Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El lamentable asesinato del periodista Libardo Montenegro, ocurrido este martes, se suma a la lista de 353 hechos victimizantes que ha sufrido la prensa durante los diez meses del gobierno Duque. Además, preocupa la predominante impunidad que cubre estos hechos. En Colombia, durante el gobierno de Iván Duque, se registra más de un (1) caso de ataque a la prensa por día, según cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP. Libardo Montenegro, periodista radial de 40 años, fue asesinado en el municipio de Samaniego, en Nariño. Según un reporte de la fuerza pública citado por Sandra Milena Luna —jefe de prensa de la gobernación de Nariño— a la FLIP, el asesinato de Montenegro se perpetró en horas de la noche por parte de sicarios que arribaron en motocicleta y; con armas de fuego acabaron con la vida del comunicador de la emisora comunitaria Samaniego Estéreo. De acuerdo con el comunicado emitido este miércoles por la FLIP, Montenegro trabajaba en el programa matutino ‘El Despertador’, en un magazín llamado ‘Café al día’, y en horas de la tarde trabajaba tema musical y cápsulas informativas. LA FLIP se comunicó con Ricardo Álvarez, colega de Montenegro en la emisora comunitaria, quien señaló que Libardo Montenegro trabajaba información en torno a noticias tanto municipales, como departamentales. La Fiscalía General de la Nación sigue sin pronunciarse sobre el asesinato del periodista y, mientras la opinión publica espera conocer más información sobre el suceso, hay un hecho que es necesario señalar en el marco del asesinato de Montenegro. Se recrudece la violencia en Samaniego, Nariño En una entrevista entre Libardo Montenegro y Leobar Ibarra Fernández —periodista y director del programa Nuestro Sur Televisión— tocaron el tema de un evento cultural por la paz, en defensa de la vida y los derechos humanos. Este evento se realizará a propósito del recrudecimiento de la violencia que viene presentándose en el municipio, por ejemplo, con el asesinato de la personera de Samaniego, Paula Rosero, y el asesinato de Víctor Fernando Corrales horas antes del asesinato de Montenegro. Justamente, el evento o encuentro de paz que se está organizando para el próximo sábado 14 de junio, espera contar con la presencia de líderes sociales, estudiantes y habitantes de la comunidad de Samaniego Cabe recordar que la emisora comunitaria Samaniego Estéreo, desde 2017 viene adelantando una propuesta sobre un proyecto denominado ‘Radios para la paz y la convivencia’. El producto es un magazín denominado ‘En sintonía con la paz’, que tiene como fin fortalecer la construcción de espacios de convivencia en el territorio. De esta forma, el municipio de Samaniego, en compañía del Ministerio de Cultura de la época, se articuló al proyecto Radios para la Paz y la Convivencia para apostarle a contenidos en los que excombatientes, víctimas y la comunidad en general, pudieran narrar experiencias de resolución de conflictos. El proyecto se llevó a cabo en los departamentos del Valle, Cauca, Nariño y Quindío. Samaniego, por su parte, se articuló por medio de Grupo Asociativo ‘La voz de Samaniego’. Asimismo, Samaniego Estéreo está incluida de la red de emisoras comunitarias de Nariño denominada ‘Sindamanoy’. Las ‘zonas silenciadas‘ A pesar de ello, y de los esfuerzos de la radio comunitaria en Samaniego durante estos años, según las cifras de la Cartografía de la Información de la FLIP, este municipio —como es el caso de 578 municipios más— presenta “déficit de información local o zonas silenciadas”. Es decir, una dramática inexistencia de medios que tengan la capacidad de producir noticias locales y territoriales. Asimismo, en la Región de la Costa de Nariño no existen ni medios digitales, ni prensa escrita. Para el caso del municipio de Samaniego, sólo hay presencia de cinco (5) medios de comunicación: una radio comercial, dos medios de la fuerza pública, un canal de televisión comunitario y una radio comunitaria: Samaniego Estéreo. De hecho, según la FLIP, sólo habría un solo registro de un informativo, justamente, en el que realizaba su labor el periodista Libardo Montenegro. Cabe recordar que, según el último informe de la FLIP, desde el 2016 —año de la firma del Acuerdo de Paz— ha habido un incremento exponencial a la fecha. Ese año se presentaron 216 ataques a la prensa, en 2017 hubo 310 ataques, 477 en 2018 y en medio año de 2019, ya van 175 casos de ataque a la prensa. De hecho, el año pasado que fue el más violento para la prensa en años, presentó 299 ataque en los 8 meses de Juan Manuel Santos y 178 casos en los cuatro meses de Iván Duque. Ahora, en los diez meses que lleve Duque en el poder se han registrado 353 casos de ataques a la prensa. Pares, así como la FLIP, rechaza el asesinato del periodista Libardo Montenegro y hace un llamado a las autoridades para que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables.

Por: Redacción Pares Así lo reveló la Defensoría del Pueblo este miércoles en su último informe «Situación de desplazamientos masivos y confinamientos en el país». Según el boletín oficial, han ocurrido alrededor de 35 desplazamientos masivos en todo el país que han provocado el desarraigo de más de ocho mil personas durante los primeros seis (6) meses del año. El informe también indica que el 43% de desplazamientos masivos en Colombia durante el primer semestre de 2019 ocurrieron en el departamento de Nariño, lo que corresponde a 3540 personas que han sufrido desplazamiento en esta región del sur del país. También se ha presentado este fenómeno en los departamentos de Norte de Santander, córdoba, Antioquia, Chocó, Magdalena, Valle del Cauca y el Cauca. «Las dinámicas del desplazamiento no han cesado pese al los esfuerzos realizados por el gobierno, nos preocupa cómo se pueden garantizar los derechos para esta población.» explicó el defensor delegado para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, Felipe Vernaza. Asimismo, la Defensoría del Pueblo denuncia que 63 poblaciones en los departamentos de Chocó y Nariño han sufrido confinamiento entre enero y junio de 2019, afectando aproximadamente a 14773 personas. Todas las poblaciones confinadas son miembros de grupos étnicos, señala el informe. Imagen: Defensoría del Pueblo Una tragedia que no termina Según el Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR, que publicó en marzo de este año el balance anual sobre los “Retos Humanitarios 2019”, en el que se revela la grave situación humanitaria en más de siete departamentos del país durante el año pasado. De acuerdo con el CICR, en el 2017 hubo 14.594 personas desplazadas forzosamente frente a las 27.780 de 2018. En ese sentido, aumentó en 90% este fenómeno. “Hubo un deterioro significativo de las condiciones de seguridad. No hemos visto ninguna mejora, y hemos visto a personas, civiles, familias en situaciones más difíciles, más precarias, más expuestas a todo tipo de violencia tras la salida de la exguerrilla Farc de las zonas históricamente ocupadas», indicó Christoph Harnisch, jefe de la Delegación del CICR en Colombia. Respecto a esta tragedia, la Corte Constitucional afirmó que “si bien la magnitud del desplazamiento no es la misma que se presentaba al momento de la declaratoria, en años recientes, los escenarios de riesgo que afrontan las comunidades, en algunas zonas del país, presentan transformaciones asociadas a los cambios en las dinámicas de la violencia y el conflicto armado en Colombia”. En este panorama, Nariño es actualmente el departamento que más desplazamientos masivos presentó en los dos últimos años.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. Pares. Hace cuatro años el Observatorio para la Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación – Pares, gracias al apoyo de National Endowment for Democracy –NED, adelantó un proceso de veeduría ciudadana sobre la dinámica política, los procesos electorales y de contratación pública en distintos territorios del país, documentando y develando múltiples hechos de corrupción y cooptación estatal que hemos puesto en conocimiento de la opinión pública y las autoridades competentes. A partir de este trabajo, el Observatorio ha recolectado y elaborado una serie de recomendaciones para fortalecer los procesos de veeduría ciudadana y prevenir o mitigar la corrupción y cooptación en los procesos políticos, electorales y de contratación pública, que presentamos a continuación y esperamos sirvan de insumo para la elaboración de políticas públicas en la materia. Para prevenir la corrupción en la contratación pública: Hacer obligatoria la publicación y difusión de la declaración de bienes y rentas de los integrantes de cuerpos colegiados y altos cargos del ejecutivo a nivel nacional y descentralizado anualmente. Hacer obligatoria la publicación y difusión de la declaración de conflictos de interés de los integrantes de cuerpos colegiados y altos cargos del ejecutivo a nivel nacional y descentralizado anualmente. Endurecer las sanciones contra quienes omitan o alteren las medidas antes mencionadas, que impliquen pérdida de investidura e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Crear un sistema unificado sobre la gestión de los cuerpos colegiados que ponga a disposición un registro público de acuerdos entre el Congreso y el Gobierno Nacional, así como entre los cuerpos colegiados y las alcaldías y gobernaciones, así como de la implementación de proyectos en el marco de dichos acuerdos. Este debería ser liderado por la Procuraduría. Se debe regular el ejercicio de cabildeo. Implementar una política de fortalecimiento de las veedurías ciudadanas que las dote de capacidades reales para exigir transparencia en la administración pública, como límites a los tiempos de respuesta, sanciones por desacato de pedidos de información, entre otros. Implementar una política de protección a denunciantes de corrupción, que incluya un Sistema de Alertas Tempranas con el fin de hacer seguimiento y evaluar los riesgos de violencia que se pueden presentar por el ejercicio de control político. Reducir la brecha entre gastos de funcionamiento e inversión, de forma que se permita la flexibilización de los primeros. Esto permitiría mejorar la calidad del empleo público en la medida que quienes ejercen labores tendrán contrato laboral y no por prestación de servicios, además de mitigar el uso de nóminas paralelas que están por fuera del régimen de la función pública. El Gobierno Nacional debe publicar los criterios de asignación del SGP y su distribución entre las entidades territoriales, de forma anual. Quitar las medidas de casa por cárcel para quienes cometan actos de corrupción contra la administración pública. Endurecer la responsabilidad fiscal de quienes resulten condenados por hechos de corrupción que impliquen detrimento patrimonial para el Estado. En este sentido, los condenados deberían responder con su patrimonio personal. Aplicar la silla vacía (pérdida de la curul por parte del partido) a congresistas que resulten condenados por corrupción. Implementar mecanismos participativos para la elaboración y aprobación de presupuestos públicos en todos los niveles de gobierno. Implementar pliegos tipo para la contratación de obras públicas y adquisición de bienes y servicios, en especial los relacionados con los servicios de salud y alimentación escolar. Creación de un Sistema Nacional de veedurías ciudadanas que fomente su articulación y empodere a sus miembros. Adelantar una campaña de formalización de veedurías ciudadanas en todo el territorio nacional. Hacer obligatoria la oferta de formación para veedores en todos los niveles de gobierno. Promover e implementar la ley de juventud, que promueve, entre otras cosas, la participación política de este grupo etario. Promover el uso de las herramientas del gobierno como las de Colombia Compra Eficiente, para los ejercicios de veeduría ciudadana. Generar mecanismos de articulación entre las veedurías ciudadanas y los órganos de control que facilite su comunicación y coordinación. Vea aquí el informe completo

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La oposición realizó este lunes un debate de moción de censura al ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el cual expuso los argumentos por los cuales debería salir de dicha cartera. Desde su posesión, Botero ha tenido fuertes críticas en la forma como ha implementado las estrategias de defensa y seguridad, debido a que van en contravía de los derechos humanos. El mes pasado, los congresistas del Partido Verde, Katherine Miranda e Inti Asprilla, pidieron el recurso contra Botero debido al mal manejo por parte del ministro tras el asesinado del excombatiente Dimar Torres en hechos confusos en la vereda Campo Alegre, municipio de Convención, ubicado en la subregión del Catatumbo. Sin embargo, se conocieron otros episodios que enlodaban a la fuerza pública y el debate fue aplazado. Hace una semana, la Cámara baja convocó una nueva moción de censura con puntos adicionales, y finalmente se llevó a cabo este lunes en plenaria de Cámara de Representantes. Así las cosas, varios congresistas intervinieron en la sesión y llegaron a un punto en común: el debate es contra Botero quien ha impulsado las directrices y en defensa de los miembros de la fuerza pública. “Este NO es un debate de moción de censura contra los miembros de la Fuerza Pública. Lo que si exigimos al Ministro de la Defensa es la ética militar, valor fundamental en las Fuerzas Armadas #MocionDeCensuraABotero”, expresó desde su cuenta de Twitter la representante a la Cámara, María José Pizarro. Políticas asociadas al pasado La Representante a la Cámara, Juanita Goebertus del Partido Verde, expuso seis (6) argumentos por los cuales Botero no debería ocupar el cargo de ministro, pues sus acciones van en contravía de los derechos humanos. “Este no es un debate contra la fuerza pública. Este es un debate para proteger a los miembros de la fuerza pública de un ministro que está atentando contra su legitimidad y contra su seguridad jurídica”, expresó Goebertus. En ese sentido, se centró en demostrar porqué la introducción de políticas de evaluación de resultados operacionales implementadas por Botero han estado asociadas en el pasado tanto en Colombia con gravísimas violaciones a derechos humanos. Goebertus resaltó que un ejército está para proteger a la población y hacer uso desde distintos mecanismos, operaciones militares ofensivas, “que llegan incluso a dar de baja por supuesto en el marco completo de la legalidad”. Pero, esto no implica que el objetivo de la fuerza pública sea matar gente. El objetivo es proteger a la población civil, reducir las tasas de homicidio, de secuestro, entre otras expresiones criminales. “Ese es nuestro ejército profesional, y no podemos permitir que las políticas que usted ha adoptado pongan en riesgo esa legitimidad y esa seguridad jurídica”, señaló Goebertus a Botero. Por su parte, Inti Asprilla, representante a la Cámara del mismo partido, expuso con fiereza sus argumentos hacia el ministro, quien escuchaba atentamente a cada uno de los congresistas: “A usted ministro Botero, lo llamamos a moción de censura por sus actuaciones porque no es posible que un ministro haga aseveraciones como decir que, ‘para matar un excombatiente alguna razón habría’, uno no puede pensar (…) que es decente hablar de doblar los resultados en operaciones militares. ¡No señor!”. Adicionalmente le dijo que en su labor hay operativos en los cuales está en juego la vida de las personas. Por consiguiente, debería irse del cargo, puesto que su función es la de garantizar la libertad, el derecho de todos los ciudadanos y la paz, pero sus actuaciones no responden a estas premisas. “Tiene que garantizar los derechos de las personas que no piensan como usted, y tiene que garantizar los derechos de los lideres asesinados”, Agregó Asprilla, dirigiéndose a Botero. Los argumentos contra Botero Goebertus expuso que las directivas adoptadas por Botero y el comandante del ejército no han estado dirigidas a prevenir la comisión de graves violaciones de Derechos Humanos, a tal punto que algunos miembros de la institución no están conformes y tampoco saben qué ruta seguir en la aplicación de la fuerza. La primera razón expuesta fue la de negar la existencia del conflicto armado en Colombia, ya que es un riesgo para la seguridad jurídica de los miembros de la fuerza pública. En la actualidad, el gobierno le ordena a los militares a conducir operaciones militares ofensivas en contra de los grupos residuales de las FARC del ELN, del clan del golfo y de por lo menos otros dos grupos de crimen organizado sin reconocer la existencia del conflicto armado. El segundo, es el lanzamiento de operaciones militares con un grado de certeza entre el 60% y 70%. La congresista explicó que en este gobierno el comandante del ejército dice: ‘no exigir la perfección para realizar operaciones’”. Cabe destacar que esta es una directiva aplicada desde 1993. Sin embargo, hace muchos años que desde la fuerza aérea exigió que la certeza de la inteligencia fuera mucho más cercana al 80% – 85%. Para proteger el “principio de distinción”. “De ahí que este ministro en vez de justamente garantizar que elevamos los niveles de certeza para lanzar operaciones saca a relucir doctrinas del 93 y las reitera como su doctrina de combate”, apuntó. El tercer argumento por el cual Botero está pasando por alto las normativas, es que se han establecido indicadores basados en el número de días sin combatir. “Exigiendo que se reduzca el número de días sin combatir”. Esto quiere decir que, se sistematiza qué brigadas llevan días son combatir y se les exige un aumento. El cuarto punto es la aproximación de resultados operacionales que obliga a los generales a decir cuántas muertes en combate podrían llevarse a cabo durante el 2019. A lo cual se suma lo ocurrido con la investigación del periódico norteamericano The New York Times, en la cual denunciaba que el comandantes del ejército les obligaba a duplicar los “resultados”. En el quinto argumento, Goebertus hizo énfasis en el objetivo existente para realizar una operación militar ofensiva. Según ella, por supuesto puede ocurrir legítimamente, sin embargo, no porque el objetivo a lograr sea más número de bajas sino porque son esa operación militar ofensiva logro el objetivo que es cómo reducir otros índices de criminalidad. El último, lo relacionó con los seis (6) generales con investigaciones muy graves por los llamados “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales. “Por supuesto que los generales y los distintos miembros de la fuerza pública merecen el debido proceso, pero lo mínimo como medida de garantía de mensaje a la institucionalidad es que esas personas no estén asumiendo cargos en las mismas jurisdicciones donde están siendo investigados por falsos positivos en el pasado”, concluyó. En definitiva, existe una correlación estadística en evaluar operaciones militares con base en el número de muertos y la generación de violaciones a los derechos humanos. De hecho, lo han denunciado en repetidas ocasiones los relatores de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones de la sociedad civil.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Cuatrocientos veintiocho días trascurrieron desde la captura de Seuxis Paucias Hernández Solarte ‘Santrich’. Aquel 9 de abril de 2018, se inscribiría en la historia reciente de Colombia como uno de los casos más polémicos debido a que, a raíz de su captura, quedaron sembradas un sinnúmero de incertidumbres sobre el devenir de la implementación del acuerdo de paz. Los meses siguientes oscilaban en dos casos que enfrentaría el excombatiente: pérdida de investidura como congresista y una solicitud de extradición; catorce meses después —el 11 de junio de 2019— Hernández Solarte se posesionó como representante a la Cámara por el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). De esta forma, mientras que en su posesión Santrich manifestó su intención de contribuir al esclarecimiento de la verdad en el marco del Acuerdo de Paz, el presidente Iván Duque agotaba su ultimo intentó para impedirla. El mandatario colombiano le había solicitado a la Procuraduría General de la Nación suspender a Hernández Solarte como representante, aún después de su posesión. Su intención se mantiene frustrada. Paralelamente, pese a los afanosos intentos del Presidente de la República y una caldeada opinión publica, Santrich en su primer acto como representante a la Cámara se presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para adelantar los trámites que permitan la reanudación comparecer ante el caso 001; retención de civiles durante el conflicto armado. En este sentido, Hernández Solarte espera poder contribuir a la verdad a partir de su testimonio y su papel dentro de la antigua guerrilla de las FARC. El camino a la Cámara de Representantes Sin duda, uno de los hitos más fuertes para que se mantuviera la curul de Jesús Santrich, ocurrió el pasado 12 de diciembre de 2018 tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ya que, por medio de la decisión de dicho tribunal, se determinó que Santrich sería el segundo en la lista de la región de Atlántico por parte del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, debía ocuparla. Esta determinación declinó en favor al derecho a la participación del partido de la rosa, de hecho, el recurso interpuesto por parte de Pablo Catatumbo ante el Tribunal de Cundinamarca permitiría que, un día después, Benedicto de Jesús González fuera el llamado a ocupar la curul de Santrich de manera transitoria. Justamente, las vicisitudes que enfrentaba Jesús Santrich con el caso de la solicitud de extradición y su captura durante meses no le había permitido posesionarse como congresista. El pasado 21 de enero, la Procuraduría General de la Nación mantuvo la investidura como congresista de Hernández Solarte. En ese momento, el procurador Nicolás Yepes señaló que no existía una razón para la declaración de muerte política de Santrich. Yepes agregó que el motivo de la inasistencia a la posesión nada tiene que ver con la voluntad del integrante de la FARC. Cabe recordar que, no era un riesgo menor ni para Santrich ni para el partido de la rosa, pues cuando se presenta pérdida de investidura, no hay posibilidad de remplazar la curul y, por consiguiente, el partido pierde la misma. Este de motivo de fuerza mayor fue la antesala del camino del excombatiente para asumir su curul. De hecho, el 1 de marzo de 2019, el Consejo de Estado mantuvo la curul de Jesús Santrich y, de esta forma, la Alta Corte no dio luz verde al recurso interpuesto por la Cámara de Representantes que buscaba darle muerte política al excombatiente. En este sentido, los argumentos expresados por la Cámara no eran suficientes para determinar que debía perder su investidura. El Consejo de Estado fue contundente al señalar “Denegar la solicitud de pérdida de investidura del congresista Seuxis Paucias Hernández Solarte y, por lo tanto, declarar probada la situación de fuerza mayor en relación con su inasistencia a tomar posesión del cargo, de conformidad con el numeral 3 del artículo 183 de la Constitución Política”. Un camino por la certidumbre del proceso de Paz Benedicto de Jesús González, quien ocupó la curul de Santrich, se refirió a este evento diciendo que su tarea estuvo en salvaguardar los derechos del partido de la FARC. Jesús Santrich, quien se encuentra en libertad desde el pasado 30 de mayo, por cumplimiento de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, espera que se presente al Capitolio este miércoles 12 de junio.

Por: Mateo Córdoba Cárdenas. Colaborador Pares. Este lunes 10 de junio, el Senado aprobó el proyecto de ley 210 de 2018 para prohibir la entrada de plásticos no reciclables a la isla de San Andrés. En Colombia el debate sobre la regulación y prohibición de ciertos ha tomado en los últimos años la fuerza suficiente para ser hoy un eje central de debate a nivel legislativo. Después de varias estrategias dilatorias por cuenta de algunos congresistas y el lobby de ACOPLÁSTICOS, fue aprobado el proyecto que busca mitigar la contaminación ambiental causada por el uso masivo de plásticos en los ecosistemas marinos del archipiélago. Alrededor del mundo ya existen países o ciudades que han tomado la decisión de prohibir la circulación de ciertos empaques o materiales plásticos como medida preventiva ante la urgencia ambiental que se viene presentando, fundamentalmente por los preocupantes alcances de la contaminación en ecosistemas marinos y terrestres por cuenta de los residuos plásticos que tardan cientos y miles de años en descomponerse. Presión ciudadana vs lobby empresarial Esta iniciativa, con ponencia del senador liberal Guillermo García Realpe, esperaba su último debate en la plenaria desde hace varias semanas y había sido obstaculizada por cambios repentinos en el orden del día que le impedían ser votada. Ante los daños que en los últimos años han causado los desechos plásticos en la estructura ecológica de la Reserva de Biósfera Seaflower, la ciencia ha demostrado que son los plásticos de un solo uso como pitillos, icopor y bolsas los principales agentes contaminantes de los ecosistemas coralinos. El archipiélago de San Andrés, que ha recibido coletazos a todo nivel por cuenta del litigio internacional entre Colombia y Nicaragua, alberga cerca del 77% de las áreas coralinas de Colombia, junto a hábitats de manglar, fondos arenosos y ecosistemas profundos. Ya en el 2018, ante una iniciativa en Cámara de Representantes para prohibir la comercialización de plásticos de un solo uso, ACOPLÁSTICOS había desplegado su lobby en el Congreso y había conseguido que el propio Ministerio de Ambiente, en cabeza de Ricardo Lozano, emitiera un concepto negativo contra dicho proyecto de ley. Ahora, con el proyecto de ley que busca prohibir la entrada de plásticos no reutilizables al archipiélago de San Andrés, los empresarios de ACOPLÁSTICOS, liderados por Daniel Mitchell, se han opuesto a que este proyecto sea debatido y han buscado por todos los medios dilatar la discusión y, de nuevo, acomodar el orden del día de las plenarias para que el proyecto de ley quede archivado al terminar esta legislatura en los próximos días. Por lo anterior, es importante entender qué empresas y qué relaciones de poder se encuentran detrás del gremio de plásticos en Colombia que le han permitido, hasta ahora, hundir varias iniciativas que buscan regular la industria del plástico como medida ambiental. La Asociación Nacional de Industriales (ANDI), liderada actualmente por Bruce MacMaster, se ha posicionado en contra de las iniciativas que buscan crear un marco legislativo ambiental para desestimular el uso y la comercialización de plásticos de un solo uso. Secundando la postura de ACOPLÁSTICOS, la ANDI ha afirmado que en Colombia existen las herramientas necesarias para poner en marcha estrategias de reciclaje y activar una economía circular, insistiendo en que la prohibición vía legislativa no es el camino y “estigmatiza” el uso de plásticos en Colombia. A lo anterior, sin embargo, debe sumarse el hecho de que Carvajal S.A., una de las empresas más importantes del sector de los plásticos, ha hecho parte de la junta directiva de la ANDI durante los últimos años. Después de haber sido aprobado el proyecto de ley en sus cuatro debates, aún quedan pendientes la conciliación y la sanción presidencial de la ley. La ciudadanía ha hecho llegar cerca de 100 mil firmas al Congreso solicitando la aprobación de esta ley y en unas semanas se definirá finalmente el destino de este proyecto que contó con la oposición de grandes poderes del país, incluyendo a ACOPLÁSTICOS, la ANDI y el Ministerio de Ambiente.

Por: Redacción Pares A través de los artículos 13, 14 y 15, la Ley Estatutaria establece que son ejes centrales de la JEP los derechos de las víctimas y la gravedad del sufrimiento padecido por las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el marco del conflicto armado. La Ley Estatutaria de la JEP señala que la JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, cuya misión, es satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron directa o indirectamente durante el conflicto armado. Igualmente, se considera que las víctimas tienen derecho a: – Ser reconocidas dentro de los procesos judiciales que se adelanten en la JEP – Aportar pruebas e interponer recursos establecidos en la JEP contra las sentencias que se profieran – Recibir asesoría, orientación y representación judicial a través del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de la JEP. – Contar con acompañamiento sicológico y jurídico en los procedimientos. – Ser tratadas con justicia, dignidad y respeto. – Ser informadas del avance de las investigaciones y de los procesos, así como de las audiencias, para intervenir en ellas. – De ser necesario, la JEP debe adoptar las medidas adecuadas para proteger los derechos de las víctimas, los testigos y los intervinientes en los diferentes casos. Es importante tener en cuenta que las víctimas de violencia sexual, de acuerdo con el artículo 16, se le garantizará el derecho a la intimidad y la JEP evitará en todos los casos, posibles situaciones de revictimización. Igualmente, conforme con el artículo 18, la JEP pondrá especial atención en las necesidades de las víctimas mujeres, niños y niñas que sufrieron de manera desproporcionada y diferenciada los efectos de las graves violaciones cometidas con ocasión del conflicto armado. Reparación En el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, quienes hayan causado daños con ocasión del conflicto armado están en la obligación de repararlos. Según el artículo 39 de la Ley 1957, la reparación a las víctimas es tenida en cuenta por la JEP para recibir cualquier tratamiento especial en materia de justicia. Dentro de los procesos judiciales que adelante, la JEP está llamada a priorizar a las mujeres víctimas del conflicto armado, con el fin de lograr justicia, reparación y garantías de no repetición frente a las conductas cometidas en su contra. La paz, principio orientador Además de centralidad de las víctimas, otro principio orientador para la JEP, contemplado en la Ley Estatutaria (Ley 1957 de 2019), es la justicia restaurativa. El artículo 4 define la justicia restaurativa como un modelo que busca privilegiar la armonía en el restablecimiento de relaciones de la sociedad, la restauración del daño causado y la garantía de los derechos de las futuras generaciones. Igualmente, según lo dispuesto en el artículo 26, la paz es un principio orientador de la JEP y todos los operadores de esta jurisdicción deben interpretar las normas pertinentes y tomar sus decisiones teniendo en cuenta este principio como derecho y condición necesaria para el ejercicio y disfrute de los demás derechos.

Por: Redacción Pares Así lo evaluaron un grupo de expertos de la American University, el candidato propuesto por el gobierno Nacional para ser el comisionado de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el uribista Everth Bustamante, no tiene “conocimiento ni experiencia” para el cargo. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificada mediante ley 16 de 1972, establece como requisitos para este cargo, tener autoridad moral y reconocida versación en derechos humanos, calidades que no tiene el postulado. En efecto, “no se advierte en la hoja de vida del señor Bustamante conocimientos académicos, trayectoria o experticia en ninguna de las áreas de trabajo de los órganos interamericanos”, señalaron los demandantes el pasado viernes 3 de mayo, a la postulación de Everth Bustamante García como aspirante a Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. Panel independiente de reconocidos expertos concluye que los candidatos a la CIDH de Colombia (Everth Bustamante) y Guatemala (Edgar Stuardo Ralón) no cumplen con “condiciones fundamentales para integrar la CIDH”. Coincido plenamente. pic.twitter.com/mC7B0fh2Ke — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) June 10, 2019 Antecedentes En junio de 2017, la Asamblea General de la OEA adoptó la Resolución 2908 en la que “destacó la importancia” de que la Comisión y la Corte Interamericana “se integren por personas imparciales, independientes y de reconocida competencia en materia de derechos humanos, de acuerdo con los principios de no discriminación, igualdad y equidad de género y representatividad geográfica. Colombia estaría incumpliendo dichos criterios con su postulación. Según se prueba en la demanda, Everth Bustamante fue postulado sin contar con la experiencia requerida en derechos humanos. En respuesta de la Cancillería, no se acreditó ninguna experiencia relacionada específicamente con los derechos humanos. Además, cuenta con una carrera política que permite afirmar que no ejercerá su labor de forma independiente para la protección de los derechos humanos en el continente. El cargo de Comisionado/a se ejerce en nombre de todos los Estados de la OEA, no en nombre de un gobierno, por lo que los criterios de idoneidad y solvencia, desplazan a los criterios políticos para su nombramiento.

Por: Redacción Pares La Fundación Paz y Reconciliación –Pares-, con el apoyo de Open Society Foundations y en asocio con la Fundación Friedrich Ebert en Colombia -Fescol-, han diseñado el proyecto «Gobernanza Democrática de la Seguridad en Colombia» que busca el desarrollo de capacidades en la gestión de la seguridad ciudadana de los próximos mandatarios y mandatarias departamentales y locales. Desde este lunes 10 de junio comienzan la serie de foros sobre #SeguridadCiudadana en cinco (5) ciudades del país con candidatos de todo el espectro político. La seguridad ciudadana es para todas y todos. El objetivo es entregar herramientas que nutran sus conocimientos y discursos entorno al manejo de la seguridad, brindándole elementos básicos para afrontar retos en materia de criminalidad, mercados ilegales, crimen organizado y la seguridad urbana de las grandes ciudades del país. Este proyecto recoge la participación de varios expertos internacionales como Marcelo Saín Director del Organismo de Investigaciones de Santa Fe – Argentina; Enrique Betancourt, Director de la Iniciativa de Seguridad Ciudadana en Chemonics International; Eduardo Vergara Director Ejecutivo de Chile 21 centro de estudios que genera contenido, reflexión y propuestas en materia de políticas públicas, inspirados por los ideales de libertad, igualdad, participación, solidaridad y justicia social. Desde este lunes 10 de junio cominzan la serie de foros sobre #SeguridadCiudadana en cinco (5) ciudades del país con candidatos de todo el espectro político. La seguridad ciudadana es para todas y todos. La metodología del proyecto consiste en una primera fase realizar jornadas de capacitación a candidatos en formato conferencia con participación y debate entre candidatos y conferencistas, se desarrollará en cinco ciudades capitales Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Cali y Medellín que se han diseñado como nodos que recogen candidatos de las zonas cercanas a esta ciudades para tener un mayor alcance de ejecución, además permiten desarrollar el diagnóstico de seguridad como puntos de análisis. Expertos y analistas hablan de seguridad ciudadana El proyecto contempla la participación de candidatos de todos los partidos movimientos políticos del país, invitados por medio de comunicación oficial a sus directores y jefes de partidos quienes tienen la posibilidad de cubrir un límite de cupos en los eventos, es así como muchos partidos han respondido de forma receptiva recomendando a sus candidatos la asistencia a las jornadas de cada ciudad. Además se cuenta con expertos y expertas nacionales que se han dedicado al estudio de la seguridad ciudadana y su tratamiento en diversas perspectivas como el enfoque de género, el marco normativo o desde lecturas concretas de la realidad en seguridad, entre ellos Linda Cabrera, Subdirectora de Sisma Mujer, los asesores Hugo Acero y Rafael Grasa y desde la Fundación Paz y Reconciliación- Pares, su Director León Valencia y el Subdirector Ariel Ávila, investigadores, escritores y analistas políticos.

Por: Redacción Pares Este lunes, la artista Doris Salcedo, la Comisión de la Verdad y la Universidad Nacional de Colombia realizarán ‘Quebrantos’, una acción de duelo monumental que busca enaltecer y honrar la memoria de los líderes asesinados recientemente. Toda la acción es una elegía elevada que busca evocar las presencias de estas víctimas cuya memoria se debate en la fragilidad del olvido. Es la creación de un poema fúnebre en la Plaza de Bolívar, corazón político del país, donde se dibujarán los nombres de 165 de estos líderes para luego reescribirlos en vidrio fracturado. La reescritura la llevarán a cabo 70 líderes de distintas regiones.

Por: León Valencia, director – Pares María Isabel Rueda escribe este domingo una interesante columna sobre el presidente Iván Duque y dice que sus problemas vienen del uribismo extremo, de las voces inoportunas, salidas de tono o lunáticas de un sector de su propio partido que no dejan oír el tono del propio Duque. Sin duda ese es un grave problema. Pero no es la causa de la crisis profunda que atraviesa el gobierno. Todos los desaciertos de Duque tienen origen en que ni él ni Uribe, ni el Centro Democrático han comprendido que el país cambió, que ya no es el mismo que gobernaron entre 2002 y 2010. Enrique Peñalosa es el ejemplo más cercano de un fracaso por cuenta de la incomprensión de los cambios de la realidad. Peñalosa había gobernado a Bogotá con éxito a finales del siglo pasado. Había realizado una transformación urbanística importante y se había ganado el título de gran gerente. Las cosas que hizo eran una novedad para los bogotanos y en ese tiempo no había que hacer mucho para comunicarlas, la gente simplemente las veía. Pasaron los años y los nuevos gobiernos siguieron la senda de Peñalosa con obras necesarias para la ciudad, pero le agregaron nuevas cosas, le agregaron procesos culturales complejos, le agregaron una preocupación por la inequidad y la marginación social, étnica y sexual; entre tanto también la realidad y las percepciones de la realidad cambiaron: apareció el miedo al cambio climático, las redes sociales entraron a tener un gran protagonismo y la izquierda dio un salto en su influencia sobre la capital. Bogotá había sufrido un cambio profundo. Las obras, siendo tan necesarias e importantes, ya no eran una novedad, en cambio era novedad la protección del medio ambiente y de ahí la sensibilidad ante la amenaza de acabar con la reserva Van Der Hammen; los barrios del sur se habían acostumbrado a los grandes discursos de reconocimiento de Petro acompañados de algunas transferencias económicas para aliviar situaciones de pobreza; y las redes sociales ya competían con éxito con los grandes medios de comunicación, y por eso, no bastaba con la solidaridad de estos últimos con el mandatario de la ciudad. A Duque le está ocurriendo lo mismo que le ocurrió a Peñalosa; no ha entendido que el país cambió. La gran amenaza militar de las Farc se acabó; la apuesta de seguridad afincada en la solución militar perdió atractivo; la gente empezó a saborear algunos resultados del proceso de paz; las élites políticas y empresariales se dividieron y una parte se la está jugando por la salida negociada al conflicto armado que ha vivido el país; la comunidad internacional viró de la lucha antiterrorista a la preocupación por los graves problemas de migración y al aprecio por las iniciativas de paz. Estos cambios han generado un movimiento social y político diverso, plural, que defiende el acuerdo de paz con la guerrilla con argumentos sólidos y con convicciones inamovibles, y este movimiento se ha convertido en un muro contra el cual tropiezan las iniciativas de Duque y el uribismo para modificar aspectos sustanciales del tratado de La Habana. En el seno de las fuerzas militares han surgido voces críticas y sectores que no quieren volver a los métodos empleados por Uribe para conseguir resultados dentro de la política de seguridad democrática; todas las cortes distinguen claramente la diferencia entre un acuerdo de paz y una política de sometimiento a la justicia y por eso no tratan a los desmovilizados de las Farc como a simples narcotraficantes; la comunidad internacional no traga entero y no pasa de largo ante la estigmatización de los líderes sociales y los miembros de la guerrilla reintegrados a la vida civil. En fin, una parte importante del país quiere avanzar hacia una nueva agenda y no retroceder a la política con la que el uribismo gobernó a Colombia a principios de siglo. Duque y el uribismo deberían mirar la historia reciente de América Latina. En la región han fracasado estruendosamente proyectos políticos de izquierda y derecha que han querido repetir sus mandatos, proyectos que no advirtieron los cambios. Podemos ir un poco atrás: Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Fujimori en Perú; o podemos situarnos un poco más acá: Dilma Roussef después del éxito de Lula, Cristina Kirchner después del gobierno de su esposo, Maduro después de Chávez. Repetir es una fórmula desastrosa en política.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Desde el año pasado el gobierno de Iván Duque radicó en el Congreso de la República una ley para modernizar el sector de las tecnologías y comunicaciones a nivel nacional. Al principio estuvo a punto de archivarse, pero a punta de ‘lobby’ logró tramitarla y ahora está a solo una conciliación y a un paso de la sanción presidencial para ser aprobada. “Quiero agradecer (…) el trabajo que hacemos, desde el 19 de septiembre del año pasado, es decir llevamos casi nueve meses, nueve meses en el que cada uno de ustedes (Congreso) ha contribuido de una manera absolutamente constructiva, absolutamente positiva y que lo que estamos votando hoy”, expresó Sylvia Constaín, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al término de la sesión en. Según Constaín, el texto final fue una construcción conjunta con el Congreso, y permitirá que de ahora en adelante se trabaje por conectar a las regiones más apartadas en Colombia en materia de tecnologías. Esta semana ambas cámaras dieron vía libre al proyecto con unos pocos cambios. Por lo tanto, el próximo martes tendrá lugar la conciliación que se supone le dará el último espaldarazo a la ponencia presentada por el gobierno como el proyecto más importante en los últimos años, con relación al acceso a las tecnologías y que aspira a ser nacional. Para llegar a un consenso, y que volviese a tomar fuerza el proyecto, la ministra logró un texto distinto al propuesto inicialmente por el gobierno, sin embargo, Constaín resaltó que su esencia se mantuvo por dos aspectos: 1. La garantía de la conectividad de telefonía e internet en todo el territorio, 2. Beneficios al sector privado para que desarrolle la infraestructura. ¿Qué busca el gobierno con la ley? Uno de los puntos principales que busca la ley es ampliar los términos de concesiones del espectro para que las empresas operadoras tengan el tiempo para llegar a los territorios más apartados y asimismo recuperen el dinero invertido. De acuerdo con el senador Rodrigo Lara, la idea es que se licite la franja de 700 Mhz, que es la que permite que las antenas tengan el mayor alcance para las zonas rurales del país, para cubrir el mayor número de centros poblados del país. El congresista expresó que desarrollar o desplegar infraestructura es muy costoso, sobre todo infraestructura de 5g, y por esa razón es necesario ampliar el contrato con las compañías para que se recupere la inversión. Ahora bien, agregó que la tecnología 5g es la que se está implementando a nivel mundial y por consiguiente, si los países, y en especial Colombia no invierte en alto debito de internet, es imposible básicamente tomar datos y desarrollar las aplicaciones de inteligencia artificial. “Si no llega esa tecnología de 5g a las zonas rurales pues nunca van a estar interconectados y no van a poder estar a la altura de los desarrollos tecnológicos que hoy se esta dando en el mundo”, apuntó. Otro de los aspectos que llamó la atención a la opinión pública fue la eliminación de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) independiente del gobierno, y en su reemplazo la creación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que estará compuesta por miembros del gobierno, de la sociedad civil, de la academia y gobernaciones. Lara contó que, desde Cambio Radical, hubo aspectos que corrigieron que eran delicados. Por ejemplo, garantizar la independencia de la nueva comisión de televisión y garantizar que la contraprestación que deben pagar las compañías de telefonía móvil en esa extensión del contrato no se convirtiera en un abuso o en un detrimento para el Estado. Sociedad civil y oposición Cuando se debatía el martes la ley en la cámara baja varias organizaciones de la sociedad civil y líderes de opinión se manifestaron en contra de la propuesta del gobierno, además porque en últimas fue aprobada a pupitrazos. Según ellos, más allá de la expansión de las tecnologías y las comunicaciones, hay un debate de fondo en varios de los artículos. “¿Será que hoy en la Cámara nos dan la sorpresa de negar que pase un proyecto de ley que le hace daño a la democracia en pro de intereses corporativos internacionales, sin que una cosa tenga que estar relacionada con la otra? Lo dudo. Pero igual #NoALeyMacheTIC”, expresó desde Twitter el periodista Santiago Rivas, quien estuvo en contra de dicha ley desde que se radicó en el Congreso. Asimismo, expresaron que dicha ley les quitó la oportunidad a las redes comunitarias en el país. Pues, es un proyecto que ve los territorios desde el centro y no desde su mismo contexto. Y en ese sentido, hubo total rechazo a la forma como se llevó a cabo el debate, pues no tuvieron en cuenta a la sociedad. “Hoy Colombia va a retroceder en su soberanía nacional, lamento que el Gobierno haya ya conformado mayorías para votar un proyecto de ley que va en detrimento de las telecomunicaciones y los medios de comunicación pública. #NoALeyMacheTic #LeyTic”, publicó el representante a la Cámara del Partido Verde, León Fredy Muñoz. Así las cosas, lo más probable es que pase la conciliación y Duque firme el texto que por poco se queda archivado. El sinsabor esta vez es para la sociedad civil que se quedó con varias propuestas en la mano.