Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Una lucha incansable por hacer buen periodismo. El periodista bogotano Guillermo Cano Isaza fue asesinado en 1986 al salir del periódico El Espectador tras varias denuncias que señalaban al más poderoso narcotraficante, Pablo Escobar. Pocos tuvieron sus agallas y es por eso que es reconocido por haber dejado un legado en la labor periodística. Este lunes se conoció que el exintegrante del Cartel de Medellín y mano derecha de Escobar, Jhon Jairo Velázquez, alias Popeye, habría participado en la planeación del asesinato de Cano. “Sobre alias ‘Popeye’ hay indicios que darían cuenta de su participación en una reunión en la que los cabecillas del Cartel de Medellín, entre ellos Pablo Escobar, concertaron atentar contra Guillermo Cano Isaza por sus publicaciones contra la organización narcotraficante y definieron la forma y quiénes ejecutarían el crimen”, informó en un comunicado la Fiscalía. ‘Popeye’ había estado un tiempo en libertad luego de pagar las tres quintas partes de su condena, pero el año pasado fue recapturado en el marco de una investigación por unas supuestas alianzas con una «oficina» de ajuste de cuentas para extorsionar a personas en Medellín y se encuentra recluido en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar ‘La Tramacúa’. La Fiscalía indicó que la medida de aseguramiento en el caso Cano se hará efectiva en el momento en el que “Popeye” cumpla su periodo de detención en ‘La Tramacúa, y ahora debe responder como presunto coautor del delito de homicidio agravado. La vida de Cano Cano heredó los dotes periodísticos de su familia. Su abuelo Fidel Cano fundó el periódico El Espectador, que en sus inicios se caracterizó por hacerle frente a las anomalías del poder político en los años 30. También siguió los pasos de su padre Gabriel Cano, y poco a poco fueron construyendo un medio que reflejaba sus principios: la lucha a favor de los derechos humanos; estos, que estaban empezando a desvanecerse por el rezago de la época de La Violencia y posteriormente el auge del narcotráfico en los años 80. Al estar vinculado desde muy temprana edad en el periódico asumió la co-dirección del mismo junto a su padre. Ya en 1952, a sus 27 años, fue nombrado director de El Espectador hasta la fecha de su muerte. De acuerdo con información oficial, en 1986 recibió el Premio Nacional de Periodismo CPB en la modalidad de prensa, por su columna dominical «Libreta de Apuntes», en la cual hizo una de las denuncias contra Escobar que le costó la vida. En 1980 le fue otorgado el Premio Simón Bolívar a la vida y obra de un periodista. Denuncias contra el narcotráfico A comienzos de los años 80 Colombia estaba cruzando uno de sus periodos más cruentos: la expansión de las guerrillas, el poderío del narcotráfico, la creación de los primeros grupos de autodefensas, y un sistema político permeado por estos dos últimos. Ese fue el detonante para que Cano decidiera hacer lo correcto: informar y denunciar a todo aquel que estuviera en el camino de la ilegalidad. Fue así como en 1983 su intuición lo llevó a escarbar en unos archivos viejos de El Espectador, luego de ser advertido por el editor judicial de la época, para buscar las conexiones de Escobar con el narcotráfico. Así las cosas, según lo relató el mismo periódico, en nota judicial publicada en 1976 se documentó sobre la captura de seis narcotraficantes en Itagüí, Antioquia con 39 libras de cocaína. Entre los detenidos estaba Pablo Escobar Gaviria y su primo Gustavo Gaviria Rivero. Por lo tanto, Cano decidió publicarla de nuevo en agosto de 1983. Según narró El Espectador, dos meses después el Congreso despojó a Esobar de su inmunidad parlamentaria. A partir de este momento Cano tuvo sus días contados. En su “Libreta de Apuntes” del 6 de noviembre del mismo año expresó: Hace más de una semana que la Cámara de Representantes, a pesar de iniciales vacilaciones y dilaciones, levantó la presunta inmunidad parlamentaria que dizque protegía al individuo Pablo Escobar Gaviria, en mala hora elegido suplente a la Cámara Baja en papeleta con su protegido, el señor Jairo Ortega. El susodicho individuo Escobar Gaviria está sub júdice por narcotráfico y sindicado por la justicia de Colombia como presunto autor intelectual, en unión de su primísimo Gustavo Gaviria, de la muerte violenta de dos agentes de seguridad al servicio de la República. Hace también un poco más de una semana que el juez que investiga el doble y abominable homicidio impartió orden de captura, en cumplimiento del correspondiente auto de detención y ya sin dudas constitucionales respecto a la posible inmunidad parlamentaria, del sujeto antes dos veces mencionado, y es la hora de ahora que Escobar Gaviria, como su primo carnal Gustavo, siguen gozando de cabal libertad como si las órdenes de los jueces no fueran de obligatoria obediencia por parte de las autoridades encargadas de hacer efectivas las capturas de los delincuentes convictos o de los presuntos delincuentes. Hace mucho más de un mes otro juez de la República dictó auto de detención y expidió la correspondiente boleta de captura contra otro individuo de las mismas calañas y las mismas mañas de los primos Escobar Gaviria, el narcotraficante Carlos Lehder, vinculado dentro y allende de nuestras fronteras al delito de comerciar con estupefacientes y de enriquecerse con esa abominable y punible profesión. Durante mucho tiempo estos personajes siniestros lograron engañar y embobar a las gentes ingenuas halagándolas con migajas y propinas, con dineros todos calientes, mientras la sociedad, acobardada y en algunos casos engolosinada con los espejismos y atractivos de la vida cómoda del jet-set emergente, veía crecer a su alrededor el imperio de la inmoralidad. Desenmascarados estos grandes personajotes de la mafia del narcotráfico, la justicia, tan lerda y temerosa en el pasado, comenzó a actuar. Pero sus arranques, de un día para otro, han quedado como paralizados. Se sabe quiénes son y por dónde andan los fugitivos de la justicia; muchas gentes los ven, pero los únicos que no los ven o se hacen que no los ven son los encargados de ponerlos, aunque sea transitoriamente, entre las rejas de una prisión. Cano murió abaleado a sus 61 años el 17 de diciembre de 1986 tras la orden dada a un grupo de sicarios adscritos al Cartel de Medellín. Antes de conocerse sobre la responsabilidad de ‘Popeye’ en este crimen, era considerado un caso en la impunidad. #ATENCIÓN Medida de aseguramiento en cárcel para alias Popeye por magnicidio del periodista Guillermo Cano Isaza. En la misma decisión fue asegurado con medida no privativa de la libertad alias Maxwell, señalado hombre de confianza de Pablo Escobar pic.twitter.com/ikUT4mb9iD — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 27, 2019

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El excomandante de las Farc y negociador del Acuerdo de Paz en La Habana, Iván Márquez, dio a conocer este lunes una carta junto con otros de sus compañeros en conmemoración de los 55 años del origen de dicha exguerrilla, en la cual expresaron sus inconformidades con la implementación del pacto y las garantías del mismo. En la misiva, también firmada por Oscar Montero, alias El Paisa, de quien también se desconoce su paradero, Henry Castellanos Garzón, alias «Romaña»; Hernán Darío Velásquez, alias «el Paisa», Walter Mendoza, quien llama la atención por ser el primer miembro de la exguerrilla proveniente del Cauca, y Aldinever Morantes, en coincidencia con el aniversario 55 de la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc. envían un mensaje de esperanza pese a los últimos mensajes de Márquez que tenían un tono menos conciliador. Márquez había dicho en días pasado que desarmarse habría sido “un error”, sin embargo, este texto refleja que pese a las diferencias y rupturas que se perciben en el partido Farc, surgido de la firma del acuerdo en noviembre de 2016, hay un claro objetivo de conversar las diferencias. El líder del partido, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, cortó relaciones políticas con Márquez y con quienes no están en su línea política, y reiteró su compromiso con la paz. Y aunque al segundo se le ha acusado en redes de fomentar la rebelión, esta última aparición indica todo lo contrario. “A 55 años del surgimiento de las Farc en Marquetalia y la continuación de la lucha por la paz, va nuestro abrazo lleno de afecto a todo el pueblo colombiano”, reza la carta. Incumplimientos del gobierno De acuerdo con los firmantes, Colombia ha estado muy cerca de vislumbrar la paz. En el caso de los campesinos, quienes volvieron a soñar sus tierras tituladas; las familias volvieron a imaginar la posibilidad de vida digna, con empleo, alimentación, vivienda, salud, agua y transporte público “Mucha gente sintió que era posible la reforma de las costumbres políticas y el fin de la corrupción; y hasta los militares y los policías alcanzaron a sentir como ensoñación, los primeros pasos de paz bajo el silencio de las armas”, indicaron. Sin embargo, una vez firmado el Acuerdo de Paz ocurrió todo lo contrario en materia de cumplimiento y seguridad. Una larga hilera de muertos, de líderes y excombatientes guerrilleros asesinados, de incumplimientos. Según la Fundación Paz y Reconciliación-Pares desde noviembre de 2016 han sido asesinados 265 defensores y defensoras de derechos humanos y 93 excombatientes. Otro punto al cual le hicieron un llamado fue a la situación del líder exguerrillero Jesús Santrich que actualmente continúa preso por un presunto delito de narcotráfico. En ese sentido, expresaron que todo se trata de “montajes judiciales, y la misma política social sin corazón”. “Es necesario desvertebrar los infames montajes judiciales y desterrar para siempre la traición y la perfidia del Estado”, agregaron. Márquez rompió con el partido Farc El subdirector de Pares, Ariel Ávila indicó que es normal que la exguerrilla Farc se pronuncie en este día, pues es el 55 aniversario, luego de “larga marcha iniciada en Marquetalia en 1964 por Manuel Marulanda Vélez y sus compañeros de armas”. Sin embargo, este año los esfuerzos continúan con miras a la esperanza de paz con justicia social. Según el analista, Iván Márquez ha mantenido la lógica de que hay incumplimientos de que el ambiente esta enrarecido, asimismo ha reconocido que la comunidad internacional ha sido solidaria y mostrado un apoyo al proceso de paz. De todas maneras, lo que sí hay que dejar claro es que “Márquez está por fuera del proceso de paz y por fuera de la Farc; ha roto con la Farc, pero no ha roto con el proceso”, resaltó Ávila. Esto quiere decir que es evidente el fraccionamiento con el nuevo partido, pero está la posibilidad de que Márquez y los demás firmantes retomen la ruta jurídica del pacto. Claro está que eso depende del rumbo que tome el caso Santrich, pues a lo largo de la misiva resaltaron que este se trataría de de un montaje judicial que atenta al proceso de paz, y por consiguiente no tienen garantías para presentarse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal de justicia especial. Ávila ha expresado que la situación de Santrich va a provocar que varios mandos medios y de primer nivel reincidan. Y de mantenerse esa situación, Iván Márquez difícilmente regresaría al proceso de paz.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Aunque parece que el malestar uribista sobre los señalamientos a las Fuerzas Militares se dio a partir de los informes revelados por el diario The New York Times, lo cierto es que desde la llegada del presidente Iván Duque a la Casa de Nariño —marcado como el regreso del uribismo— se vienen adelantando jugadas para detener las versiones de los militares en el proceso por el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado. Precisamente, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el Ejército Nacional está implicado en 1065 casos en Desaparición Forzada, 2988 casos en Asesinatos Selectivos, 219 Masacres y 126 en Casos de Violencia Sexual; lo que lo configura como un actor necesario para la reconstrucción de la verdad para las víctimas en Colombia. “El gobierno ha igualado nuevamente los integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestra democracia con la organización terrorista, y pretende aplicarles la misma justicia transicional” La anterior frase fue expresada por el expresidente y jefe máximo del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, antes de entrar en funcionamiento de la JEP. Frase que marcaba cual iba a ser el proceder del uribismo en el poder con relación a las fuerzas militares y la justicia transicional. Miles de miembros del ejército a la JEP Paralelamente a la polémica que ha desatado el regreso de las ejecuciones extrajudiciales, para finales del mes de febrero de 2019, la JEP registra el sometimiento de 1.958 miembros de la Fuerza Pública. Dicho sometimiento en la JEP corresponde al caso 003 “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, del cual se busca esclarecer lo sucedido por los miles de casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ en el país en los que hubo participación de la Fuerza Pública. Para esto, ha sido de vital importancia la presencia de nueve (9) altos mandos: los generales (r) Rito Alejo del Río, Mario Montoya, Jaime Uscátegui y Henry Torres Escalante; y quienes solicitaron entrar: Iván Ramírez Quintero, Luis Roberto Pico Hernández, Miguel Eduardo David Bastidas, José Joaquín Cortés Franco y Hernando Pérez Molina. El malestar uribista Sin lugar a dudas, uno de los grandes intereses del uribismo sobre las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene que ver con el tema de la extradición por encima de testimonios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad. Paradójicamente, sectores dentro de las Fuerzas Militares han estado en contra de las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque, claro ejemplo de ello, ha sido el caso de militares que integran la fundación ‘Fuimos Héroes’ quienes le solicitaban al presidente Duque sancionar la ley. Esta Fundación ha sido un ejemplo que ha desestimado el carácter de impunidad o de estigmatización de la JEP contra los miembros del ejército, debido a que han manifestado estar a favor de rendir testimonios que contribuyan con el esclarecimiento de la verdad. Contrario a las versiones o intentos de reforma a la JEP por parte del uribismo. Otro de los casos que muestran que el ejército y el uribismo no estarían alineados con el tema de la JEP, tiene que ver con que para diciembre de 2018, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, se han presentado militares a entregar versiones de batallones como Artillería No 2 (La Popa) de Valledupar (César), la Brigada Móvil 15, con sede en Ocaña (Norte de Santander); el Grupo Gaula Casanare (Yopal), la Cuarta División del Batallón de Artillería No. 4 “Jorge Eduardo Sánchez”, en Antioquia; el Batallón No. 15 Francisco de Paula Santander y la Tercera División del Ejército en el departamento del Cauca. Esto deja abierto un malestar, del cual sectores políticos como los de la oposición, han afirmado que dentro de los intereses de las objeciones reposa el de extraditar a militares por encima de que estén contando la verdad. De hecho, Angela María Robledo ha ido más allá y ha advertido que pueden existir amenazas y atentados para los 80 militares que han ido a la JEP. ‘Ni descuidos ni manzanas podridas’ Corporación Jurídica Libertad, ha anunciado que el 26 y 27 de mayo Humanidad vigente y la Corporación Jurídica Yira Castro presentaron un informe con 112 casos de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008 en el departamento de Antioquia, que dejó 154 víctimas. Las divisiones del ejército salpicadas son la I y VII y, también hay nombres como el del coronel. (r), Juan C Barrera, Óscar González, Luis R Pico Hernández y Mario Montoya Uribe. Corporación Jurídica Libertad, hace hincapié en que estos delitos cometidos por las fuerzas militares no son descuidos, ni manzanas podridas como lo han querido presentar desde la versión oficial. De hecho, el informe busca señalar una dinámica de funcionamiento, que fue desplegada por una organización criminal al interior de unidades militares. Dichas etapas son: planeación, ejecución y encubrimiento. A continuación, Pares presenta los movimientos que se han realizado con el objetivo de interferir los importantes testimonios ante el Tribunal de Paz: Tratamiento especial para FF.MM. Sin duda, uno de los capítulos más polémicos fue protagonizado a escasos dos meses de la llegada de Duque a la presidencia cuando se presentó el proyecto de acto legislativo que pretendía crear una sala especial en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) exclusiva para las Fuerzas Militares. En esta avanzada, salieron a flote los nombres de la senadora Paloma Valencia como coproponente del proyecto y, el del ministro de Defensa Guillermo Botero y la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quienes trataron de no dejar hundir el proyecto. Apelando a un “sesgo ideológico” de los tribunales de la JEP, las toldas uribistas argumentaban la necesidad de crear dos salas de primera instancia; una sección para la revisión de sentencias y una sección de apelación. Incluso, la intención del uribismo era lograr que los nuevos jueces fueran nombrados por el presidente Duque, como no fue así intentaron que el Congreso los nombrara. La insistencia del uribismo Para el mes de noviembre de 2018, la Fundación Paz y Reconciliación — PARES había señalado que el acto legislativo por el que se modificó la JEP y que pretendía, entre otras cosas, que se nombraran 14 magistrados adicionales; representaba un grave riesgo la labor que desempeña la JEP alternado de “forma profunda la composición y equilibrio de esta Jurisdicción, específicamente en lo que respecta a la centralidad de las víctimas, su pilar fundamental”. El meollo seguía siendo lo referente al juzgamiento de los crímenes cometidos por los miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado. La Corte bloquea al uribismo Para marzo de 2019, la Corte Constitucional declinó los intereses del uribismo con respecto a la creación de salas especiales. Precisamente, el alto tribunal encontró que el artículo 75 de la ley de procedimiento de la JEP es inconstitucional. Según José Fernando Reyes, magistrado ponente, la idea de una sala especial para militares representa un riesgo para el tratamiento igualitario de la JEP frente a todos los involucrados en casos en el marco del conflicto armado. Asimismo, el alto tribunal consideró que era inconstitucional, entre otras cosas, porque no estuvo presente en las ponencias, ni hubo debates en Congreso y fue añadido por petición del partido del gobierno; Centro Democrático. De esta forma se entiende que la resistencia civil de Uribe y sus colaboradores no es contra la impunidad: es para lograr la total impunidad.

Por: Redacción Pares Como parte de la Semana del Detenido Desaparecido, que este año se cumple entre el 27 y el 31 de mayo, se entregó un balance de las acciones de la Unidad de Víctimas frente a la atención a los familiares de víctimas de este delito. “Hemos calculado la magnitud de la tarea en más de 120.000 personas dadas por desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado. Entre 1958 y 2016 que es el límite de nuestro periodo”: Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado colombiano. Colombia presenta una de las situaciones más graves a nivel mundial en lo relativo al delito de la desaparición forzada de personas, como consecuencia de las dinámicas propias del conflicto armado que han generado la desaparición de miles de colombianos por causas relacionadas con el secuestro, el reclutamiento forzado la sustracción de menores de edad, las muertes en combate, trata de personas, entre otras. La desaparición, dicen algunos, es el peor de los delitos, ya que en el caso de un asesinato se sabe qué pasó con la persona, en el caso de la desaparición, es un duelo permanente, perpetuo, que no acaba de pasar y hace un daño profundo. En el Registro Único de Víctimas, en la actualidad, se encuentran registradas por este hecho como víctimas indirectas 125.536, es decir, las personas a las cuales les han desaparecido un familiar de primer grado de consanguinidad o civil. Encontrar a las personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto, no es solo uno de los objetivos del Acuerdo de Paz, es también una obligación del Estado, un derecho inalienable y una de las necesidades más urgentes de las víctimas. En cumplimiento de este deber, en el contexto del Acuerdo de la Habana, el Estado se comprometió a adelantar una serie de medidas urgentes para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto, para brindar una respuesta humanitaria inmediata que permitiera avanzar en la satisfacción de los derechos a la verdad y reparación de las víctimas, en el marco de lo cual se adelantaron algunas acciones. Colombia es uno de los países con el mayor número de crímenes de desaparición forzada, llegando a sobrepasar en decenas de miles a los desaparecidos y desaparecidas del Cono Sur. Ya sabemos las cifras y tenemos la certeza que son muchas más las víctimas, pero lo que aún no sabemos es ¿por qué? ¿quiénes lo ordenaron? ¿qué querían? Para este año, los departamentos de Caldas, Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Meta, Sucre y la ciudad de Bogotá, en donde el Movice hace presencia, estarán liderando actividades entorno a la conmemoración de las víctimas y exigiendo que esta práctica no se vuelva a repetir en Colombia.

Por: Naryi Vargas Cáceres, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto La crisis que vive Venezuela ha golpeado tres frentes sobre los cuales el papel que ha desempeñado Colombia ha sido determinante: el económico, el migratorio y el institucional. En ese sentido, frente a la zozobra institucional que ha sufrido la vecina República en los últimos meses, se pueden aventurar cuatro (4) escenarios probables para lograr una salida: 1. Una implosión del Gobierno de Maduro por cuenta de un golpe de Estado que dan los militares, apoyando a la oposición liderada por Guaidó. 2. La permanencia del gobierno de Maduro ante la incapacidad de la oposición para movilizar a la FANB y a la sociedad venezolana. 3. La intervención militar de Estados Unidos y la imposición de la oposición en el Gobierno. 4. Una salida negociada entre el chavismo y la oposición, que deriva en un gobierno de transición y una restauración de la democracia. La posición de Colombia, un error tras otro Diferentes actores internacionales se han involucrado en la búsqueda de una salida a la crisis, y le han apostado a alguna de estas cuatro (4) opciones mencionadas. En un principio, la salida menos probable parecía la de la negociación; los medios de comunicación se encargaron de mostrar la salida militar, por la intervención de Estados Unidos o vía Golpe de Estado, como la única oportunidad de transitar hacia un restablecimiento de la democracia. Colombia se embarcó en esa postura, y junto con el Grupo de Lima lideró el “cerco diplomático” y el desprestigio del gobierno de Maduro, anunciando que le quedaban pocos días. Pero con el paso de las semanas y de los meses es desvirtuó la probabilidad de que esa iniciativa fuera a llegar a un buen puerto. Entre tanto, otros países y actores como el Grupo Internacional de Contacto, la Unión Europea, Noruega y Cuba se encargaron de trazar una hoja de ruta que derivara en un escenario de negociación. De manera confidencial vincularon a Estados Unidos, a Rusia y a China en esa empresa, y a mediados de mayo se conoció que era un hecho que Guiadó y Maduro comenzaron un diálogo exploratorio para buscar una salida urgente y no violenta a la crisis del país vecino. En este nuevo escenario internacional Colombia ha quedado totalmente aislado: Maduro y el chavismo desaprueban el rol que tuvo Colombia como epicentro de la conspiración de la oposición de Estados Unidos. Respecto a la oposición, parece que está claro que no necesita de Colombia siempre y cuando Estados Unidos apoye las decisiones y acciones que desarrolle. Lo que es más grave es que con el discurso desplegado sobre la salida militar tiene una acogida en los sectores de derecha y ultraderecha que apoyan al Gobierno, y los seguidores de Duque y del Centro Democrático no estarán de acuerdo con que participe de la búsqueda de una salida negociada, lo que deja a Colombia en el peor de los escenarios. Estos son algunos de los hechos recientes en la crisis venezolana:

Por: León Valencia, director – Pares Se vino a pique la política exterior del presidente Duque basada en la decisión de derrocar a Nicolás Maduro mediante el estímulo de la división en las filas militares y el alzamiento de la población; en la búsqueda de apoyo para la reforma o negación de los acuerdos de paz y para una vuelta a la política de seguridad democrática de Uribe; y en la promesa de controlar y disminuir a corto plazo, de manera drástica, los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Esta semana se conoció que Nicolás Maduro y Juan Guaidó le han dado carta blanca al gobierno de Noruega con el fin de hacer una mediación entre el gobierno de Venezuela y la oposición para encontrar una salida negociada a la grave crisis que vive el vecino país. Se sabe también que esta labor de mediación tiene pleno respaldo de los Estados Unidos y de otras potencias. Se conocieron también dos artículos del New York Times sobre Colombia. Un artículo es informativo y advierte sobre el peligro de volver a los llamados falsos positivos, una práctica atroz de las fuerzas militares, merced a las nuevas orientaciones que están saliendo de la cúpula del ejército en cabeza del general Nicacio Martínez. El otro artículo es un editorial del periódico que señala que el presidente Duque está saboteando la paz firmada con las Farc con graves consecuencias para el país. Para completar el menú, circuló una carta de 70 congresistas de Estados Unidos a Mike Pompeo, secretario de Estado, para que proteja el acuerdo de paz firmado en el Teatro Colón. En la misiva los influyentes parlamentarios del Partido Demócrata hacen eco de las afirmaciones del diario newyorkino sobre las medidas de Duque y el partido de gobierno contra las instituciones y las políticas surgidas del acuerdo de paz. Ya de tiempo atrás Donald Trump venía haciéndole reclamos al presidente de Colombia sobre la falta de verdaderos resultados en la lucha contra los cultivos ilícitos y la exportación de cocaína hacia su país. Le decía que no estaba cumpliendo con las promesas que había hecho en las conversaciones con las autoridades norteamericanas. La diplomacia colombiana, junto a dirigentes políticos gringos de origen cubano, le había vendido a Donald Trump y al Departamento de Estado la idea de que bastaba con una dura presión externa para tumbar a Maduro, le pintaron una enorme inconformidad en las fuerzas armadas venezolanas y una disposición de la población a movilizarse para derrocar el régimen. Puras fantasías que se fueron diluyendo con el paso de los meses. Ahora Estados Unidos y la comunidad internacional están comprendiendo que la opción negociada es la más probable y conveniente y han echado mano de un país rico, tranquilo y lejano, con una gran experiencia en la mediación de conflictos, para que acerque a las partes con el fin de diseñar una transición pacífica en el país de las mayores reservas de petróleo en el mundo. Los promotores de la confrontación en Venezuela han quedado por fuera del fuego al menos durante un tiempo. Las presiones de Estados Unidos sobre Venezuela se han atenuado; en cambio, están creciendo las críticas y los llamados de atención del gobierno, el congreso y la prensa del país del norte contra Duque y su administración. Tanto el oficialismo como la oposición están inconformes con lo que ocurre en Colombia. Donald Trump por el incumplimiento de las promesas contra el narcotráfico y la oposición demócrata y la gran prensa por las amenazas a la paz y a los avances en derechos humanos y seguridad. Algo que nunca había ocurrido. ¿Qué hará Duque? ¿Persistirá en esta política y mantendrá en su puesto a los gestores de esta diplomacia errática y desastrosa? O ¿Rectificará el camino y buscará una nueva ruta para los tres largos años que le faltan? Por la respuesta de la congresista María Fernanda Cabal del partido de gobierno y del canciller Holmes Trujillo al New York Times, y también por la reacción del propio Duque ante los llamados de atención de los congresistas demócratas, no parece que el gobierno esté en la posición de repensar la política exterior al menos en el corto plazo.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Este sábado 25 de mayo es el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de la Violencia Sexual en el marco del conflicto armado. Hoy reconocemos la violencia sexual como un arma de guerra y escuchamos cómo el dolor se ancló en el cuerpo de las víctimas, sus familias, sus comunidades y su territorio. En este sentido, la Comisión de la Verdad ha hecho hincapié que la violencia sexual no se restringe a la violación, sino que es una violencia tan profunda que tiene como forma de perpetración: la amenaza de violación y/o violencia sexual, el acoso sexual, la esclavitud sexual, la mutilación de órganos sexuales, la prostitución forzada, la desnudez forzada, el aborto forzado, la maternidad o crianza forzada, la obligación de presenciar actos sexuales, la tortura durante el embarazo, la anticoncepción forzada y los cambios forzados en la performatividad del género. #MiCuerpoDiceLaVerdad | La violación no es la única forma de violencia sexual. pic.twitter.com/s2b9dBMMbZ — Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) May 23, 2019 Una realidad que no cesa Según cifras de la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2018 en el marco del conflicto armado, 24.861 mujeres fueron víctimas de violencia sexual y 386 personas LGBTI, también lo fueron. Ya desde el año pasado las Naciones Unidas han recalcado que la complejidad de la violencia sexual ejercida en Colombia históricamente han sido casos que necesitan ser esclarecidos y reparados. Asimismo, ha señalado, en varias oportunidades, que la impunidad y la revictimización en los casos perpetrados; dificultan las condiciones para el caso colombiano. Para 2018, el país registró 50.458 denuncias de delitos sexuales, según las cifras del observatorio de la Policía Nacional y en los primeros cuatro meses de 2019 ya se han registrado 7.265 casos, datos extraídos del mismo observatorio de la policía. En la próxima tabla se evidencian los casos de violencia sexual a nivel departamental y en ciudades departamentales. Muchos de los casos de violencia sexual no llegan a ser denunciados en instancias de justicia, debido a que los victimarios ejercen hostigamientos para que los hechos no sean denunciados. Por otro lado, la Ruta Pacífica de Mujeres ha señalado falta de credibilidad por parte de las víctimas frente a las instancias de justicia que ofrece el Estado Colombiano. Un ejemplo de ello suscita en la investigación de 2018 adelantada por la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, en la cual se determina que cerca del 70% de los casos en que las mujeres han sido víctimas de violencia de género; no han sido denunciados. La importancia de la Verdad Según la base de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), hay un total de 15.222 personas que han sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Además, según las cifras de violencia sexual que tuvo como fecha de corte el 15 de septiembre de 2018, los mayores perpetradores de la violencia sexual durante el conflicto armado fueron: Grupos Paramilitares (5.035 casos), Guerrillas (4.735 casos), Gruposposdesmovilización (951 casos), Agente del Estado (233 casos) y Grupos Armados No Identificados (284), Desconocidos (3.948). Ahora bien, en la siguiente gráfica está por año la perpetración de la violencia sexual por año en el marco del conflicto armado. Grupo de Género para el Esclarecimiento de la Verdad El enfoque de género dentro de la Comisión de la Verdad ha sido un logro para pensarse el país de manera estructural en términos de la reparación de las víctimas. Para ello, ha sido de vital importancia el papel que ha desempeñado la comisionada de la verdad, Alejandra Miller, quién a propósito del día por la dignidad de las víctimas de violencias sexual, ha dicho que “Queremos decirles a las mujeres víctimas de violencias sexuales que reconocemos su dignidad y creemos en los testimonios que nos están aportando. Sus voces nos importan y son fundamentales para construir el Informe de la Comisión. De esta forma, el enfoque de género busca articulas múltiples voces y miradas sobre los hechos ocurridos durante el conflicto armado y para ello fortalecerán los mecanismos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Este grupo de género, se creo por medio del decreto 588 de 2017, justamente, para garantizar que las acciones implementadas por la Comisión de la Verdad, por medio del enfoque de género, cuente con los testimonios de mujeres y de la población LGBTI. Es decir, se planteó la posibilidad de hacer transversal el reconocimiento, el esclarecimiento y la garantía de no repetición. Una de las acciones que ha implementado la Comisión de la Verdad han sido los denominados ‘Talleres de Escucha’, por medio de los cuales las víctimas pueden tener una plataforma en la que pueden relatar lo ocurrido durante el conflicto armado. La apuesta más reciente, ha sido la campaña #MiCuerpoDiceLaVerdad, la cual dicho por la Comisión; “es una campaña que comparte los testimonios de las víctimas de las violencias sexuales en el conflicto armado. Son las voces de mujeres y personas LGBTI que han hecho transformaciones positivas a pesar de la magnitud de este delito en sus historias de vida…” La valentía rompe el silencio Este día se cumplen 19 años de los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima Jineth Bedoya Lima, tiempo durante el cual la periodista ha luchado incansablemente por acceder a la justicia. La Organización de las Naciones Unidas indica que las víctimas de violencia sexual en Colombia han roto el silencio con valentía. A pesar de la historia de violencia y guerra en el país, han utilizado su experiencia como sobrevivientes dando un ejemplo de esperanza al mundo. La violencia sexual en los conflictos es una expresión extrema de la discriminación y violencia contra las mujeres, niños y niñas y una amenaza para nuestra seguridad colectiva. Aunque Colombia cuenta con un amplio marco normativo en materia de igualdad de género y el Acuerdo de Paz incluye más de 100 disposiciones relativas a la garantía de los derechos de las mujeres, persisten aún amplias barreras para el acceso a derechos para las más de 27 mil víctimas de violencia sexual a lo largo del conflicto armado en nuestro país. Hoy, en el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual, Pares hace un llamado contra la impunidad y ratifica su respaldo en la lucha contra este flagelo.

Por: Jani Silva. Lideresa campesina y ambiental del Putumayo. Yo vengo desde la Zona de Reserva Campesina La Perla Amazónica, en Puerto Asís, Putumayo, frontera con el Ecuador. Nuestra reserva tiene aproximadamente 23,000 hectáreas divididas en 25 veredas. Desde el centro de La Perla hay una hora en lancha por el río Putumayo hasta Puerto Asís; desde otras zonas de la reserva hay que caminar hasta dos horas para llegar al río y luego sí embarcarse aguas arriba hasta la ciudad. En la Perla Amazónica tenemos los ríos Toayá, Cuembí, Lorenzó, Chufiyá y Mansoyá. También hay varios caños, es un lugar muy bonito porque hay agua y bastantes humedales. La figura de Zona de Reserva Campesina surge a partir de las movilizaciones agrarias realizadas en la década del 90 y la constitución de la Zona de Reserva Campesina de La Perla Amazónica fue impulsada por líderes de la comunidad y representantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Fue reconocida por el Incora por resolución 0069 del 18 de diciembre del año 2000, y está conformada por las Inspecciones Bajo Cuembí y Comandante, de donde toma su primer nombre (Bajo Cuembí-Comandante), las cuales se integran en el Corregimiento denominado La Perla Amazónica. Vivimos alrededor de 870 familias y la mayoría de las familias son de agricultores. Estamos divididos por sectores: hay dos sectores de siete veredas, uno de seis y el otro sector con el resto de veredas. En el sector uno y el sector cuatro que son 11 veredas entre los dos, el 60% de las personas que viven allá están pendientes de lo que pueda generar una empresa petrolera que les da empleos, pero también conflictos y contaminación. Las otras veredas viven de la agricultura. El 90% de las comunidades de la reserva entraron al programa de sustitución de cultivos porque la economía de sostenibilidad era la coca, pero el tema de soberanía alimentaria la hemos trabajado. La gente también tiene su cultivo pequeño, tiene la comida ahí, pero la agricultura no es rentable económicamente; es para alimentar a la familia, a los marranos y a las gallinas. Nuestra organización se llama ADISPA y tenemos un Plan de Desarrollo Sostenible propio y enfocado en los derechos ambientales, sociales, culturales y educativos; la idea es estar actualizándolo cada tres o cuatro años con lo que vamos logrando y con las nuevas necesidades o nuevas problemáticas que pueden surgir. Nuestro Plan de Desarrollo ha sido un modelo para los planes de otros municipios del Putumayo. Incidimos mucho en el tema de exigirle al gobierno anterior una salida negociada al conflicto armado. Por estar localizados en una parte estratégica del departamento hemos sufrido mucho la violencia. Hemos sufrido mucho la presencia de la guerrilla, mucha estigmatización hacia los campesinos de parte de los paramilitares, de parte del ejército por estar en una parte donde siempre nos decían que éramos guerrilleros. Estábamos muy contentos, muy tranquilos con la salida negociada al conflicto y fuimos actores en las conversaciones, incluso yo tuve la oportunidad de estar en La Habana presentando el punto cinco del tema de víctimas y el tema de tierras. Lo que queremos es que haya una equidad en la propiedad de la tierra, lo que queremos también es que haya una frontera agrícola que nos permita producir volviendo a lo ancestral, cultivar de una forma sana,que respete el medio ambiente. En las Zonas de Reserva Campesina no vemos el desarrollo como lo está pintando el gobierno que es como un tema de explotación de hidrocarburos. No se da cuenta que nosotros estamos diciendo desde hace mucho tiempo que el camino es el plan de manejo ambiental en los territorios. Lo que están creando las empresas petroleras es una ruptura del tejido social y organizativo, una pelea incluso entre familias y entre las comunidades. En el presente hay mucha incertidumbre, no sólo por las amenazas a nosotros los líderes, sino que también hay una amenaza permanente a la salud de la comunidad porque no sólo hay explotación petrolera sino que también hay minería, y eso nos afecta los ríos y los caños que llegan a la reserva contaminados, las aguas ya no están limpias y eso es muy grave. Nosotros ya empezamos un trabajo de organización para fomentar el tema productivo limpio, con mujeres y con jóvenes estamos creando grupos donde ellos son gestores ambientales, incluso dentro del proyecto se está manejando un proyecto para producir miel. Estamos recuperando especies de abejas para poderlas multiplicar y enseñarle a los niños cómo es el manejo de las abejas y la importancia que tienen para el tema agrícola. El panorama para nosotros como líderes es incierto. Hay unas amenazas por parte de disidencias, pero también puede ser el narcotráfico, o los paramilitares. Nadie se identifica, nadie dice es que yo soy del grupo tal. Pero las amenazas son permanentes. El conflicto que se está dando y las persecuciones que se están dando a veces nos ponen a dudar, nos ponen en incertidumbre porque planteamos unas acciones que vamos hacer a lo largo del tiempo pero, por lo menos a mí, me pone a pensar qué voy a hacer. Justo esta semana llegó otra amenaza diciendo que me van a matar. La situación es muy delicada. Yo le pido al gobierno, al presidente Duque, que se tiene que tener en cuenta el Acuerdo de Paz, que se implemente en la realidad así como está establecido. Todavía hay posibilidad de salvar el Acuerdo de Paz. No digan que las muertes que están ocurriendo en nuestro territorio son aisladas, no, las muertes tienen un patrón y eso hay que investigarlo y hay que llevarlo a la justicia. Tengo que decirlo: así empezó todo esto antes, y a esa época no queremos volver. Hasta el momento se han constituido seis (6) Zonas de Reserva Campesina en todo el país: 1- El Pato-Balsillas, departamento del Caquetá 2- Calamar, departamento del Guaviare 3- Montes de María II, departamento de Bolívar 4- La Perla Amazónica (antes Bajo Cuembí-Comandante), departamento del Putumayo 5- Cabrera, departamento de Cundinamarca 6- Valle del Río Cimitarra, departamentos de Antioquia y Bolívar

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Bañado entre ríos y rodeado de bosques, con 16 municipios en su mayoría rurales, el departamento del Caquetá le apuesta al fortalecimiento del capital juvenil. Los jóvenes de la Fundación Red Caquetá Paz han empezado a trabajar en proyectos que generen la creación de oportunidades en el territorio de unos 88.965 Km2. Dicha Fundación se creó en 2011 con un enfoque de trabajo fuerte con el tema de jóvenes. Sin embargo, también hay otros ejes estratégicos como niñez, gobernabilidad, inclusión social, ambiental y gestión del conocimiento con procesos integradores desde la misma sociedad civil. Los componentes mencionados, están orientados en la recuperación de la política como mecanismo idóneo para enfrentar y transformar los conflictos sociales, económicos y políticos. La Fundación Paz y Reconciliación-Pares habló con Jully Tatiana Coronado, coordinadora de la línea de gobernabilidad quien expresó que uno de los objetivos de la Fundación es la generación de oportunidades, de estilos de vida, de cambio de referentes para los jóvenes de manera que Caquetá, como su territorio, se convierta en un departamento muy atractivo para los jóvenes. “Hemos encontrado que finalmente sus aspiraciones son salir de aquí, dado que, el territorio no les ofrece las oportunidades para realizar sus proyectos de vida”, aseguró Coronado. Ahora bien, para el desarrollo de las actividades en dichas líneas, la organización tiene cuatro redes de jóvenes promotores de derechos humanos (cada una de 15 personas); y tres colectivos de comunicación y medio ambiente (cada uno de 6 personas), estos últimos tienen un componente cultural fuerte, en los cuales desarrollan murales y trabajos artísticos. Procesos sociales Dentro de la ruta estratégica se realiza la identificación de prácticas, procesos, organizaciones juveniles en el departamento, lo cual ha permitido el avance en otros territorios. “El objetivo con el proceso es que ellos se interesen mucho por la participación e incidencia política entonces en cuatro municipios hemos avanzado harto en la ruta y vamos en la incorporación de los jóvenes en las plataformas juveniles”, explicó. En San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, la Montañita y Valparaíso se están realizando fuertemente las intervenciones para brindar herramientas a los pobladores sobre el tema de los derechos humanos. Los jóvenes promotores son formados en derechos humanos. Entonces se forman en derechos, historia y a la vez, programan acciones que ellos mismos realizan para promover la cultura del respeto a los derechos humanos. Pares habló con Carlos Manuel Santamaría, de 17 años, oriundo de Cartagena del Chairá y miembro desde hace dos años y medio de una de las redes de derechos humanos, quien contó cómo ha sido su proceso en la organización. “El departamento tiene una necesidad. Para nadie es un secreto que Caquetá ha tenido buenos estudiantes, muy buenos bachilleres, y se van a estudiar y nunca vuelven a la tierra. Este es uno de los puntos por el que yo sigo en la red”, señaló Santamaría. Desde que ingresó a la Fundación ha estado involucrado en todo lo relacionado con derechos y política. El año pasado se graduó de bachillerato y actualmente está en proceso de admisión a una universidad para estudiar derecho o administración pública. Actualmente a construido semilleros junto con sus compañeros y compañeras para replicarlos en todos los territorios del Caquetá, compartiendo esta información de cómo exigir el cumplimiento de los derechos. Problemáticas encontradas La Fundación además de realizar una labor pedagógica en los municipios, también permite espacios de diálogo para reunir todo tipo de iniciativas juveniles en el departamento. En ese sentido, la Fundación también pretende robarle jóvenes al conflicto armado, robarle jóvenes a prácticas ilegales como el consumo de drogas, robarle espacio a que los jóvenes participen en actividades delincuenciales que es una oportunidad que ellos ven ante la ausencia de las oportunidades legales. “Lo que se busca también es mostrarles a los jóvenes un escenario diferente y que sí se puede vivir en el territorio con buenas oportunidades”, agregó Coronado. Además de los contextos de conflicto, existe una precariedad en temas de educación y mucho más la rural en términos de acceso, de infraestructura y de calidad. Según Coronado, “es demasiado deficiente y por tanto no ofrece las condiciones reales para una educación pertinente y que llame la atención de los jóvenes”. Según expresó, los jóvenes rurales entonces no tienen otra opción que emplearse en la finca de sus papás, dedicarse a las prácticas de ganadería o de las que están ahí, por lo tanto, hay mucho deseo de aquellos jóvenes de salir del campo. Para los jóvenes el campo no está siendo muy atractivo, dado que no ven mucha prosperidad en su familia entonces prefieren salir del campo, y también de Caquetá. Por eso, con los jóvenes se busca la construcción de propuestas juveniles de manera que se logre una verdadera incidencia en la región tanto cultural como política. Por lo tanto, están trabajando a través de unos foros o diálogos políticos para presentarle unas propuestas a los candidatos de cara a las elecciones de octubre y que puedan ser incluidos en los programas de gobierno.

Por: Manuela Botero. Colaboradora Pares. La Fundación Paz y Reconciliación – Pares-Pacífico ubicada en el distrito de Buenaventura, participó activamente en el encuentro local: “Buenaventura, hacia la construcción de Paz”, llevado a cabo el pasado miércoles 22 de mayo bajo la organización del proyecto periodístico Semana Rural. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Banco de la República del municipio, y dentro de su metodología se desarrollaron temas referentes a la reconciliación, conflicto, posacuerdo, respuesta institucional y otros, en el marco de la pregunta “¿cuáles son los retos que tienen las instituciones presentes a partir de la implementación del acuerdo de Paz en Buenaventura?”. El coordinador de la oficina Pares- Pacífico, Juan Manuel Torres, indicó que hay un reto enorme para las instituciones locales en mantener una perspectiva de paz con un gobierno central que guía sus intereses hacia la seguridad, por lo que recae sobre las autoridades distritales darle desarrollo. Por ejemplo, señaló Torres, al Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia que se socializó el 30 de abril y fue creado bajo el Acuerdo 002 del 2019 del Honorable Concejo Distrital, y en conjunto con la sociedad civil y organizaciones arropar las instituciones creadas en el marco de los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc. Cabe destacar la intervención de Pares-Pacífico frente al tema de reaparición de patrullajes de hombres armados y el recrudecimiento de la violencia en algunos barrios de las comunas de Buenaventura: “Parece que en el marco de la ley de víctimas, del Acuerdo de Paz, y en los procesos cívicos aquí en Buenaventura, -a pesar del estado permanente de violencia de la violencia-, se estaban suturando ciertas heridas, estaban en un proceso en el que las narrativas y la institucionalidad se encontraban volcadas de alguna manera hacia la reconciliación, para poder pasar a un plano mas solidario.» señaló el coordinador de la oficina Pares- Pacífico. Juan Manuel Torres, coordinador oficina Pares-Pacífico. Foto: Andrés Rosales Y añadió «Tan difícil que es recomponer, tan lleno de obstáculos que está el camino, para que en una sola noche hombres encapuchados con armas largas, patrullando un barrio céntrico de la ciudad, rompieran con la estructura de paz y reconciliación que se venía tejiendo entre muchas organizaciones de base, principalmente las mujeres y la juventud”. Finalizando el encuentro y para responder a la pregunta sobre los análisis a la implementación en Buenaventura del Acuerdo de Paz, el coordinador hizo alusión a la publicación del libro “La restructuración Unilateral del Acuerdo de Paz a dos años de la firma del Teatro Colón”, el cual encierra un capítulo que busca evidenciar el trabajo investigativo llevado a cabo por la oficina Pares- Pacífico en el litoral. Las conclusiones se plantearon a manera de retos para intentar superar un conflicto presente de manera intensa en el 2019 y que requiere compromiso de respuesta desde lo institucional; continuar con la investigación y monitoreo a la implementación de los acuerdos; tener siempre el enfoque de género y desarrollar el capítulo étnico. El encuentro contó con la moderación del profesor de la Universidad del Pacífico Oscar Larrahondo, además de la participación de panelistas como: Bibiana Peñaranda de la Fundación Akina Zaji – Red Mariposas; Mario Angulo del Proceso de Comunidades Negras (PCN); y el Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del municipio, José Luis Bernat.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Como muy preocupados con la falta de voluntad del gobierno Duque para llevar a cabo la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia; así lo manifestaron académicos británicos y colombianos que se reunieron en el Reino Unido para discutir sobre el panorama en Colombia con respecto a la implementación del Acuerdo de Paz. Una de las conclusiones a las que llegaron es que ven con preocupación el rol del partido de gobierno, pues está asfixiando la construcción de paz en el país. Enviaron una carta ya con las conclusiones al Parlamento Británico. La Red Rodeemos el Diálogo, una organización transnacional no-partidista que apoya solución negociada de conflictos armados en Colombia, hizo pública dicha información por medio de un comunicado en el que señalaron los temas discutidos entre los docentes de la Universidad de Londres, Oxford, Bristol y Tecnológica de Pereira. El 16 de mayo los académicos se reunieron en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe del London School of Economics and Political Science en la tercera reunión de ReD Academia para dialogar sobre la situación de la implementación del pacto paz. Y sentenciaron que “como académicos británicos, llamamos al gobierno de Reino Unido con ocasión de la propuesta (…) en el Parlamento Británico sobre el proceso de paz en Colombia y la investigación del Comité de Relaciones Exteriores sobre el Rol de Reino Unido en Suramérica a condenar la forma en que el Centro Democrático está asfixiando el proceso de paz”. El Centro Democrático, de extrema derecha, ha sido el principal partido político que ha rechazado el Acuerdo de Paz y abanderado las propuestas para reformar lo pactado con la exguerrilla de las Farc. En la actualidad continúan esa batalla en el ejecutivo y el legislativo. Carta de los académicos a Iván Duque Las razones de la crisis de la paz en Colombia Los docentes ven que el Acuerdo de Paz está en crisis. A lo anterior, se suman los asesinatos de líderes y lideresas sociales y miembros del partido FARC. De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación-Pares hasta la fecha han asesinado a 269 defensores y defensoras, así como a 93 excombatientes, esto desde la firma del pacto en 2016. “Mientras tanto el gobierno responde simplemente culpando al “narcotráfico”. Para quienes hemos estudiado la historia de Colombia, el momento actual refleja patrones similares a los de la violencia política contra la Unión Patriótica en los años ochenta y nos preocupa que la violencia se incremente durante la campaña electoral que se avecina” en octubre, indicaron los docentes.« Asimismo, expresaron que el cambio en las estructuras del narcotráfico y criminalidad están alimentando la violencia en las regiones mientras el Acuerdo de Paz va a paso lento. Y es que, según la opinión de los académicos, la administración de Duque continúa rechazando las soluciones propuestas en el pacto que podrían disminuir los problemas de cultivos ilícitos. Otro punto que discutieron y que alimenta la implementación del texto firmado en La Habana, es el escaso apoyo económico a la reincorporación de los excombatientes de las FARC. En ese sentido, concluyeron que la anhelada economía de paz no ha echado raíces para superar la economía de la guerra. Adicionalmente, el “contexto internacional adverso, con Donald Trump en la Casa Blanca, el giro a la derecha de América Latina y la crisis en Venezuela han facilitado la clara intensión del Centro Democrático de re-polarizar el país y desmontar el proceso de paz”, reza el comunicado. “Los pronunciamientos oficiales del partido, sus miembros y del presidente Duque en reacción del trabajo de la JEP son un claro esfuerzo por reforzar el marco de referencia emocional anti-paz y dividir al país frente a un objetivo que debería unirlo: la reconciliación después de una larga historia de conflictos”, agregó. En últimas, motivaron a los colombianos para promover los espacios de diálogo frente al tema de la paz para contrarrestar a quienes quieren hacerlo trizas.

Por: Redacción Pares Organizaciones afrocolombianas entregaron este jueves una serie de informes al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), sobre victimizaciones a las comunidades afrocolombianas durante el conflicto armado. Estos documentos denuncian graves hechos como asesinatos selectivos, reclutamiento forzado, trabajos forzados y violencia sexual, entre otros. La entrega de los informes se da en el marco de la Semana de la afrocolombianidad. Entre las organizaciones que entregarán los informes al SIVJRNR – compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas- están La Comadre, un grupo de mujeres de la Asociación Colombiana de Afrocolombianos Desplazados, Afrodes, que han documentado diferentes tipos de victimizaciones a las mujeres negras, especialmente de violencia sexual en Buenaventura, Cali, Cartagena, Guapi, Tumaco, Riosucio y Quibdó. Otra organización que presentó un documento, de carácter preliminar, es el Comité por los derechos de las víctimas de Bojayá, que denuncia graves violaciones a los derechos humanos en este municipio que, según sus voceros, siguen siendo críticas. Los informes buscan evidenciar el impacto diferenciado que ha tenido el conflicto armado en la población afrocolombiana, que también ha afectado el territorio, el medio ambiente, la cultura y los procesos organizativos de sus comunidades. Según cifras del Registro Único de Víctimas, 791.304 personas negras, palenqueras y raizales han sido víctimas del conflicto armado. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP resolvió que, en este caso, la entrega será de carácter reservado por solicitud de las víctimas, quienes manifestaron tener problemas de seguridad.