Por: Redacción Pares Esta semana, congresistas de ocho partidos diferentes se unieron para conformar una alianza por la reforma a la política de drogas. La principal motivación que convoca a estos senadores y representantes, radica en que las clásicas estrategias y enfoques empleados para combatir los problemas asociados a las drogas ilícitas, además de haber sido enormemente costosas, no han tenido los efectos esperados ni han sido sostenibles en el tiempo. Según cifras del Departamento Nacional de Planeación DNP, el Plan Colombia tuvo un costo de 140.000 millones de dólares, sin embargo, el consumo, la producción de drogas ilícitas, así como la violencia asociada al narcotráfico, sigue en aumento. Paradójicamente, para el año 2000 había aproximadamente 134 mil hectáreas y para 2015 alrededor de 159.000 hectáreas, es decir el número de hectáreas aumentó en 25.000, como lo señala el Departamento de Estado de Estados Unidos. Por el contrario, esta política de fumigaciones ha tenido efectos adversos como el enriquecimiento de las mafias de narcotráfico y el aumento del consumo y la oferta de drogas ilícitas. Esta alianza multipartidista buscará abordar el narcotráfico de otra manera, porque la que propone el presidente solamente deja muertos y principalmente, se quiere favorecer el desarrollo de unas políticas de drogas basadas en los derechos humanos, la salud pública y el desarrollo sostenible. El Banco Mundial señala que para eliminar una (1) hectárea de coca, se debe rociar aproximadamente 33 veces cada año lo cual cuesta 79.200 dólares. Entre 2000 y 2015 se asperjaron 1.699.028 hectáreas, según consta en investigación realizada por el Observatorio de Drogas de Colombia, es decir, si entre 2000 y 2015 se asperjaron 1.699.028 hectáreas, su costo total fue de 134.536.017.600 dólares. Finalmente, los parlamentarios propusieron revisar iniciativas legislativas en políticas de drogas a nivel internacional, con el fin de evaluar su pertinencia para el contexto colombiano y crear canales de interacción entre los políticos, académicos junto a la sociedad civil. Los convocantes de esta convergencia son: Gustavo Bolívar, María José Pizarro, David Racero y Aída Avella por Decentes, Luis Fernando Velasco y Harry González del Partido Liberal, Antonio Sanguino y Juanita Goebertus del Partido Verde, Gustavo Petro de Colombia Humana, Iván Cepeda, Wilson Arias y Alexander López del Polo Democrático, Temístocles Ortega, Richard Aguilar de Cambio Radical, Andrés García Zuccardí Armando Benedetti y Roy Barreras del Partido de la U, Feliciano Valencia del MAIS, Pablo Catatumbo y Julián Gallo de Partido FARC.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El líder del nuevo partido Farc, Rodrigo Londoño, informó este miércoles en una carta dirigida a los integrantes de su fuerza política que, pese a los incumplimientos del gobierno, seguirán respaldando el Acuerdo de Paz. La misiva se da en un contexto en el que su anterior aliado, Iván Márquez, expresara a la opinión pública que entregar las armas habría sido un error. En ese sentido, Londoño, más conocido como Timochenko, rompió relaciones con Márquez al decir que actitudes y comportamientos como los adoptados por él y quienes lo siguen, “apuntan a pisotear eso que para los revolucionario (…) es algo sagrado. La autoridad moral del partido. En esas condiciones, con hondo pesar, debo reconocer la necesidad de marcar distancias con ellos. Somos un partido para la paz, nunca seremos un partido para la guerra”. Como expresó en la misiva, el objetivo del partido, surgido tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, consiste en arrinconar los sectores que quieren volver atrás la rueda de la historia. Sin embargo, no se logra empuñando un arma, sino valiéndonos del poder de la palabra. El panorama para Iván Márquez Desde el año pasado Iván Márquez, líder negociador de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), renunció a su curul en el Congreso a pocos días de la captura de Jesús Santrich -que aún se encuentra en prisión-, y desapareció del radar de sus compañeros. En algunas ocasiones se dijo que estaba en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del departamento de Caquetá. Sin embargo, nadie ha podido establecer su paradero. En la opinión pública se rumora que Márquez retomó el camino de las armas, sin embargo, él sigue reapareciendo de manera periódica expresando que no tiene garantías de seguridad ni jurídicas para seguir por el camino de lo pactado en La Habana. A inicios de este mes debió presentarse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la diligencia del expediente No. 001 que tiene relación con las retenciones ilegales adelantadas por las Farc, sin embargo, argumentó las mismas razones anteriormente expuestas para no asistir. El pasado lunes, Márquez apareció sorpresivamente en redes sociales y señaló que “a los guerrilleros en los ETCR y a todos los colombianos. Es hora de levantar la voz contra la mezquindad humana del sistema encabezado por del uribismo y la embajada de los EEUU contra el sueño de paz de millones que buscaban poner fin a más medio siglo de confrontación armada”. “Al dirigirse Iván Márquez al conjunto de nuestra gente agrupada en los ETCR, se refiere a la necesidad de reiterar autocríticamente que nos equivocamos al dejar las armas. Creo que si vamos a hablar de autocríticas, la primera que debía emanar de su parte es la de haber abandonado la responsabilidad que le otorgó nuestro partido, y en la que confió el país y la comunidad internacional”, respondió por su parte Timochenko. Y agregó que desafortunadamente Márquez salió del proceso sin ningún tipo de explicación, y se negó a ocupar su curul en el senado cuando el Partido lo necesitaba más presente. “Nuestro partido nació con el propósito de tender lazos y puentes con todos los sectores de la vida nacional, a fin de ganar simpatías, solidaridad y unidad de propósito hacia la creación de un nuevo país. Los planes de combate y el enfrentamiento quedaban atrás para siempre. Nuestra tarea sería sumar y multiplicar, nunca restar y dividir”, agregó el jefe de la Farc. Impacto de la carta de Timochenko De acuerdo con el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, Ariel Ávila, el pronunciamiento de Timochenko tiene un sentido político y es que Iván Márquez se está tomando la base de la Farc porque la base de la Farc se siente traicionada. Y lo que hay que dejar claro es que se rompen unos lazos políticos, más no reconoce que Márquez este o no delinquiendo. De trasfondo hay un debate político. “Lo segundo es que hay una división en el partido e Iván Márquez está por fuera de las Farc, entonces lo ideal es que Márquez vuelva al proceso así no vuelva a la Farc, es decir, que comparezca ante la JEP”, indicó el analista. Esto demuestra que dicho partido está roto, que hay dos facciones grandes en la Farc y que en este momento Márquez está fuera tanto del partido, como del proceso. Actualmente no está comprometido con el Acuerdo de Paz; pero, en el caso que se resuelva la situación de Santrich lo ideal sería que Márquez regresara a los compromisos del pacto, así no vuelva a la Farc. “Y lo tercero: ¡bienvenidos a la democracia!, así son los partidos políticos y las Farc no estaban preparados para eso”, agregó Ávila. Por eso, es claro destacar que, si bien Timochenko rompió relaciones políticas con Márquez, esto no indica que el segundo esté delinquiendo. Es un tema político, pero como la opinión pública no sabe lo que está pasando, dentro de la Farc se especulan todo tipo de versiones y el problema real es que Iván Márquez le está quitando las bases al partido y por lo tanto Londoño intenta recuperarlas con este mensaje.

Por: Redacción Pares Este jueves, el Partido Alianza Verde realizó una propuesta de acuerdo político nacional e invitan invitan a todas las fuerzas políticas a construirlo. León Valencia, analista político y director de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, indicó: «La propuesta del Verde es necesaria, posible y urgente , el país necesita un referente y una esperanza, un proyecto de unidad con bases firmes en La Paz, la democracia y los cambios sociales. Las encuestas muestran un ambiente de pesimismo enorme y una desilusión con el regreso del uribismo al poder.» La propuesta denominada «No le demos la espalda a la paz. Logremos un verdadero Acuerdo Nacional» pretende, que ante la confusión y falta de liderazgo mostrado por el Presidente «La Alianza Verde invita hoy a los partidos que se declararon independientes (Partido Liberal, Partido de la U y Cambio Radical), a los que como nosotros se declararon en oposición y a organizaciones sociales y poblacionales, a que nos sentemos a diseñar lo que puede ser un verdadero acuerdo nacional, ante la ya demostrada incapacidad del gobierno para lograrlo. Hoy mismo empezaremos a contactarlos en búsqueda de este propósito.» Verdadero Acuerdo Nacional… convocatoria del Partido Alianza Verde: pic.twitter.com/7GtHqQwCRB — Iván Marulanda (@ivanmarulanda) May 23, 2019 A continuación, Pares reproduce la propuesta: «Reconocemos que el gobierno del presidente Duque está en crisis y que sus dificultades para dirigir el rumbo de la nación tienen consecuencias dolorosas para los colombianos: aumenta el desempleo, cae el crecimiento económico, se paraliza la inversión de los sectores productivos, se debilitan las finanzas públicas y se desborda la violencia en los campos y las ciudades. Esto es lo que está ocurriendo. La confusión del poder ejecutivo ha creado también conflictividad y tensiones en las otras ramas del poder del Estado, el Congreso y la Justicia. Para complicar más las cosas, la intención del presidente Duque de alterar la estructura del Acuerdo de Paz con las Farc mediante objeciones a la ley estatutaria de la JEP, no solo obstruyó las tareas del Congreso, sino que entrabó el funcionamiento de los organismos de justicia y puso en duda la supremacía e independencia de los tribunales, lo que es lo mismo, la supremacía de la propia Constitución. En suma, el propio gobierno indujo a esta crisis cuyas consecuencias las sufre el pueblo colombiano. El Presidente Duque ha llamado a algunos partidos a un pretendido acuerdo nacional. Sin embargo, ningún acuerdo que excluya fuerzas políticas puede ser llamado “nacional”. Los propios líderes de los partidos convocados así lo reconocieron en sus pronunciamientos. El país necesita la unidad, es cierto, pero el presidente Duque no la ha intentado siquiera, sus palabras no han sido convincentes porque no se traducen en hechos. La idea del gobierno es excluyente y desprecia las realidades de la sociedad, a imagen y semejanza de etapas superadas de la historia que dividieron a los colombianos, generaron violencia e hicieron enorme daño a lo largo de decenios. La Alianza Verde invita hoy a los partidos que se declararon independientes (Partido Liberal, Partido de la U y Cambio Radical), a los que como nosotros se declararon en oposición y a organizaciones sociales y poblacionales, a que nos sentemos a diseñar lo que puede ser un verdadero acuerdo nacional, ante la ya demostrada incapacidad del gobierno para lograrlo. Hoy mismo empezaremos a contactarlos en búsqueda de este propósito.»

Por: Redacción Pares Así lo manifestaron representantes de la oposición política del país, en cabeza del senador Gustavo Petro de Colombia Humana, a través de un comunicado y un video como respuesta al Presidente Duque sobre la Paz, el Fiscal Néstor Humberto Martínez y la Justicia especial para la Paz. La respuesta la dieron, en la noche de este miércoles, los partidos políticos que se han declarado en oposición al gobierno: Alianza verde, Mais, Colombia Humana, Polo Democrático, Unión Patriótica y Farc, frente a la alocución que hizo el pasado viernes el presidente de la República, Iván Duque, tras la renuncia del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez: Néstor Humberto no renunció por Santrich sino porque mañana tenía que ir a la citación de la Corte Suprema por Odebrecht. Continuará esquivado la verdad pero nosotros seguiremos buscando que la justicia lo siente. Pronunciamiento Bancada de Oposición: #SeFueElFiscal y la Paz. pic.twitter.com/rDczPwFqFz — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) May 22, 2019

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La vicepresidenta de la Asociación Campesina de Arauca (ACA), Luz Perly Córdoba, denunció el martes la precariedad que cuenta su esquema de seguridad brindado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), y el cual pone en riesgo su vida, debido a las amenazas recibidas por su labor en las comunidades en el oriente colombiano. “Soy líder social desde hace 34 años y he pasado por todas las agresiones y vicisitudes que sufrimos los que dedicamos la vida a la causa de las comunidades en este país, en razón a ellos fui cobijada por medidas cautelares de la CIDH en el año 2002”, señaló Córdoba en la carta, dirigida a Pablo Elías González Monguí, presidente de la UNP. Debido al trabajo con las poblaciones la lideresa viaja periódicamente a lo largo y ancho de los departamentos del Meta, Guaviare y principalmente Arauca. Este último, es de los más convulsionados del país debido a la presencia de diversos actores armados legales e ilegales, que han sembrado miedo a los pobladores y a quienes defienden el territorio. De ahí que se registren amenazas contra los líderes y lideresas. “En noviembre de 2018 la ACA fue objeto de amenaza de muerte de las autodenominadas ‘autodefensas unidas del Casanare’, donde se menciona mi nombre, mis rutinas y mi dirección de residencia, así como la de otros directivos”, indicó la lideresa. Falta de garantías en seguridad De acuerdo con la carta, en marzo del presente año fue asesinado Alfonso Correa, uno de los miembros directivos de la ACA; y el 11 de mayo la asociación fue de nuevo objeto de amenaza de muerte por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), brazo armado del denominado Clan del Golfo, principal banda narcotraficante del país. “Es tan difícil la situación de seguridad en el departamento de Arauca que los actores armados han disparado contra esquemas de defensores de Derechos Humanos, han retenido carros de la UNP e incluso según informes de las mismas autoridades hay un plan pistola contra los escoltas de la institución”, agregó en el texto. El panorama para los y las defensoras de derechos humanos en el país es cada vez más preocupante. La Fundación Paz y Reconciliación-Pares ha registrado 262 líderes y lideresas asesinadas desde el 26 de noviembre de 2016 cuando se firmó el Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc, y expertos aseguran que este fenómeno va en aumento. A comienzos de este mes, la lideresa y ‘nobel de medio ambiente’, Francia Márquez fue víctima de un ataque armado. En su cuenta de Twitter informó que “como pueblo negro del Norte del Cauca estábamos preparando una reunión para los diálogos con el Gobierno en el marco de los acuerdos con La Minga y fuimos atacados con armas y granadas por hombres armados, tenemos dos hombres de la UNP heridos”. Asimismo, el pasado domingo la lideresa de la subregión de los Montes de María, Mayerlis Angarita fue atacada por hombres armados mientras se movilizaba en la ciudad de Barranquilla. Afortunadamente contaba con sus esquema de seguridad, dentro de él, una camioneta blindada. Sin embargo, el caso de la lideresa en Arauca es aún más problemático, puesto que manifestó que “ante el panorama descrito, hemos insistido en la solicitud de refuerzo de mi esquema de protección que actualmente comprende dos (2) hombres de protección con armas cortas y una camioneta convencional”, es decir, que no es blindada, indicó. Según contó, a la fecha no le han dado ninguna respuesta, y cada día se agrava más su situación porque les han acortado los viáticos a los escoltas y por lo tanto no ha podido cumplir a cabalidad su labor en todos los territorios. “Además, a partir del jueves 23 de mayo quedo sin esquema de protección en Arauca porque los hombres de protección regresan a Bogotá ya que no tienen aprobado más tiempo”, agregó. Precariedad de la UNP Otro tema que preocupa es la condición laboral de los hombres de protección. Según la denuncia, los empleados de la UNP están siendo trasladados entre empresas privadas de seguridad debido a la tercerización de la institución y eso ha perjudicado la situación en la que trabajan. “Los viáticos de los hombres de protección demoran meses en pagarlos, colocando un fuerte grado de precariedad a estos trabajadores, pues protegen a líderes sociales en escasos recursos”, puntualizó. Asimismo, esta tercerización ha generado desconfianza en los protegidos, puesto que, les han exigido un registro de los lugares a los que se van a desplazar durante el día y de las actividades a realizar para validar supuestamente el oficio desempeñado. De todas maneras, inquieta porque los reportes han sido utilizados contra los protegidos. En ese sentido, Córdoba le solicitó a la UNP tomar medidas “urgentes” para hacer efectiva la protección de su integridad física. Y responsabilizó a la UNP de cualquier hecho que ponga en riesgo su vida.

Por: Redacción Pares Después de la intempestiva renuncia de Néstor Humberto Martínez, al parecer el órgano de investigación al fin da un ‘timonazo’ hacia la dirección correcta: el esclarecimiento de la verdad y la justicia. A través de un comunicado difundido este miércoles, la Fiscalía General de la Nación informa que concluye un estudio sobre terceros civiles vinculados al conflicto armado. Señala la Fiscalía que durante dos (2) años, 50 investigadores y analistas realizaron la valoración del trabajo de versiones libres que se realizó en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Como consecuencia de esta investigación, estarían relacionados con el paramilitarismo comerciantes, ganaderos y empresarios de los sectores de hidrocarburos. El informe también revelaría nombres de políticos: alcaldes, gobernadores, jueces, magistrados fiscales, congresistas, diputados y concejales. El ente investigador indica que 2311 personas, 1835 agentes del Estado no combatientes y 1417 agentes del estado combatientes tendrían que responder ante la justicia por su participación en el conflicto armado.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares “Colombia es el país más megadiverso por kilómetro cuadrado en el planeta y el segundo más biodiverso. En el tema ambiental nos están hablando al oído, Naciones Unidas nos está hablando a nosotros especialmente. El pasado 8 de mayo, día de la publicación del informe de ONU sobre la crítica situación de pérdida de biodiversidad en el planeta, esa investigación no fue primera página en nuestra prensa. Se mencionó como si fuera cualquier noticia, pero parece que no se entendiera que se está hablando de la supervivencia en el planeta.” Este 22 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Diversidad Biológica, Pares habló con Natalia Parra Osorio, directora de la Plataforma -ALTO- Animales Libres de Tortura, representante para Colombia de la Fundación Franz Weber de Suiza y fundadora y Secretaria Técnica de la Bancada Animalista del Congreso de la República. Además es miembro de la junta directiva de la Iniciativa Unión por la Paz. Alrededor de un millón de especies de animales y plantas están ahora en peligro de extinción y muchas podrían desaparecer en tan solo décadas, lo que representa una amenaza de una dimensión sin precedentes en la historia de la humanidad. Así lo revela el último informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas IPBES, patrocinado por varias agencias de la ONU. Pares: ¿Cómo analiza el Informe IPBES de la ONU sobre la alarmante situación de la biodiversidad en el planeta? Natalia Parra Osorio: Este es un informe que veníamos esperando con ansiedad desde los sectores animalistas y ambientalistas. Esta clase de investigaciones son un esfuerzo riguroso por detallar cuál es la real situación del planeta; nos da argumentos y soporte para quienes luchamos por esta causa, para poder decirle a los gobiernos y a la sociedad que no somos alarmistas, ni que estamos locos. Esto avala todas esas luchas que estamos dando. El año pasado salió el informe sobre cambio climático y ahora este, que demuestran que el negacionismo no tiene bases; quien se atreva a negar el cambio climático o tiene algún interés muy grande en alguno de los sectores que está generando muerte en el planeta, o es un fanático. «Algunos dirán que es muy exagerado decir que un millón de especies están en peligro, lo que pasa es que no caen en cuenta del efecto dominó y la interconexión que existe entre los organismos del planeta.» Foto: Pares En los últimos 100 años hemos experimentado en el planeta algunos síntomas de lo que ya ha comenzado a ocurrir de manera más acelerada. Es perverso, una sola especie con la capacidad de acabar a las demás, de dañar sus entornos de una manera irreparable. Ese proceso de pérdida de biodiversidad en una escala tan rápida produce un efecto desencadenante, porque finalmente todos somos ecodependientes e interdependientes y a la gente le cuesta hacer la conexión entre la especie humana, porque nos hemos considerado superiores, y las demás especies. La sabiduría de la naturaleza hace que todo se autorregule y nosotros destruimos ese equilibrio haciendo que comiencen los desastres. Pares: ¿Y cómo es la situación de Colombia con respecto a la protección hacia la biodiversidad? N.P.O: Lo que señala ese informe es fundamental para cada rincón del planeta y lo más interesante del informe es que no se queda en la problemática, en la desaparición de un millón de especies, sino que también dice cuáles son las causas. Por ejemplo, el informe advierte sobre el consumo desmedido, la cantidad de planetas que se necesitan para mantener este ritmo de consumo, así que es un llamado a cambiar este modelo económico que es un enemigo para la biodiversidad del planeta, habla de que los países tienen que hacer el esfuerzo de entender que la prosperidad no se mide en términos de crecimiento económico, ya la cosa no es medirlo en términos del Producto Interno Bruto. Lo que allí se plantea es hacer mediciones de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y no solamente la prosperidad en términos de cuánto capital se reproduce, sino más bien qué impacto ambiental tiene una actividad humana a largo y mediano plazo. Tenemos un Sistema Nacional Ambiental creado con una muy buena intención, tiene unos elementos muy interesantes, pero los tiempos van cambiando y las problemáticas se van ampliando, los fenómenos sociales cambian y hay cosas que el sistema no contempla, como lo es la ineficiencia administrativa y los intereses económicos contrarios a la protección del medio ambiente. «Tenemos el caso emblemático del oso andino, una especie sobre la que hay una política pública de conservación; sin embargo, cuando vemos la realidad es muy poca la aplicación que se hace de esas disposiciones.» Foto: Pares Como activistas nuestro ejercicio va más allá de atender directamente a los animales, nuestra labor es incidir en la elaboración de las políticas públicas. Pero es frustrante ver que le hemos apostado a generar cambios, y hemos logrado algunos, y podemos incidir, pero simplemente queda divino en el papel, pero en la práctica, en el día a día, no se aplica. Y una razón para que esto suceda es la pereza administrativa. Hace unos años logramos una ley para castigar el maltrato animal, hay unas herramientas para penalizar el maltrato y resulta que el inspector de policía o el fiscal no se mueven por este tema de la protección animal, les da pereza hacer una investigación y todo lo que implica un proceso penal. Entonces no basta con la conquista de la política pública o de la legislación para que en realidad se vea un efecto positivo en los animales, simplemente no está incorporado aún en nuestra cultura. Uno a veces entiende que no importen los problemas desde la perspectiva del animal, de una planta o del hongo, pero que ni siquiera desde una perspectiva antropocéntrica se vea la alerta tan dramática, es increíble. Pares: ¿Y el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno no contempla medidas que contrarresten esta situación tan grave para el país? N.P.O: La primera vez que leí este Plan de Desarrollo pensé que estaba bien intencionado, pero a la segunda leída me di cuenta que no. Este gobierno, como hace siempre la derecha, disfraza el discurso, hablan de Objetivos de Desarrollo Sostenible pero luego hacen todo lo contrario, y nos damos cuenta que lo que hacen es favorecer intereses de sectores económicos, realmente es un ‘Plan de Negocios’ diseñado para entregar permisos para minería, fumigar con glifosato, construir un puerto seco en Tribugá con la pérdida monstruosa de biodiversidad que eso conlleva. Es desalentador ver el plan plurianual de inversiones: hay un 0.8% de inversión para el sector de ambiente y para el sector de minería 11%, en las cifras ya está muy clara la intención. Los años con este gobierno van a ser perdidos en materia ambiental. La apuesta es para que todas las organizaciones sociales, los defensores de derechos humanos, los indígenas, los trabajadores, el sector agrario sigamos movilizándonos; el ambientalismo y el animalismo no pueden ser ajenos, no puede ser que por una sola intención de política pública de bienestar animal que se haya generado en el Plan Nacional de Desarrollo nos dejemos neutralizar. Pares: ¿Cuál ha sido su lucha en el tema de la conservación del ambiente y en contra del maltrato animal? N.P.O: Tratar de contribuir a que no sea solamente un tema del ámbito doméstico, sino que sea un asunto de responsabilidad, una responsabilidad que tenemos como especie. Soy administradora pública, mi fuerte es hacer gestión pública. El Estado es la figura que nos inventamos los humanos para regularnos, entonces el Estado debe hacerse cargo de esta situación tan crítica. Y esto no se logra sin movilización social. En el siglo XIX hubiéramos estado en una pelea antiesclavista, a comienzos del XX en la pelea por el sufragio; pero ahora estamos en un momento de la humanidad donde por fortuna hemos entendido que los humanos y los derechos humanos se respetan, la diversidad humana se respeta desde nuestros contratos sociales. Ahora el siguiente paso es incluir en ese círculo de consideración moral a otras especies, a todos los seres que son de otras especies y por supuesto los entornos donde viven esas otras especies.

Hoy, por ejemplo, al escuchar el grito de un tordo negro, ya en camino a casa, grito final de quien no aguarda otro verano, comprendí que en su voz hablaba un árbol, uno de tantos, pero no sé qué hacer con ese grito, no sé cómo anotarlo. Eugenio Montejo, del poema Los Árboles Por: Redacción Pares La Organización de Naciones Unidas ONU, ha declarado el 22 de mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica.  Y si bien, cada vez hay más conciencia de que la diversidad biológica es un bien mundial de gran valor para las generaciones presentes y futuras, el número de especies disminuye a un ritmo acelerado, debido a la actividad humana. En los últimos 100 años, más del 90 por ciento de las variedades de cultivos han desaparecido de los campos de los agricultores. La mitad de las razas de muchos animales domésticos ya no existen, y las 17 principales zonas de pesca del mundo están siendo explotadas hasta sus límites sostenibles. La variedad local de los sistemas de producción de alimentos también corre el riesgo de desaparecer, incluidos los conocimientos de los pueblos indígenas o las comunidades locales que llevan consigo. Con este declive, la biodiversidad agrícola está desapareciendo, y con ella también el conocimiento vital de la medicina tradicional y los alimentos locales. Otra de las grandes preocupaciones es la pérdida de dietas diversificadas, que está directamente relacionada con enfermedades o factores de riesgo para la salud, como la diabetes, la obesidad y la desnutrición. La ONU hace un llamado para impulsar el conocimiento y concienciar sobre la estrecha dependencia que los sistemas de producción de alimentos, la nutrición, y la salud tienen con la biodiversidad y los ecosistemas saludables. Un millón de especies en peligro: ONU Alrededor de un millón de especies de animales y plantas están ahora en peligro de extinción y muchas podrían desaparecer en tan solo décadas, lo que representa una amenaza de una dimensión sin precedentes en la historia de la humanidad, revela el adelanto de un histórico informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas (IPBES) patrocinado por varias agencias de la ONU. La tasa global de especies extintas ya es por lo menos de diez a cientos de veces mayor que la tasa promedio en los últimos 10 millones de años y se está acelerando. Un 75% de los ecosistemas terrestres y un 66% de los marinos ya están “gravemente alterados”. Más de un 85% de los humedales que existían en 1700 se han perdido. ¿Qué hemos hecho los humanos para que una de cuatro especies esté hoy en día amenazada? Más de 400 expertos en 50 países han clasificado, de mayor a menor, por primera vez los tres impulsores directos del cambio en la naturaleza con mayor impacto en nuestro planeta hasta la fecha. 1. Cambios en el uso de la tierra y el mar Actualmente los humanos extraen más recursos y producen más desperdicios que nunca. A nivel global, el cambio del uso de la tierra ha tenido el mayor impacto en los ecosistemas terrestres y de agua dulce. Aunque el ritmo de la expansión agrícola varía de país a país, se han producido pérdidas de ecosistemas intactos principalmente en los trópicos, donde se encuentran los niveles más altos de biodiversidad en el planeta. En total se han sacrificado más de 100 millones de hectáreas de bosque tropical: en América Latina, por ejemplo, debido a la ganadería y en Asia Oriental, principalmente por el cultivo de aceite de palma, entre otros. 2. Explotación directa de organismos La población humana global ha aumentado de 3700 millones a 7600 millones de personas desde 1970 de manera desigual en todos los países y regiones, lo que tiene importantes implicaciones para la degradación de la naturaleza. El consumo per cápita también ha crecido, y también es desigual, con una amplia variación en los estilos de vida y el acceso a los recursos en todas las regiones y dentro de ellas, además de las consecuencias para la naturaleza que se distribuyen a nivel mundial a través del comercio. Actualmente se explotan unos 60.000 millones de toneladas de recursos renovables y no renovables anualmente a causa del aumento de la demanda de plantas, animales, combustibles fósiles, minerales, material de construcción, etc. 3. Cambio climático El cambio climático ya está teniendo un impacto en la naturaleza y es un impulsor directo de la disminución de la biodiversidad que se exacerba cada vez más. Se estima que los seres humanos han causado un calentamiento global de 1,0 ° C en 2017 en relación con los niveles preindustriales, con temperaturas promedio en los últimos 30 años que aumentaron en 0,2 ° C por década. La frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, y los incendios, las inundaciones y las sequías que pueden provocar, han aumentado en los últimos 50 años, mientras que el nivel medio global del mar ha aumentado de 16 a 21 cm desde 1900, a una tasa de más de 3 mm por año en las últimas dos décadas. Hay que cambiar nuestra relación con la naturaleza El informe, de 1800 páginas, asegura que esta tendencia se puede frenar, pero sólo “con cambios transformadores” en todos los aspectos de nuestras interacciones con la naturaleza. Tras la adopción de este informe histórico, nadie podrá afirmar que no lo sabía», dijo la directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura durante la presentación del documento en París. “Ya no podemos seguir destruyendo la biodiversidad. Esta es nuestra responsabilidad hacia las generaciones futuras”, aseguró. El Informe también reconoce la importancia de incluir diferentes sistemas de valores y diversos intereses y cosmovisiones en la formulación de políticas y acciones. Esto incluye la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la gobernabilidad, la reforma y el desarrollo de políticas públicas.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El director de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, León Valencia, analiza la grave situación que atraviesa Colombia en términos de Derechos Humanos, debido a los constantes asesinatos a excombatientes de las Farc. Para Valencia, el gobierno nacional no ha reaccionado al recrudecimiento de la violencia que está acabando la vida de personas. Excombatientes, que le apostaron a la paz haciendo el tránsito a la vida civil, constituyéndose en un partido político que abandonó las armas para apostarle a la palabra, pero que no han contado con las garantías de protección. A 10 meses del gobierno de Iván Duque, los miedos frente a la implementación del Acuerdo de Paz cada vez son más tangibles, sobre el caso del asesinato de excombatientes; Valencia da tres razones que esgriman la complejidad y la incidencia de la corriente uribista. Por un lado, para el analista político hay una justificación por parte de las toldas del Centro Democrático sobre dichas muertes, pues a lo largo de estos meses de gobierno se han registrado, constantemente, ataques verbales y estigmatización al partido de la Farc por parte de uribistas en escenarios como el Congreso. Por otro lado, León Valencia trae a colación el caso del asesinato del excombatiente Dimar Torres, para exponer como hay una justificación por parte de las Fuerzas Armadas, entre otras cosas, como lo fueron las versiones encontradas por parte del jefe de la cartera ministerial de Defensa; Guillermo Botero. Finalmente, otra de las razones tiene que ver con la inoperancia desde la Casa de Nariño, pues el presidente Iván Duque no ha puesto un plan en marcha que cese con la matanza de excombatientes. ¿Por qué están asesinando a excombatientes de las Farc? Para León Valencia es inaceptable que siga pasando de agache el lenguaje de rencor y odio por parte de los integrantes del Centro Democrático en contra de los miembros del partido Farc. La estigmatización ejercida en los debates parlamentarios no solo tiene una responsabilidad en la polarización que genera, sino que los mensajes que dejan frases como las del senado Álvaro Uribe; quien ha dicho que los prefiere en el monte que en el debate democrático. Para León Valencia, estas afirmaciones hechas de manera publica no son inocentes, pues acarrean escenarios caldeados que exacerban la violencia. León Valencia insiste que el asesinato de Dimar Torres puso en evidencia la intención de legitimar, ocultar y tergiversar asesinatos. No solo por el hecho de que el ministro Botero haya salido con una versión falsa, sino porque incluso justificó que si “hubo un asesinato ha tenidos que haber alguna motivación”. Esas justificaciones se anidan en los imaginarios de la opinión pública, lo que representa un riesgo de dimensiones desproporcionados que se dirigen a fortalecer un lenguaje que legitima el asesinato de personas dentro de una sociedad. “Justificación del ejército para proceder” La ola recrudecida de violencia contra excombatientes, para León Valencia, solo puede ser frenada desde el partido de gobierno, pues desde allá deben salir las acciones puntuales para hacerle frente al asesinato, como también que los miembros de Centro Democrático prescindan de apelar a mensajes de odio. Justamente, León Valencia había advertido que dichos mensajes están justificando el proceder del ejército, había advertido de los riesgos que dejó la forma en que fue tratado desde el gobierno, el asesinato y el intento de ocultamiento del cadáver de Dimar Torres; que revivió la política de las ejecuciones extrajudiciales. Tras ‘falsos positivos’ Para León Valencia no es coincidencia que se esté hablando de un nuevo capítulo de ejecuciones extrajudiciales en el país, debido a que parte de este lamentable panorama se suscita por el regreso de una doctrina militar belicista. Una política que incluso podría entreverse en el “el que la hace la paga”; que fue eslogan de campaña del presidente Iván Duque. Es decir, la perspectiva desde las Fuerzas Armadas, con la elección de Duque, no se encaminó a ser vista en clave de posconflicto. En este sentido, los mensajes desde el gobierno han sido erróneos pues desde el 11 de diciembre, día en el que presidente Duque lanzó el “Plan Bicentenario” o “Plan de Guerra”, para León Valencia, Duque decidió recurrir al ‘Espejo Retrovisor de la Seguridad Democrática’. En ese momento, la nueva cúpula militar quedaba encomendada para cumplir la hoja de ruta del ‘Plan de Guerra’. Los trabajos se harían a partir de consejos de seguridad para buscar, en palabras de Duque, “recuperar territorios para que los colombianos sientan el más puro de los bienes públicos, la ausencia de miedo”. Así las cosas, el cambio en la orientación del ejército colombiano no llegó, de hecho, León Valencia recuerda que ya hace tres meses Human Rights Watch (HRW) había señalado que nueve nombres de la cúpula que hace cinco meses Duque catalogaron como ‘ejemplar’, están salpicadas por casos de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, el gobierno nacional no solo hizo mal en nombrarlos, sino que ha hecho mal por omisión; pues no ha hecho nada frente a la denuncia hecha por HRW. Por ello, vale la pena recordar que el malestar que ha despertado el reciente informe de ‘The New York Times ‘, en el que se conocieron directrices desde el inicio del año que estaban encaminadas a subir número de ataques, capturas, rendiciones y muertes en combate. Estas directrices, según dicho informe provenían de dar la comandancia del Ejército de Colombia y según los tiempos en que se empezaron a registrar, coinciden con el momento en el que se empezó a implementar el ‘Plan de Guerra’. En el informe hay múltiples polémicas sobre las directrices que buscan resultados a toda costa, de hecho, registran ordenes desde el ejército que dicen “Hay que lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud”, lo que deja una estela de duda sobre la forma en qué procederá el ejercito y la legitimidad que le vana a dar desde la Fuerzas Militares. Otro caso que llamó la atención fue la directriz de “hacer lo que sea para generar resultados”, que incluso estaría legitimando usar grupos paramilitares para recolectar información que permita operaciones contra grupos enemigos. ¿Quién puede creer así en el Ejército? En este sentido, nombramientos como el del general Nicacio Martínez Espinel son un pésimo mensaje en términos de violaciones a Derechos Humanos. Es necesario recordar que el informe de HRW, contenía un documento con la firma de Martínez Espinel en 2005, en el cual, el entonces comandante certificó el pago de 1.000.000 de pesos a un informante en una operación en la que supuestamente se le dio de baja a dos guerrilleros, sin embargo, resultaron siendo dos civiles, incluyendo una niña de 13 años. Otros de los nombres que generan incertidumbre sobre el proceder de las Fuerzas Militares y que tienen tareas específicas en el ‘Plan de Guerra’ son: Jorge Enrique Navarrete Jadeth (Jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza), Raúl Antonio Rodríguez Arévalo (Jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas), Adolfo León Hernández Martínez (Comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro), Diego Luis Villegas Muñoz (Comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano), Edgar Alberto Rodríguez Sánchez (Comandante De La Fuerza De Tarea Aquiles), Raúl Hernando Flórez Cuervo (Comandante Del Centro Nacional De Entrenamiento), Miguel Eduardo David Bastidas (Comandante De La Décima Brigada Blindada), Marcos Evangelista Pinto Lizarazo (Comandante De La Décimo Tercera Brigada).

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El presidente Iván Duque convocó este lunes algunos partidos políticos para realizar lo que denominó “Pacto Nacional” sobre los temas coyunturales que tienen a esta administración en una crisis de gobernabilidad, puesto que, muchas de las iniciativas o propuestas han sido rechazadas en el legislativo debido a las minorías con las que cuenta en el Congreso. En ese sentido, Duque citó a los partidos tradicionales, tales como el Liberal, el de la U y el Conservador para hablar sobre el Acuerdo de Paz y otros puntos relacionados con el pacto, firmado en noviembre de 2016 con la exguerrilla de las Farc. Exclusión de la oposición Tan pronto se hizo pública dicha reunión, algunos de los miembros de la bancada de oposición rechazaron el encuentro al considerarlo excluyente con los partidos que le han apostado a la construcción de la paz y apoyado el acuerdo como lo son el Partido Verde, Decentes, Polo Democrático y el nuevo partido de la Farc. Asimismo, varios líderes de opinión asociaron esta reunión entre los partidos de gobierno y tradicionales, con el pacto político de 1958 denominado como “Frente Nacional”, cuando los liberales y conservadores acordaron repartirse el poder cada cuatro años para mitigar la violencia bipartidista. “Hace unos 62 años los políticos de los dos partidos tradicionales se reunieron en un ‘gran pacto nacional’ para excluir al resto del país. ¡Hoy sus delfines y herederos se autoconvocan para hacer lo mismo! Su pírrica visión y arrogante exclusión es lo único que vuelven a ofrecer”, expresó desde su cuenta de Twitter la candidata del partido Verde a la Alcaldía de Bogotá, Claudia López. Por su parte, el representante a la Cámara, Mauricio Toro expresó desde la misma red social que pareciera que Duque continúa en campaña. Según él, promete cosas que no va a cumplir. “¿Convocar un Pacto Nacional sin la oposición? No le mienta a Colombia: eso no es un Pacto Nacional; eso es un acuerdo con grupos políticos tradicionales. ¿Que busca con eso? ¿Vuelve la mermelada?”, apuntó el congresista. “Diálogo solo cuando se invite a la oposición” Partido Liberal El director del Partido Liberal y expresidente de Colombia, César Gaviria Trujillo, indicó a la opinión pública que la reunión concertada desde la semana anterior- estaba centrada para hablar de temas orientados a “tomar decisiones que mejoren y perfeccionen el proceso de paz”. Sin embargo, Gaviria dejó claro que dicho partido continúa apoyando lo acordado en el pacto de paz, y en ese sentido, si se estuviera pensando en una eventual modificación al texto, esta debería darse en compañía de todos los partidos, incluidos los de oposición. “Le dejé claro al señor presidente que tales diálogos solo podían hacerse con la participación de los grupos de oposición y que sería altamente conveniente saber si el Centro Democrático estaría interesado en participar”, aseguró. Y destacó que el compromiso de los liberales con el Acuerdo de Paz es “indeclinable” y por lo tanto, no actuarían en contra del mismo, pues consideran que este tiene protección de la constitución. Por su parte, el senador del partido de la U, Armando Benedetti, quien también apoya el Acuerdo de Paz, aplaudió la propuesta de su partido de lograr un acuerdo nacional siempre y cuando participen todos los partidos. Los ejes en discusión serían el fortalecimiento institucional (NO a la Constituyente); protección de líderes sociales; Implementación del Acuerdo de Paz; y elección de un Fiscal de todos los colombianos”, indicó. ¿Crisis del gobierno? Ante los rasgos de ingobernabilidad de esta administración, León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, expresó que el país no está en crisis, sino lo que está en crisis es el gobierno del presidente Iván Duque. En las encuestas no le va bien y lo castigan muy duro. Aproximadamente tiene 30% de aprobación, frente a un 60% de desaprobación. “Es un gobierno minoritario, en el Congreso pierde todas las votaciones, no puede sacar ninguna agenda legislativa. Entonces es un gobierno minoritario ante la opinión y ante las fuerza políticas, entonces para subsanar esto llama recurrentemente a un acuerdo. Pero esos acuerdos no los cumple y entonces llama a otro acuerdo”, indicó el analista. Para Daniel Palacios, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, lo que busca el gobierno es unir y no dividir. Y lo que quiere es llegar a unos puntos mínimos o consensos como, por ejemplo, la reforma a la justicia, las objeciones a la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, y lo que está sucediendo en materia de extradición como lo de Jesús Santrich. “El presidente de la república cuando hizo las objeciones a la Ley Estatutaria lo que planteó claramente fueron una dudas que se tenían dentro de un proceso muy grande”, indicó. Según Palacios, lo que Duque está mostrando es que pretende construir sobre un consenso para avanzar de un modo en el que todo el país se sienta representado. Sin embargo, hubo tanto revuelo y críticas de la oposición que la propuesta podría no llegar a buen puerto porque el gobierno de Duque está en una crisis enorme y son menos los congresistas que lo respaldan en sus decisiones.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Después de conocerse el atentado que sufrió la líder social de los Montes de María, Mayerlis Angarita Robles, en la ciudad de Barranquilla el pasado domingo 19 mayo; la incertidumbre sobre la protección a líderes y lideresas sociales crece. Asimismo, crece la crítica y la exigencia hacia el gobierno nacional, pues en su discurso el presidente Iván Duque ha expresado un rechazo categórico a estos sucesos, sin embargo, en términos de acciones; las garantías siguen siendo vulneradas de manera impune. En este sentido, en los últimos 15 días se han reportado múltiples casos de amenazas, intimidaciones y atentados contra liderazgos territoriales. Muchas agresiones se han realizado a través de panfletos, mensajes de texto, WhatsApp, correos electrónicos, llamadas telefónicas. Asimismo, hay amenazas que no son registradas, bien sea por el grado de riesgo e intimidación de la cual son objetos los líderes y lideresas sociales, los defensores y defensoras de derechos humanos y, los habitantes de la comunidad que adelantan trabajos en pro del territorio; como también porque sus casos no hacen parte de la agenda mediática. A pesar de ello, con base en registros de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, artículos de prensa nacional y regional; se pudieron rastrear casos que muestran que la situación en los departamentos no mejora. En este sentido, las intimidaciones y atentados pesan sobre personas, comunidades y colectivos que tienen que ver con procesos sociales. Recordemos que, según las investigaciones adelantadas por la Fundación Paz y Reconciliación – Pares, los perfiles de líderes y lideresas más victimizados; son los de aquellos que adelantan procesos como reclamantes de tierras, quienes participan en procesos políticos, quienes hacen parte de Juntas de Acción Comunal (JAC) —específicamente quienes adelantan procesos en contra a economías ilegales y, defensores y defensoras de derechos colectivos que están ligados a comunidades indígenas y negras. Zozobra en las regiones Las siguientes amenazas, hostigamientos o atentados muestran que se vienen presentando en territorios con presencia y disputa de grupos armados ilegales, que no solo operan sobre nombres específicos sino que también sobre colectivos o comunidades y que es difícil determinar concretamente quienes están detrás de dichos hechos. En Puerto Asís, departamento de Putumayo, el 7 de mayo nuevamente Jani Silva y Hugo Miramar fueron víctimas de hostigamientos y amenazas. Silva y Miramar son líderes de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de La Perla Amazónica (ADISPA); organización que se ha caracterizado por adelantar trabajo en favor de la paz, específicamente sobre programas de sustitución voluntaria. Precisamente, hombres se acercaron en motocicletas a averiguar sobre los programas de sustitución voluntaria, como también se ha denunciado que los han seguido hasta sus lugares de residencia. El pasado 8 de mayo, en Jiguamiandó, en el departamento de Chocó se dio a conocer que las AGC están intimidando y amenazado a 12 indígenas de la región. Esto según versiones recogidas en región por parte de la Misión Intereclesial de Justica y Paz; integrantes de las AGC estaría recogiendo información sobre pobladores de Alto Guayabal, Ibudó, Nuevo Cañaveral, Bioquera y Jaibia-Coredocito. En la región temen por la vida de los pobladores, pues a pesar de que algunas comunidades cuentan con medidas cautelares otorgadas por la CIDH y por el Juez de Restitución de Tierras de Quibdó; no son garantía frente a los hostigamientos de integrantes de las AGC que estarían operando en Belén de Bajirá. Otra de las alertas sobre la creciente ola de amenazas, se dio en el departamento de Risaralda, pues a inicio del mes de mayo, Ancizar Hiupa quien es secretario general del Consejo Regional Indígena de Risaralda, denunció que a 19 ha aumentado la lista de amenazados. Hiupa señaló que el 9 de mayo José Ever Arce Watiqui y su hermano Nicolás Arce Watiqui fueron amenazados por hombres armados que arribaron hasta sus residencias. Los hermanos Watiqui son miembros del resguardo Unificado Chamí del municipio de Pueblo Rico, además son docentes de una institución educativa de la región. Otro de los casos que alertan sobre esta situación, tuvo lugar en el departamento de Arauca, en dónde por medio de panfletos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) amenazaron a organizaciones sociales el pasado 9 de mayo. Las AGC bajo la premisa de que hay guerrilleros camuflados en procesos de organizaciones sociales, amenazaron en contra de integrantes del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca, así como del partido FARC. La amenaza de muerte es en contra de más de 25 nombres de habitantes del departamento de Arauca. El 11 de mayo nuevamente fueron amenazadas mujeres que integran el movimiento Fuerza Mujeres Wayúu, amenazas perpetradas por parte de grupos armados ilegales. En ambas fechas, las mujeres fueron amenazadas por medio de panfletos de las Águilas Negras, en los que amenazaron a seis (6) integrantes de dicha Organización. Recordemos que la organización ha adelantado un trabajo de acompañamiento con víctimas de paramilitares y militares en la región atlántica. Asimismo, han trabajado sobre los efectos e impactos de actividades asociadas a la extracción; sobre las comunidades. Uno de los últimos casos, tiene que ver, efectivamente, con María Mayerlis Angarita Robles quien, en compañía de una de sus hijas y un sobrino, fue víctima de un ataque con arma de fuego el pasado domingo 19 de mayo en la ciudad de Barranquilla. De esta forma hombres armados abrieron fuego contra la camioneta blindada en la que se transportaba. Cabe recordar que Mayerlis Angarita trabaja con alrededor cerca de 900 mujeres por medio de un Colectivo que lleva por nombre ‘Narrar para Vivir’, que desde hace años tiene presencia en 15 municipios de Montes de María. Mayerlis, justamente escribió ese día una columna de opinión en la Revista Semana. Desde la Casa de Nariño se da la espalda a los líderes Uno de los aspectos que llama la atención sobre la precaria forma de atender la crisis de derechos humanos que atraviesa la protección a líderes y lideresas en Colombia, tiene que ver con que hace cuatro meses, el procurador Fernando Carrillo anunció la convocatoria de una ‘Mesa por la Vida’ en Apartadó, quién pensaba en articular a los distintos jefes de las carteras ministeriales para atender la situación de violencia y tomar acciones territoriales que hicieran posible mitigar esta realidad. Otro caso que demuestra la inoperancia del gobierno nacional para atender la situación tiene que ver con un caso que caló en la agenda mediática; el atentado sufrido por la lideresa Francia Márquez, hecho que se registró al norte del departamento del Cauca, en zona rural de Santander de Quilichao. En este atentado se encontraban Clemencia Carabalí, Carlos Rosero, Víctor Moreno, Sofía Garzón y los escoltas heridos. Para este momento, el gobierno nacional rechazó con ahínco los atentados en el departamento del Cauca, sin embargo, pese a que discursivamente parecían atender las exigencias de los líderes y las lideresas; la ausencia del presidente para las interlocuciones es una constante. Justamente, el atentado de Santander de Quilichao se dio en el marco de una reunión que estaban preparando las comunidades con el gobierno nacional para adelantar los de las constantes violaciones a los Derechos Humanos, la condena y estigmatización a la protesta social y en el marco la Minga. Sobre la falta de voluntad del gobierno nacional, es necesario recordar que después del atentado, se programó una reunión en Santander de Quilichao el pasado 11 de mayo con las comunidades, Francia Márquez, una misión de verificación de la ONU y la Comisión de Paz del Congreso; a la que el presidente de la República no asistió.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El corresponsal jefe para la región andina del diario estadounidense The New York Times, Nicholas Casey, y el fotógrafo Federico Ríos, decidieron salir intempestivamente de Colombia luego de haber publicado un reportaje en el que contaron la posible reactivación de los llamados “falsos positivos” por parte de las fuerzas militares en el gobierno de Iván Duque. Durante los años de 2006 y 2009 se conocieron los casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de algunos miembros del Ejército contra la población civil, en el marco de la política de Seguridad Democrática del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta estrategia de defensa y seguridad consistía en presentar resultados de las bajas a combatientes de la entonces guerrilla de las FARC. Por lo tanto, se empezaron a presentar episodios en los que ciudadanos del común fueron asesinados y presentados como guerrilleros. Luego de la publicación del reportaje investigativo en primera página este sábado, los periodistas estuvieron en el ojo del huracán. En Twitter fueron señalados como colaboradores de la guerrilla por sus trabajos anteriores, señalamientos hechos desde las toldas del partido Centro Democrático. ¿Qué decía el artículo que desató la ira del uribismo? De acuerdo con la investigación realizada por Casey Las órdenes de lealtad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, esto dijeron oficiales del Ejército: “(…)en largas entrevistas, dos oficiales dijeron que los soldados colombianos vuelven a estar bajo una intensa presión y que este año ha comenzado a surgir un patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos”. “En una reunión relatada por uno de los oficiales, un general ordenó a los comandantes ‘hacer lo que sea’ para mejorar sus resultados, incluso si eso significaba ‘aliarse’ con grupos criminales armados para obtener información sobre objetivos, una estrategia de dividir y conquistar”, señaló el reportero. Asimismo, expresó que, por indicaciones de los superiores, a los soldados que aumentan la cifra de muertes en combate se les ofrecen incentivos. “Un patrón que —temen— es notablemente similar al de los asesinatos ilegales ocurridos a mediados de la década de los 2000”, destacó el texto. Aunque las oficiales registran un poco más de 4.000 casos de los “falsos positivos”. Otras investigaciones periodísticas y de organizaciones de Derechos Humanos han dicho que esta es una cifra subestimada y llegaría a 10.000 las víctimas de esta tipología criminal. Señalamientos del Centro Democrático La publicación de dicha investigación causó tanto furor en los medios nacionales que incomodó a la bancada del gobierno, debido a que, relacionó directamente la política de seguridad de Uribe con la actual de Duque. Por lo tanto, el mismo Uribe, la senadora María Fernanda Cabal y el representante a la Cámara Juan David Vélez -todos del Centro Democrático- respondieron al artículo de Casey y lo señalaron de hacer mal su labor como periodista. Lo acusaron de colaborador de las guerrillas a lo largo de su trayectoria como corresponsal. “Este es el ‘periodista’ Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las farc en la selva. ¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia? #CaseyEsFakeNews”, señaló Cabal en su cuenta de Twitter. La congresista también sentenció la investigación como tendenciosa y politizada, sin rigor periodístico, y que vulnera las garantías judiciales de quienes tienen la responsabilidad de enfrentar la barbarie respetando el DIH. “El Pacto por la libertad de expresión es para todos”, agregó y etiquetó a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Sin embargo, la FLIP condenó lo declarado por Cabal y Vélez, y en ese sentido, hizo énfasis en el riesgo que causan las estigmatizaciones provenientes de funcionarios públicos y líderes políticos a la libertad de prensa. “Esta clase de señalamientos en los que sin prueba que lo acredite se vincula a los periodistas con acciones u organizaciones ilegales son muy peligrosos ya que pueden ser entendidas como señal de permisividad para que terceros comentan agresiones en contra de la prensa”, reza el comunicado. Tras las acusaciones, el periódico The New York Times expresó que el diario no toma partido en ningún conflicto político en ninguna parte del mundo. “Una manera de desacreditar a las FF.AA (Fuerzas Militares) y de proteger la impunidad al narco terrorismo. Además, ignoraron las respuestas oficiales y las distorsionaron para decir que hay órdenes de asesinar inocentes y de no proteger civiles”, indicó el actual senador Uribe en la misma red social sobre la investigación. Por su parte la Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) manifestó su preocupación ante la salida del país de Casey. Y expresó que “los choques entre el poder y el periodismo son naturales en cualquier sociedad”. “La estigmatización de los periodistas en razón de su trabajo no solo pone en peligro la vida de los colegas Casey y Ríos, sino de todos los periodistas que, en cumplimiento de su labor, presentan la versión de las diferentes perspectivas dentro de una historia” agregó la APIC. También pidió a los congresistas rectificarse por las declaraciones dadas, debido a tienen mayor responsabilidad por el impacto que alcanza cualquier pronunciamiento. Y le solicitaron a la Procuraduría que se manifieste sobre la conducta de estos funcionarios en contra del trabajo del equipo periodístico.