Por: Redacción Pares La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le negó la solicitud de amnistía a Óscar Enrique de Lima Contreras, quien fue miembro del frente 59 de las Farc-EP, por las conductas de reclutamiento ilícito y acceso carnal violento, en las que se vio afectada una niña de la etnia Wayúu en el año 2014. Para llegar a esta decisión, la Sala analizó las conductas cometidas por Lima Contreras y encontró que las circunstancias en las que presuntamente tuvieron lugar estaban relacionadas con el conflicto armado entre las Farc-EP y el Estado colombiano. También, la Sala tuvo en cuenta el procesamiento de Lima Contreras en la justicia ordinaria por los delitos de reclutamiento ilícito, acceso carnal violento y rebelión, así como los hechos relatados por el padre de la niña afectada, quien denunció el reclutamiento de sus otros dos hijos por parte del frente 59 de esta guerrilla. Sobre la solicitud del compareciente El 28 de junio de 2017, Óscar Enrique de Lima Contreras solicitó que se le aplicaran los beneficios de la Ley 1820 de 2016 (Ley de Amnistía) por delitos de los que fue acusado en la justicia ordinaria. A Enrique Contreras se le decretó la amnistía exclusivamente por el delito de rebelión e igualmente se autorizó que fuera trasladado a la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Mesetas, en el Meta, en donde debería permanecer privado de la libertad hasta la entrada en funcionamiento de la JEP. Teniendo en cuenta lo anterior, el 8 de septiembre de 2017, Lima Contreras suscribió el acta de compromiso (amnistía de iure– Ley 1820 de 2016) en Valledupar, y una vez empezó a funcionar la JEP, el compareciente manifestó su disposición de someterse a esta Jurisdicción. Al respecto, la Sala de Amnistía o Indulto le concedió la libertad condicionada y en la audiencia realizada el 26 de abril de 2019 se le comunicó los compromisos adquiridos con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Sin embargo, la JEP negó la solicitud de amnistía o indulto que hizo de Lima Contreras. Para rechazarla, la Sala tuvo en cuenta los conceptos emitidos por la Comisión Étnica y la Comisión de Género de la JEP, al tratarse de delitos de acceso carnal violento y reclutamiento ilícito cometidos en contra de una niña perteneciente a la etnia Wayúu. La Comisión Étnica de la JEP indicó que en este caso la violencia sexual corresponde a una práctica común en contra de los pueblos étnicos, lo cual podría enmarcarse en patrones de discriminación y dominación cultural. Por otro lado, la Comisión de Género de la JEP señaló que el conflicto armado aumenta el riesgo de las mujeres a sufrir violencia de género. Además, precisó que la violencia sexual también «es una forma de mostrar poder, dominio, y una manifestación clara de lo que constituye el abuso de poder, sobre todo, en contextos como el conflicto armado» Igualmente, la solicitud de amnistía de Lima Contreras fue rechazada teniendo en cuenta que en la JEP los delitos de acceso carnal violento, así como otras formas de violencia sexual, no son amnistiables ni indultables. Tampoco son indultables o amnistiables «los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además de del reclutamiento de menores, de conformidad con el Estatuto de Roma».

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El pasado viernes 14 de junio, el expresidente Álvaro Uribe sorprendió a la opinión pública tras el anuncio de apelar a un Estado de Opinión en busca de mitigar la mala hora del uribismo. Precisamente, el malestar en las toldas del Centro Democrático se acrecienta con los continuos pulsos que han perdido con las altas cortes. Justamente, esas derrotas suceden, paralelamente, con una mala percepción que tiene el país en torno a la gestión del presidente Iván Duque. De hecho, según la encuesta Polimétrica —realizada por la firma Cifras y Conceptos en abril— la imagen desfavorable el presidente es de 58% y, según la encuesta Gallup Poll del mes de mayo, la desaprobación del gobierno de Duque llegó al 60%. En este sentido, la maniobra de Uribe sobre el Estado de Opinión parece advertir que, por un lado, hay una angustia sobre el devenir del presidente Iván Duque y las decisiones políticas que representan el partido Centro Democrático. Por otro lado, que al cumplirse un año de los comicios que marcaron el regreso del uribismo y los 11 meses que completa Duque en la Casa de Nariño, Álvaro Uribe se erige como presidente máximo del Centro Democrático para buscar hacer realidad la frase que expresó en noviembre del año pasado: “Necesitamos que Duque enderece, porque si Duque no endereza nos va muy mal”. La defensa del dragón La defensa del dragón es el nombre con el que se le denomina a una de las variantes más complejas de la Defensa Siciliana, jugada de vieja data en el ajedrez. De hecho, es considerada como una de las defensas más agresivas, además de ser reconocida por la capacidad de ataque y contrataque que permite, aunque no deje de advertir un gran riesgo. Esta comparativa de una estrategia en un tablero de ajedrez, pretende ilustrar la avanzada del uribismo, con respecto a la búsqueda del Estado de Opinión, que, para el expresidente Uribe es la “expresión de superior” del Estado de Derecho. Según las cuentas de Uribe con respecto al panorama actual, el Estado de Opinión presenta como una oportunidad de apelar a participación de la opinión publica para declinar el ordenamiento jurídico en favor de los intereses del gobierno y del Centro Democrático. Es más, el expresidente ha reiterado —con ahínco— que la característica más predominante de un Estado de Derecho reposa en la alta participación y el papel de la opinión pública. La teoría de la aguja hipodérmica en tiempos de redes La semana pasada, la Registraduría del Estado Civil le otorgó el aval a un grupo de civiles en cabeza de Herbin Hoyos, quien abandera el Movimiento Libertad y Orden, para que a lo largo de seis meses recojan más de 1’800.000 firmas y de esta forma puedan convocar un referendo que tiene serias intenciones de modificar la institucionalidad. En síntesis, la intención de esta iniciativa pretende derogar la Jurisdicción Especial para la Paz e incluso revocar las cortes; generando incertidumbre por el equilibrio de poderes y la implementación del Acuerdo de Paz. A pesar de que falta recorrido para que esta iniciativa sea votada por los y las colombianas, teniendo en cuenta que la misma debe pasar por la lupa del Congreso de la Republica y de la Corte Constitucional, se están reviviendo capítulos como los del plebiscito. Justamente, la Oficina de Comunicaciones del expresidente Álvaro Uribe el pasado 15 de junio emitió un comunicado a Revista Semana en la esgrimió las siguientes declaraciones: “El plebiscito es expresión del ESTADO DE OPINIÓN, es Constitucional, sin embargo, el Gobierno Santos alteró el umbral para ganar, pero perdió y lo desconoció. Esta conducta es la violatoria del Estado de Derecho (…) La consulta, el plebiscito, el referendo, las firmas, son instrumentos constitucionales para que la ciudadanía se manifieste, hacen parte del ESTADO DE OPINIÓN que es la expresión superior del Estado de Derecho”. En este orden de ideas, la polémica se viene acrecentando bajo los lineamientos de la avanzada de Uribe de buscar respaldo en la opinión pública por medio del voto, para dar un cambio al rumbo de las decisiones que se desprendieron de las altas cortes. Así las cosas, es necesario hacer hincapié en que esta iniciativa del uribismo parece emerger del anacronismo de la teoría de la aguja hipodérmica; una refutada teoría de comunicación que centraba su atención en el concepto de masa y que priorizaba la comunicación como una herramienta propagandística para conseguir una conducción en la opinión pública. Campañas entre agujas y redes En este sentido, el hecho de revivir un capítulo como el del plebiscito no pasa inadvertido, puesto que dicha elección estuvo marcada por una campaña promovida por el NO que dejó unos rezagos de como desde los partidos políticos se moviliza a la opinión pública para ejercer el voto. De hecho, vale la pena recordar parte de las declaraciones de Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña del No del Centro Democrático: «En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios. En cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos. En la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela. Y aquí el No ganó sin pagar un peso. En ocho municipios del Cauca pasamos propaganda por radio la noche del sábado centrada en víctimas». Ahora bien, hay preguntas que se circunscriben al panorama próximo, ¿logrará el uribismo articular una estrategia de comunicación que cale en la movilización de la opinión pública para reversar a las altas cortes, frente a las dinámicas de la sociedad civil en las redes sociales? El revés de la defensa del dragón Tal como se advirtió, la puesta en marcha de la defensa del dragón representa un riesgo y visos de ello anidan en el revés que le plantó el periodista Daniel Samper Ospina a la intención del uribismo de un referendo. En el plano simbólico, el ajedrez político se disputa un capital y no en vano las nuevas formas se comunicarse tienen una importancia en ese sentido. Daniel Samper, ha explorado distintas formas de relacionar el contenido periodístico de orden político a la forma en como la sociedad civil se acerca a estos temas a través de las redes sociales. Es recordado su incursión como ‘youtuber’ o la participación de la canción denominada ‘El reguetón de la corrupción’ que pretendía apoyar la Consulta Anticorrupción de agosto de 2018. De acuerdo o en contra, resulta interesante analizar el interés que ha logrado despertar. Para su última exploración, decidió hacer una suerte de anti-referendo virtual por medio de la plataforma Change.org., bajo el #FirmoParaQueUribeSeRetire y que ha logrado que más de 360.000 colombianos, en sólo 4 días, hayan logrado firmar la petición. Asimismo, el periodista señaló que hacer que dicha colecta de firmas sea la más grande en la Change.org.; es “una forma de expresar nuestra opinión y de ejercer sanción social ante este intento por acabar el estado de derecho…” Así las cosas, estás disputas sobre la opinión que circunda en redes sociales se configuran como una instancia de interés frente a qué papel tiene la sociedad civil en el presente gobierno y en el rumbo del país. El regreso del uribismo en términos de gobernabilidad tiene un actor activo, no una masa; tiene una sociedad civil que se relaciona de múltiples formas con lo que pasa a nivel político.

Por: Redacción Pares La Ley Estatutaria de la JEP (Ley 1957 de 2019) establece las sanciones que impondrá la JEP, que van desde restricciones de la libertad hasta penas de prisión de 20 años. El artículo 125 señala que las sanciones buscan satisfacer Ios derechos de las víctimas y consolidar la paz. Las sanciones que impondrá el Tribunal para la Paz de la JEP serán restaurativas y reparadoras del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad que se haga ante la Jurisdicción, mediante declaraciones individuales o colectivas. Las sanciones de la JEP son de tres tipos: sanciones propias, sanciones alternativas y sanciones ordinarias. En la dosificación de las sanciones, los magistrados deberán tener en cuenta los siguientes criterios: El grado de verdad otorgado por la persona, y la prontitud con la que se haya hecho. La gravedad de la conducta sancionada. El nivel de participación y responsabilidad, las circunstancias de mayor y menor punibilidad. Los compromisos en materia de reparación a las víctimas y garantías de no repetición. En el caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante la Sala, las restricciones de los derechos y libertades serán menores que en el caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante el Tribunal o que en el caso de no reconocimiento. En el caso de los miembros de la fuerza pública, el componente de restricción efectiva de la libertad de la sanción propia incluirá la fijación de su residencia en Unidades Militares o Policiales cercanas al lugar de cumplimiento de la sanción durante el tiempo en que esta se cumpla. En el caso de los miembros de comunidades indígenas, el componente de restricción efectiva de Ia libertad podrá incluir la fijación de residencia del sancionado en los territorios ancestrales de estas, garantizando el cumplimiento del componente restaurativo y reparador de la sanción propia. Sanciones ordinarias Asimismo, las sanciones ordinarias, artículo 130 de la Ley 1957, se impondrán a quienes comparezcan ante la JEP y no reconozcan verdad y responsabilidad. Estas sanciones cumplirán las funciones previstas en las normas penales, sin perjuicio de que se obtengan redenciones en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de libertad. Las privaciones efectivas de la libertad previstas en las sanciones ordinarias que impondrá la JEP no serán inferiores a quince 15 años ni superiores a veinte años, en el caso de conductas muy graves. El periodo máximo de cumplimiento de sanciones ordinarias, por la totalidad de las sanciones impuestas, incluidos los concursos de delitos, será de 20 años. Penas alternativas De otra parte, el artículo 128 de la Ley 1957 señala que las sanciones alternativas se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad, antes de que se profiera sentencia y tendrán una función esencialmente retributiva, consistente en pena privativa de la libertad, de cinco a ocho años. El artículo 129 indica que las sanciones propias y alternativas tendrán una duración mínima de dos años y una máxima de cinco años, incluidas las aplicables por concurso de delitos, para quienes no hayan tenido una participación determinante en las conductas más graves y representativas, aun interviniendo en ellas. ¿Dónde se cumplirán las sanciones? Respecto a la ejecución de las sanciones de los agentes del Estado, se aplicará el fuero carcelario que les corresponda, sujeto al monitoreo propio de este sistema. Las sanciones alternativas y ordinarias para los miembros de la fuerza pública se cumplirán en los establecimientos de reclusión propios y estarán sujetas al mecanismo de vigilancia y monitoreo previsto para estos centros, así como al sistema de verificación previsto en el artículo 135 de la Ley 1957. Para los integrantes de las FARC-EP acreditados por el Gobierno nacional, el período de permanencia en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) o en una ubicación territorial perfectamente definida y verificable será considerado en su caso como tiempo de cumplimiento de la sanción propia, siempre que durante dicha permanencia se hubieran realizado trabajos, obras o actividades con contenido reparador. El artículo 133 determina el tiempo de privación de la libertad en Unidad Militar o Policial de los miembros de la fuerza pública, conforme a lo establecido en los artículos 56 y 57 de la Ley 1820 de 2016. Son considerados como tiempo de cumplimiento de la sanción los trabajos, obras o actividades con contenido reparador y restaurador.

Por: León Valencia, director – Pares Si un hombre elige ser un mal padre está jodido, algo anda muy mal en su corazón, algo anda muy mal en su humanidad. Es el reproche mayor que tengo para cualquier hombre. Una vida larga de trato con seres humanos en las situaciones más difíciles o en las más fructíferas, en medio de tristezas profundas o de alegrías inmensas, me han preparado un poco para la comprensión de las miserias humanas y también para ver el brillo de la bondad o de la dignidad en los hombres. Siempre me arrepiento un poco, o mucho, cuando descubro en mis palabras algún severo juicio moral sobre un hombre, siempre estoy dándole vueltas a mis reproches, porque la vida está llena de trechos azarosos, de incertidumbres, de perplejidades y nunca es fácil acertar; pero cedo muy poco, retrocedo muy poco, cuando por algún azar estoy ante alguien que ha persistido en el desamor a sus hijos, en la lejanía, en el maltrato, o en la indiferencia. No puedo entender ese abismo. No sé cómo puede alguien perder la felicidad de ver crecer a sus hijos, de construir con ellos el angustioso futuro, de saber de sus dolores, de susurrarles al oído un «te quiero» en las noches de lluvia, cuando afuera hacen fiesta los truenos y los relámpagos. Cómo puede alguien dejar de preguntarles por los primeros amores y sufrir mucho o gozar un poco con los avatares de su corazón. Alguna vez elegí irme a una causa que juzgaba noble y que comprometía mi vida toda, y en ese momento supe que no había un dolor mayor que la separación de mis dos hijos. Mitigué esa angustia enviándoles cada semana, desde el monte lejano, una cinta con mi voz y esperando ansioso su respuesta. Nos contábamos las historias que vivíamos en los días de lejanía, nos jurábamos ese amor que se purificaba en el dolor y en la distancia. Siempre en el día del padre recuerdo esas épocas y hago memoria de las palabras de amor que frecuentaban esas cintas y miro a los ojos a mis hijos y les agradezco su generosidad con este viejo que alguna vez se perdió sus mejores alegrías o no estuvo en sus días de angustia. Antes de escribir esta columna recibí un mensaje de una amiga. Me decía que era un padre comprometido, amoroso y libertario. Ella no es muy dada a los elogios y por eso valen aún más esas palabras. Quisiera de verdad merecerlas, merecerlas siempre. Son un galardón, el más grande, el más importante de mi vida. Mis hijos también me dicen cosas hermosas y en ese momento la felicidad aletea en mis oídos como aleteaban los pájaros de colores en mi infancia lejana. A lo largo de una semana en mi adolescencia leí con estupor la carta de Kafka a su padre, la leí a tramos respirando el miedo del gran escritor. En esos días me iba a la cama de mi viejo para que me abrazara y me repitiera varias veces que me quería. A veces, cuando veo a un padre abrazar a su hijo, siento que el desamor doloroso de algunos padres lo compensan con creces las legiones de padres amorosos y diligentes que deambulan por el mundo. Escribo esta columna mientras miro a mi hija Manuela, de dos años largos, con quien he descubierto en los últimos meses que el idioma más hermoso del mundo, el más creativo, aquel donde suenan mejor las palabras es “la media lengua” que ella despliega por toda la casa desde cuando despierta hasta cuando cierra los ojos de puro cansancio en las primeras horas de la noche.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Desde el pasado viernes hasta la fecha, la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, registró, a través del Sistema de Información-SIPARES, seis (6) asesinatos a líderes y lideresas sociales, sin contar la serie de amenazas que siguen padeciendo quienes defienden la vida a nivel nacional y territorial. Según los datos recopilados, los defensores y defensoras de derechos humanos que fueron afectados se encontraban en los departamentos de Nariño, Cauca, Santander y Sucre. Sin embargo, la alerta por el aumento de asesinatos en este tipo de liderazgo es en todo el territorio nacional. Pares ha registrado 274 muertes violentas contra líderes y lideresas desde la firma del Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc, en noviembre de 2016 hasta junio de 2019. Y también ha tipificado que se trata de líderes reclamantes de tierra o verdad, que quieren participar en política, y que apoyan procesos de sustitución de económicas ilegales o se oponen a mercados ilegales en sus territorios. Muerte de indígenas Awá De acuerdo con Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Pares, lo que está sucediendo con el pueblo indígena Awá en el sur del departamento de Nariño es una “masacre prolongada”. Entre el martes 4 y el domingo 9 de junio fueron asesinados entre ellos dos lideresas y un líder, pertenecientes a resguardos indígenas de Tumaco y el municipio de Barbacoas. Según ha denunciado la comunidad, los actores de los crímenes primero amenazan con panfletos a las víctimas y si estas no acatan lo que solicita el grupo armado, entonces le dan muerte al defensor o defensora. En este caso, lo más probable es que se trate de integrantes de las disidencias de las Farc “Oliver Sinisterra”. La primera víctima en conocerse fue Rocío García Pai, del Resguardo Hojal la Turbia del municipio de Tumaco, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado martes. Infortunadamente, apareció el cuerpo sin vida tres días después con signos claros de tortura. Por otro lado, la comunidad del Resguardo Honda Río Güiza del municipio de Barbacoas alertó sobre la desaparición de la joven defensora Leidy Jacqueline Burgos Pai y quien hacía arte de la guardia indígena, posteriormente fue encontrada muerta. El último crimen fue contra Robert Dionisio García Bisbicús, de 21 años de edad, “los hechos se registraron a las 8:00 de la mañana del viernes en su casa, hasta donde habían llegado desconocidos a bordo de una motocicleta y le dispararon en varias oportunidades segándole la vida instantáneamente”, indicaron varias organizaciones y miembros de la comunidad en el municipio de Tumaco. En lo corrido de la semana en el Cauca Freiman Baicue Y Uver Ney Villano, hacían parte de la Asociación de Trabajadores Campesinos Zona de Reserva Campesina del Municipio de Corinto (ASTRAZONAC), en el departamento del Cauca, así lo confirmó Andrés Martínez, presidente la organización. Ambos eran defensores de derechos humanos y fueron asesinados por hombres desconocidos que llegaron en moto, y sin mediar palabra dispararon contra los integrantes de la guardia campesina. Sin embargo, Martínez explicó que no habían reportado ningún tipo de amenazas. En otro episodio, en el mismo departamento, pero en el municipio de Villa Rica, las organizaciones sociales del Cauca rechazaron el ataque sicarial contra el líder afro Ceferino Sánchez Peña, quien fue víctima de un atentado en una vía que conduce al municipio de Caloto. Afortunadamente resultó ileso. Ataques en otros departamentos Otro ataque se registró contra un defensor en la comuna seis (6) en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Las autoridades informaron que unos hombres armados llegaron a la residencia del líder comunal, Hernán Rodríguez, en el barrio Trigal del Norte. La víctima habló con Caracol Radio sobre lo sucedido y expresó que “inicialmente llegaron tres hombres armados en una camioneta y en minutos habían más de diez personas con palos, cuchillos y machetillas con el ánimo de agredirme”. Por otro lado, Julián Quiñones Oñate, presidente de Acción Comunal de Guayabal en el municipio de Coveñas fue asesinado cuando se movilizaba en su moto. Según registró la prensa, “dos hombres que también se movilizaban en motocicleta le dispararon en cinco ocasiones”. El panorama es crítico y hay alerta desde organismos nacionales e internacionales para hacerle frente a este fenómeno debido al dramático aumento de los ataques y la violencia contra quienes la artista Doris Salcedo calificó como «Los mejores ciudadanos que tenemos».

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «Yo creo que en Colombia, en este contexto del Acuerdo de Paz, puede ser perfectamente viable la constitución de cooperativas de vivienda para los excombatientes de las Farc. Y no será igual al modelo uruguayo, porque no se puede trasladar mecánicamente un modelo, sino que nosotros brindaremos elementos de organización y una parte de la logística, luego los excombatientes colombianos lo harán a la colombiana; porque la vivienda también debe respetar la cultura y la idiosincrasia de los pueblos.» Pares habló con el líder social uruguayo Gustavo González Soto, coordinador del programa de Vivienda y Hábitat de We Effect en América Latina. Ha sido tres veces Secretario General y dos veces Presidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) y es una autoridad en las políticas de vivienda y hábitat en la región y las experiencias de cooperativas autogestionarias. Pares: La originalidad del movimiento de Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua uruguayo (FUCVAM), es una expresión del movimiento popular de su país ¿cómo surge este modelo de autoconstrucción de vivienda? Gustavo González Soto: Yo soy uruguayo y en mi país hace más de 50 años nació un modelo que se llama Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua Autogestionada. La idea comienza cuando empieza a precipitarse la crisis habitacional, que surge en un momento de gran polarización en la década del 60, y el parlamento nacional tenía intenciones de aprobar una Ley Nacional de Vivienda con un fondo creado por el conjunto de la sociedad para resolver el problema de la vivienda. El problema que se tenía que resolver era qué papel iban a desempeñar los trabajadores en esa propuesta, porque el peligro era que ese fondo sirviera sólo para las empresas constructoras privadas. Que los trabajadores comiencen a estar en este modelo de vivienda se logra gracias a una intensa movilización de masas, a una conciencia política importante. Hacia fines de los años 50 la existencia en Uruguay de un sindicalismo clasista, solidario y combativo que se enfrentó a los planes de remodelación reaccionaria impulsados desde el poder económico y político de las clases conservadoras, constituyó el punto de arranque de un proceso de crecimiento y maduración política de gran aliento: en esos años van a formarse los objetivos programáticos del conjunto del Movimiento Popular que empieza a agruparse en torno a los sindicatos. El nacimiento del movimiento popular será decisivo para la conformación, más tarde, del Frente Amplio que es el agrupamiento político que actualmente contiene a toda la izquierda uruguaya y en octubre del 2004 consiguió la conquista del gobierno nacional. En este contexto, la originalidad del movimiento de Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua uruguayo (FUCVAM). El origen de FUCVAM está asociado a este proceso de acumulación de propuestas e ideas en el que, junto con la clase obrera, participaron también otros sectores sociales como las clases medias, la intelectualidad, los estudiantes, los jubilados y pensionistas. El cooperativismo de vivienda aparece estrechamente ligado a los ejes de las grandes luchas del pueblo uruguayo en los últimos decenios. Pares: Usted dice que el trabajo en conjunto para llevar adelante la obra constructiva de un barrio o de un asentamiento es una forma de que la comunidad tenga en sus propias manos su destino. ¿Cómo está constituido este modelo? G.G.S: Esta propuesta tiene tres pilares. Un primer pilar es que la gente sin capacidad de ahorro, trabajadoras y trabajadores, tienen un capital que es su fuerza de trabajo, es decir pueden trabajar en conjunto y el capital que la gente aporta es su, trabajo, nuestro trabajo en la obra de construcción. Y a eso le llamamos ayuda mutua. El otro fundamento es el componente de capacitación. La cooperativa no deja de ser una empresa solidaria colectiva, pero es una empresa que tiene que funcionar, es decir, un grupo de 150 familias tienes que construir 150 viviendas y eso no es poca cosa; hay que organizar a esos cientos de familias de las cuales algunas pueden tener mano de obra especializada y otras no. «Las cooperativas de vivienda tienen como objetivo principal proveer de alojamiento adecuado y estable a sus asociados mediante la construcción de viviendas por esfuerzo propio, ayuda mutua y administración directa.» Foto: Pares Entonces ahí comienza el otro elemento fundamental de la autogestión, y es que la gente tenga el control político del proyecto. De un lado tenemos el trabajo, por otro lado la autogestión y la capacitación de la gente, pero el gran problema de la vivienda siempre es la plata para construir, no se puede tener sólo palabras, hay que tener dinero, y allí, en el caso uruguayo, el fondo Nacional de Vivienda otorgaba el préstamo a la cooperativa de vivienda. Esa financiación cubría tres elementos claves: lo primero, la tierra; sin tierra no se puede construir; lo segundo, los materiales de construcción y lo tercero, y muy importante, es que se deben cubrir los salarios del equipo de asistencia técnica. La gente puede querer construir y puede tener la necesidad, pero hay que tener equipos técnicos donde hay que tener unos especialistas. Pares: ¿Cómo están conformados esos equipos técnicos que constituyen una fase fundamental en el proceso de autoconstrucción de viviendas? G.G.S: No solamente están conformados por un ingeniero y un arquitecto, ahí se rompe el esquema constructivo con una propuesta que para el momento fue revolucionaria, y fue la de crear grupos multidisciplinarios de técnicos. Los equipos de asistencia técnica debían tener un arquitecto para construir, un abogado para capacitar a la comunidad en toda la fase legal de la cooperativa, un contador para los temas financieros y un asistente social para articular y capacitar a la gente. Ese equipo de asistencia técnica lo elige cada cooperativa que impulsa el modelo con esos elementos. Los sectores pudientes de mi país, en su momento, creyeron que no íbamos a poder. Esa Ley de Vivienda se aprueba en 1968, pero el debate comienza en 1966. Son dos años de debate parlamentario en un momento del país con una fuerte polarización de la lucha de clases; había movilizaciones obreras, estudiantiles, guerrilla de por medio, en fin, lo que era la década de los años 60 en América Latina. Quién abraza esta idea es la clase trabajadora; desde ellos comienzan a gestarse las cooperativas por ayuda mutua que se basan en el aporte de trabajo de sus asociados en la construcción de las viviendas: 80 horas mensuales de mano de obra solidaria en tareas afines a las de peón, contratando capataces y personal especializado. Pares: ¿Y cómo funciona la propiedad sobre las viviendas, de quién es la vivienda? G.G.S: Ese es otro elemento fundamental y revolucionario que tiene esa propuesta, la propiedad será colectiva. Imagínese en un país capitalista hablar de que la propiedad va a ser colectiva es revolucionario. Y cómo funciona: yo como cooperativista tengo un contrato de uso y goce de por vida con ley de herencia para mis hijos sobre esa vivienda, pero la propiedad es del conjunto de la cooperativa. Esto es muy importante porque la vivienda no entra en el mercado inmobiliario, pero si yo, por ejemplo, me tengo que ir porque conseguí trabajo en otro lugar, entonces solo me llevo lo que nosotros llamamos el capital social comunitario, que son las horas de ayuda mutua que hice, más el crédito que pagué a la cooperativa. «El sistema cooperativo de usuarios se ha extendido en el país, transformando significativamente el concepto de propiedad de un gran número de asalariados uruguayos. Se defiende la propiedad comunitaria, por oposición a la propiedad privada.» Foto: Pares Este es un crédito blando, ya que se luchó por tener un interés del 2% anual, por lo tanto es una vivienda fuertemente subsidiada y esto es clave para Colombia y para cualquier país del mundo. El problema de la vivienda debe involucrar al Estado y sus finanzas para resolver el problema de los que no tienen, de lo contrario no se resuelve; y lo que ha sucedido en América latina es que la gente construye donde puede y cómo puede y se gestan asentamientos irregulares con todos los problemas que eso trae al conjunto de la sociedad. En nuestro país, durante muchos años, fue una lucha para hacer posible la conquista de la ley y de la financiación estatal para las cooperativas de vivienda. Sin una fuerte organización de los pobladores que luchen para la conquista de los elementos políticos indispensables para la vivienda, no hubieran existido las organizaciones de vivienda popular. En América Latina, en Colombia, lo primero que te dicen es que la Constitución dice que una vivienda digna es un derecho, pero también te dicen que no hay plata para eso. Entonces tiene que haber un marco legal, tiene que haber una ley que contemple a los sectores populares que son dónde está el déficit habitacional. Y este debate de si la vivienda es una mercancía o es un derecho se resuelve fácil: por supuesto que es un derecho fundamental que hay que conquistarlo con los instrumentos políticos, con un marco legal y una financiación que, obligatoriamente, afectará con impuestos a los que tienen el capital. Pares: ¿Cuáles son los principales obstáculos que debe enfrentar este modelo de autogestión? G.G.S: Yo anduve por varios países: Paraguay, Bolivia, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y también en algunos países de África y Asia; en todos estos países los opositores a este programa son los mismos, siempre el capital arma fondos de vivienda del Estado pero para ellos. Esta es la gran pelea. Uno ve, por ejemplo el derecho a la salud que no es discutido, el derecho de la educación tampoco es discutido, pero nunca se contempla el derecho a la vivienda. En la agenda pública en Colombia debe estar el derecho a la vivienda como derecho, como lo desarrollamos en todos los países. Igual, lo primero fue organizar equipos técnicos que comprendieron esta idea, lo segundo fue capacitar a grupos de gente con necesidad de vivienda en el modelo cooperativo: cómo se organiza, cómo se desarrolla, cómo se construye etc. Luego de tener varios grupos, formamos federaciones para dar la pelea frente al Estado por estos instrumentos políticos y en cada país tratamos de impulsar alguna experiencia piloto, porque yo te puedo contar esto si es muy lindo pero dónde está, cómo lo toco. Los planes piloto son muy importantes porque es demostrar que la gente sí puede si se le capacita. Se gana en calidad de vida. En un país como El Salvador, donde la violencia ciudadana es terrible, cuando terminamos la primer Cooperativa de Vivienda se fue hacer una evaluación pensando en si la vivienda quedó bien, si es linda, sin embargo la gente lo que decía es que ahora podían vivir en paz. El derechos a la vivienda digna para todos los ciudadanos es clave en la construcción de comunidad, la vivienda es un disparador, es fundamental y clave para crear una sociedad distinta, es un disparador que nos une. A la gente, luego de que aprenden a construir juntos, puedes llevar adelante cualquier otro emprendimiento. Es creer que la gente puede y no negarle la posibilidad del desarrollo, este es un debate mundial. Pares: ¿Cómo llega esta propuesta a Colombia? G.G.S: Colombia importa mucho en este proyecto por lo que han sido, son y serán los acuerdos de paz. En esa medida, a través de We Effect puedo llegar hasta aquí para colaborar en la reinserción de los excombatientes, tratando de resolver el problema de la vivienda. En los acuerdos, aparentemente, el tema de la vivienda tampoco se trató y este es un asunto fundamental para consolidar un acuerdo de paz. Es lo único que va a fincar a la gente en el territorio: si tú no tienes la vivienda en el territorio vas hacer un nómada y vas a andar de un lado para el otro. Ustedes tienen una identidad rural muy importante en la gente que va a necesitar tierra, para producir, para vivir y por eso el componente de la vivienda tiene que estar con un elemento central; yo estoy convencido que la vivienda es un tema estratégico para la reinserción y hay que aprovechar la capacidad organizativa de la gente, la historia que ha tenido. En Colombia va a ser fácil va hacer la capacitación de la gente. La gente absorbe esto, quiere esto por naturaleza y nadie quiere tanto algo como el que construye con sus propias manos lo que sea. El problema van a ser los instrumentos políticos para construir la financiación, el marco legal. Ahí es donde yo creo que hay que fortalecer mucho a la organización para que pueda impulsar una política de incidencia amplia y abierta para lograr un marco legal y lograr la financiación. «En América Latina llevamos 30 años promoviendo el desarrollo cooperativo y fortalecer la capacidad de las organizaciones que trabajan con campesinos y campesinas y cooperativas de vivienda.» Foto: Pares Si eso no se logra será muy difícil poder desarrollar el modelo; es decir, ellos tienen algunas ideas en algunos lugares donde he estado, ya hay una parte de financiación, pero todavía falta conquistar el resto, y ese resto dependerá muchísimo de que haya una política de difusión, de propaganda sobre el modelo. ¿Qué tiempo lleva eso? dependerá de la voluntad política y acá en Colombia cumple un rol muy importante el poder local. Si hay una alcaldía que apoya con otorgar algún terreno por ejemplo, en brindar los servicios de agua y energía mucho mejor, si no hay eso es muy difícil. Lo primero debe ser la tierra y los servicios. Hay grupos que han conseguido algunos terrenos, según me han informado, entonces tendremos que trabajar sobre eso. Yo insisto que es necesario e indispensable hacer algunas experiencias piloto para que esto no quede en palabras sino que la gente pueda ir y ver realmente cómo se construye, cómo se puede. Es que no se educan a los sectores más humildes para el «se puede», y eso hay que romperlo: sí se puede. Pares: El plan piloto que están llevando a cabo en Colombia es en el Espacio Territoriales de Capacitación y Reincorporación ETCR de Tierra Grata en el departamento del Cesar ¿Ya estuvieron allí, cómo evalúan esta experiencia? G.G.S: A mí me pareció un asentamiento muy organizado, con gente muy inquieta y muy interesada en resolver el problema. También en Pondones, en La Guajira, estuve conversando con ellos. La gente tiene una suerte de interrogantes, como los tiene todo el mundo, de hacia dónde vamos con esto. Ahora recién estamos comenzando la tarea y veremos cómo vamos a poder hacer talleres explicativos donde la gente pueda sacarse todas las dudas al respecto. En Uruguay hay 560 cooperativas de vivienda y con esto quiero decir que no es una experiencia, es una realidad. por otra parte, el modelo se adapta a cualquier territorio, no hay problema, y la gente es muy creativa y cuando ve que el objetivo está claro le mete muchas ganas y eso es parte de la victoria La gente tiene que ser consciente de la empresa que va a comenzar, pero definitivamente si se ha podido en tantos países, también se va poder en Colombia, soy completamente optimista al respecto.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El senador Gustavo Petro abrió un debate en la opinión pública, una semana atrás, sobre las prácticas utilizadas por la Fuerza Pública colombiana para entrenar a los soldados. Esta semana, en un debate de control político, advirtió que en dicha institución aumentó el suicidio en militares frente al índice de muertos en combate, y lo relacionó con el maltrato al cual son sometidos. Hace unos días, el senador Gustavo Petro presentó varios videos en la Comisión Primera del Senado de la República, en los cuales se observa el fuerte entrenamiento por el cual deben pasar los soldados, y que, según la institución hace parte de la estrategia militar en el marco de una guerra. En su momento el congresista expresó en su cuenta de Twitter que el hecho de “construir un campamento ficticio de la guerrilla como centro de entrenamiento militar, donde los oficiales torturados están engañados y los soldados torturados son afectados profundamente en su equilibrio sicológico, solo construye seres destruidos aptos para ejercer tortura”. Por su parte, Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos y quien prestó servicio militar durante un año (2012-2013), defendió las prácticas implementadas por las fuerzas militares y rechazó el pronunciamiento del senador. En el video expuesto por Petro quedaron en evidencia los latigazos a los que eran sometidos, sin embargo, Santos habló en la emisora Blu Radio y argumentó que “los entrenamientos en el Ejército hacen parte de la preparación del soldado para las barbaries de la guerra”. Y agregó: “a mí obviamente me golpearon, no tan fuerte como se ve en los videos, pero lo que se busca es simular la experiencia, por lo que puede llegar a pasar un soldado o un policía”. Más de mil suicidios Según datos oficiales, entre el 2004 y el 2019 murieron en combate o en situaciones violentas en el marco del conflicto armado 3.388 miembros del de la Fuerza Pública, por consiguiente, el congresista comparó las cifras de ambos hechos violentos. “¿Sabe cuántos, en un periodo similar 2000 al 2016, se han suicidado siendo miembros del Ejército de Colombia y la Fuerza Pública? 1.155. ¡Ojo con eso! es una estadística que amerita un examen. ¿Qué significa eso? Que por cada dos (2) caídos en combate que tuvo el Ejército, uno (1) en el ejército se suicidó”, indicó Petro en el debate de control a las Fuerza Militares y en el cual se dirigió al ministro de Defensa, Guillermo Botero. El senador señaló que “ha sido más eficaz que las Farc en matar soldados en Colombia” cuando aún se encontraban en armas. Por consiguiente, señaló a algunos congresistas del nuevo partido Farc, surgido tras la firma de Acuerdo de Paz, que se encontraban en el recinto y les dijo: “ustedes pudieron haberse desarmado hace mucho tiempo y hubieran muerto miles de soldados producto del suicidio”. Ahora bien, comparada la tasa de suicidios de las Fuerzas Militares con respecto al resto de la sociedad, significa que la primera es tres (3) veces más alta que la segunda, según el senador. Y en ese sentido, se acerca a las sociedad con mayor tendencia al suicidio en el mundo como los países bálticos. “¿Qué significa ese dato? Ese dato significa que las condiciones de sanidad mental al interior del Ejército tienen que mucho que desear. Hay que hacer muchísimo, algo está llevando al soldado al suicidio más que el promedio nacional e incluso que el promedio internacional”, aseveró con preocupación el congresista. Según él, estos episodios tienen que ver con la sanidad mental ejercida. Asimismo, tienen que ver con las condiciones de entrenamiento y de estadía de la institución, los cuales contradicen lo promulgado por la Constitución de Colombia, y en ese sentido, no se está cumpliendo el articulado a cabalidad. Se trata del artículo 12 de la Carta Magna el cual señala que nadie deberá ser sometido a la desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por lo tanto, “los entrenamientos militares que mostré rompen con la Constitución. Todo soldado u oficial que haya recibido tratos crueles, humillantes en su institución es víctima de Estado”, agregó Petro. Por su parte, el Ministerio de Defensa aseguró a medios, a través de un informe realizado al interior de dicha cartera, que las causas de dichos suicidios se deben más a problemas familiares o de pareja.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares “Protejamos, defendamos y cuidemos sus derechos, no sólo con palabras, sino que se haga con los hechos. Queremos una niñez que corra llena de paz… alzamos nuestras voces y decimos: ¡Ni una más!” *** Estos son algunos de los versos de una canción que escribieron jóvenes de la comuna 6 de Buenaventura, tras la violación y asesinato de Diana Tatiana Rodríguez de 10 años. La canción ‘Las niñas no se tocan’, fue una iniciativa que nació de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Paz (AJEP), compuesta por jóvenes que decidieron usar la música y el video para rechazar la violencia. Luis Caicedo Angulo, quien hace parte de AJEP, cuenta que en compañía de Danny Mauricio Vanegas —quien lidera la Asociación— se pensaron la necesidad escribir una canción tras la conmoción que causó en la comunidad de Buenaventura el caso de Diana. Para Luis, la música es el vehículo idóneo para poder expresar emociones y, una canción; se presentaba como una oportunidad inmejorable hacer memoria desde la comunidad. Atrincherar la niñez de derechos, alegría y paz La ‘peluquería’, así llaman los jóvenes de AJEP al lugar donde se reúnen en el barrio la Cima de Buenaventura. La ‘peluquería’ no tiene nombre, aunque ahí peluqueen. Ese lugar —que es de un joven de la comunidad al que le dicen el “Mellizo”— se ha convertido en el lugar para la creatividad musical y artística de los jóvenes del barrio. Tal como lo cuenta Luis, más allá de ir por un corte, en la ‘peluquería’ se llevan a cabo los talleres de AJEP todas las noches. De hecho, el 2 de junio, día en que encontraron el cuerpo de Diana, la peluquería fue el lugar donde a los jóvenes de AJEP les surgió la idea de expresar su indignación por medio de una canción. El 4 de junio —día en el que más de 20 mil personas salieron a las calles de Buenaventura para levantar la voz de rechazo por el asesinato de Diana— tanto Luis como Danny, en compañía de tres jóvenes más; empezaron a componer la canción ‘Las niñas no se tocan’. El sábado 8 de junio, fue el día en que los jóvenes de AJEP, grabaron el video en el marco de una propuesta audiovisual para enviar un mensaje directo y que tuviera posibilidad de que llegara a muchas personas. Es decir, para Luis, la música y el video son espacios con los que se relacionan constantemente las personas, de tal suerte; era una oportunidad exponencialmente multiplicadora. La música es una oportunidad de reconocimiento La comunidad de Buenaventura resultó muy sorprendida por la canción debido a que, en palabras de Luis, “no esperaban algo así de los muchachos del barrio La Cima, porque estos jóvenes están bajo el estigma de un mal concepto. Ahora la canción está por toda Buenaventura, dice Luis”. Resulta que el barrio La Cima, en donde la AJEP lleva a cabo los talleres, hay muchas problemáticas que la comunidad de Buenaventura ha asociado con los jóvenes, conllevando a una idea marginal de lo que puedan hacer. A pesar de ello, la canción resultó ser una oportunidad de un reconocimiento de los jóvenes de este barrio, cuenta Luis. Dentro de AJEP, Luis dicta talleres de composición musical, en donde es bienvenida cualquier tipo de composición. En el proceso, según cuenta Luis, vamos trabajando lo que queremos expresar a través de una letra que, en últimas, es una historia compuesta por un inicio, nudo y desenlace. Para Luis, quien cuenta con emoción, la escritura de letras es un vehículo para expresar emociones y vivencias que de otra forma los jóvenes no pueden catalizar. El taller “El espacio no puede iniciar de otra forma que no sea conociéndonos y trabajando en un lazo de confianza para poder después escribir”, señala Luis. Después de ese reconociendo, Luis empieza a familiarizarlos con la forma en que se construyen versos, cómo rimar y como estructurar una historia por medio de una canción. Sin embargo, el proceso está en la carpintería de ir componiendo versos pequeños y simples para después ir construyendo canciones completas. ¿Cómo yo puedo contarle a usted una problemática, sin tener una estructura?, esta es la pregunta que les plantea Luis, quien, por medio de la conversación recuerda que la forma de hilar historias es una forma cotidiana, aunque no se caiga, constantemente en cuenta de ello. La iniciativa Danny Vanegas cuenta que AJEP nace a partir de la estigmatización de los jóvenes en los barrios de La Cima y la Isla de la Paz. Además, Danny señala que el notó una ausencia de oportunidades para los jóvenes de la comunidad, es decir, para el líder de AJEP había una incoherencia en el juzgamiento de su gente de la comunidad cuando hay unas precarias condiciones en su vida social, educativa, económica. Asimismo, Danny recalca, los barrios de La Cima y de la Isla de la Paz no son ajenas a las dinámicas de violencia. De hecho, Danny recuerda que uno de los líderes más representativos que ha tenido la región, Temístocles Machado; fue asesinado a principio de 2018. Hecho que él explica como un episodio que aun mantiene incertidumbre en la región, debido a que ejercer liderazgos en la comunidad quedó de aluna forma suspendida. De esta forma, Danny cuenta que AJEP entonces surge como una iniciativa que busca que los jóvenes se crean sus liderazgos y, construyan a reconstruir el tejido social para la comunidad. En este sentido, la iniciativa está pensada para fortalecer los liderazgos a partir de brindar oportunidades desde prácticas comunitarias que busca desarrollo de habilidades. Por estas razones, AJEP se planteó la música, el baile, la fotografía, los contenidos digitales, el modelaje; que son las prácticas que los jóvenes han manifestado que quieren explorar. El papel de la juventud por la paz De acuerdo como lo señala Danny, en AJEP se le apuesta al trabajo con los jóvenes debido a que en ellos está la responsabilidad histórica de construir paz. Por ello, cuenta Danny con ahínco, que en AJEP se reinventan los lenguajes y las prácticas para sortear las dificultades que representa el trabajo por la paz. “Lucha y abriendo los ojos el doble para estar atentos, porque los índices de mortandad juvenil en la región ponen en riesgo la estabilidad de la comunidad de manera recurrente”. Dentro de los espacios de AJEP, se focaliza un trabajo en torno a los Derechos Humanos y la garantía de derechos especialmente para los niños y niñas. La idea, según como lo señala Danny es empezar a implementar unas campañas para poder llegar a otro tipo de espacios como colegios, otros barrios; para llevar un mensaje de sensibilidad para construir soberanía de derechos. La fórmula de AJEP, tal como lo cuenta Danny, está en que constantemente se están compartiendo conocimiento y experticias que tienen los jóvenes de la comunidad para poder llevar a cabo los talleres. “La idea es que nos articulamos entre los mismos jóvenes para potenciar y fortalecer las capacidades y habilidades para poder trabajar comunalmente”, sentencia Danny. La paz a los barrios El enfoque de trabajo de AJEP se concentra en La Cima, la Isla de la Paz; pero también durante estos dos años que lleva la iniciativa han podido trabajar en barrios de Buenaventura como San Francisco de Asís, Jorge Eliécer Gaitán, Alfonso López Michelsen, a su vez en corregimientos como Bajo Calima, Villa Estela que también hace parte de Bajo Calima. Para Danny, es importante el trabajo que han desarrollado los jóvenes con esta iniciativa, porque ha permitido un reconocimiento positivo por parte de la comunidad. El trabajo barrial, como lo cuenta Danny, ha logrado que los jóvenes lideren las incidencias en los territorios y las comunidades que más conocen; volviéndose referentes para su gente. “Nuestra apuesta es clara, buscamos que se inicien procesos de paz en Buenaventura. Nuestro mensaje es cambiar un estigma de violencia por un mensaje de alegría. El territorio es la vida “Nuestro territorio es nuestra vida, es el lugar donde nosotros trabajamos la memoria, nos desarrollamos y nos pensamos una Buenaventura distinta”, dice Danny. De allí es que nacen las reflexiones en torno a lo que queremos proponerle a la comunidad a partir de la paz. Pese a la vulneración de los derechos que resalta Danny, la premisa es seguir abriéndonos espacios para conseguir alternativas a las actividades que son susceptibles de las problemáticas del territorio.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Desde principios de abril se fue consolidando una iniciativa entre colombianos que viven fuera del país, y distintos espectros políticos, ambos en defensa de la paz. Mientras las organizaciones de la sociedad civil unieron fuerzas en el exterior, algunos políticos de varias corrientes ideológicas decidieron reunirse para hablar sobre el Acuerdo de Paz. Los dos con el objetivo de hacer valer el pacto firmado en noviembre de 2016 con la exguerrilla de las Farc. Por eso, este jueves se realizó el lanzamiento del Capítulo Internacional de la red “Defendamos la Paz” en instalaciones del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, en el cual convergieron los dos grupos para discutir sobre el norte de la iniciativa. Grupos comunitarios y organizaciones de más de 30 países hicieron parte del evento y congresistas tales como Iván Cepeda, Aida Avella, Gustavo Bolívar, Victoria Sandino y Gustavo Petro, así como el exministro Juan Fernando Cristo estuvieron dialogando a lo largo de dos horas. Esta es “una iniciativa que surgió de una manera muy espontanea de quienes hemos venido trabajando dentro de mucho tiempo en la paz y en la negociación en La Habana, y luego en la implementación. Quiere decir que esta semilla crece y que este movimiento tiene un potencial muy grande hacia el futuro como plataforma ciudadana por encima de cualquier consideración política”, resaltó Cristo. Según contó, el origen de Defendamos la Paz se dio tras una reunión en febrero a la que asistieron varios líderes políticos, y posteriormente crearon un grupo en WhatsApp. Allí fueron sumando fuerzas y hasta la fecha hay diversas corrientes ideológicas que hacen parte de estos chats. Sumado a lo anterior, propusieron reunir ciudadanos y ciudadanas, pero no solo en Colombia sino en el exterior y fue por eso por lo que se conectaron con todos los colectivos de colombianos que viven fuera del país y que además apoyaran el Acuerdo de Paz. De ahí se crea el capítulo internacional de esta red. “Defendamos la paz no agrupa a políticos, es un grupo con un solo propósito defender el acuerdo y su implementación. Y buscar una salida negociada con los otros grupos para tener una verdadera paz completa”, aseguró el exministro del interior. En esta tarea también está la defensa de los líderes y lideresas sociales, que según la Fundación Paz y Reconciliación registra un poco más de 260 asesinados desde noviembre 2016. Y a la cual se han sumado estos colectivos internacionales para que el mundo escuche lo que sucede en Colombia en materia de seguridad. Por consiguiente, la senadora Aída Avella, del partido Decentes, agregó que “queremos que nuestros líderes y lideresas sociales no sean asesinadas. Que en Colombia podamos vivir tranquilos y en progreso”, tras varios años de victimizaciones en el marco de un conflicto armado que supone está terminando tras la dejación de armas de la guerrilla más grande de Colombia. Colectivos en defensa de la vida Diana Sepúlveda, una vocera de la red Defendamos la Paz Internacional, explicó que esta iniciativa está compuesta por una variedad de personas y colectivos de personas residentes en varios lugares en el mundo. “Colombianas y colombianos que han trabajado comprometidas por la defensa de la vida. Nos constituimos en una sola voz, (…) nos oponemos rotundamente a la política de Estado” actual, aseguró. En ese sentido hay cinco puntos clave en su estrategia para defender el acuerdo: 1. Construir una sola red, 2. Mantener la independencia de partidos políticos, 3. Defender la independencia para ejercer la oposición al gobierno, 4. Concertar en defensa de la paz y la reconciliación, y 5. Respaldar el movimiento social. Algunos de ellos son: Por la Vida y la Paz, Foro Internacional de Víctimas, Grupo de Australia, Grupo por la vida y los Colectivos de América latina. Durante el foro, varios ciudadanos y ciudadanos enviaron mensajes con el compromiso de trabajar por el país desde el exterior. “Los colombianos hemos demostrado que a pesar de estar fuera de Colombia podemos colaborar con la construcción de paz”, aseguró uno de los integrantes de uno de los colectivos, y que además se encuentra en el exilio. Por eso, “no perdemos la esperanza de que Colombia sea un territorio de paz (…) Colombia es, fue y será siempre nuestro hogar. Muchos soñamos con retornar sin temor. Somos conscientes del desafío y peligro de hacer oposición y vivir en democracia hoy en día”, agregó. Una paz pequeña El senador del movimiento Colombia Humana, Gustavo Petro, recordó el episodio antes de la firma del Acuerdo en octubre de 2016 cuando ganó el NO en el Plebiscito. Expresó que fue un error del gobierno anterior, pero en últimas lo que aconteció ese día fue el temor desde el lado del establecimiento de hacer las reformas sociales, lo cual explica la difícil tarea hoy por hoy de implementar el pacto. Petro señaló que, luego de varios debates con su bancada sobre el tema del Acuerdo de Paz y la implementación del mismo, llegaron a la conclusión que de alguna manera “estamos viviendo una nueva guerra, pero la cual no hay que dejar agrandar”. Según Petro, “lo que firmamos fue una paz pequeña” porque la completa llega cuando se logren acuerdos con todos los grupos armados que aún quedan en la ilegalidad, y por otro lado, cuando las reformas sociales incidan de forma real en la vida de los ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional. En ese sentido, invitó a seguir trabajando en defensa por la paz y la vida, y sobre todo en la implementación del texto que prometió un cambio en seis puntos, participación política, reforma al campo, la política de drogas y acceso a la verdad, entre otros. En definitiva, esta red busca fortalecer los lazos con la sociedad para defender el Acuerdo de Paz, que promete a Colombia una sociedad más justa con los sectores olvidados durante la guerra. Por eso, le apuestan a implementar el texto firmado en La Habana, reactivar los diálogos con el ELN y fortalecer la institucionalidad. Es curioso que los exguerrilleros que combatieron contra el Estado ahora estén conectados con la institucionalidad y algunos sectores que siempre han permanecido a la legalidad ahora estén en contra de las instituciones. “Es increíble que nosotros estemos defendiendo esa institucionalidad que estuvimos muchos años en la guerra”, concluyó la senadora Victoria Sandino del Partido Farc.

Por: Redacción Pares Al parecer, esa sería la intención del gobierno nacional tal y como se pueden interpretar los Artículos 2 y 3 de la Ley de Órden Público. Así lo revela una demanda interpuesta esta semana ante la Corte Constitucional por los senadores Iván Cepeda Castro y Gustavo Bolívar, junto con organizaciones sociales y de Derechos Humanos, que consideran que dicho Artículo de la Ley de Órden Público contempla la creación de Zonas Estratégicas de Intervención Integral -ZEII en territorios que hoy hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET, lo que según se expone en la demanda, «podría llevar a que en estas zonas se apliquen estados de excepción, por conmoción interior, so pretexto de combatir la criminalidad, trasgrediendo con ello las competencias y los requisitos que para su declaración establece la Constitución Política.» El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Ccajar, una de las organizaciones demandantes, pretende que se declare la inexequibilidad del artículo 2 y 3 de la Ley de orden público, ya que dichas normas, primero, no fueron consultadas ni presuponen la participación ciudadana pese a afectar directamente derechos de comunidades; segundo abren la puerta para que se desvíen recursos destinados a la paz hacia políticas de seguridad contempladas en esta Ley y desconocen la competencia de órganos creados por el Acuerdo Final de Paz; y tercero, restringen las facultades del Presidente para negociar futuros acuerdos de paz. Vale la pena recordar que el PDET se construye desde los territorios con la participación de las comunidades, las autoridades locales; así como con representantes de academia, iglesia, sector privado, organizaciones sociales, autoridades étnicas, jóvenes, sector privado y organizaciones sociales, entre otros. A través de información de prensa, las organizaciones manifiestan que se pone en riesgo el funcionamiento de la institucionalidad que había sido creada para la paz como un mecanismo necesario y participativo, pues se reemplazarían las competencias de los PDET y el Consejo Nacional de Paz, por planes hechos y dirigidos por el Consejo de Seguridad Nacional. Adicionalmente, dice el comunicado de las organizaciones, en su artículo 3 incluye un inciso que limita la facultad del presidente de la República para suscribir acuerdos de paz con grupos armados al margen de la ley, al disponer que el Consejo de Seguridad Nacional -CSN definirá cuándo, cómo y con quién puede adelantar diálogos de paz. Para los accionantes, dicha potestad sobre los acuerdos de paz es exclusiva e indelegable a otros funcionarios del gobierno. «Lo anterior obligaría al jefe de Estado a utilizar métodos coercitivos como el uso de la fuerza para asegurar el orden público, lo que resulta contrario al derecho a la paz consagrado en el Artículo 22 de la Constitución Política de 1991.» manifiestan las organizaciones. El Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET es un programa subregional de transformación integral del ámbito rural a 10 años, para poner en marcha los instrumentos de la Reforma Rural Integral en los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. Es por esto que la participación activa de las comunidades es fundamental, ya que el PDET busca reivindicar su valor protagónico en la promoción de su propio desarrollo. Las 16 regiones PDET son: • Alto Patía – Norte del Cauca • Arauca • Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño • Catatumbo • Chocó • Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño • Macarena – Guaviare • Montes de María • Pacífico Medio • Pacífico y Frontera Nariñense • Putumayo • Sierra Nevada – Perijá • Sur de Bolívar • Sur de Córdoba • Sur de Tolima • Urabá antioqueño Las organizaciones sociales y de Derechos Humanos que suscribieron estas acciones públicas de inconstitucionalidad junto a los ciudadanos son: Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» –Cajar, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -Cspp, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES y Corporación Jurídica Yira Castro.

Por: Redacción Pares Esta semana, con la participación de la Comisión de la Verdad y el partido político Farc, se instaló la Mesa Técnica de aporte a la Verdad, con el fin de garantizar la voluntad del colectivo Farc para aportar verdad plena a través de relatos y reflexiones sobre lo ocurrido durante el conflicto armado y así contribuir al reconocimiento público de responsabilidades. Esta Mesa también facilitará la coordinación técnica de actividades e iniciativas entre la Comisión de la Verdad y delegados de Farc, enfocadas hacia el esclarecimiento, reconocimiento, la convivencia y la no repetición. El presidente de la Comisión, Francisco De Roux, destacó el compromiso del partido con el proceso de búsqueda de verdad histórica. “En nombre de la Comisión, queremos decirles gracias por haber tenido el coraje de parar la guerra manteniendo los mismos ideales. Pasar de las armas a la controversia política y concebidos como partido, enfrentar la enorme aventura de hacer política en el país. Por eso, al firmar este acuerdo entre nosotros quiero expresarles mi gratitud porque esta contribución de ustedes nos impulsa a seguir avanzando”, señaló De Roux. La puesta en marcha de esta Mesa Técnica se da tras un proceso de acercamiento iniciado en septiembre del año anterior cuando el partido Farc le expresó a la Comisión, a través de una carta, su intención de contribuir al esclarecimiento de la verdad a través de una propuesta metodológica y narrativa. “Este es un punto de encuentro para que realmente Colombia comience a sentir que estamos construyendo paz, creo que nosotros hemos hecho el mejor esfuerzo, independientemente de los obstáculos. Es importante que la población entienda que sí estamos construyendo paz”, dijo Jaime Alberto Parra, delegado de Farc. La Mesa Técnica, definirá los momentos y lugares para que la Comisión inicia con el proceso de recolección de testimonios individuales, colectivos e historias de vida. Este espacio sesionará una vez por mes y harán parte miembros permanentes de las dos partes. También tendrá un enfoque nacional, pero con incidencia territorial a través de las casas de la verdad.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares A un poco más de dos años de haberse firmado el Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC, la implementación del mismo va a paso lento. Según el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista -NIMD, hay una preocupación por la pérdida del “espíritu” del pacto debido a las nuevas políticas del actual gobierno del presidente Iván Duque. El NIMD, organización internacional fundada en Holanda, comenzó su trabajo en Colombia en el 2010 de la mano del programa de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el fin de promover el mejoramiento de la democracia. En América Latina se encuentran en Colombia y a partir del 2014 empezó un trabajo independiente enfocado en trabajar con aquellos que han estado separados del sistema político. En ese sentido, la organización holandesa fue llamada a participar como veedora del Acuerdo de Paz y quedó encargada de monitorear y verificar la implementación del punto dos (2) que corresponde a la participación política. De acuerdo con Ángela Rodríguez, directora del NIMD, quien habló para el portal La Línea del Medio, el organismo trabaja con todas la orillas políticas, y en ese sentido, uno de sus objetivos es trabajar por la democracia de una manera en la que sociedad civil y políticos logran converger para trabajar por la paz de Colombia. En ese sentido, la organización realizó recientemente el lanzamiento de su primer informe titulado “Profundizar la Democracia para Consolidar la Paz”, financiado por la Unión Europea, cuyo objeto de estudio fue el texto pactado en La Habana. De acuerdo con el trabajo realizado por la organización holandesa, este se centra en las 94 tareas que componen el punto dos (2) del Acuerdo, “identificadas por el instituto Kroc, responsable de la elaboración metodológica y del soporte técnico de seguimiento, verificación y acompañamiento del Acuerdo Final de Paz”, puesto que, el gobierno y otros organismos llevan una cuenta distinta sobre lo que se ha implementado y lo que aún hace falta. En un aparte de la investigación, el NIMD destacó el componente cualitativo del informe en el que profundizaron sobre el “espíritu del Acuerdo”, en el cual se analizaron cuatro conceptos: participación, pluralismo, inclusión y descentralización. Por lo cual, recalcó que implementar no es siempre sinónimo de avanzar. Algunos cambios en el tema de participación política “El punto dos (2) del Acuerdo de Paz es un claro ejemplo de ello: a pesar de los desarrollos que ha tenido durante los últimos cuatro meses, en muchos aspectos se percibe un estancamiento, e incluso un retroceso con respecto a lo que se alcanzó a hacer en el cuatrienio anterior y especialmente con relación al ‘espíritu del Acuerdo’, señaló el texto del NIMD. Uno de los puntos que preocupan al organismo es el de la seguridad que actualmente tienen los movimientos sociales, líderes y lideresas o personas de la sociedad civil para participar en política. De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, hasta la fecha han sido asesinados más de 260 defensores y defensoras de derechos humanos y más 90 excombatientes. En lo que va del gobierno actual hay una contradicción entre el discurso y los actos del gobierno. Según el NIMD, Duque se ha comprometido a implementar el Acuerdo, pero en la práctica ha sucedido todo lo contrario. Por eso, deduce el informe que hay una línea marcada en privilegiar lo policial y militar sobre otro tipo de medidas más asociadas al trabajo social y cultural con las comunidades afectadas por el conflicto armado. Esto explica que “el punto dos (2) de participación política anda. Claro está que no anda al ritmo que quisiéramos, pero creo que esto es en general con todo el acuerdo, pero nuestra mayor preocupación y la conclusión a la que llega la investigación tiene que ver con cómo se están implementando”, aseguró Rodríguez. “Lo que arroja la conclusión de la investigación es que se avanza en la implementación, pero no necesariamente se avanza siguiendo el espíritu del acuerdo”, agregó. Otro de los problemas en la implementación del pacto que observó el NIMD es la aplicación del estatuto de la oposición, el cual inició con pie derecho, pero poco a poco ha sido minimizado debido a que varios parlamentarios no acatan la normativa. Hubo otro episodio que marcó este punto del pacto de paz, y fue el fracaso del proyecto para crear las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Estas habían sido planteadas en el Acuerdo para darle representación política parlamentaria a las regiones más afectadas por el conflicto armado a través de 16 curules en la Cámara de Representantes, sin embargo, fue archivado en el Congreso de la República en el 2018. Asimismo, tampoco hay que olvidar los cambios que el actual gobierno realizó al denominado Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección (PAO), este también estaba encaminado a la protección de los líderes y lideresas sociales. Sin embargo, ahora está enfocado en la defensa, militarización y seguridad.