Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares En el marco de la Semana del Detenido Desaparecido, que este año se conmemora entre el 27 y el 31 de mayo, Pares habló con la artista audiovisual Constanza Ramírez Molano, quien presenta la videoinstalación «Volver a pasar por el corazón», en el Museo Casa Memoria de Bogotá. La videoinstalación articula diferentes formas de hacer memoria: usando catorce videoclips, se escucha a familiares que buscan aún sus desaparecidos –miembros del MOVICE capítulo Bogotá- compartir gustos musicales y recuerdos de sus seres queridos que son víctimas directas de desaparición y que hacen presencia en los retablos de la galería del grupo de familiares. “Volver a pasar por el corazón”, una de las bellísimas maneras de entender la recordación, es una obra inspirada en el programa radial «Mi banda sonora» de Caracol radio.» señala la artista. En este espacio al aire se invita a un personaje a que comparta con la audiencia veinte de sus canciones preferidas y narre, alrededor de cada una, los recuerdos asociados a ella. «Nuestra propuesta busca también, a través de la música, acercar a la sociedad colombiana a una de sus experiencias sociales más punzantes: la desaparición de personas. A través de imágenes sonoras, queremos alcanzar empatía con quienes han sido víctimas de esta dolorosa experiencia ayudando a los espectadores a identificarse con esas cientos de historias de vida» explica Ramírez. Esta experiencia es una de las formas que usa la Asociación Otras Voces, en su ámbito pedagógico, para crear empatía entre el público en general y las personas víctimas de este execrable crimen, en particular. «Hacemos pedagogía a través del arte para contribuir a la comprensión de temas de difícil asimilación, como los impactos subjetivos de la desaparición de las personas.»

Por: Redacción Pares La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresan su preocupación por la continuidad de actos de violencia e intimidación que han enfrentado quienes defienden los derechos humanos en los primeros meses del año. Entre las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales que han sido asesinados se encuentran beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y personas que recibían protección por parte de autoridades nacionales. La CIDH y la ONU Derechos Humanos advierten con preocupación que Colombia se mantiene como uno de los países con más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales registrados en el continente. Entre el 1 de enero y el 30 de abril, la ONU Derechos Humanos recibió 51 quejas sobre asesinatos de líderes y defensores y defensoras de derechos humanos en el país, de los cuales al menos 21 han sido verificados por ONU Derechos Humanos como asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos (3 mujeres y 18 hombres). La ONU Derechos Humanos sigue observando que el grupo de defensores y defensoras comunitarias y comunales continúan siendo el grupo de defensores en más alto riesgo en Colombia y representan la mayoría de las víctimas mortales, hasta la fecha. Asimismo, se registraron otras situaciones de ataques y asesinatos en otras partes del país. Cabe resaltar que el 4 de abril, la CIDH y la ONU Derechos Humanos en Colombia hicieron un llamado conjunto en el marco de la MINGA señalando la importancia del diálogo para la atención a las demandas sociales como única salida que contiene la violencia. Asimismo, destacaron que el enfoque de derechos humanos siempre allana el camino hacia el fortalecimiento de las democracias y el Estado de Derecho. La Comisión y la ONU Derechos Humanos recuerdan que es obligación de los Estados investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Ambos organismos instan a los Estados a agotar todas las líneas de investigación relevantes para esclarecer estos hechos, incluyendo la posible vinculación entre los asesinatos, desapariciones y otras agresiones y la labor de defensa de los derechos humanos. Dichas investigaciones deben ser conducidas con debida diligencia, de manera exhaustiva, seria e imparcial. Resulta urgente, señalan los organismos internacionales, que el Gobierno adopte medidas positivas que fomenten una cultura de derechos humanos y un ambiente libre de violencia y amenazas, reconociendo el valor y la importancia del trabajo de las personas defensoras.

Por: Redacción Pares Este jueves en la tarde, a través de un comunicado, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia manifiesta que acoge con beneplácito la decisión de la Corte Constitucional sobre las objeciones al proyecto de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como el subsecuente anuncio del Presidente de la República sobre su futura sanción y promulgación. La decisión de la Corte Constitucional y la posterior sanción presidencial del proyecto de ley contribuyen, señala ONU, a disminuir la incertidumbre jurídica y permiten conferirle a la JEP un marco jurídico claro sobre sus procedimientos y su funcionamiento. «Como elemento esencial del Acuerdo Final de Paz, la JEP debe contar con los instrumentos jurídicos que le permitan funcionar libre y plenamente para asegurar la satisfacción de los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes, tanto a los miembros de las antiguas FARC-EP que cumplieron de buena fe con el compromiso de la dejación de armas, como a los miembros de la Fuerza Pública que se acogen a esta jurisdicción y a los civiles que voluntariamente se están sometiendo a ella.» señala el comunicado de la Oficina de Naciones Unidas. En ese sentido, manifiesta que la pronta puesta en vigencia de la Ley Estatutaria permitirá preservar y proteger la autonomía y la independencia de la JEP, principios que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha llamado a respetar, así mismo ha expresado su apoyo a los otros componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición establecido en el Acuerdo Final de Paz. Finalmente, la Misión de Verificación «confía que la JEP reciba el apoyo político e institucional para su funcionamiento con el fin de que el país siga avanzando en la consolidación de la paz.«

Por: Redacción Pares Al mediodía de este jueves 30 de mayo, se produjo la salida de Jesús Santrich de su sitio de reclusión en el bunker de la Fiscalía General en Bogotá. De esta forma, se da cumplimiento de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordar que este miércoles, la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como “Jesús Santrich”, porque con esa condición es aforado constitucional y lo debe procesar penalmente esta Corporación. Santrich se dirigió inmediatamente a la sede del partido político FARC desde donde se espera que haga un pronunciamiento. #santrichlibre https://t.co/lWR0r85lX6 — #SantrichLibre (@SantrichLibre) May 30, 2019 En la mañana de este jueves, el equipo jurídico de Santrich había radicado en al Corte Suprema de Justicia la manifestación de voluntad de Jesús Santrich, firmada por él mismo, de comparecer a los llamados que le haga esta Corte. Pares habló con Diego Martínez, abogado miembro del equipo defensor de Jesús Santrich. Según Martínez hay que hacer dos anotaciones con respecto a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. La primera es que esta decisión corresponde al procedimiento correcto en un Estado de Derecho, es decir, «el máximo órgano en materia penal en el país está tomando la decisión de ordenar la libertad inmediata de Jesús Santrich. El gobierno nacional debe respetar este fallo de inmediato.» Con respecto al tema de la extradición de Santrich, el abogado indica que el proceso seguirá haciendo su curso legal, sin embargo, «es claro que la Corte Suprema ha dicho en fallos anteriores que privilegia el derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad en Colombia, sobre una solicitud de extradición. Y ese concepto también es parte natural del Estado de Derecho». Por su parte, la senadora por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Victoria Sandino, manifestó su alegría por dicha liberación.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares En la Zona de Reserva Campesina de la región de El Pato-Balsillas se realiza un proyecto de construcción de memoria histórica con el objetivo de resguardar su pasado y poder enseñarle a los más pequeños la importancia de pertenecer a dicho territorio dejando atrás la violencia. El Centro Internacional para la Justicia Transicional – ICTJ, realizó un trabajo audiovisual en el que se registran una serie de conversaciones y testimonios de pobladores para resguardar la memoria y poder enseñarle a los más pequeños la importancia de este territorio histórico. La actual Zona de Reserva, ubicada en el departamento del Caquetá, tiene una carga histórica debido a su peso político de décadas atrás cuando la exguerrilla de las Farc estaba en plena expansión. Por lo tanto, sus pobladores fueron estigmatizados como ayudantes de dicho grupo armado y de allí nacieron los señalamientos de que en El Pato todos eran colaboradores del comunismo. Dicho territorio formó parte de la llamada zona de distensión en 1998, una amplia región de 42 mil kilómetros, creada por el ex presidente de Andrés Pastrana para adelantar negociaciones con las Farc. Sin embargo, la ruptura de los diálogos cuatro años después hizo que El Pato se convirtiera en “zona roja” y la paz se volvió una ilusión. Sin embargo, esta zona y sus comunidades se preparan actualmente para consolidar la paz luego de varios años de conflicto y disputa entre actores ilegales y la fuerza pública. El Acuerdo de Paz fue la palanca que impulsó mucho más a la región para construir nuevas historias de sus vivencias. Nolberto Villalobos, vicepresidente de la Asociación Municipal de Colonos El Pato -Amcop, expresó que la memoria significa todas esas vivencias de “nuestros viejos” que deben perdurar. Asimismo, Miguel Córdoba, tesorero de la organización contó que el ejercicio de la memoria desde la organización y la zona de reserva campesina es potente porque son ellos mismos mostrando su visión y su propia historia. Todo contado por “los propios campesinos y campesinas, antiguos colonos que verdaderamente conocen la historia de nuestra región”, apuntó. Así fue como llegó la idea de integrarnos con las comunidades, las juntas, las demás organizaciones. Era hora de reconocer que “ese zumbido de balas mató a mucha gente y luego todo ese dolor se convierte en huellas, huellas que quedan clavadas en la tierra. Por eso decimos que el territorio habla y por eso nosotros venimos a recorrerlo para escuchar su voz”, relató una de las mujeres de la comunidad.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El presidente Iván Duque perdió este miércoles otro pulso político. Esta vez las Altas Cortes le dieron el visto bueno a dos procesos relacionados con el Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016 entre el anterior gobierno y la exguerrilla de las Farc, los cuales se suman al historial de derrotas de este, un gobierno cuyo partido político emblemático, el Centro Democrático, se ha opuesto sistemáticamente a los esfuerzos de paz. A medio día, la Corte Suprema de Justicia ordenó la liberación del líder exguerrillero Seuxis Pausias Hernández, más conocido como Jesús Santrich, luego de que la Sala Penal explicara que, con ocasión de la sentencia del Consejo de Estado que ratificó la investidura del congresista, esta persona deberá ser investigada con ese fuero. Por otro lado, en horas de la noche, la Corte Constitucional sepultó las (6) seis objeciones de la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que estaban en el limbo desde el año pasado. En últimas, el máximo tribunal resolvió las confusiones del debate en el Congreso en el que los senadores y representantes a la cámara no estaban conformes con los resultados. Para la bancada del gobierno no era claro el conteo, mientras para la oposición la victoria estaba en sus manos. De acuerdo con la norma, un texto en discusión se aprueba o se rechaza solo si la mitad de los integrantes de la sesión más uno, están presentes. Y debido a que 14 de los 108 congresistas estaban impedidos y dos no habían ocupado su curul, el quórum fue de 92 senadores. Por lo tanto, el resultado fue exacto. La bancada opositora aplaudió el resultado, pero estaba esperando el último aval de la Corte. El caso Santrich “Duque queda contra las cuerdas. La Corte Suprema de Justicia concede la garantía de no extradición, así que ya no es competente para incidir sobre la extradición. Y queda a cargo de la JEP”, expresó la coordinadora de la línea de Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, Daniela Gómez. La JEP concede la garantía de no extradición, el Consejo de estado ocho días después ratifica la curul de Santrich, luego la Corte Suprema resuelve que con su fuero de congresista la fiscalía ya no lo puede capturar. Y en ese sentido, solo la Corte Constitucional es competente para pedir la captura de él. Gómez indicó que en el caso Santrich hubo una incitación al delito, la cual es ilegal en Colombia, a diferencia de los Estados Unidos donde sí es aval de captura. Esto podría apresurar la salida de prisión del detenido por faltar al debido proceso. Por su parte, el abogado y analista Ramiro Bejarano señaló a Pares que “en derecho tienen que ordenar la libertad de Santrich porque eso fue lo que dijo la Corte y sin perjuicio de que la Corte luego lo pueda investigar y capturar”. “Pero mientras eso no ocurra lo tienen que dejar libre. Es posible que se inventen un procedimiento del mismo modo como sucedió en la recaptura. Y eso es algo que el país ve con mala voluntad. Si lo van a meter preso que lo hagan pero que lo hagan de acuerdo con la ley, no inventándose procedimientos oscuros”, agregó. Bejarano explicó que otro mecanismo posible para que le nieguen la salida de prisión, es que la Corte reformule una acusación y decrete la detención. Lo único es que no tienen las pruebas para hacerlo. Sin embargo, al referirse a procesos irregulares cabe la posibilidad de que la Fiscalía entregue pruebas esta misma noche y el jueves en la mañana se conozca una nueva decisión. Por su parte, el presidente Duque al referirse a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, fue categórico en manifestar que no está de acuerdo con el fallo, y exhortó a los ciudadanos a que se expresen en ese mismo sentido. El futuro de la JEP Debido a las confusiones que reinaron en el capitolio el pasado miércoles 15 de mayo, el Congreso de la República envió la documentación a la Corte Constitucional sobre las objeciones para que fueran revisadas y falladas. Decisión que se resolvió este miércoles y que tomó por sorpresa a toda la bancada del gobierno. “Hoy lo puedo decir con la frente en alto: la decisión que toma la Corte Constitucional la acato, como colombiano y defensor de la legalidad”, expresó Duque durante su participación en el Foro Sectorial ‘Hablemos de protección social’, que realiza la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas). Duque reiteró que si bien acata la decisión de la Corte “tenemos que reflexionar sobre las herramientas que deben seguir abiertas para corregir las cosas que no están saliendo bien”, y aseguró que “por eso, tenemos, todos, que seguir construyendo la paz con legalidad y sin impunidad”. Asimismo, utilizó el espacio para referirse a la decisión de la Corte Suprema y respaldó la solicitud que realizó la Procuraduría para que se proceda nuevamente con la detención de Santrich. “Con respecto a las objeciones el mensaje de las Corte Constitucional es que los senadores tenían la razón. Es un mensaje claro de las Cortes y del Congreso que se busca la paz y el respeto: es decir, vamos a implementar el Acuerdo”, concluyó Daniela Gómez, investigadora y analista de Pares. Finalmente, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, ratificó el compromiso que tiene el tribunal especial para con la implementación del Acuerdo de Paz y a favor de la verdad y la justicia para las víctimas del conflicto armado.

Por: Esteban Salazar Giraldo. Investigador Nacional PARES Con poco más de una década desde su constitución como municipio, San José de Uré hoy es hoy un auténtico campo de batalla. Ubicado en la subregión del sur de Córdoba, se ha convertido en un lugar al que pareciera que ha olvidado la mano de Dios. Hacia las 3 de la tarde del 23 de mayo de 2019, una decena de hombres vistiendo prendas de uso militar incursionaron en la vereda de Brazo Izquierdo, en la zona rural del municipio, y luego de sacar a todas las familias que habitan en el corregimiento, asesinaron a Jáder Polo, mototaxista, y Manuel Pertuz, seminarista de la Diócesis de Montelíbano; ambos de 24 años y miembros del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS. Para cometer el crimen, según fuentes consultadas, los asesinos les pidieron a las familias que se repartieran en dos grupos, uno se quedó frente a la escuela y al otro lo obligaron a retirarse. Con lista en mano empezaron a preguntar por presuntos miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC, más conocidos como Clan del Golfo, y al azar escogieron a los dos jóvenes asesinados. El grupo que se alejó solo escuchó las ráfagas de fusil. El día anterior se reportó la desaparición del joven Luis Velásquez, en el corregimiento Batalito, vereda Trapichero, también beneficiario de PNIS. No fue sino hasta después del asesinato de los dos jóvenes en Brazo Izquierdo que se supo de la muerte de Velásquez, quien, al parecer, habría sido torturado. A su regreso a los lugares donde se cometieron los crímenes, las comunidades encontraron las casas pintadas con las siglas “AGC”, al parecer por orden de quien lideró la incursión. Sin embargo, por las preguntas hechas a la población, la lista en mano y el modo de operación, estas acciones no serían propias de AGC-Clan del Golfo, sino que se asemejarían más a las del Bloque Virgilio Peralta Arenas – BVPA, mejor conocido como Caparrapos. La pregunta es ¿Por qué marcaron la zona con las siglas “AGC”? De acuerdo con versiones dadas por miembros de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba – Ascsucor, en su retirada advirtieron que “si el ejército subía hasta el corregimiento, regresaban para masacrarlos” (ver comunicado), razón por la cual se generó un nuevo desplazamiento. Uno más que se suma a la oleada de hechos violentos que azotan este municipio desde 2018. Y es que, de acuerdo con diversas investigaciones realizadas por la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, en la subregión del Sur de Córdoba, desde enero de 2018 la estructura armada autodenominada BVPA- Caparrapos, que le ha declarado la guerra al denominado Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC, ha convertido este municipio en un infierno. Como se mencionó en el artículo “Como en la época paramilitar” (ver link), la confrontación en esta zona está relacionada con el control territorial por los cultivos ilícitos y las rutas de narcotráfico. Por un lado, Clan del Golfo–AGC, al mando de alias “Otoniel”, cuenta con tres frentes a su mando: Rubén Darío Ávila, Francisco Morelos Peñate y Julio Cesar Vargas. Estos se enfrentan a las estructuras armadas del BVPA, disidencia de Clan del Golfo, en alianza con Caparrapos, quienes congregan a las estructuras armadas de “Los Paisas”, “los Rastrojos” y las “Águilas Negras”. En la disputa también hay tres Grupos Armados Posdesmovilizados de las Farc-Ep, de los antiguos frentes guerrilleros 18, 58 y 5, los cuales han llegado a una reciente alianza con BVPA-Caparrapos para enfrentar al Clan del Golfo. Hay que recordar que estas guerras recicladas comenzaron en el Bajo Cauca antioqueño en enero de 2018, y ahora se toman el Sur de Córdoba. Para marzo de ese mismo año, el saldo solo en San José de Uré era de tres líderes comunales asesinados. El primero, Plinio Pulgarín, miembro de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba y líder de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito, fue asesinado el 18 de enero en medio de la disputa territorial. De acuerdo con diversas fuentes consultas en territorio, luego del crimen los violentos citaron alrededor de 133 familias de la vereda y los obligaron a desplazarse. Luego, el 31 de enero, en el corregimiento Batalito, hombres armados asesinaron a Antonio María Vargas, de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nueva Ilusión. Para el 6 de marzo, Luis Arturo Royet, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Isabel y líder de PNIS en el corregimiento, fue asesinado a pocos kilómetros de la cabecera municipal, en la carretera hacia Montelíbano. Aunque se desconocen los motivos de estos homicidios, coinciden con el momento en que incursionaron los BVPA-Caparrapos y los enfrentamientos con las AGC-Clan del Golfo. Como si lo anterior no fuera suficiente, la situación se ha enrarecido aún más con el asesinato del precandidato a la alcaldía del municipio, Herney Castrillón Gutiérrez, el pasado 1 de febrero de 2019 cuando fue encontrado su cuerpo en zona rural del corregimiento Mejor Esquina, zona rural de Buenavista. Un hecho al que se suma los recientes asesinatos y que cabría preguntarse sobre su relación con la contienda electoral del 2019 para las elecciones locales. Es importante señalar que en el territorio hay presencia del ejército a través de la Operación Agamenón I y II, y la operación Aquiles, con más 7 mil hombres desplegados. Sin embargo, ante esta escalada de violencia y desplazamientos, se conoció que el día anterior a los homicidios recientes se dio el cambio de mando del Comando de la Décima Primera Brigada del Ejército, a cargo del coronel Gabriel Marín Peñaloza, responsable de la seguridad en esa jurisdicción departamental, por el coronel Augusto Lemus Osorio.

Por: Redacción Pares Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como “Jesús Santrich”, porque con esa condición es aforado constitucional y lo debe procesar penalmente esta Corporación. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que, con ocasión de la sentencia del Consejo de Estado que ratificó la investidura de congresista de Seuxis Paucias Hernández (alias ‘Jesús Santrich’), esta persona debe ser investigada por el máximo órgano de la justicia ordinaria y ordenó su libertad inmediata. Bajo este contexto, declaró fundada la impugnación de competencia presentada por la defensa y dispuso el envío inmediato del expediente por narcotráfico a la Sala Especial de Instrucción de la Corte, considerando que se trata de un aforado constitucional. “La condición foral del artículo 186 de la Constitución Política inicia con el reconocimiento por parte de la autoridad competente y no con el ejercicio de las funciones derivadas de la solemnidad de la posesión”, subraya la Corte Suprema. Por otro lado, la providencia decide además las consecuencias del reconocimiento de la investidura como congresista, por lo cual resolvió el restablecimiento de la libertad de Hernández Solarte frente a decisiones de funcionarios que no tenían competencia para su aprehensión y legalización. “Sería entonces contrario a los derechos fundamentales del aforado constitucional mantenerlo privado de la libertad, cuando aquellos se han desconocido. Por eso, se impone otorgarle la libertad. Esta decisión es una de las manifestaciones del control constitucional que tienen que ejercer todos los administradores de justicia”, consigna el pronunciamiento. Pares habló con Diego Martínez, abogado miembro del equipo defensor de Jesús Santrich. Según Martínez hay que hacer dos anotaciones con respecto a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. La primera es que esta decisión corresponde al procedimiento correcto en un Estado de Derecho, es decir, «el máximo órgano en materia penal en el país está tomando la decisión de ordenar la libertad inmediata de Jesús Santrich. El gobierno nacional debe respetar este fallo de inmediato.» Con respecto al tema de la extradición de Santrich, el abogado indica que el proceso seguirá haciendo su curso legal, sin embargo, «es claro que la Corte Suprema ha dicho en fallos anteriores que privilegia el derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad en Colombia, sobre una solicitud de extradición. Y ese concepto también es parte natural del Estado de Derecho». Procuraduría solicita la captura de Santrich Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que a través de su Sala Especial de Instrucción ordene la captura de ‘Jesús Santrich’, para ser escuchado en indagatoria por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. El Ministerio Público formuló la solicitud tras el pronunciamiento de la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la justicia ordinaria, en el que advirtió que Solarte Hernández goza de fuero constitucional luego de que el Consejo de Estado, en las últimas horas, ratificara la investidura de ‘Jesús Santrich’ como Representante a la Cámara. Adicionalmente, la Procuraduría insistirá en el traslado de las pruebas con las que cuenta la Fiscalía General de la Nación contra Solarte Hernández, por los presuntos actos cometidos después del 1 de diciembre de 2016. Por su parte, miembros del partido político Farc reaccionaron celebrando la decisión del Alto Tribunal. ¡Bienvenido a la libertad camarada Jesús Santrich! pic.twitter.com/3oxNy5jECg — Carlos A. Lozada (@Carlozada_FARC) May 29, 2019 https://twitter.com/SandraFARC/status/1133807599613284352 Celebramos la decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto a la libertad de Jesús Santrich apegada a la ley y a norma. Bienvenido a seguir trabajando por la paz y reconciliación de Colombia. pic.twitter.com/4C5f9WfWXz — Pablo Catatumbo (@PCatatumbo_FARC) May 29, 2019

Por: Redacción Pares En la dramática historia de Lear, rey de Bretaña, la agudeza y el genio de Shakespeare advierten sobre cómo la vanidad y la ira del soberano lo conducen a tomar la peor decisión. Cuenta la historia que el rey Lear reunió a sus hijas y les pidió que, en público, delante de los miembros de su corte, dijeran cuánto lo amaban. Dos de ellas lo abrumaron con sus elogios y adulaciones. La tercera, que en realidad lo amaba entrañablemente, no aceptó ese juego propuesto por su padre. Les dijo a todos que el viejo rey estaba cometiendo un error porque el amor, un sentimiento tan hondo, no podía expresarse con palabras. Lear enfureció. Nunca esperó que su propia hija lo criticara delante de otros. Y la expulsó del reino. Siglos después, el director de cine Akira Kurosawa realizó la adaptación de esta obra de Shakespeare bajo el título Ran, que en japonés significa caos. Este martes, la revista Semana en cabeza de su fundador y gerente, Felipe López Caballero, decidió despedir al periodista llanero Daniel Coronell Castañeda por motivo de la publicación de su última columna La explicación pendiente. En esta, Coronell pide respuestas a Semana por no haber publicado una investigación sobre la posibilidad de que, al interior del ejército y por orden ministerial, se esté reviviendo la directriz que en el pasado ocasionó la tragedia de las miles de ejecuciones extrajudiciales o llamados ‘falsos positivos’. #LaExplicacionPendiente La columna en youtube para todos https://t.co/65qTryjVa3 — Daniel Coronell (@DCoronell) May 28, 2019 Pares lamenta la decisión tomada por la directiva de un medio de comunicación que ha sido fundamental en la formación y difusión del buen periodismo como revista Semana, y considera que en este caso sale perdiendo la libertad de prensa, que debe estar por encima de intereses o sentires particulares; y además, los lectores y el medio de comunicación perdemos a un periodista riguroso. ———————— A continuación, Pares reproduce el Prólogo escrito por Daniel Coronell para el libro El Regreso del Uribismo, de León Valencia: El bombero Pirómano El presidente Iván Duque no es el protagonista. Es apenas un personaje de reparto en su propia historia. Condenado a ese papel secundario ha pasado siete meses de su gobierno en la total intrascendencia. Actúa como secretario de actas mientras su ministro de Hacienda negocia el alcance de la reforma tributaria con el partido de gobierno. Se ve apocado, reaccionando tímidamente a circunstancias que frecuentemente lo desbordan, balbuceando frases de cajón. Y no es que a Duque le falte talento. Al contrario, es inteligente y estudioso, pero no ha podido superar el hecho de que está montado en un triunfo ajeno. Aun más, su naturaleza jovial, la misma que lo impulsa a llevarle al rey saludos de su mentor o a cantar donde pueda o a jugar cabecitas como si fuera una proeza, le impide sentirse cómodo en el ambiente de permanente pugnacidad que Álvaro Uribe ha convertido en su escenario político. Duque quisiera un tránsito más sereno, pero no está al mando. Muchos miembros de su gabinete se equivocan frecuentemente cuando se refieren a él como “el presidente Uribe”. La turbación que les causa el lapsus delator y la inmediata corrección ya hacen parte del humor cotidiano. Esa irrelevancia del Jefe de Estado ha llevado a los medios en Colombia –casi siempre oficialistas– a intentar relanzar a Duque cada dos meses: “Ahora sí”, “El nuevo Duque”. Lo increíble es que en apenas siete meses de gobierno ya se evidencia la fatiga del joven presidente. Los modestos ascensos en las encuestas son más atribuibles a los crímenes del ELN y a los abusos de la tiranía de Nicolás Maduro en Venezuela, que a las decisiones del mandatario. El mismo día de la posesión presidencial, Ernesto Macías, un insignificante presidente del Senado, solo conocido por sus carencias académicas, se sintió con la autoridad para leerle la cartilla al nuevo presidente. El discurso pendenciero y lleno de imprecisiones, donde le fija el derrotero al gobierno que empieza, fue celebrado ruidosamente por Álvaro Uribe en una reunión de miembros de la bancada de su partido, el de gobierno. El ágape fue documentado por una reportera. Tragedia y comedia marchan de la mano para demostrar que el gobierno de Uribe ha vuelto. La ministra de Trabajo asegura que Duque es el presidente, pero Uribe es el jefe de todos. El mismo Uribe regaña en público a su débil ahijado diciendo en una reunión grabada en video: “Necesitamos que Duque enderece, porque si Duque no endereza, nos va muy mal”. Buena parte de la propaganda del Centro Democrático se dedica a desprestigiar el acuerdo de paz firmado entre las Farc y Juan Manuel Santos por dos razones: una de vanidad, Uribe no resiste que se consolide una paz que no sea firmada por él aunque haya pactado lo mismo que él ofrecía en su día. La otra es una razón de supervivencia: si desaparece el conflicto armado (o “la amenaza terrorista” como les gusta decirle) tampoco hay necesidad de Uribe. Es necesario que exista el incendio para que todos necesiten al bombero. Dentro de la misma estrategia opera el caballito de batalla del castro-chavismo. Millones de colombianos creen ciegamente que están obligados a escoger entre Uribe y el caos. Para muchos esa es la única alternativa posible. Si tenemos el fuego del castro-chavismo listo para consumirnos en sus llamas, ahí está el “presidente eterno” para salvarnos. Esa presencia providencial no es susceptible de investigación. Cuando la Corte Suprema de Justicia revisa los posibles delitos del amado líder lo hace para perseguirlo. Los hechos documentados jamás existen. Las únicas instancias judiciales legítimas son las que deciden a su favor. El regreso del uribismo de León Valencia desmonta con rigor y cifras exactas la falsedad detrás de la propaganda, que busca eternizar el conflicto para que sigamos necesitando nuestro salvador. Los números reales se encargan de contradecir las trompetas apocalípticas de la extrema derecha. Es un hecho que han descendido los secuestros, los desplazados, los soldados heridos y muertos en combate, los mutilados por minas y otros indicadores. Sin embargo, no es esa la comunicación que le sirve al uribismo. Sin ese “fuego de la polarización”, como adecuadamente lo llama León Valencia, desaparecería la razón de ser del Centro Democrático. El trabajo de León pone en perspectiva lo que sucedió en las dos últimas campañas presidenciales y se asoma a los resortes internos que impulsaron a los protagonistas. Analiza también cómo ha ido moviéndose el péndulo de la opinión entre paz y seguridad, como si fueran valores excluyentes. Este texto es una necesaria constancia para que la historia no se siga fabricando sobre “hechos alternativos”, como han dado en llamarse las noticias falsas. Les recomiendo leer con atención este manual para no tragar entero. Daniel Coronell Marzo 2 de 2019

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Recientemente el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, ha desmentido un supuesto acuerdo para trasladar 11 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). De hecho, Pastor Alape ha ido más allá y ha asegurado que lo que se está discutiendo es la estabilización y proyección de los ETCR. Alape reconoció, incluso, que hay unas barreras puestas por el gobierno nacional en 11 espacios y que para eso están llevando cabo asambleas con comunidades y excombatientes, por medio de las cuales, buscan sortear las dificultades de los Espacios. Cabe recordar que, según lo que se decidió en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), las Zonas Veredales Transitorias de Normalización se convirtieron en ETCR con el objetivo de capacitar a los excombatientes en términos de la reincorporación por medio de proyectos productivos y la atención de formación técnica de las comunidades que circundan en la ETCR. Si el lineamiento trae una perspectiva de reincorporación comunitaria, quedan dudas si las determinaciones que está considerando el gobierno nacional realmente están cobijando los intereses de quienes se sumaron al proyecto de la paz. Pares habló con Luis Ernesto Medina, quien es el representante del Componente Farc del Consejo Nacional de Reincorporación, quien se refirió al tema del límite de tiempo de los ETCR del cual se planteó trabajar para la formalización, con una insistencia de FARC, para poderlos extender. La intención es extenderlo más allá del 15 de agosto, sin tener una fecha fija, pero aferrándose al tiempo de la implementación del Acuerdo de Paz que es de 10 años. La intención está encaminada a una proyección de que los ETRC se vuelvan ciudadelas, de trabajo, de producción, de paz. Sin embargo, el 8 de mayo —día en que se llevó a cabo la entrevista por parte de un investigador de Pares— Medina señaló que hay una dificultad referida a la formalización de terrenos y que incluso, ya había señalado que dentro de las cuentas del gobierno nacional se manejaban 11 ETCR que debían ser trasladados. Además, señaló en esa oportunidad que los otros 13 ETCR restantes, sí habían sido catalogados por el gobierno como viables. De esa forma, Medina señala que la insistencia de Farc ha sido para mermar las intenciones de traslado de los ETCR. A pesar de ello, Medina dijo que habría dos ETCR que “impajaritablemente han decidió darle un cambio de lugar”. Uno de ellos, el de La Elvira en Buenos Aires, Cauca porque, según el gobierno, el municipio está en quiebra, está en Ley 500. De tal suerte, que cualquier recurso que se le meta para reincorporación lo absorbe el municipio para sanear su quiebra. Sobre el otro ETRC, Medina no dio claridad de cual podría llegar a ser. A su vez, Medina precisó que los diálogos con las comunidades continúan y que en esas instancias han podido recoger las impresiones que genera la posibilidad que baraja el gobierno de trasladar dichos ETCR. A partir de ello, los excombatientes le han manifestado que no cederán a un traslado pues no solo históricamente han tenido un arraigo con el territorio en el que están, sino que también han construido una confianza en torno a las comunidades aledañas. Por otro lado se han plantado rutas de trabajo en los ETCR en donde se encuentra y que trasladarse se configuraría como un inicio desde cero; el cual no permitirían. Voces oficiales vs expectativas en territorio La situación se caldeó luego de que Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), señalara que 11 ETCR iban a ser trasladados. Alape, en calidad de Delegado del al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) por parte de FARC; ha expresado que “esos espacios deben continuar y que es la comunidad de exguerrilleros en proceso de reincorporación, junto con las comunidades y las autoridades locales, quienes deben tomar la decisión”. Sin embargo, la incertidumbre de los excombatientes es latente, no solo por la falta de seguridad jurídica, el incremento en el asesinato de excombatientes; sino por el hecho de que los 24 ETRC vigentes tendrán figura jurídica hasta el próximo 15 de agosto. De esta forma, está en veremos el devenir para más de 10 mil excombatientes que le apostaron al Proceso de Paz y que ven con dificultad el tema del ingreso, la tierra, la seguridad, el trabajo y la vivienda. El más reciente informe de Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, evidencia falta de condiciones óptimas en el mantenimiento de la infraestructura existente de los ETCR, de los cuales se deben priorizar obras porque hay riesgos “potencialmente graves” para la salud de alrededor de 400 excombatientes y sus familiares. Si bien, en términos de garantías de seguridad para excombatientes de las Farc, según el informe, las fuerzas militares y la policía trabajan por la seguridad en el perímetro de los ETCR; sin embargo siguen registrándose enfrentamientos por la presencia de grupos armados que complejiza las condiciones de seguridad en los territorios. De igual forma, se sigue implementando el Mecanismo Tripartito de Protección y Seguridad para la coordinación de seguridad para excombatientes. Es necesario recordar en materia de seguridad, según cifras de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, hasta la fecha, 93 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016. Incertidumbres sobre el futuro El anuncio de Emilio Archila Peñalosa, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, sobre el estudio que está haciendo el gobierno nacional de la reubicación de los ETCR, aún se mantiene en la incertidumbre, debido a que en su anuncio habló de unas “barreras” que estarían representando dichos ETCR por temas legales y por seguridad en las zonas en las que están ubicados. La molestia sobre el anuncio de Archila Peñalosa tiene que ver con la falta de garantías por las que atraviesan los ETCR y que tienen en vilo su continuidad. De acuerdo con las cifras de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), de los 13.039 excombatientes que están en proceso de reincorporación, sólo 366 se han visto beneficiados por proyectos productivos. En este orden de ideas, se recrudece la incertidumbre, pues Archila Peñalosa ha manifestado que hay ETRC que se mantendrán como sitios de vivienda definitivos y otros que no lo serán. De hecho, el consejero manifestó que incluso hay terrenos a los cuales están evaluando con la categoría de ‘sugerencia de desplazamiento.’ Un largo camino Después de la firma del acuerdo final de paz el 24 de noviembre de 2016 – aprobado por el Congreso colombiano el 1 de diciembre – surgieron una ola de decretos individuales una semana después, definiendo los que serían finalmente los 26 puntos y zonas de transición y Normalización (ZVTN) que las FARC ocuparían hasta el 15 de agosto del año en curso. Durante los primeros ocho meses, las ZVTN fueron reguladas por un conjunto de directrices que mantenían a los habitantes de estas zonas separados de las comunidades circundantes, con algunas excepciones. El proceso fue monitoreado por la Misión de Monitoreo y Verificación integrada por miembros del Gobierno de Colombia, de las FARC y observadores internacionales militares de las Naciones Unidas. La prioridad siempre fue mantener el cese al fuego entre las FARC y el gobierno, y lograr el desarme del grupo guerrillero. El 27 de junio las Naciones Unidas cumplieron con el desarme completo de las FARC y para el 15 de septiembre, se terminó con extracción de armas faltantes. De este modo, entre estas dos fechas (el 15 de agosto) las ZVTN fueron convertidas en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Así con el cambio en el marco legal de estas zonas, surgieron cambios fundamentales tales como la priorización de la seguridad en esas zonas no solo para los guerrilleros sino también para las comunidades aledañas. Comunidades Las comunidades y los excombatientes están a la espera de que la ARN y la Farc tomen decisiones puntuales sobre el futuro de los ETCR en Yarí (La Macarena, Meta); Caracolí (Carmen del Darién, Chocó); Charras (San José del Guaviare, Guaviare); La Variante (Tumaco, Nariño); Carrizal (Remedios, Antioquia); Santa Lucía (Ituango, Antioquia); Filipinas (Arauquita, Arauca); Caño El Indio (Tibú, Norte de Santander); El Ceral-La Elvira (Buenos Aires, Cauca); San Antonio (Caldono, Cauca) y La Pradera (Puerto Asís, Putumayo). «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Ariel Ávila Martínez. Subdirector Pares. Un nuevo escándalo ha estallado en Colombia, esta vez por lo que popularmente se conoce como falsos positivos o más exactamente ejecuciones extrajudiciales. Como se sabe, han sido miles los colombianos que han sido asesinados por agentes estatales y los han hecho pasar por miembros de grupos armados ilegales. Hace poco más de una semana, el diario The New York Times reveló cómo en el Ejército colombiano había documentos que comprobaban que a los comandantes de brigadas y regiones se les ordenaba aumentar los resultados en capturas y bajas de miembros de grupos armados organizados. A cambio, se daban una serie de gratificaciones. Como se sabe, una orden similar en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010) llevó a que poco más de 4.000 colombianos civiles fueran asesinados por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado y los presentaron como miembros, en su mayoría, de grupos guerrilleros. La publicación, por ende, permitía concluir que las condiciones para que estas ejecuciones extrajudiciales regresaran estaban dadas. Días después, se conoció un segundo documento, el cual fue publicado por The Associated Press (AP), donde se demostraba como el actual comandante del Ejército, Nicacio Martínez, hizo pago de recompensas a supuestos informantes en el año 2005, pero el dinero terminó llegando a un soldado que está condenado por el asesinato de un civil. Parte del dinero también llegó a un exjefe paramilitar. Otra de las noticias que se confirmó es que el gobierno nacional sabía de la existencia de investigaciones periodistas en esa materia, y en lugar de controlar y desmontar las órdenes militares, se dedicó a negar y torpedear el trabajo periodístico. A todo lo anterior se le suman varios hechos dramáticos. Por ejemplo, un excombatiente de las FARC, Dimar Torres, fue asesinado y habría sido torturado hace algunas semanas. En ese momento el ministro de Defensa salió a proteger a los asesinos y dijo que el homicidio se produjo en un forcejeo, ocultado los hechos. Igualmente, varios miembros del gobierno Duque han dicho que muchos líderes sociales asesinados en el país son guerrilleros o amigos de terroristas. No debe olvidarse que en Colombia cada cuatro días asesinan un líder social. Es una verdadera masacre. En Colombia, la historia de las ejecuciones extrajudiciales es larga, se cree que pueden ser más de 8.000 colombianos, aunque el periodo violento se dio en las dos administraciones del Álvaro Uribe. La comparación es más que increíble. Durante la dictadura de Pinochet se asesinaron y desaparecieron forzadamente a cerca de 3.200 personas, eso en un periodo de 17 años. En cambio, en Colombia, en 8 años, bajo una supuesta democracia, se asesinaron alrededor de 4.000 civiles. En todo caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rastreó casos de ejecuciones extrajudiciales desde 1978. En el informe sobre Colombia, publicado en 1981, se narran hechos increíbles. Por ejemplo, el de Fabio Vásquez Villalba, quien fue llevado al Batallón Voltígero, donde fue incomunicado, torturado y asesinado. También el caso de Luis Arcesio Ramírez, detenido, torturado y asesinado. O uno de los hechos más dramáticos de eso años, el famoso caso Contador, en 1978. En el informe de 1993, donde se narra el periodo que va desde 1981 hasta 1992, se ven por decenas los casos de ejecuciones extrajudiciales. Tal vez el periodo de la Guerra Sucia (1986-1994), el cual hace referencia a la masacre de militantes de izquierda, entre ellos los del partido de la Unión Patriótica, es el mejor ejemplo. En dicha masacre, los miles de militantes de izquierda fueron asesinados por una alianza entre narcos, paramilitares y miembros de la Fuerza Pública colombiana. Uno de los casos que tuvo una sentencia hace unas semanas se refiere al asesinato de Santos Mendivelso Coconubo, ocurrido en abril de 1991, acusado de ser guerrillero del ELN y asesinado por policías del F2. Durante años su familia sufrió persecución e intimidación y pasaron casi 30 años para que hubiera justicia. Todo este escándalo tiene dos trasfondos. Por un lado, la intención del partido de gobierno, el Centro Democrático, y del propio presidente Duque, de sabotear la justicia transicional firmada en el acuerdo de paz entre la exguerrilla de las FARC y el Estado colombiano en 2016. Además, hay un proyecto de ley que busca evitar que esta justicia juzgue a los militares. El otro trasfondo es que el gobierno Duque no ha hecho nada, no ha removido al general Nicacio o al ministro de Defensa. En cambio, se ha puesto a pelear con los medios de comunicación. —————————————- Esta columna de opinión apareció publicada originalmente en el diario El País

Por: Redacción Pares El cese de actividades, que comenzó el pasado lunes 20 de mayo, se presenta en las siete (7) sedes que tiene la universidad en Bogotá, en las que estudian alrededor de 4.500 estudiantes. En comunicación enviada al presidente de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, Eduardo Enrique Hoyos Villamizar, el sindicato de profesores y trabajadores de la universidad – SINTRAFUAC, ya habían anunciado que entrarían a paro indefinido. Los motivos del paro tienen que ver con la falta de pagos de salarios y de la seguridad social a trabajadores docentes y no docentes que se viene presentando desde el mes de marzo de este año. En el año 2018 también se había presentado esta situación en los meses de abril, mayo y junio. Al parecer, la crisis de la universidad se presenta desde hace varios años, debido al mal manejo administrativo de los recursos. Así lo manifiesta Luis Oswaldo Sabogal, secretario general del sindicato: «Esta huelga fue votada por las malas administraciones; esa situación nos ha llevado a esta crisis. Queremos darle un saludo a los estudiantes porque la huelga también es por ellos; no parece increíble que después de casi 50 años de fundada la universidad Autónoma, no haya ningún programa académico acreditado. Eso demuestra lo que dije sobre los malos manejos directivos.» Denuncias de violación a derechos sindicales El 24 de octubre del año pasado, el Sindicato de Profesores de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia interpuso denuncia penal contra el presidente de la Fundación Autónoma de Colombia por los delitos de violación de los derechos de reunión y asociación de libertad sindical. En la denuncia, los trabajadores alegan que han sufrido persecución por parte de la directiva de la universidad debido a su condición de docentes sindicalizados y se manifiesta por el despido injustificado de profesores miembros del sindicato, así como la desmejora en sus horas de cátedra. Adicionalmente y en hechos que son materia de investigación por parte de la Fiscalía General, en agosto de 2018 el presidente del sindicato, Carlos Zambrano, recibió una amenaza de muerte al ser declarado ‘objetivo militar’ por parte del autodenominado grupo ‘Águilas Negras. Zambrano tuvo que salir de la ciudad para proteger su integridad y la de su familia. «Pese a que se difundió ante las autoridades pertinentes y ante la comunidad universitaria las amenazas de las cuales era objeto el presidente del sindicato, Carlos Zambrano, el denunciado (Enrique Hoyos Villamizar) NUNCA se pronunció acerca del hecho y menos aún brindó apoyo al mismo, y por el contrario, al momento en que la Fiscalía inició sus indagaciones acerca de los hechos denunciados y visitó las instalaciones de la Universidad, se encontraron con la dificultad de que los videos de las cámaras de seguridad del día de las amenazas, no se encontraban dispuestas.» se manifiesta en la demanda interpuesta. Votada la huelga, el presidente de la Fuac invitó a las organizaciones sindicales a establecer una mesa de diálogos para encontrar soluciones a la problemática de la universidad. Para levantar el paro, el sindicato manifiesta que queda a la espera de una intervención del Ministerio de Educación y un compromiso de pago por parte de las directivas de la fundación universitaria.