Por: Redacción Pares Tras un tercer intento de solicitud de licencia ambiental por parte de MINESA para llevar a cabo el proyecto “Soto Norte” de 380 Ha, sobre el que se han demostrado los daños a la estructura ambiental, las aguas subterráneas y las ciudades como Bucaramanga, el pueblo santandereano se movilizará masivamente en defensa del páramo de Santurbán. El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque permitió la entrega de licencias ambientales, la reducción de las regalías para los territorios y el Fracking, entre otras. Estos hechos demuestran la intención de profundizar el modelo minero energético que poco le deja a las comunidades y por el contrario profundiza las conflictividades regionales, daña el ambiente y favorece a los capitales extranjeros. https://twitter.com/ComiteSanturban/status/1126809075319234561 «Hay que defender el agua de Santurbán» Los movimientos ciudadanos en defensa del páramo de santurbán en Santander, solicitan suspender de manera inmediata y definitiva el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto de explotación subterránea de minerales auroargentíferos “SOTO NORTE” de la compañía MINESA S.A., el depósito de relaves y estériles que contienen minerales contaminantes y radioactivos, tienen consecuencias graves y letales sobre la vida, la salud y la seguridad alimentaria, al derecho colectivo al ambiente sano y al agua. «En medio de la tragedia ambiental que acecha la vida en el planeta, avanza una conciencia universal por hacer ciertos los derechos de la naturaleza. Defender el agua de Santurbán es aproximarnos a los derechos de la naturaleza, reconocerla como sujeto de derechos y ya nunca más como objeto de apropiación y explotación. El punto fundamental es el reconocimiento del derecho a un ambiente sano que consagra el artículo 79: ”Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente [y de] conservar las áreas de especial importancia ecológica.” manifiesta en su comunicado el movimiento social por la defensa de la vida y Santurbán. #YoMarchoPorSanturbán https://t.co/GGQg3OGn6M — Comité Santurbán (@ComiteSanturban) May 10, 2019 Por ese motivo, este viernes 10 de mayo las comunidades que creen firmemente en que el agua vale más que el oro realizarán una masiva manifestación desde Bucaramanga, con el mensaje de que hay que defender el ambiente y la vida. Santurbán, el corazón del agua en Santander El Páramo de Santurbán, también denominado complejo Jurisdicciones – Santurbán por el Instituto Alexander von Humboldt (2007), corresponde a un ecosistema ubicado entre los 3000 y 4290 msnm, en terrenos de 15 municipios de los departamentos de Santander y Norte de Santander, y dentro de la jurisdicción de las Corporaciones Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR). Abarca una superficie aproximada de 80.000 hectáreas, de las cuales aproximadamente el 26% se ubica en el departamento de Santander, en los municipios de California, Charta, Suratá, Tona y Vetas. En el páramo de Santurbán se origina el agua empleada para el abastecimiento de más de 2.200.000 habitantes radicados en los municipios de Cúcuta, El Zulia, Ábrego, Ocaña, Arboledas, Cáchira, Cácota, Chitagá, Cucutilla, La Esperanza, Labateca, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Salazar, Silos, Villa Caro, California, Charta, Suratá, Tona, Vetas. Y los cuatro centros poblados que conforman el área metropolitana de Bucaramanga.

Por: Redacción Pares El exsenador del Partido de la U y ex presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), Jorge Visbal Martelo, fue condenado el año pasado por un juzgado especializado a 9 años de prisión por sus nexos con grupos paramilitates. Visbal solicitó ingresar a esta justicia especial en enero de este año. Este jueves, la Corte Suprema de Justicia resolvió enviar su caso a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP. El exembajador uribista podrá pedir ante la JEP la sustitución de la condena que le fue impuesta por la justicia ordinaria o la revisión de todo el proceso en su contra por parte de la Jurisdicción Especial, con la condición de que el expresidente de Fedegán diga toda la verdad sobre los nexos que sostuvo con grupos paramilitares desde 1998 hasta la desmovilización de este grupo armado en 2006. Algunas verdades del caso Visbal En 2011, la Fiscalía le abrió investigación, luego de que varios jefes paramilitares los señalaran de ser uno de los asesores de las Autodefensas Unidas de Colombia. Los jefes de este grupo ilegal que declararon en su contra fueron Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Don Berna. «Visbal Martelo conocía y compartía ampliamente la ideología del grupo paramilitar, con la cual era afín, ya que señaló haber recibido múltiples peticiones del acusado a nombre de los ganaderos, buscando que las Autodefensas hicieran presencia en algunas zonas controladas por la guerrilla. Resaltó, que ello lo solicitaba por la ausencia de presencia del Estado en diferentes zonas del país”, afirma la sentencia de la Corte Suprema. En enero de este año, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación – Pares, Ariel Ávila, publicó en su columna de la revista Semana la siguiente información que se enmarca con este caso de Visbal martelo, reconocido ganadero de Córdoba: «Luego de terminar un proceso de investigación entre la Fundación Forjando Futuros y la Fundación Paz y Reconciliación -Pares,, los datos se ven más claros y son más nítidos. Le aclaro al lector que lo que a continuación voy a enunciar es producto de extracción de la información de 3.761 sentencias judiciales sobre restitución de tierras. No son inventos, ni datos propios, es lo que dicen los jueces. El primer dato es que durante los 54 años de guerra en Colombia, se despojaron más de 6.000.0000 de hectáreas de tierra. El segundo es aterrador, se despojó al pequeño propietario y no a los latifundistas. Según las sentencias el 50 por ciento de los predios restituidos son propiedades menores a 3 hectáreas. El otro 25 por ciento son propiedades entre 3 y 10 hectáreas. El 21 por ciento de las sentencias corresponden a propiedades de entre 10 hasta 50 hectáreas. En otras palabras, en la guerra se despojó al pequeño campesino, los minifundios. El 75 por ciento muestra propiedades menores a 10 hectáreas de tierra. Los responsables del despojo en porcentajes según sentencias judiciales son los siguientes: Paramilitares: 55% Combates: 24% Combates entre guerrillas y Estado o entre guerrillas y paramilitares. En ningún caso, de las más de 3.700 sentencias, se observan combates entre Estado y paramilitares, pareciera que no los combatían. Guerrillas: 13% Grupos Armados no definidos: 7% Estado: 1% Así las cosas, según sentencias judiciales los mayores despojadores, de lejos, fueron los grupos paramilitares y no las guerrillas. Además se destaca que el Estado combatía las guerrillas, lo cual es normal, pero no los paramilitares, lo cual es anormal, es un Estado de derecho. El tercer dato es que de las más de 6.000.000 de hectáreas despojadas apenas se ha restituido 237.679, ni siquiera el 10 por ciento. Falta aún mucho. Lo que se debe entender es que la mayoría de la tierra despojada terminó en manos de políticos y empresarios agrarios, ya lo he escrito antes, el exmagistrado Pretelt, el Fondo Ganadero de Córdoba o todo el despojo en los Montes de María muestra que la tierra está en manos de los que hoy se les denomina terceros. Los mismos que no quieren que exista justicia transicional, porque saben que si la JEP funciona bien, ellos deberán confesar lo que hicieron y devolver lo robado. Por esta razón también, el Centro Democrático o el uribismo hicieron todo lo posible por copar la Comisión Quinta del Congreso de la República, ni siquiera les importó la Comisión Primera, para ellos lo fundamental es la quinta donde se tramitan todos los proyectos de tierras. Por ello es que desconoce la victimización a líderes sociales. En fin desconocen todo lo que traiga verdad y memoria.»

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Así lo dió a conocer el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP/PPP este jueves en su informe anual de derechos humanos en Colombia 2018, en el cual alertó sobre el incremento de los casos de violencia política y social. “Esperamos que este informe mueva al gobierno actual a que tenga un ejercicio más allá de la escucha. Pero uno lo que ve es una falta de estrategia para tratar el tema de manera más contundente entonces que se pase de la escucha a la acción”, explicó a la Fundación Paz y Reconciliación-Pares Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP. “La violencia política va en ascenso, y eso es lo preocupante. Van en aumento y no se da solución”, apuntó. Violaciones al derecho a la vida El CINEP define a la Violencia Política y Social como aquella ejercida por personas, organizaciones o grupos particulares o no determinados, motivados por la lucha en torno al poder político o por la intolerancia frente a otras ideologías, razas, etnias, religiones, culturas o sectores sociales, estén o no organizados. De acuerdo con la organización, esa categoría de violencia también se caracteriza por la dificultad de establecer el presunto responsable de los hechos y, por lo tanto, las víctimas y los patrones de violencia cometidos permiten deducir si se trató o no de un caso con motivaciones políticas. En ese sentido, también se añadieron a este grupo las “violaciones al derecho a la vida” en el marco de la violencia político-social. Por consiguiente, el CINEP estableció ocho tipos violencia contra las víctimas, con sus respectivas cifras, de la siguiente manera: 1. (648) ejecuciones extrajudiciales, homicidios y asesinatos 2. (48) Atentados 3. (1151) Amenazas 4. (304) Lesiones físicas 5. (0) tortura 6. (3) violencia sexual 7. (22) Desaparición forzada 8. (243) Otras violaciones al derecho a la libertad La investigación se realizó por medio del Banco de Datos adscrito a la organización, y el cual documentó 1.418 casos y 2.252 víctimas individuales para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. El asesinato a líderes sociales también hace parte de la categoría expuesta, y que según Pares también va en aumento. Según la Fundación Paz y Reconciliación, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 con la exguerrilla Farc hasta la fecha, se han presentado 262 homicidios contra los defensores de derechos humanos. La base social victimizada Guillermo Cardona, Cofundador de la Federación Comunal de Bogotá y de la Confederación Comunal Nacional, expresó su preocupación frente a los hechos de violencia, que según expresó, han aumentado hacia los líderes y lideresas de las juntas de acción comunal. De acuerdo con el informe, la tendencia a acabar con los movimientos de base es la nueva justificación para que emerjan nuevas metodologías de violencia político social. “Las principales víctimas de los movimientos de base siguen siendo los dirigentes y miembros de las Juntas de Acción Comunal y dirigentes cívicos. Son ellos quienes por ejercer sus derechos se han convertido en el blanco de los victimarios.» «Los líderes comunales y cívicos ejercen exigibilidad de derechos en temas relativos a veedurías ciudadanas, restitución de tierras, defensa del agua y el medio ambiente, minería y megaproyectos extractivistas”, reza el informe. Violencia contra líderes cívicos y comunales Según datos del Banco de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep 98 líderes sociales fueron victimizados, en su mayoría líderes cívicos y comunales durante el 2018. Uno de los casos ocurrió el 3 de julio de 2018, en Palmar de Varela, Atlántico. Según el texto, desconocidos que se movilizaban en motocicleta asesinaron a Luis Barrios. Él era el presidente de la Veeduría de Control Ciudadano de Palmar de Varela y Presidente de Asocomunal y fue dos veces aspirante al Concejo de Palmar de Varela. Así las cosas, las violaciones a los derechos humanos van en aumento, y la política de defensa y seguridad propuesta por el presidente Iván Duque no ha disminuido los hechos victimizantes. La mayoría de las organizaciones sociales y civiles apuntan a un panorama cada vez más incierto para los líderes y lideresas sociales en materia de seguridad.

Por: Redacción Pares Existe un vínculo entre corrupción y la vulneración de los derechos humanos: el 59% de los hechos de corrupción afectaron derechos económicos, sociales y culturales, el 39% derechos civiles y políticos, y el 2% derechos colectivos y del medio ambiente. Así lo revela el Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia, una plataforma de curaduría de información, investigación y seguimiento del fenómeno de la corrupción en nuestro país, que presentó su más reciente informe “Así se mueve la corrupción: una radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016 – 2018” . Los derechos económicos, sociales y culturales se asocian con el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda digna, al agua potable y servicios públicos de calidad, al deporte y a la cultura, principalmente. De todos ellos, los más afectados fueron los derechos a la educación (28 %) y a la salud (23%). La corrupción viola los derechos humanos En cuanto a los derechos fundamentales, civiles y políticos, el 39 % de los casos identificados afectó el derecho a la vida, a la igualdad, la seguridad, la libertad de expresión, de culto, de acceso a la propiedad privada, de asociación y movilización, de acceso a la justicia y de derechos de participación en la vida civil y política del Estado. Por último, el 2 % corresponde a las afectaciones de los derechos colectivos y del medio ambiente, y el uso adecuado de los recursos naturales. En ese sentido, resulta preocupante el impacto cada vez mayor que tiene la corrupción en el goce efectivo de derechos humanos fundamentales y los datos obtenidos en el informe así lo demuestran: servicios de salud que dejan de prestarse, escuelas públicas que no terminan de construirse, proyectos de vivienda que terminan beneficiando a terceros y particulares, escenarios deportivos que culminan en “elefantes blancos”, son el reflejo y símbolo evidente de la corrupción y el grado de afectación que genera en la sociedad. Algunos casos reseñados Por ejemplo, el derecho a la educación se violó en 2009, cuando la gobernación de La Guajira suscribió un contrato con el objeto de construir y mejorar la infraestructura de 42 megacolegios, pero éstos al final nunca fueron entregados. En Casanare, por falsificación de documentos y apropiación de recursos, varios funcionarios de la gobernación se vieron involucrados en irregularidades en un contrato también de megacolegios en el municipio de Paz de Ariporo. En cuanto al derecho a la salud, no debe olvidarse un caso como el desfalco de la EPS Saludcoop, una de las más grandes del país. Por gastos en viajes familiares y fuera de lugar, esta entidad prestadora de servicios de salud fue liquidada en 2016 por desviar recursos de la salud para otros propósitos. Esto afectó a miles de afiliados que padecieron fallas en el servicio o no fueron atendidos. ‘El cartel de la hemofilia’, un caso emblemático Como lo registra el Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia, en 2013, año en que Alejandro Lyons ejercía como gobernador del departamento de Córdoba (2012- 2015), empezó lo que hoy en día se conoce como el Cartel de la Hemofilia, una organización dedicada a pagar los servicios médicos prestados a pacientes falsos de hemofilia, presentando diagnósticos y resultados de laboratorio falsos, en la que participaron auditores médicos, secretarios de salud y dueños de los entes prestadores de servicios de salud. Antes de acabar su periodo de gobierno, Lyons acordó con Edwin Besaile, quien se presentó como candidato a la gobernación el periodo 2016-2019, continuar con el Cartel de la Hemofilia a cambio de la financiación de su campaña. El trato se realizó con la participación del hermano de Edwin, el senador Musa Besaile (2014-2018). Siendo así, Alejandro Lyons entregó a Edwin Besaile la suma de $ 2 100 millones de pesos en efectivo procedente de regalías de salud (FGN, 2018), mientras que el exsenador Musa firmó dos letras de cambio en blanco por más de $ 4 000 millones. Edwin Besaile resultó electo. La Fiscalía General de la Nación aseguró que los compromisos que pactaron iban desde garantizar cuotas burocráticas hasta la continuidad en la obtención de comisiones ilegales a partir de recursos que ingresaban al departamento por regalías y por los pacientes de hemofilia. En el caso del Cartel de la Hemofilia se destacan una serie de irregularidades que iban desde alteraciones en los sistemas internos de las instituciones, hasta el soborno a funcionarios de todos los niveles para participar de este desfalco al presupuesto de la salud. Esta modalidad se replicó en otros departamentos como Sucre, Bolívar y Putumayo, pero también se usó en casos asociados a falsos enfermos de Sida y falsos enfermos mentales. Algunas conclusiones del informe Dentro del total de actores vinculados a hechos de corrupción, se evidencia que el 39% fueron funcionarios públicos y el 30% autoridades electas por voto popular. De estas últimas, el 41% fueron Concejales y el 40% Alcaldes, seguidos por Gobernadores (10%), Diputados (7%) y Senadores (2%). La Corrupción Administrativa (73%), que corresponde al manejo inadecuado de los fondos y potestades públicas por parte de funcionarios públicos, obtuvo el mayor número de hechos de corrupción identificados en este registro, seguida por corrupción privada (9 %) y corrupción judicial (7%). De los hechos asociados a la corrupción administrativa, los procesos de contratación pública (46%) continúan siendo el principal problema. El informe Monitor identificó, entre enero de 2016 y julio de 2018, el 327 hechos de corrupción reportados por 46 medios de prensa nacional, esta información fue ampliada y confirmada con boletines oficiales de órganos de control en los 32 departamentos del país.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Gran revuelo ha causado el fallo de la Corte Suprema de Justicia que podría restringir el ingreso de periodistas a las audiencias judiciales. La decisión se presentó por las constantes prohibiciones de las que fueron víctimas un grupo de periodistas a los que no se les permitió el ingreso al Complejo Judicial de Paloquemao, en el marco del caso por corrupción que se adelanta en contra del exdirector de la cárcel Modelo, César Augusto Ceballos. Cabe recordar que a Ceballos se le sindica de recibir coimas para beneficiar reclusos de dicho centro penitenciario. Un grupo de periodistas interpuso una tutela debido a que el juez del caso no les permitió la entrada a la diligencia. Por medio del recurso de tutelo los comunicadores reclamaron la vulneración de derechos fundamentales como el trabajo, el debido proceso y la libertad de expresión. La Corte Suprema falló en contra de las aspiraciones de los periodistas y de esta forma avaló la decisión de restringir el acceso a las audiencias judiciales. Así, se abre un capítulo de debate en Colombia sobre la libertad de prensa. Para el alto tribunal, los jueces cuentan con la facultad para negar la entrada de periodistas a las audiencias judiciales según lo dictamina el Código de Procedimiento Penal, el cual les otorga dicho beneficio de restringir a consideración la información que suscita en un procedimiento judicial. Según esto, las consideraciones tienen legitimidad para restringir cuando haya una amenaza a la moralidad pública, la seguridad nacional y el orden público. El caso que desató la disputa Sin embargo, para el grupo de periodistas que pretendían asistir a la audiencia de César Augusto Ceballos, el pleito tiene que ver con el derecho de lo que se denomina ‘publicidad del proceso judicial’. Es decir, los periodistas interpusieron una acción de tutela en contra el juzgado 22 penal municipal de control de garantías, y contra la Fiscalía 23, por no haber podido ingresar a la audiencia judicial en contra de Ceballos. Frente a esta situación, el fallo del Alto Tribunal señaló que era suficiente con los comunicados de prensa y que por medio de Twitter también podían acceder a la información. El argumento de la fiscal encargada de la audiencia de Ceballos obedece a que negó la entrada de los periodistas para «salvaguardar la vida e integridad física de las víctimas, de los testigos objeto de investigación y de la eficacia en la investigación». De hecho, en el fallo de la Corte Suprema de Justicia que terminó en contra de los periodistas; el alto tribunal señaló que un juez puede disponer la restricción de entrada de los medios de comunicación en los siguientes casos: que esté en riesgo la vida y la integridad de las víctimas o de las partes, cuando los intereses de la justicia se puedan ver perjudicados o amenazados por la publicidad de el proceso judicial en cuestión. La FLIP en busca de la garantía del ejercicio de derechos La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), después de conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia, emitió un comunicado ante la opinión pública rechazando el fallo, el cual encontró como una contradicción ante los estándares constitucional libertad de expresión y lo calificó como peligroso. La FLIP fue más allá y manifestó una gran preocupación sobre las implicaciones que pueda tener el fallo en materia de la libertad de prensa y solicitó a la Corte Constitucional que haga una revisión de la tutela interpuesta por los comunicadores. La FLIP le ha prestado especial importancia al hecho de que la Fiscalía fue quién puso en conocimiento de la investigación por medio de una rueda de prensa del 30 de enero, pues ha resaltado que parece ser un hecho que pasó por alto la Corte Suprema de Justicia al momento de revisar la tutela interpuesta. A su vez desestimó el argumento del riesgo de las víctimas que se encuentran en la cárcel, pues recordó que el Estado debe garantizar la seguridad de la ciudadanía y eso cobija a la población que se encuentra privada de la libertad. De esta forma, la FLIP rechaza que se esté trasladando esa obligación del Estado para “limitar el derecho de acceder a información pública y limitar el principio de publicidad de las audiencias”. Una lucha de meses Este fue el camino que tuvieron que recorrer el grupo de periodistas:

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El senador Tamayo, conocido como ‘Manguito’ «ha engañado a los electores, se hizo poner en la lista de los Decentes. La coalición tiene determinadas normas que firmó su partido en el convenio y en los acuerdos que se hacen». Así lo expresaron Aída Avella y Gustavo Bolívar, senadores de la denominada lista de los Decentes (que recoge a la ASI, Colombia Humana, Mais, UP y el movimiento Todos somos Colombia), al anunciar este martes que demandarán la curul de Jonatan Tamayo, ‘Manguito’, por considerar que está incurriendo en un conflicto moral de intereses. ‘Manguito’ del lado uribista Justamente, uno de los casos más sonados lo protagonizó Tamayo al defender, del lado del uribismo y en contra de sus compañeros de Decentes, las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP. Este suceso marca la postura que ha tenido el senador Tamayo desde que llegó al Capitolio. Desde su posesión, ‘Manguito’ se desmarcó de los lineamientos que tiene Decentes y los partidos que lo conforman. Por ejemplo, en el marco del Estatuto de Oposición, la bancada de los Decentesse declaró en oposición al gobierno de Iván Duque Márquez, convirtiéndose así en la segunda bancada en declarase en contra del gobierno uribista, después de la Alianza Verde. Desde ese momento, en el que los Decentes radicaran el documento ante el Consejo Nacional Electoral para ser oposición en una instancia histórica que se consiguió después de 27 años por medio del Acuerdo de Paz, se comprometieron a defender el Acuerdo de Paz. Y desde ese momento, ‘Manguito’ se pasó a la orilla contraria, es decir, a defender los intereses del uribismo en el Congreso. Un acuerdo programático para honrar De hecho, para el senador Gustavo Bolívar, uno de los fundamentos de la demanda tiene que ver con un acuerdo programático que abarca un periodo de 2018-2022 en el que la bancada de los Decentes se comprometía a defender sobre todo el Acuerdo de Paz firmado en el teatro Colón y en defensa del Medio Ambiente. En este sentido, Aída Avella y Gustavo Bolívar argumentan que Tamayo incurre en el incumplimiento de dicho acuerdo programático y las reglas de las colectividades que se acogieron en el Estatuto de Oposición como bancadas de posición a Duque. Otro de los visos que tiene este capítulo tiene que ver con que con que Avella y Bolívar consideran que la acción del senador Tamayo, defendiendo las objeciones a la Ley Estatutaria que formuló el presidente Iván Duque, es susceptible de ser entendida como ‘un engaño o un fraude al elector’. Incluso, a raíz de estas decisiones Avella ha señalado que Tamayo «ha engañado a los electores, se hizo poner en la Lista de los Decentes. La coalición tiene determinadas normas que firmó su partido en el convenio y en los acuerdos que se hacen». El camino de Tamayo al Congreso y su cambio repentino Cabe recordar que la llegada del senador Tamayo se dio en el marco de una votación en la que consiguió 14.885 votos, convirtiéndose como el tercero en la lista de la Decencia e impulsado por la amplia votación que consiguieron Aída Avella y Gustavo Bolívar. El fortín electoral de Tamayo se concentró en el departamento del Meta con 7.714 votos y en la ciudad de Bogotá con 3.511 votos. Sin embargo, para Tamayo ese 11 de marzo marcó la terminación de su responsabilidad con la bancada de los Decentes. Lo que ha dicho ‘Manguito’ en reiteradas ocasiones es que, al finalizar las elecciones parlamentarias, la alianza que tenía con la coalición de los Decentes terminó. De hecho el senador Tamayo ha ido más allá, refiriéndose al acuerdo programático del que ha hablado el senador Bolívar; ya que para Tamayo las decisiones que se toman no son a la luz de los Decentes, sino que su representación está dirigida a nombre de ASI. Asimismo, ha dicho que los Decentes no tiene personería jurídica, y bajo su discurso de que se autodenomina como “de tendencia conservadora”, su acercamiento a Álvaro Uribe y al partido de gobierno, Centro Democrático, ha sido evidente. Es más, su articulación al ala uribista lo ha ubicado, frecuentemente en reuniones en la Casa de Nariño con las toldas uribistas. Para Gustavo Bolívar y Aída Avella, no se puede concebir que Tamayo haya llegado por medio de un mecanismo de coalición que no solo se reduce a una alianza para pasar el umbral, sino que Tamayo no puede seguir obviando el acuerdo programático del cual hace parte el ASI, que incluso también estuvo en desacuerdo con las objeciones del presidente Duque, razón que Tamayo encontró insuficiente para declinar su apoyo a Duque. La denuncia contra la curul de ‘Manguito’ Paralelamente, mientras llega el viernes 10 de mayo, día anunciado por Bolívar y Avella para radicar la denuncia en contra de la curul de Tamayo, el pasado 2 de mayo el Consejo de Estado decidió mantener la curul de Aída Avella, Gustavo Bolívar y Jonatan Tamayo de la lista de la Decencia. Esto debido a que había una denuncia que llegó al Alto Tribunal con la pretensión de anular la elección de los tres legisladores porque su llegada se dio por medio de la coalición de los Decentes. De esta forma, la curul de Avella, Bolívar y Tamayo se mantendrá hasta 2022, para este caso. Así las cosas, la decisión del Alto Tribunal no sólo no permitió la salida de los congresistas, sino que a su vez mantiene la vigencia de la coalición que hicieron los partidos Unión Patriótica (UP), Alianza Social Independiente (ASI) y Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS); como Decentes. Para Bolívar, es de vital importancia ya que esta le da vida jurídica a los decentes para poder representar los intereses del electorado que confío en dicho proyecto. Señalamientos irresponsables de Tamayo Este miércoles se le volvieron a ir las luces al senador Tamayo. De manera indiscriminada, en medio de una entrevista en W radio, pues sin ninguna prueba ni justificación dijo: “Para nadie es un secreto en Colombia que, en las campañas de estos personajes, no voy a decir que yo vi, pero fue conocidísimo en Colombia que les daban droga a los jóvenes en Bogotá para que votaran”. Ante estas afirmaciones de ‘Manguito’, Gustavo Bolívar y Gustavo Petro anunciaron que lo denunciarán penalmente por esas acusaciones. Por esta acusación temeraria he pedido a mis abogados que pongan denuncia ante la Corte Suprema de Justicia al senador Tamayo. https://t.co/qvC0vfmNn7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 8, 2019 Ese penoso suceso, recuerda salidas en falso del senador Tamayo, como cuando llamó violador al caricaturista Julio César González Quinceno, más conocido como ‘Matador’.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Este martes se conoció un informe de la Contraloría General de la República sobre las anomalías en el contrato en el que el Ministerio de Agricultura le otorgó a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) control de los recursos parafiscales del sector lechero y ganadero. En él se dieron a conocer ocho (8) irregularidades en la contratación que tuvo lugar el 4 de enero de este año, luego de que durante dos años se hubiera retirado el pacto con este gremio en el anterior gobierno. El decreto 2193 de 2017 creó una administración temporal de la cuota de fomento ganadera a través de la Cuenta Nacional de Carne y Leche, adscritos al Ministerio de Agricultura, en el cual la Fiduagraria se encargó de la gerencia de los recursos y, por lo tanto, quedó fuera del manejo de dineros. Durante ese periodo, se presentarton roces entre el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y el entonces ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, debido a que el primero recriminó la exclusión por parte del gobierno a la federación. Sin embargo, el contrato con la Fiduagraria se venció, y a inicios de este año el gobierno nacional suscribió de nuevo la administración de parafiscalidad ganadera a Fedegán. En ese sentido, se avaló un contrato directo con una vigencia de 10 años. De acuerdo con la Contraloría, el recaudo de la parafiscalidad ganadera es de unos $93.000 millones anuales. Por su parte, el Ministerio de Agricultura había informado que más de 500.000 productores que se dedican a la actividad pecuaria son quienes aportan a este fondo. Dichos ingresos, son obtenidos de la cuota de fomento ganadero y lechero equivalente al 0.75% sobre el precio de litro de leche vendida por el productor, y al 75% de un salario diario mínimo legal vigente por cabeza de ganado al momento del sacrificio, según lo establece la Ley 89 de 1993. Esta ley se creó para apoyar a la comercialización del insumo por parte de los estratos bajos y medios, modernizar la ganadería y aumentar las exportaciones de cárnicos y leche. “La Contraloría cuestiona entrega de parafiscales a José Feliz Lafaurie. Por fin alguien sale a señalar la vergonzosa entrega a dedo de una fortuna de los contribuyentes a una entidad como Fedegán con serias acusaciones de corrupción y alianzas con ilegales”, expresó en su cuenta de Twitter el director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, León Valencia. Los hallazgos de la Contraloría Según lo dio a conocer el contralor delegado para el sector agropecuario, Gabriel Romero, se encontraron fallas en el proceso de contratación a Fedegán. “La Contraloría inició una actuación especial de fiscalización a principios de este año a propósito de la contratación directa de Fedegan y en virtud de que un medio de comunicación denunció el uso indebido de información personal de unos ganaderos”, expresó Romero en Blu Radio. El órgano de control liberó el martes informe que contiene ocho (8) hallazgos. “Dos, tienen connotación penal; cuatro, connotación disciplinar y los ocho tienen connotación administrativa”, explicó. El primero que tiene implicaciones penales, corresponde al manejo inadecuado de datos personales realizados por el Ministerio. En ese sentido, verificaron actas del comité que autorizó la entrega de unas bases de datos a Fedegan. “Pudimos constatar por correspondencia cruzada, incluso de correos personales de funcionarios del Ministerio de Agricultura que se entregaba la orden a la Fiduagraria para que diera la base de datos y complementos en la información que nunca fue clasificada entre privada, semiprivada y pública”, agregó. El segundo, está relacionado con el contrato, debido a la ausencia que encontraron en el estudio de representatividad y en los estudios previos, que debieron constatar que Fedegán era la federación más precisa para administrar los recursos parafiscales. Así las cosas, consideraron que pudo haberse presentado una indebida contratación. Identificaron que no hubo criterios y no se hizo un estudio que representara a ganaderos. Sin embargo, Romero insistió que en la revisión de los archivos y documentos que dieron pie al informe, más las versiones de los responsables, en ninguna de ellas se menciona o está involucrado el actual Ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón. Lo curioso es que Valencia fue el último que firmó el contrato, pero el ente de control insiste que él no tuvo nada que ver en la adjudicación del contrato. Apoyo de Lafaurie al ministro Lafaurie salió en defensa de Valencia y expresó en un comunicado emitido el martes que “el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, ha obrado con el mayor rigor técnico y jurídico en todo lo que tiene que ver con la entrega de recursos parafiscales”. Y asimismo expresó que la “cúpula de la ganadería colombiana” respalda a Valencia en su gestión como jefe de cartera de esa institución. De acuerdo con León Valencia, director de Pares, años atrás, Fedegán en cabeza de Lafaurie, ha afrontado cuestionamientos en su labor como administrador de los parafiscales; y asimismo ha sido mencionado en diversas investigaciones judiciales como aliado de los paramilitares. Cabe destacar que la Contraloría reiteró que el ministro no estaba inmerso en la controversia y señaló al director de cadenas pecuarias como responsable de suscribir los documentos que permitieron la contratación directa con Fedegan. En definitiva, el contrato estará sujeto a revisión. Y mientras tanto, el Ministerio de Agricultura debe presentar un plan de mejoramiento, lo cual indica que aún seguirá vigente.

Por: Cristhian Heyler Bedoya Orobio, Investigador Regional. Oficina Pares-Pacífico Puente Nayero es el primer Espacio Humanitario de Buenventura. Tras sufrir las peores violaciones a los Derechos Humanos en el marco del conflicto armado, tanto en sus territorios rurales de origen como en la zona urbana de Buenaventura. El Espacio Humanitario de Puente Nayero se ha posicionado como un referente de Comunidad de Paz gracias a los ejercicios de resistencia comunitaria, del trabajo de organizaciones base de la zona, como la Corporación Organizando Haciendo y Pensando el Pacífico (CORHAPEP), y de las acciones de los coordinadores temáticos del Espacio Humanitario. Las situaciones de violencia que se sostienen en Buenaventura han sido históricamente más agudas en Puente Nayero, lo que motivó a que la comunidad se organizara para expulsar a los actores armados ilegales de la zona. Desde ahí, la conformación de la comunidad de paz implicó todo un desarrollo organizativo, silencioso, pero efectivo. Fotografía: Orlando Castillo Advíncula, líder del Espacio Humanitario, 2019. Origen del espacio Humanitario de Puente Nayero Algunos líderes de la zona tenían conocimiento sobre antecedentes de zonas humanitarias en diferentes contextos, como las Zonas Humanitarias de Curvaradó y Jiguamiandó Cacarica y la comunidad de paz de Apartadó; la experiencia más cercana era el Espacio Humanitario del Naya. En definitiva, estos sirvieron como referentes para impulsar el proceso de generar resistencias ante las violencias perpetradas por los actores armados del conflicto armado. Para el año 2014, en vísperas de la Semana Santa, los líderes y lideresas de Puente Nayero solicitaron el acompañamiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. El primer domingo de ramos se aprovechó para ingresar al lugar en el marco de una misa oficiada por el Obispo Héctor Epalsa Quintero de Buenaventura. Desde ese día, la comunidad reivindica el 13 de abril del 2014 como el del nacimiento del Espacio Humanitario en Puente Nayero. Fotografía: Casas palafíticas en el extremo del EH, Andrea Aldana, Periodista 2019. La estrategia entonces se centró en ir de casa en casa buscando a los actores armados neoparamilitares y exigiéndoles que se fueran de la zona; y en especial, tratando que las acciones de expulsión de los grupos armados fueran sin agresiones, pues, algunos de los actores armados fueron reclutados de la comunidad y allí mantienen sus lazos familiares. Finalmente, lograron expulsarlos, asumiendo el riesgo de que tomaran venganza por forzar la salida de estos de la zona; algo que incluso sucedió, porque mientras eran sacados del territorio, muchos de ellos gritaban amenazas hacia la comunidad. Una comunidad cercada por la violencia Los afrodescendientes que pueblan este sector de terrenos de bajamar, o como lo expresan las organizaciones territoriales: territorios ganados al mar, y que pertenece al populoso barrio La Playita, en la comuna 4 de Buenaventura, son en su mayoría desplazados por la violencia en el Río Naya. Por una parte, salieron de su territorio a raíz de la masacre en el Río Naya ocurrida en el año 2001 y perpetrada por un grupo de paramilitares del Bloque Calima de las AUC; y, por otro lado, por la presencia de la guerrilla de las Farc-Ep que generó constantes hechos de violación a los Derechos Humanos. Más allá de la realidad del desplazamiento, ha existido una relación estrecha entre la región del Naya y Puente Nayero, en el marco del ejercicio de réplica de sus prácticas culturales y ancestrales, donde los vínculos con la ruralidad no se pierden y, por eso, por parte de los líderes-fundadores del Espacio Humanitario como Orlando Castillo Advíncula, perteneciente a CORHAPEP y organizaciones étnico-territoriales, a esta relación se le denomina: territorio extendido. En este Espacio Humanitario se encuentran comunidades y familias de López de Micay, Guapi, Timbiquí, Iscuandé, La Bocana, Anchicayá, Cajambre, Raposo, Chocó, y también, las nuevas generaciones de los habitantes de Puente Nayero desde tiempos ancestrales. El siguiente mapa, muestra la ubicación exacta del Espacio Humanitario en la zona de la Isla de Buenaventura: Gráfica elaborada por Esteban Tello, Investigador Pares-Pacífico Ya en el contexto urbano, padecieron la presencia paramilitar entre el 2002 al 2004, cargando con el ‘estigma’ de ser uno de los sectores en los que instalaron una ‘casa de pique’. Hasta el momento, la comunidad sufre las presiones de las Grupos Armados Organizados GAO, a través de amenazas a líderes y extorsiones a los proyectos de saneamiento básico. También sufren las extorsiones y amenazas por parte de Los Urabeños, también conocidas como AGC y Clan del Golfo y que tienen alianzas con la banda La Local de Buenaventura. Sin embargo, es paradójico que pese a tener sobre sus hombros todas estas amenazas, las habitantes de Puente Nayero respiran un aire de más tranquilidad si se compara con los sectores aledaños al puerto de Buenaventura. Las medidas cautelares que protegen a Puente Nayero. Los líderes de la zona pidieron la presencia del Estado, la respuesta fue enviar fuerza pública para garantizar la seguridad de la Comunidad de Paz. Luego, con el acompañamiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, los líderes del Espacio Humanitario y CORHAPEP, solicitaron las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El CIDH contesta el 15 de septiembre de 2014, y emite, mediante Resolución 25/2014, Medida Cautelar No. 152-14 a las 302 en situación de riesgo. Esta resolución se constituyó en un gran logro: Fortalecieron su capacidad de incidencia. Se posicionaron y se colocaron en el radar de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Incidieron para que un instrumento jurídico protegiera sus derechos. Actualmente, y pese al esfuerzo garantista de la Medida Cautelar, la respuesta del Estado ha sido débil. Por el momento solo existe la presencia de fuerza pública y redes insuficientes de servicios públicos domiciliarios. Este incumplimiento expone mucho más a la comunidad, que se encuentra en constante vigilancia de la fuerza pública y los grupos delicuenciales que operan en la zona de La Playita. Un estado ausente El “Master Plan Distrito Especial de Buenaventura” se ha convertido en una problemática para la comunidad porque deben desalojar la zona para su desarrollo. De esa forma, se puede interpretar que son un obstáculo que mantiene vivas las causas de los conflictos en la zona. La comunidad del sector, organizaciones sociales, étnico-territoriales y de derechos humanos en Buenaventura están convencidas de que parte de la presencia de los actores armados en Puente Nayero es una estrategia para desplazar y desterrar territorialmente a la comunidad, y de esa forma permitir el ingreso de un megaproyecto: en definitiva, toda la violencia era una estrategia para generar desplazamientos masivos y ‘vaciar’ el sector. Fotografía: Calle principal y obras inconclusas de alcantarillado, Andrea Aldana, Periodista 2019. Puente Nayero carece de infraestructura, saneamiento básico, déficit habitacional, acueductos, guarderías, alumbrado, pavimentación de la calle, entre otros elementos básicos para vivir. En definitiva, la ausencia de las instituciones estatales locales y nacionales, también son un motivo para que los pobladores abandonaran el sector, siendo, en palabras de uno de los líderes del espacio, “la máxima expresión del racismo institucionalizado”. Hoy en día, es una hipótesis que parece comprobarse. Las dificultades para poder vivir dignamente al generar ingresos, contar con la prestación eficiente y completa de servicios básicos como agua y alcantarillado, energía, gas, y garantizar la libre movilidad, son una realidad en esta zona de Buenaventura. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y CORHAPEP siguen alertando sobre ingresos continuos de grupos de neoparamilitares, intimidando y amenazando al interior de la comunidad, pese a las Medidas Cautelares tomadas por la CIDH y la presencia permanente de Fuerza Pública en cinco (5) puntos estratégicos en Puente Nayero. Hoy, la situación para líderes y lideresas de Puente Nayero sigue siendo vulnerable.

Por: Ariel Ávila Martínez. Subdirector Pares. En Colombia, el asesinato simultáneo de tres o más personas se considera una masacre. Hace dos décadas, en los peores años de violencia, los paramilitares llegaron a masacrar 30 o más personas en un solo día y en un mismo lugar. Descuartizamientos con motosierras, empalamientos y tortura eran el común denominador. Hubo un caso, en una región del occidente del país conocida como El Naya, en el cual se produjo lo que se ha denominado una masacre continuada. Una figura que describe aquella situación en la que se van cometiendo homicidios en lo que sería una ruta de la muerte. Arrancan en alguna zona rural, asesinando una familia o persona, y en los días posteriores van siendo asesinadas personas en una misma zona geográfica. El concepto de masacre continuada ha sido debatido por las autoridades, pues esto elevaría las estadísticas dramáticamente. En todo caso, esta situación es lo que puede estar ocurriendo con el asesinato de líderes sociales en Colombia. Desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016, hasta el 6 de mayo de 2019, han sido asesinados 262 líderes y lideresas sociales. Los lugares en los que se concentra el asesinato selectivo son los departamentos de Córdoba, Antioquia, la región del Catatumbo, Cauca, Valle del Cauca y Costa Pacífica nariñense. Los picos de violencia contra líderes sociales se han presentado, mayormente, en períodos prelectorales y en el mes de enero desde 2017 hasta 2019. En la gráfica se muestran los datos discriminados por fecha. Se podría decir que cada cuatro días asesinan a un líder social en Colombia. Una cifra que difícilmente se ha visto en otros países. Si a los homicidios se le suman los secuestros, atentados y amenazas, se podría llegar a la cifra de dos victimas diarias. El último hecho ocurrió el pasado sábado 4 de mayo en el municipio de Santander de Quilichao, ubicado en el departamento del Cauca. Fue un ataque donde se encontraban Carlos Rosero, Francia Márquez, Víctor Moreno, Clemencia Carabalí, Sofía Garzón, entre otros. Todos ellos, líderes sociales de importancia regional y nacional. El ataque se realizó con armas largas y una granada que fue lanzada al sitio donde se encontraban los líderes reunidos. Milagrosamente salieron con vida todos ellos. A pesar de múltiples acciones, de discursos y promesas, esta masacre no se ha logrado detener. El gobierno colombiano se defiende manifestando que no hay una conexión entre todos estos hechos, en cambio, dicen que se deben a temas locales e incluso problemas personales de los líderes. Su principal argumento es que el que mata o el victimario no es el mismo, por ende, no habría sistematicidad. Sin embargo, al mirar los perfiles de las víctimas, estos son bastante similares. Es decir, pareciera que desde la víctima sí hay una sistematicidad clara. Lo que estaría pasando es que agentes legales e ilegales estarían contratando pequeños grupos de sicarios para asesinar a estos líderes. Empresarios, políticos, narcos y la complicidad de agentes estatales estarían permitiendo esta masacre. Hay dos temas de fondo. Por un lado, habrá una jornada electoral el próximo mes de octubre. Se elegirán alcaldes y gobernadores y todo parece indicar que cuanto más cerca la fecha, mayores niveles de violencia contra los liderazgos que cumplan algún papel político en las regiones. Por otro lado, aquellos líderes que reclamen verdad, tierra despojada o protección al medioambiente, están en la mira de los asesinos. El Estado no tiene ningún plan de choque para proteger líderes con estos perfiles y nada indica que la masacre se vaya a detener. En varias regiones del país hay una lenta agonía de la democracia, es como si se estuviera desangrando. Esta columna de opinión apareció publicada originalmente en el diario El País

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El Plan Nacional de Desarrollo PND, aprobado el pasado jueves aún sigue provocando asperezas entre el gobierno nacional y la bancada de oposición. Los primeros lograron pasar el texto en tiempo récord en el Congreso, sin embargo, todo indica que serán demandados algunos artículos por inconstitucionalidad y también por asuntos de procedimiento ya que, en medio del afán por cumplir con el plazo legal para la aprobación del Plan, todo se hizo a las carreras. El texto, que está compuesto por 249 artículos, excesivo para unos y necesario para otros, ha sido objeto de críticas esta semana luego de que se le diera luz verde en ambas Cámaras de manera apresurada. De acuerdo con los senadores de la oposición, el gobierno presionó para que fuera votado con celeridad debido al tiempo limitado que tenía para presentarlo como su hoja de ruta para el periodo 2018-2022. En ese sentido, varios sectores han manifestado la intención de demandar algunos puntos del Plan. Entre ellos, hay uno que el mismo gobierno ha solicitado que sea demandado, puesto que, no fue propuesto por el ejecutivo y va en contra de la normatividad arancelaria. De acuerdo con Carolina Páez, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, en estos días ha empezado a circular la propuesta de demandar el PND por el vicio de procedimiento que se presentó cuando el texto fue enviado de la Cámara de Representantes al Senado. “El trámite por el que tienen que pasar todos los proyectos de ley, y el Plan Nacional de Desarrollo, es un proceso legal en el cual, cuando hay inconsistencias se puede demandar por vicio y se haría inválido el proceso en sí”, explicó Páez. Por consiguiente, una de las cosas que están reclamando es que prácticamente el Senado no debatió, sino que simplemente votó lo que había sido aprobado en Cámara, que fue a ‘pupitrazos’ e inconstitucional. Asimismo, están diciendo que algunos de los artículos aprobados son inconstitucionales como la subida de aranceles a importaciones de textiles. Otro aspecto que está sujeto a ser demandado es la ley de publicidad. Así lo expresó el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo. Puesto que, la Corte Constitucional establece que un proyecto antes de ser debatido entre Cámaras debe estar publicado en la gaceta del Congreso. “Se supone que debería estar antes de que se vaya a ser debatido, y en este caso, cuando se estaba discutiendo en el Senado, fue publicado 20 minutos después en la gaceta, entonces técnicamente no era de acceso a información pública y por eso técnicamente también es un vicio de procedimiento”, agregó la investigadora. ¿Qué dice el gobierno? Para Juan Alberto Londoño, Viceministro de Hacienda, todos los sectores políticos coinciden en que al PND le faltó más días para ser debatido, sin embargo, ya no había más tiempo y ya era necesario tener una ruta para gobernar. “Lo que se está buscando es una mayor descentralización que estamos buscando darles mayor responsabilidad a las entidades territoriales”, insistió en el debate de Semana En Vivo. En cuanto al tema tan discutido sobre la subida de aranceles a importaciones de textiles, expresó que no todos fueron presentados por el Gobierno. Según el funcionario, se presentaron más de 4000 proposiciones y se estudiaron todas. Y en este punto en específico, fue propuesta de origen parlamentario que el gobierno no apoyó. “Todos apoyamos la protección de la industria nacional y del sector manufacturero nacional y consideramos que este no es el mecanismo”, agregó. E incluso el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla manifestó un día después de aprobada la ley que el tema de los impuestos del comercio exterior es una facultad 100% del gobierno nacional, según la constitución. Por su parte, el vicepresidente de la Federación Colombiana de Comerciantes, Eduardo Visbal, aseguró que van a demandar los artículos referidos al tema arancelario por considerarlos en contravía de la normatividad del comercio exterior. ¿Y la oposición? La Representante a la Cámara del Partido Verde, Catalina Ortiz, indicó que de todo el articulado hay aspectos positivos, pero como hoja de ruta tiene cosas profundamente erradas. Mientras tanto, para el senador del Partido del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, este PND es un “plan de subdesarrollo”, e indicó que ninguno de los artículos propuestos y avalados están pensados para que Colombia se desarrolle. “Yo he venido sosteniendo que este es un plan de subdesarrollo porque no apunta a desarrollar en Colombia en nada. Si ustedes miran ahí no hay ninguna política de desarrollo industrial. Un país como Colombia que no desarrolla su agro y no desarrolla su industria no puede hablar de un plan de desarrollo”, apuntó. Por otro lado, declaró que “lastimosamente” el Senado solo tenía dos alternativas. Una de ellas era hundir el proyecto y que pasara por decreto, y el segundo, aprobarlo tal y como había sido discutido en la Cámara baja debido a los tiempos. Entonces la Cámara alta decidió optar por la segunda, y como según explicó el senador, para estos efectos de los negocios ocurre “la unanimidad entre los mismos con las mismas en Colombia” es de vieja data y se logró el quórum por intereses económicos de las bancadas. “Parte del problema es ese, entonces se aprueba un plan nacional de subdesarrollo porque en cada articulito va un negocio. Y el problema no es que hayan negocios, el problema es que hayan negocios para unos y en general negocios malos para el país”, concluyó.

Por: Redacción Pares La agencia de la ONU para los refugiados ACNUR, solicita medidas urgentes de atención humanitaria y protección para 1.600 personas de las comunidades indígenas Embera y Wounaan de Juradó, Chocó, en la frontera Colombia-Panamá, que se han visto forzadas a huir de sus comunidades o están confinadas. Además, según la Organización Nacional Indígena ONIC, los Pueblos Indígenas Embera Dóbida, Chamí, Katío, Wounnan, Zenu y Tule del departamento del Chocó, y las organizaciones y asociaciones del Urabá chocoano, son víctimas de múltiples violaciones de derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario por el accionar de los actores armados que han invadido los territorios y por la indiferencia e inoperancia del Estado colombiano. «Somos víctimas de militarización y actores armados» «Sufrimos la invasión de nuestros territorios por parte de los grupos armados. Estamos obligados a convivir permanentemente con la militarización y hasta que los actores armados no se vayan del todo, vamos a seguir siendo víctimas, pues esta es una de las raíces de nuestros padecimientos.» expresaron las comunidades indígenas a través de un comunicado. Estas son algunas de las denuncias de las comunidades indígenas que viven en este territorio del suroccidente del país: «Diferentes intereses económicos, tanto legales como ilegales, presionan nuestros territorios. De un lado, hay proyectos cacaoteros, bananeros y ganaderos, y de otro lado, el negocio del narcotráfico ha crecido de forma desmedida. Lo anterior, hace que se incrementen también los controles sobre las rutas y la población, al punto que los actores buscan ejercer presión para que las comunidades hagan parte de estas actividades y así garantizar su silencio.» Los actores armados han sembrado minas antipersona en nuestros territorios interfiriendo con nuestras actividades propias de caza, siembra y pesca, agravando la crisis alimentaria y de salud, y causando graves afectaciones psicológicas y físicas. Se han incrementado escandalosamente los casos de reclutamiento forzado y sus estrategias, contra los integrantes de nuestras comunidades, especialmente los jóvenes, violando así las normas del Derecho Internacional Humanitarios. Lo más preocupante es que cuando logramos recuperar a los jóvenes, los actores armados amenazan con matarlos por haber pertenecido a otros grupos. Existe una estrategia de silenciamiento, nos prohíben denunciar y hacer pública la grave situación en la que nos encontramos. Hay una estrategia de miedo y de asesinatos múltiples para causar zozobra en nuestras autoridades y líderes, y así obligarlos a guardar silencio sobre la presencia de los actores armados en nuestros territorios y sus diferentes acciones. A las acciones de los grupos armados ilegales se suman la actitud omisiva, complicidad y aquiescencia de la fuerza pública que debería garantizar nuestros derechos humanos y fundamentales, junto con la débil presencia institucional que hacen parte de un Estado Social de Derecho para garantizar el goce efectivo de nuestros derechos. De hecho, al ser la fuerza pública la única que hace presencia, agrava nuestro riesgo porque los actores armados en desacuerdo, nos acusan de ser quienes los llevan. Al Gobierno Nacional, Departamental, Municipal y a la institucionalidad responsable, las comunidades exigen: 1. Que nuestros territorios, en el departamento del Chocó sean denominados y tratados como territorios de paz y se tomen las medidas necesarias para ello. 2. Que se cumpla el Acuerdo Final de Paz y su efectiva implementación, para lo cual se debe tener en cuenta el papel de la inversión social en la construcción de paz, por encima de la estrategia militar. 3. Que se retomen los diálogos de paz con el grupo armado ELN y se tomen las medidas necesarias para la desarticulación de los grupos paramilitares, para liberar nuestros territorios de su accionar. 4. Que se tomen las medidas necesarias, en oportunidades de educación y trabajo, para crear las condiciones que permitan rescatar efectivamente a nuestros jóvenes del reclutamiento forzado y evitar las represalias provenientes de los actores armados, que los convierte en sujetos de ataque militar. 5. Que la Unidad Nacional de Protección atienda los requerimientos de protección que en el marco de la emergencia que hoy vivimos, se han presentado, con medidas del mismo carácter, esto es, de emergencia, para garantizar las medidas de protección de urgencia para los líderes señalados en la lista entregada nuevamente en Quibdó el paso 02 de mayo en el CERREM departamental e implementar las rutas de protección colectiva, igualmente con carácter urgente. Lo anterior, teniendo en cuenta la arremetida que se puede presentar tras el encuentro realizado durante estos dos días en Riosucio, Chocó. 6. Hacemos responsable al Gobierno Nacional y especialmente a la Unidad Nacional de Protección, de las represalias que en contra nuestra tomen los actores armados tras el presente encuentro, más aun teniendo en cuenta la negligencia y omisión que ha caracterizado su proceder ante la grave situación humanitaria que afrontamos y las diferentes solicitudes elevadas. 7. Adoptar las medidas necesarias para proteger efectivamente la vida de nuestras autoridades y líderes, mediante el cumplimiento de las medidas cautelares por parte de las altas cortes. 8. Que el Gobierno Nacional y la institucionalidad responsable se comprometa a invertir en las comunidades y en el fortalecimiento de su autonomía y gobierno propio para afrontar los efectos nefastos del conflicto armado. 9. Que se fortalezcan nuestros mecanismos propios para la protección de la vida y el territorio, tales como la guardia indígena. 10. Que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo se posible afectar un presupuesto fijo para esta región, de tal manera que las propuestas tengan condiciones de materializarse. 11. Tomar las medidas necesarias para garantizar que los recursos destinados para las comunidades indígenas a través de las gobernaciones y alcaldías, lleguen efectivamente a sus destinatarios y así generar las condiciones para la construcción de una paz estable y duradera. 12. Al Senado de la República, solicitamos que a través de la Comisión de Derechos Humanos y de Paz, se adelante una audiencia conjunta para abordar y visibilizar la problemática en los territorios indígenas del departamento del Chocó. A los actores armados exigen: 1. Que abandonen nuestros territorios, nos reafirmamos en que nos aferramos a nuestras raíces y a nuestro territorio. Nosotros somos dueños de nuestros territorios y no hacemos parte de esta guerra, solo defendemos nuestra vida y autonomía. 2. Que nuestros jóvenes y comunidades no sean forzados a hacer parte del conflicto armado, o a involucrarse de alguna manera, ni nos usen como informantes. 3. Que respeten la vida de nuestras autoridades, líderes y comunidades y con ello, nuestra autonomía y procesos de resistencia como constructores históricos de paz y defensores de nuestra vida y territorios. 4. Que respeten el Derecho Internacional Humanitario. 5. Que no se involucren en nuestros conflictos internos ni en los conflictos interétnicos. 6. Que retiren las minas antipersona de nuestros territorios. A los organismos y organizaciones internacionales de derechos humanos solicitan: 1. Que en el marco de sus actividades misionales realicen el acompañamiento a las autoridades, líderes, comunidades y organizaciones indígenas y el monitoreo correspondiente sobre la situación de derechos humanos que sufren las comunidades en el departamento del Chocó, así como las correspondientes visitas de verificación y elaboración de informes sobre nuestra situación. 2. Que la ONU, ante los graves eventos de violación de derechos humanos, se desplacen de manera urgente a nuestros territorios para realizar las visitas de verificación y acompañamiento, de tal manera que sea posible atender las emergencias de manera efectiva. 3. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se otorguen medidas cautelares en favor de los Pueblos Indígenas del departamento del Chocó, que a través del enfoque indígena permitan superar esta grave crisis humanitaria que afrontamo

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Han pasado 25 años desde que, el entonces magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria Díaz protagonizara una batalla en contra de la penalización con cárcel por el consumo de sustancias como la marihuana. Justamente, Gaviria Díaz logró la histórica sentencia C-221/94 de la Corte Constitucional un 5 de mayo, dando apertura a un capítulo de debate frente a las posturas más rígidas, represivas y conservadoras. Dichas posturas reposaban en el Estatuto Nacional de Drogas, sobre todo aquel artículo que condenaba con un mes de arresto a una persona que fuera sorprendida fumando un cigarrillo de marihuana, un año si reincidía y, si era ‘diagnosticado como adicto era internado en un centro psiquiátrico. Sin embargo, la discusión y el debate sobre el consumo de sustancias psicoactivas está siendo objeto de un retroceso por parte del gobierno de Iván Duque. De hecho, bajo el lema de ‘mano dura’, el gobierno nacional ha desplegado el pie de fuerza para confiscar el porte de la dosis mínima a cualquier persona a partir del decreto 18-44 que entró en vigencia desde el 1 de octubre, a tan solo dos meses de la llegada del mandatario a la Casa de Nariño. Una visión anacrónica A pesar de que hace 25 años los caminos del debate sobre las sustancias psicoactivas, a la luz de la sentencia de C-221/94, se proyectaba sobre perspectivas de salud pública y el libre desarrollo, hoy el debate oscila entre la penalización y la confiscación. Muchos sectores pusieron el grito en el cielo debido a que el enfoque de Duque, que, ha sido férreo al poner en disposición el pie de fuerza de la Policía Nacional para librar lo que él denominó la política de ‘el que la hace la paga’, una avanzada que trastocó lo establecido por la ley de 1994, que permitía al consumidor portar su dosis personal. La razón que expresó Duque fue que la dosis personal sobre la cual dio potestad para incautarla y destruirla: “porque esas sustancias le hacen daño a la salud pública, les hace daño a los niños y son sustancias prohibidas en el espacio público”. Además, se refirió a los consumidores como personas en ‘libertinaje’ (es decir personas desenfrenadas, (según la definición del diccionario de la RAE). Para el mandatario, a quien se le encuentre menos de 20 gramos de marihuana o un gramo de cocaína, debe ser multado con $208.000 pesos, siguiendo la línea del Código de Policía del año 2016. A 25 años de “una oportunidad perdida” El jurista y columnista de El Espectador, Rodrigo Uprimny, se refirió a propósito de los 25 años de la sentencia C-221/94, haciendo hincapié en el robustecimiento de los argumentos de dicha sentencia de 1994. Para Uprimny la investigación académica y las experiencias de países como Suiza y Holanda siguen reforzando la idea de que “la penalización del consumo de drogas, que se hace en nombre de la salud, es desastrosa para la salud pública y para los propios consumidores”. En la columna del pasado domingo 5 de mayo que Rodrigo Uprimny llamó “Una Oportunidad perdida”, el columnista señaló que hace 25 años Colombia había abierto una posibilidad de encaminar la discusión sobre las sustancias psicoactivas desde una política que denominó como “más humana, eficaz y democrática”, sin embargo, que como sociedad hemos malogrado esa gran oportunidad. La insistente búsqueda por penalizar Ante viento y marea zarpó y se ha mantenido a flote la sentencia C-221/94 de la Corte Constitucional, a pesar del embiste retrógrado del cual ha sido víctima, especialmente por parte del gobierno del expresidente Álvaro Uribe y del actual presidente Iván Duque. De hecho, aquel decreto 18-44 que lleva en vigencia desde hace siete meses no se centra en la pedagogía sobre el consumo de sustancias psicoactiva, sino que revive un debate de larga data que parecía empezar a ser superado a partir de la sentencia de Carlos Gaviria. Pero no, el discurso de la política de Iván Duque sobre el tema de drogas en sus palabras se enfoca, por medio del decreto 18-44, en “dar las herramientas a la fuerza pública, a la policía, para destruir la droga en las calles de nuestras ciudades. Destruir cualquier dosis, por supuesto, y se hacen en lo que yo llamo la continuidad de una política de Estado”. Un cambio de perspectiva En varias ocasiones, Carlos Gaviria insistió que era necesario no enfocar el debate sobre las sustancias psicoactivas en la represión, pues la historia ha demostrado que la puesta en marcha del uso de la fuerza para tratar este asunto ha conllevado un aumento del consumo, aumento de la comercialización y aumento de la violencia exponencialmente. Para Gaviria era necesario conducir el debate a las políticas de la educación, de la salud pública y un camino para la legalización. Una de las grandes victorias alcanzadas por la sentencia de 1994, entre otras cosas, tiene que ver con la defensa de la libertad y la autonomía de las personas, partiendo desde la base de que estas no interfieran en la autonomía de las otras personas; lo que constituye una parte vital del interés común de una sociedad”. De esta forma Gaviria logró atrincherar la libertad y la autonomía al hacerle quite a que el Estado no pudiera interferir en una conducta individual, asimismo, para la Corte Constitucional “la dosis personal es un parámetro concebido para distinguir una conducta lícita (el consumo de drogas) de una ilícita (el narcotráfico)”. Un camino de incertidumbre Frente a la dirección en que se ha visto avocada la discusión sobre las sustancias psicoactivas, la dosis personal, el porte y el consumo, crece una preocupación que no solo abarca el retorno “argumentativo” desde la moral y la familia, sino en un entramado más estructural al que se refirió Uprimny en su columna del domingo pasado. Para el columnista la penalización no impide que las persona accedan a las sustancias prohibidas, pero las obliga a consumirlas en condiciones de ilegalidad y bajo constante amenaza policial. Esto no solo incrementa los riesgos sanitarios para los consumidores, sino que además evita que aquellos con problemas de dependencia busquen ayuda, pues temen la sanción. Y todo es profundamente discriminatorio, pues la penalización recae esencialmente en los pobres y las minorías étnicas. Para finalizar, este es un fragmento de la sentencia C-221/1994 «Se trata de que cada persona elija su forma de vida, y para lograr ese objetivo, es preciso remover el obstáculo mayor y definitivo: la ignorancia.»