle visibilidad al dolor emocional que el conflicto armado produjo. A pesar de las denuncias e investigaciones promovidas por diferentes sectores, se presume que hay muchos casos sin registrar. Sin embargo, son hechos que han quedado marcados en los cuerpos de quienes han sido víctimas, debido a que las violencias sexuales fueron un arma de control, una manera de ratificar el dominio sobre el adversario y una violación directa sobre la intimidad. Los impactos han sido tanto individuales como colectivos. El encuentro ‘Mi Cuerpo Dice La Verdad’ también será un acto de reconocimiento a las organizaciones que han acompañado a las víctimas cuando esta práctica era silenciada. Contará, además de la activa participación de víctimas del conflicto armado, movimientos, organizaciones sociales, entidades del Estado, agencias de cooperación internacional y portavoces internacionales. El evento se transmitirá a través de la página web de la Comisión de la Verdad comisiondelaverdad.co y en FacebookLive el miércoles 26 de junio de 2019 a partir de las 9:30 a. m. El acto de reconocimiento incluirá un espacio cultural a partir de las 3:00 pm. y hasta las 7:00 pm. en la Plaza de San Pedro Claver, también centro histórico de Cartagena. La jornada contará con expresiones artísticas de los Tambores del Cabildo, las Tamboreras del Cauca, Kombilesa Mi, Las Mujeres Chapetúas, Aterciopelados Acústico y un monólogo de Alejandra Borrero.

Por: Redacción Pares La JEP recibió dos informes de las comunidades afrodescendientes afectadas por el conflicto armado en el norte del Cauca y en Buenaventura. Ambos describen los crímenes de lesa humanidad cometidos en sus territorios. A través de estos informes, los representantes de Consejos Comunitarios de Buenos Aires (Cauca) y Buenaventura (Valle del Cauca) afirmaron su voluntad de participar en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para reportar las consecuencias que el conflicto armado dejó en sus territorios entre el 2000 y el 2005. Deyanira Peña Carabalí, representante del Consejo Comunitario Cuenca del Río Cauca, dijo que quieren visibilizar «las violaciones a los derechos humanos y los casos emblemáticos que afectaron lo ambiental y lo étnico». Por su parte, Clemente Lucumí, miembro del Consejo Comunitario Cuenca Río Timba MariLopez, expresó que como sobrevivientes del conflicto armado acuden a la JEP para «conocer la verdad y contar con garantías de justicia, reparación y no repetición». Al recibir estos informes, el magistrado Raúl Sánchez, quien apoya el caso 005 de la JEP, manifestó que «estos llegan en el momento justo, porque hemos avanzado de tal manera que vamos a llamar a versiones por los hechos cometidos en esta región del país». Almudena Bernabéu, directora del Grupo Guernica, entidad que acompañó a las comunidades en la elaboración de estos informes, indicó que este trabajo «le apostó a una metodología que les permitiera a las víctimas determinar qué presentar ante los mecanismos transicionales con el máximo rigor jurídico» ¿Qué es el caso 005 de la JEP? El caso 005 de la JEP, abierto en noviembre de 2018, prioriza la grave situación de violaciones a los derechos humanos en Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribio, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada, en el Cauca. Igualmente, tiene en cuenta la situación de los municipios de Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria, en Valle del Cauca. Este caso, denominado como «Situación Territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca» avanza recibiendo informes y, posteriormente, llama a versión de los comparecientes implicados.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Paralelamente, mientras el Consejo de Estado condenó a la Nación por la ‘Operación Orión’ en la ciudad de Medellín, en Cali hay unas propuestas de militarizar las comunas. La incertidumbre no da espera y, no es para menos, pues retornan los fantasmas de las violaciones a derechos humanos que este tipo de decisiones ha generado en el pasado. Como una vez escribió el uruguayo Eduardo Galeano, “hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares de la seguridad”, en el libro Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Frase que sirve para pensar los costos en términos de vidas humanas que ha cobrado la historia en Colombia, en nombre de la seguridad. *** Esto, sumado a la estigmatización de la prensa desde hace décadas, quien se ha encargado de viciar el debate de seguridad; impidiendo ir en direcciones en verdaderas acciones estructurales con enfoques sociales. Un ejemplo de dicha estigmatización —que abunda en los medios de comunicación— se puede constatar en un artículo de 1999, en el que discursivamente ha ubican a los barrios y comunas en Cali en “listas negras” y culpables de “dañar la imagen de toda la ciudad”. La propuesta En este caso, quien lidera la propuesta de militarizar las comunas es el aspirante a la alcaldía de Cali Alejandro Éder, quien —paradójicamente— fue director de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Es importante recordar que la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, ya había hecho esta propuesta que, incluso, produjo enfrentamientos con el alcalde la capital vallecaucana, Mauricio Armitage. De esta forma y en nombre de “recuperar orden y la seguridad” el candidato asegura que es necesario tomar cartas en el asunto o “Cali se puede ir por el borde”. Este capítulo de antesala a las elecciones de octubre revive un debate de vieja data en Cali; la militarización de las comunas como “solución para la seguridad”. Pese a que la propuesta de militarización no es nueva, Éder, candidato del movimiento Compromiso Ciudadano —movimiento liderado por el excandidato presidencial Sergio Fajardo— ha recalcado que su iniciativa, más allá de buscar acciones conjuntas de la Fuerza Pública, busca militarizar completamente las comunas más ‘violentas’. De hecho, Sergio Fajardo declinó en favor de Éder para los próximos comicios que definirán el alcalde de Cali. En una entrevista que el excandidato a la presidencia 2018-2022 le concedió al medio El País, señaló que su apoyo se debía a que, en consideración de Fardo; Éder “representa los ideales, los principios de Compromiso Ciudadano, tiene las condiciones de integridad, conocimiento, vocación de servicio, de compartir las ideas que hemos venido construyendo durante estos años. Compromiso Ciudadano en el Valle del Cauca lo eligió a él y estoy muy contento con ello”. La trayectoria de Éder en tema de reintegración ha sido amplia, de hecho, ha trabajado tanto en el gobierno Uribe y en el gobierno Santos. Dentro de su trasegar se encuentra su trabajo durante la presidencia del expresidente Ávaro Uribe, impulsando las iniciativas del modelo de la Ley de Justicia y Paz, en el marco del proceso que adelantó dicho gobierno nacional con los grupos paramilitares. “Fuerza Pública fue cómplice con paramilitarismo” La condena del Consejo de Estado a la Nación y específicamente a la Fiscalía General de la Nación, en la que se debe hacer un pago por más de 348 millones de pesos a la familia de un hombre al que inculparon de ser un comandante de la extinta guerrillera de las FARC. Además, de haberle acusado del delito de concierto para delinquir con fines terroristas, en el marco de la denominada ‘Operación Orión’. Este hombre, después de haber estado preso y de ser absuelto Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín el 31 de octubre del 2018, interpuso una demanda de reparación directa de la cual declinaron en favor Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado. Este suceso, sucede mientras los vientos de la militarización asechan a Cali y las críticas sobre la actual vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez por la ‘Operación Orión’ crecen. Esto debido a que Marta Lucía Ramírez, era la ministra de Defensa de la época en la que se llevó a cabo la ‘Operación Orión. Es más, actualmente, la vicepresidenta enfrenta las acusaciones del senador Gustavo Petro quien señaló “la Operación Orión, realizada en 2002 en la Comuna 13 de Medellín y liderada por Ramírez, fue un delito de lesa humanidad.” Es más, el senador ratificó sus acusaciones en el marco de la versión libre que entregó ante el magistrado Marco Antonio Rueda de la Corte Suprema de Justicia. Gustavo Petro presentó una compulsa de pruebas integradas por los siguientes decretos: 1. Decreto 1837 de 2002 del 11 de agosto de 2002, Declara el Estado de conmoción interior, firmado por el presidente de la República, Álvaro Uribe, y la defensa Martha Lucía Ramírez. 2. Decreto 2001 del 3 de Septiembre de 2002, por el cual se modificó las competencias de los jueces Penales del circuito especializados. 3. Decreto 1975 del 3 de septiembre de 2002, suspendió la Ley de Extinción de dominio, firmado por los ministros de Gobierno. 4. Decreto 2002 del 9 de Septiembre de 2002 Medidas para el control del orden público. Lecciones no aprendidas La mañana del 16 de octubre de 2002 cerca de 2000 uniformados y funcionarios judiciales del Ejército Nacional, el extinto DAS, la Policía, el CTI y las ‘Fuerzas Especiales Antiterroristas’ se tomaron la comuna 13 de la ‘ciudad de la eterna primavera’ con armas, helicópteros y tanquetas. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), esta intervención militar en el territorio urbano dejó más de 600 víctimas directas entre retenidos, desplazados, heridos, muertos y desaparecidos. Del total, hubo 105 personas desaparecidas forzosamente, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 17 homicidios a manos de la fuerza pública y 80 civiles heridos. Por ese entonces, Álvaro Uribe Vélez estaba recién llegado a la casa de Nariño después de ser nombrado presidente Colombia (2002-2010) con la bandera de seguridad democrática. El alcalde de Medellín era Luis Emilio Pérez Gutiérrez, quien es ahora el Gobernador de Antioquia, y el gobernador del departamento era Eugenio Prieto Soto; quien fue nombrado después del asesinato de Guillermo Gaviria Correa —presuntamente a manos de la antigua guerrilla de las FARC—. Aquel miércoles 16 de octubre, la toma de la comuna 13 de la ‘capital de la montaña’ fue comandada por el general Mario Montoya, quien lideró la IV Brigada del Ejército, acompañado por Leonardo Gallego Castrillón, general de la Policía Metropolitana de Medellín. La Operación Orión se extendió a lo largo del mes de noviembre y diciembre. Hoy, Montoya comparece ante la JEP. Nunca Más Colombia Los ejercicios de memoria histórica de las víctimas de delitos cometidos por agentes de Estado son de vital importancia, cuando quieren resurgir nuevas políticas de seguridad. Por eso, a partir de Nunca Más en Colombia, un equipo de personas en el Valle del Cauca ha estado adelantando un trabajo en torno a recuperar la memoria de las víctimas de crímenes de Estado; en donde la principal bandera es la Garantía de No Repetición. Desde ese momento, se centraron en como los crímenes de Estado se circunscriben bajo la mal llamada “Limpieza Social”. Para la iniciativa las “prácticas sistemáticas de «limpieza», ordinariamente se ocultan bajo complicados mecanismos de clandestinidad, afloran a veces cuando grupos de derechos humanos deciden asomarse a esos abismos de inhumanidad”. Tal como lo muestra Centro Nacional de Memoria Histórica, Limpieza social. Una violencia mal nombrada, Bogotá, CNMH – IEPRI, 2015; el riesgo que le representa a Cali las decisiones de seguridad ha tenido todo un peso sobre su comunidad, así como lo muestran las siguientes tablas:

Por: Daniel Parra Villamizar. Colaborador PARES «La negativa de nosotros de salirnos de Caño Indio no es por capricho. Incluso les decíamos: el ETCR allí ha servido, no solamente para el proceso de reincorporación nuestro, ha servido también para la reincorporación del Estado con esas comunidades que han estado abandonadas por años. Allá lo que había era una trocha, no se puede decir que está en la mejor vía, pero algo se ha mejorado y la intención es seguir mejorando. La electrificación es un proyecto que está, va un poco más avanzado, pero que está detenido porque le hace falta como más de cuatro mil millones de pesos, pero nosotros con la comunidad hemos estado luchando para que la electrificación sea un hecho, para ver quién nos aporta esos millones. Lo mismo con los proyectos productivos.» PARES habló con Lucy Giraldo, Consejera Política Departamental de las FARC en Norte de Santander, para conversar un poco sobre EL ETCR de Caño Indio, sobre los anuncios gubernamentales, y sobre la violencia en el departamento. PARES: Vimos que el pasado 12 de Junio se mantuvo en las redes la campaña de #CañoIndioEsFuturo ¿En qué quedó el tema del traslado del ETCR de Caño Indio? Lucy Giraldo: Bueno, efectivamente empezamos a hacer una campaña en vista de los anuncios gubernamentales. Estos eran “que se iba a cerrar o a trasladar”, decían ellos, el ETCR de Caño Indio, así como 10 ETCR más. Nos llamó la atención porque en vista de ese anuncio con nosotros no se había consultado nada, y eso nos preocupó muchísimo. Debido a eso, empezamos a ejecutar la campaña #CañoIndioEsFuturo y de Caño Indio no nos vamos. Entonces el 12 de Junio realizamos un encuentro allí; fue el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR, (conformado por algunos miembros del gobierno con la ARN y miembros de FARC). Aquí estuvo Andrés Stapper, Director de la ARN, y estuvo Pastor Alape, quien nos representa en el Consejo Nacional de Reincorporación. En ese encuentro, hubo, por así decirlo, dos partes, una entre FARC y Gobierno, donde discutimos las problemáticas de allí de Caño Indio. Discutimos el planteamiento que ellos nos traían, y también el planteamiento que nosotros teníamos frente a eso. Allí nos argumentaban que en Caño Indio estaba la problemática de la tierra, que no era viable, que estaba la opción de movernos para el municipio de Los Patios en Norte de Santander, o, comprar un predio por ahí pero que ahí no. PARES: ¿Qué decían ellos de la tierra de ahí? LG: Que no era viable comprarla porque eso era un terreno baldío. Pero nosotros ya nos habíamos adelantado un poco en ese tema y lo estudiamos; que ese terreno no está en Ley Segunda, que no está dentro de los Parques Nacionales, y que no está dentro de las pretensiones de extensión de la zona de la Nación Barí. Entonces, como ya teníamos esas claridades, supimos responderles: ¿“no, que los terrenos son baldíos”? pues más fácil señores del gobierno, cuando los terrenos son baldíos, el Estado puede asignar esas tierras sin mucho problema. Entonces ellos quedaron así como que “bueno”, tuvieron que hacer ahí un análisis y luego nos trajeron una propuesta. La segunda, resulta que también se estaba adelantando conversaciones, aparte de la campaña de #CañoIndioEsFuturo, desde allá y con los compañeros del ETCR, los que dirigen este tema (Jimmy, Karina, Willi), con la Alcaldía de Tibú, con el cura Víctor Hugo, y entonces empezó a surgir la idea de que se puede comprar ese terreno, así se diga que es baldío, la mayor cantidad de tierras que hay en el Catatumbo están bajo esa figura, pero están ocupadas por campesinos que de una u otra manera (por refugiarse, por resguardarse) fueron a colonizar esas tierras. Entonces, esa es otra campaña que sigue, porque esa todavía sigue; y con acompañamiento de la iglesia. Se empezó a hablar, por un lado, con el Alcalde, por el otro con los palmeros. Tibú es una zona con mucha palma, tiene muchísima palma. Ahí dice uno, bueno, en los últimos tiempos, se les ha facilitado para que avancen las plantaciones de palmas, y además, es una empresa, es una asociación de palmeros que tienen plantas extractoras. Se empezó a hacer el planteamiento de que esos terrenos se pueden ayudar a comprar con la colaboración de ellos, ellos están más solventes económicamente y, pues, la iglesia contribuyó a tocar esas puertas. Eso llamó la atención y hubo receptividad en se sentido. Por eso, el 12 también hicieron allá presencia representantes de la Asociación de Palmeros de Tibú. Porque ellos están dispuestos a comprar esos terrenos ahí. Entonces es una campaña que se está haciendo ahí entre la Diócesis, la Alcaldía, y la Asociación de Palmeros; para comprar ese terreno. Nosotros nos sentimos responsables, y también nos afecta muchísimo el hecho de que no se haya dado de la mejor manera el proceso allí en esas cuatro veredas, que son el núcleo veredal de Caño Indio (así lo llamamos nosotros) pero son cuatro veredas, que los campesinos se comprometieron a no sembrar coca. A nosotros nos ha afectado mucho que ellos no hayan tenido unos proyectos viables, hasta el momento. A a esas familias, y desde hace poco, se les empezó a resolver y gestionar lo de la Seguridad Alimentaria (eso tiene proyectos de seguridad alimentaria (hasta ahora) pero proyectos productivos que garanticen su sostenibilidad: no). Ese proceso sí va un poco más lento. Entonces, por eso también nos hemos sentido comprometidos, y al salir de allí, implicaría dejar abandonado lo que hemos estado luchando durante tanto tiempo. Por lo tanto se sigue con la iniciativa de la sociedad civil de comprar la tierra para que el ETCR se mantenga ahí (en la vereda Caño Indio). Pero por otro lado, elegimos un terreno que tenga escrituras (por ahí aledaño al ETCR) para que el gobierno lo compre y desde allí empezar a ejecutar los proyectos: bien sean productivos o de vivienda. ¡Porque nosotros esperamos que el gobierno nos cumpla en caño Indio, en el Catatumbo! Que no se vaya a quedar ahí como que nos dieron una tierra y ya. Uno espera, y ojalá sea así, porque, como decimos nosotros, Caño Indio es como un espejo en el que, en estos momentos, se están mirando todos: FARC, comunidades, y grupos que siguen armados en el Catatumbo; entonces es como ese espejo para mirar, pero también es un mensaje. Por eso la insistencia de nosotros. Aunque existan muchas dificultades en la implementación ¡queremos que se mantenga ese espacio! PARES: ¿El Gobierno accedió? LG: Sí, eso ya quedó como acuerdo. Es decir, continúa el ETCR ahí donde está para que la iniciativa de la sociedad civil siga caminando, pero a la vez, el Gobierno se compromete a comprar un terreno aledaño, en el cual, nosotros, los reincorporados, podamos tener la facultad y la obligación porque se nos hace una necesidad de realizar los proyectos. PARES: Teniendo en cuenta la cifra de excombatientes y de líderes sociales asesinados ¿Cómo ve al ETCR de Caño Indio, y en Norte de Santander en general, el tema de la seguridad para los exguerrilleros, y el tema de los derechos humanos para la ciudadanía en general? LG: Yo creo que existe, digamos, preocupación aquí en el Norte de Santander por todos los casos que se han presentado. No deja de preocuparnos aunque tengamos que colocar como ejemplo que dentro del ETCR de Caño Indio, hasta el momento, no ha habido ningún asesinato, ningún caso relevante. Pero hay que decir que a nivel de Norte de Santander, y sobre todo en el Catatumbo, se vienen presentando hechos que hemos estado lamentando (¡más que lamentando: rechazando!) porque ya van como unas 16 personas asesinadas que estaban dentro del proceso de reincorporación. Y además, diría yo, hay 30 casos de amenazas, y no precisamente en el ETCR: en la región. Eso nos preocupa muchísimo. Y además de eso, en estos momentos (bueno, uno habla de la región donde está) eso hace parte de todo lo que se viene presentando a nivel nacional. No es una característica única de aquí de Norte de Santander, sino que es una cuestión que viene pasando, y viene pasando en diferentes partes: vienen matando compañeros que están en proceso de reincorporación. Eso es un mal mensaje, eso no deja de preocuparnos, pero en estos momentos yo digo: es un mal mensaje para la paz, pero al igual lo que se busca es generarnos miedo, zozobra, de dejarnos como quien dice “bien quieticos, y bien calladitos”, pero la reflexión es que eso no nos puede paralizar. Yo creo que vamos a tener que estar hablando mucho, denunciando mucho, expresando el rechazo ante todo esto que se viene presentando porque sí, nos debe preocupar, nos debe alarmar ¡pero no nos puede amilanar! (como decía Alfonso Cano). PARES: Hace unos días el Presidente citó a una reunión de emergencia para evaluar la situación, y anunció que reforzaría la seguridad para los integrantes de las FARC. ¿En qué se traducen, hasta el momento, las palabras del Gobierno con la realidad? LG: A mí me parece como que ahí hay una doble moral: se dice una cosa y se hace otra. Desde el partido, yo he visto varias notas, varias cartas, donde se ha estado insistiendo en una reunión directamente con el Presidente, y no precisamente para hablar de compromisos de partido, sino son compromisos de la reincorporación que le corresponde al partido direccionarlos. Porque quienes estamos, o quienes empezamos a integrar el partido: fuimos excombatientes; ya se han unido otros compañeros que también es importante; pero el partido debe ocuparse de analizar todas estas cosas, y sobre todo el tema de seguridad. Bueno, ahí tenemos el tema de la Segunda Misión de Verificación de la ONU, que se traduce directamente en el tema de seguridad (Punto 3 del Acuerdo). Entonces, escuchar por ejemplo, a un expresidente y hoy en día senador de la República, rechazando los llamados de esta organización, como es el caso del señor Uribe, pues eso uno de verdad lo lamenta. Uno lamenta eso porque es como decir, claramente, que acepta y promueve el asesinato de los exguerrilleros. De una u otra manera es eso: es justificar, también, la muerte de los líderes sociales. Por eso, yo la verdad no creo en las palabras de Duque, ¡más bien me causa desconfianza! Porque ellos han dicho “estamos comprometidos, no se deben preocupar” pero yo creo que sí debemos preocuparnos, y sí debemos tener mucha desconfianza. Y el tener desconfianza no quiere decir que vamos a volver a las armas o algo así ¡no!, yo creo que tener desconfianza es tener ciertas herramientas jurídicas, dentro del marco legal, para contrarrestar todo lo que está haciendo este Gobierno, porque este Gobierno lo que está haciendo realmente es obstaculizando todo el proceso de reincorporación, tratando de generar miedo y zozobra en cada uno de nosotros para dar ese mensaje de que no es posible la paz, de que no es posible nada. Mejor dicho, desde el tema de los recursos en adelante. Yo creo que si el señor Duque va a hablar de que le preocupa el tema de la seguridad para los líderes sociales y para los excombatientes que estamos en proceso de reincorporación, él debería pensar, también, que es desde allá que se puede hacer algo, desde la Presidencia de la República, desde el mismo Plan Nacional de Desarrollo (que no tiene nada para la paz), desde los recursos que le niegan a la Unidad Nacional de Protección para que de verdad se ejecute el programa, para que funcione la Subdirección Especializada que está dentro del marco del acuerdo (es una de las instituciones que surge a partir del Acuerdo). Yo, la verdad, por eso, tengo mis dudas. Y me atrevo a decir que todo aquí está sintonizándose para que el Acuerdo cada día sea (Como dirían ellos en campaña) vuelto trizas. PARES: Hace unos días el Ministro de Defensa anunció que en julio retomarán la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato ¿Cómo va la implementación del PNIS acá en el departamento? ¿Se ha avanzado? LG: Pues no, le contaba hace un ratico del plan piloto del que no hay mucho que mostrar, es el núcleo veredal de Caño Indio donde están vinculadas las veredas Caño Indio, Palmeras Mirador, El Progreso, y Chiquinquirá; eso es el ejemplo a seguir y de allí en adelante: nada. de momento se empezaron a desarticular los programas, empezaron a decir que no había dinero para ese programa, y en este momento, si eso no está funcionando ¡es por culpa directa del estado colombiano! que le parece más fácil contaminar, o abrir esa otra etapa de violencia (porque ante la fumigación: tengámoslo por seguro que el campesino no se va a quedar quieto), el campesino va a salir a defender sus tierras, a defender lo único que tienen para tratar de llevar alguna cosa a la casa (y hasta el momento ha sido la coca). ¿Y si no hay otra salida? el plan de sustitución está bien diseñado, está diseñado, no es el mejor, pudiera ser mejor todavía pero necesita recursos: si no hay recursos no hay ningún plan que funcione. Ellos quieren promover, y le han generado esa desesperanza a la gente de que “ese plan no”… y hay mucha gente que nos culpabiliza a nosotros, nos echa la culpa “no, ustedes que no sé qué…” pero hay que entender, ojalá lográramos hacerle entender a la gente que es la falta de voluntad política del Gobierno para girar los recursos a esos programas. Entonces nosotros en cada región cocalera, teníamos, o tenemos, los compañeros que están trabajando dentro del mismo plan de sustitución; aquí, por ejemplo, en Norte de Santander, eso no siguió funcionando porque precisamente el Estado no le ha puesto ningún interés. Ahora, de venirse la fumigación, nos parece que se va a venir, también, otra oleada de las luchas campesinas por la defensa del territorio, por la defensa del medio ambiente. Este es un Gobierno que le apuesta, realmente, es a la guerra. Aquí por más que nos traten de decir que esto va por buen camino, a mí me parece que hay que dar la buena nueva cuando empiece a andar de verdad. Pero por el contrario, estos anuncios lo que producen es miedo en la población, y también la zozobra de ¿hacia dónde vamos nuevamente? PARES: Pese a que en toda Colombia hay violencia directa, en Norte de Santander ha sido más aguda por la convergencia de distintos grupos armados que operan en el territorio, y por la ubicación atractiva que tiene, para estos grupos, controlar la frontera. Hemos visto hechos de violencia recientemente como los asesinatos en la línea fronteriza, y la masacre a 5 minutos de Puerto Santander en Boca de Grita ¿Qué se piensa desde el partido por este recrudecimiento de la violencia? LG: Por un lado, siempre el rechazo a los hechos de violencia. Pero también sabemos que es necesario mayores compromisos de todos. Desde el partido hemos hecho el análisis de que hablarnos entre la gente que quiere la paz: es importante. Pero aquí toca, también, empezar a llamar a los que promueven y quieren la guerra, para que entremos un poquitico en razón. Yo creo que más de 50 años de violencia no nos dejó muy buenos resultados en cuanto a las víctimas. Por eso, insistimos nosotros, también, de que quedara en el acuerdo el pacto político del no uso de las armas en política. Y ese pacto político, hasta el momento, yo creo que nosotros somos los que estamos como promoviendo eso sí, como firmantes del acuerdo, pero también como personas sensatas que queremos y buscamos la paz. Hay cuestiones muy disientes ¿en qué le benefician tantas muertes y tantos hechos de violencia a un departamento como Norte de Santander, ubicado en la zona de frontera? Yo pienso que eso no es beneficioso para un departamento como el nuestro. Por el mismo hecho de estar en la frontera, y de vivir esta situación ahorita (tan tensa) eso genera desestabilidad en la frontera (no solamente para los Venezolanos, también para los colombianos) por eso, nos preocupa, y desde de aquí desde Norte, el partido ha llamado a que revisemos ese pacto político, un compromiso de no violencia. ¿Qué es lo más sagrado que tiene el ser humano? La vida. Eso es lo que mínimamente estamos haciendo, porque tampoco estamos en la tónica de decir “lo que necesita Norte de Santander es más seguridad” porque aquí y en el Catatumbo, se puede decir, que es un departamento muy militarizado, la zona del Catatumbo es una zona muy militarizada, la zona de frontera es una zona muy militarizada, como para que se presenten esos hechos que se presentaron en Boca Grita. Preocupa. Preocupa porque algunos dicen que son grupos “no sé qué”, pero para uno, sencillamente, y para hablarlo así clarito (porque hay que decirle con nombre propio a las cosas) son paramilitares. Eso no tiene otro cuento, son paramilitares que todavía actúan aquí en Norte de Santander, y se pelean por diferentes asuntos: mafias, contrabandos, lo que quiera que sea se lo pelean. Mejor dicho, aquí el conflicto todavía se vive en carne propia. Uno dice, nosotros hicimos la dejación de las armas, pero la situación del conflicto social y armado continúa. Aquí hay paramilitarismo, otra cosa es que no se quiera reconocer y que le llamen ahora Grupos Armados Organizados, lo que hicieron fue cambiarles un poquito el nombre.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El presidente Iván Duque se posesionó el 7 de agosto de 2018 con un poco más del 50% de aprobación por parte de la ciudadanía. Sin embargo, ese respaldo duró poco. A casi un año de gobierno, nuevamente va en picada y el 63% de la población colombiana lo desaprueba. El jueves se conoció en medios de comunicación la más reciente encuesta de la firma YanHaas en la cual se le preguntó a los ciudadanos y ciudadanas si aprobaban la gestión de este gobierno, del presidente, y si veían por buen camino el país, entre otras. La muestra, con un nivel de confianza del 95%, arrojó que además de que la población desaprueba la labor de Duque durante estos casi once (11) meses, tampoco le va muy bien a su gabinete: el 68% no está de acuerdo con la gestión. Tropiezos de Duque en el Congreso Duque radicó varios proyectos en el Congreso de la República, sin embargo, el único aprobado que sonó con fuerza fue el de la ley para modernizar el sector de las tecnologías y comunicaciones a nivel nacional. Otros proyectos fueron avalados, otros archivados, pero los tres que estaban en la mira de la opinión pública y líderes políticos: la Reforma Política, la Ley Anticorrupción y la Ley de Procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), le jugaron una mala pasada al presidente. De acuerdo con el investigador Isaac Morales de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, dicha reforma resultaba ser “una colcha de retazos”, puesto que, los partidos y el gobierno empezaron a modificar el texto original en los debates que alcanzaron a realizarse hasta el 7 de mayo cuando fue retirado por la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez. Gutiérrez hundió la propuesta para prevenir el ornitorrinco que hubiera salido del Congreso, y en ese sentido, confirmó que el 20 de julio, cuando inicia la nueva legislatura el gobierno presentará un nuevo proyecto de reforma. Por otro lado, Duque se comprometió a sacar vía Congreso la Ley Anticorrupción, que no alcanzó los votos en consulta popular, y tampoco logró cumplir con su promesa. Por un extraño enredo la conciliación del texto final en ambas cámaras no se realizó el miércoles y fue archivado. Para salvarlas en este periodo tuvo que haber convocado a sesiones extras, sin embargo, decidió que para la próxima legislatura va a presentar un nuevo proyecto contra los corruptos, según contó a la prensa. En cuanto a la Ley de Procedimiento, a la cual realizó seis (6) objeciones y envió al Congreso para que fueran nuevamente discutidas, tampoco salió victorioso. Luego de tantos traspiés, y el enredo por el conteo de votos en ambas cámaras, la Corte Constitucional definió que sí habían sido negadas las objeciones de Duque, por consiguiente, tuvo que firmarlas y aceptar la decisión del máximo tribunal. Las estrategias que le borraron el norte al Presidente Según el subdirector de Pares, Ariel Ávila, lo que sucede es que Duque cayó mucho en las encuestas en noviembre, allí llegó a su punto más bajo y por lo tanto planteó una estrategia basada en dos cosas. Por un lado, la guerra con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que al principio le sirvió tras el ataque terrorista a la Escuela de Cadetes; y la segunda, fue la propuesta por la salida negociada en Venezuela, pero ambos proyectos le fracasaron. “Las personas se dieron cuenta que su promesa de Venezuela y de dar golpes al ELN no se dio, entonces ahora está en el mismo punto que en noviembre. Un gobierno con una situación económica no muy viable, una reforma tributaria que no salió muy bien y sus dos grandes apuestas que hizo en noviembre fracasaron”, aseguró Ávila. Entonces surgen tres inquietudes: 1. ¿Cuál será la estrategia para levantar al gobierno de esta imagen tan desfavorable?; 2. ¿Qué va a pasar el 20 de julio en el Congreso con el tema de las mayorías? Si van a tener coalición de gobierno o no; y 3. ¿Cuál es el ambiente dentro del Centro Democrático?, para saber con qué tanto respaldo cuenta Duque. “Pero en general es eso, su gran apuesta de noviembre fracasó”, apuntó el analista. La revista inglesa The Economist realizó un artículo sobre la gestión del gobierno de Duque y una de sus conclusiones se trató de la relación que mantiene con su mentor Álvaro Uribe Vélez, y en ese sentido, le recomendó alejarse del expresidente y actual senador para darle un enfoque original a sus políticas. De todas manera, para el analista, Duque no tiene como separarse de Uribe. Si Duque decide romper relaciones con Uribe ningún congresista del Centro Democrático se iría con él. Además, ni los sectores de centro lo van a recibir, ni se va a llevar a nadie del Centro Democrático, entonces no tiene cómo hacerlo. “El gran problema de Duque estos meses es que su gobierno no tiene un horizonte. ¿Qué es economía naranja?, nadie sabe; su proyecto anticorrupción fracasó; su tema de destruir la paz fracasó. Sin capital político, sin horizonte, sin congreso y sin encuestas”, así es el panorama, concluyó Ávila.

Por: Redacción Pares En la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se adelantan los procedimientos de tratamiento penal especial diferenciado para miembros de la fuerza pública. Hasta el momento ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se han presentado más de 300 comparecientes de la fuerza pública que obtuvieron en la jurisdicción ordinaria los beneficios para continuar su sometimiento ante la JEP. Esto abarca a los comparecientes que se encuentran incluidos en los listados que el Ministerio de Defensa Nacional entregó a la JEP, a quienes no están incluidos en los listados y elevaron peticiones ante la Sala, y a aquellos que recibieron beneficios propios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) en la de justicia ordinaria antes que la JEP iniciara sus actividades. Con la entrada en funcionamiento de la JEP, se hace necesario que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determine las condiciones de supervisión y vigilancia de los beneficios de libertad transitoria, condicional y anticipada, de la privación de libertad en unidad militar, la revocatoria o sustitución de medida de aseguramiento y la suspensión de orden de captura y los beneficios otorgados en forma preliminar, no definitiva, en la jurisdicción ordinaria. Estas condiciones de supervisión se establecen bajo un régimen de condicionalidad que busca hacer real los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas, y de esta forma cumplir con los fines del Sistema por parte de quienes se acogen a él. Asimismo, significa que los comparecientes continúan con el trámite de sometimiento ante la jurisdicción para ser llamados en su momento por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, la Sección de Revisión o las Secciones de primera instancia que corresponda, donde se resolverá de manera definitiva su situación jurídica. En coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, en mesas técnicas de trabajo que funcionan desde el mes de agosto de 2018, se organiza un plan con unidades militares y centros de reclusión militar en diferentes ciudades del país para los comparecientes que están pendientes de continuar el proceso de sometimiento a la jurisdicción, independiente de aquellos que se presente en forma directa ante la Sala.