Por: Redacción Pares Este lunes Iván Márquez, excomandante de la exguerrilla de las Farc publicó una carta, desde la clandestinidad, dirigida a los guerrilleros en los ETCR y a todos los colombianos se pronunció sobre la situación de su compañero Seuxis Paucias Hernández, conocido como Jesús Santrich. También lanzó fuertes acusaciones al presidente Iván Duque, al exfiscal Néstor Humberto Martínez, a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y al expresidente Álvaro Uribe Vélez. León Valencia, director de la Fundación paz y Reconciliación Pares, a raíz de la situación manifestó: «La tragedia nacional es que el uribismo sabe de negociaciones con el narcotráfico pero no entiende las negociaciones con la guerrilla y está actuando frente al proceso de paz con las Farc como si estuvieran ante Pablo Escobar o los paramilitares, esa equivocación la paga el país.» En la misiva, Márquez señala que «Es hora de levantar la voz contra la mezquindad humana del sistema encabezado por del uribismo y la embajada de los EEUU contra el sueño de paz de millones que buscaban poner fin a más medio siglo de confrontación armada.» Y sobre la actuación de las autoridades en la recaptura de Jesús Santrich que se presentó el pasado viernes, en el momento en que cumplía con la orden que lo dejaba en libertad, Márquez indicó: «Qué porquería de Fiscalía tenemos los colombianos que para liberar, recapturar y después practicar una legalización de captura a un invidente, tenga que doparlo hasta causarle inconciencia y un paro respiratorio.» A los guerrilleros en los ETCR y a todos los colombianos. Es hora de levantar la voz contra la mezquindad humana del sistema encabezado por del uribismo y la embajada de los EEUU contra el sueño de paz de millones que buscaban poner fin a más medio siglo de confrontación armada. pic.twitter.com/tkxGMDRKg1 — Iván Márquez (@IvanMarquezFARC) May 20, 2019 El excomandante guerrillero exigió que el expresidente Uribe debe responder “por los falsos positivos que hoy quieren reactivar (…) por el desplazamiento forzoso de la población campesina y el despojo violento de 8 millones de hectáreas de tierra”. Incluso, pidió, tanto a Uribe como a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que “digan la verdad sobre los muertos de la Comuna 13 de Medellín”. Por su parte, el partido político de la Farc, mediante un comunicado dado a conocer este lunes 20 de mayo, reiteró su compromiso de «(…)llevar a Colombia por la senda de la Paz y la reconciliación.» #Comunicado Consejo Político Nacional @PartidoFARC pic.twitter.com/wSNzCGkeHc — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) May 20, 2019

Por: Redacción Pares El movimiento Defendamos la Paz, creado por distintos sectores de la sociedad civil y que busca defender la integridad y el cumplimiento del Acuerdo de Paz, dio a conocer en un comunicado que «La crisis del país se está viviendo en los territorios más afectados por la guerra, que luego de haber comprobado de primera mano los dividendos de paz en 2017, hoy sufren el incremento de los homicidios (encabezados por los de líderes sociales y exguerrilleros), los desplazamientos y las víctimas de minas.» A continuación, Pares reproduce el comunicado completo del movimiento Defendamos la Paz: «Luego del trámite y rechazo de las objeciones presidenciales por parte de las dos cámaras del Congreso de la República, y del auto en que la JEP decidió la garantía de no extradición para Jesús Santrich, dirigentes del partido de Gobierno han reclamado al presidente de la República, Iván Duque Márquez, la declaratoria de un estado de conmoción interior para forzar medidas excepcionales. Pese a que fuentes gubernamentales han descartado esa posibilidad, consideramos necesario señalar que de elegir ese camino, el Presidente de la República estaría optando por destruir el proceso de paz en sus fundamentos, asestar un golpe contra la democracia, e indefectiblemente dar un giro hacia la entronización de un poder totalitario. En nuestras convicciones estará siempre el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales, y que las discrepancias con las mismas deben tramitarse en sede judicial. Sin embargo, con relación a los últimos acontecimientos llamamos la atención sobre el contraste entre la manera fluida con que se dio la cooperación internacional con la Fiscalía y no con la JEP, los pasos que fueron omitidos por el exfiscal Néstor Humberto Martínez para legalizar actuaciones en este proceso, y el ocultamiento de material que fue presentado después de la decisión de los magistrados. Mientras se resuelve su actual situación judicial y los eventuales conflictos de competencia, corresponde a las autoridades tomar todas las medidas para proteger la vida e integridad de Santrich. Estos hechos generan la fuerte impresión de que todo lo ocurrido pareciera una actuación meticulosamente tejida para provocar una crisis de legitimidad a la JEP, causar un grave daño al proceso de paz, inducir la equivocada percepción de que ha acontecido un cambio traumático en el funcionamiento del mecanismo de extradición, y promover la sensación de que se ha producido una situación de caos institucional que solo puede resolverse con medidas excepcionales. La verdadera crisis no se desprende de fallos de la JEP ni de la justicia ordinaria. La crisis del país se está viviendo en los territorios más afectados por la guerra, que luego de haber comprobado de primera mano los dividendos de paz en 2017, hoy sufren el incremento de los homicidios (encabezados por los de líderes sociales y exguerrilleros), los desplazamientos y las víctimas de minas. El Gobierno Nacional ha sido incapaz de llegar a estos territorios con una política de seguridad y justicia territorial dirigida a la protección de la población, y con bienes y servicios básicos para fomentar el desarrollo rural. Por el contrario, hoy se conoce que a los territorios se llega con una política de evaluación de resultados operacionales que tiene el potencial de devolvernos a las peores épocas de los ‘falsos positivos’. El movimiento Defendamos la Paz llama a la ciudadanía a discutir las decisiones judiciales en democracia y por las vías institucionales, y a volcarse a la transformación de los territorios más afectados por la guerra, allí donde el proceso de construcción de paz es más frágil. También insta a los organismos de la comunidad internacional a que redoblen su acompañamiento y observación indispensables para el afianzamiento del proceso de paz en Colombia. Mayo 20 de 2019

Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación designó un agente especial para verificar las dudas sobre el procedimiento de captura de Seuxis Paucias Hernández Solarte – ‘Jesús Santrich -, expresadas por el procurador judicial penal que asistió a la audiencia oral, y decidir si desiste del recurso presentado en la diligencia que concluyó sobre las cuatro de la mañana de este domingo, en el Hospital Universitario Mayor Méderi, de la capital del país. Como se expresó ante la juez de control de garantías que dirigió la audiencia, el Ministerio Público respalda la competencia de la Fiscalía General de Nación para iniciar la investigación y solicitar la detención. Así mismo, el ente de control considera que a Hernández Solarte se le garantizaron los derechos a contar con asistencia legal de sus abogados de confianza, a su protección con el traslado al búnker de la fiscalía, a ser examinado y valorado por médicos allegados, así como por un galeno del Instituto de Medicina Legal, y su remisión a una institución médica especializada en un plazo razonable. Apelación ante la JEP Simultáneamente, la Procuraduría avanza en la elaboración del escrito que presentará ante la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la paz, para que revoque la decisión de la Sala de Revisión que otorgó el beneficio de garantía de no extradición a ‘Jesús Santrich’ y ordenó su libertad. Apoyado en nuevas pruebas el Ministerio Público insistirá en el traslado del expediente a la Corte Suprema de Justicia, para que resuelva la solicitud de extradición del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, EEUU, teniendo en cuenta que los hechos investigados sucedieron después de la firma del acuerdo de paz. ¿Qué dice la JEP? Por otra parte, la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, al conceder la garantía de no extradición a Hernández , ordenó que, una vez esté ejecutoriada la providencia -cuya apelación ha sido anunciada por la Procuraduría General-, las autoridades judiciales colombianas investiguen debidamente la conducta que se le imputa al compareciente en los Estados Unidos de América. En su comunicado de este sábado, la Fiscalía General de la Nación aseguró que, como “producto de la cooperación judicial internacional”, en las últimas horas incorporó “nuevas evidencias y elementos de prueba” sobre el caso, que le permitieron expedir una orden de captura en contra de Hernández Solarte. Esas pruebas nunca fueron aportadas a la Sección de Revisión de la JEP. La JEP se pregunta por qué esas evidencias que dice tener la Fiscalía General de la Nación, suministradas por el país que solicitó la extradición de Hernández Solarte, no fueron aportadas al análisis que hizo la Sección de Revisión. Una vez se interponga debidamente el recurso anunciado por la Procuraduría General de la Nación contra la decisión de la Sección de Revisión en este caso, la Sección de Apelación de la JEP se dispondrá a considerarlo. La JEP enfatiza que, como Tribunal de Justicia Transicional, actuó en el caso Hernández Solarte como garante del proceso de paz, apegado a la juridicidad y no ha sido ella la que eventualmente propicie la crisis del proceso de paz, e insiste en el respeto al Estado de Derecho y a sus instituciones.

Por: León Valencia, director – Pares Ni el presidente Duque, ni el fiscal saliente Néstor Humberto Martínez, ni algunos sectores de la justicia de los Estados Unidos han entendido que el país ha cambiado y por eso han tomado decisiones y han hecho discursos como si estuviéramos en los tiempos de Pablo Escobar, o en los años de la dura confrontación con las Farc. Han tratado a Jesús Santrich como si fuera el jefe de un cartel de las drogas y le han dado a Marlon Marín el estatus de un agente infiltrado capaz de incubar con pruebas fehacientes un jugoso proceso judicial. Están actuando frente a la JEP como si fuera un tribunal ordinario, no un conjunto de juristas con acendradas convicciones de protección de los derechos humanos que están ante una misión extraordinaria derivada de un acuerdo de paz. Están prohijando acciones de las fuerzas militares frente a líderes sociales o a personas vinculadas a la paz, como en los tiempos del ascenso subversivo de las guerrillas donde resultaba fácil acusarlos de complicidad con estas fuerzas. Están invocando la guerra contra las drogas, como en el tiempo en el cual las organizaciones de narcotraficantes le plantaron un desafío de muerte a las instituciones del país y a los Estados Unidos y no era difícil convocar la solidaridad nacional para enfrentarlas. Señores, se firmó la paz con las Farc, entiendan eso. Señores, una parte de las élites del país quieren dejar atrás la guerra y la narcotización de las relaciones exteriores y construir otra agenda para la Colombia del siglo XXI. Señores, la izquierda salió de la marginalidad política y entró a disputar la presidencia y tiene ahora una importante bancada parlamentaria, capaz de llegar a acuerdos con esas élites políticas que quieren cambios en la vida nacional. Esa es una nueva realidad que exige unos comportamientos distintos de los altos funcionarios públicos. Jesús Santrich y la dirección del partido Farc se están comportando conforme al acuerdo de paz, apelando a los mecanismos de la justicia transicional. No han buscado atajos al estilo de los narcotraficantes, no han intentado negociaciones por debajo de la mesa ni han amenazado con violencia. Esta semana tormentosa terminó con un comunicado diciendo que nada ni nadie los hará volver a la guerra. No estamos ante las turbias negociaciones que se hacían y se deshacían con Pablo Escobar o con los paramilitares, de las que no se dejaban documentos con el detalle del proceso y las obligaciones de las partes. El Fiscal Martínez quiso envolver su renuncia en un dramatismo y en un manto ético propio de mejores causas. Duque y Uribe seguían el libreto, diciendo que se le estaba entregando el país al narcotráfico y se estaban rompiendo compromisos internacionales ineludibles. La fiscalía sacó de la manga otro auto de detención para impedir que se llevara a cabo la orden de la JEP. Esperaban que todos los partidos y grupos respaldaran estas acciones. Incluso en un desborde de imaginación, Martínez Neira llamó a la movilización inmediata del país para respaldar sus decisiones. Nada de esto ha ocurrido. Los defensores del acuerdo de paz que han ido creciendo al ritmo de estos acontecimientos, no han tragado entero y han criticado estas maniobras. Los medios de comunicación no han podido escapar a las nuevas realidades y están abriendo los micrófonos y las páginas a esas voces diversas que piden respeto a los acuerdos de paz, y que no se dejan intimidar con el expediente de que se está echando abajo la extradición y se está favoreciendo a los narcotraficantes. En estos días los líderes sociales han tenido una especial atención de los periodistas, y Francia Márquez que sufrió un atentado en el Cauca, pudo contarle al país su lucha y sus riesgos. A la vez, en un diario del prestigio y la influencia del New York Times apareció un artículo en el que se habla del retorno de los falsos positivos y se somete a un duro escrutinio las acciones de las Fuerzas Armadas. Esta vez ni los militares ni el gobierno han podido eludir las respuestas, o decir, como en el primer gobierno de Uribe, que se trata de perseguir a los aliados de la guerrilla. Ojalá el uribismo entienda muy pronto que estamos en un país distinto y por ello debe ajustar sus acciones y sus discursos a estas nuevas realidades. De lo contrario ellos irán al fracaso, pero el país sufrirá mucho en estos tres años que le quedan al gobierno de Duque.

Por: Naryi Vargas, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto Con la llegada de Iván Duque a la presidencia, el municipio de Tumaco parecía cobrar un lugar importante en la agenda de seguridad del Gobierno. Se anunció una lucha implacable contra las estructuras armadas ilegales y llegaron al municipio refuerzos para la Fuerza de Tarea Hércules con el objetivo de recuperar el control y la seguridad. Producto de esto fue la caída de alias ”David” jefe de las Guerrillas Unidas del Pacífico el 8 de septiembre de 2018, y la tan anunciada muerte de Walter Patricio Arizala, alias “Guacho” el 21 de diciembre. Estos dos jefes libraron una batalla a muerte por el control de las rutas del narcotráfico en zonas del Alto y Bajo Mira y Frontera, río Rosario, río Mejicano y zona de carretera, entre otros; también disputaban el control territorial para el desarrollo de otras actividades criminales como las extorsiones, el sicariato y otras actividades relacionadas con el narcotráfico en el sector urbano de Tumaco, particularmente en el Puerto. La guerra entre los grupos liderados por estos dos personajes dejó, entre 2017 y 2018, un total de 467 homicidios de los cuales el 58% fueron jóvenes. La estela de violencia que se desplegó en el municipio por parte de los diferentes actores armados legales e ilegales, debilitó las estructuras armadas y facilitó la mediación de miembros del clero y líderes barriales para que cesara el baño de sangre entre la gente de alías “David” y las de “Guacho”. Las labores dieron fruto a final de año, pues en el mes de diciembre se firmó un pacto de no agresión en la zona del Puerto que, según las comunidades, tiene una connotación táctica por parte de los grupos y no un interés real por poner fin a la violencia, pues el objetivo que perseguían los nuevos jefes era el de bajar el perfil ante la opinión pública y evitar que la Fuerza Pública mantuviera su presencia y operativos. El pacto ha funcionado, pues en el primer trimestre se han presentado 45 homicidios, casi la mitad de la cifra que se registró en 2018 para el mismo periodo. Sin embargo, la historia de Tumaco ha evidenciado que este tipo de hechos tiene un alcance limitado y no son definitivos para la consolidación de condiciones de seguridad. Esta vez no es la excepción. La incapacidad del Estado para recuperar la autoridad en el territorio, la Estructura Gente del Orden ha aprovechado la situación para crecer, de tal manera que se vive un aumento de reclutamiento y uso de NNA, quienes se ven sometidos a muestras de lealtad y de valentía como las que implementaban los grupos paramilitares, que consistían en asesinar y desaparecer personas como una primera prueba para ser admitidos en el grupos. Por otro lado, la situación de la extensa ruralidad en el municipio se encuentra en una nueva ola de violencia inaugurada por expansión y consolidación de otras estructuras armadas. Muestra de esto es lo ocurrido el fin de semana pasado en Llorente y Guayacana, en donde se presentaron cuatro (4) homicidios. O lo ocurrido en la zona rural de Mosquera, donde llegaron hombres encapuchados y fuertemente armados a disparar indiscriminadamente sobre algunas casas. Los habitantes de los consejos comunitarios de Río Rosario, Río Mejicano y Bajo Mira y Frontera, coinciden en afirmar que inmediatamente después de la posesión del presidente electo Iván Duque, empezaron a llegar a su territorio grupos paramilitares. La referencia a los paramilitares tiene que ver con el repertorio de acción que se ha comenzado a desplegar en el territorio y que es similar al de las extintas AUC, caracterizado por la sevicia y la crueldad con la que se ejerce la violencia. Afirman que estos están en un franco proceso de expansión y destacan el regreso de hombres como alias “Mario Lata” quien a principios del 2000 se había establecido en zonas del Bajo Mira y Frontera y había desaparecido todos estos años. Alias “Mario Lata” hizo parte de la Columna Daniel Aldana de la ex guerrilla de las Farc y de los Rastrojos del Loco Barrera. Mario Lata tiene una alianza con alias “Contador”, el narcotraficante y jefe criminal con mayor alcance hoy en Tumaco, quién ha logrado ocupar con mayor velocidad el espacio dejado por «Guacho», su anterior competidor. «Contador» ha demostrado mayor capacidad bélica y económica que el Frente Oliver Sinisterra y que las Guerrillas Unidas del Pacífico, las estructuras que han servido como como brazo armado del Cartel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, respectivamente. «Mario Lata» y «Contador» han comenzado una feroz disputa con estas dos estructuras PosFarc y de esa manera consolidar una alianza con los carteles mexicanos. Como resultado de la disputa, más de 700 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado y han tenido que huir, en la mayoría de los casos, hacia Ecuador. Así, el primer trimestre de Tumaco se caracteriza por una gran avanzada de estructuras criminales que dejan a su paso cientos de víctimas de desplazamiento forzado; el asesinato, amenazas y hostigamientos contra líderes sociales y étnico territoriales; el reclutamiento forzado de menores y múltiples afectaciones a los derechos de las comunidades. Avanzada criminal y violencia política La intimidación y la violencia en el municipio de Tumaco se viene presentando mediante panfletos intimidatorios en contra de líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y militantes de la Colombia Humana. Algo que ha tenido como consecuencias el paulatino desplazamiento forzado o ‘gota a gota’ de líderes de la región. Gran parte de los representantes legales de los 15 consejos comunitarios de Tumaco se encuentran amenazados, en algunos casos han tenido que salir del territorio y establecerse en la cabecera municipal. Algo similar ocurre con los gobernadores indígenas del pueblo Awá, con los líderes que trabajan en sustitución de cultivos y restitución de tierras. También han denunciado amenazas, presidentes de las JAC, y militantes de la Colombia Humana. Como consecuencia de esta situación, el movimiento social se debilita cada vez más, las luchas reivindicativas de los derechos de negros e indígenas de Tumaco, se han visto significativamente silenciadas dada la sensación de zozobra y la escasa o nula protección del Estado a través de sus instituciones responsables. Reclutamiento Forzado de Menores Personas entrevistadas de los corregimientos de Llorente y la Guayacana, lugares de muy alta conflictividad debido a que es un importante epicentro de narcotráfico, señalan a alias “Contador”, de origen antioqueño, como el principal responsable de los asesinatos y desapariciones forzadas que diariamente se comenten en esta zona. La desaparición forzada tiene allí una particularidad que complejiza la comprensión del fenómeno, y es que esa zona cuenta con una gran población flotante, muchos menores de edad, que diariamente llegan atraídos por negocios y tareas relacionadas con la coca. A alias “Contador” se le acusa del reclutamiento de menores para la conformación de verdaderos escuadrones para ejercer violencia. Según relataron algunos testigos a Pares, los niños entre 13 y 14 años son sacados de las instituciones educativas para ser instruidos en áreas como el manejo de armas y especialización como francotiradores. En el municipio que se ha vuelto común la práctica de tiro al blanco, a plena luz del día y desde carros utilizados por integrantes del grupo de “Contador”; los sicarios disparan indiscriminadamente contra transeúntes, muchos de los cuales son sus primeras víctimas fatales. Crece el temor por el regreso de los ‘falsos positivos‘ Gobernadores indígenas pertenecientes a resguardos del Pueblo Awá en el municipio de Tumaco, expresaron su gran preocupación ante la presencia de la Fuerza Pública en su territorio. Afirman que la seguridad alimentaria de su gente está en peligro debido a que temen salir de caza o pesca como suelen hacerlo, al igual que las mujeres a recolectar los productos que siembran debido a la presencia de la Policía. Afirman que hace poco han tenido la experiencia de ver a uno de sus miembros asesinado y presentado como disidente; sus mujeres han sido violadas, y dicen además, ser testigos, que no es sólo la guerrilla, disidencias o cocaleros quienes han puesto explosivos en sus caminos, sino también la Fuerza Pública.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Esta semana, abogados de las organizaciones de derechos humanos Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -Cajar junto con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos’, FCSPP, presentaron una comunicación a la Comisión II del Senado de la República solicitando no aprobar el trámite de ascenso del Brigadier General Nicasio de Jesús Martínez, actual Comandante General del Ejército, al grado de General. Las organizaciones denuncian su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo su jurisdicción cuando se desempeñó como segundo comandante en la Brigada X Blindada con jurisdicción en Cesar y La Guajira, entre octubre de 2004 y enero de 2006. “Durante ese periodo documentamos 31 casos con más de 70 víctimas”, señaló el abogado. “Este sólo hecho es bastante grave para no aprobar el ascenso del general porque, o bien él pudo haber tenido responsabilidad en estos hechos por tolerancia con sus subalternos,o bien no desempeñó correctamente sus funciones”, indica la comunicación emitida por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Sebastián Escobar, defensor de víctimas de ejecuciones extrajudiciales ante la justicia ordinaria y ante la JEP recordó que un grupo de senadores estadounidenses envió recientemente una carta al presidente Iván Duque en el mismo sentido, donde expresan preocupación por el nombramiento de militares en altos cargos en el Ejército señalados por presuntas violaciones a los derechos humanos. Carta de congresistas estadounidenses al presidente Duque El asesinato de Dimar Torres, un caso abierto El asesinato de Dimar Torres abrió de nuevo el tenebroso capítulo de las ejecuciones extrajudiciales. Tal como lo había informado la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, el martes 23 de abril, todos los hechos señalaban a miembros del Ejército como autores del crimen, aunque las últimas declaraciones el gobierno nacional dice tener cero tolerancia, en la práctica no ha sido certero con las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales que pesan sobre nombres que fueron nombrados desde la Casa de Nariño. Después de la inesperada renuncia de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía General de la Nación, Fabio Espitia asumió como fiscal encargado. Su primer anuncio fue que el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita será investigado por el asesinato Dimar Torres Arévalo, el pasado 22 de abril en zona rural del departamento de Norte de Santander. De esta forma, casi un mes después, se empiezan a hacer anuncios sobre el asesinato del excombatiente. Para el fiscal (e) Espitia, el coronel Pérez Amézquita incurrió en el ocultamiento de material de prueba, aun cuando el conocía lo sucedido en torno al asesinato de Dimar Torres. Espitia agregó que «De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudada, recolectados por la unidad de trabajo especializada tales como grabaciones e información legalmente obtenida se pudo determinar en vía de principio que el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita tendría conocimiento de los hechos». Hoy, las acusaciones que hizo la comunidad de Campo Alegre sobre la manipulación de la escena y la intención de ocultamiento del cuerpo del exguerrillero de las FARC cobran más fuerza a pesar de que el propio ministro de Defensa, Guillermo Botero, en principio las desmintiera. “Si hubo un homicidio, hay una motivación” A pesar de que han transcurrido casi tres meses desde que se conoció el informe que hizo Human Rights Watch (HRW), que reveló los graves vínculos de la cúpula militar, que fue nombrada por el ministro Botero y el presidente Duque, con las ejecuciones extrajudiciales; para el gobierno esto no ha sido prioridad para investigar ni para tomar decisiones. De hecho, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le había enviado un mensaje al gobierno nacional al respecto: “Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”. Sin embargo, el presidente Iván Duque, en una rueda de prensa este 17 mayo expresó que va a tener “cero tolerancia con cualquier acto que deshonre el uniforme de la patria o con cualquier acto que sea un delito o que constituya una grave violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario.» Así las cosas, mientras en el discurso parecen no tolerar delitos que constituyan graves violaciones a derechos humanos, en este momento siguen en sus cargos los nueve oficiales que están involucrados en las ejecuciones extrajudiciales.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «El presidente Duque y el partido de gobierno que es el Centro Democrático, están generando una desinstitucionalización del país con todos los discursos de odio, los discursos incendiarios, los señalamientos que se traducen en asesinatos de líderes sociales y de defensores de derechos humanos. Yo espero que después de lo ocurrido con Santrich y la JEP, haya un llamado a la razón.» Pares habló con Alirio Uribe Muñoz, abogado, exrepresentante a la Cámara del Polo Democrático Alternativo, quien lleva más de tres décadas trabajando como defensor de derechos humanos. Alirio Uribe llevó el caso de la defensa de la curul de ante el Consejo de Estado para conservar la investidura de Zeuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, Representante a la Cámara por el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, quien no se pudo posesionar el 20 de julio pasado por la detención administrativa de la que fue objeto como resultado de un pedido de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos. . Alirio Uribe ha hecho su carrera en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Cajar, una ONG que litiga casos de derechos humanos; en dicha organización comenzó como abogado y fue su director durante tres años hasta el 2013. Lideró procesos como las denuncias por las «chuzadas» del DAS, los asesinatos del humorista Jaime Garzón, del profesor Alfredo Correa de Andreis, de Manuel Cepeda Vargas y de sindicalistas como los de la empresa carbonera Drummond. Pares: ¿Cómo analiza los acontecimientos de las últimas horas: la decisión de la JEP de no extraditar a Jesús Santrich, la renuncia del Fiscal General y la posterior recaptura de Santrich este viernes en un ambiente nacional tan crispado? Alirio Uribe Muñoz: Pienso que el gobierno es un mal perdedor y que el fiscal hizo trampa. Era evidente que por más de 13 meses se venía dando una captura ilegal de Jesús Santrich. Esta semana pasada salieron tres decisiones judiciales: una de la JEP, que es una sentencia; salió una boleta de libertad emitida por la fiscalía y un fallo del Tribunal Superior de Bogotá ordenando la libertad inmediata de Jesús Santrich. Sin embargo, el gobierno y el fiscal hicieron toda la dilación para no hacer efectiva la libertad, y entre tanto volver a hacer un segundo montaje contra Santrich con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y de la DEA para finalmente hacer un show que es una trampa. Pares: ¿Qué sigue ahora para Jesús Santrich en manos de la Fiscalía General? A.U.M: Con la fiscalía lo que sigue va a ser la legalización de la captura y la formulación de cargos. Lo que queda en evidencia, insisto, es que el Estado es un mal perdedor y que le hace fraude a la ley con un grave perjuicio para el Proceso de Paz. Con estas actuaciones pretenden seguir desacreditando la Jurisdicción Especial para la Paz y obviamente estimulando que muchos exguerrilleros que no aparecen, que están escondidos, potencialmente pueden optar por volver a tomar las armas. Es un ataque muy fuerte, muy agresivo al Proceso de Paz; y a pesar de que se cae el fiscal Martínez y de que la Ministra de Justicia renunció, se genera todo un ambiente de crisis institucional. Lo que yo siento es que el Centro Democrático presionó a Duque para que decretara la conmoción interior, pero también tenían un plan B. Ese fue el que le aplicaron a Santrich: abrirle un nuevo expediente en Colombia. Pares: ¿Fue legal la recaptura de Santrich en la misma puerta de la cárcel La Picota de Bogotá cuando iba a salir en libertad? A.U.M: La recaptura es legal porque hay un nuevo proceso y tiene que haber una imputación. Lo que pasa es que todo se da en 48 horas en el contexto en que se vivió, es decir, las reuniones que hubo toda la semana en Casa de Nariño, la renuncia de la ministra de justicia y del fiscal general, todo fue un montaje para diseñar ese nuevo expediente y de esa manera también dilatar las decisiones judiciales que ordenaban la libertad de Santrich. Lo que siento es que no hay juego limpio y que obviamente esto es un nuevo capítulo de ese ataque contra Santrich. Yo lo defendí en el Consejo de Estado bajo la lógica de que la médula ósea del Proceso de Paz era «dejar de echar bala para echar lengua». Por eso logramos que el Consejo de Estado mantuviera la investidura de Santrich y decretara la fuerza mayor respecto de su detención. Pero quienes quieren hacer trizas el acuerdo y descalificar el proceso no querían que él se posesionara como congresista. Esto pone de presente, muestra que volvimos al uribismo, a las épocas en las que no había problema para pasar por encima de la ley con tal de imponer una supuesta razón de Estado. Pares: ¿Cuál ha sido el papel de Estados Unidos en esta historia? A.U.M: Es un poco paradójico porque el gobierno de Estados Unidos estuvo cuando se pactó el tema de la no extradición y la cláusula de no extradición en la mesa de negociaciones de La Habana. Estuvo durante todo el tiempo. Para nadie es un secreto que la suerte de Colombia, sea la paz o sea la guerra, pasa de alguna manera por la voluntad del gobierno de los Estados Unidos; se consideró que era importante que estuviera con un vocero y un delegado de Washington en la negociación. Hoy lo que yo siento es que hay temas que Estados Unidos no quiere. Por ejemplo ellos quieren seguir extraditando a todas las personas que a su entender deben extraditar, quieren volver a las fumigaciones aéreas, quieren que pare la sustitución voluntaria de cultivos y que se imponga la erradicación forzada. Eses es el papel de Estados Unidos en este proceso y eso produce una herida a la soberanía nacional. En este caso específico de Santrich hay una injerencia; esta semana cuando Martínez se retiró de la fiscalía dejó claro que Estados Unidos hace operaciones encubiertas en Colombia sin ningún problema, aquí tenemos los aeropuertos abiertos, aquí no hay ningún control sobre el ingreso de tropas militares. Seguimos en este momento sufriendo esa injerencia indebida cuando permitimos que se extorsionen a los magistrados de las Cortes con las visas. Eso evidencia que sí hay una intencionalidad de los Estados Unidos de sabotear, de alguna manera, la paz en el país. Pares: ¿Cuál es el mensaje hacia el gobierno nacional para que recomponga el camino que se le está extraviando? A.U.M: Hay un movimiento de sectores, no solamente de la oposición, sino sectores de partidos tradicionales como del partido de la U, como Cambio Radical, como el Partido Liberal, pero también muchísimos sectores de la sociedad civil, que están diciéndole a este gobierno que no puede hacer trizas el Acuerdo de Paz, que es importante cumplir lo pactado. Aquí el tema no es decirle a Duque que tenga una política de paz, no, esa política ya está en la Constitución Nacional y está en la ley; hay más de 140 normas estatutarias, ordinarias, decretos con fuerza de ley. El primer llamado es a que el gobierno cumpla con toda esa normatividad. Y a medida que se acercan las elecciones de octubre veo con preocupación que puede haber una gran desestabilización ya que no tengo ninguna duda de que la la extrema derecha saca ganancias electorales generando miedo al interior de la sociedad. Pares: ¿Qué sigue de aquí en adelante con el caso Santrich y todo lo que conlleva? A.U.M: Yo sigo confiando en las Cortes. Veo en el caso de Santrich fallos del Consejo de Estado, del Tribunal Superior de Bogotá, de la JEP y sigo creyendo en el control político judicial, y también en el control político en el Congreso. También está la supervisión internacional. Creo en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde paradójicamente está Estados Unidos, y que da un apoyo a la paz pleno a través de la misión en Colombia; está también la Unión Europea. La Corte Penal Internacional ha dicho que la JEP es un mecanismo importante para alcanzar la verdad y buscar mecanismos de justicia transicional y penas restaurativas. En cambio creo que este es un gobierno perdido; estos cuatro años de Duque son un gobierno perdido para la paz, perdido para los derechos humanos. El Plan Nacional de Desarrollo es un plan de negocios que desconoce normas ambientales. Yo creo que ante esa realidad tenemos que seguir movilizándonos, seguir cerrando filas, ejecutando acciones legales, llamados a la comunidad internacional, haciendo incidencia nacional e internacional. Pienso que al gobierno no le va bien, y esta desinstitucionalización que genera tampoco le conviene al gobierno mismo, no le conviene a los empresarios, al aparato productivo. Yo espero un nivel de razonabilidad, que se tomen correctivos a tiempo.

Por: Redacción Pares Y continúa el alto voltaje en el que el caso Santrich tiene al país. Este mismo viernes en que se esperaba su liberación, Jesús Santrich fue nuevamente capturado, a las 5:15 de la tarde y en el preciso instante en que salía de la cárcel La Picota. La captura se produjo por orden de la la Fiscalía General de la Nación, y de esta manera se infiere que se le va a imputar un delito cometido después del 1 de diciembre de 2016. En la misma puerta de la cárcel Picota se le notificó sobre una nueva orden de captura y fue llevado, inmediatamente, a bordo de un helicóptero de la policía hasta la se de principal de la Fiscalía General de la Nación, al occidente de la ciudad. En las últimas horas, señala la Fiscalía a través de un comunicado oficial, hubo una declaración de Marlon Marín desde Estados Unidos en la que implicó a Santrich con el comercio de cocaína hacia ese país. La recaptura de Santrich estuvo precedida por muchos rumores de presiones al presidente Duque, provenientes del círculo más radical del uribismo, para que decretara el estado de conmoción interior y no obedeciera la decisión d la JEP. Por su parte, la senadora del partido político Farc, Victoria Sandino, señaló tras la recaptura de Jesús Santrich: «No existe una sola prueba que demuestre que Jesús Santrich cometió ningún delito. Esto que están haciendo es un favor a los señores de la guerra que quieren acabar con la JEP.» En ese sentido, este el mensaje publicado por el partido político Farc: Jesus Santrich acaba de ser recapturado en la puerta de la Picota. Aún así nadie borrará la victoria contra los enemigos de la Paz propinada por un hombre de infinita dignidad. Seguiremos luchando y resistiendo. Venceremos!!! @SantrichLibre — FARC (@PartidoFARC) May 17, 2019 Con la recaptura de Jesús Santrich, movimientos sociales y fuerzas políticas llaman a rodear el bunker de la Fiscalía General de la Nación para evitar su extradición.

Por: Redacción Pares Este viernes al mediodía, ‘Jesús Santrich’ se hirió los brazos con una navaja en su celda de la cárcel de La Picota en Bogotá. Al parecer se cortó como protesta por la versión según la cual se estaba planeando su extradición inmediata a los Estados Unidos, y esta sería ordenada por el presidente Duque en el marco de una declaración de conmoción interior. Se confirma por parte del director del Inpec, que Santrich ya recibió atención médica. Sin embargo, la Secretaria Jurídica de la Presidencia, Clara María González, le ha manifestado a varias fuentes confiables que no habrá Estado de Conmoción Interior. Y agrega que el Presidente Duque es respetuoso del Estado de Derecho. A esta hora, el Tribunal de Bogotá acaba de decidir sobre Habeas Corpus de Santrich ordenando libertad inmediata. Últimos sucesos del caso Santrich Este viernes, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, aplicara la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández, porque las pruebas no permitieron evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización, y en ese sentido ordenó a la Fiscalía General disponer libertad inmediata para Paucias Hernández, la situación de Paucias, conocido como Jesús Santrich, es de alta tensión. Apenas unas horas después del anuncio realizado por la JEP, se vino la renuncia del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, en un episodio que causó indignación en unos sectores de la opinión y de la política nacional y euforia en otros. “Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación”, indicó Martínez en una rueda de prensa en Bogotá. El mensaje del presidente Duque sobre el caso Santrich El país esperaba la reacción del presidente Iván Duque Márquez. Y en horas de la noche del miércoles, Duque manifestó estar indignado por la decisión de la JEP y su mensaje fue en sentido contrario al fallo del Tribunal: «Nuestro país no cohabitará con el narcotráfico, que representa perturbación del orden público, que amenaza estabilidad institucional. El debilitamiento de herramientas como la extradición es una amenaza que vamos a enfrentar con todas las opciones que nos brinda la Constitución.» En ese sentido, la embajada de los Estados Unidos también se pronunció ante la decisión y expresó su desacuerdo ante el fallo del Tribunal de Paz: Maniobras para dilatar la salida de Santrich de La Picota Más de 30 horas desde que la JEP ordenara la libertad de ‘Jesús Santrich‘ y debido a la negativa del Director Cárcel La Picota y dilaciones con boleta de libertad, la defensa del excombatiente había radicado en la noche del jueves el recurso de Habeas Corpus. Este recurso fue presentado por Gustavo Enrique Gallardo y Eduardo Matyas Camargo, defensores de ‘Santrich’: «En la cárcel pusieron problemas inicialmente por exámenes médicos, después que estaban averiguando con Interpol y ahora el director de la cárcel ha salido del establecimiento sobre la solicitud de la libertad», dijo Camargo, afuera de La Picota, a los medios de comunicación. Ya van más de 30 horas desde que la @JEP_Colombia, ordenó la libertad de nuestro compañero Jesús Santrich. Debido a la negativa del Director Cárcel La Picota y dilaciones con boleta de libertad, la defensa ha radicado recurso de Habeas Corpus. ¡LIBERTAD INMEDIATA PARA SANTRICH! pic.twitter.com/waCv0QnQOV — #SantrichLibre (@SantrichLibre) May 16, 2019 A esta hora, Colombia espera una declaración del presidente Iván Duque Márquez indicando cuál será la decisión que se va a tomar en este caso. Por el momento, el país sigue en un estado de crispación y polarización que, definitivamente, no es conveniente. El director de Pares, León Valencia, indicó al respecto: «El país, sus instituciones, los partidos, las organizaciones sociales, las iglesias, los medios de comunicación deben rechazar cualquier aventura del Uribismo para romper el hilo constitucional.»

Por: Redacción Pares Este jueves, distintas organizaciones y líderes sociales se reunieron en el Club de Ejecutivos de Bogotá, con el fin de hacer el lanzamiento de la campaña “Más Unidos por la Paz”, que pretende sumar esfuerzos por la reconciliación y la despolarización del conjunto de la sociedad colombiana. En el marco de este evento, el expresidente de Colombia y presidentede la Corporación Vivamos Humanos, Ernesto Samper Pizano y Ángel Martín Peccis, director de la oficina en Colombia de la Organización de Estados Iberoamericanos OEI, hicieron entrega a la Defensoría del Pueblo de la herramienta social DEACUERDO.CO, instrumento que hace seguimiento a los acuerdos establecidos entre las comunidades y los últimos gobiernos colombianos, con el fin de hacer veeduría y control en el cumplimiento de los mismos. En ese sentido, el vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero Chacón, expresó: ‘recibimos complacidos esta herramienta como instrumento fundamental para hacerle seguimiento a los acuerdos; agradecemos en nombre de la Defensoría del Pueblo’. En este espacio participaron representantes de Movilizatorio y la organización campesina del Catatumbo ASCAMCAT. De igual forma, se realizó el conversatorio “Activismo y jóvenes por la paz”, en el que se debatieron los pros y contras del activismo digital, el uso de redes sociales y el fomento de movilización ciudadana a través de plataformas. Participaron reconocidos grupos digitales, tales como change.org, la fundación Franz Weber, El Avispero y el colectivo Orlando Fals Borda. Finalmente, el reconocido grupo “¿Se lo explico con Plastilina?”, dictó un taller para todos los asistentes en el que, a través de la creatividad,cada persona expresó su visión de la Colombia actual y la que cada quien quisiera construir. Para terminar, las organizaciones hicieron un llamado para firmar un gran pacto ciudadano por la paz.

Por: Lina Macías y Daniel Esteban Abello Clavijo. Investigadores Pares. Señalamiento a líderes y falta de garantías de participación (III – última parte) Si el año pasado se cerró en el país con una cifra alarmante de 87 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, el trágico arranque del presente año es un llamado urgente a impulsar acercamientos que contemplen necesidades diferenciales, colectivas y que, en últimas, se ajusten a contextos complejos, yendo más allá del estrecho enfoque en protección física y material que ha sido promovido una y otra vez desde distintas instituciones del Estado sin mayores resultados. Además, en el panorama actual parece haber claves que permiten entrever que la situación, ya de por sí crítica, puede no haber tocado fondo: por una parte, de acuerdo con investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, entre los perfiles de víctimas predominan ampliamente los líderes y lideresas que son: (1) reclamantes de tierras y Verdad, (2) participan de procesos políticos, (3) miembros de JAC (Juntas de Acción Comunal) que se oponen a economías ilegales de distinto tipo y (4)defensores y defensoras de derechos colectivos ligados a comunidades negras e indígenas. Para comprender esta dinámica y evidenciar los peligros que esta encierra para el posconflicto, la Fundación Paz y Reconciliación Pares, ha identificado los cuatro (4) principales conflictos que sufre hoy el departamento del Guaviare. En este artículo presentamos el cuarto y último de ellos: Líderes sociales: estigmatizados y señalados El Guaviare como territorio ha sido forjado por diferentes olas colonizadoras, y si bien las antiguas FARC-EP lograron un control predominante sobre el departamento, también es cierto que este también has sido ejercido por distintos grupos políticos cercanos al paramilitarismo. Un ejemplo de esta relación ha sido la conducción política de “Nevio Echeverry Cadavid (2001 – 2003), José Alberto Pérez (2004 – 2007) y Oscar de Jesús López Cadavid (2008 – 2011) señalados por Don Mario de haber tenido nexos con el paramilitarismo, se han posicionado económica y políticamente y han fomentado una cultura del desprecio, la discriminación y la exclusión social de aquellos que van en contra de sus “intereses”. (2) Ante el panorama electoral, los líderes sociales expresan que se ha adelantado una campaña de estigmatización y señalamiento silencioso hacia líderes sindicales y políticos que representen oposición al gobierno actual. Dice Julio Fuentes, defensor de Derechos Humanos del departamento que “aunque no ha habido una criminalización directa a los líderes sociales, si han ocurrido señalamiento a algunos líderes de la alianza campesina, a líderes del Guayabero, líderes de JAC o a cabezas visibles de los ETCR que se asocian a un partido o a una postura política” (J. Fuentes, comunicación personal, abril 26 de 2019). Estos señalamientos elevan su nivel de riesgo en un contexto político donde se juegan intereses sobre la tierra, los recursos naturales y las economías ilícitas. Cuenta un líder sindical que la gente teme verse asociada o favorable al Partido FARC o a líderes de posturas alternativas, puesto que esto genera consecuencias directas a los simpatizantes, como por ejemplo la no vinculación laboral de ellos y sus familiares dentro del departamento o detenciones arbitrarias por parte de policía o las Fuerzas Militares aduciendo que pertenecen a alguna guerrilla o disidencia. Esta situación tiene una repercusión directa en el ejercicio de participación ciudadana y su incidencia en los asuntos públicos del departamento: la población se ve presionada de manera directa o indirecta a reelegir una y otra vez a la misma clase política que compra, manipula y extorsiona a comunidades y saquea su territorio. Es una práctica social que profundiza la concentración del poder y promueve la violencia sistemática de quieres defienden los derechos de las comunidades. Líderes sociales, por la reconstrucción del territorio Si el Estado no logra responder eficazmente ante la emergencia de estas conflictividades y al vacío de poder y control que ocupaba la guerrilla, estará abriendo la puerta a la instauración de “nuevos poderes” que buscarán obstaculizar la implementación del Acuerdo para proteger sus intereses y dar paso a la degradación paulatina de la Amazonia, que representa una de las ultimas reservas de vida que el planeta tiene como especie. Es sobre esta reflexión que los líderes y lideresas sociales, campesinos, indígenas, afrodescendientes y defensores de derechos humanos vienen proponiendo alternativas, como la producción agrícola responsable, la protección del bosque amazónico y sus comunidades indígenas. A su vez, hacen un llamado permanente para frenar la lógica de la acumulación y de depredación así como resistiendo a las viejas prácticas del miedo y la coerción que distintos grupos armados quieren impulsar nuevamente por el control territorial. Como lo señala Julio Fuentes, “se trata de romper el círculo vicioso de miseria, corrupción y expropiación que viene deteriorando nuestra selva amazónica, esta es la única que nos queda”. Lo que está sobre la mesa es la manera de abordar la idea de seguridad, que hasta el momento parece reducirse a visiones individuales, pasajeras y policiales, amalgamadas bajo la vieja fórmula de “hacer llegar el Estado” desde arriba. Son apremiantes los enfoques que den prelación a las particularidades territoriales, reconociendo lo que ya está en marcha y los riesgos latentes; a ampliar la cabida de las medidas colectivas y a la identificación de más autores intelectuales. ————————————— [2] “En marzo de 2010, Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, exintegrante de las AUC, aseveró en una versión ante la Unidad de Fiscalías de Justicia y Paz, que los gobernadores mencionados llegaron a esos cargos gracias a la injerencia de los grupos paramilitares y que Echeverry Cadavid fue auspiciador de los primeros grupos paramilitares en Paratebueno, donde tiene una hacienda. El 19 de enero de 2011, López Cadavid, primo de Echeverry Cadavid fue condenado a 90 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia, por concierto para promover grupos armados al margen de la ley” (López, Revista Sur, 2017).

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Al parecer, la situación que se viene presentando en Santa Marta no se ha tomado con la debida seriedad en Casa de Nariño. Hoy en la capital del Magdalena casi la mitad de los barrios no cuentan con acceso al agua; y tampoco se ha atendido el malestar que vienen manifestando funcionarios de la alcaldía de esta ciudad con la designación del alcalde encargado, Andrés Rugeles. Diez (10) secretarios decidieron, desde este miércoles, entrar en huelga de hambre para exigirle al presidente Iván Duque que defina un alcalde encargado de la terna que le envió Fuerza Ciudadana, colectividad que avaló en su día a Rafael Martínez, alcalde titular actualmente detenido. Recordemos que hace un poco más de un mes, el gobierno nacional decidió reemplazar al saliente Martínez, quien tuvo que apartarse del cargo debido a una investigación por haber incurrido, presuntamente, en irregularidades en contratos para demolición y posterior construcción de cinco (5) puestos de salud en Santa Marta. Para el gobierno nacional, el nombre idóneo para reemplazar a Martínez fue el de Andrés José Rugeles Pineda, quien era secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Paralelamente, mientras Martínez lleva un mes detenido después de la decisión que tomó el Juez Octavo Penal Municipal de Santa Marta, la llegada de Andrés Rugeles a la alcaldía de la capital del departamento del Magdalena ha sido llena de traumatismos y ha causado malestar. De hecho, su posesión la marcó la decisión de remover a siete (7) secretarios que venían trabajando con la administración anterior. Esta última decisión desató la huelga de hambre que ya cumple tres días. Ante el vencimiento del tiempo para que Presidencia designe alcalde (e) de la terna enviada por @fzciudadana, agradezco la firmeza del Equipo de Gobierno que nos queda, por la ilegitima intervención que hacen de nuestro periodo de gobierno. pic.twitter.com/yvo5yeWFj6 — Rafael Martinez (@mrafael70) May 15, 2019 Por el momento, Rugeles ha dicho que no va a ceder a esa presión y que su tarea es velar porque se respete la institucionalidad. “De ninguna manera vamos a permitir que se sabotee nuestra gestión, de ninguna manera vamos a interrumpir el proceso que se ha iniciado, que es un proceso donde va a prevalecer la transparencia, la eficiencia y cero corrupciones”. Un discurso muy similar al que expresa Iván Duque cuando hay protestas o manifestaciones producto de la inconformidad por decisiones de gobierno. El descontento de los funcionarios Ya se cumplen 56 días de enviada la terna y los samarios siguen esperando que se respete su decisión democrática de las pasadas elecciones, en donde eligieron a un gobierno del cambio y no al que hoy ocupa la alcaldía y gobierna con los que fueron derrotados. Los funcionarios mantienen la huelga esperando alguna señal desde la Casa de Nariño bajo los lineamientos expresados por Ingrid Aguirre Juviano, gerente de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR); quien el día del anuncio expresó: “Nos declaramos en huelga de hambre indefinida para declarar al presidente Iván Duque el cumplimiento de su obligación constitucional de nombrar de entre los integrantes de la terna presentada a su consideración por el grupo Fuerza Ciudadana, al alcalde que reemplace a Rafael Martínez, suspendido en virtud de orden judicial y mientras se surte el trámite jurídico de la apelación a dicha medida”. Junto a Aguirre, se encuentran en huelga el secretario de Gobierno Adolfo Bula Ramírez, Diana Viveros de Cultura, Andrés Correa de Promoción Social, Ernesto Castro de Movilidad, Julio Salsas de Salud, Anabel Zúñiga de la Alta Consejera para la Paz, el secretario de Gobierno Adolfo Bula Ramírez, el director del DADSA Wilson Rodríguez, el subsecretario de Desarrollo Rural, Rafael de Lavalle y el Alto Consejero para la Sierra Nevada y Zona Rural, Raúl Pacheco. «Como Alcalde y Secretario de Transparencia hemos llegado a esta ciudad a dar una lucha frontal contra la corrupción y nadie nos va a detener en esta lucha por la transparencia en el uso de los recursos públicos». Los funcionarios están exigiendo la presencia de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en la Alcaldía de Santa Marta para que informe sobre el estado de la selección del alcalde encargado de entre los ternados. A través de un comunicado de prensa, los Alcaldes locales, directores y jefes de oficina de las diferentes Secretarías y entidades descentralizadas de Santa Marta v, integrantes en segundo nivel del gabinete del Alcalde Rafael Martínez, anunciaron su total respaldo a la huelga de hambre que adelantan los Secretarios de Despacho. «Respaldamos total, absoluta e irrestrictamente la huelga de hambre en que se han declarado los 10 secretarios, gerentes de entidades descentralizadas y altos consejeros del Gabinete del Alcalde Rafael Martínez y los cinco puntos contenidos en la declaración emitida este miércoles 15 de mayo.» #AEstaHora Ciudadanía del común y funcionarios acompañan la protesta pacífica de los secretarios de gabinete que se declaran en #HuelgaDeHambreSantaMarta indefinida, ante la NO decisión del presidente @IvanDuque de nombrar de la terna. pic.twitter.com/NrJZG76LhY — FUERZA CIUDADANA (@fzciudadana) May 15, 2019 También solicitan que el presidente Duque Márquez, de cumplimiento de la obligación constitucional de nombrar alcalde (e) entre los integrantes de la terna presentada por el grupo significativo de ciudadanos, Fuerza Ciudadana quien reemplazará al Alcalde Martínez , mientras resuelve la apelación a la injusta orden judicial que lo mantiene suspendido en estos momentos. Finalmente, los diez funcionarios que entraron en huelga de hambre solicitaron la presencia de un delegado de la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo, como garantes de su protección durante la acción de reclamo que están adelantando.