Por: Redacción Pares Gloria María Borrero, quien se desempeñaba hasta hoy como ministra de justicia, anunció la renuncia a su cargo. Según la alta funcionaria, era algo que ya estaba acordado y no tiene nada que ver con la libertad otorgada a ‘Jesús Santrich’ por parte de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). “Teníamos acordada la fecha de retiro, no tiene nada que ver con eso. Yo creo que llegó el momento que el ministerio de Justicia necesite otro liderazgo”, declaró Borrero. La funcionaria duró nueve (9) meses en su cargo y su desempeño fue bastante gris, ya que no logró sacar adelante ninguna iniciativa clave para reformar esa rama en el Congreso. Vale la pena recordar que el proyecto de reforma a la Justicia, se hundió en diciembre del año pasado en el Congreso. Margarita Cabello Blanco, uribista ‘purasangre’ de origen conservador, muy cercana al exprocurador Alejandro Ordoñez Maldonado y magistrada de la Corte Suprema de Justicia, será su reemplazo en el Ministerio de Justicia. La nueva ministra es abogada de la Universidad de la Costa, con especialización en derecho de familia y derecho procesal de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido Juez Penal Municipal de Sabanalarga, Juez de Menores, Juez civil del circuito de Barranquilla, Magistrada de la Sala Civil y de Familia del Tribunal de Barranquilla.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Un mes después de que el Consejo de Estado diera nulidad a la curul de Antanas Mockus, parece que este capítulo de la vida política del país no se ha cerrado. El segundo senador más votado en la historia podrá volver al Capitolio. La decisión la dio a conocer el Consejo de Estado este jueves 16 de mayo, y la razón fundamental que tiene, momentáneamente a Mockus dentro del Congreso, tiene que ver con una solicitud de medidas cautelares, después de que el senador conociera la decisión que anulaba su elección. De esta forma, queda suspendida la decisión del mismo Consejo que declinó en favor de la demanda de nulidad presentada por los abogados José Manuel Abuchaibe Escolar, Nesly Edilma Rey Cruz y Víctor Velásquez Reyes, quienes comenzaron la avanzada contra el cargo de Mockus. Hoy, al quedar claro que la sentencia del Consejo de Estado no está ejecutoriada, regreso a cumplir con mis deberes de congresista… pic.twitter.com/hGKgqf7Tr9 — Antanas Mockus (@AntanasMockus) May 2, 2019 La decisión que permite el retorno provisional de Mockus la dio a conocer la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por medio de la cual suspende la sentencia del 11 de abril pasado que declaró la nulidad en la elección de Mockus. Cabe aclarar que esta nueva determinación, aún mantiene la expectativa sobre la curul del senador, debido a que, justamente, su presencia en el Capitolio está supeditada a una revisión de fondo a la demanda de nulidad sobre su curul. Es decir, se hará una revisión en detalle sobre su curul y la decisión que marginó a Mockus del Congreso durante más de un mes. Ese 11 de abril el pulso lo habían ganado los abogados Abuchaibe Escolar, Rey Cruz y Velásquez Reyes con la demanda sobre los contratos de Corpovisionarios firmados con la Gobernación de Cundinamarca, ya que en ese caso específico, Mockus oficiaba como representante legal de dicha fundación. A partir de la salida de Mockus del Senado, el exnegociador del Acuerdo de Paz, Humberto de la Calle Lombana, entró a oficiar abogado defensor de Antanas. Desde la llegada de Humberto de la Calle, e incluso desde antes, la defensa de Mockus ha reiterado en varias ocasiones que el senador no firmó en calidad de representante legal el mencionado contrato que le sindican con la gobernación de Cundinamarca. Asimismo, la defensa del senador ha puesto en marcha una acción de tutela en la que argumentan, principalmente, el hecho de que a Mockus se le estarían vulnerando el derecho a elegir y a ser elegido. De hecho, la posibilidad del retorno de Mockus al Senado es gracias a la tutela que interpuso la defensa, en la que alegó sobre la violación de los derechos de Mockus sobre el caso de haber sido juzgado dos veces por el mismo hecho. De esta forma, la magistrada Nubia Peña, fue la encargada de concederle a Mockus la medida cautelar de la suspensión de la Sección Quinta, del 11 de abril. El argumento de la magistrada fue la protección su derecho fundamental al debido proceso. Así las cosas, la magistrada Peña, después del estudio de la tutela interpuesta por la defensa de Mockus, efectivamente, encontró la existencia de dos decisiones con dos conclusiones distintas. Es decir, a Mockus lo estaban juzgando por nulidad electoral y solicitud de pérdida de investidura. Otra de las cosas que precisó la magistrada fue que ambas se basaron de forma simultánea, teniendo como objeto la misma conducta. Otra de las razones en las que se ha centrado la defensa en cabeza de Humberto de la Calle, obedece a que, en el caso de Mockus, se habría incurrido en la violación al debido proceso, debido a que el fallo del Consejo de Estado por medio de la Sección Quinta se hizo efectivo hace un mes, a pesar de que en la Sala Plena de dicha entidad, aún no se ha decidido si declinan en favor o no la decisión que mantuvo la investidura de Mockus, con el argumento de que los contratos no lo inhabilitaron. Finalmente, según indica el fallo “Se requiere de una medida urgente e impostergable para que se suspendan los efectos de la sentencia y con ello los trámites para proveer la curul por la nulidad de la elección del congresista Antanas Mockus, hasta tanto se resuelva sobre la solicitud de la presente tutela”. Esta medida mantiene vivo el capítulo de la curul de senador de la Alianza Verde.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El exfiscal Eduardo Montealegre y el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo (2012-2016), informaron este martes que en el mes de junio darán a conocer el resultado de una investigación que demuestra la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez -en su paso por la gobernación de Antioquia- en las masacres de la Granja y el Aro ocurridas en 1996 y 1997, respectivamente. “Adelantamos un estudio, muy serio, que daremos a conocer en el mes de junio de este año, donde demostramos, a la luz de las estructuras de imputación del derecho penal internacional, la responsabilidad del exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, en las masacres del Aro y la Granja”, señalaron por medio de un comunicado. Según expresaron los exfuncionarios, darán a conocer la investigación personalmente a la Corte Penal Internacional en la Haya, y a la Corte Suprema de Justicia en Colombia. Por su parte, el representante de la Cámara Edward Rodríguez del Centro Democrático, partido político del gobierno, compulsó copias el mismo día a la Comisión de Investigación y Acusación por las presuntas participaciones en hechos delictivos de Montealegre y Perdomo en otro polémico caso denominado “El Cartel de la Toga”. En ese sentido, Montealegre y Perdomo señalaron que esta medida interpuesta en su contra responde a la investigación en curso sobre la responsabilidad de Uribe las masacres, que dejaron 20 personas asesinadas por parte del grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el municipio de Ituango. Investigaciones relacionadas con Uribe “No descansaremos en investigar y denunciar los crímenes de guerra en que incurrió Alvaro Uribe y su ronda de violadores a los derechos humanos. Desde la Fiscalía General, investigamos, acusamos y obtuvimos condenas, contra su entorno”, indicaron en el texto. En el periodo en el que ocuparon los respectivos cargos tuvieron en su despacho las investigaciones sobre las “chuzadas” del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); la persecución sistemática a la Corte Suprema de Justicia y por la persecución a defensores de derechos humanos en Colombia y en Europa. De acuerdo con el comunicado, otros casos que pasaron por el despacho fueron las sentencias condenatorias obtenidas contra los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Andrés Felipe Arias; la apertura oficial del proceso y la medida de aseguramiento contra el hermano del Expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez. También la compulsa de copias contra el hoy senador Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia, por delitos de lesa humanidad relacionados con el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia, caso tal de las masacres del Aro y la Granja. El Cartel de la Toga Por su parte, el Representante a la Cámara señaló que Montealegre y Perdomo cometieron presuntamente delitos mientras ocupaban los respectivos cargos. Sin embargo, no pudo explicar con detalles, debido a que, es un proceso jurídico que requiere de reserva. Este episodio se enmarca en el “Cartel de la Toga”, un caso de corrupción judicial que se conoció en agosto de 2017, el cual consistió en detener o archivar investigaciones en curso en contra de aforados. Y por el cual, fue capturado y extraditado el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Otros de los sindicados de hacer parte de esta red corrupta, son el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos y el exmagistrado Gustavo Malo, a quien este miércoles se le expidió una orden de captura. “Se encontraron serios indicios que permiten concluir de la participación de Bustos como el cerebro de una organización criminal encaminada a favorecer aforados en procesos de única instancia que se tramitaban por supuesto en la sala de casación penal de la honorable Corte Suprema de Justicia”, expresó el congresista. Rodríguez indicó que a Leonidas se le acusó de tres delitos: concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias. El primero porque no solo era el cerebro de la organización, sino que se probó claramente conexidad con los diferentes miembros de dicha organización que él daba instrucciones. El segundo porque recibió dineros del excongresista Álvaro Ashton, acusado por parapolítica para influir en las decisiones emitidas. “Durante el proceso se mencionan varios presuntos hechos delictivos a estos aforados (Montealegre y Perdomo) por lo tanto, me es necesario compulsarles copias para que sea un representante investigador el que determine si hay o no hechos delictivos y si participaron o no en el presunto cartel de la toga”, apuntó. Respuesta de los exfuncionarios Según el comunicado, la compulsa de copias pretender vincular ambos nombres, con los graves hechos del “Cartel de la Toga”, lo cual es una infamia descomunal. “Fuimos nosotros, quienes en su momento –antes de que se conocieran las actividades delictivas de Moreno y sus cómplices– le comunicamos a la Fiscalía General de la Nación, algunos de los actos corruptos de este personaje”, agregaron. Así las cosas, decidieron presentar una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia, contra Edward Rodríguez, miembro de la Comisión de Acusaciones por prevaricato. Según Montealegre, él mismo le había solicitado a dicha comisión que investigara su conducta en el otorgamiento de un contrato, y le pidió a la Corte Suprema que enviara a la Comisión todas las declaraciones de Moreno dadas en audiencias, puesto que, estaría incurriendo en fraude procesal. “El extraditado Moreno Rivera, afirma de forma genérica y sin pruebas, que desde la Fiscalía General de la Nación, nosotros habríamos favorecido al Exsenador Álvaro Ashton, y a la oficina de abogados de Francisco Ricaurte”, agregó. Lo curioso es que Uribe no ha salido a defenderse como usualmente lo hace. Incluso en su cuenta de Twitter expresó que “un enfrentamiento necesita dos”, junto con una imagen de la tendencia #MontealegreContraUribe y en ese sentido, mantendría distancia a los señalamientos.

Por: Redacción Pares Como respuesta a su decisión de presentar ante la Corte Suprema de Justicia y ante el país renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General, los ciudadanos aceptamos, sin ningún asomo de pesar, dicha determinación. Señor Néstor Humberto Martínez, en el ejercicio de sus responsabilidades, los colombianos observamos con preocupación que casos como el de la impunidad a niveles ‘navegables’ en el asunto de Navelena, las investigaciones relacionadas con Odebrecht, Mercafácil y las detenciones fallidas contra los supuestos responsables por la explosión en el centro comercial Andino de Bogotá, no tuvieron, ni el trámite transparente y eficaz que necesitaba y estaba esperando la ciudadanía en su conjunto, ni los resultados que la justicia y el alto cargo que la nación le encomendó, exigían. Señor presidente Iván Duque Márquez, su pueblo, todos los ciudadanos esperamos que la terna que usted conforme responda de manera sosegada a este clima de polarización que vive el país, que las aguas vuelvan a su cauce y que esta, señor presidente, no se convierta en una ocasión más para desatar pugnas y venganzas políticas que solo produzcan desesperanza y temor a nuestro pueblo. Por último, hacemos un llamado para que la designación del nuevo Fiscal General que realizará la Corte Suprema de Justicia, sea la de un jurista independiente y con un comportamiento ético y moral a prueba de fuego, solicitamos de manera respetuosa, señores magistrados, que esta sea la oportunidad para recuperar la majestad y la imparcialidad de la Fiscalía General de la Nación. Mayo 15 de 2019.

Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación anunció este miércoles que apelará la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, que concedió el beneficio de la garantía de no extradición de Alias ‘Jesús Santrich’ (Seuxis Paucias Hernández Solarte). Para el Ministerio Público, la competencia para continuar con el estudio de este caso le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, dado que los hechos investigados ocurrieron con posterioridad a la firma del acuerdo de paz. Este trámite se inició en abril de 2018, desde entonces la Procuraduría ha insistido en que la Sección de Revisión de la JEP cuenta con los elementos probatorios suficientes para verificar la fecha de ocurrencia de los hechos, por los cuales ‘Santrich’ es solicitado en extradición por el Tribunal del Distrito Sur del Estado de Nueva York en los Estados Unidos, requisito indispensable para la concesión de la garantía de no extradición. La Procuraduría ha sido enfática en que la acusación de la autoridad judicial extranjera contra ‘Jesús Santrich’ goza de presunción de legalidad; y que la valoración de las pruebas que reposan en la JEP deben orientarse a establecer si los hechos investigados ocurrieron con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz. De acuerdo con las reglas de procedimiento de la JEP y las normas ordinarias que regulan el trámite de extradición, el caso de ‘Santrich’ debe continuar su estudio ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, quien tendrá la decisión final sobre la situación jurídica del ex guerrillero, finalizó explicando el comunicado emitido por la Procuraduría.

Por: Redacción Pares El hasta hoy Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez, presentó este miércoles la renuncia a su cargo ante la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de negar la extradición al excombatiente Seuxis Pausias Hernández, más conocido como Jesús Santrich y pedir su libertad inmediata. “Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación”, indicó Martínez en una rueda de prensa en Bogotá. En horas de la mañana la sección de Revisión de la JEP, tribunal creado por los Acuerdos de Paz, resolvió la solicitud de aplicación de garantía de no extradición por Hernández, debido a que no pudo evaluar la conducta en cuestión para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de EE.UU no remitió las evidencias solicitadas. Desde el año pasado el exguerrillero se encontraba en un limbo jurídico. La defensa expresó en repetidas ocasiones que se estaba violando el debido proceso, puesto que, pasaban los meses sin que la Fiscalía o el gobierno norteamericano mostraran ninguna prueba del supuesto delito. Por su parte, el fiscal estuvo al frente de este proceso y también señalando a la JEP de favorecer las conductas delictivas de los excombatientes, asimismo, criticó en varias ocasiones que este tipo de casos no fuese manejado por la justicia ordinaria. Y en ese sentid, cuestionó el rol de la Fiscalía en los procesos previamente abiertos y relacionados con el conflicto armado. “Progresivamente se consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico que conjura contra el estado de derecho y expone a la sociedad frente al crimen, en medio de las advertencias de la Fiscalía General de la Nación”, agregó en sus declaraciones. También expresó que las facultades de investigación de la Fiscalía respecto de los crímenes ocurridos durante el conflicto “quedaron emasculadas y se abrió una puerta falsa para restringir la extradición”, según él, todo en nombre de la paz. Martínez indicó que el tribunal para la Paz adoptó una decisión desafiante con respecto a la evidencia aportada por Estados Unidos y la justicia colombiana. https://t.co/IMQwv85W38 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 15, 2019 Por último, exhortó a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para todas las víctimas del conflicto.

Por: Redacción Pares ATENCIÓN. La Jurisdicción Especial para la Paz aplica la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández, porque las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización. Se ordena a la Fiscalía General disponer libertad inmediata para Paucias Hernández. La Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, mediante decisión mayoritaria aprobada este miércoles, resolvió aplicar la garantía de no extradición a favor de Seuxis Paucias Hernández Solarte. La aplicación de la garantía de no extradición se fundamentó en que la Sección no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de EE.UU no remitió las evidencias solicitadas. Y en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición, manifestó en rueda de prensa el magistrado Jesús Ángel Bobadilla, presidente de la Sección de Revisión de la JEP. «No extraditar, en ningún momento, significa impunidad» explicó el magistrado Bobadilla. Comunicado de la JEP acerca de la decisión sobre Santrich: Hay que recordar que Paucias Hernández, conocido como Jesús Santrich, está detenido desde el 9 abril de 2018 y actualmente permanece en la cárcel de La Picota. «Hemos derrotado plenamente el montaje urdido contra la Paz, la FARC y a Jesús Santrich por parte del Fiscal General y el embajador de Estados Unidos. Aunque causaron daños irreparables, en esta ocasión los enemigos de la Paz perdieron.» fue el mensaje de Santrich luego de conocer la noticia. Este es el mensaje enviado por Jesús Santrich, luego de conocerse la noticia en el que anuncia que retomará su curul en la Cámara de Representantes: Saludo de Jesús Santrich a sus amigos y a la militancia fariana. Reacción (telefónica) tras el derrumbe del montaje y la decisión de la JEP de aplicar garantía de NO extradición y ordenar su inmediata libertad. VENCEREMOS!#SantrichLibreYA#SantrichLibre pic.twitter.com/LLIoFiksWi — #SantrichLibre (@SantrichLibre) May 15, 2019 El Senador del partido Farc Carlos Antonio Lozada y miembro de la Comisión de Paz del Senado, manifestó a través de su cuenta de Twitter que esta decisión de la JEP es un triunfo de la verdad. A su vez, el Representante a la Cámara por Bogotá y miembro del partido Farc, Sergio Marín, manifestó que esta decisión de la JEP es un mensaje acerca de que en este polémico caso se hizo justicia. El caso Santrich, una suma de hechos inverosímiles Hace un par de meses, en medio de la polémica por la detención del fiscal Carlos J. Bermeo de la JEP, junto con cuatro (4) personas más, incluido el exsenador Luis A. Gil en operativo adelantado en 2 hoteles al norte de Bogotá, en el momento en que recibían 500 mil dólares a cambio de oferta para incidir en trámite extradición de Zeuxis Hernández, el director de Pares, León Valencia publicó una columna de opinión titulada «Las cosas inverosímiles en el caso Santrich». En ella, el analista explicó: «Ni la lógica, ni el sentido común, pueden aceptar como normales, como evidentes, los siguientes hechos: Un señor ciego, que está al cuidado de 60 policías en una casa de Bogotá, que debe ser acompañado hasta al baño para hacer sus necesidades, ha organizado la exportación de 10 toneladas de cocaína -óigase bien, diez toneladas- a los Estados Unidos. Esa fue la acusación pública que supimos el día de la captura de Santrich y todo el mundo la repite como si nada. Nadie, siquiera, se pone a pensar cuántas veces en los tiempos de Pablo Escobar o del Cartel de Cali, apareció una noticia de este tamaño en la prensa colombiana. Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, es detenido junto a Jesús Santrich y a los pocos días recibe en el lugar de detención una visita de las autoridades estadounidenses y logra que, en una charla, sus visitantes le den plena credibilidad. Entonces, rápidamente le levantan la orden de detención de Interpol y la justicia colombiana, a su vez, obvia varias acusaciones sobre fraudes en fondos para la paz y lo deja libre. De la noche a la mañana aparece en Estados Unidos como testigo protegido que entregará pruebas de los delitos de Santrich.» Por su parte, el subdirector de Pares, Ariel Ávila, esa misma semana explicó en el artículo publicado por Pares, «Un golpe a la JEP en medio del caso Santrich» lo siguiente: «Según la Corte Suprema de Justicia y según la jurisprudencia colombiana, está primero el derecho de las víctimas de saber la verdad y la justicia, que la extradición. Yo no sé si el señor Santrich sea culpable o inocente, lo cierto es que si (…) lo extraditan, muchos más mandos medios van a reincidir y los problemas de las disidencias se nos van a agrandar”. Vea aquí el auto completo JEP Auto 030 del 15 de mayo de 2018

Por: Redacción Pares La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la JEP reiteró que es plenamente competente para ordenar la captura de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, excombatiente de la antigua guerrilla de las Farc-Ep. La JEP reitera que es plenamente competente para ordenar la captura de Velásquez Saldarriaga por su incumplimiento de las condiciones para mantener el beneficio de la libertad. La Sala confirmó la orden de captura que había expedido el pasado 26 de abril, como consecuencia de la revocatoria de los beneficios de la libertad condicional y libertad condicionada que recibió Velásquez Saldarriaga de la justicia ordinaria. Esta comunicación corresponde a una respuesta a la Procuraduría, ya que el ente de control había solicitado aclarar si la decisión de los magistrados era una nueva orden de captura o la materialización de las órdenes emitidas anteriormente por la justicia ordinaria. La Procuraduría también pidió claridad sobre si Velásquez Saldarriaga era elegible para sanciones propias y si la pérdida de este beneficio era permanente o temporal. Atendiendo la solicitud de la Procuraduría, además de confirmar la revocatoria del beneficio de la libertad condicional y de la libertad condicionada, la Sala revocó la garantía de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura que Velásquez Saldarriaga recibió en virtud del Decreto ley 900 de 2017. Esta decisión será comunicada a la Policía Nacional, a la Interpol, a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura. Cabe recordar que Velásquez Saldarriaga, por no comparecer a contribuir efectivamente a la satisfacción de los derechos de las víctimas, a la verdad y a la reparación, incumplió sus obligaciones con el Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Mientras el mundo le da la espalda al glifosato, un herbicida utilizado en Colombia como método para fumigar los cultivos de uso ilícito, el presidente Iván Duque se mantiene en la posición de utilizar el líquido para reducir el número de sembradíos de coca que tienen al país como el primer productor y exportador de cocaína. Cabe destacar que Colombia ha abanderado la lucha contra el narcotráfico junto con Estados Unidos, país que está catalogado como el mayor consumidor de la droga proveniente de territorio colombiano. Es tal la emergencia de salud pública que ha generado el negocio ilegal en ese país, que en los últimos meses el presidente Donald Trump ha presionado a Duque y le ha tirado ‘pullas’ por el mal manejo de dicha política. Duque, en varias ocasiones, ha salido a defender la labor de Colombia en la lucha contra las drogas y ha calificado como errados los comentarios del mandatario estadounidense. El sábado anterior, en el marco del Taller Construyendo País en Mocoa, Duque expresó que “la discusión no la podemos centrar en una discusión de un herbicida, es de cómo el país enfrenta ese fenómeno para liberar a las comunidades de esa tragedia y darles ingresos sostenibles y legales” El Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci de la Organización de Naciones Unidas registró 171.000 hectáreas sembradas de coca en su informe de 2017. Por lo tanto, el gobierno propuso una meta para erradicar 100.000 plantíos, y en ese sentido, uno de los planes es el regreso a la aspersión de glifosato. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sostenido que este herbicida tiene una alta posibilidad de producir cáncer, por lo cual, debería evitarse el uso como una forma preventiva. En el gobierno anterior se prohibió la aspersión aérea y en cambio se implementaron dos métodos para erradicar los sembradíos. Uno de ellos, fue la erradicación manual, y el otro, la aspersión manual con el herbicida. Algunos expertos señalan que la manipulación del líquido podría ser perjudicial, mientras tanto, otros argumentan que la forma manual de eliminar los cultivos de uso ilícito son menos riesgosos para la salud frente al aéreo. Lo que pasa en Estados Unidos con el glifosato Monsanto, una empresa multinacional de agroquímicos, fue sancionada a pagar 2.000 millones de dólares a una pareja que actualmente padece de cáncer. Según un juez del Estado de California en Estados Unidos, el producto habría generado la enfermedad pues ambos utilizaron Roundup, un producto elaborado con glifosato, durante 35 años. El fallo también indicó que Monsanto aún sigue sin advertir en el empaque que el uso del mismo podría generar peligros para la salud, a pesar de las advertencias que varios investigadores y organizaciones han emitido sobre las consecuencias negativas del producto. “Una Corte de California en EEUU condenó a Monsanto por los efectos del glifosato en la generación de cáncer. Mientras tanto en Colombia el Gobierno quiere revivir la aspersión aérea. #NoEnredenLaPaz”, expresó desde su cuenta de Twitter la Representante a la Cámara por el Partido Verde, juanita Goebertus. Este sería el tercer fallo consecutivo de un jurado estadounidense contra la compañía, que en 2018 fue vendida a la empresa alemana Bayer, la cual produce el herbicida. Argumentos en contra En un pronunciamiento público realizado este martes, el expresidente César Gaviria Trujillo , jefe del Partido Liberal, se refirió a la situación y sentenció que Colombia es un país clave en esa lucha. “Habría decisiones sobre las cuales EE.UU nunca se quedarían callados. Por lo demás el presidente Duque ha dicho que va a acabar con el narcotráfico mientras en México, Estados Unidos y Canadá están avanzando velozmente en la legalización de la marihuana”, agregó. En cuanto a la política contra el narcotráfico, expresó que es insólito ver cómo Colombia es el aliado número uno de Estados Unidos con el decomiso de cocaína, según Gaviria, el año pasado se incautaron 430 toneladas decomisadas más que todos los demás países juntos incluidos México y los Estados Unidos. “Y estamos de acuerdo en que Colombia no puede seguir dejando agrandar esos problemas de siembras en la Amazonía y la Orinoquía con políticas que como mínimo muestren eficacia. Eso se hará con recursos del presupuesto de Colombia y lo mínimo que debemos garantizar es esa eficiencia, además de las consideraciones de salud y medio ambiente”, apuntó el expresidente. De acuerdo con información suministrada por ese partido, Colombia tiene más soldados y policías que Brasil y sin duda por muy lejos es el país que más trabaja en la lucha contralas drogas, mucho más que Estados Unidos. En definitiva, Colombia produce y comercializa a gran escala la droga, pero cabe resaltar que los cultivos vienen creciendo desde el gobierno anterior. Diversos argumentos demuestran que en Colombia se ha gastado miles de millones de dólares y miles de vidas por un negocio que está en constante crecimiento y los métodos han sido siempre los mismos.

Por: Redacción Pares Victoria Sandino, senadora de la República por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, denunció este martes, con profunda tristeza, el asesinato del excombatiente Jorge Enrique corredor González, conocido en la FARC como Wilson Saavedra, miembro de la dirección nacional de este partido político y quien jugó un papel preponderante en el inicio de los diálogos de paz. En su alocución en la plenaria del Senado lanzó las siguientes preguntas: ¿Hasta cuándo tenemos que pasar por esto?, ¿Este es el proyecto de paz y de país del Gobierno Nacional?, ¿Nos desarmaron para matarnos? Wilson Saavedra, miembro de la dirección nacional del partido político FARC, asesinado este martes en Tuluá. El crimen ocurrió la tarde hacia las tres de la tarde de este martes 14 de mayo en el municipio de Tuluá cuando hombres armados le dispararon desde una moto. Saavedra trabajaba en una cooperativa adelantando proyectos productivos agrícolas. Con este crimen ya van 131 excombatientes de la FARC asesinados sin que hasta ahora haya resultados positivos frente al esclarecimiento de los autores de dichos asesinatos. La senadora Sandino divulgó un comunicado en el que le exigen al gobierno el respeto a su vida e integridad: «Exigimos que el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque se investiguen exhaustivamente los hechos y se cumpla con la implementación del Acuerdo de Paz, garantizando la vida e integridad física de nuestros militantes y que asuma realmente el compromiso de sacar definitivamente las armas de la política.» Comunicado del Consejo Político Nacional, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun, FARC

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El Estado colombiano también ha sido un actor activo de una violencia que ha dejado un sinnúmero de masacres a lo largo y ancho del país. Muestra de ello es el caso que sindica la participación del Ejército Nacional en la masacre de San José de Apartadó en 2005, sobre la cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a seis (6) militares por su participación en este lamentable hecho. Además, ordenó el pago de una indemnización por 15.000 millones de pesos a las familias de las víctimas. El alto tribunal encontró al coronel Orlando Espinosa Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, los sargentos Henry Agudelo Cuasmayán Ortega y Ángel María Padilla Petro; y los cabos Ricardo Bastidas Candia y Sabaraín Cruz Reina como responsables de este crimen. Este fallo muestra cómo operó el paramilitarismo articulado con las fuerzas militares del Ejército colombiano. El alto tribunal encontró pruebas para determinar que los integrantes del Ejército tenían conocimiento de la presencia del grupo paramilitar Bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Para lograr la verdad judicial sobre la masacre de San José de Apartadó, fue de vital importancia conocer los testimonios de Salvatore Mancuso y ‘Don Berna’. De hecho, las versiones de los exjefes paramilitares permitieron conocer la participación del Ejército Nacional en este hecho. La participación del Ejército “Los militares que aceptaron patrullar la región simultáneamente con los integrantes de las AUC, estuvieron cerca de los sitios donde ocurrieron las muertes cometidas por éstos, y aun cuando se enteraron de ese accionar de los ilegales, no reportaron la ocurrencia de los respectivos decesos” (Extracto del fallo de Sala Penal de la Corte Suprema) Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la decisión del juzgado especializado de Medellín y el Tribunal Superior de Antioquia; quienes habían absuelto a los militares pues según las dos instancias judiciales no había suficiente material probatorio en contra de los integrantes del ejército y, que por ende, no se podía determinar su participación. Por otra parte, conforme a la investigación, las acciones se dieron en el marco de las Operaciones Fénix por parte de la Brigada XVII, una avanzada contraguerrilla del Ejército. Además, a esta avanzada se juntó la denominada misión ‘Feroz’, que llevó a cabo el Comando Conjunto Caribe, del cual estaba a cargo del general Mario Montoya. Cabe recordar que Montoya está investigado por el caso de las ejecuciones extrajudiciales en la JEP. A su vez, por esta masacre fueron llamados a indagatoria los generales Luis Alfonso Zapata y Héctor Fandiño Rincón, desde 2013, sin embargo en la Fiscalía no avanza la investigación, ni muchos menos en un fallo. La mañana del 21 febrero de 2005 Cerca de 60 integrantes del Bloque Héroes de Tolová perpetraron la masacre en San José de Apartadó, un corregimiento del municipio Apartadó; en zona rural del Urabá Antioqueño. Los cadáveres de las víctimas, entre ellas tres niños, fueron encontrados con machetazos en las cabezas, extremidades y sin ninguna herida con arma de fuego. Cabe recordar que San José desde 1997, ocho años antes de esta masacre, se convirtió en una Comunidad de Paz. Esta decisión nacida desde la dignidad de esta comunidad del Urabá, marcó un precedente al no admitir la presencia en el territorio de integrantes del Ejército Nacional, Policía Nacional, paramilitares, ni guerrilleros. De esta forma, la comunidad decidió aislarse, tanto de grupos armados legales como ilegales, lo que le representó señalamientos por ‘colaboradores’, hecho que le negó la posibilidad a sus habitantes de hacerle el quite a la ola de violencia que sufrió San José de Apartadó. Un hecho que no puede quedar en el olvido En ese momento el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, negó la denuncia hecha por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó que sindicaba la participación de la Brigada XVII en la masacre que perpetró el Bloque Héroes de Tolová de las AUC. Justamente, al mismo actual senador y jefe máximo del Centro Democrático Álvaro Uribe, quien se ha mostrado tan interesado en extraditar a los jefes guerrilleros por encima del compromiso que tienen en Colombia con la contribución de la verdad -caso parecido a lo que sucedió en el marco del Pacto de Ralito con los jefes paramilitares-. Precisamente, las versiones libres de los exparamilitares permitieron que el caso condujera a la responsabilidad del Estado en la masacre, con el papel del Ejército Nacional. De hecho, el periódico EL TIEMPO ubica como implicado al capitán Guillermo Gordillo, de quien se desprende la acusación que pesa para el gobierno nacional de la época de Álvaro Uribe. Según lo dio a conocer el portal del periódico “La idea era culpar de la masacre a las Farc, usando testigos pagos por los ‘paras’, que fueron exhibidos por altos funcionarios del gobierno Uribe ante diplomáticos, el Congreso y la Fiscalía”.

Por: Lina Macías y Daniel Esteban Abello Clavijo. Investigadores Pares. Cultivos ilícitos y Grupos Armados Organizados (II) El departamento del Guaviare limita por el norte con los ríos Guayabero y Guaviare que lo separan de los departamentos de Meta y Vichada; por el oriente con los departamentos de Guainía y Vaupés; por el sur con los departamentos de Vaupés y Caquetá y por el occidente con los departamentos de Caquetá y Meta. El 4 de julio de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente lo elevó a la categoría de departamento. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), de la Oficina Contra las Drogas y el Delito de la Naciones Unidas – UNODC identifica que los municipios de mayor concentración para el Guaviare son “Tomachipán (afectando a Miraflores y San José del Guaviare), Charras y el perímetro del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, oscilando su aumento desde el año 2015 de 10.425 hectáreas a 12.302 hectáreas” (SIMCI, 2017). Para comprender esta dinámica y evidenciar los peligros que esta encierra para el posconflicto, la Fundación Paz y Reconciliación Pares, ha identificado los cuatro (4) principales conflictos que sufre hoy el departamento del Guaviare. En este artículo presentamos el segundo y tercero de ellos: 2. Cultivos ilícitos En consecuencia, la economía de la coca ha sido un renglón económico clave dentro del departamento, beneficiando a la población que depende directa e indirectamente de este negocio, ya sea por actividades propias del proceso de cultivo y producción de la coca o por actividades asociadas del comercio, especialmente quienes comercializan licores, combustibles, alimentos e insumos agrícolas. Las alternativas siguen siendo precarias o prácticamente ninguna. Teniendo en cuenta lo que viene sucediendo con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que según fuentes territoriales no ha avanzado y pareciera que el Estado no realiza ningún esfuerzo por mejorarlo. Sobre esta realidad una fuente en el territorio señala: “hay un problema grave con este tema, y es que después de las concertaciones iniciales y que varias familias entraran en el proceso de erradicar los cultivos de sus fincas, cuando los acogidos por el programa llegan a reclamar la financiación para la generación de los proyectos productivos, les dicen que no, que no cumplen los requisitos y los sacan del programa: por un apellido mal escrito, por información faltante, por cualquier cosa.» «Ahora, los reincorporado de FARC, quienes eran los que movilizaban el tema, organizaban a la gente, les dejaron de pagar hace alrededor de 6 meses y ya no tienen ni con que moverse y los que lideran el programa han cambiado ya varias veces. En Miraflores la cosa es aún peor, porque allí están indígenas, reincorporados y campesinos y se nota más la ausencia del programa” (PARES, comunicación personal, mayo 2 de 2019). Esto ha generado mucho descontento en la comunidad campesina cocalera que participa en este proceso y poca credibilidad en el programa, lo cual ha generado que familias enteras vuelvan nuevamente a la siembra de la coca y a vivir en la ilegalidad para garantizar el sustento de sus familias. 3. Grupos Armados Organizados y disidencias Según algunos pobladores y líderes de San José de Guaviare, se conoce que los Grupos Armados Organizados (GAO) que controlan el crimen organizado dentro del departamento son liderados por dos exintegrantes del grupo paramilitar los “Puntilleros”: alias “Caracho”, paramilitar que controlaba los Llanos Orientales y que quedo al mando después de alias “Cuchillo” y Richard, brazo militar de “Cuchillo” operan desde la cárcel los grupos delincuenciales y de sicariato. Como lo expresa una fuente territorial “ellos funcionan como empresas criminales al servicio de grupos económicos históricos que han estado presentes en el territorio, por un lado los despojadores de tierra y por el otro los grupos del narcotráfico. Se cree que su zona de operación principal está al norte de San José de Guaviare, donde hay grandes cultivos de palma y grandes fincas de terratenientes” (PARES, comunicación personal, mayo 2 de 2019). También señalan que por el lado de Charras de Boquerón, un grupo de paramilitares que debe tener alrededor de 30 hombres hacen presencia permanente en esta zona y se sospecha que son cuidadores de grandes fincas de cultivo de palma. Sobre las disidencias, se conoce que la mayoría está compuesta por militantes del frente séptimo y 44, una parte de ellos ubicados en la zona alta de San José del Guaviare por Guayabero hasta la zona del Raudal y Cerro Azul; y la otra por la zona del Retorno, en veredas como Golondrinas, la Paz hasta la parte baja de Morichal, bajo el mando de Gentil Duarte. El frente primero está ubicado en la zona baja de San José del Guaviare, Calamar y Miraflores (Barranquillita) bajo el mando de Iván Mordisco. Su principal objetivo en la actualidad es seguir manteniendo el control de las rutas del narcotráfico del suroriente del país y reagrupar a los excombatientes que no hicieron parte del proceso o han venido desertando. También se conoce que en el municipio del Miraflores, las disidencias vienen, nuevamente, reclutando jóvenes. Cabe anotar que su reorganización se ha replegando a las zonas más alejadas de los centros poblados del departamento, ya que la Fuerza Pública ha ganado presencia en estos espacios y avanza junto con la Marina en operativos de incautación de armas y mercados ilícitos, como por ejemplo el de la vereda Golondrinas, en el municipio El Retorno. Esta dinámica representa un grave riesgo para las comunidades puesto que se reactivan los enfrentamientos entre estos dos actores y se recrudecen las acciones bélicas en el territorio, situación que venía superándose con el proceso de implementación del Acuerdo de Paz.