Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El director de la Fundación Paz & Reconciliación -PARES, León Valencia, analizó un caso que la prensa marginó de la agenda mediática durante los últimos meses: el caso Odebrecht en Colombia. Justamente, Valencia hace hincapié, no solo en el caso colombiano del conglomerado brasileño que ha dejado muertes de testigos clave; sino que también se refirió al papel inoperante de la figura de Leonardo Espinosa Quintero, fiscal ad hoc para el caso Odebrecht. Cabe recordar que el pasado 28 de noviembre se presentó el proyecto de fallo en el que se solicitó nombrar un fiscal encargado para la investigación del caso Odebrecht en Colombia. Dicha ponencia, que fue aceptada por la Sala Plena de la Corte Suprema, encaminó un polémico debate para solucionar las demoras investigativas que estaba dejando en veremos los avances sobre cómo se tejió la estratagema de corrupción y la búsqueda de responsables. La polémica tuvo nombre: ‘La ruta del sol II’ El ambiente enrarecido lo desató la muerte del ingeniero Jorge Enrique Pizano. Después de este lamentable episodio salió ante la opinión pública, a través de Noticias Uno, las pruebas que Pizano tenía para comprobar que Néstor Humberto Martínez conocía, antes de ser fiscal general, sobre las coimas y los dineros que el conglomerado Odebrecht pagaba en Colombia. Pizano le había brindado las pruebas al medio de comunicación con la promesa de que solo se publicaran si obtenía asilo en otro país o si fallecía. Tras su muerte, Martínez Neira quedaba más que impedido para investigar el caso Odebrecht. El conocimiento del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, era sobre la revelación que le había hecho Pizano acerca de las graves irregularidades en los pagos a contratistas en el marco de los dineros de la Ruta del Sol II. De esta forma, Martínez Neira, quien antes de llegar a la fiscalía fungía como abogado de Corficolombiana —empresa socia de Odebrecht en Colombia— no lo denunció, aunque supo de antemano el entramado de corrupción que se estaba fraguando. Así las cosas, en un ambiente plagado por la incertidumbre y la falta de credibilidad se abrió la posibilidad de crear la figura del fiscal ad hoc; de la cual salió como elegido el ternado de la Sergio Arboleda: casa de estudios del uribismo, Leonardo Espinosa. 17 votos en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia fueron la antesala de la llegada Espinosa Quintero, un conocido de vieja data del presidente de la República Iván Duque. El fiscal ad hoc debía, desde ese momento, ser el timonel de la polémica investigación. El timorato papel de Espinosa Quintero Los cinco meses de Leonardo Espinosa Quintero como fiscal encargado de la investigación sobre el caso Odebrecht, tuvo como capítulo póstumo la afanosa salida de Martínez Neira de la Fiscalía General de la Nación. León Valencia desaprueba la gestión de Espinosa Quintero bajo la figura de fiscal ad hoc, debido a que no se conoce mayor avance concretos en la investigación de uno de los casos más polémicos de corrupción del país. Según el analista, es inaceptable que las actuaciones de Espinosa Quintero se limiten a los tímidos acercamientos al revivir el caso de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez o sobre algunos señalamientos sobre irregularidades del exfiscal Martínez Neira. Valencia, pone especial atención sobre el hecho de que, desde la figura de fiscal ad hoc no se haya avanzado de manera eficiente sobre las campañas presidenciales en Colombia, que resultaron salpicadas en el escándalo con la firma brasileña. El precario avance sobre Odebrecht en Colombia se recrudece cuando en la región de América Latina las investigaciones han logrado a responsabilizar jefes de Estado, frente a una impunidad en este sentido para el caso colombiano. De esta forma, para Valencia la figura de fiscal ad hoc fue una oportunidad perdida. ‘Sin pena ni gloria’ Dentro de lo poco que dejó el paso de Espinosa Quintero, está la revisión de los documentos de los cuales era apoderado el exfiscal Martínez Neira. Por medio de la entrega del informe que hizo el entonces fiscal ad hoc a la Corte Suprema de Justicia, se conoció que Martínez Neira demoró un año la orden de captura de Eder Ferracuti, quien aprovechó ese lapso para cerrar dos CDT que superan los 900 millones de pesos. Asimismo, como caminos entorpecidos para conocer al completo el material de la investigación que solicitaba Espinosa Quintero. Muestra de esos acercamientos no muy certeros constan en las declaraciones del exfical ad hoc, quien cuando entregó el informe señaló: “Revisando algunos documentos empezamos a evidenciar que había ciertos trámites como demoras en la orden de captura, vimos demora en lo que respecta a situaciones de dar aviso a la Interpol para emitir circular azul. Esas circunstancias las informamos al fiscal, para que nos compartiera o solicitara a los fiscales encargados las explicaciones de las mismas”. Colombia, un caso marginal en la región León Valencia resaltó el precario avance en término de capturas de alta investidura en el caso Odebrecht para el caso colombiano, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Perú las investigaciones sobre el caso de corrupción de la firma brasileña han acorralado a cuatro expresidentes. En suelo colombiano, el conglomerado Odebrecht lleva desde la década del noventa y en ese trasegar hay múltiples contratos que hizo conforme a lo poco que se ha avanzado en materia investigativa. Hay una anomalía sospechosa frente a que no se haya centrado la investigación en la participación de Odebrecht en las campañas presidenciales. Con más veras resulta extraño, dado que para el analista el tema de las campañas presidenciales que eran la “especialidad de Odebrecht”. La forma de operar del conglomerado brasileño no era sobornar funcionarios de perfil bajo, sino que se encaminaba a la cabeza de las campañas. El objetivo de Odebrecht, en este orden de ideas, era asegurar la mayor cantidad de contratos proyectados en los posibles gobiernos que financiaba, según Valencia. Para León Valencia, urge que se priorice la investigación de las campañas políticas en el país, porque ante el paso de los años el devenir de responsables no parece advertir más allá de nombres de un rango bajo a expensas de la impunidad de los grandes políticos. Para Valencia en aras de superar la corrupción, como él la denomina, ‘el gran cáncer de la democracia’ se tendrá que entrar en materia y decisiones por parte del gobierno nacional. Más aún por el irrelevante paso de Espinosa Quintero. Una pequeña ventana que se abre Recientemente, después de las declaraciones de Bernardo ‘El Ñoño’ Elias —quien es uno de los condenados por el caso de Odebrecht— la Comisión de Acusaciones abrió una investigación preliminar en contra del expresidente Juan Manuel Santos Calderón. De tal suerte, el famoso “me acabo de enterar” de Santos vuelve paulatinamente a la opinión pública, trayendo consigo los US$400.000 que abría aportado Odebrecht a la campaña presidencial de 2010.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «Este Plan Nacional de Desarrollo de Duque y del uribismo es alcabalero, es decir, crea impuestos y crea más deuda. Cuando uno lo lee encuentra un plan meramente declarativo, una visión de reina de belleza y lo más grave, es proclive a la corrupción a través de la contratación privada de negocios públicos.» Pares habló con José Roberto Acosta Ramos, economista, abogado, docente universitario y columnista de Pares y del diario El Espectador, desde donde ha logrado posicionarse como uno de los opinadores más contundentes con algunas de las denuncias más importantes sobre casos de corrupción como Odebretch, Navelena, la venta de Isagen, entre otras. Trabajó más de 20 años en el sector bursátil y financiero y desde hace 25 años ha sido docente de pregrado, posgrado y MBA, lo que le confiere un sustento teórico para poder ser hacer análisis profundos y sustentados. Pares: Este miércoles, durante la instalación de la 54ª Convención Bancaria, Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República, dijo que la economía colombiana está estancada, y por su parte el propio gobierno de Duque lo niega. ¿Cómo analiza esa paradoja? José Roberto Acosta Ramos: No es una paradoja. La afirmación del Banco de la República está soportada en cifras cuya fuente primaria es el propio DANE, el departamento administrativo adscrito al gobierno nacional, de tal suerte que quienes hemos señalado ese problema estamos hablando con la misma materia prima con la que el gobierno debe hacer su análisis, no negarlo. Las razones para que el Banco de la República denuncie un estancamiento económico es porque compara la producción de la economía durante los tres primeros meses de este año con la producción de los tres últimos meses del año pasado. Ahí la comparación podría criticarse en la medida en que el mes de diciembre es típicamente y estacionalmente el mejor mes de producción de la economía durante el año, entonces esa comparación podría mirarse como un poco desbalanceada, pero independiente de esa iniciativa de comparación, lo cierto es que la economía durante el primer trimestre del 2019 produjo exactamente lo mismo que el último trimestre que el año pasado, y eso a ojos de cualquiera se llama estancamiento, se llama parálisis o se llama crecimiento cero. Es decir, el Banco la República no está diciendo mentiras, aunque podría reprocharle que compare el primer trimestre de este año con el último por el tema de diciembre que ya expliqué. Ahora bien, lo más grave que ha generado esta discusión es que es que el DANE habló de un crecimiento de 2,8 en el primer trimestre, muy por debajo del 3,2 esperado por todos los analistas. Pero lo peor es que ni siquiera crecimos al 2,8 sino que el crecimiento fue de 2,3 que es el dato verdadero y es muy malo. Pone en serios aprietos la tesis del gobierno de que nos estamos recuperando con fuerza. Pares: ¿A qué se debe la parálisis económica que está sufriendo el país? J.R.A.R: La principal razón es definitivamente la falta de un cambio en la política económica de este gobierno frente a lo que venía haciendo el gobierno anterior. Si uno analiza la ley de financiamiento, que fue un fiasco, el grueso era el IVA a la comida y no lo pudieron justificar políticamente, eso la desgastó, acabó hundiéndose y dejando una ley de financiamiento que terminó en desfinanciamiento, como el mismo gobierno lo reconoce. Entonces para el año 2020 se va a presentar un hueco fiscal en recaudo de cerca de 10 billones de pesos ante los descuentos que se les están aplicando a las empresas. La acción económica empezó con muy mal paso, y después del fracaso de la ley de financiamiento, el gobierno del presidente Duque descuidó la economía, descuidó esa novia que tiene que consentir por andar en el tema de la polarización política a través de las objeciones a la JEP y el tema Santrich. Y el desempleo disparado. Se descuidó el empleo y la producción de 45 millones de colombianos. En economía, esas infidelidades cuestan y es lo que se está viendo en este momento, porque el gobierno no ha podido levantar cabeza y lo demuestran los datos del desempleo que se ha venido disparando dramáticamente durante este periodo presidencial del uribismo. Pares: El aumento del desempleo en Colombia, que según cifras del Dane en abril pasado se ubicó en el 10,3 % tuvo un aumento frente al mismo periodo de 2018 cuando llegó al 9,5 % ¿Cómo analiza esta situación? J.R.A.R: A nivel nacional todos los indicadores muestran un deterioro del empleo que el gobierno ha justificado equivocadamente y desconociendo las cifras de DANE con el cuento de la migración. Tomando las mismas cifras del DANE muestran que más de 1 millón 300 mil personas abandonaron el mercado laboral, salieron del mercado laboral, y esos puestos no fueron llenados por los venezolanos. Acá estamos frente a una destrucción del empleo. Con corte al mes de abril que es la última cifra, 750,000 empleos desaparecieron de la economía. Es una tendencia preocupante y que el gobierno quiere desconocer; engañar y mentir sólo perjudica el análisis económico y obviamente las expectativas de los empresarios y los consumidores. Pares: La semana pasada vimos una foto en la que el presidente era ovacionado por empresarios en un encuentro en la Cámara de Comercio. ¿Ese momento demuestra que ellos están satisfechos con el gobierno Duque? J.R.A.R: No, no lo están. Esa foto de ese evento fue pura publicidad. El gobierno necesita menos publicistas y más economistas, necesita menos fotos y más overoles para trabajar. Ese evento es el retrato de una fantochería. Al evento estaban invitados unos empresarios por el doctor Carlos Moreno Piedrahíta, quien tiene bastantes relaciones: con una llamadita todo el mundo le corre. Aquí los empresarios de dientes para afuera sonríen, pero de dientes para adentro estamos preocupados, y hablo como empresario del sector de plásticos, manufacturero y agrícola. Estoy muy preocupado con lo que está sucediendo porque los golpes de confianza que se han venido dando por estos shows mediáticos y ninguna sustancia económica, están perjudicando en términos generales a la economía. Este gobierno del uribismo dice que el crecimiento de la inversión extranjera directa aumentó de una forma importante, pero tiene que decir la verdad completa y es que ese aumento se ha concentrado principalmente en petróleo, carbón y minas que son productos primarios, productos de una economía extractivista que es un modelo que no nos ha funcionado en los últimos 40 años. Entonces volver a insistir en que esa debe ser la veta de crecimiento, y por eso impulsan el fracking, es una política económica del desespero, es una política económica de pelar la olla. Si uno analiza otros componentes de la inversión extranjera, como es el caso de la inversión del portafolio, ésta ha sido un 80% menos que la del anterior gobierno. Es decir que esta inversión de portafolio, que es la plata que llega de inversionistas de bolsa para comprar títulos de deuda pública en pesos y para comprar acciones, se desplomó durante este año. Esto evidencia que los inversionistas extranjeros en portafolio no ven un escenario de economía real sólido para el futuro, y por eso dejan de comprar en el mercado bursátil. Ellos son la primera señal de lo que va a pasar con la economía real. Pares: Las más recientes confrontaciones entre el gobierno y el uribismo con organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas ¿pueden tener algún impacto en la economía del país? J.R.A.R: Sin duda, porque a diferencia de lo que es la confrontación en otros países como Inglaterra donde hay debates bastante álgidos o la polarización económica que hay en Estados Unidos alrededor de Trump, la polarización en Colombia genera muertos, la masacre de líderes sociales, el asesinato desmovilizados de la guerrilla; es muy doloroso porque se cobra con vidas. Y definitivamente es muy mal visto por los mercados que habían creído pasar la página del conflicto armado y se habían entusiasmado con sectores como el turismo o la inversión del portafolio. Si se reaniman esas acciones violentas, pues definitivamente la economía va a tener que pagar las consecuencias de eso. Indudablemente. Pares: ¿Cómo es su balance del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Duque? J.R.A.R: Definitivamente el gobierno está equivocado con este Plan de Desarrollo, que es muy similar al del gobierno Santos. Llama la atención que estamos próximos a conocer el plan fiscal de mediano plazo que es fundamental para determinar cómo va a financiarse, pero lo que se ve es una maraña de artículos creando nuevos impuestos: el de la sobretasa para salvar a Electricaribe y un artículo que genera actos de contratación pública a través de la modalidad privada donde concentrará, con patrimonios autónomos fiduciarios, buena parte de los recursos públicos. Pero lo más preocupante es que esos recursos los van a concentrar en Findeter, que está en cabeza de Sandra Gómez que fue nombrada por Alberto Carrasquilla tras ser su subalterna en el primer periodo de Uribe, y quien además estuvo involucrada en el negocio de los bonos agua. Ese perfil mercantilista preocupa porque, no solo es proclive a la corrupción, sino que adicionalmente genera que entidades se endeuden con la ley de punto final en materia de salud, o paguen el pasivo del fondo de estabilización del precio de los combustibles; es una apuesta que en últimas viene siendo de más impuestos. Recordemos esa máxima vigente de David Ricardo, el economista clásico, que dice que la deuda de hoy son los impuestos del mañana. Pares: ¿Qué debe hacer el gobierno para corregir el rumbo? J.R.A.R: Hacer por lo menos la mitad de lo que prometió en campaña. Siempre se criticó el derroche del gobierno de Santos a través de la contratación paralela, y este gobierno poco o nada ha recortado ese gasto innecesario y perjudicial. Sin organizar las finanzas públicas por el lado del gasto, Duque y el uribismo se verán obligados a seguir ajustando por el lado del ingreso, aumentando impuestos y ese es el camino equivocado. Este gobierno uribista debe buscar un consenso en el tema del Acuerdo de Paz, que se constituya en un apalancamiento para incentivar las expectativas positivas y de confianza sobre el país. No lo que está haciendo, como si el Acuerdo fuera un palo en la rueda de la economía, cuando debería ser todo lo contrario.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La Corte Constitucional tumbó este jueves dos normas del Código de Policía que prohibían el consumo de licor y sustancias psicoactivas en espacios públicos. Según el máximo tribunal, ambos artículos no eran “razonables constitucionalmente” pues atentaban contra el principio de la libertad y el libre desarrollo de la personalidad. La institución declaró inexequibles las expresiones “alcohólicas, psicoactivas” contenidas en el Artículo 33 (lit. c, num. 2); y las expresiones “bebidas alcohólicas” y “psicoactivas” del Artículo 140 (num. 7) del Código de Policía (Ley 1801 de 2016). “Frente a este problema jurídico la Corte encuentra que esta prohibición del Código Nacional de Policía no es razonable constitucionalmente pues a pesar de que busca un fin imperioso como lo es la tranquilidad y las relaciones respetuosas entre las personas, lo hace a través de un medio que impide alcanzar dicho fin”, expresó la magistrada Diana Fajardo Rivera, magistrada. Y agregó que es así porque la generalidad del articulado invierte el principio de libertad, puesto que, no hay ni siquiera riesgo de que se afecten los bienes protegidos. Y sí limita al derecho al libre desarrollo de la personalidad. La Corte también argumentó que otros medios previstos en el mismo código para prevenir un mal comportamiento tras el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas. Y en ese sentido, es inconstitucional sacrificar intensamente una libertad. Por su parte, la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortíz, explicó que la norma lo que prohibía puntualmente era el consumo, más no el comportamiento. Y por lo tanto, el alto tribunal analizó el punto del consumo, puesto que, “el consumo per se no necesariamente genera esas consecuencias negativas”, indicó. Según explicaron ambas magistradas en rueda de prensa, lo que estipulaba la norma era que cualquier consumo de cualquier sustancia en cualquier cantidad daría lugar a una medida correctiva. “Entonces si una familia esta teniendo un almuerzo campestre en un parque donde de pronto se toman una cerveza, una copa de vino, y están con sus hijos, estaría ese comportamiento incurso en la medida y ese comportamiento no tiene la potencialidad de dañar el espacio público, ni si quiera de afectar la convivencia y las relaciones respetuosas”, apuntó. «Se favorece el negocio criminal» «Yo respeto y acato los fallos, pero quiero ser claro; seguiremos perseverando con todo el dinamismo para liberar los parques y los entornos escolares de nuestro país del acecho de las drogas», reiteró el Presidente en la Escuela Militar de Cadetes ‘José María Córdova’. Asimismo, miembros de la bancada de gobierno y a fines al mismo encendieron las alarmas en las redes sociales y rechazaron la medida tomada por la Corte Constitucional. Ellos consideran que favorece a la criminalidad, al microtráfico y afecta a los niños y niñas que habitan los espacios públicos. A través de un mensaje en sus redes sociales, el expresidente Uribe salió de inmediato a rechazar el fallo de la Corte Constitucional y hace un llamado a la ciudadanía a salir a las calles a manifestar dicho rechazo. Queridos ciudadanos, nosotros tenemos que decir que rechazamos profundamente esa sentencia de la Corte Constitucional, y nos disponemos a salir a las calles. Lo único que no pudo quitarnos el gobierno anterior fue la calle que es nuestro campo de batalla. pic.twitter.com/bNPKObVzxX — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 7, 2019 “En nombre del libre desarrollo de la personalidad se protege el consumo de drogas y alcohol en espacios públicos, y con él: – Se favorece el negocio criminal del narcotráfico, – Se desprotege a los pequeños y se contribuye al mal ejemplo y a la destrucción de hogares”, expresó en su cuenta de Twitter la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín. En ese sentido, indicó que, con esta decisión se dificulta cada vez más la política integral de combate a las drogas ilícitas y los esfuerzos por la convivencia ciudadana. A su vez, el abogado y aliado del Centro Democrático, Rafael Nieto Loaiza compartió en la misma red social que esta es “la dictadura de los jueces”. Según él, se inventan los derechos y sus alcances, por encima de las mayorías y ahora defienden el «derecho drogarse y emborracharse en público por encima del de los niños a un ambiente sano y libre de drogas y alcohol”.

Por: Priscila Zúñiga Jiménez Dejé la cartera de seguridad y convivencia hace 8 meses. Decidí tomarme un descanso de la vida pública retornando a mis actividades académicas, sociales y familiares. Entre las académicas estaba seguir creciendo como investigadora en materia de conflicto armado, seguridad urbana y crimen organizado. Me enfoqué en otras ciudades como Cali, Medellín y Buenaventura para explorar y comparar variables e indicadores así como aprender de las dinámicas delincuenciales y criminales. Sin embargo hoy, me tomo el tiempo de revisar las estadísticas y leer un poco la dinámica en el territorio por los hechos acontecidos en las últimas horas en Santa Marta. La seguridad es un trabajo de persistencia, es dinámico no estático. Lo que conlleva a ajustes permanentes para atender el delito según la coyuntura: En materia de seguridad no hay una foto final siempre son parciales. Hay variables, cuantitativas y cualitativas importantes para tener en cuenta en el análisis de lo que ocurre.  Entre estas la tasa proyectada de homicidios que para el 2019 puede estar cerrando en 25.24 frente a 2018 que cerró con una tasa de 20.87 es decir 21 (Ver gráfica comparativo tasas 2018 vs 2019) reitero, no es una foto final, aún queda un semestre para recuperar la tasa. Con el corte a mayo Santa Marta tienen 52 homicidios frente a 43 en el 2018 (Ver gráfica Homicidios 2018 vs 2019) con un incremento en casos de sicariato. La Policía Metropolitana en cabeza del Coronel Gustavo Berdugo Garavito ha logrado importantes resultados en capturas, incluso en flagrancia para contrarrestar el accionar criminal en la ciudad y han logrado con trabajos de inteligencia, desestructurar bandas de delincuencia común como la banda de Los del Río, dedicadas al hurto de personas y residencias. A su vez, se han desplegado campañas para lograr la captura de los sicarios y así contener el aumento de los homicidios que es uno de los delitos que más afecta a la percepción de seguridad en Santa Marta. Por su parte, El ejército ha recuperado presencia militar en la Troncal del Caribe a través del Batallón de Alta Montaña. Luego de la presión que desde el año pasado el mandatario distrital hizo al Presidente y al comando de FFMM a que reestablecieran las tropas requeridas para lograr garantizar la tranquilidad de los moradores del corregimiento de Guachaca y Minca. En Guachaca, van 5 homicidios en lo que va del año. En 2018 se presentaron 6 en total. Un factor que se suma a la situación de seguridad es el crimen organizado y el narcotráfico. La lucha contra los Pachencas debe ser aún más frontal. Se aumentó las recompensas. Se realizó inversiones para fortalecer la movilidad de la FFMM y se monitorean, desde la sala SIES en Buritaca, 40 km de la vía con lo que se mejoran las herramientas para atender criminalidad en Guachaca. Este mes, la policía Metropolitana logró la captura de alias Flash. Golpe contundente para el manejo de las finanzas de los Pachencas. Con esto se entorpecerá el cobro de extorsiones en algunos sectores económicos importantes mientras se recomponen. Este grupo es responsable de un alto porcentaje de los homicidios por sicariato en la ciudad. Por dignidad, la captura de Chucho debe ser el objetivo del conjunto de todas las fuerzas. Pues al parecer ya hay un actor que quiere reemplezar a los pachencas y reestablecer el orden de otras épocas. Lo que ha motivado los homicidios por delaciones. Nada nuevo para los pobladores de la zona, desde la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC en el año 2006 se turnan el poder y transfieren el mismo al antojo. Hay que avanzar en garantías de no repetición. El análisis que por años he realizado de la dinámica de la confrontación armada y de la ilegalidad en el territorio muestra dos puntos clave: la Troncal del Caribe –Guachaca- y la Plaza de Mercado. La recuperación de esta última, que se gestó en el 2015 demuestra la autoridad y el retorno de la gobernabilidad de un sector altamente copado por actores criminales. La presencia institucional en ese sector debe ser permanente. No se puede ceder los terrenos ganados. En cuanto al narcotráfico, la disputa por las plazas de vicio y el control del puerto. El narcotráfico ocupa un renglón en la economía local –aunque ilegal- genera recursos y alimenta familias. Es bastante poroso, casi que imperceptible mientras fluya con normalidad el negocio y no se caigan embarques, hasta entonces no se sabe nada. Otra parte de los homicidios en la ciudad están relacionados con esta disputa por las plazas y el copamiento de otras. Entre otras cosas surgen dudas y preguntas: ¿quién es la cabeza del narcotráfico en la ciudad? ¿Quién ordena a su antojo homicidios de ex jibaros que no quieren seguir vendiendo? ¿Porque se mueven con facilidad portando armas de fuego? Etc. Pasando a otro delito, el hurto, como factor de afectación a la seguridad ciudadana. Es un delito que como indicador es difícil de controlar. Estos son los casos que se han presentado de enero a mayo y que están registrados en el SPOA para Santa Marta por modalidades (Ver gráfica modalidad de hurto 2018-2019). Todo este año, al igual que el año pasado se ha intentado disminuir el pacto del delito. El delito muy pocas veces desaparece, el delito muta y se desplaza. Hay que desatacar que ha habido una mejoría en el control a: hurto a residencias y a comercio. El hurto a bicicletas sin embargo persiste. Estratégico, mantener las intervenciones según lo que plasme la mesa del análisis de delictual (Fiscalía, Gaulas, CTI, Policía, Medicina Legal). La coordinación interdisciplinaria e interagencial para atender el delito es fundamental. Hay que planear sobre los puntos calientes, no sacar a pasear a la fuerza pública para que la vean en sectores turísticos. Las intervenciones de control urbano deben estar ligadas a la planeación de la prevención del delito o de un delito en específico, para así medir sus resultados de manera estadística o cuantitativa. En 2017 el gobierno distrital le apostó a la transparencia en los datos en materia de seguridad. Hizo pública la plataforma del Observatorio Distrital de Seguridad y Convivencia para la consulta de todos los ciudadanos. Así como el acceso a los documentos de investigación a través del centro de documentación en la misma plataforma. Es una buena práctica que debe mantenerse. Imposible para mi cerrar sin hacer referencia a los líderes sociales asesinados. El asesinato de líderes sociales, es otro factor que altera la percepción de seguridad. En seis meses son tres líderes asesinados Maritza Quiroz, Wiltón Orrego y ahora Joaco Trujillo todos en zona rural. Dos en el corregimiento de Guachaca y una en el corregimiento de Bonda. Exalto el tema de las recompensas en cada caso, pero lo que se requiere es judicialización y captura de los responsables. No podemos seguir fallándoles a las víctimas de la violencia ni a los líderes sociales. El panorama anterior es altamente probable que tenga cambios a lo largo del año, aún quedan 7 meses para el cierre. Por lo pronto son apreciaciones o conclusiones parciales. Reitero, en la seguridad no hay una foto final, todas son parciales. —————————————————— Este artículo fue publicado originalmente por Opinión Caribe en su edición 268, con el título En materia de seguridad no hay una foto final siempre son parciales.

Por: Juan Manuel Torres Erazo. Coordinador oficina regional Pares-Pacífico En el Distrito de Buenaventura se vienen recrudeciendo los fenómenos de violencia. Hasta el 31 de mayo 2019 reportaban 46 homicidios versus 26 personas asesinadas en el mismo periodo del año pasado, un incremento del 77,0% según los datos de Policía. En las últimas semanas ha desmejorado la percepción de seguridad por una serie de homicidios y delitos de alto impacto y por la desconfianza contra las autoridades debido a la vinculación de uniformados de la Policía con el crimen organizado y los grupos armados. Dicha situación se vio reflejada en el intento de asonada contra la Policía la noche del martes 28 de mayo en el barrio Colón mientras adelantaban la persecusión de una persona armada: la población les reclama por sus actuaciones desmedidas en algunos de sus operativos. Los señalamientos se agravan porque el subcomandante de la policía local, Mayor Cristhian Adrián Torres Castellanos y un patrullero fueron capturados acusados de tener alianzas con el Clan del Golfo. Las autoridades locales adelantaron un Consejo de Seguridad el pasado lunes 27 de mayo encabezado por la alcaldesa Maby Yineth Viera y la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, entre las decisiones tomadas está la de militarizar las comunas 10 y 12, prohibir el parrillero hombre, traer cuerpos élite de la policía y reforzar los controles en toda la ciudad. Para terminar de agravar lo que viene aconteciendo y mostrar las medidas tomadas como insuficientes, comenzando junio no paran las afectaciones sobre la juventud y ni mejora la confianza con las autoridades policiales, pues sucedieron este fin de semana festivo dos hechos que ahondaron la sensación de zozobra en la población. En primer lugar el atroz crimen que acabó con la vida de Diana Tatiana Rodríguez de 11 años de edad y que fue encontrada muerta en la mañana del domingo con signos de violencia sexual y maltrato físico, lo que motivó a que miles de personas se unieran a una marcha en rechazo al cruel asesinato de Diana Tatiana el día martes 04 de mayo en la tarde. En las últimas horas el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Nacional capturaron a Jhon Eduard Quintero Urquiza, tío de la víctima, a quien acusan de haber abusado, asesinado e intentar desaparecer el cuerpo. Al parecer ya aceptó su autoría cuando se entregó por miedo a represalias de la comunidad. Están esperando los resultados de las pruebas para comprobar su responsabilidad y la de otros involucrados en el feminicidio agravado en concurso heterogéneo con acceso carnal violento con menor de 14 años. Pero en otro suceso del martes en la noche, muere en el barrio San Francisco la persona identificada como Mauro Portocarrero Riascos producto de varios disparos y a quien vinculan en la violación, desaparición y asesinato de Diana Tatiana. En segundo lugar, en un hecho confuso, ocurrió la muerte del comerciante Rubén Darío Gómez Herrera sobrino del reconocido empresario Alfonso Gómez (‘Carepalo’), cuando un joven de 24 años que está diagnosticado con problemas mentales y que prestó servicio militar en el pasado, despojó del arma de dotación a un policía al adelantar labores de control el lunes festivo. Con pistola en mano comenzó a disparar en una calle céntrica de la ciudad hasta descargar el proveedor e intentar darse a la fuga. Los hechos quedaron registrados en videos que son virales en las redes sociales mientras que las discusiones, señalamientos y críticas recaen sobre nuevamente sobre la policía. Frente a estas complejidades en Buenaventura y el papel de las autoridades, levanta la voz el líder social Leonard Rentería, quien argumenta que los jóvenes del área urbana de Buenaventura parecen condenados a transitar los senderos de la muerte, en una guerra donde pagan los más pobres. Leonard ha sufrido amenazas, desplazamiento y ha estado expuesto a violencias directas, tiene esquema de protección y vive en el barrio donde encontraron el cuerpo de Diana Tatiana. Los datos le siguen dando la razón cuando en el 2019 el 68,6% de los muertos por homicidio en el área urbana tienen 30 años o menos de edad. Las cifras también muestran que el homicidio se concentra en tres comunas de la ciudad que son la 10, 11 y 12, donde ocurrieron 24 de los 35 asesinados en el área urbana frente a 8 en zona rural y 3 homicidios en zona de carretera. Desde Pares-Pacífico hablamos con Leonard de temas referentes al cruce que se presenta entre el orden social violento y la juventud en Buenaventura, en el marco de unas autoritades con la credibilidad minada y de una paz que no se nota. La lucha por la juventud bonaverence JMT: ¿Quién es Leonard Rentería? LR: Soy una persona que trabaja en lo social, en las comunicaciones y el arte. Mi reconocimiento ha sido por esa veeduría hacia la institucionalidad, por ese trabajo comunitario alrededor de las realidades de la juventud, siempre denunciando. La confrontación se da a partir de observar las realidades territoriales que tocan la emocionalidad. Me he caracterizado por criticar a los gobiernos sobre lo que se está haciendo mal, no con críticas vacías sino llegando a los espacios a proponer, ingresando a los territorios a trabajar con jóvenes. Hace diez años estábamos en la pelea por la Política Pública de Juventud, esa lucha que ha sido eterna y la logramos en el 2015 y quedó un documento, que no es el mejor, pero nosotros necesitábamos que se aprobara porque luego íbamos a trabajar en los ajustes. La juventud es un sector poblacional que lamentablemente ha sido lanzado a la violencia, que ha sido excluído, estigmatizado y que requiere la atención de todos los bonaverences. JMT: ¿Quién es el joven de Buenaventura, qué perfiles podemos encontrar? LR: Hay varios tipos. Están los que siguen creyendo en la educación como una herramienta de transformación. Hay otros que han tenido que escoger entre estudiar o resolver sus necesidades básicas. Está también el joven que en su adolescencia la violencia condicionó su conducta y comenzaron a relacionarse con la ilegalidad, sea por la vía del consumo de drogas y hasta llegar a formar parte de los grupos. Tambpoco hay que desconocer que la juventud en Buenaventura ha estado ligada culturalmente al arte y por este medio intentar mejorar sus condiciones de vida, están en la tensión entre salir adelante y contextos donde no han tenido el respaldo, acompañamiento y la presencia institucional. Habitan en territorios hostiles que están constantemente en disputa, sea por los intereses empresariales o por las rutas del narcotráfico: la misma realidad de violencia los ha arropado. JMT ¿Hay procesos juveniles para rescatar? LR: Pienso que hay muchos procesos significativos sin los cuales Buenaventura estaría peor de lo que hoy está: si la mayoría de su juventud no está perdida o en lo ilegal es porque hay procesos en los territorios. Por ejemplo, estrategias de prevención social del delito por medio del deporte, el arte y la cultura; ejercicios de memoria, acompañamiento a víctimas; recuperación de espacios como las esquinas; otros trabajan lo medio ambiental, defensa de los DD.HH etc. Los riesgos de entrar a los senderos de la muerte JMT ¿A que te refieres en tus publicaciones con el concepto de los senderos de la muerte? LR: Son todos esos senderos que articulados terminan conduciendo al joven hacia la muerte, realidades que ponen a cualquier joven en mayor riesgo de encontrarse con la muerte. Las estadísticas hablan solas: la mayoría de los que han caido en la ola de la violencia son jóvenes. Te vas por un lado y te encuentras la falta de oportunidades, falta de opciones terminan llevando al joven hacia delinquir o encuentran un actor armado ilegal de los que hay en todos lados dispuestos a darte un arma y ofrecerte un dinero para que te vincules. JMT ¿Que cambios sugieres para entrar en un sendero de oportunidades? LR: Una apuesta es tomarse los territorios. Sí los grupos armados ilegales que no son una mayoría considerable han logrado construir una agenda alrededor de la violencia, ¿por qué la institucionalidad, de la mano con las organizaciones que están haciendo trabajo, no se toman los territorios para desarrollar una agenda alrededor del tema de la paz? Desconfianza creciente hacia las autoridades JMT: ¿Crees que es posible establecer lazos de confianza con las autoridades, especialmente la Policía? LR: En algún momento comencé a desconfiar de la Policía por muchos antecedentes y circunstancias que viví en mi barrio: esa no es nuestra policìa me decía. Pienso que comencé a recobrar la confianza cuando en una ocasión estaba promoviendo una marcha, la Policía me llamó, me preguntó dónde vivía y llegaron a mi casa, un subcomandante pidió información sobre la acciones programadas. Yo le expliqué las razones por el incumplimiento de temas relacionados con la juventud, que la idea no es entrar en choque. La Policía ese día no fue con la lógica de interrumpir sino de acompañar. JMT ¿Qué se puede hacer lograrlo? LR: Ellos comenzaron bien con un trabajo adelantado con una organización que se llama Iniciativas de Paz en el marco de los Acuerdos. Un grupo de policías estaban comenzando a tejer relaciones comunitarias, se podía dialogar con ellos, hacer de mediadores entre la Fuerza Pública y la gente. Hay que profundizar en lo anterior pero también fortalecer la investigación. Es que cuando te encuentras que el subcomandante actual es capturado por nexos con organizaciones criminales, uno dice: pero sí es que la cabeza, que puede dar órdenes, tiene esas relaciones, ¿cuántas órdenes vienen desde arriba? JMT ¿La brecha parece hacerse más grande entre la población y la Policía? LR: Al ver el enfrentamiento reciente de la gente con la Policía, opino que no estoy de acuerdo con ninguna acción donde la comunidad tenga que enfrentarse a la Policía, eso no conduce a nada y perpetúa la violencia. Peleamos con quien no tenemos que pelear y eso nos impide establecer las sinergias para resolver los problemas. Pero tampoco hay que negar que el proceder judicial no es el mejor: hay un abuso de autoridad muy marcado en Buenaventura. JMT ¿La militarización de ciertas zonas de Buenaventura a qué contribuye? LR: En algunos casos va a frenar el accionar de algunos actores. Pero puede traer situaciones de ‘falsos positivos’ con gente que nada tiene que ver con temas de delincuencia. En el pasado se ha visto a los militares vinculándose con las adolescentes del territorio y poniéndolas en riesgo. También depende de cómo la comunidad los recibe, aunque la militarización de por sí no resuelve nada de raiz. La conveniencia de la violencia y los intereses sobre el territorio JMT ¿Aquién le conviene que exista un orden social violento? LR: Coincidencialmente, o no se si tanto, la violencia ha estallado justo en los territorios donde en algún momento por x circunstancias va haber algún tipo de proyecto. Por ejemplo, en la comuna 5, toda la violencia que se vivió y años después tuvimos TCBUEN (Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura). Sin olvidar lo que sucedió en Cristo Rey y Balboa, que es la zona donde ahora está la Sociedad Portuaria y que fue de los primeros ejercicios de sacar a las comunidades porque llegan las grandes empresas. Luego en la comuna 12 que ha sido epicentro de la violencia llega el CAEB (Centro de Actividades Económicas de Buenaventura). Los intereses están sobre la tierra y es difícil que las empresas privadas cumplan con los protocolos de consulta previa, lo ven como los enemigos que quieren oponerse al desarrollo, cuando nosotros queremos entender hastá donde piensan llegar con el ‘desarrollo’. JMT ¿En Buenaventura hay jerarquías criminales o crees que son muchas delincuencias desarticuladas? LR: Aquí hay jerarquías, no es posible creer que cada quién está por su cuenta. Esto funciona como cuando tu contratas a una empresa x para que haga algún trabajo, no se sabe quién las contrata y con qué propósito. Acá, por ejemplo, hace mucho rato se habla de las relaciones entre la ilegalidad y quienes llegan al poder. JMT ¿le encuentras alguna explicación a los hechos recientes de violencia, hay muchas hipótesis e información circulando? LR: Mucha gente asume que parte de lo que está pàsando es desenlace por la muerte de alias Trompi. Pero ves que la dinámica está territorializada y no es generalizada, y como se dan varias realidades uno termina desconcertado sin poder concentrarse en un punto para encontrar respuestas de dónde está surgiendo todo. Parece que existiera una planificación para no entender concretamente qué es lo que hay detrás, ¿fronteras invisibles, ajustes de cuentas, extorsión, reacomodamientos? La paz con las Farc y efectos sobre los procesos sociales JMT ¿Qué impactos crees que generó el proceso y el acuerdo de paz en la dinámica social de Buenaventura? LR: Fue favorable en la lógica de entender que podría existir la tranquilidad, entonces la gente cree en el proceso: en la posibilidad de caminar hacia la paz. Pero cuando se contextualiza todo, se termina cuestionando, pues la paz no es un ejercico que vayamos a vivir ahora mismo porque con quien se firmó el acuerdo, que fue las Farc, no es predominante su accionar acá en el territorio urbano, m´ñas en lo rural, y además no se han desmantelado los grupos criminales. Estamos aterrizando los alcances del acuerdo con una institucionalidad que no ha entendido la coyuntura para avanzar hacia la paz. JMT ¿Consideras que el Paro Cívico de Buenaventura de 2017 aprovechó una ventana de oportunidad que abrió el acuerdo de paz para que afloraran otros conflictos? LR: El Pero Cívico fue una buena oportunidad para hermandar a la comunidad en una lucha y poder llevar el mensaje que Buenaventura puede caminar hacia un cambio cuando. Logramos movilizarnos en la calles y que el Estado nos prestara atención. Aunque luego se falló en la comunicación entre el comité central y las bases, tanto así que hasta ahora no se conoce lo suficiente hasta dónde se ha avanzado y da lugar a a críticas. Faltó pensarse más el despues de. Creo que después de un paro cívico se debe tener una propuesta política para poder hacer posible que se cumpla lo acordado. Pero eso debió ser claro desde un principio, porque nunca se habló de la posibilidad de avanzar hacia la dinámica electoral. El otro mensaje, que es difícil, es la no hay articulación entre los candidatos alternativos, el panorama que queda ante la comunidad es que se pasó de una lucha conjunta a que cada quién vaya por su lado y terminen por dividir a la población. Hay reflexiones para hacer en el camino y ojalá conduzcan a la articulación, a discutir en consenso para buscar una salida política propia. Hay unas transformaciones por hacer y las comunidades tienen que asumir el protagonismo.

Por: Redacción Pares La Fundación Paz y Reconciliación -Pares, se permite compartir a la opinión pública nacional,  que el Observatorio Distrital de Seguridad y Convivencia de Santa Marta, obtuvo el reconocimiento como una Buena Práctica en el  V Concurso Internacional «Buenas prácticas en análisis delictual»  celebrado en el marco de la VII  Conferencia Internacional sobre Análisis Delictual realizada en Santiago de Chile los días 26, 27 y 28 de julio de 2016. El Observatorio de Seguridad y Convivencia de Santa Marta es el resultado de un trabajo en conjunto realizado entre la Alcaldía Distrital de Santa Marta y la Fundación Paz y Reconciliación -Pares desde el año 2014. Este ha permitido a la administración de los exalcaldes Carlos Caicedo y Rafael Martínez reducir notablemente los índices de inseguridad en el Distrito Turístico, labor coordinada por Luis Fernando Echavarría quien orienta la línea de Seguridad y Crimen Organizado. Es para nosotros motivo de alegría y orgullo recibir este reconocimiento de parte de la comunidad internacional, quien puso su atención sobre la labor que hemos venido desarrollando para que Colombia ponga en marcha en cada una de sus políticas públicas, prácticas de buen gobierno, transparencia y eficacia. Sea este el momento para extender una felicitación a todo el equipo de trabajo de la Alcaldía Distrital de Santa Marta por poner un granito de arena en cada tarea para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y crear instancias que planear la seguridad urbana y la convivencia en las diferentes ciudades del país. Un especial reconocimiento al equipo de la línea de Seguridad y Crimen Organizado y a su coordinador Luis Fernando Echavarría por todo el empeño, responsabilidad y seriedad en el trabajo que realizan día a día. Atentamente, León Valencia Ariel Ávila Director Subdirector

Por: Redacción Pares – Pacífico El pasado domingo circularon dos audios en grupos de Whatsapp que denunciaban la situación dramática que estaba viviendo la comunidad waunana del resguardo Río Pichima Quebrada, en El Litoral del San Juan, Chocó. (Ver Mapa “Ubicación municipio El Litoral del San Juan y Resguardo Río Pichima Quebrada). El propósito era que los hechos llegaran a oídos de las autoridades. Uno de los audios era una transmisión en vivo del enfrentamiento entre grupos armados ilegales. Al fondo de la grabación se escuchaban las ráfagas de metralla con voces indígenas a menor volumen, después un hombre pedía que se publicara la grabación para que el conocimiento de las autoridades, pues su comunidad estaba en medio del fuego cruzado y temían ser víctimas mortales. Según versiones que hemos conocido el enfrentamiento fue entre el ELN y disidencias de las FARC-EP. Estas últimas llegaron a la región del Pichima hace un mes aproximadamente a hacer presencia en la zona que antes ocupaban a raíz de la falta de cumplimiento del Acuerdo por parte del gobierno. Las primeras informaciones indican que habían alcanzado un acuerdo con el ELN, el cual se había roto y provocó el enfrentamiento. En realidad fue una emboscada del ELN a las disidencias, que estaban en el poblado de Pichima Quebrada, asalto del cual quedaron dos personas fallecidas por bando, aunque ambas cayeron por proyectiles del ELN. Hoy sabemos con algo de alivio que la población que presenció ese enfrentamiento se encuentra en Docordó, cabecera municipal de El Litoral del San Juan, Chocó. La Alcaldía envío transporte al enterarse de estos hechos para recoger a la población el lunes. Son 417 personas que conforman 97 familias; aunque en un primer momento se creyó que eran 700 los afectados. Allí han recibido la primera atención de la ayuda humanitaria, consistente sobre todo en alimentación, y han instalado a las familias en albergues que se encuentran en diferentes zonas, algunas a orillas del cauce del río San Juan. Con la participación de diferentes autoridades ya se hizo un subcomité de asistencia y atención a la población afectada del que han quedado tareas específicas. Uno de los elementos que más causa preocupación sobre la población desplazada es la atención psicosocial, pues el enfrentamiento entre los grupos armados ilegales fue dentro de la comunidad, son imágenes complejas las que deben asimilar. La preocupación de la comunidad hoy es intensa, tanto así que muchas familias prefieren evitar el retorno porque es la segunda vez que les toca salir desplazadas, pretenden quizás reubicarse en alguna zona de Docordó. Al respecto existe gran preocupación entre las autoridades pues un punto complicado en la atención a esta emergencia humanitaria son los albergues, que se encuentran en condiciones deficientes. Pensar en una reubicación a largo plazo de esta población supera la capacidad de respuesta que en este momento tienen las autoridades que hoy atienden este desplazamiento. Pronunciamiento de las autoridades Ante las denuncias y la dimensión nacional que tomaron los hechos por su difusión en redes sociales, las autoridades departamentales y nacionales se pronunciaron al respecto. El asesor de paz de la gobernación del Chocó reportó el hecho y señaló que era posiblemente producto del enfrentamiento entre el ELN y una disidencia de las FARC-EP (Caracol TV). Se sospecha de estos últimos pues en las últimas semanas un panfleto del Frente 30 Rafael Aguilera de las FARC circula en Docordó, el cual avisaba de su presencia y permanencia en el Departamento del Chocó y Valle. La Armada de Colombia en un comunicado señaló que ya hicieron presencia en la zona del área general de Pichimá mediante tropas de la Brigada de Infantería de Marina No. 2 que fueron desplegadas por la Fuerza Naval. Llegaron en el buque de desembarco anfibio ARC “Bahía Colombia”. Su objetivo era revisar la situación de la comunidad indígena referente a la información que señalaba sobre enfrentamientos entre grupos armados en la zona. Informaron que se localizó la estructura de un campamento para 20 personas que parecía haber sido abandonado recientemente. Estas tropas eran acompañadas por un Grupo de Antiexplosivos y Demoliciones –EXDE- y el Grupo Aeronaval del Pacífico de la Armada y del Comando Aéreo de Combate No. 7 de la Fuerza Aérea. Además el componente naval mantiene el control marítimo y fluvial en el Litoral. Otra labor que se realizó un Consejo de Seguridad Extraordinario en la Alcaldía de Docordó en el que participaron el Alcalde Local, su Secretaría de Gobierno, la Fiscalía Local, la Personería Municipal, la Policía Nacional y la Armada. Allí se informaron los hechos, las acciones tomadas en materia de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas y los compromisos en materia de prevención. A pesar de los comunicados que ya han emitido los diferentes entes nacionales y departamentales, hasta el momento ninguna autoridad ha reconocido las dos personas fallecidas en el enfrentamiento entre estos dos grupos armados ilegales. El orden público en un territorio de ríos El Litoral del San Juan es un municipio con presencia de actores armados ilegales como el ELN, cuyo interés además de la movilidad que permite múltiples salidas al Océano Pacífico también permite el control de 184 hectáreas de coca, 46 de las cuales se concentran en tierras del resguardo indígena waunana de Chagpien Tordó (Simci, 2017), justo al oriente del resguardo Río Pichimá Quebrada (Ver Mapa “Resguardo Río Pichima quebrada”). La presencia de actores armados, de cultivos de uso ilícito y la posibilidad de movilidad hacia el Océano Pacífico generan presión sobre la población que ha visto cómo los enfrentamientos en su territorios son hechos periódicos. Hace casi dos años exactos en ese mismo resguardo de Río Pichima Quebrada se reportaban fallecidos dos hermanos, Anselmo Cárdenas Victoria y Dalimiro Cárdenas Victoria (Comisión intereclesial de Justicia y Paz, 2017). Esa vez se señalaba a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) junto al ELN como principales desestabilizadores de la situación de orden público en la zona de El Litoral del San Juan y el Bajo Calima. Entonces se aludía a una crisis humanitaria en el municipio de El Litoral del San Juan por la dificultad de las autoridades para lograr impedir el confinamiento, desplazamiento forzado y amenazas sobre las comunidades. El 30 de enero de 2018 es una fecha que aún se recuerda con dolor en ese municipio. Ese día hubo un bombardeo sobre el resguardo waunana de Chagpien Tordó sobre el ELN, producto de la ofensiva militar del gobierno colombiano en el receso del Proceso de Paz con ese grupo insurgente. En ese hecho cayeron varios menores de edad que habían sido reclutados en la zona. Ahora los problemas vuelven a aparecer, como sucedió este año en el norte del Departamento cuando habían rumores que presagiaban esta situación: una disidencia de las FARC-EP iba a ser factor de desestabilización y afectación a la población en el sur del Chocó. Lo sucedido no es un hecho aislado más de violencia en el sur del Chocó, por el contrario, refleja la tensión permanente entre diversos actores armados legales e ilegales por el control de la movilidad en esta zona del Departamento. Mientras las Fuerzas Armadas tienen puntos de control específicos en el corredor del río San Juan, el ELN controla la mayor parte de las comunidades desde La Unión, corregimiento del municipio de Medio San Juan, hasta su desembocadura en los siete brazos que llevan sus aguas al Océano Pacífico, incluido aguas arriba en el Bajo Calima. Esa hegemonía del ELN en ese eje norte sur le da la ventaja y se complementa con su control sobre los diversos ríos, caños y quebradas que se articulan perpendicularmente en sentido este-oeste y que le dan acceso a otros corredores como el del Medio y Bajo Baudó o al Océano Pacífico, también sobre zonas de cultivos de uso ilícito o minería. Es el control sobre ríos y subcuencas completas que se conectan o cuya cercanía permite que mediante pequeñas caminatas para hacer transbordos entre las aguas y que permiten la movilidad para salir al Océano Pacífico. En esos ríos, buena parte de ellos navegables, donde no se encuentra presencia de las autoridades. El poder del ELN se expresa de múltiples formas en las comunidades que allí se encuentran: impuesto sobre la minería, gramaje a la producción de estupefacientes, prohibición de la navegación en horas de la noche, reclutamientos forzados, entre otras. Todo esto pone en peligro a las comunidades indígenas y afrodescendientes que tradicionalmente han organizado su poblamiento a lo largo de esas cuencas o subcuencas, como refleja el mapa de Resguardos y Consejos Comunitarios del norte de El Litoral del San Juan (Mapa 1). Ahí observamos cómo el Resguardo de Río Pichima Quebrada coincide con la cuenca de dicho río, o cómo el resguardo de Chagpien Tordó coincide con la subcuenca de la quebrada Tordó respectivamente. La presencia en esos ríos les permite a los actores armados el control de la movilidad hacia el Océano Pacífico sin transitar necesariamente por el río San Juan. El riesgo continúa para comunidades que ven cómo es violentada la cotidianidad en sus territorios, algunas que no han sido todavía desplazadas como Pichima Playa, Togoromá o Loma Alta, están en peligro de serlo, pues se encuentran en medio de los intereses que hoy se disputan los actores violentos.

Por: Redacción Pares Este jueves, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, firmó la Ley Estatutaria de la JEP con la que esta Jurisdicción completó su marco normativo. La Ley Estatutaria fija parámetros claros para la atención de las víctimas y la materialización de sus derechos. Así mismo, se garantizan plenamente los derechos de las víctimas a lo largo de todos los procesos en la JEP. La Ley 1957 del 6 de junio también fue firmada por el presidente del Senado, Ernesto Macías; por el de la Cámara, Alejandro Chacón y por todos los ministros del Gobierno. A partir de esta decisión, la JEP cuenta con todos los instrumentos constitucionales y legales para aplicar criterios y concentrar así el ejercicio de la acción penal respecto a quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos del conflicto armado. Además, la Ley Estatutaria fija parámetros claros para la atención de las víctimas y la materialización de sus derechos. Asimismo, se garantizan plenamente los derechos de las víctimas a lo largo de todos los procesos en la JEP. Es importante destacar que la Ley Estatutaria también afianza la seguridad jurídica para 11.805 comparecientes que están sometidos a este modelo de justicia. De otra parte, la Ley Estatutaria deja claro que la JEP atenderá con un enfoque diferencial los crímenes de violencia sexual y de género ocurridos en el conflicto armado. «Nos da tranquilidad que con la Ley Estatutaria se despeja el camino para que la JEP cuente con sus normas completas», reiteró Patricia Linares, presidenta de la JEP. Sin embargo, el expresidente Álvaro Uribe considera que la JEP debe ser suprimida y en su reemplazo se debería crear una sala especial de justicia transicional en la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, Uribe estaría preparando un acto legislativo que sería presentado después del 20 de julio en el Congreso de la República.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares En las últimas semanas el gobierno del presidente Iván Duque ha tenido discrepancias con la Organización de Naciones Unidas (ONU) por temas relacionados con al Acuerdo de Paz firmado con la exguerrilla de las Farc. A esto se suman una serie de ‘pullas’ que algunos miembros del uribismo han enviado al organismo internacional. Este jueves se conoció que la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, y el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas se pronunciaron sobre el crecimiento de la violencia. “Instamos al Gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las Farc-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida”, expresó Callamard desde Suiza. A renglón seguido, el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, se pronunció desde su cuenta de Twitter: “Esto de la ONU es inaceptable, rechazamos totalmente estas afirmaciones. ONU pide al Gobierno dejar de incitar violencia contra excombatientes – Europa – Internacional”. Luego se dirigió a medios de comunicación y aseguró que las Naciones Unidas está actuando de manera que “no hay garantía para la democracia colombiana”. Según Uribe, es absurdo que la organización diga que el gobierno está incitando la violencia, pero además criticó la respuesta débil de algunos funcionarios del gobierno. “Lo que hay que decirle a las Naciones Unidas es que respete que este es un gobierno decente. Además, Naciones Unidas sabía que la JEP iba a liberar a Santrich. ¿Qué garantías da Naciones Unidas para el país?”, resaltó Uribe a la prensa. Según el congresista, la ONU sabe que en algunos espacios territoriales los grupos disidentes de las Farc están “preparando acciones terroristas”, sin embargo, el organismo no protege al país. Tensiones con la ONU El director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, León Valencia, le escribió este jueves a Duque desde Twitter y le preguntó si invitará este año al relator de derechos humanos de este organismo para que haga su informe sobre Colombia a pesar de las tensiones que ahora tiene su gobierno con las Naciones Unidas. “Sería muy grave que no lo hiciera y no faltará quien le aconseje esto”, agregó Valencia. De acuerdo con el analista, en este momento hay un escalamiento de las confrontaciones diplomáticas entre el gobierno colombiano y las Naciones Unidas, y el temor es que el gobierno colombiano siga escalando esto. Normalmente, las oficinas de Naciones Unidas hacen informes periódicos sobre los países y, en este momento, la oficina de derechos humanos tiene los ojos puestos en Colombia porque se ha escalado la violencia. Están asesinando a los líderes sociales y a los excombatientes, y en ese sentido, querrán hacer un balance de cómo va la implementación del acuerdo. Por consiguiente, pedirán el permiso del gobierno o esperarán una invitación para realizar el informe. Si no sucede de esa manera, “eso crearía una situación muy difícil frente a este organismo porque es el máximo lugar de encuentro de todas las naciones del mundo. Ni siquiera los regímenes más duros, más aislados excluyen una buena relación con Naciones Unidas”, apuntó Valencia. En últimas hay una preocupación de que eso ocurra y por eso el llamado de Valencia a Duque para que no siga entorpeciendo las relaciones a nivel internacional. Otras razones del enfriamiento en las relaciones Según el analista, las tensiones entre las partes vienen desde el momento en que el gobierno decidió objetar seis (6) puntos de la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo judicial creado a partir del pacto de paz, debido a que el organismo internacional ha apoyado el acuerdo desde el principio. Otro episodio que desató la división entre las partes fue el escándalo del líder exguerrillero Seuxis Pausias Hernández, quien estuvo más de un año en prisión por un presunto caso de narcotráfico luego de haber firmado el pacto. En principio estaba cobijado por la JEP, sin embargo, la Fiscalía en repetidas ocasiones aseguró que este proceso debía ser investigado por la justicia ordinaria por los tiempos en los que se había cometido el delito. A partir de ese momento las mayorías a favor del Acuerdo de Paz y organismos internacionales apoyaron las versiones dadas por Santrich, mientras que el gobierno y su bancada empezaron una pelea jurídica sobre el futuro del excombatiente. A los dos momentos mencionados con anterioridad, se suman también los asesinatos de líderes sociales y de miembros de las Farc ya desmovilizados y en proceso de reincorporación a la vida civil, lo cual ha encendido las alarmas a la comunidad internacional, y en especial a la ONU. Ahora bien, “una cosa debería ser el gobierno, otra el Centro Democrático porque si se confunden esas dos instancias se terminará de enturbiar el contexto”, aseguró. Según Valencia, sería una dificultad si Duque acepta que cada intervención del Centro Democrático se convierta en una vocería del gobierno.

Por: Redacción Pares La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP aceptó un recurso de reposición presentado por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo» y la Comisión Colombiana de Juristas, y ampliará la forma en la que las víctimas pueden participar en las versiones de los comparecientes dentro del caso 003, denominado «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate». La Sala de Reconocimiento consideró que aunque la forma en que se ha desarrollado las versiones de los comparecientes hasta ahora es acorde a los principios de centralidad de las víctimas que rigen a la JEP, la solicitud presentada podría redundar en una mayor satisfacción del derecho de las víctimas a la verdad y constituiría un paso adicional en la dirección de la construcción de la verdad de manera temprana, teniendo en cuenta las circunstancias y particularidades de los casos actualmente priorizados por la Sala de Reconocimiento. La Sala determinó que se admitirá la presencia de los representantes judiciales acreditados en el lugar donde se reciban las versiones de los comparecientes, y se dispondrá de una sala de audiencias para que las víctimas, que así lo deseen, puedan observar en tiempo real la transmisión de estas diligencias. Para hacer efectivo este derecho, se deben seguir las siguientes pautas: – Los representantes judiciales y las víctimas interesadas en hacer presencia en la versión deberán comunicarlo a la Sala de Reconocimiento oportunamente. – Deberán realizar preguntas relacionadas con asuntos que han sido previamente trasladados al compareciente, sin perjuicio de las preguntas que podrán realizar sobre documentos o elementos no conocidos y aportados por el compareciente el día de la versión. – Deberán hacer presencia y hacer las preguntas en el momento previsto para ello dentro de la versión. – Sus actuaciones deberán respetar el objetivo de este momento procesal, que es el de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas, y no la generación de un escenario adversarial o de confrontación. – En el caso de existir varios representantes de víctimas, los asistentes a la diligencia deberán escoger el mismo número de representantes que acredite el compareciente en la versión, y hacer las preguntas en el tiempo previsto. – Deberán guardar el debido comportamiento que establecen los protocolos de audiencias judiciales. El recurso había sido presentado en contra del Auto 062 del 9 de mayo de 2019, a través del cual se ordenó la versión del mayor Luis Fernando Campuzano Vásquez, compareciente del caso 003. La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP estudiará en su debido momento otras solicitudes similares que se presenten en los otros seis casos que ya ha abierto la Jurisdicción.

Por: Redacción Pares El senador Gustavo Petro Urrego denunció este miércoles en un debate de control político en la Comisión Primera del Senado, que el entrenamiento que reciben los soldados en el país los lleva a convertirse en «asesinos». Como parte de las graves denuncias que realizó el congresista, leyó un documento oficial que demostraría que las Águilas Negras serían una fachada de funcionarios del Gobierno. “Su fuente no es la acción por fuera del Estado, sino dentro del Estado, compuesta por funcionarios armados del Estado”. El Gobierno de @IvanDuque es el tercer periodo de Álvaro Uribe y la segunda era de falsos positivos en Colombia. Este es el debate de @petrogustavo a Min Defensa Botero, ¿por qué el Ejército cómete homicidios? #ElDebateDePetro#NoMásFalsosPositivoshttps://t.co/secchARHUA — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) June 5, 2019 El Senador Petro reveló que durante el gobierno Uribe, en el Ejército se canjeaban muertes por cajas de cigarrillos, pollos y días de permiso vacacional. “El Ejército colombiano ha sustituido el conocimiento a profundidad de las sociedades por una retórica de la extrema derecha que algunos activistas civiles han tenido la capacidad de irradiar a través de una guerra interna” “Los soldados mismos se fueron convirtiendo en denunciantes haciendo confesiones. La tesis central que defendí entonces es que una política gubernamental civil era la causante de un escalonamiento de un crimen de guerra: los falsos positivos”, señaló Petro. En videos revelados durante el debate, se observa cómo se lleva a cabo un entrenamiento militar colombiano, donde los soldados del Ejército reciben azotes. Además, se ven los entrenamientos de lanceros soldados disfrazados de guerrilleros, quienes reciben duros azotes por parte de oficiales del Ejército Colombiano. “No están siendo entrenados, están siendo torturados. De ahí salen enfermos psicológicamente», afirmó Petro en el debate. construir un campamento ficticio de la guerrilla como centro de entrenamiento militar, donde los oficiales torturados estan engañados y los soldados torturados son afectados profundamente en su equilibrio sicológico, solo construye seres destruidos aptos para ejercer tortura pic.twitter.com/yxe2jeO84S — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2019 Mi tesis es que la muerte de miles de civiles en manos de funcionarios públicos armados no solo se debe a las políticas gubernamentales que sentaron que la seguridad se medía en baldados de sangre, sino en la doctrina del entrenamiento militar de Colombia pic.twitter.com/enWNjz2003 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2019 Los testimonios que demuestra como en escuelas de entrenamiento se enseña a los soldados a torturar pic.twitter.com/VIVTLvT5br — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2019 Frente a los vídeos que mostró Gustavo Petro, el ministro de defensa Botero indicó que no son del Gobierno del presidente Iván Duque, sino que fueron grabados entre 2016 y 2017, por lo que pidió enviarlos a las autoridades correspondientes para que «tomen cartas en el asunto». La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, pidió a la Comisión Primera del Senado que traslade los vídeos presentados por Petro a la Fiscalía para que haga la denuncia correspondiente.

Por: Redacción Pares El comandante del Ejército Nacional, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, estuvo al mando, entre octubre de 2004 y enero de 2006, de una brigada señalada por la Fiscalía General de por al menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales. Martínez Espinel, fue comandante de la X Brigada entre octubre de 2004 y enero de 2006. En ese periodo se registraron al menos 23 casos de asesinatos de civiles presentados como combatientes. Así lo reveló este miércoles el diario El País de España, que publicó una investigación sobre crímenes en los que estaría involucrado el Brigadier General Nicasio Martínez, comandante del Ejército y candidato a ascenso al grado de General. También el periódico estadounidense The New York Times, reveló recientemente que el actual comandante del Ejército, el Brigadier General Nicacio Martínez Espinel estaría exigiendo muertes y capturas como indicadores de eficiencia de la labor de las fuerzas militares de mantener el orden público. Las órdenes específicas del Comandante del Ejército a los militares fueron: bajar los controles de certeza operacional del 90 al 60% (los que indican que una operación militar está bien sustentada) para mejorar indicadores. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación por estas denuncias. En el pasado, órdenes como estas terminaron en la muerte de entre 5.000 y 10.000 personas no combatientes presentadas como si lo fueran, en el escándalo conocido como los “falsos positivos” Revelaciones de otro diario estadounidense, The Washington Post, señalan que el general Nicacio Martínez, cuando era comandante conjunto de la X Brigada del Ejército, estuvo presuntamente involucrado en el pago recompensas y alteración de documentos de falsas operaciones de inteligencia que terminaron en asesinatos de civiles presentados como combatientes. De esta forma, para la oposición política es una exigencia urgente para el presidente Iván Duque Márquez separe de su cargo al Brigadier General Nicacio Martínez Espinel y a otros militares que puedan estar involucrados en órdenes de «falsos positivos», hoy o en el pasado. Sin embargo, el Senado aprobó, 64 votos frente a uno, el ascenso de Martínez a general de cuatro soles. Estos ascensos llevaban varias semanas esperando para ser incluidos en el orden del día y poder darle trámite al debate. Los temas militares han sido el centro del debate político ya que, luego del asesinato del excombatiente de las Farc, Dimar Torres, la oposición tramitó una moción de censura contra el ministro de Defensa que se llevará a cabo este jueves.