Por: Redacción Pares En una investigación realizada por la Contraloría de Bogotá, se encontró que el 77% de las unidades de servicio de urgencias en los niveles de atención II y III de la capital, presentan niveles dramáticos de hacinamiento, falta de insumos médicos y deficiencias en servicios. Para ocultarlo, el Distrito modificó los indicadores que miden la ocupación e incluyó sillas reclinables y plásticas en pasillos como aumento de la capacidad instalada. El informe del ente distrital señala que hay equipos dañados y falta de elementos que generan graves demoras en exámenes de laboratorio clínico. Por su parte, se denuncia que la Secretaría de Salud ha incumplido las metas de disminuir a menos del 95% los porcentajes de ocupación en los servicios de urgencias. En el Hospital El Tunal se encontró un hacinamiento del 424% y en el de Meissen de 328%. En ocasiones, los pacientes superan las 72 horas de espera en urgencias. Le siguen en sobreocupación los hospitales de Bosa con el 197%, Kennedy con el 191%, La Victoria con el 173%, Santa Clara con 150%, Simón Bolívar con 135%, USS Suba con 130%. Solamente en los servicios de urgencias de baja complejidad están por debajo del 100% de ocupación. Los recorridos realizados por la Contraloría encontraron equipos médicos dañados que pueden superar los 60 días fuera de servicio, lo que ocasiona demoras en las entregas de resultados. Además, el ente de control halló que los indicadores y fichas técnicas que buscan hacer seguimiento y evaluar los niveles de ocupación en los servicios de urgencias, fueron modificadas por la Secretaría de Salud, hecho que no permite que sea comparable y genera que el reporte frente a la meta de ciudad no sea veraz y consistente.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Este fin de semana dos de las salas del Gran Salón Ecopetrol llamaron la atención del público en la Feria Internacional del Libro 2019. El lanzamiento de los libros “El Regreso del Uribismo” de León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, y “Detrás de la guerra en Colombia” de Ariel Ávila, subdirector de Pares, causaron furor en medio de un país que se debate entre la paz y la guerra. En ese sentido, ambos abordan temas de coyuntura. El primero, expone las disputas entre los espectros políticos; y el segundo sobre los mitos de la guerra, en un contexto de postconflicto tras la firma del Acuerdo de Paz entre el anterior gobierno y la exguerrilla de las Farc. El sábado se llevó a cabo el lanzamiento del libro de Ávila a las 5pm. El espacio estaba reservado para unas 150 personas, sin embargo, -dos horas antes- una larga fila ya predecía que a la Sala FILBo E no iba a ingresar todo el público. Dentro de los panelistas estuvo la candidata para la Alcaldía de Bogotá, Claudia López; el ex negociador de paz, Humberto de la Calle; y el periodista, Juan Lozano como moderador. Efectivamente abrieron las puertas, se llenó el recinto y lamentablemente más de 100 personas quedaron por fuera de la sala. Finalizó el panel, muchos no pudieron ingresar, pero ya habían hecho otra fila para el obtener una firma del analista. Entre fotos, sonrisas y agradecimientos concluyó el lanzamiento del libro. Entre tanto, el domingo fue el turno para León Valencia. Lo acompañaron la excongresista Ángela María Robledo, y la periodista Camila Zuluaga, esta última moderando el debate. Al igual que en el lanzamiento el día anterior, la sala se llenó por completo, hubo una larga fila para obtener la firma del autor y, nuevamente, el éxito fue rotundo. El director y subdirector de Pares también hicieron parte como invitados especiales del panel «Guerra y paz en Colombia, en el que debatieron sobre la situación política del país. Este evento fue organizado por el diario El Espectador.

Por: Redacción Pares En cabeza de Patricia Linares, presidente de la JEP, el organismo solicitó audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, para ratificar su compromiso de no impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado. La audiencia tendrá lugar el 9 de mayo próximo. 📝|| La @JEP_Colombia solicitó audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) para ratificar su compromiso de no impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado.#LaJEPavanza pic.twitter.com/IS0a062R7x — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) May 3, 2019 Como respuesta a esta solicitud, la Cancillería colombiana envió una carta solicitando la cancelación de dicha audiencia al organismo internacional argumentando que la JEP es una institución del Estado colombiano “con funciones jurisdiccionales transitorias que no se encuentra facultada para acudir a instancias internacionales, salvo por los conductos establecidos en la Constitución Política o en las Leyes de la República”. En su comunicación a la CIDH, el Canciller Carlos Holmes Trujillo solicita en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, que la CIDH cancele la audiencia pública solicitada por la JEP y prevista para el día 9 de mayo. Comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores https://t.co/zLLdvu43mZ pic.twitter.com/uIZc69vGq3 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) May 5, 2019 Por su parte, el secretario ejecutivo de la CIDH contesta que la reunión solicitada paor la JEP sí se realizará a pesar de la carta que el canciller Carlos Holmes Trujillo envió pidiendo lo contrario. En la comunicación enviada a la presidenta de la JEP, el representante del organismo internacional le manifiesta que estudiaron y no aceptaron la petición presentada por el Gobierno de Colombia. En esa audiencia, que tramitó la JEP se brindará información general y concreta sobre lo dicho, y también permitirá avanzar en el proceso de definición de los términos de un convenio de colaboración y asistencia técnica que la CIDH y la JEP acordaron diseñar y suscribir, en la reunión celebrada en Bogotá entre los comisionados de la primera y los magistrados de la segunda el 22 de febrero de 2018. La Audiencia Temática se llevará a cabo el 9 de mayo en la ciudad de Kingston, Jamaica. Las Audiencias Temáticas son espacios de la mayor importancia para ratificar el compromiso de la Jurisdicción Especial para la Paz, del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición y de nuestro país con el propósito inequívoco de no impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos acaecidas en el marco, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado no internacional que ha sufrido nuestro país.

Por: Redacción Pares Líderes sociales y defensores de derechos humanos del Cauca, entre ellos Francia Márquez, fueron víctimas este sábado en la tarde de un atentado. Los hechos se presentaron en zona rural de Santander de Quilichao, al norte del Cauca. Márquez estaba con varios líderes, preparándose para una reunión con el Gobierno el próximo 8 de mayo, en el marco de la Minga Nacional. Este atentado a la directiva de organizaciones sociales étnicas representativas del Cauca es un ataque directo a la reconstrucción de la convivencia y al derecho fundamental de la vida de las personas y la protección de sus comunidades. Es fundamental que el Estado respete y garantice el derecho a la vida y los demás derechos fundamentales de los líderes y lideresas que en los territorios están reclamando la No Repetición del conflicto armado. Los líderes sociales son la base de la supervivencia comunitaria y la democracia. Los supervivientes de este atentado son Francia Márquez, Clemencia Carabalí, Carlos Rosero, Víctor Moreno, Sofía Garzón y los escoltas heridos. «Hay que capturar al autor intelectual del ataque» De acuerdo con Pares, este año podría empeorar la situación para los defensores de derechos humanos debido a que se celebran elecciones locales en octubre, y las tasas de homicidios tienden a aumentar en época electoral, y de manera particularmente alta, en las elecciones regionales. También por el riesgo de seguridad que tienen los líderes que impulsan proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, de restitución de tierra y para el esclarecimiento a la verdad, según Ariel Ávila, subdirector de Pares. Así mismo, el analista agregó que es importante que en estos ataques, no solo se identifique y capture al autor material, sino también y más importante aún, al autor intelectual de estos hechos. Dichos pactos originados tras el Acuerdo de Paz han revictimizado a los defensores por parte de los grupos que buscan el control de los territorios dejados por las Farc y de los propietarios de tierras despojadas. Hasta el pasado abril 5, Pares había contabilizado 247 líderes sociales aseisnados desde la firma del Acuerdo de Paz.

Por: Redacción Pares En días pasados, los magistrados de la Corte Constitucional denunciaron ser víctimas de interceptaciones ilegales a sus teléfonos y de la posible instalación de micrófonos en sus oficinas y salas donde sesionan. Adicionalmente, el magistrado Alberto Rojas recibió un sufragio, en el que al parecer amenazaban a su hija de muerte. Días después, el presidente del Tribunal de Arbitramento que lleva el caso de Odebrecht, Jorge Enrique Ibáñez, denunció ser víctima de seguimientos e interceptaciones ilegales y la sospecha de tener también micrófonos en las oficinas donde este Tribunal sesiona (la noticia fue dada por el portal semana.com). A este rompecabezas le falta una pieza clave Los seguimientos no son nuevos ni es la primera vez que se conocen, pero sí es la primera vez que parecen ser alarmantes para la opinión pública. En abril del año pasado, en medio de la tormenta desatada en la JEP por la salida y acusaciones de Nestor Raúl Correa contra los magistrados Alejandro Ramelli, Danilo Rojas, Patricia Linares, Eduardo Cifuentes, entre otros, el ex secretario general de esta jurisdicción dio a conocer unos correos electrónicos. En éstos, los magistrados escribían -antes de posesionarse- sobre el trámite de algunos proyectos de ley de la JEP y la estructura que a su juicio debía tener la misma. Por cuenta de esto, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió un proceso contra los magistrados Ramelli y Linares que de forma extraña avanza muy rápidamente, como no es costumbre en esta comisión. Cuando se llevaron a cabo estas conversaciones entre los actuales magistrados de la JEP, Ramelli era magistrado auxiliar del magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas, el mismo que denunció el sufragio y las interceptaciones esta semana, y Danilo Rojas era el presidente del Consejo de Estado. Cabe entonces preguntarse, ¿en el marco de qué proceso judicial tenían intervenidas las comunicaciones de los presidentes de dos altas cortes y de un magistrado auxiliar de la Corte Constitucional? ¿Estas interceptaciones llegaban al también magistrado Alberto Rojas? ¿Por qué no conocemos ningún resultado por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre la denuncia interpuesta por estas interceptaciones? ¿Admitió la Cámara de Acusaciones estos correos electrónicos como pruebas? De ser así ¿qué autoridad judicial las ordenó para que pudieran ser legalizadas? Lo cierto es que existe un común denominador en todo esto: tanto la Corte Constitucional como la JEP han sostenido posiciones contrarias a las del Gobierno y el Fiscal General, e incluso contrarias a las del gobierno de los Estados Unidos.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «Mi principal lucha como representante de sindicatos es que no haya más impunidad en los crímenes contra sindicalistas. En Colombia hay un mensaje muy fuerte: se puede amenazar, se puede disparar contra los sindicalistas y no va a pasar nada; entonces para mí es fundamental que se investigue y se castigue a los responsables de esos crímenes. Hay que mostrar que los sindicalistas son muy importantes, que realmente construyen una mejor Colombia.» Pares habló con Yessika Hoyos Morales, abogada, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CCAJAR, y líder fundadora del Movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. En el año 2008 fue condecorada por la central sindical más importante e histórica de Estados Unidos (AFL­CIO) con el premio George Meany-Lane Kirkland Human Rights Award como un reconocimiento a su labor de defensa de derechos humanos. El 12 de febrero de 2009 fue invitada a pronunciar un discurso en el Congreso de Estados Unidos. Ese día se presentó de la siguiente forma “Soy Yessika Hoyos Morales, hija de Jorge Darío Hoyos Franco, uno de los 2.694 sindicalistas asesinados impunemente en Colombia. Ocho años atrás vivía en Fusagasugá con mi madre, mi hermana y mi padre, que era un hombre soñador, comprometido con las causas justas, al que le dolía la opresión y la miseria.» La investigación judicial sobre el asesinato de su padre todavía no ha llevado a juicio y condenado a los autores intelectuales, razón por la cual Yessika y la Unidad de Derechos Sindicales del Colectivo de Abogados / ICTUR, seguirán trabajando hasta conocer la verdad y que los autores intelectuales sean castigados por la justicia. Pares: ¿Por qué el sindicalismo es fundamental para fortalecer y desarrollar los derechos de los ciudadanos en una democracia? Yessika Hoyos Morales: El sindicalismo es fundamental para la democracia por varias razones: primero porque, precisamente, en la democracia lo que se busca es que haya un equilibrio de poderes, que el Estado no tenga mucha más fuerza que los ciudadanos, y que los ciudadanos tengan mecanismos para reclamar sus derechos, y es a través de las organizaciones sindicales como se expresa ese mecanismo de control, es decir, la fuerza y el poder del Estado y de las empresas frente a la fuerza y el poder de los ciudadanos para reclamar sus derechos laborales. Es un equilibrio, un contrapeso frente al poder de las empresas en una democracia. Es través de la organización sindical que en Colombia históricamente, no sólo se reclama el derecho a un mejor salario, a un salario justo, a jornadas de trabajo justas, sino que los sindicalistas en Colombia han dado una pelea más allá. Por ejemplo los sindicatos de la salud siempre han luchado porque la salud no se privatice, que no sea un negocio sino que todos los colombianos y colombianas tengamos derecho a una salud justa y digna. En el momento en el que acabaron con los sindicatos de la salud o los minimizaron vemos cómo las EPS han crecido como negocio de una forma impresionante violando los derechos no sólo de los trabajadores y trabajadoras de la salud, sino de todos los usuarios de la salud. Así ha pasado también con los profesores. Por ejemplo Fecode que ha sido tan estigmatizado, tan criticado, cuando uno ve el Pliego Nacional de Peticiones se da cuenta de que no sólo pelea un salario justo para sus maestros, no sólo por unos servicios justos para ellos, sino que la principal pelea es para que la educación siga siendo pública en Colombia. Que sea gratuita la educación básica se debe a ellos, a esa lucha de Fecode. No fue una iniciativa del gobierno, detrás de esa conquista está el sindicato. Pares: ¿Cuáles son los retos y los desafíos del sindicalismo en Colombia? Y.H.M: La lucha sindical en Colombia ha sido particularmente muy difícil por el contexto en el que los sindicatos se han desarrollado, porque siempre ha habido violencia antisindical en el país. Una violencia que ha exterminado físicamente a sus miembros o haciendo que muchos de ellos estén en el exilio. «Colombia ha ocupado por mucho tiempo el deshonroso primer lugar en el mundo como el lugar más peligroso para ser sindicalista. Eso obviamente es muy difícil, pero además ha existido toda una cultura antisindical, el ser sindicalista siempre ha sido visto como si fuera un enemigo.» Foto: Pares Los sindicalistas han sido señalados como terroristas, los han estigmatizado y los señalan como los que quieren acabar y dañar las empresas, como aquellos que al reclamar por sus derechos, hacen un daño a la sociedad y no al contrario, no se han visto como una parte fundamental de la democracia. Existe en el país una cultura antisindical que ha sido creada desde hace muchos años. Dirigentes nacionales han salido a decirlo públicamente; por ejemplo, uno de los casos más impactantes que recuerdo recientemente es cuando Francisco Santos era vicepresidente de Colombia, salió a decir que los sindicalistas de día son una cosa y de noche son otra. Eso lo dijo cuando asesinaron a los tres sindicalistas en Arauca. Tiempo después pudimos demostrar que esos asesinatos fueron una ejecución extrajudicial. Miembros del Ejército los hicieron arrodillar en un patio trasero, los ejecutaron y luego les pusieron un uniforme camuflado y unas armas para hacerlos pasar por guerrilleros. A pesar de que se probó en el expediente penal, a pesar de que se aceptó la responsabilidad por parte de miembros del ejército, nosotros solicitamos que públicamente se pidiera perdón y explicara a la ciudadanía lo que realmente había sucedido, y sin embargo eso nunca pasó. Entonces, cuando se mira la prensa y se rastrean las noticias sobre sindicalismo siempre hay algo malo. Las huelgas y los paros hablan de vándalos, esa es la noticia principal, que los manifestantes atacaron, que dañaron, pero nunca se cuenta la realidad del sindicalista, no se explica que su lucha es para que exista un país realmente democrático. Pares: Es decir, ¿es una actividad de muy alto riesgo ser sindicalista en Colombia? Y.H.M: Claro. Si un joven le dice a sus familiares que quiere hacer parte de un sindicato, le dicen que eso es muy peligroso. Aquí la concepción es: «no haga eso porque lo matan». Esa idea ya está instalada en la gente y ya por eso ni siquiera necesitan asesinar un montón de personas, sin embargo te mandan el mensaje de que ser sindicalista es muy peligroso; el solo homicidio de un sindicalista hace que el resto de la gente tenga temor y de esa forma se debilite el movimiento. Ese mensaje se ha creado desde los medios de comunicación, se ha creado de manera fuerte y constante, pero obviamente se reproduce en todos los espacios, por ejemplo en la empresa. Las multinacionales han tenido un mecanismo muy fuerte y muy dañino a través de los trabajadores sociales, psicólogos y demás que se acercan a la familia de los sindicalizados y les dicen que su esposo o esposa, que es sindicalista, está corriendo mucho riesgo, que es muy peligroso y que puede perder el trabajo por eso. Entonces generan toda una presión en el núcleo familiar. También dentro de las empresas se crean ‘listas negras’. Por ejemplo hace poco salió un fallo de la sala laboral de la Corte Suprema por un laudo arbitral que hubo entre una empresa de flores y un sindicato muy pequeño y cuya convención colectiva no había sido respetada. La Corte le ordenó a la empresa reconocer todos esos derechos, y entonces la empresa sacó una lista diciendo «mire, esas son las personas que van acabar con la empresa, por culpa de ellos se va a acabar la empresa». «Entonces la culpa de que se acabe una empresa supuestamente es de los sindicatos, porque acá tristemente se han acostumbrado las empresas nacionales e internacionales a ganar fortunas sobre la explotación del trabajador y la trabajadora.» Foto: Pares Pares: ¿Qué dicen los organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo – OIT, sobre la precaria protección al sindicalismo en nuestro país? Y.H.M: En Colombia es atacado el sindicalismo a través de leyes, acá por ejemplo la huelga es un derecho y sin embargo la mayoría de huelgas han sido declaradas ilegales. En el país no se respetan los convenios con la Organización Internacional del Trabajo y se criminaliza la protesta social. Colombia tiene convenios suscritos con la OIT sobre libertad de asociación, son varios, y el gobierno tiene la obligación de respetarlos y cumplirlos, para eso los suscribe. Sin embargo, Colombia nunca ha respetado todos esos convenios, entre ellos el de libertad de asociación, y por eso ha estado varias veces en el Comité de Libertad Sindical, que es un comité especial de la OIT en donde se sigue el cumplimiento de los convenios. La OIT ha sacado recomendaciones que le dicen al país que allá se están dando cuenta que, en estos casos, el gobierno no está cumpliendo con los convenios y entonces es una obligación suya cumplirlos de tal y de tal forma. Esas recomendaciones son obligatorias, sin embargo internamente ha sido una discusión muy grande. El Consejo de Estado dijo que efectivamente son obligatorias, pero hay otras entidades que las interpretan diciendo que no, que son recomendaciones que se pueden aplicar pero que no son necesariamente obligatorios. La misma Corte Constitucional ha dicho que los convenios son de obligatorio cumplimiento. Pares: ¿De qué manera se viola en Colombia el derecho a la libertad de asociación? Y.H.M: En Colombia se han creado leyes que van en contra del derecho a la libertad de asociación; una de ellas es la criminalización de la protesta social, es decir la famosa ley de seguridad ciudadana Esa ley se crea en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Es en medio de esas negociaciones que el Congreso de Estados Unidos dice que Colombia no cumple con estándares mínimos internacionales de respeto al derecho de asociación y derechos laborales. Y recientemente lo dijo Canadá, que indicó que el país está violando derechos laborales a través de figuras como la tercerización, que afecta profundamente a los trabajadores y a las organizaciones sindicales porque un trabajador tercerizado es muy difícil que se organice en sindicatos y reclame sus derechos, por eso esta figura viola sus derechos laborales de una forma absoluta. Pares: ¿Qué papel desempeña en este asunto la ley de seguridad ciudadana? Y.H.M: La ley de seguridad ciudadana se crea en el marco de esas negociaciones porque había presión de las organizaciones sindicales; en ese momento la violación al derecho de asociación por parte de empresarios, por parte del Estado, no estaba tipificada como delito en el artículo 200 del código penal, la máxima pena era una multa. Entonces, por esa presión de los TLC y los sindicatos, el gobierno hace una modificación a ese artículo 200 y efectivamente pone una pena de uno a tres años de prisión para quien viole el derecho a la libertad asociación. El problema es que en Colombia las penas menores a cuatro años son excarcelables, entonces si algún empresario o alguna persona fuera condenada por violación a la libertad de asociación nunca irá a la cárcel. Hasta el día de hoy nunca ha habido una condena, a pesar de que ha habido muchísimas denuncias penales por artículo 200. Sin embargo, esa misma modificación se hizo sobre el tema de la protesta: el que salga a protestar a la calle sin permiso tendrá una pena de hasta ocho años de cárcel, es decir, ese sí va a la cárcel, el que proteste sí tendrá penas mayores. Entonces ahí es cuando nosotros decimos que se está criminalizando la protesta, porque la OIT lo ha dicho, lo ha dicho Naciones Unidas a través del Relator Especial que hace seguimiento al derecho de asociación. Pares: ¿Cómo se puede contrarrestar esa idea que se insertó en la sociedad de que el sindicalismo es peligroso y además dañino para el desarrollo? Y.H.M: Yo creo que lo fundamental es que sea a través de políticas públicas y a través de un interés real del Estado y que hasta ahora, nunca ha tenido. Esto lo demuestran los altos índices de impunidad: más del 98% frente a autores materiales de crímenes y amenazas contra sindicalistas, pero casi del 100% sobre autores intelectuales. El mensaje que te han mandado es que acá se puede asesinar sindicalistas porque la justicia no va operar. El mensaje contrario sería que aquí, que en Colombia no se puede atacar ni asesinar las organizaciones sindicales, no se las puede acabar. Pero ese mensaje tiene que mandarlo el gobierno, él es el único capaz de insertar al sindicalismo en la democracia. El gobierno debería enviar el mensaje que las organizaciones sindicales son muy importantes para proteger, no sólo los derechos del trabajador, sino los derechos en general de la ciudadanía. Hoy en día mi generación ya no sabe lo que es un contrato laboral indefinido. Es más, este Plan Nacional de Desarrollo de Duque no sólo acaba con el contrato de prestación de servicios, que era algo, sino que ahora permite contratar a los trabajadores por horas, es decir, es peor que un servicio prepago de celular donde puedes comprar los minutos. Que el gobierno permita eso es terrible. En ese sentido este Plan Nacional de Desarrollo es totalmente regresivo. «Una de las herramientas que tiene la ciudadanía para hacer valer sus derechos, para exigir, es protestando, protestar legítimamente y acá eso es condenado.» Foto: Pares Al dejar la posibilidad de que las empresas contraten por horas, se acaba con cualquier mínima garantía laboral porque no solo permite la tercerización laboral, que es una forma prácticamente de explotación que atenta contra los derechos de los trabajadores, sino que ya no existe la más mínima estabilidad que te permita pensar en un futuro. Las nuevas generaciones ya ni siquiera piensan en pensionarse. Hoy hay menos tasa de sindicalización que hace 30 años. Si hablamos de los años setentas u ochentas había una tasa del 12% de la población trabajadora que estaba sindicalizada, hoy estamos hablando de menos del 4%. Es más, sobre ese 4% la mayoría son trabajadores del Estado, si fuésemos a lo privado ahí caería mucho más, porque lastimosamente la ley ha sido favorable para impedir que los sindicatos se fortalezcan. Pares: ¿Cómo beneficia a un país, a una sociedad, tener sindicatos fuertes? Y.H.M: En países como Estados Unidos o Inglaterra las tasas de población sindicalizada son muy altas y eso demuestra que si tienes una clase trabajadora estable, con derechos, también tienes una sociedad más estable, próspera económicamente. Si el trabajador se endeuda, tiene una estabilidad laboral para responder, eso está probado. Hay mejor calidad de vida. Si tienes trabajo, tienes una mejor calidad de vida porque tienes acceso a un montón de derechos que tristemente se han privatizado y se han comercializado, como el derecho al agua potable que debería ser un derecho fundamental, o la educación superior, porque si no tienes dinero no puedes estudiar. El trabajo, las condiciones dignas de trabajo te dan ciertas garantías y ciertas posibilidades de ser una mejor sociedad, un mejor país. Creo que hay que destacar algo, y es que a pesar de todo esto las organizaciones sindicales se han mantenido, y eso realmente es muy importante. Van a seguir ahí, resistiendo. Pares: ¿Qué papel desempeñan los sindicatos en el tema del Acuerdo de Paz y el sistema integral de justicia transicional? Y.H.M: El sindicalismo fue un actor muy importante para el tema de la paz. Históricamente ha luchado para que en Colombia haya salidas negociadas hacia la paz y que como sociedad tengamos más derechos y construyamos un mejor país. El problema es que Duque no quiere cumplir los acuerdos, entonces el gran temor es que a los sindicalistas los sigan asesinando, que los sigan amenazando. Pero yo confío en que sigan resistiendo, porque esa es la única forma de creer que sí es posible implementar una democracia en este país. Una de las propuestas del movimiento sindical es el tema de reparación colectiva y que se instale la cátedra de historia de movimientos sindicales en universidades y colegios, que se sepa qué es un sindicato, cuáles son las luchas que han dado. Si la gente conociera esa otra cara del sindicalismo, pues obviamente va a querer ser sindicalista. En este momento tenemos toda una ruta de trabajo con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en la cual ya hemos tenido encuentros. Tuvimos un primer encuentro con todos los comisionados y varios sectores sindicales, tuvimos otro encuentro con Fecode, que fue muy bonito, tuvimos encuentros con el sector minero-energético, y hemos tenido ya varios encuentros con la Comisión. Ahora tenemos una ruta muy grande en la cual la Comisión de la Verdad va a recibir testimonios de los sindicalistas y también de los familiares; porque algo que no se ha medido en Colombia es el impacto sobre las familias de los sindicalistas que fueron asesinados, desplazados, exiliados, torturados. Eso no se estudia y realmente es muy importante ver esos impactos. Sin embargo, hay mucho miedo a la verdad. Hay una clase social oligarca que tiene mucho miedo a perder todos los privilegios y beneficios que ha logrado a través de la violencia.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El 10 octubre de 2018 miles de estudiantes salieron a las calles para pedirle al gobierno más presupuesto para el sector de la educación. Fueron tres meses intensos entre movilizaciones, disensos y consensos. Hasta que a finales de enero de este año las partes pudieron mantener una mesa de negociaciones y concretar 19 puntos. Aquel miércoles se llevó a cabo una gran marcha, señalada como histórica por muchos líderes juveniles y hasta por los medios de comunicación. “Yo creo que ha sido la marcha más grande de la historia reciente de Colombia con el objetivo de que en el mes de octubre se aprobara un presupuesto distinto”, contó a la Fundación Paz y Reconciliación-Pares Alejandro Palacio Restrepo, representante estudiantil del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia en la sede Medellín. La fuerza del estudiantado Palacio, con 20 años, fue uno de los jóvenes que lideró esta gran movilización. En ese momento, el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque había asignado ciertos montos de dinero para cada uno de los rubros en el presupuesto general de la Nación. “Tras la manifestación nos ignoraron por completo, estuvimos al frente de la Plaza de Bolívar denunciando todo este tipo de actos, pero el Congreso lo aprobó”, agregó Palacio, quien actualmente cursa séptimo semestre de Ciencia Política y también es el presidente de la Asociación Colombiana de Representantes de Educación – ACREES. La omisión del gobierno a las manifestaciones del movimiento estudiantil motivó aún más a continuar la lucha por la educación. “Lo que hace especial a la movilización del semestre pasado es que fue esporádica. Nosotros siempre habíamos estado poniendo el tema sobre la mesa. La raíz del problema siempre terminaba siendo la falta de recursos, entonces nosotros siempre habíamos estado denunciando el tema”, agregó. Poco a poco fue tomando fuerza el movimiento, por lo tanto, un giro en el proceso de movilización juvenil. El 17 de octubre regresaron a las calles, pero fueron ignorados nuevamente y ya se había aprobado el presupuesto. Entonces tuvieron que buscar un mecanismo para encontrarle una solución al paro, y al mismo tiempo, unos profesores iniciaron una huelga de hambre para solicitar una mesa intersectorial con todos los actores del sector para resolverlo. Ante la protesta social, presión por parte del estudiantado y la suma de los profesores y trabajadores, el gobierno aceptó negociar con el movimiento. “Si no hubiéramos tenido la fuerza de los estudiantes quizás hubiéramos perdido esta batalla”, apuntó Palacio. “Luchar sí sirve” A lo largo de la historia los movimientos estudiantiles se habían caracterizado por movilizar a grandes cantidades de estudiantes, sin embargo, a la hora de sentar una posición firme al gobierno salían a relucir los egos e ideas políticas opuestas. En ese sentido, había muchas propuestas, pero poca unión de los estudiantes. Es por eso que el movimiento estudiantil Frente Amplio por la Educación que se logró consolidar el semestre anterior, sacudió al Gobierno Nacional, puesto que además de mover masas también había un pliego de peticiones sustentadas con respecto a las necesidades del sector educativo. “Al principio fue difícil, pero tuvimos que aprender a deponer las diferencias y gracias a esos puntos mínimos de acuerdo fue que logramos darle al gobierno en la mesa de negociación unas exigencias conjuntas para decirle al gobierno algo específico. Fue un proceso difícil, primero de reconocernos entre nosotros mismos, de saber que podíamos ser diferentes, pensar diferente sin ser enemigos y lo logramos” agregó. Para Lorenza Bordamalo Guerrero, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia y representante estudiantil ante el observatorio de género, el rol de los estudiantes en la movilización fue protagónico porque los representantes estudiantiles junto a toda la comunidad universitaria lograron vincular a profesores, trabajadores, a padres de familia y poner el debate nacional sobre la educación y vincular en últimas a los colombianos y colombianos a esa defensa de la educación. “Enviamos un mensaje histórico y es que luchar sí sirve porque logramos no solo ganarle el pulso al gobierno con este gran acuerdo que alcanzamos, sino sentar el precedente histórico de que todas las movilizaciones por la educación en la historia reciente en el país eran para frenar políticas lesivas del gobierno”, expresó a Pares. Afuera la violencia El estigma del movimiento estudiantil ha estado enmarcado en casos violentos entre las partes. Algunos acusan a los estudiantes de promoverla desde el interior con los llamados “encapuchados”, otros critican al uso excesivo de fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD. Sin embargo, a pesar de los episodios que se alcanzaron a registrar entre las partes enfrentadas, el movimiento estudiantil logró contrarrestarlos con propuestas culturales enfocadas en la reconciliación y la paz. “Este movimiento estudiantil logró hacer cosas que no se habían dado antes. Yo creo que ha sido un movimiento abiertamente pacífico, masivo, bastante creativo, y esas eran cosas que no se habían realizado en otros escenarios como en el 2011”, resaltó la líder estudiantil de 23 años. En esta oportunidad se presentaron algunos casos aislados de violencia, pero no era el sentir del movimiento estudiantil, y tampoco representó al movimiento en su conjunto. Según Bordamalo, lograron ganarse a la opinión pública porque la movilización siempre fue creativa y buscaba llamar a todos los colombianos y colombianas. Cabe destacar que también hay muchos infiltrados en las marchas, pero nunca fue una mayoría del movimiento estudiantil. De acuerdo con la joven, hubo momentos en los que la prensa y a veces el gobierno utilizaban esa estrategia de tomar esos casos aislados para hacerlos ver como si esa fuera la generalidad del movimiento. “Otro aspecto importante del movimiento fue la cualificación que tuvo, porque esta vez no solo nosotros buscábamos decir sí a la educación pública gratuita, sino que logramos desarrollar de manera técnica, académica y científica cada uno de los aspectos que nos permitieron lograr golpes certeros de negociación”, remarcó. Por su parte, Palacio aseguró que en ACREES y otros movimientos han tenido una postura muy clara y es el rechazo a toda forma de violencia, provenga de donde provenga. “Quizás dentro del movimiento estudiantil todavía hay gente que cree en las estrategias del foquismo, y creen que la mejor forma de ganar la atención del gobierno es ocasionar un daño y nosotros no creemos que deba ser así”, agregó. Según él, este movimiento estudiantil radica en los argumentos y en la movilización pacífica y creativa. Luego de horas sentados en una mesa estable con el Gobierno nacional para tramitar las reformas del sistema, se acordó el aumento en el presupuesto para la educación, el seguimiento a la implementación de los puntos la mesa y a los temas tratados en la mesa, dentro de los cuales están las garantías. Así las cosas, aún falta que el gobierno cumpla en dos puntos. Sin embargo, ha sido un avance en la historia de la educación colombiana. Los líderes de este movimiento que movió a miles de personas en todo el territorio colombiano, le apuntaron al diálogo y a la construcción de la protesta social desde una perspectiva pacifista, que según ellos, ha sido clave para que de ahora en adelante los colombianos y colombianas continúen apoyándolos en cada paso que den en la lucha por la educación.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Este jueves, a altas horas de la noche, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), hoja de ruta del Gobierno, fue aprobado en ambas Cámaras. El debate se desarrolló en medio de tensiones. A ‘pupitrazos’ fue admitido el proyecto, y la mayoría de los senadores de la oposición prefirieron retirarse. En la Cámara se inició el segundo debate al PND desde el martes. Por lo tanto, tuvieron tres (3) días para discutir el texto que quedó reducido a 229 páginas. El jueves fue remitido al Senado y allí se desataron las críticas al Gobierno, pues los congresistas tuvieron solamente cuatro horas para debatir por el afán de los tiempos que establece la Constitución. “Ante la farsa del trámite del Plan de Subdesarrollo, al que no se le puede cambiar ni una coma, nos retiramos de la plenaria los senadores del Polo y de los demás sectores de declarados en oposición a Duque”, indicó el jueves el senador, Jorge Robledo. El plazo máximo que tiene el presidente Iván Duque para presentar el proyecto es el próximo martes 7 de mayo, por lo tanto, el gobierno impulsó de afán el texto que, de no haber sido aprobado, hubiera pasado por decreto. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, es un proyecto de ley que se tramita como ley ordinaria. En ese sentido, el texto está sujeto a un primer y segundo debate que, si es aprobado en ambos procesos, se direcciona al gobierno para la sanción presidencial. En este caso, el PND se aprobó a ‘pupitrazos’ y con muchas dificultades el pasado 24 de marzo en primera instancia. Pero cuando llegó a segundo debate, el Gobierno logró mayorías y la oposición quedó relegada a tal punto que muchos prefirieron abstenerse de la votación. ¿Qué ocurrió en el Congreso? La Fundación Paz y Reconciliación-Pares habló con la senadora Aída Avella, del Partido Decentes, que junto con otros tres compañeros de la oposición fueron los únicos que se quedaron en el recinto. “Me parece una falta de respeto con los ciudadanos porque ellos tienen el derecho de saber qué opinan los elegidos y no allá en un rincón del Ministerio de Hacienda. Nos ponen a discutir tres meses, y al menos en la plenaria de la Cámara fueron tres días, pero es que en el Senado fueron cuatro horas y eso no es correcto”, señaló. Algunos de los artículos aprobados y que han generado mayor polémica están relacionados con el tema del ‘fracking’ y terrenos baldíos, estos corresponden al 329 y 91, entre otros, que se mantuvieron en el texto final de la Cámara de Representantes y que no tuvo modificaciones cuando llegó al Senado. Mauricio Toro, Representante a la Cámara del Partido Verde había expresado el martes desde su cuenta de twitter: “me duele el corazón. La Cámara acaba de aprobar una baja sustancial en el % de regalías por extracción minera. La explotación de carbón a cielo abierto del 5% al 3,5%. La de oro y plata veta solo pagará 0,4% de regalías. Estamos regalando nuestros recursos”. Pares revisó el proyecto definitivo y ambos artículos se mantuvieron. Mientras otros 16 fueron eliminados de la última versión consensuada en primer debate. “Anoche con el pupitrazo, sin tener un texto definitivo, sin conocerlo el Senado lo aprobó, pero por supuesto nosotros votamos en contra. Algunos se salieron otros nos quedamos”, agregó la senadora. Los únicos congresistas de la bancada de oposición que se quedaron en el recinto fueron Feliciano Valencia, del Partido Mais; Alexander López, del Polo Democrático; Gustavo Bolívar y Aída Avella, estos últimos del Partido Decentes. De acuerdo con Avella, el Plan Nacional de Desarrollo fue avalado sin que se conociera el texto. Los congresistas ya tenían conocimiento de las bases, de los artículos, del del Plan Plurianual que es la distribución del dinero. Pero no sabían cómo había quedado el nuevo texto tras el debate en Cámara. “Es decir, anoche cuando se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, por eso los cuatro de la oposición que estábamos ahí dijimos: «No aprobamos este Plan de Desarrollo, porque no vamos a aprobar las cosas que no se leen”, puntualizó. Así las cosas, el PND fue aprobado sin las mayorías de la bancada de oposición, que se retiraron ante la presión del gobierno por aprobar el texto a las carreras y no perder otro pulso político. El retiro de varios senadores Los senadores del partido señalaron que a lo largo de los tres meses de tropiezos del proyecto, encontraron como positivo que Duque se haya atrevido a ensayar, por lo menos en el texto inicial, la articulación de legalidad, productividad y equidad. Sin embargo, “el desorden, en medio del cual se integraron los textos, (…) el tiempo escaso de labores efectivas del que se dispuso para hacer estas discusiones, teniendo en cuenta la magnitud y la complejidad de las materias contenidas en el proyecto del Plan y que imponen por sí mismas exigencias rigurosas a los legisladores, hicieron imposible construir una propuesta de Plan satisfactoria para la consideración de la Plenaria del Senado”, expresaron. Ante la situación, presentaron para segundo debate una ponencia en la que propusieron archivar el plan del gobierno tramitado en las comisiones conjuntas terceras y cuartas que dieron primer debate al proyecto de ley. Sin embargo, tan pronto inició el segundo debate, Ernesto Macías, presidente del Senado anunció “que a la Corporación no le quedaba más alternativa que la de aprobar el texto de Plan de Desarrollo aprobado en esta misma noche”, según relató el partido. Las pocas garantías de que se realizara el debate artículo por artículo generó que dicha bancada se retirara, “Aceptar estas circunstancias que se vienen a imponer no solo impide ejercer con responsabilidad nuestras funciones de senadores de la República, viola nuestras garantías constitucionales e imposibilita el cumplimiento de los deberes que nos impone la misma Constitución, sino que ofende la dignidad de nuestro mandato democrático y nuestra condición de senadores”, concluyeron en la carta, firmada por nueve senadores. Por su parte, el senador Iván Cepeda expresó que en vista de que anoche fue aprobado el PND a “pupitrazo” con la última versión de la Cámara “Comenzamos a preparar la demanda de inconstitucionalidad del Plan”.

Por: Redacción Pares La Contraloría General de la República inició una fiscalización sobre la ejecución y liquidación de seis (6) proyectos de acueducto y alcantarillado, por valor de $14 mil millones de pesos, contratados por la Alcaldía de Santa Marta, donde se establecieron presuntas irregularidades en materia de avance físico, contratación e interventoría, así como deficiencias en la documentación e incumplimientos en la entrega de informes. La investigación de la Contraloría abarca la construcción, expansión, mejoramiento y adecuación del acueducto y alcantarillado del Distrito Turístico, en los sectores de Las Rosas, Universidad del Magdalena, Divino Niño, Luis R Calvo y Línea de Conducción – La Lucha, entre otros. Proyectos en investigación por la Contraloría El primer proyecto que investiga la CGR es el que tiene que ver con la “Reposición de Redes de Acueducto y Alcantarillado Sanitario y Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial en el Distrito Turístico, Cultura e Histórico de Santa Marta, Magdalena, Caribe”. Este proyecto fue adjudicado al Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta y la contratación celebrada en el marco del mismo no atiende ni cumple con el objeto aprobado por el OCAD, ya que se celebraron 12 contratos con propósitos diferentes a la reposición de la red de acueducto y alcantarillado de Santa Marta. Son varios los proyectos del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico que no han cumplido su objetivo final. Este es el caso de “la construcción de la expansión de acueducto y alcantarillado sanitario en el sector de la Universidad en Santa Marta DTCH etapa I Boulevard las Rosas Santa Marta, Magdalena”, por valor de $4.761 millones. Un derroche de las regalías de la ciudad Lo mismo sucede con “La construcción de la expansión acueducto y alcantarillado sanitario etapa IV en las zonas de desarrollo de Santa Marta DTCH”, por valor de $1.964 millones de pesos, así como con “la Construcción de redes de alcantarillado II Etapa en los barrios Divino Niño y Luis R Calvo y redes del acueducto Barrio Divino Niño, Luis R Calvo y Línea de Conducción Troncal -La Lucha en las zonas de expansión del distrito de Santa Marta”, por valor de $2.178 millones de pesos. Estos proyectos fueron financiados por el antiguo Fondo Nacional de Regalías y tienen actos administrativos de cierre de 2017, donde se establecieron presuntas irregularidades, las cuales incluyen avances físicos diferentes entre informes, irregularidades en la contratación e interventoría, deficiencias en la documentación e incumplimientos en la entrega de informes, entre otros.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares A lo largo de los debates que se desarrollaron en la plenaria del Senado en el marco del debate a las objeciones presidenciales, dos senadoras y el secretario general del Senado fueron el centro de todas las miradas este jueves por sus sorprendentes reacciones. Desde febrero, cuando el presidente Iván Duque decidió objetar seis (6) artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo creado a partir de los Acuerdos de Paz, se reabrió el debate entre los defensores y detractores del pacto con la exguerrilla Farc. La bancada de gobierno estuvo haciendo ‘lobby’ con varios congresistas para lograr avalar las objeciones del presidente, mientras que la de oposición las rechazó de inmediato, puesto que, como lo han argumentado las objeciones a esos puntos son inconstitucionales y no de inconveniencia. Así las cosas, el lunes pasado inició el debate en Senado, pero no llegó a buen puerto. Sesionaron hasta altas horas de la noche y lo único que lograron discutir fue la serie de impedimentos y recusaciones entre los congresistas. El martes reabrieron el debate y ocurrió lo inesperado. Alrededor de cinco congresistas se retiraron del recinto y perjudicaron la votación de la sesión que por fin iba a dar luz verde a la ley de procedimiento de la JEP, puesto que, ya había sido aprobada semanas atrás en la Cámara de Representantes. Las senadoras Maritza Ramírez, del partido de la Unidad Nacional; y Ana María Castañeda, del partido Cambio Radical, ambos aliadas al Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016, fueron las congresistas que generaron más rumores debido a que sus partidos se comprometieron a defender cualquier movida política relacionada con el pacto. ¿Quién es Maritza Martínez Aristizabal? Martínez es abogada de la Universidad Externado de Colombia e inició su vida laboral en el sector público en el departamento del Meta. Sin embargo, desde el 2007 se preparó para lanzarse a la vida política. La actual senadora del partido de la U llegó al recinto en el 2010 con una de las votaciones más altas de su bancada. Representó a la región de la Orinoquía, y en los dos siguientes periodos volvió a ser elegida De acuerdo con Esteban Salazar, investigador Fundación Paz y Reconciliación-Pares, el esposo de Maritza Martínez, Luis Carlos Torres estuvo investigado por relaciones con grupos paramilitares en el Meta, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia lo absolvió. Asimismo, fue inhabilitado por la Procuraduría durante 10 años debido a malos manejos en la contratación cuando ocupó el cargo de gobernador del Meta en 2001. “Maritza hace parte de un partido de gobierno que es de la U entonces votar o no, no hay un incentivo de mermelada. Ella tiene sobre todo una gran cantidad de poderes en el Meta, entonces la mayor cantidad de cosas que puede negociar es en el Meta”, expresó Salazar, en ese sentido, no es tan relevante su salida del recinto. ¿Y cuáles son las conexiones de Ana María Castañeda? La senadora del partido Cambio Radical es administradora de empresas y especialista en gerencia pública de la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR). De acuerdo con información de su página web, en el año 2005 representó al departamento de Sucre en el Concurso Nacional de Belleza. También fue gestora social del municipio de Sincelejo durante el período 2012-2015, por lo cual es reconocida por su gestión cultural en dicha región. “Ella es nueva, es exreina y nunca ha hecho política en su vida. Su esposo se llama Alberto Mario Fernández, excongresista por el Partido Liberal”, indicó Salazar. El investigador agregó que a pesar de que Fernández fuera de un partido distinto le consiguió el aval a su esposa con acuerdos del “Clan Char” para que ella pudiera llegar al Senado. “En este momento su esposo quiere aspirar a la Alcaldía de Sincelejo en compañía de Yahir Acuña. Y Yair espera lanzarse a la gobernación de Sucre”, resaltó. Acuña ha sido señalado de tener relaciones con parapolíticos y actualmente tiene una investigación abierta por parapolítica. Lo curioso es que el partido de la U le abrió un espacio a Acuña desde que su partido Opción Ciudadana perdió personería jurídica. Así las cosas, “lo que Castañeda pudo estar negociando son posibles investigaciones abiertas contra su esposo en la Fiscalía o contra Yahir acuña”, según detalló Salazar, tras la repentina salida de la senadora en plena votación de las objeciones. Castañeda es apoyada por los Char y dicho clan político se está abriendo del Vargasllerismo, por lo tanto, se están acercando a Duque. Entonces en los otros departamentos donde ellos puedan o no tener cuotas burocráticas, la senadora responde a lo que le diga el Clan Char porque ella llegó apadrinada y financiada por ellos. “Entonces el Clan Char que ahorita es cercano a Duque pudo haber hecho presión para que ella se saliera”, puntualizó. Tras el episodio, Castañeda fue objeto de críticas en redes sociales. Por lo tanto, respondió desde su cuenta de Twitter que me “consideré y sigo considerando como defensora ultranza de los postulados de la paz, que cada objeción amerita ser discutida de forma individual, ya que cada una tiene una unidad sustancial distinta y el análisis requería de mayor puntualidad”. Sin embargo, ella sentó un rechazo horas antes con las directivas en la reunión del partido, yendo en contra de la directriz de Vargas Lleras. En ese sentido, atendió la directriz de los Char que ahora están con Duque. El secretario del Senado Juan Gregorio Eljach Eljach inició su carrera política directamente en el Senado como asesor del exsenador Aurelio Iragorri. Ya en 2012 se desempeñó como secretario general de Senado, cargo que ocupa hasta la actualidad. “Él es uno de los que más tiene pode. De hecho tiene más poder que cualquier presidente del senado porque él es el que define todo el tema normativo y de interpretación. Sin embargo, tiene escándalos por acoso dentro de la secretaría”, expresó el investigador. Elijach es el que interpreta la ley quinta, en ese sentido, “es el guardián” de la ley quinta, la cual establece todo el estatuto orgánico del trámite legislativo de los proyectos del acto legislativo, proyectos de ley ordinaria y proyectos de ley estatutaria en el Congreso. Esa misma noche del martes, se enfrentaron con el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático debido a los resultados obtenidos en la sesión. Las votaciones fueron de la siguiente manera: 47 votos en rechazo a las objeciones, 34 a favor de las mismas. Para la bancada del gobierno hubo confusiones en el conteo, mientras para la oposición era clara la victoria. De acuerdo con la norma, un texto en discusión se aprueba o se rechaza, solo si la mitad de los integrantes de la sesión más uno, están presentes. Y debido a que 14 congresistas estaban impedidos el quórum fue de 92 senadores. Por lo tanto, el resultado fue exacto. La bancada opositora aplaudió el resultado, sin embargo, la salida de Martínez y Castañeda encendieron a los partidos oficiales. Ante el alboroto, Elijach empezó a discutir con el senador Jorge Robledo del Polo Democrático y aunque se mantuvieron en la pelea normativa, el debate se salió de tono. Como no se llegó a un consenso acabaron la sesión y el miércoles en otro episodio, el secretario fue protagonista de un acto bochornoso. Elijach no se dio cuenta que tenía abierto el micrófono y a su lado estaba una compañera de la mesa de la secretaría del Senado y le dijo: “ábrete”, seguido de un movimiento en su pecho; al percatarse, intentó disimular su acción y empezó a cantar para esconder su comportamiento. En definitiva, hubo actuaciones inesperadas de los integrantes del Senado. Sin embargo, esta tarde del jueves se conoció que las mayorías de la Cámara Alta dejaron una constancia de retiro de la sesión. En ese sentido, será la Corte Constitucional quien defina el futuro de la ley de procedimiento de la JEP.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Este jueves 2 de mayo, Ángela María Robledo se dirigió a la opinión publica en rueda de prensa para anunciar que está sobre la mesa su aspiración a presentarse, en el marco de una gran coalición, de cara a las elecciones de octubre y convertirse en alcaldesa de la capital. Sin embargo, insistió que por ahora la prioridad es defender su curul en el Congreso. Cómo lo anunciamos hoy @petrogustavo y yo, una candidatura mía, a la Alcaldía de Bogotá, seguirá sobre la mesa, pero tengo claro que la división no es camino. Vamos con fuerza a un acuerdo programático para Bogotá, al tiempo que defenderemos #LaCurulDeLaOposición. pic.twitter.com/dapGXZL509 — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) May 2, 2019 Ángela María Robledo habló sobre la decisión del Consejo de Estado y de su preocupación por el momento político y democrático que atraviesa Colombia a nueve meses del gobierno de Iván Duque Márquez. Explicó que defenderá la curul que se logró por medio del Estatuto de Oposición que se pactó en el marco del Acuerdo de Paz, y que esa pérdida es la negación máxima de un derecho porque “las curules de Gustavo y la mía en el Congreso, son curules de la paz”. Para Robledo se están negando esas garantías electorales y democráticas en Colombia. ‘Nos pusieron a sonar’ Señaló que, después de la decisión del Consejo de Estado, la primera pregunta que le empezaron a formular los medios de comunicación fue si iba entonces a ser candidata para la alcaldía de Bogotá. Frente al panorama de estas elecciones, dijo que era prioridad conformar una coalición sólida e incluyente que se sustente en un acuerdo programático que beneficie verdaderamente a Bogotá y que signifique una presencia significativa. Mientras voy a defender la #LaCurulDeLaOposición, trabajaré un acuerdo programático para Bogotá con todos los sectores alternativos. Mi candidatura a la Alcaldía no es decisión tomada. Prioridad: unir y el derecho de 8 millones de personas; yo soy una tejedora para la fuerza. pic.twitter.com/VQGgBdLkf4 — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) May 2, 2019 Ángela María Robledo habló de una necesidad que enfrenta Bogotá en lo que denominó un recambio para la capital. En este sentido, indicó que se hará una asamblea para definir un acuerdo programático para lograr la convergencia que consagren las iniciativas de los sectores alternativos. Sin embargo, la representante señaló que defenderá la curul que significa la representación en el Congreso para más de ocho millones de votantes de lo que llamaron oposición. Retomar Bogotá “Más que mi nombre, es la tarea programática por Bogotá y eso lo vamos a lograr encontrando un nombre de una mujer o un hombre que abandere ese Acuerdo, nosotros tenemos la prioridad de defender la curul y en eso estamos a partir de los tiempos jurídicos”, señaló Ángela María Robledo” A su vez, hizo hincapié en que este acuerdo programático se viene adelantando hace mucho tiempo. Robledo no solo dijo que esa retoma de Bogotá se iba configurar con el nombre de quien ocupe el Palacio de Liévano, sino que hace parte de un esfuerzo conjunto por fortalecer las garantías de vida y dignidad para quienes habitan Bogotá. Señaló que uno de los asuntos más importantes para lograrlo debe ser la renovación del Concejo de Bogotá. Para ello insistió que se necesita de la convergencia con el acuerdo programático para consolidación el sector alternativo en el que están el Polo, los Verdes, Decentes, Animalistas, Ambientalistas y Liberales´rebeldes’ como los llamó. Finalmente, Ángela María Robledo, señaló, para disipar las preguntas sobre si iba definirse como candidata en medio de la rueda de prensa, que “hay preocupaciones que son más estructurales y que en ese orden hay que revisar las prioridades antes de tomar decisiones de la candidatura de Ángela María Robledo”. La división no es camino. Vamos con más fuerza a una construcción programática para Bogotá con los sectores alternativos. Al tiempo defenderemos la #LaCurulDeLaOposición, con mi tutela y de quienes quieran defender la curul. La sociedad exige unidad y responsabilidad. pic.twitter.com/JWMjIfu8Tl — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) May 2, 2019 Una cadena sistemática contra la oposición Gustavo Petro señaló que el hecho de la pérdida de la curul de Ángela María Robledo, “no es fue un evento aislado, es un evento sistemático”. La razón, entre otras que dio el senador, fue que las bancadas alternativas en el país se han configurado como una fuerza política importante y de esa manera se está proyectando la disputa del poder: “no solo somos una simple oposición sino una alternativa de poder”. Sobre la avanzada que se está adelantando contra los sectores alternativos en Colombia, el senador definió dicha movida como “un régimen que no es democrático. Una cadena de asesinato de líderes y lideresas, donde los asesina el régimen o que deja que los asesine, unos ataques jurídicos que están, hace años, buscando apartar de la carrera a los proyectos como la Bogotá Humana y la Colombia Humana.» Petro llamó la atención frente a la defensa de la curul de Ángela María Robledo, y dijo que hay un camino internacional en el que se busca visibilizar las “persecuciones legales e ilegales contra las bancadas alternativas en Colombia”.

Por: Redacción Pares Ocurrió este mediodía en el polideportivo del centro poblado de La Uribe (Meta). Informan que hay 5 civiles heridos, incluyendo un niño y dos militares. El hecho ocurrió muy cerca de la base militar. Pares confirma que en este territorio, que comprende el sur del Meta, hace presencia la estructura de disidencia del Frente 1, comandada por Gentil Duarte e Iván Mordisco. Noticia en desarrollo…