Por: Redacción Pares Este martes, a través de un comunicado la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunales que integran en Colombia el poder judicial, manifiestan que «estamos convencidos de que uno de los pilares de la democracia constitucional moderna es la independencia judicial, tanto en sus aspectos individuales como institucionales.» En rueda de prensa las tres altas cortes se pronunciaron frente a la polémica de las visas. Los magistrados expresaron que si bien sí existen presiones, continuarán tomando sus decisiones de manera imparcial y objetiva. Los altos tribunales de justicia añaden en su misiva «La confianza pública en las instituciones y en particular, en el sistema judicial y en la autoridad moral y la integridad de los jueces son esenciales para la convivencia. La correcta y efectiva administración de justicia debe obrar sin favoritismos, predisposiciones ni prejuicios. La sociedad colombiana debe tener confianza en el valor supremo que es la independencia de los jueces.» Y finalmente manifiestan en el comunicado conjunto que «El país puede tener la tranquilidad de que quienes ejercemos la magistratura actuaremos de conformidad con nuestras convicciones, con la firmeza de preservar la institucionalidad y con el compromiso que hemos adquirido ante la sociedad de administrar justicia imparcial, objetiva y transparente.» Lea aquí el comunicado de las altas cortes

Por: Redacción Pares Organizaciones de Derechos Humanos presentaron una acción de cumplimiento para que el Gobierno de Iván Duque retire la candidatura de Everth Bustamante como aspirante a Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. Según la demanda presentada por diferentes organizaciones, la carrera política de Bustamante en los últimos años se circunscribe a su ejercicio como alcalde de Zipaquirá, ser asesor del ex-presidente Álvaro Uribe y ser director del Instituto Colombiano del Deporte Coldeportes, por lo que no se advierte en su hoja de vida conocimientos académicos o experticia en ninguna de las áreas de trabajo de los órganos interamericanos. Por lo tanto, señala el texto de la demanda, en su perfil público el candidato no acredita estudios, ni acredita experiencia en el área de derechos humanos. A pesar de que siendo congresista estuvo cuatro años en la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, no tuvo una actuación notable. Según la normatividad de la CIDH, el cargo de Comisionado/a se ejerce en nombre de todos los Estados de la OEA, no en nombre de un gobierno, por lo que los criterios de idoneidad y solvencia desplazan a los criterios políticos para su nombramiento. En junio de 2017, la Asamblea General de la OEA adoptó la Resolución 2908 en la que “destacó la importancia” de que la Comisión y la Corte Interamericanas “se integren por personas imparciales, independientes y de reconocida competencia en materia de derechos humanos, de acuerdo con los principios de no discriminación, igualdad y equidad de género y representatividad geográfica.» De esa manera, Colombia estaría incumpliendo dichos criterios con la postulación de Bustamante. Las organizaciones demandantes consideran que debe ser resguardada la importante labor de la CIDH en materia de protección de derechos humanos, con el nombramiento de Comisionados y Comisionadas idóneos, independientes y con la autoridad moral y jurídica necesaria para hacer respetar los derechos en la región. De esa manera, las organizaciones demandantes pretenden la suspensión de la postulación del señor Everth Bustamante como candidato de Colombia a Comisionado de la CIDH, elección que está próxima a surtirse el próximo mes de junio en la Asamblea General de la OEA a realizarse en la ciudad de Medellín. Vea aquí la acción de cumplimiento para retirar la candidatura de Everth Bustamante

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Desde la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo PND, surgió un debate sobre un punto del texto que supuestamente habilitaba la posibilidad de construir un nuevo puerto en el pacífico colombiano. Por lo tanto, ambientalistas y congresistas de oposición salieron en defensa del territorio, mientras que el gobierno ha insistido que este artículo no está dentro del proyecto. El Golfo de Tribugá está ubicado en el pacífico colombiano dentro de la jurisdicción del municipio de Nuquí, Chocó, y es considerado un lugar estratégico para la actividad comercial por su proximidad con la costa pacífica. Por consiguiente, no es un tema nuevo de la agenda política. Desde el 2016, en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, se empezó a adelantar un proyecto para la construcción de un puerto en Tribugá, similar al de Buenaventura. En su momento fue rechazado, pero luego se revocó la decisión y siguió en marcha el estudio que hoy tiene a la opinión pública con los ojos puestos en esta región y lo que allí podría ocurrir. Dicho territorio cuenta con una amplia biodiversidad en fauna y flora y con especies endémicas, es decir que solamente existen en Tribugá. En ese sentido, los defensores del medio ambiente manifiestan que la construcción de un puerto afectaría el hábitat de las especies y produciría la extinción masiva de las mismas. La idea del puerto no está en el PND De acuerdo con Manuel Felipe Gutiérrez, viceministro de infraestructura, la construcción del puerto de Tribugá es un tema que se veía hablando desde mucho antes y, por lo tanto, no fue una decisión de este gobierno el querer implementar el proyecto. Según Gutiérrez, lo que se está hablando en el texto aprobado en el Congreso no se direcciona específicamente al golfo. Lo que se estipuló fue la construcción de “un puerto de aguas profundas en el norte del Pacífico. Y no estamos hablando puntualmente de Tribugá. Si fuera Tribugá lo diríamos, nosotros no estamos escondiendo nada”, explicó el funcionario. Por lo tanto, contó que dicho proyecto sí está “andando” desde el anterior gobierno, pero debido a dificultades jurídicas, ambientales y sociales no se ha podido poner en marcha la construcción de dicho puerto. Aunque el funcionario dejó claro que en el PND definitivamente no quedó ningún punto relacionado con Tribugá, lo que sí afirmó es que si se le da luz verde al proyecto desde otra vía el gobierno le dará todo el respaldo. En medio de la controversia, se sumó el apoyo del expresidente Álvaro Uribe Vélez al proyecto del puerto de Tribugá, por lo tanto, ese ‘espaldarazo’ generó más asperezas en un sector de la opinión pública. “Colombia no necesita otro puerto” Luego de la aprobación del PND a inicios de mayo, la representante a la Cámara, Catalina Ortíz, señaló que dentro de él había quedado un ‘mico’. Según Ortíz, en la primera versión de la ponencia presentada por el gobierno al Congreso, había quedado especificado el proyecto con nombre “construcción del puerto multipropósito de Tribugá”. Pero en el texto final, el artículo cambió a “puerto de aguas profundas en el pacífico Norte”, y según la congresista, fue un juego de palabras, pero en esencia es lo mismo. “Colombia no necesita un puerto. Usamos solo el 45% de la capacidad instalada de nuestros puertos. Invertir en Buenaventura es más eficiente, pero esto no es por regionalismo, es porque si usted le hace un dragado al puerto y termina de construir las carreteras desde el interior hasta Buenaventura, pues es más barato para el país”, agregó. Ortíz destacó el rol de Buenaventura como ruta principal de exportación e importación y, por lo tanto, hace más sentido económico y de competitividad profundizar en ese puerto que atentar contra el medio ambiente. Además, señaló que no es cierto que el puerto de Tribugá baje el costo de exportación o importación. “Lo que me parece pertinente para este país es el tema de modelo de desarrollo que nosotros queremos. Nosotros no queremos que Chocó se quede rezagado como ha venido estando. Pero no nos hagamos una promesa falsa de que la salida para esto es un puerto”, manifestó Ortíz. Ante estas movidas, se volvió tendencia nacional en redes sociales #DuqueSalveTribugá para pedirle al presidente que no avale la construcción. Según algunos expertos, este proyecto no garantiza progreso, crecimiento económico ni provecho para las comunidades.

Por: Lina Macías y Daniel Esteban Abello Clavijo. Investigadores Pares. La deforestación y uso de la tierra (I) A lo largo de la historia, el departamento del Guaviare ha sido conformado por un proceso avasallante de colonización campesina y actividades extractivas, por la expansión de economías ilegales y también por la expansión de cultivos de uso ilícito. Además, este territorio en el que viven alrededor de 108.000 habitantes en un área de 53.460 km2 ha sido el epicentro de una aguda confrontación entre guerrillas, paramilitares y grupos armados organizados relacionadas con el narcotráfico. Estos factores han desencadenado distintos conflictos sociales asociados a la explotación indiscriminada de recursos naturales, el desplazamiento forzado, la apropiación de tierras, el abandono estatal, la amenaza de extinción de sus pueblos indígenas y los altos niveles de pobreza. Con la implementación del Acuerdo de Paz en 2016, se esperaba que se pudiera construir una institucionalidad eficaz, sin embargo, la salida de la exguerrilla de las Farc ha producido un nuevo ordenamiento territorial. Hoy al Guaviare se lo disputan las disidencias de las Farc en violentas pugnas por el control de las codiciadas rutas del narcotráfico, y una preocupante concentración de tierras en manos de terratenientes herederos del paramilitarismo y del narcotráfico. Estos hechos vienen creando un ambiente de tensión y alarma para los líderes sociales y los procesos organizativos que se vienen desarrollando en este territorio. Para comprender esta dinámica y evidenciar los peligros que esta encierra para el posconflicto, la Fundación Paz y Reconciliación Pares, ha identificado los cuatro (4) principales conflictos que sufre hoy el departamento del Guaviare. En este artículo presentamos el primero de ellos: 1. Deforestación y uso de la tierra Según el Boletín de Detecciones Tempranas de Deforestación del IDEAM, en el departamento se identifican un promedio de 9,8% de áreas con concentración de deforestación principalmente en los municipios San José del Guaviare (veredas San Jorge, San Antonio Alto y La Orquídea), Calamar (vereda Itilla) y en algunas veredas del municipio de La Macarena como El Morichal, Yaguará II y El Jordán, en especial las áreas entre los Parques Nacionales Naturales Chiribiquete y Sierra de La Macarena. En estas zonas, el crecimiento de la deforestación ha sido alarmante. En 2014 se arrasaron 6.892 hectáreas, en 2015 desaparecieron 9.634, en 2016, la cifra llegó a 11.456 y en 2017 la deforestación arrasó con 38.221 hectáreas”. Significa un aumento de casi el 200% en los últimos dos años, coincidiendo con el cese de hostilidades y la salida de las FARC-EP de estas zonas de importante riqueza forestal. “Es preocupante cómo desde diciembre de 2018 la deforestación ha ido aumentando a pasos agigantados: nadie está mirando lo que viene pasando con el Parque Natural Nukak, la deforestación que avanza desde el Caquetá, por San Vicente del Cagúan y por los Llanos del Yarí y afecta la zona alta del Parque Nacional de Chiribiquete.» «También sabemos que hay un proyecto vial marginal de la selva liderado por la gobernación del Meta y del Guaviare que tiene como objetivo conectar la Amazonia desde Putumayo, conectar con la vía al Meta y salir a Yopal y Arauca para salir hacia Venezuela. Las áreas que comprenden este proyecto afectan tanto al parque Chiribiquete como a las áreas de reserva cercana de San José del Guaviare” (Fuente territorial de PARES, comunicación personal, mayo 3 de 2019). De esta forma, el avance en la compra de fincas campesinas y tierras de los indígenas cercanas a la carretera, tiene como propósito ir despejando el camino para el desarrollo de este proyecto de infraestructura que traería, según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible FCDS, una inversión de tres billones de pesos. Para los líderes y sus comunidades este proyecto no ha sido concertado con ellos, ni se conocen estudios especializados sobre cómo se medirán sus impactos tanto para la población como para el ecosistema, haciendo caso omiso a las disposiciones consignadas en la Ley 2da. de Reserva Forestal de la Amazonia, que protege gran parte estos territorios. De igual manera, las disidencias han contribuido con la quema de selva para el cultivo de uso ilícito cerca de la vereda de Cachicamo, por todo el Raudal del Guayabero, en Barranquillita y cerca de Tomanchipán. Asimismo, el aumento de la ganadería, el cultivo de palma africana y la amenaza de la minería legal e ilegal han venido generando conflictos entre campesinos, indígenas y terratenientes por la ampliación cada vez más rápida de la frontera agrícola. Un líder campesino expresa sobre esta situación “Todo el mundo en el departamento sabe que el gobernador Nebio Echeverry promueve esta lógica, puesto que le compra a campesinos e indígenas tierras a bajo precio para luego venderlas al doble del precio a grandes terratenientes, otorgándoles títulos y toda la documentación legal. Y con ello ha entrado la Fuerza Pública a cuidar estos terrenos, a evitar que uno se acerque y pregunte quién es el dueño y qué están haciendo selva adentro” (PARES, comunicación personal, mayo 2 de 2019). ——————————– [1] Según el informe de la Fundación Paz y Reconciliación, “Cómo va la Paz Guaviare 2018” a lo largo del siglo XX, en el departamento se identifican al menos cuatro etapas de poblamiento del territorio: la primera, en la década de los 50’s relacionada con la extracción de recursos naturales como el caucho, la cacería, el comercio de pieles; la segunda, entre 50’s y finales de los 60´s un proceso de colonización debido al desplazamiento por hechos de violencia partidista y organización de autodefensas provenientes del sur del Tolima y el Huila; el tercero, colonización dirigida a los municipios del sur del departamento para desarrollo agrícola y ocupación de tierras y el último, al establecimiento de económicas ilegales por el cultivo de marihuana y de coca, en los municipios de Miraflores, Calamar, Retorno y en San José de Guaviare por las FARC-EP.

Por: Redacción Pares Este lunes, el movimiento Defendamos La Paz (DLP) le expresó a través de una carta a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, su preocupación por “los sucesivos ataques y presiones contra las magistradas y los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP”. Los defensores de la implementación del Acuerdo de Paz calificaron estos hechos como “una ofensiva sin precedentes contra la autonomía del poder judicial, los fundamentos del Estado de derecho y la democracia”. Según el movimiento, existe una campaña de difamación y presiones contra las cortes y la JEP- que estaría marcada “por la circunstancia de que en la actualidad los magistrados están tomando decisiones sobre asuntos esenciales para la Nación”. Actualmente, el tribunal constitucional resuelve cuestiones relacionadas a la implementación normativa del Acuerdo de Paz, la legislación de la justicia transicional, y el tratamiento de los cultivos de uso ilícito. De igual forma, en la Corte Constitucional y en la Corte Suprema de Justicia se están tomando decisiones cruciales sobre la forma en la que debe operar el mecanismo de extradición en la “nueva realidad creada por el proceso de paz”. En este sentido, se detallan en la carta enviada a Bachelet las denuncias de la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz, sobre interceptaciones ilegales a sus comunicaciones y cómo, en efecto, el Fiscal General reconoció en una visita a ese alto tribunal que dichas interceptaciones se estaban presentando. Asimismo, en la misiva se manifiesta preocupación por la reciente decisión de la embajada de los Estados Unidos de retirar las visas a los magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia en un entorno que podría dar a la medida un carácter coercitivo o punitivo. Hasta el día de hoy no se conoce ningún pronunciamiento formal por parte del Presidente Iván Duque, ni del Gobierno Nacional. Los firmantes de la carta piden a Bachelet que “verifique estos graves hechos, se pronuncie sobre los mismos lo antes posible y en los informes que deba presentar ante los órganos del sistema de las Naciones Unidas, solicite que se tomen en forma inmediata medidas de protección para los magistrados y que los órganos competentes investiguen con eficacia las amenazas, interceptaciones y hostigamientos, así como establezca una observación constante sobre la evolución de esta situación”. Carta Defendamos la Paz Alta Comisionada ONU

Por: Isaac Morales Pérez. Investigador Nacional Pares. El pasado martes 7 de mayo, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, decidió hundir la propuesta de reforma política cuando ya se encontraba en el primer debate de segunda vuelta del proceso legislativo, quinto del trámite propio de una reforma constitucional. En un trino, la ministra afirmó: “El Gobierno no insiste en la reforma política sin dos de sus puntos centrales: lista cerrada y participación del 50% de las mujeres en las listas. No tiene sentido seguir adelante con un proyecto que no ataca los principales focos de corrupción”. Sin embargo, esto se puede interpretar como un fracaso más del gobierno Duque en la agenda legislativa de este periodo. Las últimas reformas políticas Las reformas políticas en Colombia han sido circunstanciales desde 1991. En el gobierno de Samper se hablaba de limitar el número de partidos políticos, el de Pastrana se centró en aspectos como la modificación del sistema electoral y atacar la ‘operación avispa’ de los partidos, sin embargo ambos intentos fallaron. Las reformas desde el 2003 en adelante, en cabeza de Uribe, quisieron organizar el sistema de partidos, reducir listas, limitar personerías jurídicas, implementar el umbral, crear un régimen de sanciones y la inclusión de la mujer o ‘listas cremallera’, entre otros aspectos. En los periodos presidenciales de Santos, se dio la reforma al Equilibrio de poderes que con nombre de “reforma política”, y en el fondo era una reforma a la administración de justicia. Posteriormente, tras el Acuerdo de Paz y en el marco del Fast Track, se presentaron propuestas que garantizaban la participación política de FARC. Hoy, el gobierno del presidente Duque busca presentar una reforma cuyo centro de gravedad es la lista cerrada, lo que implica unos lineamientos frente a la democracia interna de los partidos, ya que sin mecanismos concretos en ese sentido, los partidos caerán en vicios internos de gamonalismos más marcados que resultarían en irregularidades internas. Vale la pena aclarar que la democracia interna ha sido un tema que se ha incluido en las reformas políticas desde 1992, pero la verdad es que es un ‘monstruo’ al que los partidos le temen, pues reclaman la no injerencia del Estado en sus asuntos internos. La reforma de Duque, una colcha de retazos Lo cierto es que la lista cerrada no es la panacea a los problemas de organización del sistema de partidos, pero sí se tiene como un elemento que orienta a la institucionalización de los partidos y el fortalecimiento general del sistema. La actual reforma política resultaba ser una colcha de retazos en la que partidos y gobierno quitaban y ponían parches. Se proponían cambios que iban desde la disminución de la edad de votación a 16 años, segunda vuelta en elecciones a las alcaldías y gobernaciones, vicealcaldías y vicegobernaciones y límite de periodos. Además, incluía la creación de una Corte Electoral, una iniciativa presupuestal del Congreso, el Senado regional, mecanismos de democracia interna, y hasta la lista cerrada y procesos de verificación automática de candidatos por parte de la Corte Electoral. Si bien la reforma política debe incluir muchos de estos aspectos que apunten a la resolución de problemas estructurales, los cambios se deben hacer de forma gradual y no necesariamente por medio de actos legislativos que requieren un proceso más cuidadoso. Existen alternativas tales como las leyes estatutarias que tienen un proceso ordinario, y así lo han manifestado varios expertos y organizaciones de la sociedad civil preocupados por el tema de la reforma política. Finalmente, la ministra Gutiérrez ha confirmado que el próximo 20 de julio, cuando inicia una nueva legislatura, el gobierno presentará un nuevo proyecto de reforma. Sin embargo, lo que el gobierno debe hacer es ampliar el diálogo a los sectores, crear un paquete legislativo que comprenda reformas de tipo estructural y otras constitucionales acompañada de organizaciones expertas, y sobre todo, no repetir errores del pasado reciente.

Por: Redacción Pares En 1870, la poeta y activista Julia Ward Howe escribió La proclama del Día de las Madres, un apasionado llamado a la paz y al desarme. Howe además de poesía, también escribió obras de teatro y libros de viajes. Colaboró con Lucy Stone y Henry Blackwell en la fundación del Woman’s Journal donde escribió y editó por 20 años. Algunos de sus escritos son: «The Other Side of the Woman Question» 1879 y «What Is Religion?» 1893. «¡Levántense, mujeres de hoy! ¡Levántense todas las que tienen corazones, ya sea su bautismo de agua o de lágrimas! Digan con firmeza: ‘’No permitiremos que grandes asuntos sean decididos por agencias irrelevantes. Nuestros maridos no regresarán a nosotras apestando a matanzas, en busca de caricias y aplausos. No se llevarán a nuestros hijos para que desaprendan todo lo que hemos podido enseñarles acerca de la caridad, la compasión y la paciencia. Nosotras, mujeres de un país, tendremos demasiada compasión hacia aquellas de otro país para permitir que nuestros hijos se entrenen para herir a los suyos. ’’ Desde el seno de la tierra devastada, una voz se alza con la nuestra. Dice ‘¡Desarma! ¡Desarma!’ La espada del asesinato no es la balanza de la justicia. La sangre no limpia el deshonor, ni la violencia es señal de posesión». Así como los hombres a menudo han dejado arado y yunque por el llamamiento a la guerra, que las mujeres ya dejen todo lo que queda de su hogar para un día grande y serio de consejo. Que se reúnan primeramente, como mujeres, para conmemorar y llorar por los muertos. Que se aconsejen solemnemente de la manera en la que la gran familia humana pueda vivir en paz, cada uno llevando en su tiempo la impresión sagrada, no de César, sino de Dios. «En nombre de la maternidad y la humanidad, les pido solemnemente que sea designado un congreso general de mujeres, sin importar nacionalidad, y que se lleve a cabo en algún lugar que resulte conveniente, a la brevedad posible, para promover la alianza de diferentes nacionalidades, el arreglo amistoso de cuestiones internacionales y la gran causa universal de la paz.»

Por: León Valencia, director – Pares Había suspendido esta columna por unas semanas para dedicar más tiempo a escribir ‘El Regreso del Uribismo’, un libro sobre la actualidad política del país. Al volver a escribir me encuentro con la popularidad que está tomando el grupo Defendamos la Paz que utiliza la aplicación WhatsApp para comunicarse, intercambiar opiniones y tomar decisiones políticas claves sobre los temas de paz que agitan la vida colombiana. Fui de los primeros invitados a participar en el chat y debo confesar que acepté con algún escepticismo, pero no podía negarme al llamado de Iván Cepeda y Juan Fernando Cristo, personas a las que aprecio, admiro y respeto por su compromiso con la paz y con el cambio del país. En todo caso, vi que su interés no era conformar un grupo de sólo políticos o de personas con afinidades ideológicas precisas. Desde el principio se la jugaron por un grupo diverso en sus actividades y plural en su afiliación política con el propósito fundamental de cerrar filas en favor de los acuerdos de paz. Al grupo se han sumado líderes políticos de todos los partidos que están en la independencia y en la oposición, pero además dirigentes como Roy Barreras y Armando Benedetti pertenecientes al Partido de la U, que por mayoría estrecha en su bancada decidió acompañar al gobierno de Duque. Se han vinculado también obispos, sacerdotes, intelectuales, líderes sociales, exmilitares; no solo de Bogotá, sino de diferentes regiones del país. Patricia Lara dice que es una auténtica coalición entre la izquierda y el centro político para sacar adelante la paz y hacerle frente al retroceso que quiere imponer el uribismo. Quizás tenga razón. La paz negociada, la paz que surge de los acuerdos, la paz que se fundamenta en el reconocimiento del conflicto y en la aceptación de que no hubo vencedores ni vencidos, ha sido el factor de división de las élites y de la política colombiana. La polarización de que se habla en estos tiempos se ha cuajado alrededor de la salida política negociada a la confrontación armada que ha vivido el país en los últimos 50 años. Fue la ofensiva del uribismo contra los acuerdos de la Habana lo que desató el acercamiento entre actores políticos que acompañaron opciones distintas en la pasada campaña electoral. Lo que no pudo agruparse en la disputa presidencial, se unió para defender la paz. Esta es una novedad. Pero la mayor novedad es la manera como se tramitan los acuerdos. Esto sí que es especial. El chat, una palabra de origen inglés que su mejor traducción al español es charla, sirve de aglutinante. Hasta ahora más de doscientas personas hacen propuestas, discuten y toman decisiones rápidas que luego se convierten en pronunciamientos públicos o en acuerdos de bancadas para llevar al Congreso o en convocatorias a movilizaciones. Las discusiones son tranquilas, respetuosas, suaves como guantes de seda. No se había visto esto. Los acuerdos políticos en Colombia estaban precedidos de arduas y largas discusiones. Lo viví en la izquierda en los tiempos en que militaba, pero siempre supe de las vicisitudes de los pactos en los partidos tradicionales. Cada colombiano es un país y un país enemigo, decía Bolívar para señalar un rasgo nacional: el individualismo y el poderoso afán de tener una opinión propia invulnerable. Sorprende la facilidad con que este grupo está llegando a opiniones comunes. No es nuevo el WhatsApp, ya cumple diez años. Descubrir que sirve para hacer impactantes coaliciones políticas y sociales es una gran alegría. Una novedad de estas produce alegres ilusiones. Quizás se está generando acá una coalición política, académica, religiosa y social que hará realidad una paz estable y duradera mediante una cadena de triunfos en todos los ámbitos de la vida colombiana, incluidas las elecciones regionales de este año y las nacionales del 2022. Son sueños de un optimista inveterado que no quiere envejecer en un país anclado en las violencias y en los odios del siglo pasado.

Por: Redacción Pares La cifra de líderes sociales asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, el 24 noviembre de 2016, no para de aumentar y el 2019 arrancó con una vertiginosa disparada de la tasa acumulada que ya llega a, aproximadamente, un homicidio cada tres días. Desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, hasta el 6 de mayo de 2019, han sido asesinados 262 líderes y lideresas sociales. Los lugares en los que se concentra el asesinato selectivo son los departamentos de Córdoba, Antioquia, la región del Catatumbo, Cauca, Valle del Cauca y Costa Pacífica nariñense. Época electoral, la de mayor riesgo Los picos de violencia contra líderes sociales se han presentado, mayormente, en períodos prelectorales y en el mes de enero desde 2017 hasta 2019. «Se podría decir que cada cuatro días asesinan a un líder social en Colombia. Una cifra que difícilmente se ha visto en otros países. Si a los homicidios se le suman los secuestros, atentados y amenazas, se podría llegar a la cifra de dos víctimas diarias. El último hecho ocurrió el pasado sábado 4 de mayo en el municipio de Santander de Quilichao, ubicado en el departamento del Cauca.» señaló Ariel Ávila, subdirector de Pares Sumado a esto, la deuda histórica de implementar soluciones pertinentes sigue en vilo. Si el año pasado había cerrado con una cifra alarmante de 87 asesinados, el trágico arranque del presente año es un llamado urgente a impulsar acercamientos que contemplen necesidades diferenciales, colectivas y que, en últimas, se ajusten a contextos complejos, yendo más allá del estrecho enfoque en protección física y material que ha sido promovido una y otra vez desde distintas instituciones del Estado sin mayores resultados. Además, en el panorama actual parece haber claves que permiten entrever que la situación, ya de por sí crítica, puede no haber tocado fondo: por una parte, de acuerdo con investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, entre los perfiles de víctimas predominan ampliamente los líderes y lideresas que son: (1) reclamantes de tierras y Verdad, (2) participan de procesos políticos, (3) miembros de JAC (Juntas de Acción Comunal) que se oponen a economías ilegales de distinto tipo y (4)defensores y defensoras de derechos colectivos ligados a comunidades negras e indígenas. Como lo explica Giorgio Londoño, investigador de Pares, los agentes involucrados en los hechos en mayor medida son actores no identificados que suman más del 70%, seguidos por el Clan del Golfo, los Grupos Armados PostFARC y, en menor medida, el ELN. Esta tendencia podría apuntar a vínculos estrechos con actores legales e intereses económicos que han tendido más y más a contratar sicarios. «Una de las exigencias que le hacemos al gobierno, y lo hemos dicho de todas las formas posibles, es que debe darle un tratamiento a aquellos grupos que hoy están considerados al margen de la ley. El gobierno anda diciendo que hay que «darles plomo», pero el gobierno tiene que sentarse a negociar porque tiene que pensar en los que estamos en el medio, en nosotros que somos su pueblo.» señaló a Pares Héctor Carabalí, líder social del norte del Cauca. ¿Cómo ha reaccionado el Estado frente a esta violencia? En línea con los devenires de la política del “espejo retrovisor” que ha predominado en el gobierno Duque, el propio presidente lanzó a finales del año pasado el PAO (Plan de Acción Oportuna), que busca crear una acción articulada y coordinada entre actores e instancias para definir políticas frente al creciente fenómeno de homicidios y victimizaciones. Durante el lanzamiento de esta iniciativa la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que su finalidad última sería “encontrar una visión común de las entidades del Estado y definir acciones concretas en el territorio”. Sin embargo, los reparos al PAO no se hicieron esperar. Desde distintos sectores se llamó la atención acerca de su composición, que priorizó la presencia de funcionarios de alto gobierno pero que excluyó a la sociedad civil. A la par, distintas organizaciones también denunciaron su visión reduccionista, que reproducía varios errores cometidos en pasadas ocasiones, principalmente, en relación con una idea de seguridad ceñida a la presencia de fuerza pública y a la protección. Asimismo, el protagonismo de personajes ajenos y adversos a los movimientos sociales no fue vista con buenos ojos y el PAO ha sido criticado por simplificar y duplicar otras estructuras ya contempladas en otras instancias, especialmente en el caso de la Comisión de Garantías de Seguridad contenida en el punto 3 del Acuerdo de Paz. Así las cosas, la medida parece tanto el resultado improvisado de la presión ejercida desde las organizaciones nacionales e internacionales, como una movida mediática para responder de alguna manera a la imagen presidencial que va en picada. A lo anterior, se suma el hecho de que, a pesar de múltiples denuncias y evidencias, solo hasta ahora se reconoce un cierto grado de sistematicidad por parte del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez -hecho que sucedió precisamente el día en que se llevaron a cabo movilizaciones masivas reclamando su renuncia-. «El gobierno colombiano se defiende manifestando que no hay una conexión entre todos estos hechos, en cambio, dicen que se deben a temas locales e incluso problemas personales de los líderes. Su principal argumento es que el que mata o el victimario no es el mismo, por ende, no habría sistematicidad.» explica Ariel Ávila. Según el investigador y analista, «El Estado no tiene ningún plan de choque para proteger líderes con estos perfiles y nada indica que la masacre se vaya a detener. En varias regiones del país hay una lenta agonía de la democracia, es como si se estuviera desangrando.» La Oficina de DDHH de la ONU alerta del elevado número de defensores asesinados, acosados y amenazados en el país. Colombia: La Oficina de DDHH de la ONU alerta del elevado número de defensores asesinados, acosados y amenazados en el país (51 sólo en los últimos 4 meses). Urgen a las autoridades a poner fin a la impunidad. 🔊 Escucha a la portavoz en español ⬇ pic.twitter.com/Up6htuYpsO — Naciones Unidas (@ONU_es) May 10, 2019 Se necesita una protección integral en los territorios Héctor Marino Carabalí, líder social del norte del Cauca, le explicó a Pares: «Una salida a esta situación es el diálogo y resolver las situaciones sociales que hay al interior de las comunidades, porque si no, va a persistir siempre ese conflicto.» «Y lo que vamos a tener es más amenazas, más asesinatos y el gobierno diciendo que no tiene plata para proteger a los líderes sociales. Nosotros no estamos exigiendo más camionetas, más chalecos. Hoy lo que le exigimos al gobierno es negociar con todos esos grupos que hay al interior de nuestras comunidades porque hoy estamos a la merced de ellos.» enfatizó Carabalí. Todo, además, en el marco de los riesgos que representa un escenario electoral regional próximo, de la incertidumbre sobre los efectos reactivos de distintos actores que se sienten amenazados por los procesos de reconstrucción de Verdad e implementación del Acuerdo de Paz y de los prácticamente nulos avances en la identificación de autores intelectuales. En últimas, lo que está sobre la mesa es la manera de abordar la idea de seguridad, que hasta el momento parece reducirse a visiones individuales, pasajeras y policiales, amalgamadas bajo la vieja fórmula de “hacer llegar el Estado” desde arriba. Son apremiantes los enfoques que den prelación a las particularidades territoriales, reconociendo lo que ya está en marcha y los riesgos latentes; a ampliar la cabida de las medidas colectivas y a la identificación de más autores intelectuales. En un contexto como este es necesario, además, que urgentemente se dejen atrás las medidas ineficientes cargadas de vicios mediáticos y las recetas reactivas fallidas.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «Para mí un líder social es alguien que se dedica a defender la vida honrando un compromiso histórico, ancestral. Es la persona que habla por su comunidad, que exige y reclama sus derechos y también es un mediador para resolver sus conflictos. Por eso hemos sido un obstáculo para aquellos que han vivido y se han enriquecido con la guerra. Por eso nos persiguen y nos asesinan.» Pares habló con Héctor Marino Carabalí Charrupí, líder social del norte del Cauca, defensor de los derechos humanos e integrante de la Comisión Política Nacional de Coccam, las mesas de participación de víctimas Municipal Buenos Aires, Departamental Cauca y Nacional, delegado al Consejo de dirección permanente del PNIS, delegado a la Comisión Análoga, integrante de la consultiva departamental del Cauca, y Representante Legal del Consejo Comunitario Cuenca Río Timba Marilópez. Además, es representante legal de la Asociación de Víctimas Renacer SIGLO XXI de Buenos Aires, vocero Nacional de la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes CONAFRO e integrante de la coordinación étnica nacional de paz CENPAZ, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano PUPSOC y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca. Pares: ¿De qué zona del norte del Cauca proviene? Héctor Marino Carabalí Charrupí: Yo vengo del municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, más exactamente del corregimiento de Timba. Este es un pueblo que tiene alrededor de 6.000 habitantes y queda ubicado al pie de la cordillera occidental, a un costado del río Timba, que nace en la cordillera, y al otro lado, al norte, está el río Cauca. La gran mayoría de los habitantes del corregimiento somos afrodescendientes, sin embargo, de unos 30 años para acá es un pueblo al que ha llegado mucha gente de otros departamentos por causa del conflicto, las personas han llegado buscando oportunidades. Timba está ubicado en una zona estratégica donde hay una vía que conduce al municipio de Suárez, es decir es un paso obligatorio hacia Santander de Quilichao, municipio muy importante del norte del Cauca porque recoge los 12 municipios del norte del departamento. Timba también tiene una salida hacia Cali, por Jamundí, y por la parte alta quedan El Porvenir, El Ceral y Naya, zona recordada por la masacre paramilitar de 2001. Pares: ¿Cómo ha afectado el conflicto armado a los municipios del norte del Cauca? H.M.C.CH: A través de los años lo hemos vivido en varias etapas. En los años 40 todo el tema del conflicto partidista con «La Violencia», luego vinieron los años 80 y tuvimos un problema con la construcción de La Salvajina, en el municipio de Buenos Aires. La represa trajo desarraigo y desplazamiento para el norte del Cauca, en particular para Buenos Aires que vivió uno de los primeros desplazamientos grandes. Gente joven salió para Cali, para Bogotá y terminaron en pandillas y muchos fueron asesinados. » A los 12 años conformamos, con amigos y familiares, un grupo cultural juvenil y empezamos hablar de nuestra música, a investigar nuestras raíces folclóricas, a hablar de los violines caucanos. Ese trabajo nos dio un gran sentido de pertenencia con nuestro territorio.» Foto: Pares Después sufrimos la presencia de grupos al margen de la ley, estamos hablando de los años 80 con el M-19 y el Quintín Lame. Luego, en los 90 llegaron las Farc con mayor fuerza, sobre todo en la zona montañosa, en la parte occidental de Buenos Aires. A esto se suma la ausencia del Estado. Posteriormente viene toda la gente desplazada por las fumigaciones en otros departamentos del país como el Putumayo y en parte del Caquetá. También aparecen en esos años los proyectos de minería a gran escala, propiamente en el cerro Teta, en el municipio de Buenos Aires. Y a partir del año 2000 la situación más fuerte fue la presencia de paramilitares. Todos estos fenómenos de violencia han dejado grandes secuelas para nosotros, para la población étnica y campesina y las poblaciones indígenas del departamento del Cauca. Sufrimos el yugo del despojo, los homicidios, las masacres y los desplazamientos masivos, todo con la complicidad del Estado, de la Fuerza Pública. La época de la implementación de la Seguridad democrática de Uribe fue muy dura. Hubo ‘falsos positivos’ en nuestro territorio, asesinaron una gran cantidad de compañeros en este tipo de hechos y después vino el enfrentamiento feroz con las Farc. En esos combates entre el Ejército y el Bloque occidental de la guerrilla la comunidad quedó en la mitad, confinada, desplazada, y a los líderes sociales nos estigmatizaron y nos señalaron, de un lado y del otro, por estar haciendo una defensa territorial, ancestral. No hay que olvidar la «Ley de Justicia y Paz» de Uribe, con la cual supuestamente los grupos paramilitares se desmovilizaron y entregaron unas armas, pero mucha de esa gente quedó dando vueltas alrededor de nuestro territorio manejando la minería ilegal y despojando tierras. Pares: ¿Cómo se formó como un líder social de su comunidad? H.M.C.CH: Somos unos municipios, y propiamente Timba es un corregimiento rico en agua, en oro, en carbón y además es una zona estratégica. Desde generaciones atrás nuestra labor, la de los líderes, ha sido defender la vida y la pervivencia de nuestros recursos naturales renovables y no renovables del municipio. Por eso nos han perseguido, porque hemos tenido la gran capacidad a través de la sabiduría ancestral por parte de muchos de nuestros mayores para organizarnos y así hemos tenido una mayor representación al interior de nuestras comunidades. Mi historia como líder tiene que ver con ese legado ancestral. En este ejercicio de trabajo organizativo, de defensa de la vida y la dignidad a nivel territorial. Cuando tenía nueve años -lo tengo en la memoria- yo era un niño muy preguntón, muy curioso; donde veía una montonera de mayores yo estaba ahí, me acercaba a preguntar por qué estaban reunidos, qué estaban haciendo, qué planeaban, qué pensaban. Muchas veces por un lado me sacaban y por el otro yo volvía a entrar a esas reuniones, hasta que al fin encontraba algún mayor que se sentaba conmigo y me explicaba: nos reunimos para pensar en la vida, en beneficios para la comunidad, en la carretera que está mala, con quién había que hablar para que nos arregle la escuela, en fin. Así me fui interesando y fui aprendiendo las responsabilidades y habilidades de un líder. Pares: ¿Cuál es su lucha como líder social de Timba, Cauca? H.M.C.CH: Yo hago parte de la mesa Municipal de víctimas, de la mesa Departamental y hoy de la mesa Nacional de víctimas. Además de mi trabajo con víctimas, realizo un trabajo reivindicativo con todo lo que tiene que ver con nuestros derechos étnicos, económicos, políticos, sociales y culturales. Nosotros tenemos la figura de autonomía, nuestro gobierno que es el Consejo Comunitario que creamos en Timba, del cual yo soy el representante legal y hemos estado al frente, en primer lugar, de todas las amenazas por parte de las multinacionales mineras interesadas en el agua. Estamos hablando de construcción de represas sobre el río Timba, de cultivos de uso ilícito; nosotros luchamos para que el campesino tenga alternativas efectivas de sustitución, para que haya seguridad, y hablamos también de las dificultades territoriales por la persecución a nuestros compañeros. Sobre todo el tema étnico del Acuerdo de Paz de La Habana, que nosotros impulsamos, asumimos el compromiso de hacer la pedagogía y sacamos una cartilla para explicarle el Acuerdo a la comunidad. Eso nos convirtió en enemigos por parte de quienes no quieren la paz en los territorios. Por ejemplo, asumimos el papel de la socialización de los acuerdos en lo que tiene que ver con sustitución de cultivos de uso ilícito y, en el tema ambiental. Con la firma del Acuerdo, algunas zonas donde nunca habían llegado transnacionales, hoy se han adecuado para que esas empresas lleguen para explotar nuestros recursos naturales renovables y no renovables. Eso ha sido muy complejo. «El último día, antes de que se firmara el Acuerdo en La Habana, logramos consolidar tres páginas del componente étnico en el Acuerdo, no eran las dos líneas que había dicho el Gobierno.» Foto: Pares Pares: ¿Quiénes son los que no quieren la paz en los territorios, quiénes amenazan y atacan a los líderes sociales en el norte del Cauca? H.M.C.CH: Tenemos hoy en nuestro territorio disidencias de las FARC, que han crecido en número debido al incumplimiento del Acuerdo con el Gobierno. Tenemos un tema de cultivos de uso ilícito y temas de minería ilegal ¿y quiénes somos los objetivos militares?: los que estamos efectivamente de acuerdo con que haya transformaciones y luchando por el Acuerdo de Paz, por la sustitución, por la autonomía de en el territorio. Esas zonas donde estuvo históricamente la guerrilla de las Farc, deberían ser ocupadas por el Gobierno, pero no por medio de la bota militar, sino con proyectos productivos, con mecanismos efectivos para resolver algunos problemas sociales de la comunidad. Hoy no vemos eso, lo que vemos son zonas abandonadas socialmente, donde no hay vías, no hay carreteras, no hay escuelas, no hay comunicación con la gente. Encontramos también al EPL o ‘Los Pelusos’ como les dicen, encontramos al ELN y nos encontramos con otro fenómeno que causa terror y es el de las Águilas Negras o las Autodefensas Gaitanistas. Todos estos grupos persiguen a nuestras comunidades y a nosotros como sus líderes. Además, hay una zona, a la entrada al Pacífico, que está completamente militarizada, entonces no entendemos por qué se presentan todos estos fenómenos. Yo he tenido y tengo mil y una amenzas por mi trabajo. Actualmente por las Águilas Negras, de quienes he recibido cientos de panfletos, hasta que en julio del año pasado mataron a un primo, a mi maestro y compañeros en todo esto del trabajo organizativo. Con el dolor del alma me tocó salir del territorio. Nosotros, los que nacimos en Timba y los que nacieron detrás de mí,tenemos el ombligo enterrado en nuestro tierra: nos ‘ombligaron’, es decir que cuando nacimos y cortaron el cordón umbilical lo hundieron en la tierra. Eso te crea una conexión con ella, por más que uno vuele, se siente allá. Pares: ¿Qué extraña de Timba? H.M.C.CH: Yo extraño todo de mi territorio. La comida, el sonido de los pájaros. Extraño cuando la gente -cuando mi gente- a cualquier hora, me golpeaba la puerta para pedirme ayuda, un consejo. Todo eso me hace falta. Yo me siento muy encerrado, hoy me siento nuevamente con las cadenas porque no puedo hacer para lo que nací, para servir a mi gente. Pares: ¿Qué se viene para la comunidad del norte del Cauca? Nos ha tocado luchar en cada generación, cada época ha vivido un conflicto. Nosotros los líderes sociales siempre pensamos en la transformación de este país, organizar nuestra gente, formar nuestra gente porque al interior de nuestras comunidades tiene que haber un liderazgo y eso tiene que mantenerse para que haya un relevo generacional. Es decir, hoy estoy yo, pero tengo que enseñar a otros para que asuman la tarea como lo hicieron conmigo porque eso se enseña, porque en el momento en que me pase alguna cosa yo he transmitido el conocimiento, la memoria: alguien asume ese papel. «Mira lo que le pasó en Francia y a los otros compañeros la semana pasada; les hicieron seguimiento y atentaron contra ellos. A mí me llaman y me dicen que me andan buscando. Es un estado permanente de persecución contra nosotros.» Foto: Pares Una de las exigencias que le hacemos al gobierno, y lo hemos dicho de todas las formas posibles, es que debe darle un tratamiento a aquellos grupos que hoy están considerados al margen de la ley. El gobierno anda diciendo que hay que «darles plomo», pero el gobierno tiene que sentarse a negociar porque tiene que pensar en los que estamos en el medio, en nosotros que somos su pueblo. Una salida a esta situación es el diálogo y resolver las situaciones sociales que hay al interior de las comunidades, porque si no, va a persistir siempre ese conflicto. Y lo que vamos a tener es más amenazas, más asesinatos y el gobierno diciendo que no tiene plata para proteger a los líderes sociales. Nosotros no estamos exigiendo más camionetas, más chalecos. Hoy lo que le exigimos al gobierno es negociar con todos esos grupos que hay al interior de nuestras comunidades porque hoy estamos a la merced de ellos. También le pedimos al gobierno que implemente el Acuerdo de Paz, que implemente el capítulo étnico del Acuerdo donde se habla de fortalecer la figura de seguridad propia, como nuestro la guardia Cimarrona. Esos son los ejercicios que se deben de empezar a fortalecer, donde se le da autonomía a nuestras comunidades, porque conocemos la comunidad y siempre hemos cuidado el territorio y siempre lo cuidaremos. ¿Por qué no trabajar para disminuir todas esas brechas sociales que hay para que se resuelvan? No hay que perseguir más al campesino, sino ofrecerle garantías y proyectos productivos viables, buscar canales de comercialización. Acaban de aprobar Plan de Desarrollo, pero lo vemos más mezquino que el anterior. Por ejemplo, las comunidades no aparecemos en el tema de víctimas. No vemos cómo se cumple con la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Tampoco hay presupuesto para la indemnización a las víctimas del conflicto. Nada de eso vemos en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque, y es muy grave.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares En Urabá hay una iniciativa que dialoga con el medio ambiente; de hecho, el director de Cero Generación Perdida, Edinson Carrillo, considera que el espacio busca disputarse los imaginarios de violencia que tienen los jóvenes con otro tipo de representaciones más visibles. “Eso se ha podido ver en la historia que han contado los jóvenes con los árboles que han sembrado, es otra narrativa que llega a la región, una que articula a la comunidad y resignifica la memoria histórica de la región”, señala. La iniciativa germina con el trabajo popular de los habitantes de Turbo, quienes parece que tuvieran como lema el verso del poeta colombiano, Darío Samper, “la flor del aire es un ardiente golpe de sangre en nuestro raudo pulso”; pues siembran trabajo comunitario bajo la idea de vincular la apuesta social con una reconexión con la naturaleza y la resistencia del territorio. Responsabilidad social ambiental Sin lugar a duda, la fortaleza de esta iniciativa se encuentra en la parte del medio ambiente, con lo que tiene que ver con la responsabilidad social ambiental. Sobre este enfoque, Edinson cuenta que con el proyecto “Mejor Árboles Naciendo, que Jóvenes Muriendo”, ganaron un premio nacional de medio ambiente que fue patrocinado por ‘Seguros la Equidad’. Dicho proyecto, continúa Edinson, consta de sembrar árboles y conservar los viveros existentes en la región. Este trabajo se fue consolidado gracias a lo que llama Edinson; una especie de sinergia con los estudiantes, los jóvenes, las instituciones educativas, con docentes, rectores y demás actores de la comunidad como lo son los padres y los habitantes. “De esta forma es que nos tomábamos los territorios, sembrando mensajes de paz, de esperanza, amor para conseguir resolución de conflictos y trabajar por la garantía de derechos entre las comunidades”, agrega Edinson. Otro de los retos que explica Edinson tiene que ver con el abandono estatal que se refleja en la vulneración de los derechos básicos, falta de acceso al agua, a la educación y al empleo. Desde esta perspectivas se han planteado las líneas de trabajo de Cero Generación Perdida. Una labor educativa para los jóvenes Por otra parte, Edinson cuenta sobre los talleres y los foros de Cero Generación Perdida, los cuales estaban pensados para trabajar desde las instituciones educativas. Allí lo que se plantea es un trabajo de motivación en el que a partir de las historias y testimonios de niños, niñas y jóvenes que con el tiempo se volvieron referentes en la comunidad de Turbo o de la región de Urabá. Edinson explica que en ese espacio de escucha sobre dichas historias, se generaba un espacio de reflexión entorno a cómo esas personas que hoy son referentes, trabajaron con la comunidad. Esto, para hacer hincapié en las alternativas de vida que hay en la región, alternativas que son susceptibles a los lenguajes artísticos, deportivos y culturales. Otra línea importante que hay dentro del proyecto Cero Generación Perdida, tiene que ver con la línea ‘Explórate Joven’, que se creó articulada con una bolsa de empleo —Comfenalco—, para poder llevar las distintas instituciones como escuelas, colegios, universidades; en el que pudimos trabajar de fondo un curso de Excel avanzado, contabilidad, finanzas; como también diplomados focalizados al sector público. Hay otra línea que se llama ‘Cultura-Barrio’, en el que iban a los parques, a las casas hablando con los niños para que ellos sirvieran de puente con sus padres para poder vincularlos y a sus familias, porque dentro del proceso de la iniciativa nos hemos dado cuenta de que los niños tienen una capacidad de movilidad sobre su circulo familiar; bastante importante. De esta forma, en el proceso de sembrado fue muy efectivo esa movilidad para que los familiares hicieran parte del espacio, con lo que también logramos un poder de reconocimiento de la comunidad en el marco de la siembra de árboles. Cómo nació el proyecto Edinson cuenta que la iniciativa nació en unas mesas concertadas entre amigos y profesionales de distintas áreas, cuando empezaron a pensarse unas alternativas dirigidas especialmente a jóvenes en riesgo en la región de Urabá. Las zonas que la iniciativa ha priorizado son las que concentran dinámicas de conflicto en el municipio de Turbo, como es el caso del corregimiento del Tres y se han hecho acercamientos a los municipios de Apartadó y Necoclí. La idea de la iniciativa, durante estos años, es plantarle cara a problemáticas como la vinculación de jóvenes a pandillas, grupos armados ilegales, consumo de sustancias de uso ilícito; para poder iniciar un trabajo largo que elimine—desde las iniciativas que ofrece Cero Generación Perdida— dichas dificultades. El recibimiento por parte de la comunidad ha sido positivo y Edinson considera que eso tiene que ver con que la gente ha visto que este trabajo se ha realizado de manera voluntaria, que se ha podido hacer sin las administraciones municipales, lo que significa que no tiene un tinte político y así genera más confianza para la comunidad. Muchos de los jóvenes que trabajan en la iniciativa son víctimas de desplazamiento forzado, víctima de distintas violencias. “Este reconocimiento de realidades es la que permite fortalecer las actividades pensadas en clave medioambiental, para hacerle frente a actividades de violencia ofreciendo actividades vinculadas al sector rural.» De esta forma, los jóvenes también resignifican el territorio y descubren posibilidades desde el quehacer”, señala Edinson. Sacar a los jóvenes del conflicto En este sentido, lo que buscan es sacar del área de conflicto a los jóvenes y buscar que no sean objeto de vinculación para grupos armados o para trabajos en economías ilegales. Con la sensibilidad a la que le apostamos con la siembra, las reflexiones logradas en las charlas y en las iniciativas de capacitación; le muestran a los jóvenes la bajara de posibilidades que hay más allá de la violencia. Edinson considera que la clave estará en perpetuar en el tiempo la iniciativa para que, en este sentido, los jóvenes puedan hacer uso del espacio y que tenga incidencia. Sobre las edades con las que trabajan, Edinson señala que son jóvenes de los grados noveno, décimo y once, es decir, desde los 14 años hasta los 20 años de edad.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Desde finales del mes pasado se han registrado situaciones en contra de los magistrados de las altas Cortes en Colombia. Hace dos semanas denunciaron unas presuntas interceptaciones a sus teléfonos, y este viernes se conoció que Estados Unidos les quitó la visa a tres de ellos, en un contexto en el que las relaciones diplomáticas entre ambos países pasan por un mal momento. De acuerdo con la investigación realizada por Revista SEMANA, a Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo magistrados de la Corte Constitucional, y a Eyder Patiño, de la Corte Suprema de Justicia, les fue cancelado el visado. “La actitud de EEUU frente a la Corte Constitucional tiene la anuencia del gobierno. En la posesión de Duque a las Cortes, que siempre habían estado en la primera fila del evento, las mandaron atrás y Macías les anunció que irían por ellas. El desplante ha sido cada día más duro”, expresó en su cuenta de Twitter, el director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares. ¿Cuáles serían los motivos? Según el medio de comunicación, esta medida se tomó con el fin de presionar a la justicia colombiana, quien actualmente está debatiendo temas relacionados con el Acuerdo de Paz, entre ellos el de la extradición. En el pacto se estipuló que los excombatientes de la exguerrilla Farc no serían juzgados en otros países si colaboraban con la justicia en Colombia. Sin embargo, la discusión se puso en la mesa nuevamente cuando inició el debate de la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que Duque objetó seis artículos, entre ellos dos relacionados con la extradición. La cuestión es que las altas cortes han respaldado el acuerdo en su mayoría, debido a que, está avalado constitucionalmente. En ese sentido, se han presentado disputas políticas entre los que apoyan el pacto de paz tal y como se firmó, y los detractores del mismo, lo cual ha generado malestar en los jueces, debido a la falta de garantías en la justicia. “El Presidente de la República y el Gobierno Nacional deben pronunciarse sobre esta delicada situación e informar a la opinión pública si retirar las visas a los magistrados de la @CConstitucional cuenta con su conocimiento y beneplácito”, expresó en la misma red social el senador Iván Cepeda. La extradición ha sido un punto clave en las relaciones entre ambos países, puesto que, la situación de la producción y exportación de droga hacia Estados Unidos (de décadas atrás) ha implicado el reforzamiento de esta práctica judicial. Y como se ha constatado que la exguerrilla de las Farc estuvo inmersa en el negocio ilícito, esta sería la razón para que ese país intente dejar la puerta abierta a que los excombatientes puedan ser juzgados fuera de Colombia. ¿Cómo están las relaciones diplomáticas? Los magistrados también le pidieron al presidente Iván Duque interceder en los canales diplomáticos, puesto que, consideran que estas medidas van en contravía de la legalidad. Sin embargo, dichas relaciones bilaterales han estado entorpecidas por parte de representantes del gobierno adscritos a la Cancillería, tanto así que han dejado mal parado al país en diversos temas de la agenda internacional. “No pasa una semana sin que haya una metida de pata de la diplomacia colombiana de la cancillería o los embajadores. La semana pasada (…) Alejandro Ordoñez, embajador de Colombia ante la OEA dijo que lo que hace la migración venezolana hacia América Latina es expandir el socialismo, expandir el chavismo en la región”, señaló Valencia, en su canal Por el Ojo de la Chapa. “Fue tan absurdo que a todo el mundo lo sorprendió y el propio gobierno pidió rectificar. Duque le pidió que rectificara, y a fecha de hoy no lo hecho”, agregó. Ordoñez hace parte de las fuerzas más radicales y ortodoxas del gobierno colombiano. Según el analista, el actual embajador representó esa ala conservadora dura y a esas iglesias evangélicas que acompañaron a Duque durante la campaña presidencial el año pasado. Valencia indicó que el actual presidente tuvo que soportar a Ordoñez porque representaba una parte de ese electorado, no muy grande pero una parte importante del electorado. Y luego lo ubicó en la diplomacia internacional y ahí está haciendo estragos, “está metiendo al país en unos caminos que no le convienen a la diplomacia colombiana ni al país”, apuntó. “Vamos a tener entonces persistentemente en Washington estos tipos de errores de la diplomacia colombiana que tienen unas consecuencias enormes en las relaciones internacionales del país”, finalizó el analista. Así las cosas, en los últimos días los magistrados han señalado sentirse arrinconados. Por su parte la Fiscalía aún no ha determinado si hubo o no presuntas intercepciones a las llamadas de los jueces y si fueron ilegales. Mientras tanto, Duque intenta mejorar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, luego de la serie de tropiezos que le han generado sus miembros de gabinete.