Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El Congreso de la República tuvo este jueves el último día de sesiones de esta legislatura, y tal como se había rumorado, muchos proyectos de ley iban a ser hundidos. Así sucedió con la ley anticorrupción y la que buscaba eliminar la cuota de manejo de las tarjetas de crédito, ambas medidas bastante polémicas. El primer proyecto recogió más de 11.674.951 de votos tras la consulta popular celebrada el 26 de agosto del 2018, que le solicitó a los ciudadanos y ciudadanas votar a favor o en contra de siete propuestas en la lucha contra los corruptos. Sin embargo, no pasó por un poco más de 400.000 votos. Por lo tanto, el presidente Iván Duque convocó a los promotores de la consulta y se comprometió a hacer valer el resultado de las urnas por medio de ponencias en el Congreso, pues fue muy poco lo que faltó para que hubiera sido aprobada. El proyecto radicado en el recinto empezó a tener altibajos a lo largo de las sesiones, pero todo pareció llegar a buen puerto entre lunes y martes cuando en ambas Cámaras se dio el último debate del segundo punto del conjunto de la ley anticorrupción. Así las cosas, solamente hacía falta conciliar el texto para que pasara a sanción presidencial. La conciliación que nunca llegó Este lunes el texto fue aprobado en Senado con unas modificaciones y enviado a la Cámara de Representantes para que tuviera el último debate y pasar a la conciliación, este debate se realizó el martes. Lo único que hacía falta era la postulación de un conciliador de cada organización y posterior encuentro para finiquitar el proceso, pero nunca sucedió, o más bien fue un supuesto enredo. Por parte de la Cámara alta eligieron al senador Germán Varón Cotrino, quien además fue el ponente de esta ley. Pero lo extraño fue que de la Cámara baja se presentó el representante, Gabriel Vallejo, y cuando iban a iniciar el diálogo se percataron de que él no era el conciliador de este texto, y por lo tanto no pudo ser discutido Ante la polémica acción, Vallejo expresó a medios que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, fue quien le informó que debía realizar la conciliación del proyecto anticorrupción. Pero, en el lugar se dio cuenta que no tenía la potestad para revisar este proyecto. Juanita Goebertus, representante a la Cámara había manifestado a la Fundación Paz y Reconciliación-Pares que era muy probable que terminada la legislatura no se lograra la aprobación de ninguno de los proyectos de la consulta. “El Gobierno dejó hundir el proyecto de bajar el salario de los congresistas y ha estado dispuesto a aceptar cambios en los proyectos de declaración de renta y de rendición de cuentas, que le quitan el espíritu a los proyecto”, había dicho Goebertus. El crimen perfecto Por su parte, la senadora Angélica Lozano y promotora de la ley anticorrupción expresó que como tal no hay un culpable: “el crimen perfecto está en las demoras y las dilaciones. El hundimiento es sofisticado porque no queda un culpable, hubo muchas etapas” para llegar a este punto, explicó este jueves en W Radio. También contó que a lo largo de las sesiones en Senado se presentaron 70 impedimentos en el y fueron aprobados 25. Es decir que se tenían que salir 25 congresistas. Esto hizo más demoradas las sesiones. Sin embargo, reconoció el trabajo del presidente de la organización Ernesto Macías, pese a las extremas diferencias que ambos comparten, ya que puso muchas veces la ley anticorrupción en el orden del día. Asimismo, Varón fue un aliado desde el inicio y por eso lo nombraron conciliador. La cuestión es que así hubieran llegado de ambas cámaras tan solo tenían un día para discutir todo el texto, un tiempo muy corto para lo que estaba en juego. En todo caso, en ambas cámaras hubo confusiones y descaros. El miércoles se jugaba el partido de fútbol de la selección Colombia en el marco de la Copa América, y en el Senado decidieron suspender la sesión, mientras que en la Cámara se dio por terminada. Por consiguiente, cuando la cámara alta regresó a las labores se dieron cuenta que el proyecto quedaba prácticamente archivado, no había conciliador por parte de la Cámara baja y los tiempos ya eran estrechos para discutir. Ahora, el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, deberá explicar a quién designó. “El lunes se aprobó en senado, le rogamos a Chacón para que nombrara el conciliador. Le dijimos de todas las formas. Pero él insistió en pedir las actas y las memorias. Pocas veces lo proyectos se hunden en conciliación. Y por ejemplo ayer como levantaron cámara sin anunciar, pues no pudieron conciliar”, agregó Lozano. Así las cosas, hay una opción inmediata y es que Duque convoque a sesiones extra para que el Congreso retome el debate sobre la ley anticorrupción. Esta sería la única alternativa posible y que demuestre que cumplió. Por otro lado, está la postura de que este proyecto ya se hundió totalmente y tocaría empezar a tramitar desde ceros punto por punto. La congresista expresó que podría volver a presentarlos, con la alianza de otros partidos, pero sería un camino largo porque desde el 2015 se han intentado pasar de forma separada y ninguno ha sobrevivido a los debates. Cuota de manejo de las tarjetas Por otra parte, la Comisión Tercera del Senado hundió el proyecto que buscaba eliminar el cobro de la cuota de manejo a productos financieros y el cobro a los ahorradores por consultas o transferencias. Según los detractores de la ponencia, esta vulneraba la libertad de empresa. Por su parte, el representante Álvaro Prada expresó que «no somos enemigos de los bancos, pero tampoco vamos a permitir que sigan abusando de las personas que ganan el mínimo y que pierden su plata en transacciones y cuotas de manejo». En definitiva, expresaron que en la próxima legislatura abrirán el debate porque no es justo para los ciudadanos y ciudadanas seguir perdiendo tanto dinero en este tipo de consultas y retiros.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El partido político del actual gobierno, el Centro Democrático, en lo corrido del año ha convocado en varias oportunidades a la sociedad civil para que salgan a las calles a protestar en rechazo contra episodios relacionados con el Acuerdo de Paz y las continuidades del conflicto armado. En las últimas semanas, el partido de derecha llamó a los ciudadanos y ciudadanas a salir a las calles para protestar en contra de las más recientes decisiones de las altas cortes que han dejado en jaque a los opositores del pacto, firmado en La Habana con la exguerrilla de las Farc y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. A comienzos de año, el uribismo también salió a marchar tras el atentado del ELN a la Escuela de Cadetes General Santander. Y aunque por redes sociales y en medios de comunicación parecían tener bastante acogida en cada una de las convocatorias a la calle, al final fueron pocos los que acompañaron la protesta. Una Plaza de Bolívar sin quórum Este martes fue convocado en horas de la tarde un plantón en la Plaza de Bolívar de Bogotá en contra de dos episodios: 1. La decisión de la Corte Constitucional que tumbó dos normas del Código de Policía que prohibían el consumo de licor y sustancias psicoactivas en espacios públicos, y 2. La decisión de la Corte Suprema de Justicia por avalar la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según los manifestantes, la medida del máximo tribunal va a permitir que los “drogadictos” ocupen los espacios públicos para fumar o consumir drogas, y en ese sentido, será perjudicial para los menores de edad que habitan con frecuencia las zonas verdes o parques públicos. “Necesitamos un Estado de Derecho fuerte, necesitamos al pueblo colombiano fuerte, no vamos a permitir que algunos sectores de la justicia que más parece injusticia continúen protegiendo a los criminales por encima de los héroes de la patria, continúen protegiendo a los criminales por encima del derecho de nuestros pequeñitos”, expresó el martes a la prensa la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín en la Plaza de Bolívar. “Queremos una Colombia justa, una Colombia con paz verdadera, una Colombia donde protejamos a nuestros niños, donde entendamos que no podemos permitir más alcahuetería con el narcotráfico con el terrorismo, con la impunidad”, agregó. Y a pesar a los intentos del Centro Democrático por agrupar a nivel nacional a sus seguidores, y agruparlos en Bogotá para protestar en contra de lo que ellos consideran que va en contravía de la paz, el quórum de las marchas no ha llenado las expectativas. De hecho, la Plaza de Bolívar tiene una capacidad para más de 50.000 personas, y en las últimas manifestaciones, el partido del gobierno ha reunido un poco más de 100 personas. Durante el plantón varios congresistas publicaron en Twitter. El senador Carlos Felipe Mejía señaló: “va llegando la gente a la Plaza de Bolívar a alzar su voz contra el adefesio de la #JEP y en favor de nuestros niños! #NoMásJEP #UnidosXColombia”. Sin embargo, en la realidad no llegaron tantas personas y para la forma como se organizó el evento se esperaban más de mil. Por su parte, el representante a la Cámara del Partido Farc, Sergio Marín, se pronunció frente a lo ocurrido en la principal plaza de Bogotá. “Ayer sucedió lo inevitable, un nuevo fracaso del Uribismo y la Ultraderecha fanática. 150 personas no llenan la Plaza de Bolívar”, expresó. El primer intento Una semana antes -9 de junio- se convocó una marcha con el mismo propósito, pero fue una iniciativa más de las toldas ciudadanas del uribismo, quienes por medio de las redes sociales promovieron la protesta en Bogotá, Cali, Medellín, Valledupar, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. En Twitter se volvió tendencia #9JunioMarchaContraLasCortes, pero al igual que la del martes se movilizaron pocas personas. En ese sentido, es clave el rol que han tenido las redes sociales en este tipo de eventos masivos que se difunden y pretenden reunir miles de personas, pero al final no logran agrupar a miles de personas en la plaza pública. En este caso, es muy curioso para un partido que ganó la presidencia pero que en el Congreso de la República y en las calles no logra las mayorías. Después del atentado del ELN Hubo polémica el domingo 20 de enero del presente año cuando el uribismo convocó una marcha nacional tras el atentando con un carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander por parte de las células urbanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla activa del país. Los opositores del Acuerdo de Paz llamaron a la sociedad para marchar en contra del “terrorismo”, mientas tanto, la contraparte que también rechazó el atentado buscó otro mensaje: caminar por la paz y la vida. El problema es que hubo varias pullas de ambas partes, puesto que, hicieron presencia varios líderes políticos, pero con objetivos diferentes. Aunque el propósito era unir al país, al líder del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez se fue en contra de Santos. “Promueven el terrorismo, le dan status, impunidad y derechos políticos, después, sin “mea culpa”, salen a hablar de unidad nacional y de paz. No les dolió la Fuerza Pública cuando con el terrorismo igualaron a nuestros soldados y policías”, había expresado en ese momento Uribe como pulla a los defensores del Acuerdo. Y aunque parecía que por fin tanto derecha como izquierda habían encontrado unirse por una causa, también hubo episodios de violencia durante la marcha entre los mismo ciudadanos de distintos espectros políticos. Así las cosas, fue insípida y no caló el mensaje en los colombianos. Unos defendieron fervorosamente el Acuerdo de Paz, mientras otros pidieron más justicia. En definitiva, ninguna marcha del uribismo ha podido convocar a las personas que en algún momento lo apoyaron en las urnas.

Por: Redacción Pares Asi lo manifestó Patricia Linares, presidenta de la JEP, ante un grupo de representantes de la Red Nacional de Mujeres Defensoras entregaron seis informes al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR), y a la Corte Constitucional, sobre el impacto diferenciado y desproporcionado del conflicto armado en las mujeres. «Ustedes son las que han reconstruido lo poco que quedó después de la guerra». Y, además, reconoció que es «retador, pero también muy alentador, escuchar a las mujeres que han vivido en conflicto y que nos confían estos informes», indicó Linares. Los informes presentados reúnen información de casi 600 mujeres y fueron elaborados con asesoría de la Corporación Sisma Mujer, y el apoyo de ONU Mujeres, la embajada de Suecia y la Unión Europea. El evento fue en el Auditorio Teresa Cuervo, del Museo Nacional. María Eugenia Cruz, de la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, dijo que «La justicia ordinaria no ha logrado tramitar la violencia sexual y esta sigue en la impunidad. Nosotras creemos en la paz y, por eso, decidimos documentar nuestros casos en la JEP. Confiamos en que habrá justicia. Creemos en la justicia restaurativa». De la misma manera, Mayerlis Angarita, de Narrar para Vivir, afirmó: «Somos 840 mujeres de Montes de María que llevamos 19 años esperando justicia. Ustedes tienen una gran responsabilidad, porque creemos que en el Sistema sí la encontraremos. Una justicia que nos pone a las víctimas en el centro, que va más allá de encerrar a los culpables, que impone sanciones restaurativas que ayudan a sanar». Los informes fueron recibidos por la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, quien estuvo acompañada por los magistrados Alejandro Ramelli, Ana Manuela Ochoa, Heydi Baldosea y Alexandra Sandoval.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Mientras el presidente Iván Duque se encuentra fuera del país, el expresidente Álvaro Uribe trata afanosamente de consolidar un capital en la sociedad civil, sobre todo después de las decisiones que han tomado las altas cortes. De hecho, el tema del consumo de sustancias psicoactivas parece presentársele a Uribe como la oportunidad de apelar al concepto de familia y, de esta forma, tratar de acercar a la opinión pública al Centro Democrático. El anacronismo de prohibir La polémica la vienen alimentando las toldas uribistas, frente a la decisión de la Corte Constitucional; que declaró inexequible la prohibición general de consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en el espacio público. Frente a esta situación, el uribismo —lejos de plantear un debate— ha instrumentalizado la decisión para recibir redito político. Por esta razón es que Uribe, como el jefe máximo del Centro Democrático, propone la introducción de una papeleta en los venideros comicios de octubre; en busca de prohibir el consumo de sustancias psicoactivas. De hecho, con las declaraciones que dio Uribe —en la noche del 18 de junio ante no más de cien personas— dejó ver que no solo busca consolidar capital en la sociedad civil, sino que busca reafirmar lazos con los sectores políticos más conservadores. Uribe señaló: “Algunos, en otros partidos, han propuesto que preparemos una papeleta, y le pidamos al Gobierno que la apoye, para que los ciudadanos que vayan a las urnas en octubre puedan reiterar la prohibición de las drogas, todos los derechos de los niños, apoyando el decreto de decomiso”. La disputa por los espacios públicos El caballo de batalla del uribismo surgió después de que se conociera el fallo de la Corte Constitucional, del pasado 6 de junio, con la decisión de la decisión de la Sentencia C 235 del 2019. El nuevo rumbo sobre el consumo de sustancias psicoactivas se dio a partir de una demanda al Código de Policía, enfocada por un lado al Artículo 33° (Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas), específicamente sobre las numeral 2, en; ‘Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, no autorizados para su consumo’. Por el otro lado, el Artículo 140° (Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público), específicamente sobre el numeral 7, en; Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente. El uso de la niñez con fines electorales El recurso de la papeleta es recordado de manera célebre, debido a aquel capítulo en la historia de Colombia en el que sectores de la sociedad civil introdujeron la séptima papeleta en las elecciones de 1990. Tal fue la repercusión de dicha introducción, que marcó el camino a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Es claro que este ejemplo, apenas ilustrativo, no pretende comparar la papeleta del 90 con la que está fraguando el uribismo. Lo que sí se busca es revisar, entre líneas, cómo el uribismo ha transitado por distintos mecanismos para acercar a la sociedad civil y, en este caso; ha decidido optar por la papeleta en el marco de las elecciones locales de octubre de este año. De hecho, las palabras usadas en esta avanzada uribista muestran los visos de capitalizar los conceptos de niñez y familia. Uribe señaló, entre otras cosas, que “los parques son para los niños y no para el alcoholismo y la drogadicción”. Según las frases de Uribe, la sentencia de la Corte estaría poniendo en “igualdad de condiciones los derechos de los niños con los de la ilegalidad”, sin lugar a duda estas son afirmaciones que nublan el debate y centran la estigmatización sobre las sustancias psicoactivas. Con este tipo de afirmaciones, además, fue que el expresidente Uribe presentó, ante la ciudadanía, la propuesta de la papeleta —de la cual espera el apoyo del presidente Duque— que aspira la “prohibición de la droga”. También, Uribe se manifestó sobre el ‘efecto’ de las sustancias en los consumidores, haciendo descripciones de casos que contribuyen en la estigmatización de los jóvenes. De hecho, citó un ejemplo de cuando fue presidente en una supuesta conversación con el general de la Policía de la época: “Mi general, cuando ustedes logran capturar un sicario que acaba de cometer un crimen y le hacen un examen, ¿Qué porcentaje de sicarios capturados —después del crimen— en el examen, registran consumo de drogas o alcohol o, lo uno y lo otro? Y me dijo: el 100%.” Estas fueron, algunas de las formas por medio de las cuales se presentó la más reciente propuesta del Centro Democrático. Cabe resaltar, que el expresidente Uribe estuvo en compañía de la candidata a la alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático, Ángela Garzón, y del candidato a la gobernación Wilson Gómez. Algunas claridades Bajo todo este panorama y la forma cómo está siendo anunciado, es necesario traer el concepto del portal Dejusticia, quienes sobre la sentencia de la Corte y el análisis que hacen de ella presentan unas salvedades muy pertinentes. Dejusticia refiere “Si bien diversos sectores de la opinión pública manifiestan preocupación por los impactos de la decisión sobre el orden público, la seguridad ciudadana y los derechos de los niños, desconocen que la sentencia no afectó la aplicación de otras medidas del Código de Policía que regulan el uso de drogas y bebidas alcohólicas en el espacio público, y por lo tanto siguen vigentes. Asimismo, otra salvedad que esgrimen y que resulta clave para mitigar las dudas que generan las palabras del expresidente Uribe, tiene que ver con que “la Corte declaró inconstitucional una prohibición general que resulta innecesaria e inadecuada. Sin embargo, no estableció el derecho absoluto de consumir en espacios públicos, ya que éste puede ser restringido y regulado por las autoridades correspondientes, de manera razonable y proporcionada. Además, resulta conveniente manifestar este mensaje en el marco de los improperios a los que han vinculado a la Corte. “Las decisiones judiciales pueden compartirse o criticarse, pero no deben ser usadas para generar presiones indebidas sobre las autoridades que las profieren. Desde Dejusticia resaltamos la necesidad de defender la independencia judicial y la separación de poderes como fundamento del estado social de Derecho.” Cambio de enfoque al tema de las sustancias psicoactivas Pares consultó al neuropsicólogo, Juan Daniel Gómez, quien resaltó la necesidad urgente de implementar un “proyecto cultural global que le enseñe a la gente lo que realmente son las sustancias psicoactivas y las otras sustancias de uso problemático”. De esta forma, Gómez señala que, si se redireccionan los dineros que se van represión, en guerra contra las drogas, en fiscalización, hacia dicho proyecto cultural, el cambio en las estadísticas de consumo de droga en los próximos 5 o 10 años cambiarán radicalmente. Asimismo, en el proyecto cultural debe existir un fuerte enfoque que permita información y educación, con respecto a la compresión del estado de salud. Ese tipo de enfoques permitirán un diálogo más vertical sobre el consumo de drogas, que conlleve a que los consumidores se planteen consumos moderados, terminó explicando el experto.

Por: Redacción Pares La Fundación Paz y Reconciliación -Pares, rechaza la atribución que se le hace de la contratación de una encuesta que circula en el municipio de Palmira sobre los aspirantes a la alcaldía. Desde que inició nuestro trabajo hasta el día de hoy no hemos contratado, elaborado o participado en encuestas o sondeos electorales. Rechazamos el uso de nuestro nombre con fines electorales e instamos a las autoridades a investigar los hechos, que constituyen una práctica lesiva para el desarrollo de los comicios locales que se avecinan. Junio 19 de 2019

Por: Juan Camilo Rodríguez Guerra. Asistente de investigación Pares Este lunes, en la ciudad de Santa Marta, un eslabón central del crimen organizado fue dado de baja por la Policía Antinarcóticos. Jesús María Aguirre Gallego, alias ‘Chucho Mercancía’, fue abatido en la Sierra Nevada de Santa Marta, zona donde la organización criminal que lideraba, Los Pachenca, concentra todo su poder. Tras la fallida desmovilización paramilitar, esta estructura es la principal sucesora de las Autodefensas de Hernán Giraldo, lo cual explica gran parte del control que tienen sobre las extorsiones y las rutas de narcotráfico en zona rural de Santa Marta. La muerte de Aguirre es sorpresiva debido a que, según prensa, un escolta de alias ‘80’, integrante de esa organización, sería quien reportó la ubicación de ‘Chucho’ a la Policía Antinarcóticos. Su muerte daría vía libre para que ‘80’, hijo de Hernán Giraldo, tome el poder de Los Pachenca. No obstante, esta versión contrasta con la de fuentes regionales de Pares, las cuales aseguran que Chucho Pachenca ya había entregado su puesto y que, de hecho, buscaba caminos para someterse a la justicia. De hecho, para Priscila Zúñiga, experta en seguridad de Santa Marta, la muerte de Chucho Pachenca no debilitaría a esta estructura, ya que la caída de él se estaba previendo. Los Pachenca siempre han funcionado como brazo armado de los Giraldo y ahora podría estar siendo liderada directamente por un hijo de Hernán Giraldo. Posibles escenarios Son tres los posibles escenarios que pueden desprenderse de la muerte de ‘Chucho Pachenca’. Los primeros dos implicarían el aumento de la violencia en Santa Marta. A) Que la muerte de ‘Chucho Mercancía’ sea la demostración de una división interna en Los Pachenca, por lo cual distintos actores inicien una disputa por obtener el mando de esta organización criminal. B) Que no haya divisiones internas, pero que este suceso transforme las relaciones de Los Pachenca con otras organizaciones criminales con presencia o con interés de tenerla en las zonas rurales y urbanas de Santa Marta. Es el caso del Clan del Golfo, que ha venido buscando espacios para hacerse al control de la vertiente nororiental de la Sierra Nevada. C) Que la muerte de Chucho Pachenca sea asimilada por la organización criminal y que no trastoque la relación con otras estructuras armadas, es decir, que Los Pachenca se mantengan estables. Resultaría dramático que una posible reconfiguración de Los Pachenca acentúe la violencia al interior de la organización, pero también que las relaciones con otras organizaciones criminales que disputan el control de economías ilegales en Santa Marta se alteren y promuevan mayores violencias. Las autoridades deben ser contundentes en reconocer las posibles transformaciones de Los Pachenca y actuar conforme a los escenarios posibles para la seguridad en Santa Marta. Los Pachenca en la actualidad La organización criminal Los Pachenca concentra su poder en Santa Marta, especialmente en el corregimiento Guachaca donde se encuentra la vertiente nororiental de la Sierra Nevada de Santa Marta. La economía de esta organización se basa: 1) en la extorsión, reactivada paulatinamente hace un año y en lugares concretos del corregimiento; 2) en la protección de cargamentos y control de las rutas del narcotráfico. A diferencia del pasado, Los Pachenca no tienen pleno control sobre todos los eslabones del narcotráfico, por lo que su economía se centra en otorgar seguridad al movimiento de drogas ilícitas. Cabe decir que Guachaca es una zona estratégica para el movimiento de drogas ilícitas hacia otros países así como para la distribución en las ollas de Santa Marta; 3) en negocios ilícitos que persisten en la región tales como el contrabando de gasolina o el monopolio del turismo; 4) el control de las dinámicas de microtráfico en zonas urbanas. La estructura criminal de Los Pachenca ha mutado conforme a las transformaciones económicas de Santa Marta. Esa es la razón de que su presencia sea sostenida en el tiempo y su poder no se reduzca. El reto de las autoridades es reconocer estas mutaciones y actuar en todos aquellos espacios donde esta estructura tiene la capacidad de reproducirse.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Los llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), creados a partir del Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc para capacitar a los excombatientes en la reincorporación a la vida civil e impulsar proyectos productivos comunitarios son territorios de paz, más no de guerra, tal como lo ha señalado el expresidente y actual senador Álvaro Uribe. Uribe Vélez ha expresado en medios de comunicación que en dichos ETCR se promueve el narcotráfico y asimismo se utilizan para guardar armamento. Sin embargo, esto estigmatiza los espacios de los exguerrilleros que le apostaron a la paz, tras la dejación de más de 8.000 armas. En entrevista con la W Radio, el congresista indicó que efectivamente no todos los excombatientes se han apartado del proceso y por lo tanto muchos continúan concentrados en los espacios de reincorporación, pero según fuentes de la Fiscalía, ya hay alrededor de 5.000 disidentes de esa guerrilla. “En muchos de esos campamentos no aparece sino el 20% de las personas y hay informes de la Fiscalía sobre estos temas (…) y sobre armas en esos campamentos”, aseguró. La Fundación Paz y Reconciliación-Pares había expresado la “absoluta irresponsabilidad del senador” al insinuar que en estas zonas se utilicen como espacios de guerra. Allí viven cientos de niños con sus familias. Dos iniciativas comunitarias de reincorporación En el municipio de Silvia, Cauca, específicamente en el Resguardo de Tumburao, se están llevando a cabo tres proyectos “bioproductivos” de la mano de Misión ONU Colombia. Así lo señaló la comunidad, que en primer lugar conformó una cooperativa con alrededor de 447 personas para llevar a buen puerto estas propuestas. “Queremos demostrar que queremos trabajar, queremos generar empleo y ser referente para el país y las comunidades”, dijo Henry Ortiz Dagua, exguerrillero de las Farc y supervisor del proyecto Aguacate Hass, uno de los más ambiciosos de la reincorporación económica. De acuerdo con el informe de Pares “Cómo Va la Paz”, en el Norte del Cauca existe una reconfiguración acelerada de grupos armados ilegales producto, en gran medida, al repliegue de las Farc hacia los ETCR y de la imposibilidad del Estado colombiano para consolidar su institucionalidad en el territorio. En ese sentido, los municipios en los cuales se ha incrementado la presencia de combatientes que no se acogieron al Acuerdo son Miranda, Corinto, Suárez, Morales, Caldono, Cajibío y Santander de Quilichao. Sin embargo, en Silvia hay presencia de un grupo armado proveniente del extinto frente 3 de las Farc del cual no se tienen mayores datos. En paralelo, los proyectos de reincorporación continúan gracias al fondo europeo para la paz, pero hay preocupación porque los ETCR tienen un tiempo límite para ser habitados. De todas maneras, los exguerrilleros continúan trabajando por la construcción de paz por medio de sus proyectos. “Para nosotros es un orgullo porque una cosa es lo que uno habla y lo que está escrito en el papel y otra cosa es verlo en realidad, y es un orgullo. Cualquier cosa que llegue a este proyecto y que vaya avanzando para nosotros es positivo”, agregó Ortíz, quien coordina todo el tema relacionado con el campo y el manejo de personal. “Se fue un tiempito en la formulación del proyecto, en que lo aprobaran, y empezamos a trabajar el primero de marzo. Vamos a completar ya tres meses aquí (en Silvia) haciendo lo que es adecuación del terreno”, expresó. Ortiz también mencionó que toda la comunidad quiere trabajar fuertemente para llegar a producir sus productos con miras a ser empresarios. Además, aseguró que quieren generar empleo y ser referente para el país y para las comunidades en proyectos productivos. En Antioquia avanzan más de 20 proyectos La Misión de Verificación de Naciones Unidas han acompañado el proceso de reincorporación de los excombatientes de Farc en la vereda de San José de León en el municipio de Mutatá, Antioquia, donde avanzan 21 iniciativas productivas, una de ellas la construcción de un “camino de paz”, que es la construcción de una vía que conecte con otras zonas aledañas. “Tengo un niño que hace pocos días nació y estamos en la casa trabajando. Gracias a Dios tenemos un techito donde no nos mojamos y estamos ahí trabajando. Construido por nosotros mismos con la renta básica que nos da el gobierno, o las organizaciones estamos ahí trabajando y echando para adelante”, contó Alberto Ruíz Rodríguez, excombatiente Farc a la Misión de Verificación. Según expresó, se trasladó con su familia a Mutatá desde la zona veredal de Gallo del municipio de Tierralta, Córdoba porque en esa zona no estaba apta para trabajar y no tenían las condiciones adecuadas. En el ETCR Gallo, en Tierralta, Córdoba, la tierra se resistía a producir. Según el organismo, más de 40 excombatientes de Farc y sus familias se trasladaron en octubre del año pasado a un nuevo Punto de Agrupamiento en la vereda La Fortuna, en Mutatá para avanzar en su proceso de reincorporación social y económica. “Estamos trabajando un lote de tierra que conseguimos entre todos los excombatientes y aquí estamos trabajando en un proyecto de la placa huella. Para mi hijo sueño lo mejor, que tenga un futuro que este proceso siga adelante que no se dañe, que nos dejen trabajar y ver crecer al niño”, expresó el excombatiente. Para Maribel Rodríguez, tesorera del proyecto de turismo esta es una gran oportunidad para mejorar la economía. “Ahora muy contenta por los cambios que se ven, esto antes era un monte, un piedrero muy feo y se le da una transformación muy bonita. Sí hay una tranquilidad, sí pasa que yo me puedo acostar tranquila, que puedo descansar. (…) Sí se siente que hay paz”, aseguró. Ferley Rodríguez, representante de las Farc en la Cooperativa La Fortuna también habló sobre el proyecto de piscicultura en el territorio. Tienen nueve estanques: cuatro estanques de levante y engorde, y los otros se utilizan para hacer el proceso de alevinaje de Tilapia Roja, Cachama, y Bocachico. “Este proyecto aquí tiene la capacidad de unos 14.000 a 15.000 animales. Como no hemos estado haciendo una cosecha escalonada, hemos sacado de uno, dos o tres estanques siempre hemos sacado a 400 a 500 kilos”, contó. El producto lo venden a restaurantes e incluso a la misma comunidad y a las zonas aledañas. Con lo cual se fortalece el mismo proyecto. Así como los anteriores, hay diversos proyectos productivos por parte de los excombatientes de las Farc que hoy están comprometidos con la paz, el desarrollo de sus territorios y con la participación política local, pese a que el actual gobierno vaya a paso lento con la implementación del pacto de paz.

Por: Naryi Vargas Cáceres, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto En la madrugada de este lunes 17 de junio se presentó un enfrentamiento en el corregimiento de Bocas de Grita, Táchira, Venezuela. Los combates dejaron un saldo de 12 personas muertas y al menos 10 heridas. Las autoridades informan que las estructuras armadas involucradas fueron el Clan del Golfo y los Rastrojos; estos últimos mantuvieron una guerra, entre el año 2006 y el 2012, de la cual no salieron bien librados. La situación ya había sido advertida por Pares con anterioridad. (ver artículo: La guerra en la frontera entre Colombia y Venezuela) Durante 2018 las pugnas entre grupos, el surgimiento de unos y el fortalecimiento de otros, desdibujó el panorama que existía acerca del control territorial en esa parte de la frontera colombo-venezolana. Hoy, es difícil cuantificar la cantidad de estructuras armadas y bandas que se lucran de las rentas ilegales en la zona limítrofe y la capacidad bélica que tienen. Sobre esta masacre circulan dos versiones: Por una parte se habla del enfrentamiento entre AGC y ELN. Esta es una disputa reciente que comenzó con la llegada de una estructura de las AGC al mando de alias “El Paisa”, con el objetivo de retomar el control de la zona fronteriza de Puerto Santander, Cúcuta, Villa del Rosario y Tibú. El debilitamiento de ese grupo se dio por cuenta de varios factores (i) la expansión del ELN tras el triunfo sobre el EPL, (ii) la llegada de colectivos bolivarianos a Táchira a combatir a grupos de ultraderecha, paramilitares y lo que pusiera en riesgo el gobierno de Maduro ante la amenaza de una incursión armada, (iii) la proliferación de pequeñas bandas dispuestas a competir por las rentas ilegales, y (iv) la incapacidad de las AGC y las estructuras subcontratadas, como la banda “La Frontera” o “La Línea” para mantenerse como actor dominante ante esa situación. Esta pugna se inaugura a finales de abril, cuando comienza una serie de asesinatos selectivos que posteriormente son reivindicados por alias “El Paisa”, quién a través de audios y mensajes anuncia al ELN una guerra por la frontera a sangre y fuego. Amenazan con cometer masacres, descuartizamientos y desapariciones en caso de que la guerrilla no atienda el llamado. El ELN se ha resistido a salir de esa zona y el despliegue de violencia ha sido abrumador. No solo por las demostraciones de capacidad bélica a través de enfrentamientos con armas largas, en horas del día y en sitios concurridos y centrales para el tránsito de migrantes y comerciantes; sino por la sevicia con la que son cometidos los hechos. El pasado 4 de junio se conoció del desmembramiento del cuerpo de un integrante del ELN, cuya cabeza fue arrojada contra un puesto de control de la FANB en Ureña. Pero no es la primera vez que se conoce de un hecho así en el último mes. Asimismo, durante el mes de abril y mayo se han presentado más de ocho (8) balaceras en los puentes que comunican los dos países. Las denuncias de desaparecidos son casi cotidianas, así como de asesinatos selectivos cuya cuenta es difícil de llevar porque los grupos trasladan los cuerpos de un lugar a otro para evitar su cuantificación. Con esa dinámica no sorprende que el reciente enfrentamiento haya sido entre estos dos grupos. Además, los dos sujetos capturados en medio de los sucesos identificados como Gerson Gregorio Rosario Aquino, alias «Torombolo» y Jhon Jairo Durán Contreras, alias «El costeño» o «El menor» vestían uniformes militares colombianos y portaban fusiles de asalto AK47, proveedores, y armamento de guerra que es típico de la guerrilla. No sería la primera vez que en Venezuela se capturan miembros del ELN acusados de ser paramilitares. De hecho, la semana pasada allanaron una casa del ELN en Táchira y reseñaron que pertenecía a grupos paramilitares. La otra versión de los hechos La segunda versión apunta a que la confrontación se dio entre AGC y Los Rastrojos. Esto puede advertir una situación mucho más peligrosa, pero que con la dinámica de seguridad de la frontera no es descartable. Los hechos tienen que ver con una alianza entre una disidencia del EPL y ese grupo con el objetivo de aprovechar la disputa entre AGC y ELN y retomar algunas zonas de control que fueron arrebatadas a los Rastrojos por parte de las AGC y del EPL por parte del ELN. La existencia de tal disidencia fue confirmada a mitad de mayo por el Estado Mayor del EPL al mando de alias ´Pacora”, quien por medio de una carta anunció que esa organización no se haría responsable de las actuaciones del Frente Frontera la mando de alias “el grillo”. Esa estructura tenía presencia en zona rural de Cúcuta y Puerto Santander que se dirigen hacia el Catatumbo, así como en las veredas colindantes ubicadas en Venezuela, tales como La Popa, La Fría, El Vigía, Boca de Grita y Guarumito. En Boca de Grita fue donde ocurrió el enfrentamiento el 13 de junio. Hasta el momento, es decir un mes después de que esta alianza comenzó a funcionar, los pobladores solo habían denunciado la profundización del control social y el aumento de las extorsiones, pero no enfrentamientos. De ser cierta esta versión, lo que se advierte es un aumento en la producción de violencia en esa región, pues ahora se trata de tres bandos que se enfrentan por el poder de la frontera.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Hace ocho meses Ariel Ávila —subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación— había advertido sobre la propuesta del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, quien pretendía que en las zonas de cultivos de coca o marihuana se quitara la luz. Uno no sabe si reír o llorar. Pero escuchar a un alto funcionario, como el Fiscal General, hacer estas propuestas es realmente perturbador. pic.twitter.com/L4FLdwpcrj — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) November 9, 2018 Alrededor de 221 días después, la polémica regresa a la prensa a tan solo siete días de que, por orden de la Fiscalía General de la Nación, la Compañía Energética de Occidente tenga que ejecutar la orden de dejar sin energía a las zonas rurales de Caloto, Toribío, Miranda y Corinto, ubicados al norte del departamento del Cauca. De esta forma, el próximo 25 de junio se empezará la avanzada de la Fiscalía, en este caso para las zonas rurales de dichos municipios, en lo que desembocaría en un probable apagón generalizado para las zonas del norte del Cauca. Según la orden de la Fiscalía que llego hasta el despacho de la gobernación del Cauca, la medida pretende desconectar los sitios en los que hay invernaderos para la producción de marihuana. Una advertencia que siembra incertidumbre Por el momento, según el comunicado de la Compañía Energética de Occidente, se espera que el ingreso a la zona de los operarios que lleven a cabo la desconexión sea el martes 25 de junio y que si se registra algún intento de impedimento; se “realizará la maniobra de desconexión total del circuito a partir del día 28 de junio”. De hecho, Omar Serrano Rueda —gerente de la Compañía Energética de Occidente— instó que “Si no nos dejan entrar o si no podemos proceder con la legalización, le estamos notificando a los alcaldes que, en fecha posterior, el 28 de junio, tendríamos que suspender el servicio en todo el circuito». En términos operativos, según Serrano Rueda, a partir de las ordenes y las coordenadas que emitió el Oficio 0112 de abril de 2019 de la Fiscalía General de la Nación se pueden reconocer con “facilidad” las zonas donde habría conexiones “ilegales asociadas a cultivos de uso ilícito”. Además, señaló que para el procedimiento se requerirá de pie Fuerza Pública, que, “garantice” la protección de los operarios para las posteriores desconexiones. Asimismo, el Oficio 0112 de abril de 2019 advierte que, efectivamente, el miércoles 26 de junio iniciarán los cortes a las seis de la tarde, si no se logra el acceso a los transformadores de los que la Fiscalía dio coordenadas. Así pues, en este orden de ideas, los cortes bajo estas disposiciones se harían de manera general en Caloto, Toribío, Miranda y Corinto; incluyendo zonas rurales y casos urbanos. Un atentado contra los derechos de la comunidad Ariel Ávila en su momento había señalado que era completamente errónea la dirección que tiene la iniciativa de la Fiscalía. Entre otras cosas, porque en las regiones que se pretende hacer corte de luz, zonas productoras de cocaína o marihuana, son zonas en las que escasea la energía y la poca que hay; alimenta centros de salud y escuelas. En este sentido —para el analista—con estas disposiciones, ya se avizoraba un verdadero atropello para campesinos que de por sí no tiene tierra, no tienen crédito, no tiene acceso a educación, no tienen acceso a salud. De hecho, este martes 18 de junio el alcalde del municipio de Corinto, Edward García, ya alertó que la disposición que se pretende ejecutar el 25 de junio pone en riesgo a la comunidad debido a que ““realizar la suspensión por zonas como lo pretende la empresa es complejo, porque Corinto tiene cuatro conexiones y estas hacen parte de todo el sector rural, es decir que más de 7.000 familias podrían quedarse sin energía”. Para García, además, estas decisiones que se toman desde una perspectiva centralista desconocen que en la región también hay cultivos de café y aguacate y, que, el hecho de que existan cultivos de uso ilícito tiene que ver con unas dinámicas mucho más complejas, de presencia de actores que cohíben alternativas en la región. Asimismo, el alcalde García señalo que “Nos quedamos esperando el programa de sustitución de cultivos ilícitos, pero primero nos llegó la suspensión de energía que afectaría a más de 12 veredas del municipio”. La resistencia de las comunidades puede estar en la presentación de una Acción Popular, tal como lo advirtió el alcalde García. A pesar de que aún falta concretar comunicaciones con alcaldes y presidentes de JAC, esta podría ser una de las posibilidades de plantar frente por parte de las veredas del municipio de Corinto. Desconocimiento que atropella Además, para Ávila, hay dos puntos que desde la formulación de la propuesta que denotaban el desconocimiento regional. Por un lado, que, ante la falta de energía de los municipios, estos usan plantas de energía eléctrica las cuales funcionan con combustible. Para ese caso, tendría que haber una decisión desde la Fiscalía de ilegalizar tanto venta como comercialización de plantas de energía eléctrica, lo que no solo resultaría polémico; sino un despropósito a todas luces. Por el otro lado, Ávila señala que la avanzada de la Fiscalía se estaría enfocando de forma negativa y riesgosa; contra los eslabones más pequeños y vulnerables de la cadena de producción de marihuana y cocaína. Para el analista el problema que pretende el Estado mitigar suscita en las redes de lavado de activos, el problema esta en cómo se saca la droga en los puertos legales de Colombia. La hoja de ruta de Martínez Neira Así las cosas, el exfiscal Martínez Neira, desde hace ocho meses le dejó la hoja de ruta al gobierno nacional para centrarse en la disputa de los servicios públicos para que, de esta manera, se busque cercar la cadena de producción de cocaína y mariguana que constituyen economías ilegales. Sin embargo, con el paso del tiempo lo que se advierte es una disposición que afectará a las comunidades y no se ha acercado al resto de la red de producción que saca mayor rédito económico que dichas sustancias. Ante la incertidumbre que ha dejado la decisión que pronto se implementará, también hay visos de disposiciones que van más allá de la energía y que se expandirá a ejercer control y restricción de cemento y de gasolina en zonas productoras de cocaína y marihuana. Ahora bien, este panorama ha acrecentado la polémica que desató el anuncio del gobierno nacional del regreso de la aspersión con glifosato para el segundo semestre del año en Colombia. «La aspersión es una herramienta necesaria»: Duque El anuncio lo dio el presidente Iván Duque y el ministerio de Defensa, Guillermo Botero. En el señalaron que esa será la disposición por parte del gobierno. Sin embargo, ante la ausencia de la implementación de planes para sustitución de cultivos; el gobierno ya se encuentra estudiando el protocolo que le permita dar inicio la aspersión del glifosato. De hecho, el ministro Botero aseguró que se cobijarán en sentencia T-236 de 2017, de la Corte Constitucional. Paralelamente, mientras el gobierno toma determinaciones y hace anuncios sobre las políticas que toma, en las regiones crece la incertidumbre sobre las repercusiones que estas representan.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Junio ha sido un mes de violencia contra los excombatientes de las otroras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que actualmente se encuentran en proceso de reincorporación a la vida civil. De acuerdo con el sistema de información-SIPARES de la Fundación Paz y Reconciliación, se han registrado cinco (5) asesinatos de los exguerrilleros en este lapso. La semana pasada se presentaron tres homicidios en los departamentos de Córdoba, Nariño y Cauca. El primero se registró en el municipio de Tierralta contra Jorge Enrique Sepúlveda, excombatiente del Frente 58 de las Farc y quien estaba a punto de iniciar un proyecto productivo en el marco del Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016 con el anterior gobierno. El otro hecho violento ocurrió el pasado 12 de junio en el municipio de Tumaco cuando el exguerrillero Alexander Saya Palacios fue muerto por desconocidos, y al siguiente día, Rafael Polindara quien también cumplía con su proceso de reincorporación, pero en El Tambo, Cauca murió después de recibir impactos de arma de fuego. “Cómo puede salir el presidente @IvanDuque a decir que la implementación va bien y a los dos minutos afirma que volverá la aspersión con glifosato, y sabe que a líderes, lideresas y excombatientes los siguen asesinando en los territorios. Descarado discurso, incoherente accionar”, expresó desde su cuenta de Twitter la senadora del nuevo Partido Farc, Victoria Sandino. Hechos recientes Este lunes se conocieron otros dos asesinatos en los departamentos de Nariño y Cauca, ambas zonas que registran el número más alto de exguerrilleros victimizados. Sin embargo, en pocos casos las autoridades han podido establecer la autoría de estos crímenes. De todas maneras, se maneja la hipótesis de que grupos tales como el Clan del Golfo, principal banda narcotraficante del país; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla en Colombia; Grupos Armados Post-Farc, que no se acogieron al pacto de paz; o la Fuerza Pública, estén detrás de estos hechos. Pasadas las cinco de la tarde, en el municipio de El Charco, Nariño varios habitantes del sector escucharon un disparo. El excombatiente Daniel Esterilla Grueso, de unos 61 años, fue hallado con un impacto de bala en la cabeza al término de una reunión en la que estaba discutiendo sobre temas del pacto de paz. El reincorporado, estaba dedicado a la agricultura y hacía parte del programa de reinserción. Según el SIPARES, desde noviembre de 2016 hasta la fecha han sido asesinados 101 excombatientes de las Farc, y tal como va se registra el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales en Colombia, esta problemática con los antiguos rebeldes también va en aumento. Por su parte, Anderson Pérez Osorio, conocido como David Marín cuando combatía en el sexto frente de las Farc, fue encontrado muerto en el municipio de Caloto, Cauca. En la actualidad, se desempeñaba como defensor de Derechos Humanos, comunicador social, dirigente político y -como en los otros casos- se encontraba en proceso de reincorporación. Así pensaba Anderson Pérez, asesinado el día de ayer: “Para mi es una experiencia muy bonita, grabar en medio de los soldados y saber ellos que yo soy guerrillero y tratarnos como lo que somos, como hermanos de patria.” 28/mar/2017, en marcha a la zona para la dejación de armas. pic.twitter.com/H4sXlcV0i8 — Carlos A. Lozada (@Carlozada_FARC) June 18, 2019 Pertenecía a la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto – ASTRAZONACAL, a la Juventud Rebelde Cauca, y a la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca. “Presidente @IvanDuque: en los últimos 4 días han asesinado a 3 ex guerrilleros: Rafael Polindara, Daniel Esterilla y Anderson Pérez. ¿Cuántos muertos necesitan para que su gobierno brinde efectivas garantías de seguridad?, ¿también va «monitorear» desde Europa este desangre?”, señaló el líder exguerrillero y actual senador del Partido Farc, Carlos Antonio Lozada, desde la misma red social, mientras el presidente Duque está en un gira de trabajo en tres países europeos.

Por: Redacción Pares El movimiento Defendamos la Paz invita a la ciudadanía a conseguir un millón de firmas para lograr que las víctimas tengan 16 curules que las representen en el Congreso de la República; como un homenaje a cientos de líderes y lideresas sociales que han sido asesinados en los territorios. Además, este lunes, en la instalación de #DefendamosLaPaz, Álvaro Leyva, miembro del Partido Conservador, pidió que 10 millones de ciudadanos salgan a defender la Paz y propuso un Paro Nacional el día 7 de agosto; una fecha para decirle al presidente Duque que las Cortes no se tocan, la paz se respeta y Colombia está hastiada de Uribe. Un millón de firmas para las víctimas Hasta hoy , dice la solicitud que está circulando por redes sociales, se ha impedido el cumplimiento de este acuerdo fundamental para promover la representación política de las poblaciones víctimas que han sufrido los peores efectos del conflicto armado y del abandono estatal. En noviembre de 2017 se llegó a desconocer la aprobación de la norma, que establecía estas 16 curules especiales, aún habiendo obtenido la votación mayoritaria en el Senado de la República. «Por eso nuestro llamado necesita de tu apoyo.Es hora de cumplirle a la víctimas del conflicto.» El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera establece que: “En el marco del fin del conflicto y con el objetivo de garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones y de sus derechos […] y también como una medida de reparación y de construcción de la paz, el Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de 16 Representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal y por 2 períodos electorales”. Este movimiento se presentó el 20 de febrero de 2019 en un evento en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, de Bogotá, con la consigna de defender la implementación de los acuerdos y a la JEP. El colectivo está conformado por artistas, empresarios, integrantes de organizaciones de víctimas, académicos, congresistas y excongresistas de distintos partidos políticos, exnegociadores y facilitadores de paz, excandidatos presidenciales, militares de la reserva activa, dirigentes indígenas, dirigentes afrodescendientes y exministros de distintos gobiernos, entre otros.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Varias organizaciones de la sociedad civil y activistas colombianos e ingleses que residen en la capital londinense aprovecharon el encuentro del presidente Iván Duque con la Primera Ministra, Theresa May, para realizar un plantón en el centro de la ciudad como rechazo al asesinato sistemático de líderes y lideresas en Colombia. Antes de la llegada de Duque a Downing Street, donde están ubicadas las residencias oficiales del gobierno inglés, los manifestantes de ambas nacionalidades esperaron con varias pancartas con mensajes tales como “La paz ahora, no más crímenes de Estado”, “Dejen de matar a nuestros líderes sociales en Colombia”, y otros a favor de la firma del Acuerdo de Paz. Una de las más llamativas, fue una gran tela blanca en la que pintaron con color rojo los nombres de los líderes y lideresas sociales asesinadas en los últimos años. De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, desde noviembre de 2016 cuando se pactó la paz con la exguerrilla de las Farc hasta la fecha, 276 defensoras y defensores de derechos humanos han sido muertos de manera violenta. Otro de los puntos que alegaron las organizaciones es la actuación que ha tenido el gobierno colombiano en el exterminio contra los defensores. En ese sentido, los activistas pidieron protección y justicia para los cientos de personas que diariamente trabajan en defensa por la vida y los derechos humanos en los territorios más afectados por la presencia de actores armados ilegales y otros tipos de criminalidad. Duque en la 10 Downing Street A la llegada de Duque a la residencia oficial del Primer Ministro en Inglaterra, en el marco de su primer día de visita de trabajo a tres países europeos (Reino Unido, Francia y Suiza), los manifestantes se ubicaron al frente del automóvil del cual descendió. Y segundos antes de que se decidiera a bajar empezaron a gritarle “asesino” durante casi dos minutos. El presidente colombiano cruzó al lado de los activistas e ingresó a las instalaciones sin mediar palabras. Sin embargo, continuaron las arengas en su contra, seguido del movimiento de las pancartas, en otra de ellas se leía: “Para la cura necesitamos paz”. El Sr. @IvanDuque afirma en Londres, que existe un “gran acompañamiento” a las bases de excombatientes, pero en Colombia ya han asesinado 130 de los nuestros. Duque cree que en Inglaterra no saben la realidad de nuestro país. #SomosDefendamosLaPaz pic.twitter.com/kKzPl5yrxK — SERGIO MARÍN (@Sergio_FARC) June 17, 2019 Al término de la reunión, Duque habló con la prensa sobre los temas abordados con May, y en ese sentido, se reconfirmaron los pactos bilaterales y multilaterales en los cuales Colombia y Reino Unido están inmersos. Sin embargo, esta fue otra de las críticas de los activistas; según ellos, la visita se resumió en una conversación comercial y en segundo plano quedaron los temas relacionados a la paz. Por consiguiente, tres puntos que abordó el presidente colombiano relacionados con el Acuerdo de Paz fueron la reincorporación de excombatientes, el desminado y el crecimiento de los cultivos de uso ilícito. “Hablamos sobre los temas de reincorporación donde también se ha respaldado la agenda que nosotros tenemos para garantizarle a las personas que están en la reincorporación que puedan hacer ese paso de la vía de la violencia a la vía de la legalidad. Reconocimos además los esfuerzos que ellos han hecho aportando recursos y también en el programa de desminado”, aseguró Duque. Conmoción en las redes Ante lo ocurrido en el centro de Londres, las redes sociales estallaron y por lo menos en Twitter se volvieron tendencia #Londres y #DefendTheDefenders. Por lo tanto, varios líderes de opinión se pronunciaron frente a lo sucedido. “Sentida protesta de la comunidad colombiana en #Londres a la llegada de @IvanDuque. Es un llamado de atención de la comunidad. No más líderes sociales asesinados”, publicó la representante a la Cámara, María José Pizarro, del Partido Decentes. Por su parte, el defensor de Derechos Humanos y miembro del colectivo de abogados Cajar, Reyblado Villalba se refirió a la tela de los líderes y lideresas sociales expuesta por los manifestantes y dijo: “No es la alfombra roja con la que reciben a los presidentes y visitas honrosas. Es la lista de líderes y lideresas asesinados en Colombia con la que la comunidad de Londres recibe a @IvanDuque”. “Le reclaman compromiso serio con la paz y frenar asesinatos de líderes sociales”, apuntó. Por su parte, hubo otros usuarios de dicha plataforma que apoyaron a Duque y le lanzaron ‘pullas’ al anterior gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, debido a que, el asesinato de líderes y lideresas sociales ha tenido picos altos desde la firma del pacto en el 2016. En ese sentido, hay dos factores que podrían explicar el asesinato sistemático. Uno de ellos es la implementación del Acuerdo que le abrió las puertas a los defensores y defensoras para participar activamente en temas anteriormente olvidados como la restitución de tierras, la sustitución de cultivos de uso ilícito, entre otros. Por lo tanto, creó mayor inseguridad en los territorios por parte de estructuras armadas ilegales que no permiten que se desarrollen dichos puntos.