Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Este miércoles 1 de mayo, desde las 9:00 de la mañana, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), centrales obreras y confederaciones de pensionados, se movilizaron desde distintos puntos de la capital, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo. Los sindicatos, centrales obreras y distintos sectores sociales manifestaron el malestar sobre la presencia de transnacionales en el país, que, entre otras cosas no permite el desarrollo económico para el sector colombiano, como lo señalaron el día de ayer. Hubo un espacio para la memoria de los líderes y las lideresas asesinados, así como un ejercicio sobre la muerte de Nicolás Neira, un joven que murió a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). por este asesinato, el Estado fue condenado en el año 2011. En la manifestación se centraron fuertemente en las críticas con respecto al Plan Nacional de Desarrollo que está impulsando el gobierno nacional, sobre los riesgos que representa esa lógica que esperan no se proyecte durante todo su gobierno. También se refirieron a las exigencias en materia de seguridad para los líderes y las lideresas del país. A la movilización se sumaron diversos movimientos ciudadanos y políticos como el MAIS, Colombia Humana y el Polo Democrático. La marcha, que tuvo varias rutas de movilización, desembocaron hacia mediodía en la Plaza de Bolívar.

Por: Redacción Pares La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz informó que el pasado 26 de abril recibió una carta presentada por la defensa de Iván Luciano Márquez Marín, exjefe de las extintas Farc-EP. Por lo tanto, este jueves 2 de mayo, Márquez no se presentará a comparecer ante el tribunal. En dicho escrito la defensa alegó la «falta de garantías en materia de seguridad» y diversos argumentos sobre «nuevas y muy graves agresiones físicas y amenazas en contra de la vida e integridad física de distintos integrantes del grupo familiar» del compareciente. La JEP determinó que en un el plazo de tres (3) días, que es el que cuentan los comparecientes para justificar su inasistencia a este tipo de diligencias, la defensa tendrá que presentar la argumentación y evidencia probatoria detallada sobre dichas alegaciones, las cuales serán valoradas por las JEP para tomar una decisión al respecto. Las razones de Márquez La defensa señaló que «ante la continuidad de hechos amenazantes» el señor Márquez Marín «no asistirá personalmente» a la diligencia de versión prevista para este 2 de mayo de 2019, dentro del caso 001, denominado «Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP», conocido como el de secuestro. En julio del año pasado, cuando Márquez anunció que no aceptaría la curul en el Congreso alegando falta de garantías en el marco de la detención de Jesús Santrich, el director de Pares, León Valencia indicó: «El caso de Santrich generó suspicacias, rompió puentes de comunicación y creó enormes desconfianzas que terminaron en este grave impase para el proceso de paz. El daño está hecho. Ahora lo único que se puede hacer es limitar el impacto. Reducir los efectos sobre todo el proceso de reconciliación del país que tiene entre sus tareas la reintegración de todos los ex-combatientes de las FARC, las negociaciones con el ELN, la reducción de las demás violencias y las acciones de verdad, justicia, reparación y no repetición.»

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Si bien el partido del gobierno, el Centro Democrático, ha intentado ganar tiempo en el debate que se lleva a cabo en el Senado sobre las objeciones de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el presidente Iván Duque salió derrotado. Según analistas, este es otro pulso que pierde en el Congreso. Desde el año pasado la ley de procedimiento de la JEP ha estado en veremos, el trámite ha sido demorado debido a sus detractores, mientras los defensores han dado la pelea para que el tribunal, creado a partir del pacto de paz con la exguerrilla Farc, tenga una hoja de ruta. La diligencia comenzó en el Congreso, quien aprobó el texto de la ley, el cual fue remitido a la Corte Constitucional. Luego de la revisión técnica y de que se avalara la constitucionalidad de cada uno de los artículos, fue remitido al presidente Iván Duque. Los analistas auguraron la poca probabilidad de que sancionara la ley, debido a que, su bancada le solicitó que objetara algunos de los puntos por inconveniencia política, económica o social, y finalmente objetó seis (6) artículos. El texto regresó al Congreso e inició el debate en la Cámara de Representantes, quien hace tres semanas rechazó las objeciones del presidente, entonces fue remitido al Senado donde se reabrieron las asperezas, y no han podido llegar a consensos. El pasado viernes habían establecido algunos impedimentos de congresistas que decidieron no hacer parte del debate, los cuales fueron revisados por el comité de ética. Se suponía que el lunes en horas de la tarde la discusión empezaría sin falta, sin embargo, cuando el recinto se dispuso a iniciar la plenaria, el presidente del Senado Ernesto Macías solicitó nuevos impedimentos. Más tiempo perdido Días atrás, Macías ya había dado a conocer su postura frente a los resultados de la cámara baja. Según él hubo varias anomalías y expresó que el debate debió comenzar en el Senado e interpuso una acción de tutela. Asimismo, dijo que el texto debió votarse artículo por artículo. Ante los señalamientos, la bancada de oposición explicó que este procedimiento al relacionarse con el pacto de paz, el debate se realizó en el marco del Fast Track, que le permite a la cámara iniciar los debates. Así las cosas, el lunes iba a comenzar el debate y de pronto Macías recusó al senador Iván Cepeda del Polo Democrático. De acuerdo con Macías Cepeda tiene un conflicto de intereses en esta ley porque su esposa trabaja actualmente en esa entidad. Sin embargo, este martes la Comisión de Ética rechazó por unanimidad la recusación que me hizo el senador Ernesto Macías contra Cepeda. A su paso, el senador Roy Barreras recusó a Macías y al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Al primero porque había presentado una tutela para tumbar la votación de la Cámara a favor que rechazó las objeciones; y al segundo por haber liderado la campaña por el NO previo a la firma del Acuerdo de Paz. Entre recusaciones e impedimentos se desarrolló la sesión en el Congreso. Inculpaciones y señalamientos crearon un ambiente tenso en el recinto. Algunos congresistas se salieron de sus casillas y en el ojo del huracán quedó Macías cuando dejó su micrófono abierto y en medio de las votaciones de un impedimento se le escuchó: “Hijueputa, mira esa votación”. A altas horas de la noche se dio por terminada la sesión, con el sinsabor de que este martes nuevamente se abra el debate. Finalmente, la plenario votó este martes en la noche. Las objeciones a la JEP fueron negadas por 47 votos contra 34. El informe que presentaron los congresistas Iván Marulanda y Alberto Castilla fue aprobado por mayoría reglamentaria: 47 votos a favor. Las objeciones fueron rechazadas. Sin embargo, el presidente del Senado, Ernesto Macías, declaró que no se había cumplido con la mayoría absoluta, que según sus cuentas era de 48 votos. «El presidente Duque ha recibido una gran derrota política, el uribismo una vez más no ha podido enterrar la verdad, pero está recurriendo a burdas maniobras para obviar su condición minoritaria.» indicó León Valencia, director de Pares. Las votaciones en Cámara y Senado de las objeciones de Duque a la JEP prueban que no tiene ninguna posibilidad de convertirlas en ley, aunque a pesar de los votos mayoritarios y argumentación sobre mayoría absoluta, algunos parlamentarios de Cambio Radical y del Partido de la U abandonaron la votación luego de que habían anunciado su voto en contra de las objeciones presidenciales. ¿Cuáles son las razones? De acuerdo con Sebastián Mora, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, el Senado quiere ganar tiempo por dos razones principales. La primera, “seguir intentando tumbar la decisión que se dio en la Cámara de Representantes con la tutela que presentó Macías diciendo que el procedimiento de las objeciones debió empezar por el Senado y no en la cámara de representantes”, indicó. En segundo lugar, para tratar de hacer lobby con la Corte Constitucional porque finalmente si las decisiones no confluyen entre Cámara y Senado se eliminarían los seis artículos que fueron objetados por el presidente, el texto regresaría al tribunal y se reviviría el debate sobre si son o no inconstitucionales. “La Corte podría volver a revivir esos artículos diciendo que las objeciones no son por razones políticas, económicas, o sociales, sino que se están atacando de verdad decisiones de fondo de constitucionalidad que tomó la misma corte”, agregó Mora. En ese sentido, volvería a pasar al presidente Duque para que esta vez la firme, según él ha dicho, sin importar ya el resultado. ¿Pierde o gana Duque? El investigador explicó que Duque resulta “perdedor porque está demostrando que no tiene influencia en el Congreso, no puede generar consensos y los partidos decisivos que son los partidos tradicionales, no lo están acompañando. Estos son Cambio Radical, U y el Partido Liberal, y prácticamente entre los dos primeros son los que pueden desbalancear las cosas”. Las últimas movidas políticas también han demostrado que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez no logra posicionar a sus bancadas. Así como tampoco a misma bancada pues no está de acuerdo con lo que está haciendo. “Hay fraccionamiento sobre cómo se está llevando el Gobierno. Yo creo que es un claro perdedor en todas las apuestas que ha tenido en el Congreso”, apuntó. Incluso esa estrategia del Centro Democrático de ganar tiempo daña al Gobierno porque le está quitando tiempo a discusión más importantes como el Plan Nacional de Desarrollo. En últimas, lo más probable es que sean rechazadas las objeciones y la ley de procedimiento sea avalada en su texto original. «Que las objeciones hayan sido rechazadas significa una grave derrota política de Duque, una vez más el uribismo no pudo enterrar la verdad.» señaló León Valencia

Por: Redacción Pares A propósito de la celebración del Día Internacional del Trabajo este 1 de mayo, la informalidad laboral en Colombia sigue mostrando cifras preocupantes. El 47.2% de la población ocupada en las 13 ciudades principales (incluyendo sus áreas metropolitanas) es informal, lo cual equivale a cerca de cinco millones de trabajadores, esto de acuerdo a la definición utilizada por el DANE. Para el mercado laboral de Colombia, este es quizá la mayor problemática, luego de las reducciones importantes que ha sufrido la tasa de desempleo en los años recientes, en buena medida por la estrecha relación que existe entre informalidad con puestos de trabajo de baja calidad e inestables. Algunas cifras de informalidad laboral Existen diferencias importantes entre las ciudades en la tasa de informalidad. Según el DANE, las ciudades del país que presentaron la mayor proporción de informalidad fueron: Cúcuta (69,8%), Sincelejo (66,0%) y Riohacha (64,7%). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Bogotá (39,3%), Manizales (40,0%) y Medellín (43,4%). Además, el 91,8% de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en el período diciembre 2018 – febrero 2019 reportaron estar afiliados a seguridad social en salud, lo que significó una disminución de 1,6 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior (93,4%). En cuanto a pensiones, la proporción de ocupados cotizantes fue 51,6% para el trimestre móvil diciembre 2018 – febrero 2019. Como lo indica el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario de Bogotá, el sector rural representa el 23% del total de la población nacional y tiene una de las tasas de desempleo más bajas del país (5,12%), sin embargo, la tasa de informalidad en el sector rural alcanza niveles de 80%, lo cual relaciona con el escaso acceso a la educación. Adicionalmente, el acceso a la pensión en el campo es bastante bajo, sólo un 14% se encuentra cotizando. Esto implica que el aseguramiento tradicional familiar seguirá predominando en el campo por muchos años. ¿Quiénes son trabajadores informales? Según el análisis realizado por el DANE, se considera un trabajador informal a aquel que NO cumple con los siguientes criterios:  Pertenecer al régimen contributivo o especial de salud como cotizantes y no como beneficiarios.  Estar cotizando a un fondo de pensiones o estar pensionado.  Tener contrato escrito de trabajo (ya sea a término fijo o indefinido).  Ganar más del 95% del salario mínimo por hora. El nivel educativo Al igual que en las ciudades, se presentan grandes divergencias según nivel educativo. Para aquellas personas que no llegaron a obtener el título de bachiller (cursaron 9º o menos), la gran mayoría de los ocupados rurales (74%), la formalidad es de apenas el 12%. Por otra parte, para los que cursaron media u obtuvieron el título (19% de los trabajadores) la formalidad es del 27%. Finalmente, para aquellos con un nivel educativo por encima de bachillerato, tan solo el 7% de los ocupados, la tasa de formalidad es del 57%, como lo indica el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. La situación de informalidad por género y ocupación En cuanto a género hay un mayor balance en favor de los hombres pues de los formales el 28% son mujeres y el 71,5% son hombres. El análisis por edades revela una mayor composición de informales hombres, especialmente entre los 20 y 59 años en donde se encuentran el 50% del total de informales rurales; de igual forma las mujeres entre los 20 y 59 años son las más informales, pero este grupo representa el 25% del total de informales, ya que la inactividad es más alta en este género. Según el DANE, las ocupaciones en las que se presenta los más altos índoces de informalidad son comerciantes y vendedores, los trabajadores manufactureros, peluqueros, joyeros, pintores de edificios, electricistas, obreros, ebanistas, conductores de vehículos, entre otros. En estas ocupaciones, en todos los niveles de desempeño: desde niveles educativos altos a bajos, o de mucha o poca experiencia laboral o con funciones complejas y no tan complejas, presentan altas tasas de informalidad.

Por: Redacción Pares La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP hace pública la lista de agentes del Estado, diferentes a la fuerza pública, que solicitaron su sometimiento a la jurisdicción. Las solicitudes de estos comparecientes ya se encuentran bajo estudio en la Sala de Definición, para definir si se acepta su sometimiento ante la JEP, como el primer beneficio del Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición. Tal y como lo dispuso la Corte Constitucional, los agentes de Estado y civiles solo se someten ante la JEP de manera voluntaria. A su vez, la Sección de Apelación de la JEP estableció que los agentes de Estado, en la solicitud de su sometimiento, deben firmar el acta y además deben presentar ante la Sala de Definición un programa concreto y claro de aporte a la verdad, la reparación y no repetición. Una vez la Sala estudie dicho programa, definirá si acepta o no el sometimiento del agente de Estado o civil. Esta es la lista de investigados por parapolítica cuyo sometimiento estudia la JEP: Exministro: Sabas Pretel de la Vega Excongresistas: Musa Abraham Besaile Fayad, Salvador Arana Sus, Álvaro Ashton Giraldo, Efrén Antonio Hernández Díaz, Zulema Del Carmen Jattin Corrales, Pedro Mary Muvdi Aranguena, Habib Merheg Marun, Álvaro Romero García, Jesús León Puello Chamie, Héctor Julio Alfonso López. Exgobernadores: Edilberto Castro Rincón, William Hernán Pérez Espinel, Juan José Chaux Mosquera, Julio Enrique Acosta Bernal, Juan Francisco Gómez Cerchar. Exconcejales: Eladio Antonio Muentes Ávila, Carlos Alberto Olivera García, Abel Antonio Toscano Benítez, Etemilson Vásquez Camargo, Claudia Cecilia Buitrago Ortiz, Ovelio Andrés Cárdenas Álvarez, Javier Zárate Ariza. Exalcaldes: Franklin Germán Chaparro Carrillo, Wilson Antonio Chaverra González, Luis Rafael Páez Zambrano, Julio Alberto Manzur Abdala, Jorge Luis Alfonso López, José Mauricio Jiménez Pérez, Ramiro Suárez Corzo, Manuel Francisco Ríos Revuelta, César Augusto Mayo García, Julio César Ardila Torres, Benjamín Bulla Dueñas. Expersoneros: Jaime Alberto Mora Pérez, Rubén Darío Ruiz Berrío y Ervin Hernán Ortega Herrera.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares A pesar de que el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, señaló en horas de la mañana que “el momento es ahora” —para lo que denominó la recuperación de la democracia— con el paso de las horas, parece disiparse el intento de derrocamiento del presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros. El hecho lo marcó la liberación de Leopoldo López, mentor de Guaidó, quien desde las cercanías de la base aérea militar La Carlota, señaló que desde las 5 de la mañana, este 30 de abril, empezaba la denominada ‘Operación Libertad’ que había sido anunciada por Guaidó. Los medios de comunicación en Colombia desde muy temprano en la mañana empezaron a preguntarse si hoy, en el marco de la materialización de la Operación Libertad en Venezuela, se abría la posibilidad de un golpe de Estado. Un cubrimiento maratónico se apoderó de la agenda mediática nacional, en la que se iba relatando lo que sucedía paralelamente entre Maduro y Guaidó. Por un lado, ante el tono decisivo de Guaidó quien se dirigió a la Fuerzas Militares de la siguiente manera: «Nuestras Fuerzas Armadas, hoy valiente soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la constitución, han acudido a nuestro llamado, nos hemos encontrado en las calles de Venezuela», los grandes medios se volcaron editorialmente ante la posibilidad de un golpe de Estado, sin embargo, con el pasar de las horas las manifestaciones fueron perdiendo el impacto en esa avanzada para concretar dicho golpe. Desde la Plaza de Altamira A pesar de esa situación, Juan Guaidó hizo un llamado desde la tribuna pública: “Llamamos a las Fuerzas Armadas. Y hoy nos queda claro que las Fuerzas Armadas están con el pueblo de Venezuela y no con el dictador». Además de esto, Guaidó dijo que hace falta que se sumen los demás militares, mientras internacionalmente esperan el apoyo de la región en esta avanzada. En esta dirección está el embajador en los Estados Unidos, Carlos Vecchio —quien fue designado por Guaidó bajo su autoproclamación como presidente encargado— quien ha desempeñado una labor para solicitar un apoyo de la comunidad internacional en la intención de derrocar a Nicolás Maduro. Desde el Palacio de Miraflores La gran expectativa que tenían los medios de comunicación sobre la respuesta por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, horas después del anuncio del despliegue de la ‘Operación Libertad’ en suelo venezolano por parte de la oposición, no se hizo esperar. Maduro publicó en su cuenta de Twitter: “¡Nervios de Acero! He conversado con los Comandantes de todas las REDI y ZODI del País, quienes me han manifestado su total lealtad al Pueblo, a la Constitución y a la Patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la Paz. ¡Venceremos!”. Justamente, frente a la intención de un golpe de Estado, el Secretario General de la PNU ha manifestado su preocupación por lo que ha desencadenado en Venezuela este 30 de abril, pues el mensaje está en busca de que se evite a toda costa la violencia que amenaza al pueblo venezolano. Incertidumbre por el devenir en la región Tal como lo había anunciado el 31 de marzo la Fundación Paz & Reconciliación — PARES, la intención de intervención militar y golpe de Estado en Venezuela por parte de Guaidó y Estados Unidos, no se derrumbó con la declinación del Grupo de Lima para apoyar la avanzada bélica en Venezuela, de hecho, se estaba reinventado. Justamente, hace un mes —el 30 de marzo— Juan Guaidó advirtió que invocaría el artículo 187 de la Constitución de Venezuela, y en el inciso 11 autoriza la petición de fuerzas militares extranjeras para la intervención en el territorio venezolano, en lo que sería una fase una vez desplegada la ‘Operación Libertad’. Precisamente, aunque el 25 de febrero ya el Grupo de Lima había descartado la posibilidad en una reunión que tuvo lugar en el Palacio San Carlos de Bogotá, el gobierno colombiano reinició su intento de convocar y sumar esfuerzos para poyar una intervención militar en suelo venezolano. Uno de los abanderados del gobierno es el canciller, Carlos Holmes Trujillo, quien llamó a “todos los países miembros del Grupo de Lima para que hoy continuemos nuestra tarea de apoyo al regreso de la democracia y libertad a Venezuela y definamos de común acuerdo una reunión de emergencia”. Esta es una jugada que espera concretar el gobierno nacional, a pesar del riesgo que representa esta insistencia, que, no solo representará una tensión para los países de la región, sino también por los riesgos que representa una acción bélica en términos de muertos. ¿Cuál es el lado correcto de la historia? Detrás de Holmes Trujillo está la orden del presidente colombiano Iván Duque, quien después de conocer la noticia de la liberación de Leopoldo López, se dirigió a las Fuerzas Militares de Venezuela para sugerirles que se ubiquen “del lado correcto de la historia, rechazando dictadura y usurpación de Maduro; uniéndose en búsqueda de libertad, democracia y reconstrucción institucional, en cabeza de la Asamblea Nacional y el presidente Juan Guaidó”. Hacemos llamado a militares y al pueblo de #Venezuela para que se ubiquen del lado correcto de la historia, rechazando dictadura y usurpación de Maduro; uniéndose en búsqueda de libertad, democracia y reconstrucción institucional, en cabeza de @AsambleaVE y el Presidente @jguaido — Iván Duque (@IvanDuque) April 30, 2019 En este sentido, el gobierno de Duque está dispuesto a colaborar con la «Operación Libertad» convocada por el autoproclamado presidente Juan Guaidó. De hecho, el papel de Colombia no solo ha servido como mediador para conformar al Grupo de Lima, sino que su papel con Estados Unidos ha sido preponderante en la región. Casa de Nariño y Casa Blanca El pasado 30 de marzo, tuvo lugar una reunión que pasó de agache para los medios de comunicación en Colombia. En la ciudad de Cúcuta, estuvieron reunidos miembros del gobierno colombiano, un grupo de congresistas de Estados Unidos y miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela. Para ese momento había malestar desde la Casa Blanca por la presunta asistencia militar extranjera de parte de Rusia a Venezuela. Todo parecía indicar que esa reunión en el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, en Puente Internacional Simón Bolívar no cesaría ahí. Para el mes de abril, Mike Pompeo, Secretario de Estado de Estados Unidos hizo una gira por el continente, específicamente, en Chile, Paraguay, Perú y Colombia. Además de que su visita en el continente solo se centrara en países integrantes del Grupo de Lima, llamó especialmente la atención que visitara las ciudades capitales de Chile, Paraguay y Perú, exceptuando a Colombia; donde definió como rumbo la ciudad de Cúcuta, justamente en la frontera con el país venezolano. Según lo dio a conocer Morgan Ortagus, vocero de Pompeo, estas visitas a los países de la región a mediados del mes de abril tenían como fin último “profundizar las alianzas de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Sin embargo, Pompeo trajo la estela de incertidumbre sobre la posibilidad de reabrir el capítulo de una intervención militar que había dejado abierta Trump para el mes de enero. Duque, a diferencia de sus homónimos de Perú y Chile, parece no haber descartado la posibilidad de una salida militar en Venezuela, sin embargo, ha decidido pararse en lo que denominó ‘Un Cerco Diplomático’. Sin embargo, ¿qué cambiará con lo ocurrido este 30 de abril en Venezuela? Donald Trump Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que vigila la situación que se adelanta en Venezuela. Desde su cuenta de Twitter dijo «Sigo muy de cerca la situación en Venezuela. ¡Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela y su libertad!». A partir de este anuncio, caben interrogantes sobre qué papel protagonizará Colombia, que, hasta el día de hoy a sido estratégico para Estados Unidos frente a Venezuela. Por otra parte, ¿le ‘sonará’ a Trump la intención de Guaidó de hacer efectivo el articulo 187 que hace efectivo la solicitud de tropas extranjeras para lograr una intervención al país bolivariano?

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Este lunes en la noche se congregaron en la Plaza de Bolívar de Bogotá cerca de 4.000 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en un espacio que se denominó ‘Velatón Nacional e Internacional por los Líderes Sociales’. Se reunieron comunidades indígenas, raizales, cimarronas, afrodescendientes y campesinas que, en varios actos de memoria, recordaron las innumerables ausencias que les ha dejado la violencia selectiva contra los liderazgos. De esta forma, los líderes le expresaron desde el centro de la capital al Gobierno Nacional las precarias garantías de seguridad que hay para ellos en departamentos como Bolívar, Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Arauca. ‘La Velatón’ hizo parte de una de las actividades programadas en el marco del Refugio Humanitario que se instaló en la Plaza de Toros, que las mismas organizaciones sociales y de derechos humanos decidieron llamara ‘Plaza por la Vida’. El mismo lunes, las comunidades se dirigieron hasta las embajadas de España, Francia y Alemania para exponer, internacionalmente, la grave situación de asesinatos sistemáticos contra los líderes en Colombia, las amenazas, los desplazamientos forzados, el confinamiento y la incertidumbre de las poblaciones por el recrudecimiento de la violencia en algunas zonas en el país. Asimismo, las organizaciones sociales a través de este plantón le hablaron al Presidente exigiéndole garantías para la protesta social, a propósito de la constante estigmatización del gobierno y de un gran sector de los medios de comunicación. En este sentido, los líderes y lideresas exigen que se respeten los estándares internacionales que consagra la protesta social y para ello acudieron al Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH; como también a la visibilización de esta situación en el marco de la Velatón. Desde las 6 p.m. hasta pasadas las 9 p.m. la Plaza de Bolívar estuvo iluminada por velas, ambientada por mensajes, por arengas, cantos y bailes; un espacio en el que confluyeron las formas de memoria desde los territorios, formas para preservar la memoria de los líderes y lideresas que fueron asesinados, pero como lo señalaban las comunidades; conmemoran con la resistencia. Cabe recordar que dicho refugio lo organizan plataformas de paz y organizaciones sociales como la Cumbre Agraria Étnica y Popular, el Proceso de Comunidades Negras PCN, Coordinador Nacional Agrario, el Congreso de los Pueblos, Fensuagro, la ONIC, el CRIC, Redepaz, Afrodes y la Unees, entre otras, que establecieron el refugio que alberga más de 3.000 líderes y lideresas desde el pasado domingo 28, cuando también se realizaron marchas para el recibimiento de las comunidades.

Por: Mateo Córdoba Cárdenas. Colaborador Pares. El anuncio esta semana de “Artemisa”, la nueva estrategia del gobierno de Iván Duque para frenar la deforestación, tuvo lugar en el Parque Nacional Natural Chiribiquete, el más grande Colombia y uno de los más golpeados por la deforestación en los últimos años. Esta estrategia cuenta con tres ejes de acción que, sin embargo, confirman la decisión del gobierno de atender síntomas y no causas hablando de deforestación y degradación ambiental en áreas de interés ambiental. Tres propósitos de «Artemisa», solo buenas intenciones 1. El primer propósito tiene que ver con la contención de la deforestación y la consolidación de un aumento a cero en la tasa nacional de hectáreas deforestadas al año. Sin embargo, este objetivo, que además ha quedado consignado en el Plan Nacional de Desarrollo como columna vertebral de la política ambiental de Duque, permite la deforestación de cerca de 900 mil hectáreas en los próximos cuatro años y, aún así, cumplir la meta del gobierno en tal materia (0% en aumento de deforestación). Para este propósito se ha involucrado al Ministerio de Defensa como coordinador de un despliegue territorial de carácter militar para enfrentar mafias y Grupos Armados Organizados que financian, coordinan y agencian la tala y la quema en áreas protegidas. 2. El segundo propósito plantea la urgencia de restaurar los ecosistemas que han sido degradados por la deforestación. Allí son los Institutos de Investigación, el Ministerio de Ambiente y el trabajo con comunidades locales los actores que ha definido el gobierno como agentes principales de la conservación y recuperación del ‘patrimonio natural’. Este propósito guarda mucha relación con la implementación del acuerdo de La Habana, pues la Reforma Rural Integral (que ha quedado en el olvido) planteaba planes y programas para contener el avance de la frontera agropecuaria en áreas protegidas y la construcción de planes de restauración ambiental en zonas afectadas por la violencia como mecanismo de reparación y cumplimiento de penas de excombatientes de FARC en el marco de la justicia transicional. Sin Reforma Rural Integral la restauración ecológica queda reducida a buenas intenciones, pues mientras no se configuren las dinámicas de seguridad en territorio y la presencia del Estado en estas zonas se reduzca al ámbito militar, la lucha contra la deforestación difícilmente transitará de la contención a la restauración. 3. El tercer propósito es la judicialización de quienes están detrás de las quemas y talas indiscriminadas de bosque que ha quedado bajo el mando de la Fiscalía General de la Nación. Aquí hay dos retos fundamentales: por un lado, la construcción de una estrategia investigativa para que los resultados contra la deforestación no sigan siendo el decomiso de un par de motosierras y la judicialización de campesinos, el eslabón más débil de la cadena ilegal que agencia la deforestación, particularmente en el sur del país. Y, por otro lado, la garantía de independencia en los organismos de control a nivel regional pues, en muchas zonas del país, son los poderes políticos regionales los principales involucrados en el negocio del acaparamiento y la especulación con la tierra. Si estos poderes políticos son juez y parte en la lucha contra la deforestación difícilmente se llegará al fondo del asunto. En esta materia podría priorizarse el departamento del Guaviare y Meta, donde sus respectivos gobernadores defienden públicamente el ejercicio ganadero en departamentos con amplia vocación forestal. Ir al síntoma y no a la causa, un error del gobierno Además, Duque ha planteado que una de las claves para el éxito de la campaña ‘Artemisa’ es la pedagogía y “la apropiación de la riqueza natural de Colombia”. Esta idea, de nuevo, deja en evidencia el enfoque del gobierno frente al reto ambiental que le plantea la deforestación: atacar síntomas y no causas. El fenómeno de la deforestación, fundamentalmente en el Amazonas y el Nudo de Paramillo, se caracteriza por una confluencia temporal y geográfica del desarme y el agrupamiento de las FARC con la praderización y remoción de capa vegetal. Así pues, el problema es político y administrativo, con fuertes raíces en las dinámicas de tenencia de tierras y expansión de latifundios hacia áreas de alto interés ambiental. La especulación con la tierra, el reemplazo de la agricultura por la tala en regiones empobrecidas del país, el asesinato de líderes sociales y la persistencia de actores armados en zonas pos-FARC tienen que ver con el conflicto armado y el ritmo con que se atienden los puntos pactados en La Habana. Si el gobierno piensa que la deforestación se detiene con militarizar Parques Nacionales (como ocurrió el año pasado cuando el ESMAD llegó con gases lacrimógenos al PNN Tinigua a sacar campesinos) y con campañas de sensibilización ciudadana, no sólo no cumplirá con su objetivo en materia de deforestación, sino que en el 2022 nos dejará con más de un millón de hectáreas deforestadas y unas mafias más enriquecidas que nunca.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El desplazamiento de más de 1.500 indígenas del municipio de Juradó en el departamento de Chocó, llevó a que la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC, alertara al gobierno y a la comunidad internacional sobre la situación crítica de la zona debido a los enfrentamientos entre grupos armados. La ONIC informó que desde el pasado martes las comunidades Emberá y Wounaan, ubicadas en el pacífico colombiano, han quedado en medio de la confrontación entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional -ELN, y el grupo neoparamilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC, que se disputan el control y ruta del tráfico de droga. Tres días después, las comunidades indígenas de Bongo, Pichindé, Eyasake, Cedral, Victoria y Punto Caimito de Juradó sufrieron un nuevo hostigamiento por parte de las AGC y el ELN, que provocó el desplazamiento masivo hacia la zona Dos Bocas. “Ante enfrentamientos de actores armados en sus territorios cientos de indígenas Emberá de los resguardos de Juradó y Nussi Purru se ven obligados a desplazarse de sus comunidades hasta la comunidad indígena de Dos Bocas, como punto de refugio interno, a donde han llegado ya, más de 1.500 indígenas tratando de salvaguardar sus vidas por el conflicto armado”, resaltó el comunicado. Ellos han estado en la sede principal del colegio “Agroambiental Armando Achito Lubiasa”. Mientras tanto, otra parte de la población en zonas más lejanas como Buena Vista, Santa Teresita y Jumara Karrá están aún confinadas, según han señalado las autoridades locales, sin poder tener la posibilidad de salir a salvaguardar sus vidas. “Todas las comunidades están padeciendo crisis alimentaria, con ello riesgo a la salud e integridad física en general”, señaló la organización. Las comunidades sufren saqueos La ONIC también aseguró que tan pronto las AGC se instalaron en una de las comunidades utilizaron “de escudo humano a la población”. Asimismo, saquearon la comunidad por medio del robo de animales domésticos, así como también el de alimentos. Lo cual significó el desabastecimiento completo. Ya en la noche del miércoles hubo enfrentamientos con el ELN, causando pánico y temor entre las 86 familias que conforman dicha comunidad, que por fortuna resultaron ilesas. Las comunidades Indígenas han alertado a las autoridades sobre amenazas a líderes indígenas que se encuentran en la zona y afirman que si estos grupos armados ilegales no se van del territorio y no respetan la vida de las comunidades, la próxima acción será un inminente desplazamiento masivo. Según ellos, esto implicaría la salida del territorio de más de dos mil personas, incluso exponiendo sus vidas al máximo ante la amenaza que no les permitirán la salida de sus territorios. Urgente llamado al gobierno Ante la situación, la ONIC solicitó al gobierno una Misión Humanitaria a Juradó para suministrar, alimentos, realizar una brigada de salud y facilitar los materiales para la instalación de casetas, ya que por el número de habitantes no hay donde albergar todas las personas. También solicitaron acceso al agua potable y a tanques para el almacenamiento de agua; así como la adecuación provisional de aulas de clase para la atención de la población estudiantil víctima de desplazamiento forzado. “Urge necesidad del Comité Territorial y Nacional de Justicia Transicional (CTJT) con el propósito de buscar los mecanismos necesarios para mitigar urgentemente está vulneración de Derechos Constitucionales Fundamentales”, expresaron. Por su parte, la fuerza naval del pacífico informó que en cumplimiento del Plan de Operaciones “Almirante Padilla”, mantiene en forma sostenida las operaciones ofensivas en el municipio de Juradó – Chocó, para cerrar las rutas del narcotráfico, disputadas por ELN y el “Clan del Golfo” o AG. Esta situación “ha generado en los últimos días, enfrentamientos armados entre estos dos grupos al margen de la ley, que buscan generar nuevos espacios para sus corredores de financiación ilícita, producto del narcotráfico”, indicó el texto. Desde agosto del 2018 la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 069 para el municipio de Juradó, por lo tanto, la armada aseguró estar brindando seguridad a las comunidades y reforzando el pie de fuerza en el sector El Cedral en este municipio, tras las denuncias de comunidades indígenas.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Guillermo Botero Gil fue designado por el presidente Iván Duque para ser el jefe de una de las carteras ministeriales más poderosas, el Ministerio de Defensa. Botero Gil, quien ha sido cercano al máximo jefe del partido de Gobierno Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, hoy enfrenta lo que se podría llamar “La mala Hora del Ministro Botero”, sin embargo, su polémica es de vieja data. Por sus antecedentes, por su anuncio y nueve meses después, por su gestión. Además, porque los temas a los que se ha referido tocan temas de alta sensibilidad, temas sobre violación de Derechos Humanos, de los cuales la sociedad civil no quiere retroceder. ¿Dónde está la Garantía de No Repetición? El último de ellos tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’, como la prensa escogió dar nombre para hablar del asesinato de más 10.000 jóvenes que fueron disfrazados de guerrilleros y posteriormente asesinados. El asesinato de Dimar Torres ha abierto el triste capítulo ante la opinión pública sobre las ejecuciones extrajudiciales, de hecho, tal como lo había informado la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, el martes 23 de abril, todos los hechos señalaban a miembros del Ejército como autores del crimen de Dimar Torres. Así como también de las acusaciones hechas por la comunidad de Campo Alegre sobre la manipulación de la escena y la intención de ocultamiento del cuerpo del exguerrillero de las FARC. Un ministro que ‘tira línea’ desde los micrófonos Botero Gil, desde su llegada al ministerio de Defensa, no ha escondido sus posiciones. A través de declaraciones a los medios de comunicación o utilizando el espacio que le ha brindado el presidente Duque, en lo que se han convertido en las alocuciones del ministro. Lo de Botero Gil ha sido una estrategia de desprestigio contra la protesta social, una evasiva constante en la responsabilidad del gobierno sobre el asesinato selectivo de líderes, lideresas y excombatientes en Colombia. De hecho, el ministro de Defensa ha señalado, sin ningún tipo de reparo, que hay grupos armados infiltrados en las protestas; ha dado versiones en micrófonos de manera oficial, aunque, con ese mismo ahínco, después no aparecen las pruebas de sus aseveraciones. Una de las más recordadas tiene que ver con la que aseguró que la protesta era objeto de dineros turbios “Los dineros ilícitos corrompen y financian la protesta social. Cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana, detrás de eso siempre están mafias de verdad, mafias supranacionales de diferentes países que lavan el dinero con habilidad y vuelve al país por diferentes vías”. Ese suceso sirve de ejemplo para mostrar cómo desde el ministerio se han expresado versiones sin ningún tipo de sustento y que, esperando a que se disuelvan con la dinámica agenda mediática que ha tenido la Colombia de Iván Duque, se pierdan en la impunidad. Botero contra las cuerdas Sin embargo, el caso sobre el asesinato de Dimas Torres parece que no le salió a Botero Gil, quien sigue entregando versiones y declaraciones encontradas que lo tiene contra las cuerdas y a las puertas de un debate de moción de censura anunciado por la oposición y que hace eco a una sociedad civil que en redes sociales claman por la renuncia de Botero. Así, y a pesar de la insistencia de Botero de que el asesinato había sido producto de un forcejeo o que “en un lugar donde es una inmensidad de coca, uno podría pensar cualquier cosa alrededor de ese negocio, pero estoy haciendo una especulación y no me comprometo con esa versión”. Justamente, Botero Gil en una entrevista con Caracol Radio, no le pareció irresponsable asegurar que la muerte de Dimar Torres era producto de un forcejeo y que para eso necesitó, únicamente, de la versión del cabo Jaime Gómez. Botero Gil es certero al decir que se debían esperar los resultados de ‘balística’ que hizo la Fiscalía General de la Nación y que fueron leídas por el Fiscal Néstor Humberto Martínez. Sin embargo, nuevamente sin tener información muy clara se presento la siguiente escena: Pregunta/respuesta La periodista de Caracol Radio le preguntó al ministro: ¿Se tienen indicios de las motivaciones que habría tenido el cabo para asesinar a este hombre desmovilizado? También alrededor de la especulación que se habla de una castración, ¿eso sí ocurrió? ¿Participaron más personas en ese crimen? Botero: “Muy buena pregunta verdaderamente, yo pienso que sí, efectivamente fue un homicidio como lo explicó el fiscal NHM (…) Si hubo un homicidio, tuvo que haber alguna motivación a menos que haya sido un acto de esos de intemperancia o alguna cosa, vaya uno a saber porque”. Asimismo, negó la castración y dijo que desde la Fiscalía se adelanta investigaciones para conocer si hubo participaciones de mas efectivos. El informe que prueba el asesinato El asesinato de Dimar Torres le juntó al gobierno nacional un capítulo que buscaba mantener sin tanto ruido. Precisamente sucesos por los que deberían dar declaraciones al respecto el presidente Iván Duque, el Ministro Botero, el general del Ejército Nicacio Martínez Espinel y general Villegas Muñoz. Villegas Muñoz fue el general que, antes de la rueda de prensa ofrecida por Martínez Neira y Botero Gil, reveló desde Catatumbo que “No mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad. Lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas y por lo tanto lo lamento en el alma”. Además aseguró que “Si ese muchacho, ese suboficial, y los otros muchachos estaban al margen de la ley, créanme que como comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano pondré todo lo necesario para que la Fiscalía demuestre lo que hizo y por qué lo hizo. Que diga la verdad y que pague por lo que hizo”, e indicó que el asesinato de Dimar fue una ejecución extrajudicial. Casi sin salida, y bajo la razón de que ese mismo domingo a Martínez Neira le llegaron los resultados de balística, el fiscal y el ministro de Defensa corroboraron que efectivamente a Dimar Torres lo asesinó el ejército. “Esta persona no participó…o puedo estar equivocado” Después de que la opinión publica conoció las declaraciones de Villegas Muñoz, que, dicho sea de paso, fueron bien recibidas, al gobierno nacional le volvió a llegar el informe que hizo Human Rights Watch (HRW) en el mes de febrero en las que revelaron los vínculos de la cúpula militar, que fue nombrada por el ministro Botero y el presidente Duque, con las ejecuciones extrajudiciales. Dentro de los nombres se encuentran el comandante del ejército, Martínez Espinel y el general Villegas Muñoz. Frente a los señalamientos que enlodan a Villegas Muñoz, el ministro Botero, en la misma entrevista con Caracol Radio, apeló a su memoria para decir que Villegas Muñoz no estaría involucrado en un caso de ejecución extrajudicial que lo salpica, tal como lo doy a conocer HRW. En este sentido, pese a que Botero lo negó, Villegas quien hoy es el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, rango designado para cumplir el Plan de Guerra’ de Duque; le corre la vigencia de una investigación por la ejecución de Omer Alcides Villada, un agricultor con discapacidad mental. Villegas comandaba el batallón Pedro Nel Ospina, quienes habrían perpetrado el asesinato de Alcides, para después hacerlo pasar como combatiente de las FARC – EP, muerto en combate. Según HRW, Villegas certificó el pago de 1 millón y medio a un informante, quien a la postre permitiría la supuesta ‘baja’ de Alcides. El rancho ardiendo Nueve meses han transcurrido desde que Botero asumió su puesto en el comando de la Fuerzas Armadas y en la instalación que ha hecho sobre la ‘Seguridad Democrática’ a la que afanosamente acudió Duque. Hoy, en el territorio colombiano se siguen presentando desplazamientos forzados, asesinatos selectivos a lideres y lideresas y, como en el caso de Dimar Torres el asesinato de un excombatiente de las FARC, que no sólo hace parte de los 91 asesinatos de excombatientes y 26 familiares de éstos, sino del tenebroso capitulo que atraviesa Colombia, el retorno de las prácticas de ‘Seguridad Democrática’.

Por: Redacción Pares Al mediodía de este lunes llegó a Colombia el general (r) Mauricio Santoyo Velasco, exjefe de seguridad de la Casa de Nariño bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez, e inmediatamente fue capturado en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá. La decisión de la justicia estadounidense de procesar al entonces general (r) Mauricio Santoyo Velasco en 2012 por su apoyo a las Autodefensas Unidas de Colombia, una organización catalogada por el Departamento de Estado como terrorista, en octubre de 2013 se decide vincularlo formalmente al caso de los activistas de derechos humanos desaparecidos y asesinados, así lo indica la investigación realizada por la Comisión Colombiana de juristas CCJ. Transcurrieron seis (6) años en los cuales existieron distintas negativas por parte de Santoyo Velasco de acudir a la justicia colombiana por estos hechos de la desaparición de dos miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos –ASFADDES- (Seccional Medellín), Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín. Por investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación en el momento de la desaparición forzada de los dos activistas, se determinó que la línea telefónica fija de la organización estaba interceptada ilegalmente por una orden falsa de un Fiscal adscrito al GAULA Urbano de Medellín. Los crímenes de Santoyo «A raíz de este hecho, se descubrió la más grande operación de interceptaciones ilegales por parte de esa unidad policial, actividad delictiva que se inició al mando del comandante Regional del Gaula de la Policía en Medellín, Mauricio Santoyo Velasco, bajo cuya dirección se produjo el periodo con mayor auge de estos crímenes debido al aumento de la capacidad operativa.» señala la investigación realizada en este caso por la CCJ. El pasado 18 de abril, la Comisión Colombiana de Juristas en representación de las víctimas, solicitó a la Fiscalía que, con la inminente llegada al país de Mauricio Santoyo tras ser deportado de Estados Unidos, se le impusiera medida de aseguramiento y se garantizara su comparecencia, debido a su renuencia a responder ante la justicia colombiana. Esta decisión es una puerta de esperanza para establecer la verdad sobre las desapariciones forzadas de Quintero y Monsalve. En ese sentido la CCJ solicitó que «(…) se declararan estos hechos como un crimen de lesa humanidad, en un contexto de persecución y asesinatos a defensores y defensoras de Derechos Humanos y líderes de oposición, ya que las interceptaciones ilegales del GAULA urbano de Medellín fueron determinantes para llevar a cabo estos delitos.» Cabe recordar que Santoyo Velasco también es requerido como testigo en el proceso adelantado por el homicidio del periodista Jaime Garzón, donde fue acusado de desviar la investigación en sus inicios y además de participar en el secuestro y desaparición de los sicarios que perpetraron el crimen.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Un grupo de más de treinta (30) organizaciones de la sociedad civil y de Derechos Humanos le pidieron al Estado Colombiano mayor protección a la subregión del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, que desde el 2017 ha sufrido el recrudecimiento de la violencia debido a los enfrentamientos entre grupos armados y a las agresiones contra la población por parte de la Fuerza Pública. Por medio de una carta, diversos sectores alertaron al gobierno sobre las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derechos Internacional Humanitario. “Reiteramos que la alta militarización del territorio como medida impuesta por el Gobierno Nacional, profundiza el riesgo a la vida de las comunidades y sus liderazgos sociales, y se alejan cada vez más de las promesas de paz para la región”, señalaron en el comunicado. La Fundación Paz y Reconciliación-Pares ha estado informando desde el año pasado la situación de riesgo en la que se encuentran los habitantes del Catatumbo. Esto, debido a la disputa por el control territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) o Pelusos. A lo anterior se suma un grupo de guerrilleros del extinto Frente 33 de las otroras Farc, que no se acogió al Acuerdo de Paz, y que intenta ampliar su presencia en la zona, históricamente ocupada por los elenos. Acciones del Ejército contra la población De acuerdo con la denuncia, la última semana se han registrado distintos hechos donde las comunidades acusan al Ejército de violentar los derechos humanos. Según lo expresaron, el sábado pasado desde el puesto militar en el municipio de San Calixto se realizaron disparos contra los líderes sociales Olger Pérez de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat); Nicolás López, del Comité de Integración del Catatumbo Cisca; y Horacio Ramírez, vicepresidente de la junta de Acción Comunal de la vereda La Torcoroma. Otro hecho se registró el pasado lunes cuando cerca de la base militar ubicada en la vereda Carrizal en el municipio de Convención fue asesinado Dimar Torres, integrante del nuevo partido Farc, y quien se encontraba en proceso de reincorporación a la vida civil. De acuerdo con los pobladores catatumberos, se escucharon unos disparos y se percataron de la ausencia de uno de ellos. Tal como lo informó Pares, los campesinos encontraron un hueco en la tierra recién cavado en donde yacían las herramientas de trabajo que Torres había salido a buscar cuando partió de su casa. Impresionados por este hallazgo, continuaron la búsqueda y cinco minutos después hallaron un cuerpo tendido en el suelo y junto a él una motocicleta. Tras el episodio, el ministro de Defensa, Guillermo Botero dijo en medios que Torres murió por el impacto de una bala perteneciente a la fuerza pública. Asimismo, lo confirmó el Instituto de Medicina Legal tras la autopsia. Sin embargo, el militar implicado expresó que Torres intentó quitarle el fusil y en el forcejeo quedó herido y murió al instante. Sin embargo, la comunidad no cree en esta versión, así como tampoco las organizaciones que firmaron el comunicado. “Como agravante, el Ministerio de Defensa justifica el hecho como forcejeo, que en ningún caso explica los tres impactos de fuego y la denuncia de las comunidades que sorprendieron a soldados del Ejército Nacional intentando ocultar el cuerpo y la moto del señor Torres, en una fosa dentro de la zona custodiada por la Fuerza Pública”, apuntó el texto. “Con su pronunciamiento el ministro intenta una vez más, deslegitimar las denuncias de las comunidades y minimizar los riesgos evidentes de la alta militarización del territorio”, agregó. Por su parte, la ONU pidió esclarecer el asesinato de Torres, debido a que, las versiones oficiales no concuerdan con las expuestas por la comunidad, y también, celeridad en la protección de los excombatientes que están en riesgo en su proceso de reincorporación a la vida civil. Según información de Pares, desde la firma del acuerdo en 2016 hasta la fecha han sido asesinados 91 excombatientes de las Farc. Agresiones días antes del paro nacional Las organizaciones también denunciaron que el martes, algunos miembros del Ejército Nacional de la base de La Gabarra retuvieron ilegalmente a un grupo de campesinos que se disponían a participar de la movilización nacional programada para el 25 de abril. “Los militares acompañados de dos hombres de civil, detuvieron los vehículos, obligaron a bajar a los campesinos, les tomaron fotografías a sus rostros y a sus documentos de identificación”, señalaron. De todas maneras, continuaron su camino rumbo hacia la ciudad de Cúcuta como muestra de resistencia a la guerra y de apoyo a la paz. Y aunque la movilización se desarrolló el jueves, los catatumberos continuaron la protesta social este viernes. Así las cosas, las organizaciones solicitaron a todas las instituciones del gobierno, “centrar todas las miradas en la región del Catatumbo con el fin de proteger a la población civil”. Por lo tanto, propusieron misiones conjuntas de verificación humanitaria y el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad, entre otras. El expresidente Ernesto Samper dijo en su cuenta de Twitter que en “el Catatumbo, al igual que otras zonas del país, está asistiendo a la película ‘Regreso al pasado’, por cuenta de la reactivación del conflicto armado, la presencia de carteles mexicanos y la resurrección de los antiguos grupos paramilitares”. Es por eso, que organizaciones de derechos humanos y de la sociedad reiteran su compromiso con la construcción de paz. Pero a su vez, le piden al gobierno nacional todo el apoyo para una salida política y negociada del conflicto armado. Y lo más importante que se cumpla con lo pactado en el Acuerdo de Paz con las Farc.