Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El Congreso de la República aprobó el año pasado la realización de la consulta anticorrupción que se llevó a cabo el 26 de agosto, con el fin de fortalecer las sanciones contra los corruptos. Los colombianos salieron a las urnas, sin embargo, a la iniciativa de siete (7) puntos no le alcanzaron los 11.674.951 de votos, y se acordó entonces tramitarla vía Congreso. La iniciativa, impulsada por la actual candidata a la Alcaldía de Bogotá, Claudia López, y la senadora, Angélica Lozano, ambas del Partido Verde, empezó a gestarse desde el 2017 por medio de la recolección de firmas para convocar una consulta popular. Para que la consulta prosperara, la Registraduría estipuló un mínimo de 1.762.083 firmas de respaldo. Al mismo tiempo se fueron sumando otras fuerzas y los partidos de oposición se adhirieron al comité promotor de la propuesta. Al final se recogieron 4.236.682, y luego de culminar el proceso de revisión la institución validó las 3.092.138 de firmas. El Congreso dio vía libre a la consulta popular el 6 de junio de 2018 y el expresidente Juan Manuel Santos estableció el día de la votación para el 26 de agosto de ese mismo año. El umbral electoral de la consulta fue de 12 millones de votos, por lo tanto, fue una derrota agridulce porque si bien tuvieron una alta votación, las cifras no alcanzaron para que entraran en vigor. Por lo tanto, desde Presidencia llamaron a los promotores y a distintos sectores para negociar un paquete de proyectos que fuesen presentados en el Congreso. A partir de ese momento, los siete puntos que integraban la consulta han estado entre debates y hundimientos. Pares habló con la congresista del PartidoAlianza Verde, Juanita Goebertus, quién explicó que no ha habido voluntad política – ni del Gobierno ni de los partidos políticos mayoritarios- para sacar adelante los proyectos de la consulta anti-corrupción. «Tristemente, es muy probable que terminada la legislatura no se logre la aprobación de ninguno de los proyectos de la consulta. El Gobierno dejó hundir el proyecto de bajar el salario de los congresistas y ha estado dispuesto a aceptar cambios en los proyectos de declaración de renta y de rendición de cuentas, que le quitan el espíritu a los proyectos.» indicó Goebertus. Recorrido de los puntos Los siete (7) puntos establecidos para la consulta fueron: 1. Reducir el salario de los Congresistas 2. Cárcel y sanción a corruptos 3. Contratación transparente 4. No más mermelada 5. Congresistas rinden cuentas 6. Expropiación a testaferros 7. No más atornillados en el poder Un asesor legislativo en el Congreso habló con Pares y contó que el primer punto está archivado hace tiempo. En él se buscaba reducir los salarios de los congresistas en un 45 % y establecer un tope máximo a los sueldos de los altos funcionarios del Estado, pero debido a las demoras de los debates se guardó. El segundo fue adherido al proyecto de la Fiscalía, y aunque se está cursando en último debate de la Cámara alta, puede que no alcance a aprobarse porque está suspendido, haría falta una conciliación para ser aprobado. Sin embargo, este segundo punto tiene otros dos proyectos radicados en Cámara el cual uno está en el orden del día, el otro fue aprobado en primer debate y está pendiente el segundo debate en Cámara que es el proyecto de ley número 153 de 2018. En cuanto al tercero, de los pliegos tipo que le apunta a la contratación transparente, ya fue aprobado en su segundo debate en plenaria de senado y pasó a Cámara. Según el asesor, el punto cuatro de Audiencias Públicas se va a debatir hoy en comisión cuarta. Este consiste en una veeduría por parte de la ciudadanía, en audiencia pública para conocer el presupuesto de inversión de carácter nacional, regional y local. El quinto fue aprobado en comisiones conjuntas, es decir, en primer y tercer debate de Cámara y Senado y están pendientes dos debates que son las plenarias. Cascarillas en la rendición de cuentas El punto cinco estuvo en discusión este martes y fue aprobado bajo presión. Por poco no pasa el debate, y aunque llegó a buen puerto, hubo reparos y reticencia que disgustaron a la oposición. Según expresó Lozano en medios, van a ser eliminados tres puntos del artículo cinco (5) los cuales buscaban hacer un seguimiento a: La relación detallada de los votos emitidos para la elección de servidores públicos que incluya sentido del voto, cargo y fecha e informar sobre la asistencia del congresista a la votación o la razón de su inasistencia. Citas y reuniones desarrolladas con funcionarios públicos o representantes de intereses particulares que tengan por objetivo la gestión de intereses públicos, la relación individualizada de los asistentes o personas presentes en la respectiva cita, el lugar y fecha de su realización y la materia tratada. Una relación de las partidas e inversiones que se hayan gestionado mediante audiencias públicas de priorización de presupuestos, reuniones o proyectos. En dicho registros se deberá indicar, en particular, las actividades desarrolladas para gestionar dichas partidas. En cuanto al punto seis (6), este fue aprobado en comisiones conjuntas en primer y tercer debate de Senado y Cámara el año pasado y fue aprobado en plenaria de Senado este año, que es el proyecto que ordena publicar la declaración de bienes y renta de los altos funcionarios del Estado, y ese proyecto está pendiente de un debate en plenaria de Cámara. En definitiva, se han archivados el punto uno (1) que es reducción de salarios y el siete (7). Los que están avanzando a buen ritmo son los puntos seis (6) y tres (3), mientras los otros están en veremos y dependen del calendario del Congreso.

Por: Redacción Pares En el Día Mundial del Medio Ambiente y como a un homenaje a Colombia, esquina del mundo privilegiada por su riqueza natural, Pares declama el poema Clima del escritor nariñense, silencioso y cortés, Aurelio Arturo. En estos versos densos y delicados se abren las vastas montañas, los ríos impetuosos y el viento que viene vestido de todos los colores de las hojas. Estos versos nos recuerdan la enorme responsabilidad que tenemos de proteger y conservar un país verde y hermoso.

Por: Redacción Pares «Es hora de actuar con contundencia. Mi mensaje a los gobiernos es claro: gravar la contaminación, dejar de subvencionar los combustibles fósiles y dejar de construir nuevas centrales de carbón. Necesitamos una economía verde, no una economía gris». António Guterres, Secretario General de la ONU Desde la primera celebración en 1974, el Día Mundial del Medio Ambiente ha ayudado a crear presión política para abordar preocupaciones crecientes, como la reducción de la capa de ozono, la gestión de productos químicos tóxicos, la desertificación o el calentamiento global. Este día se ha convertido en una gran plataforma mundial para tomar medidas sobre cuestiones medioambientales. A lo largo de los años, han participado millones de personas para promover el cambio en nuestros hábitos de consumo, así como en las políticas nacionales e internacionales. Cada Día Mundial del Medio Ambiente se centra en un tema con que concienciar al público sobre un asunto ambiental particularmente apremiante. El tema para 2019 gira en torno a la «Contaminación del aire»; una llamada a la acción con que ayudar a combatir un grave problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. ¿Qué causa la contaminación del aire? Entender los diferentes tipos de contaminación, y cómo afectan a nuestra salud y al medio ambiente, nos ayudará a tomar medidas para mejorar el aire que respiramos. A menudo ni siquiera se puede ver, pero la contaminación atmosférica está en todas partes. Nueve de cada diez personas en todo el mundo están expuestas a niveles de contaminación que superan los niveles de seguridad señalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Que no quepa duda; tenemos que hacer algo ya. Hogar: La principal fuente de contaminación en el ambiente de las casas es la quema en interiores de combustibles fósiles, madera y otros combustibles de biomasa para cocinar, calentar y encender fuegos. Alrededor de 3.8 millones de muertes prematuras son causadas por la contaminación del aire interior cada año, la gran mayoría en países en desarrollo. Industria: En muchos países la producción de energía es una fuente importante de contaminación del aire. Las centrales eléctricas que queman carbón son un emisor importante, mientras que los generadores diesel suponen una preocupación creciente en áreas desconectadas de la red eléctrica. Transporte: El sector del transporte mundial representa casi un cuarto de las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía, una proporción que está aumentando. Las emisiones del transporte se han relacionado con casi 400,000 muertes prematuras. Agricultura: Hay dos fuentes principales de contaminación del aire proveniente de la agricultura: el ganado, que produce metano y amoníaco, y la quema de residuos agrícolas. Alrededor del 24% de todos los gases de efecto invernadero emitidos en todo el mundo provienen de la agricultura, la silvicultura y otros usos del suelo. Residuos: La quema de residuos a cielo abierto y los desechos orgánicos en los vertederos liberan a la atmósfera dioxinas nocivas, furanos, metano y carbono negro. A nivel mundial, se estima que 40% de los residuos se quema al aire libre, un problema que resulta más grave en las regiones que se están urbanizando y en los países en desarrollo. Otras fuentes: No toda la contaminación del aire proviene de la actividad humana. Las erupciones volcánicas, las tormentas de polvo y otros procesos naturales también causan problemas. Para ONU, la celebración de los Días Internacionales da la oportunidad de sensibilizar al público en general acerca de temas relacionados con cuestiones de interés, tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud. Al mismo tiempo pretenden llamar la atención a la opinión pública que existe un problema sin resolver. El objetivo es doble: por un lado que los gobiernos tomen medidas, y por otro que los ciudadanos conozcan mejor la problemática y exijan a sus representantes que actúen.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Las alertas siguen encendidas en la subregión del Bajo Cauca antioqueño debido al dramático aumento de la violencia por la disputa entre las estructuras armadas del Clan del Golfo y los Caparrapos. Este fin de semana fueron masacradas cuatro (4) personas en el corregimiento de Guarumo, en el municipio de Cáceres, Antioquia. En la zona rural de Cáceres un grupo de unas quince (15) personas llegaron a disparar con fusiles hacia una vivienda a la cual posteriormente le lanzaron una granada. Una de las víctimas era un menor de edad. De acuerdo con información preliminar, los desconocidos llegaron a este corregimiento a través de un afluente del río Cauca, vestidos con “prendas negras y chalecos con siglas falsificadas del Gaula” o Policía antisecuestro, y se dirigieron a un sector conocido como Laureles, causando la muerte a estas personas. Las autoridades han señalado que pudo tratarse de un “ajuste de cuentas” entre el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los Caparrapos, que actualmente se disputan el control territorial en el Bajo Cauca con el fin de cooptar las rutas del narcotráfico y la redes de extorsión. La Fundación Paz y Reconciliación-Pares, ha señalado que entre el 2017 y 2018 aumentó el homicidio en un 200% y la situación cada vez es más crítica. Según Ariel Ávila, subdirector de Pares, en el año 2017 se registraron 118 homicidios en el Bajo Cauca mientas el año pasado fueron 390. El analista estimó que para el 2019 la cifra va a estar más o menos sobre 350, pues se ha intensificado la guerra entre las AGC y sus antiguos socios los Caparrapos lo cual está llevando al incremento de la extorsión y a un desplazamiento diario en la región. El Estado nunca llegó tras la salida de las Farc La exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc, firmó un Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 con el anterior gobierno en el cual se estipularon seis (6) puntos, de los cuales el primero y el cuarto atacaban el problema de la distribución de tierras y la sustitución de cultivos de uso ilícitos. Ambas problemáticas que a lo largo del tiempo han afectado al campo colombiano. El pacto prometió que una vez las Farc se retiraran de los territorios históricamente ocupados, se trasladarían a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y la fuerza pública llegaría a estos espacios vacíos de institucionalidad. Asimismo, empezaría a implementarse el acuerdo para reducir los cultivos de coca. Sin embargo, ocurrió todo lo contario. El Estado se demoró en llegar, nuevos grupos capturaron el territorio dejado por la exguerrilla y así empezaron aumentar también los índices de violencia y de cultivos de uso ilícito. De acuerdo con el Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos de la UNODC, en el 2016 el Bajo Cauca antioqueño registró 15.627 hectáreas sembradas de coca, luego de que en 2013 había obtenido su punto más bajo con sólo 2.355. Disputas entre AGC y Caparrapos Tal como lo ha expuesto Pares, Antioquia en este momento atraviesa por un recrudecimiento de la violencia en tres zonas del departamento. Sin embargo, la más crítica es la del Bajo Cauca antioqueño y en especial en el municipios de Cáceres y Tarazá. Dicha subregión está integrada por seis municipios: Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza, y en los cuales habitan alrededor de 319.000 personas, eso sin contar los últimos desplazamientos debido al aumento de homicidios y amenazas contra la población. Los enfrentamientos están desocupando los territorios, y “está quedando casi un pueblo fantasma en varios barrios y caseríos”, expresó Ávila. Además de la situación humanitaria, el analista explicó que el desplazamiento también tendrá un impacto electoral para las elecciones locales de octubre. Puesto que, las pocas personas que queden del municipio serán las únicas con la posibilidad de votar por alcaldes o concejales, y en ese sentido, estos territorios quedarán totalmente administrados por el Clan del Golfo o los Caparrapos. El fortalecimiento que han tenido estas estructuras armadas ilegales en los últimos meses se debe a las rentas que obtienen del negocio de la droga, las extorsiones y la minería ilegal. A lo cual se suma que desde finales del 2018 se empezaron a germinar alianzas con dos carteles mexicanos de narcotráfico generando mayor respaldo económico y militar en ambas estructuras. Así las cosas, los Caparrapos se aliaron con el cartel Jalisco Nueva Generación, por lo tanto, han crecido en su estructura y replegado en algunas zonas a las AGC. Además, se han beneficiado de la fragmentación del grupo rival, tras la pérdida de dos de sus mandos importantes, quienes tejían las relaciones con los mandos medios en el Bajo Cauca y el Sur de Córdoba. Por su parte, el Clan del Golfo se asoció con el cartel de Sinaloa y aún mantiene su poderío, pues es considerada la banda de narcotráfico más grande del país. Sin embargo, diversos grupos armados organizados locales han hecho alianzas para contrarrestarlo y obtener las rutas de la droga. En definitiva, la violencia en el Bajo Cauca antioqueño va en aumento, se están desocupando los territorios y las autoridades no han logrado establecerse en las zonas dejadas por las Farc. Guarumo es un claro ejemplo de la ausencia estatal, pues ni si quiera cuenta con una estación de policía cuando se sabe que la población vive en medio del fuego cruzado, entre otras formas de institucionalidad que ni se asoman.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Para León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación – Pares, la designación del gobierno de Noruega como mediador para una salida negociada a la crisis de Venezuela no es un hecho menor, a pesar de que la opinión publica colombiana no le confiera la importancia que merece por su carácter pacífico. La trascendencia, según el analista, radica en que, entre otras cosas, tanto Maduro como Guaidó se mostraron prestos para dialogar sobre los puntos centrales que tiene la agenda venezolana. Asimismo, este camino negociado, el cual debe ser cobijado por la comunidad internacional, marcó —para Valencia— una derrota de los intereses bélicos que había planteado Estados Unidos y Colombia a principio de 2019. Además, para el analista, Noruega se configura como un actor con todas las garantías, debido a su gruesa trayectoria en la mediación de conflictos. León Valencia esboza que la experiencia del gobierno de Noruega se ve en que, en la actualidad actúa como mediador en ocho (8) conflictos en el mundo y que, para el caso colombiano, es recordado por haber sido un país facilitador en el Acuerdo de Paz. Un camino de cautela Por medio de un comunicado de prensa, el Gobierno de Noruega resaltó la voluntad de los representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro y delegados de la oposición liderada por Guaidó. Según dicho comunicado, las reuniones que han tenido como sede la ciudad de Oslo, se han desarrollado en el marco de búsqueda de una salida “acordada y constitucional, que incluye los temas políticos, económicos y electorales”. De igual forma, el Gobierno de Noruega insistió que en aras de preservar un proceso que pudiera proyectar resultado, era de vital importancia que ambas partes “muestren su mayor cautela en sus comentarios y declaraciones con respecto al proceso”. En tablas Pese a la aclaración que ha hecho el Gobierno de Noruega, ya existen unas presiones por parte de la prensa internacional en la que señalan que los diálogos de Oslo son fallidos. Uno de quienes ha salido a rendir versiones ha sido al representante de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, que ha reiterado que no hay tiempo para perder, que todas las presiones son necesarias. De hecho, ha precisado que están articulando esfuerzos con el gobierno de Estados Unidos para que la salida de Nicolás Maduro sea una condición central en los diálogos. Por otra parte, Morgan Ortagus, del Departamento de Estado, también se refirió al primer ciclo de diálogo en Oslo. Para Ortagus, también es una condición necesaria la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela para la consecución de algún proceso que se desprenda de las negociaciones en el suelo noruego. Incluso, Ortagus fue más allá al decir que “la única cosa que hay que negociar son las condiciones de la salida de Nicolás Maduro”. Pese a esas presiones externas, luego de cerrado el primer ciclo de diálogos en Oslo, la puerta de la discusión sobre puntos que permitan entrever una salida negociada; no se ha cerrado. Por parte de la comisión de Maduro, el ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez y quien lidera la comisión de gobierno en Oslo; ha señalado la posibilidad de mantener el diálogo. Por parte de la oposición, desde el despacho de Guaidó se conoció que continuarán prestos a la posibilidad de diálogo en territorio noruego. El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, que lidera la comisión del gobierno de Maduro en Oslo, dijo que seguirán “trabajando por la paz, la concordia, la democracia y la defensa de nuestra Constitución” “Otra derrota de la diplomacia colombiana” Durante los primeros meses de 2019, la conformación de la agenda mediática por parte de los medios de comunicación tradicionales en Colombia; priorizó el discurso de la salida militar como la única salida posible a la crisis de Venezuela. De hecho, desde la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque apeló a un cerco diplomático por medio del cual Duque anunciaría que a Maduro le quedaban pocas horas en el poder. Desde ese momento ha transcurrido no solo alrededor de 124 días, sino que también se han ido mermando las posiciones que apoyen una salida bélica a la crisis en el vecino país. Por el contrario, para León Valencia, el hecho de que se hayan sumado voluntades como las del Gobierno de Noruega como las del Grupo Internacional de Contacto, la Unión Europea y Cuba; significan una certera derrota a la política internacional que ha desarrollado Colombia durante estos meses. Especialmente, para el analista, Colombia no solo estaba fallando en su hoja de ruta, sino que estaba representando un riesgo al alimentar las intenciones de un golpe de Estado por medio de la promoción de la división de las Fuerzas Militares Venezolanas. A poco mas de un mes del fallido golpe de Estado Después de la expectativa sembrada horas antes de la puesta en marcha de la denominada ‘Operación Libertad’ encabezada por Juan Guaidó, en el que el autoproclamado presidente señalara que “el momento es ahora” —para lo que denominó la recuperación de la democracia— las horas y los días se han encargado de disipar la intención que tenía. Sin embargo, Guaidó en los últimos días ha estado desarrollando jornadas en algunas ciudades venezolanas para tratar de revivir la ‘Opración Libertad’ en una escala menor. De hecho, ha señalado que la hoja de ruta de la oposición es clara; presión diplomática, movilización social para buscar mantener un ‘deseo de cambio’. Por su parte, Nicolás Maduro en los últimos días ha mantenido reuniones de trabajo los Comandantes del Sistema Defensivo Territorial, en el marco de la búsqueda de un restablecimiento definitivo del tejido de las Fuerzas Militares bajo los preceptos de “Unión y Libertad”.

Por: Redacción Pares La expansión del trabajo por cuenta propia y una mayor informalidad amenazan la situación laboral de América Latina y el Caribe. Así lo advierte el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en una nueva edición de su publicación  Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. Según el documento, debido a la baja tasa de crecimiento económico proyectada para 2019 (1,3% promedio de la región), a nivel regional las tasas de ocupación y desocupación no registrarán grandes cambios durante 2019. Los organismos de las Naciones Unidas temen que seguirá en aumento la informalidad laboral, tanto por la debilidad en la generación de empleo asalariado, como por la informalización de empleos existentes en algunos países. Un crecimiento económico débil Específicamente, las tasas de desocupación urbana y nacional se ubicarían de nuevo alrededor de un 9,3% y un 8,0%, respectivamente. Asimismo, con la excepción de los países con fuerte presión inflacionaria, los salarios reales seguirán relativamente estables, predominando situaciones con aumentos modestos. Sin embargo, el débil crecimiento económico incidiría nuevamente en una lenta generación de empleo asalariado por lo que se prevé que aumentarán los trabajos de mala calidad media, especialmente cierto tipo de trabajo por cuenta propia, que contribuirá con gran parte de los nuevos puestos que se generen. En el análisis del desempeño laboral de la región en 2018, se destaca una reducción de las brechas entre hombres y mujeres en relación con las tasas de participación y ocupación, pero no así en la tasa de desocupación – y el aumento del trabajo femenino se da en circunstancias en que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo son de mala calidad. Se dispara la informalidad laboral en la región En amércia Latina, la expansión del trabajo por cuenta propia contribuyó aproximadamente en 49% al aumento del número de ocupados en el mercado laboral el año pasado, mientras que la generación de empleo asalariado aportó solo un 37%. Otras categorías de ocupación contribuyeron el 14% de nuevos empleos restantes. Esta composición de la generación neta de empleo durante 2018 indica que la mayor parte representa trabajo de baja calidad, con lo cual se constataría un nuevo deterioro de la calidad media del trabajo en la región. CEPAL y OIT afirman que en el horizonte de un mediano o largo plazo como el que establece la Agenda 2030, los avances hacia el cumplimiento del ODS N⁰ 8 se ven afectados por una serie de tendencias que tendrán un impacto profundo en los mercados laborales, entre ellas el acelerado envejecimiento, los grandes movimientos migratorios y la transformación de la estructura productiva para alcanzar un crecimiento ambientalmente sostenible. “En este vigésimo número del informe conjunto CEPAL/ OIT se analiza un aspecto específico muy relevante para la relación entre las nuevas tecnologías y el trabajo decente. Las plataformas digitales crean nuevas oportunidades laborales tanto a nivel local como en mercados digitales globales. Sin embargo, en muchos casos las nuevas formas de trabajo se desarrollan fuera de las regulaciones existentes, de manera que estos trabajadores no gozan de los derechos laborales y sociales establecidos por la legislación correspondiente”, advierten Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y Juan Hunt, Director Regional para América Latina y el Caribe de la OIT, en el prólogo del documento. En este informe se hace hincapié en que las plataformas digitales generan diferentes modalidades de trabajo las cuales tienen aspectos novedosos, así como también otros que recuerdan a otras formas de empleo conocidas en la región, como el trabajo de jornaleros agrícolas intermediados por enganchadores o el trabajo a domicilio. De esta forma, el debate actual sobre la regulación adecuada de las nuevas formas de trabajo debe tomar en cuenta las relaciones de trabajo que beneficien a los laborantes. Ambos organismos indican que la regulación de estas nuevas formas de trabajo debe ser resultado de un diálogo social que incluya a todos los actores relevantes.

Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta para que el amparo y conservación de las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales se convierta en un tema de Estado, y pidió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedir normas que garanticen su conservación y consoliden a Colombia como un país megadiverso. El órgano de control recordó que en Colombia, aunque las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales son lugares para la conservación y agrupan un gran porcentaje de la diversidad biológica nacional, las estrategias para su cuidado y conservación no son las ideales. Actualmente, por lo menos 17 parques nacionales naturales se han visto afectados por actividades ilegales, entre ellas la deforestación, que según cifras del Ideam en 2016 significó la pérdida de 178.597 hectáreas, lo que representó un aumento del 44% con respecto a 2015. Es fundamental el fortalecimiento del sistema de parques acorde con las metas nacionales e internacionales de conservación, y recalcó el valor de los servicios ecosistémicos que estos proveen, así como el aporte que las áreas protegidas proporcionan al PIB del país. Colombia es uno de los países más ricos en diversidad biológica y cultural en el mundo. Esa diversidad está representada en 59 áreas naturales pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales que representan 14´268.224 hectáreas (142,682 km2) de la superficie nacional (marinas y terrestres), donde 11,27% constituye el área continental y 1,5% el área marina. 26 de estas áreas tienen presencia de comunidades indígenas y afro descendientes.

Por: León Valencia, director – Pares La tragedia fue enorme: según los cálculos de los organismos de derechos humanos, a lo largo de 40 años se produjeron cerca de 4000 mil ejecuciones extrajudiciales de las cuales 1800 tuvieron ocasión en los dos gobiernos de Álvaro Uribe. Algunos de los implicados, muy pocos aún, están concurriendo a la Jurisdicción Especial para la Paz a contar las circunstancias en que se dieron estos crímenes. Las revelaciones iniciales son realmente escabrosas. Por eso, la sola noticia de que esta dolorosa mortandad de personas indefensas pudiera continuar e incrementarse, jalonada por unas directrices de la comandancia del Ejército Nacional, despertó tantas reacciones indignadas en la comunidad internacional y en las fuerzas internas comprometidas con la paz y los derechos humanos. No hay ninguna exageración en la alarma. Tanto las revelaciones surgidas al interior del Ejército, como su difusión en un medio internacional tan prestigioso como el New York Times, son una clara demostración de que algo muy profundo ha cambiado en Colombia. Esto, que fue “normal” hace algunos años en la Fuerza Pública, ahora tiene el rechazo de una parte importante de ella. La deshonra que significó esta práctica ignominiosa en las filas militares, tuvo el efecto de poner en guardia a muchos oficiales respetuosos de la ley ante cualquier directiva que pueda ir en contravía a las obligaciones constitucionales de una fuerza dedicada a cuidar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. El otro cambio decisivo viene de la mano del acuerdo de paz. Al desactivarse la principal amenaza guerrillera mediante un pacto de reconciliación, se acabó el pretexto que tenían muchos actores políticos y agentes institucionales para justificar acciones abiertamente ilegales, señalando que las víctimas pertenecían o simpatizaban con las organizaciones insurgentes. Ahora no es fácil, o es menos fácil, esconder un crimen arropando a la víctima en una bandera sediciosa. Los medios de comunicación, en este caso un poderoso periódico de los Estados Unidos, tienen menos barreras para examinar decisiones o conductas de las instituciones del país. Esa es la grave equivocación del comandante del ejército, Nicacio Martínez, del ministro de la defensa, Guillermo Botero y del propio presidente de la república, Iván Duque: no aceptar que las cosas han cambiado, que no estamos en los primeros años de este siglo, que hay un proceso de paz de por medio. Sólo cuando se desató el escándalo empezaron a comprender, un poco, retiraron la directiva del Ejército y nombraron una comisión para que examinara lo que se estaba haciendo en las filas militares. Quizás esta lección les sirva para la reflexión. Ojalá la próxima vez no acudan al expediente de llamar a los directores o dueños de los medios nacionales para tratar de conjurar el escándalo mediante presiones o halagos, como lo hizo en esta oportunidad el Secretario General de Palacio. El escándalo tuvo la consecuencia lateral de generar una grave controversia con el New YorK Times, desatar una investigación de la Procuraduría sobre las decisiones del Ejército y sacudir a la revista Semana con la salida forzosa de Daniel Coronell, el columnista estrella del medio. Las temerarias y falsas acusaciones que hicieron algunos partidarios del gobierno sobre los corresponsales del diario estadounidense, radicalizaron aún más la posición de los directores del periódico y suscitaron un editorial acusando a Duque de estar saboteando la paz; las fuerzas políticas nacionales pusieron la lupa en el trámite de ascenso en el que se encuentra el general Martínez; y Semana sufrió un lesión inmensa en su credibilidad, con la sospecha que de verdad había engavetado la investigación avanzada que tenía en sus manos sobre los falsos positivos, y con la equivocada decisión de prescindir de los oficios de Daniel Coronell. Los coletazos pueden seguir si el uribismo y el gobierno siguen cerrando los ojos ante las nuevas realidades del país, y se empeñan en volver atrás la rueda de la historia. Tienen que entender que, lo que ayer les dio resultado, ahora es un enorme lastre que puede sepultar una administración que prometía mirar hacia adelante y construir una nueva agenda para Colombia.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad – Pares. En Colombia, la corrupción pública ha alcanzado tal nivel de sofisticación y afectación de las condiciones económicas, sociales y políticas de la población, que se habla actualmente de la existencia de un proceso de cooptación del Estado por parte de redes de corrupción que han subsistido durante décadas, y han implicado, en algunos casos, la modificación del ordenamiento jurídico y la democracia. Nuestro país requiere una reforma política que, entre otras cosas, incorpore cambios en las autoridades electorales para dotarlas de las capacidades requeridas para vigilar, perseguir y sancionar. Para lograrlo, Pares considera que se deben tener en cuenta estas diez recomendaciones: 1. Contemplar un mecanismo de elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral – CNE, o quien haga sus veces, que asegure su independencia y probidad para ocupar el cargo. Este podría ser endógeno, es decir, seleccionado por las Cortes, como en el caso del Registrador Nacional. 2. Convertir al CNE en un tribunal electoral, adscrito a la rama judicial. La sección quinta del Consejo de Estado, por su parte, actuaría como segunda instancia del nuevo tribunal. 3. Asegurar un aumento en el presupuesto y personal del CNE, o quien haga sus veces y además, cambiar a un modelo de financiación pública de campañas electorales y asegurar la bancarización de las campañas electorales. 4. Adelantar una reforma administrativa del CNE que permita acortar los tiempos de investigación y decisión a partir del uso de herramientas tecnológicas como sistemas de información expertos. 5. Garantizar la autonomía administrativa y financiera de la Registraduría Nacional. 6. Implementar el pasaporte político para candidatos a puestos de elección popular. Dicho pasaporte funciona como un sistema en línea donde los ciudadanos podrán consultar la hoja de vida del aspirante, sus procesos en la justicia, su declaración de bienes y rentas y sus conflictos de interés. Este debería ser controlado y puesto a disposición del público por la Procuraduría General de la Nación. 7. Hacer obligatoria la publicación y divulgación de la hoja de vida de los aspirantes; la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas de los aspirantes. 8. Hacer obligatoria la publicación y divulgación de conflictos de interés de los aspirantes. 9. Endurecer las sanciones a los partidos políticos y sus dirigentes que avalen candidatos a puestos de elección popular que resulten condenados por hechos en investigación al momento que se le brindó el aval al candidato. 10. Promover la censura ciudadana y el voto castigo frente a candidatos que enfrentan serios cuestionamientos, especialmente aquellos a quienes se acusa de corrupción o vínculos con grupos al margen de la ley.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «El despido de Daniel Coronell es una advertencia a la prensa y a los periodistas que tienen posiciones independientes y críticas. La mordaza funciona no solo para callar al censurado directamente, sino también para neutralizar posiciones distintas a las del establecimiento. Ese es uno de los mayores riesgos de estos hechos, especialmente si se tiene en cuenta que los mayores accionistas de los medios con más audiencias en Colombia son de los cuatro grupos económicos más poderosos. Esto pone en riesgo la construcción de opinión pública y va en contra del Estado Social de Derecho.» Pares habló con Juan Carlos Amador Baquiro, postdoctorado en Ciencias Sociales, Doctor en Educación y Licenciado en Ciencias Sociales. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y coordinador de la línea de investigación de Comunicación- Educación en la Cultura en el Doctorado Interinstitucional en Educación y en la Maestría de Educación para la Paz. Pares: ¿Qué piensa del postulado de que hay una crisis global de los medios de comunicación? Juan Carlos Amador Baquiro: En términos globales estamos asistiendo a una transformación del modelo de información y del modelo de comunicación, e incluso del modelo de negocio de los grandes medios de comunicación masivos. Esto tiene que ver con la situación que ha venido ocurriendo desde finales del siglo pasado, y es cómo se están desestimulando los medios impresos y cómo han empezado a emerger una serie de medios digitales que tratan de ofrecer otros contenidos y otras formas de acercamiento a los públicos. Ese tránsito ha traído consigo una crisis de lo que hacía el modelo tradicional de la prensa, y buena parte de lo que está ocurriendo tiene que ver con ese modelo de negocio en el que grandes grupos económicos se han convertido en los propietarios de los grandes medios de comunicación. En el caso colombiano es muy evidente lo que ha venido pasando, al menos con los grandes medios. Sin embargo, es muy interesante ver en medio de esta crisis que la respuesta a este fenómeno es el surgimiento de medios alternativos que ofrecen otras líneas editoriales, otros enfoques y cada vez hay más audiencias que están interesadas en conocerlos. Pares: Ese fenómeno de grandes medios de comunicación en manos de grupos económicos ¿produce una consecuencia directa para el periodismo y la formación de opinión pública en nuestro país? J.C.A.B: Yo creo que sí, que los grandes medios en manos de los grandes empresarios producen una línea editorial distinta. Si uno mira la historia de la prensa en Colombia, de los grandes medios, hubo una época en la que eran propiedad de los partidos políticos. Pero el tema reciente es que son propiedad de grupos económicos y eso, por supuesto, trae consigo unas líneas editoriales muy claras que sin duda afectan la construcción de opinión pública que tiene una afectación muy grande. En un Estado de Derecho uno esperaría que los medios de comunicación jueguen un papel importante para generar el debate público y la construcción de una opinión pública que esté basada en la información veraz y objetiva, en la capacidad de análisis que ofrezcan esos medios para entender la realidad social política cultural. Y esto no ha sido así. «El papel que tienen los medios alternativos y los observatorios de medios toma cada vez más fuerza en la sociedad civil, son una forma de contrarrestar a los medios hegemónicos.» Foto: Pares A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que le ha venido ocurriendo a la casa editorial El Tiempo especialmente desde que su socio mayoritario es Luis Carlos Sarmiento Angulo y el grupo Aval, porque, al menos en el seguimiento que le hemos venido haciendo al fenómeno de Odebrecht, uno puede ver muy claramente que en el cubrimiento noticioso, pero incluso en las columnas de opinión y las editoriales, hay un sesgo muy claro. Es posible que los periodistas tengan limitaciones para poder hacer unos análisis mucho más precisos y detallados. Pares: En ese contexto ¿cómo analiza la decisión de la directiva de Revista Semana de despedir a Daniel Coronell, uno de sus mejores periodistas, por cuestionar el hecho de que la revista no publicó una información tan importante y sensible para el país como la probable reactivación de los ‘falsos positivos’? J.C.A.B: Daniel Coronell cuestionó “la engavetada” de la investigación sobre el posible retorno de los falsos positivos, al parecer, luego de conversaciones directas entre el gobierno Duque y los accionistas de Semana López- Gilinski, por la vía de una cena en Palacio y/o por la injerencia del ex-secretario Eastman. Esta situación trajo consigo que el NYT publicara esa información tan delicada. Yo considero que quedó claro que el periodismo independiente cada vez tiene menos posibilidades de existir en Colombia, frente a medios que se convirtieron en modelos de negocio que operan bajo la lógica de los grandes grupos económicos. Se evidencia la censura al periodismo crítico, al parecer, porque predomina el derecho a la libre empresa por encima del derecho a la libertad de expresión. Medios como el NYT o el WP presentan claramente su línea editorial, pero dan garantías para que otras voces y puntos de vista coexistan y se expresen en el marco de la ética periodística, el pluralismo y el respeto por las libertades y derechos. Los costos asumidos por la Revista Semana por esta decisión son altos. En estos días, un periodista de Blu Radio afirmaba que Coronell ‘pateó la lonchera’ con lo publicado el fin de semana. Sin embargo, otros medios, como la Silla Vacía, muestran el problema desde otro foco. Los que ‘patearon la lonchera’ probablemente fueron los accionistas de Semana. Esto teniendo en cuenta que actualmente las audiencias son el mayor activo de los medios. En este caso, la audiencia de Semana es fiel por la credibilidad del periodista. Coronell era parte de ese capital simbólico del medio que, infortunadamente, desecha en momentos críticos para los medios en Colombia. En menos de 12 horas, luego de que Daniel Coronell anunciara que su columna fue cancelada por el fundador y accionista de la Revista Semana, Felipe López, el medio perdió cerca de 35.000 seguidores en sus redes sociales, y probablemente un número significativo de suscriptores. Pares: En este panorama ¿qué papel cumplen los medios de comunicación alternativos? J.C.A.B: Es muy importante lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos con el surgimiento de medios alternativos, que en muchas ocasiones han sido iniciativas de periodistas independientes o de organizaciones no gubernamentales, y creo que eso es muy positivo en el sentido en que se amplía el horizonte de la información. Hoy, un ciudadano promedio tiene todas las posibilidades del corroborar, de contrastar información, de acercarse a un tema desde distintos lugares de enunciación y creo que eso ha sido una respuesta muy positiva a este fenómeno de los medios de comunicación hegemónicos que estamos viviendo. Pares: ¿Cómo analiza el fenómeno de las noticias falsas o fake news? J.C.A.B: Es un tema muy discutido, muy debatido y está enmarcado en unas transformaciones de orden comunicacional y tecnológico. Estamos asistiendo a algo que han llamado la cuarta revolución industrial que tiene varios elementos, uno de ellos son las nuevas formas de acumulación y concentración de capital que están relacionadas con las funciones que juegan las tecnologías digitales y los medios digitales. Asimismo, se trata de un fenómeno, no solamente económico, sino también cultural que estimula mucho lo que algunos llaman el trabajo inmaterial que tiene que ver con el trabajo que se desarrolla con información y conocimiento. Tenemos que el capitalismo cognitivo y las nuevas formas de acumulación de capital están ligadas a la economía de los afectos, de las emociones. A nosotros no nos venden un producto, nos están vendiendo un mundo y la gente quiere estar en ese mundo; la gente no quería salir de Game Of Thrones, y eso se relaciona con este tema porque parece ser que los desarrollos tecnológicos construidos con los algoritmos web están mostrando que las campañas políticas, las elecciones en muchos países cada vez están más ligadas a lo que es el trabajo con ese tema. Para nadie es un secreto que la campaña de Donald Trump en Estados Unidos trabajó algoritmos con Cambridge Analytica, consiguieron bases de datos, como primera etapa del proceso, de personas que tienen una afinidad con ciertas ideas. «La situación de los periodistas en Colombia en los medios es muy complicada para el oficio, sobre todo porque bajo estas líneas editoriales y esquemas de negocio las condiciones de contratación son muy precarias.» Foto: Pares Por ejemplo, en Estados Unidos mucha gente que está en contra de la inmigración y están convencidos de que esas personas les están quitando el trabajo, fueron quienes recibieron noticias falsas que los llevaron a tomar la decisión de votar por Trump, que representaba ese discurso. Esas son personas que tienen ese perfil, y si esa base de datos se cruza con Facebook, que es donde la gente deja sus huellas ideológicas, eso hace que la campaña trabaje justamente con esos perfiles. Les envían noticias falsas. Es una estrategia muy personalizada. Algunos dicen, desde una perspectiva sociocultural, que el algoritmo llegará a un momento en que nos puede llegar a conocer más a nosotros que nosotros mismos, es una cosa muy extraña, un algoritmo construyendo nuestra identidad. Pares: ¿Las noticias falsas son una estrategia política en Colombia? J.C.A.B: Claro, no es lo mismo una noticia falsa que yo me invente a que lo haga una senadora del Centro Democrático. Eso tiene unos efectos muy importantes sobre todo porque detrás de estos modelos se pretende estimular mucho dos cosas que han sido muy discutidos en temas de opinión pública: la desinformación por un lado y el fanatismo por el otro. Cuando uno combina desinformación y fanatismo las posibilidades de manipulación son muy altas y aquí, efectivamente, muchos políticos las mezclan. Esa combinación, insisto, es peligrosa y muy grave para la democracia. Y yo no podría decir que detrás de esto hay gente que no se ha formado, que no tiene niveles educativos altos; no, uno se da cuenta que dentro de sus seguidores y bases de datos quienes replican esas noticias falsas, en muchas ocasiones, tienen una formación universitaria, son profesionales. Por lo tanto, esto no se resuelve únicamente con subir los niveles educativos, sino que nos cuestiona sobre cómo nosotros como universidad asumimos la formación ética y política de los estudiantes.

Por: Daniela Gómez. Democracia y Gobernabilidad. Hace aproximadamente cuatro años el Observatorio para la Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación, gracias al apoyo de National Endowment for Democracy –NED, ha adelantado un proceso de veeduría ciudadana sobre la dinámica política, los procesos electorales y de contratación pública en distintos territorios del país, documentando y develando múltiples hechos de corrupción y cooptación estatal que hemos puesto en conocimiento de la opinión pública y las autoridades competentes. A partir de este trabajo, el Observatorio ha recolectado y elaborado una serie de recomendaciones para fortalecer los procesos de veeduría ciudadana y prevenir o mitigar la corrupción y cooptación en los procesos políticos, electorales y de contratación pública, que presentamos a continuación y esperamos sirvan de insumo para la elaboración de políticas públicas en la materia. El documento está dividido en dos apartados, uno dedicado a realizar un sucinto diagnóstico de los principales problemas y mecanismos de corrupción encontrados durante el proceso de veeduría y otro dedicado a realizar algunas recomendaciones de política pública para hacerles frente. Leer informe completo:

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares En el municipio de Bello, Antioquia los jóvenes se resisten a la violencia que en el 2019 va en aumento debido al enfrentamiento entre estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y la extorsión. En lo corrido del año, la Fundación Paz y Reconciliación-Pares ha registrado 55 asesinatos frente a los 26 ocurridos en 2018 en el mismo lapso en ese territorio. Ubicado en el norte del Valle de Aburrá, con 491.182 habitantes, Bello es uno de los municipios más grandes del país. Asimismo, es considerado un fortín político, y un corredor estratégico para los grupos ilegales que trafican estupefacientes entre la ciudad de Medellín hacia el norte del departamento. Pares habló con el activista Cristóbal Báez Gutiérrez de 26 años sobre la situación de seguridad y las propuestas culturales que se gestan en el territorio para hacerle frente a las dinámicas de violencia que se viven a diario y que afectan a la población, en especial a los jóvenes. “Desde los últimos 10 años he estado entregado al movimiento social en las organizaciones de base, muy enfocado al tema del arte y la cultura como un espacio de resistencia, como un espacio para proponer y para trata de cambiar esos imaginarios hegemónicos de violencia que se viven en Bello”, expresó. Ocho grupos ilegales en disputa El aumento de la violencia en Bello se debe a la disputa entre ocho (8) estructuras armadas ilegales que actualmente ocupan las once (11) comunas, de las cuales hacen parte más de 90 barrios. En ellas, se ha intensificado el fuego cruzado entre las estructuras por el interés de expandirse dentro de los territorios de sus rivales y quedarse con las redes del narcotráfico. En Bello, quienes tiene cooptadas las comunas son los combos de los Pachelly, Niquía Camacol, el Mesa, los Chatas, la Meseta, los del Mirador, y las estructuras armadas ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los Triana. De los cuales, se ha recrudecido la confrontación entre los tres (3) primeros mencionados. Cabe destacar que los miembros de los Pachelly son disidentes de las AGC o Clan del Golfo, por lo tanto, se declararon la guerra mutuamente. Y por lo tanto, hay una alianza de los segundos con los Mesa para debilitar a los primeros. Así las cosas, estos grupos han tenido afectada a casi toda la población de Bello. Sin embargo, se ha rumorado que hubo un acuerdo de paz entre estos grupos criminales, pero no hay información verídica y certera. “Esta es una ciudad donde la institucionalidad es sumamente débil. En Bello hemos padecido una connivencia entre el actor criminal y el actor institucional”, agregó Báez. “Todas las comunas padecen de actores criminales que a mi modo de ver han degradado la guerra, la guerra se ha tendido a recrudecer y a descomponer. Primero con la utilización de niños para todo el tema relacionado con el microtráfico porque les resulta económico y sencillos de persuadir”, apuntó. La población cada vez es más vulnerable debido a la cercanía de la dinámicas del conflicto. Ahora dichos grupos ilegales controlan las plazas (o parques) de “vicio” y también el comercio legal, es decir, a los tenderos. ¿Qué sucede con la institucionalidad? Hay un antecedente importante, y es que a principios de los 2000 la institucionalidad llevó a cabo una especie de mesa de conversaciones de paz con los actores ilegales bellanitas. Es decir, que la criminalidad e institucionalidad se sentaron a dialogar e hicieron unos pactos. Sin embargo, a partir de ese momento lo que sucedió fue una división de los territorios entre los actores ilegales lo cual legitimó a las estructuras criminales. “A partir de que la institucionalidad legitimó estos actores ilegales, montaron sus corporaciones, montaron sus fachadas legales de papel”, agregó Báez. Otro punto, es el historial del Clan Político de los Suárez Mira que inicia con Óscar, el jefe del clan, y quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. En 1995 fue alcalde de Bello, pero en 2011 fue condenado a nueve (9) años de prisión por concierto para delinquir agravado por recibir apoyos de los jefes paramilitares Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don Berna” y Freddy Rendón Herrera, alias “el Alemán”. Salió en libertad condicional el 2014 luego de haber cumplido las tres quintas partes de su condena. Pero a finales de 2015 la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del excongresista por presunto enriquecimiento ilícito con dinero de grupos armados ilegales durante su período como congresista en los años 2002 y 2006. Seguido, llegó su hermana Olga Suárez Mira a ocupar la Alcaldía, quien posteriormente llegó al Congreso (2010-2018) por el Partido Conservador. En la actualidad el alcalde de Bello es César Suárez Mira, hermano de Olga y Óscar. Suárez se posesionó el 1 de enero de 2016, pero doce meses después fue capturado por falsedad ideológica en documento público, uso de documento público falso, falso testimonio y fraude procesal. En septiembre de 2017 fue revocada la medida y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez lo restituyó. Transformar a Bello Ante la serie de sucesos violentos, la expansión de grupos armados ilegales y la administración de la misma casa política durante décadas, los jóvenes de Bello han decidido manifestar su inconformidad. “Una vez al año realizamos un campamento de resistencia a la guerra, de resistencia de que en el propio parque a una cuadra de la institucionalidad nos están agrediendo los actores ilegales. Entonces en este evento llamado ‘Jornada de resignificación denuncia y defensa del territorio’”, indicó Báez. En ese sentido, los jóvenes están trabajando desde lo político, desde la defensa de los derechos humanos y el arte en resistencia, y le han propuesto a la ciudad otros imaginarios, otros discursos y otras posibilidades que le hacen frente al conflicto urbano de Bello. Pues es problemático que dichos “combos criminales” tengan un fuerte arraigo en la sociedad. Tanto así que, por ejemplo “en diciembre dan regalos para los niños y pintan las casa de las ‘cuadras’ (barrios), entre otras cosas”, señaló el activista. En consecuencia, quieren trabajar desde el discurso y el lenguaje para intentar cambiar el tejido social pues muchos de los miembros de esas estructuras son hermanos, vecinos e hijos, que no tuvieron otras oportunidades. “La oferta institucional de la administración ha sido una administración corrupta y muy clientelar. Entonces sí hay una carencia latente de oportunidades para que los ‘pelados’ hagan un proyecto de vida, hay carencia en educación, salud y acceso a trabajo”, apuntó. En definitiva, hay una gran deuda del Estado colombiano con la novena ciudad más grande de Colombia. Pero romper lo legal e ilegal también parece complejo. Por lo tanto, la esperanza que tienen en este momento es que en los próximos comicios cambie un poco la historia electoral dejando atrás a la casa política incrustada por décadas en el municipio de Bello.