Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Bastante ha hablado la prensa del altercado que protagonizaron el senador Gustavo Petro y Álvaro Uribe este martes en el Congreso, sin embargo, hay un aspecto que ha pasado desapercibido. En el marco del debate en el Senado de la República sobre las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la JEP, la bancada del uribismo ha tratado de defenderlas, supuestamente, porque estarían evitando “obstáculos a la extradición”. El senador Gustavo Petro había criticado la postura de la bancada del expresidente Uribe por su oposición a la Jurisdicción Especial para la Paz. Hizo referencia a las personas que murieron y desaparecieron en medio del conflicto en el país, y dijo que el temor que algunos políticos le tienen a la JEP es para proteger “a terceros”. “¿Quiénes lo hicieron? Quisiéramos que los nombres propios solo gravitaran con quienes esgrimieron la sierra, el machete, el fusil o apretaron el gatillo con cualquier tipo de uniforme. Pero resulta que detrás de los de uniforme; sean del Ejército, de la Policía, guerrilleros o paramilitares, estaban los de corbata: los dirigentes políticos de Colombia, los más altos representantes del establecimiento económico de este país, los que se quedaron con la tierra fértil de Colombia. Esos son los terceros…”, dijo Petro. Eso desató la furia del senador Uribe quien le respondió: “Yo tengo muchos amigos que fueron del M-19, y los respeto, muchos de ellos trabajaron conmigo en la gobernación y en la presidencia… mirando hacia atrás y hacia adelante, diría yo para concluir, señor presidente (Ernesto Macías), yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando. Gracias. ¡Sicario! ¡sicario! ¡sicario!”, dijo Uribe. Sobre este hecho, llama especialmente la atención que el uribismo haya olvidado que hace 14 años en la discusión sobre la Ley de Justicia y Paz, que pretendía desmovilizar a las AUC, se buscó hacer conexo el delito de narcotráfico en el marco del conflicto armado colombiano. Cabe preguntar, ¿Qué Hay detrás de estos episodios? El papel protagónico de narcotráfico y la extradición El narcotráfico parece ser el caballo de batalla que escogió el uribismo para presentar reparos a la Jurisdicción Especial para la Paz, como se ha visto en el caso de Jesús Santrich, que lo ha privado de la libertad por más de un año y que marcó uno de los episodios que más ha desestabilizado la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC -EP. De hecho, ese caso es importante porque pone de tajo una discusión sobre dos escenarios: la extradición de Santrich (en el eventual caso que se demuestre su culpabilidad) o que el exjefe guerrillero cuente la verdad y pueda contribuir al modelo de Justicia Transicional en lo que es la Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición. Ante la angustia del uribismo de no encontrar mayorías en el Senado para tramitar las objeciones de Duque, Uribe ha expresado con ahínco que como están las cosas “los amigos de las Farc quedaron protegidos contra la extradición por delitos anteriores y posteriores, ese tema tiene que quedar muy claro”. Asimismo, la avanzada del Centro Democrático ha sembrado dudas sobre la extradición, pues la senadora Paloma Valencia se ha referido que el retraso en la radicación del documento sobre las objeciones; tiene que ver, entre otras cosas, con que “hay unas denuncias muy graves en las que se evidencia que miembros de las Farc estaban vendiendo cupos en la JEP para que los narcos puedan evadir la extradición”. Frente a esa acusación, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda ha negado rotundamente que el artículo 156 sea un ‘mico’ o como le han denominado nuevamente; un ‘narcomico’. Primero, precisó que no es cierto que el artículo elimine extradición de los narcos, “porque se refiere claramente a terceros y agentes del Estado que sean sujetos de la JEP y, por lo tanto, aceptados como agentes del conflicto”. En este sentido, no elimina, sino que condiciona la extradición a decir la verdad. Otro senador que salió a desmentir la acusación fue Roy Barreras del Partido de la U, quien aseveró que ningún narcotraficante puede ingresar a la JEP. ¿Causa malestar la verdad para el uribismo? Justamente hay que prestarle importancia al hecho que señala el senador Gustavo Petro. Según él, la verdad esté en contraposición a la extradición y es un aspecto que marca una disputa que se remonta al modelo de Justicia y Paz. Precisamente, después del malestar que le generó a los jefes paramilitares el hecho de que el delito de narcotráfico no estuviera conexo, el entonces presidente Álvaro Uribe aprovechó para ordenar la extradición de los 14 jefes de las AUC que eran acusados por el delito de Narcotráfico. Frente a este hecho, que marcó la salida de Colombia rumbo a Estados Unidos de Don Berna, Jorge 40, Salvatore Mancuso, entre otros; las víctimas levantaron su voz de rechazo alegando que había sido vulnerado el derecho a conocer la verdad de los hechos y, las versiones de los jefes paramilitares que servían de información para el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de la reparación. Incluso, los paramilitares extraditados señalaron que esa maniobra del gobierno se trató de una estrategia para impedir su testimonio. El Pacto de Ralito: extradición por encima de Verdad En su momento, el senador liberal Rodrigo Rivera había alertado por el “narcomico’ que traía colgado la Ley de Justicia y Paz o ley 375 de 2005. Según Rivera, dicho intento había sido incluso fraguado por Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, quienes en una suerte de encargo habían solicitado desde 2003 que: «Tanto el Gobierno Nacional, como el Congreso de la República y la Comunidad Internacional deben entender que la declaratoria del movimiento político-militar de las AUC conlleva al tratamiento de delito conexo del narcotráfico, y que los pedidos de extradición que pesan contra varios dirigentes de las AUC deben entenderse a través de la figura de la sedición y del delito conexo , haciendo improcedente, jurídicamente e inconveniente políticamente, la entrega de los nacionales pertenecientes a esta agrupación armada contra insurgente». El 15 de julio de 2003 se llevó a cabo la firma de paz entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el Gobierno Nacional, en el primer gobierno del actual máximo jefe del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Para 2005, en junio, el Congreso de la República aprobaría la Ley de Justicia y Paz en un ambiente viciado por una estela de duda; producto de que, entre otras cosas, muchos de los que intervinieron en su aprobación recibieron el apoyo del paramilitarismo en su camino electoral para llegar a las curules; lo que se ha interpretado como presiones sobre el trámite de la Ley. La Corte Constitucional fue “la piedra en el camino” Otro de los tantos aspectos que llamaron la atención fue que la Ley aprobada en el Congreso permitió que se equipararan el delito de concierto para delinquir con el delito político de sedición, es decir un trato excepcional de 60 a 96 meses de cárcel. Sin embargo, el Alto Tribunal para 2006 se negó a que los paramilitares fueran juzgados por el delito político de sedición, marcando un hito en la historia de Colombia al señalar que; el paramilitarismo no hizo ningún tipo de oposición al Estado Colombiano. Este hecho abrió el capítulo de malestar entre los jefes paramilitares, que, como según había señalado Rivero, para 2003 habían determinado que garantizar los delitos conexos; casi que fueron las exigencias para pactar en Santa Fe de Ralito. Justamente, el Alto Tribunal en el artículo 70 de la Ley de Justicia y Paz —referente a la rebaja de penas— señala categóricamente que “las personas que al momento de entrar en vigencia la presente ley cumplan penas por sentencia ejecutoriadas, tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta en una décima parte. Exceptúese los condenados por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico”. Asimismo, la Corte Constitucional señaló que el narcotráfico, al no ser conexo, debía ser juzgado conforme a lo que dispone la ley penal. Y agregó el alto tribunal que «solo recibirían una pena alternativa quienes no volvieran a delinquir, contribuyera a la verdad y a la reparación de las victimas con los bienes adquiridos en las actividades lícitas e ilícitas.» En este sentido, quienes se acogieran, recibirían penas de ocho años y quienes no, serían expulsados de las penas alternativas. La Corte Suprema en defensa de la garantía de la Verdad La Corte Suprema de Justicia para febrero de 2010, marcó un precedente sobre la pugna entre contribuir a la justicia desde la verdad y la extradición. El hecho en cuestión tuvo que ver con la negativa de extradición de Edward Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’, pues para el Alto Tribunal era prioritario que el jefe paramilitar contribuyera a la justicia contando la verdad. Este suceso permitió que se conociera información acerca de los crímenes cometidos por las Autodefensas por testimonios brindados por alias ‘Don Mario’ y alias ‘El Alemán’. El expresidente Uribe ha reiterado que se debe modificar la JEP para que no “se cierre la puerta a la extradición de excombatientes.” Uribe ha señalado la necesidad de conformar un “Acuerdo Nacional”, en el que se priorice el tema de la extradición. Para el senador, la JEP “anulará la extradición”. “A todo aquel que acuda a la JEP, a decir que vengo a ofrecer verdad, así sea responsable de delitos posteriores a los acuerdos con las FARC (…) entonces le darán el beneficio de no extradición. Esto va a volver a Colombia un país ‘paria’, señaló esta tarde a TVA Noticias. Es importante entender que la estructura que compone la JEP trabaja sobre tres tipos de pena y sobre todas las conductas delictivas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre del 2016; por penas propias, alternativas y ordinarias. En este sentido, las penas propias contemplan a aquellos que cuenten toda la verdad y reparen a las víctimas de los hechos, las penas alternativas a quienes contribuyan con la verdad y reparación de forma tardía. Por último, las penas ordinarias para quienes sean vencidos en juicio como resultado de la demostración de que incurrieron en una verdad nula o incompleta y que, no intercedieron dentro de sus posibilidades para reparar.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El programa Somos Defensores, espacio en el que varias organizaciones de derechos humanos buscan herramientas para la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, informó que el 2018 fue el año más difícil en materia de seguridad para los líderes y lideresas sociales. El informe anual de la entidad concluyó que en los últimos ocho (8) años ha habido un crecimiento exponencial de las agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia. En 2016 se registraron 174 agresiones, mientras en el 2018 fueron 805. “El 2018 fue, sin duda, el peor año para defensoras y defensores, esto lo demuestran los datos, pues registramos las cifras de agresiones más altas que se hayan presentado desde el inicio de nuestro Sistema de Información en 2009”, señaló el texto. ¿Por qué aumentaron las agresiones? De acuerdo con el informe, hubo tres factores que desencadenaron el aumento de la violencia en Colombia luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la exguerrilla Farc. El primero, las fallas en la implementación de los acuerdos; el segundo, la finalización abrupta de los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); y por último, la ausencia de medidas integrales que intervengan los círculos de violencias. Por consiguiente, ha habido un escalamiento del conflicto armado en el que se han estructurado más grupos armados con diferentes intereses a nivel nacional y en zonas donde históricamente hacían presencia las Farc. En ese sentido, el Sistema de Información sobre Agresiones contra personas de Derechos Humanos (SIADDHH) señaló que en 2018 se presentaron 805 casos de violencia, de los cuales 155 corresponden a asesinatos. “A pesar de que quienes apagaron sus vidas buscaban silenciar sus voces, ellas están más vivas que nunca. Recordamos sus nombres y las resistencias que adelantaban por sus comunidades y territorios”, indicó el informe que al inicio realizó una descripción de cada uno de los líderes y lideresas asesinadas en el 2018 como homenaje a su lucha. De acuerdo con la investigación del Programa Somos Defensores, en 2018 las modalidades de violencia más usadas en los 155 casos registrados para cegar la vida de estas personas defensoras de derechos humanos en el 2018 fueron los asesinatos cometidos con golpes o algún objeto contundente (5), con arma blanca (13) y con arma de fuego (137). Asimismo, registró que las agresiones se presentaron en 28 de los 32 departamentos, y sigue siendo preocupante la situación del Cauca, ya que durante un año más sigue apareciendo como el territorio con más agresiones registradas. También se incrementaron las agresiones en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander y Nariño. En definitiva, las personas defensoras de derechos humanos se encuentran en un alto riesgo para realizar sus labores en más del 87% del país, según el informe. Críticas al gobierno de Duque El informe titulado “La Naranja Mecánica” es también una crítica a las políticas impulsadas por el nuevo gobierno que están enfocadas en la llamada economía naranja y que según las organizaciones ha dejado de lado las principales problemáticas que aquejan a las regiones. “Se han creado nuevos grupos armados, se ha fortalecido el narcotráfico, ha escalado el conflicto por cuenta de la disputa de los diferentes actores armados por ganar y consolidar territorios y, en medio de todo, queda la población civil y entre ellos las lideresas y líderes que a pesar de la compleja situación de seguridad y de la falta de garantías por parte del Estado para ejercer su liderazgo, continúan trabajando por los derechos colectivos de sus comunidades”, aseguró Tan pronto se abrió el espacio de diálogo con las FARC en La Habana, Cuba, las alarmas sobre la situación de violencia estaban encendidas. Sin embargo, bajaron un poco y se mantuvieron parcialmente estables desde la firma del pacto en 2016 hasta la salida del expresidente Juan Manuel Santos en 2018. El SIADDHH arrojó que en 2013 se presentaron 366 casos de acciones violentas contra líderes; en 2014 fueron 626; en 2015, 682; 2016, 481; y 2017, 560. “Nunca el SIADDHH había registrado unas cifras de agresiones tan altas como las que ocurrieron durante el 2018, con 805 casos”, apuntó. Puntos del Acuerdo que están atrasados El Instituto Kroc informó que a mayo del 2018 el punto de la Reforma Rural Integral que hace parte del punto 1 del Acuerdo de Paz tenía uno de los niveles más bajos pues solo se había completado el 2% y el 50% de las medidas todavía no había iniciado. Y es problemático debido a que las zonas donde ocurren estas agresiones coinciden con las que históricamente han vivido de cerca el conflicto armado, y por lo tanto, hay presencia de cultivos de uso ilícito, hay presencia de grupos armados y son zonas militarizadas. Asimismo, donde las actividades extractivas como la minería son áreas cercanas a las antiguas Zonas Transitorias de Normalización –ZVTN– o a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) que fueron creadas para concentrar a los miembros de las otroras Farc durante el proceso de dejación de armas y reincorporación. En conclusión, hay más 30 grupos armados disputándose los territorios tras la salida de las Farc de las zonas históricamente copadas, y tal como lo expuso el informe 111 de los casos fueron cometidos por desconocidos, 16 por paramilitares, 12 por disidencias o grupos pos-desmovilizados de las FARC, 9 por el ELN y 7 por la Fuerza Pública. Sin embargo, el gobierno de Duque mantiene su política de seguridad y defensa como estrategia principal para combatir a estos grupos. Tanto así, que preocupa el tema de paz; debido al atraso de la implementación de los acuerdos pactados con la desmovilizada guerrilla de las FARC y la ruptura de los diálogos con el ELN.

Por: Redacción Pares La Fundación Paz & Reconciliación – Pares, en su sexto informe de seguimientos al postconflicto en Colombia, «La reestructuración unilateral del acuerdo de Paz«, hace un balance de los aspectos fundamentales de la materialización de la paz, especialmente en los territorios, para contribuir a la comprensión de la realidad nacional desde un visión crítica e independiente. Al poner la lupa en lo que ha ocurrido a más de dos años de firmado el Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, hecho que cerró el ciclo de negociaciones de La Habana, podemos decir que se ha producido una reestructuración unilateral por parte del Estado de lo acordado con las FARC-EP. Algunas de las reformas convenidas por las partes no se han hecho y ya no se harán. Dos ejemplos claros de esto son la modificación de la estructura agraria y la puesta en marcha de una nueva visión de la lucha contra el narcotráfico; otras se están haciendo a medias y el ejemplo aquí es la reforma política, de la cual hay logros parciales como el llamado “Estatuto de la oposición”. Aún se discuten en las distintas instancias del Estado, como el sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que sigue adelante en medio de una división enorme de la opinión al respecto y soportando no pocas arremetidas y controversias; finalmente, algunas están arrancando y pueden salir adelante, como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Una paz con pocas transformaciones Fundamentalmente han pasado tres cosas: en primer lugar, se podría decir, que el nuevo gobierno hasta el momento ha planteado cumplir unos mínimos de lo pactado. Hacer una implementación que no busca transformar de fondo las condiciones sociales, políticas y económicas que describió el acuerdo de La Habana. Será una paz con pocas transformaciones. Sobre la Reforma Rural Integral se harán algunas variaciones a la angustiosa situación que vive el campesinado. Acerca del punto de combate a las economías ilegales, se mantendrá lo pactado con un grupo de familias para la restitución, pero no se avanzará más en ello; y en lo de Participación Política se logró el Estatuto de oposición y lo demás se ha hundido o se está hundiendo en el trámite parlamentario. Todo parece indicar que el gobierno se concentrará en: Reincorporación; en temas claves de los PDETS; y garantizará, con recortes el funcionamiento de la Justicia Transicional, aunque su partido intentará una y otra vez realizar cambios al sentido de este sistema. El gobierno debe aprender a manejar el tema de la paz La segunda conclusión es que el gobierno de Iván Duque, es decir, sus funcionarios, están en un proceso de adaptación o lo que se denomina la curva de aprendizaje. Por un lado, algunos miembros del gobierno creían que el tema de postconflicto y en general el de la paz era un discurso, era una espuma. Pero una vez posesionados en sus cargos, comenzaron a entender la complejidad, es decir, que había instituciones operando y ejecutando recursos y estrategias, había una infraestructura social en las regiones y sobre todo había expectativas en muchas comunidades. Era más complejo de lo que se esperaba. Así las cosas en esa curva de aprendizaje, es relativamente normal que se den parálisis de algunas estrategias en el territorio. Hay una tensión dentro del gobierno nacional frente a cómo manejar el tema del Acuerdo de Paz. Para algunos debería cambiarse todo, casi que destruirlo, para otros, hay cosas que se deben cambiar pero preservar partes importantes del acuerdo como los PDETs o el Desarme de las FARC. Y para otro grupo de funcionarios hay que cumplir en algo, pero en ese debate no se debe quedar el gobierno, hay que salir de ese círculo vicioso de paz sí o paz no. Esa tensión no se ha resuelto y el presidente no ha tomado partido. Lo que sí es claro es que la paz de Duque no será la misma del Teatro Colón. Hay un cambio de lenguaje fundamental, a la palabra paz la cambiaron por la palabra legalidad y a la palabra postconflicto la cambiaron por la de estabilización. Esté cambio no es únicamente semántico, es más profundo. Colombia está en un punto de quiebre donde o nos regresamos a la guerra o consolidamos el proceso de construcción de paz. La argumentación para llegar a esta conclusión se puede ver a través del texto pero valdría la pena dar algunos ejemplos. En primer lugar, el homicidio. Dicho indicador de seguridad disminuyó constantemente desde el año 2012, una caída increíble; pero en 2017 se estancó, llegando a lo que se denomina piso de cristal; para 2018 hay una leve, pero preocupante, tendencia al alza. Entre 2012 y 2017 la tasa de homicidio disminuyó cerca de 10 puntos. Así, aunque casi todos los indicadores asociados al conflicto armado disminuyeron increíblemente, hay que ponerle cuidado al homicidio. En segundo lugar, este aumento del homicidio en 2018, se ha presentado en 146 municipios de los 242 donde operaban las FARC, particularmente hay tres subregiones del postconflicto donde se ha elevado sustancialmente este indicador de violencia: en Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño. Allí hay municipios como Caucasia o Taraza que han elevado su tasa de homicidio por encima de un 200%; en el Catatumbo pasa algo similar; lo mismo en la Costa Pacífica Nariñense y Caucana. En estas tres regiones se vive una especie de guerra civil en donde múltiples actores armados se disputan el territorio. ¿Seguimos adelante o regresamos? En tercer lugar, el secuestro está muy cerca de desaparecer, la desaparición forzada asociada al conflicto armado está en los niveles más bajos y los afectados por minas antipersonal han caído más de un 90% desde 2012. Sin embargo, hay una preocupación: entre 2017 y 2018 se duplicó la cifra de afectados por este tipo de artefactos, paso de 50 a 100 personas; la historia venía en otra dirección, en el peor año de la confrontación armada 1229 personas fueron afectadas por minas antipersonal y la cifra más baja se vivió en 2017 con solo 50 personas. Como se ve en estas cifras estamos en un punto de quiebre y la sociedad colombiana debe decidir si vamos adelante o regresamos. El proceso de paz con el ELN y el sometimiento a la Justicia del Clan de Golfo son dos temas claves para el futuro de la construcción de la paz en el país. Con respecto a las negociaciones con el ELN, hay tres grandes problemas: por un lado, el secuestro, el ELN no ha entendido que la sociedad colombiana se cansó de ese flagelo y es imposible avanzar si siguen secuestrando. Por otro lado, el gobierno colombiano ha tenido poca coherencia frente a las nuevas condiciones para negociar, se corren las líneas muy fácilmente. Por ejemplo, el Comisionado de la paz y la legalidad, Miguel Ceballos, prometió que si se liberaban los militares y policías secuestrados recientemente en el Chocó y Arauca habría una reunión bilateral en Cuba para crear las condiciones para arrancar la mesa de negociación. Los militares y policías fueron liberados, y al día siguiente el gobierno puso nuevas condiciones y no cumplió su palabra. Con respecto al sometimiento del Clan del Golfo, se puede decir que casi todo había quedado listo al finalizar el gobierno de Juan Manuel Santos, pero el actual gobierno se ha detenido y cada día que pasa más miembros de esta organización, que estaban dispuestos al sometimiento a la justicia, salen hacia las estructuras enemigas de esa decisión. Algunas conclusiones A pesar de que las reformas políticas acordadas no se han tramitado con éxito en el Congreso, lo cierto es que la paz con las FARC contribuyó de manera decisiva a un cambio en el mapa político y a un despertar de la ciudadanía frente a la corrupción. La alta votación por nuevas fuerzas se debe, sin duda, al proceso de paz. Los cambios económicos y sociales aún no se vislumbran, pero los años que la reestructuración unilateral del acuerdo de Paz mostrarán que sin la guerra es muy difícil justificar las enormes brechas entre el centro y la periferia, entre zonas urbanas y campesinas y las élites políticas tendrán que declinar su gran egoísmo y avenirse a transformaciones largamente aplazadas para romper estas brechas. Lea y descargue aquí el informe completo

Por: Redacción Pares La Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, investigará, no solo la grave situación de violaciones a los derechos humanos en el norte del Cauca, sino también la situación de los municipios de Florida, Pradera, Palmira, Jamundí, Candelaria, en el Valle del Cauca, y Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada, en Cauca. Con esta adición, el caso 005 pasa a llamarse «Situación Territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca». Los hechos ocurridos entre el primero de enero de 1993 y el primero de diciembre de 2016 en el norte del Cauca serán la columna vertebral del caso que será llevado por la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas del tribunal. La decisión indicó que en el sur del Valle del Cauca han confluido los mismos actores armados que han cometido violaciones a los derechos humanos en el norte del Cauca y que afectan principalmente a los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas. La Sala también tuvo en cuenta los informes presentados ante la JEP por la Fiscalía General de la Nación, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Ruta Pacífica de Mujeres y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Asimismo, examinó el Primer Informe de Afectaciones a la Vida en el Marco del Conflicto Armado «El pasado, la guerra, la esperanza…. el buen vivir», presentado el pasado 22 de noviembre de 2018 por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que menciona la existencia de acciones bélicas que afectaron gravemente a varios municipios, entre ellos Jambaló. Los hechos victimizantes de estas regiones Los distintos informes sobre este caso indican que, así como en el norte del Cauca, el sur del Valle del Cauca fue el centro de las acciones del Bloque Occidental de las Farc- EP, que afectó a numerosas comunidades afrodescendientes e indígenas y puso en peligro su estabilidad social, cultural, organizativa, política, ancestral, lo mismo que su permanencia cultural y pervivencia colectiva. En ese sentido, los informes establecen que en ambas zonas operó la Tercera División del Ejército Nacional, por lo que muchos hechos ocurridos en el norte del Cauca se extendieron o continuaron en los municipios adicionados de esa región y del sur del Valle del Cauca. Las características especiales del territorio hacían que muchos de los hechos victimizantes, que empezaban a cometerse en el norte del Cauca, como el desplazamiento, la tortura, el secuestro, el reclutamiento de menores, la violencia sexual y la desaparición forzada, posteriormente se consumaran, o continuaran en el sur del Valle del Cauca y viceversa. De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), las comunidades fueron perjudicadas por los continuos enfrentamientos entre la guerrilla, las Fuerzas Militares y grupos paramilitares, que generaron un constante hostigamiento a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Zonas azotadas por el conflicto armado Adicionalmente, según el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, en el Valle del Cauca se reportaron 344.333 víctimas de desplazamiento forzado, 1.083 por secuestros, 828 por confinamiento, 260 por minas antipersonal, 2.105 de desaparición forzada, 26.861 por amenazas, 213 por reclutamiento forzado y 3.885 casos de ataques a la población civil. Asimismo, se estableció que el norte del Cauca y el sur del Valle conforman un corredor que conecta el centro y el oriente del país con el Pacífico y que se extiende especialmente en la zona montañosa de Caldono, Jambaló, Caloto, Corinto y Miranda, y se conecta con el Valle en Florida y Pradera, a través del Páramo de las Tinajas. Por ello, esta zona fue estratégica para las Farc-EP, pues conectaba Marquetalia (Tolima) y Uribe (Meta) con el occidente del país, lo cual lo convirtió en una región de permanente disputa territorial entre las Farc-EP, las autodefensas y el Ejército Nacional, generando una confrontación que causó miles de víctimas.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Congresistas del Centro Democrático, partido de gobierno, presentaron tres proposiciones sobre la distribución de los terrenos baldíos en el marco del conflicto armado, para introducirlos en el segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo (2918-2022) y los cuales estaban respaldados por el ejecutivo. Sin embargo, este martes senadores de la bancada de oposición lograron retirarlos puesto que iban en contra vía de las leyes ya establecidas en materia de adquisición de tierras. En ese sentido, este es otro pulso que pierde el gobierno desde que radicó el plan a principios de febrero. Días atrás varias organizaciones y congresistas rechazaron por medio de un comunicado esta propuesta del senador Ciro Ramírez, y los representantes Wadith Manzur, Yamil Hernando Arana y Erasmo Zuleta porque en resumen pretendía legalizar la adquisición de los baldíos por parte de particulares que ilícitamente han tenido posesión de ellos. Un retroceso para el campo Las organizaciones y congresistas manifestaron su preocupación por el respaldo que el gobierno nacional le dio a las proposiciones que básicamente significaban una Reforma al Régimen Agrario de la ley 160 de 1994. Según ellos, contenían “disposiciones lesivas y regresivas para los derechos de las poblaciones más vulnerables del campo colombiano”. “Por esto solicitamos al Ministro de Agricultura, así como a los ponentes del proyecto de ley, que dichas proposiciones no sean avaladas ni incluidas en el trámite legislativo del Plan Nacional de Desarrollo que se adelanta en el Congreso”, agregaron en la misiva. De acuerdo con investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, estas reformas no deberían incluirse, debido a que son propuestas que están fuera del espíritu de un plan de desarrollo que en principio debe enfocarse en temas presupuestales y organizativos, más no en contra de normativas constitucionales. Las proposiciones, que se encontraban en el ítem “sector agropecuario”, pretendían modificar los artículos 72, 76 y 48 de la ley 160 y añadir uno nuevo. ¿Por qué preocupaba este ‘mico’ uribista? De acuerdo con la sentencia T-488 de 2014 los campesinos sin tierras o con tierra insuficiente, que se encuentran en condiciones de pobreza y marginalidad deben ser reconocidos por el Estado como sujetos de reforma agraria, y en ese sentido, se beneficiarían de la distribución de los baldíos. Sin embargo, con dichas proposiciones radicadas se hubiera contrariado la decisión de la carta magna. La primera: “reconocimiento de expectativas legítimas” hubiera otorgado facultades a los jueces para legalizar la propiedad de baldíos en favor a pocos dueños, según organizaciones y senadores de oposición. En segundo lugar, con la modificación del artículo 48 se pretendía reformar el procedimiento de acreditación de la propiedad privada. Esto permitiría validar las prescripciones de dominio sobre baldíos que se hubieran hecho con anterioridad al año 1994. Y de acuerdo con lo estipulado en la sentencia mencionada con anterioridad, los bienes públicos rurales se han protegido desde inicios del siglo anterior, y asimismo se han inventariado los baldíos para adelantar programas de Reforma Agraria, necesarias para disminuir las brechas de desigualdad en la tenencia de la tierra rural. Por último, la adición al inciso 1 del artículo 72 introducía excepciones para legalizar la acumulación indebida de baldíos a partir del año 1994 en favor de personas naturales y jurídicas. En ese sentido, no se daría prioridad a los sujetos de reforma agraria en la política de acceso y formalización de tierra. Se retiraron los artículos La mañana de este martes la subcomisión de congresistas ponentes del PND se reunió para dialogar sobre el tema de baldíos. Y ante la serie de críticas, decidieron retirarlas del proyecto con el propósito de abrir una nueva discusión sobre un nuevo proyecto de tierras. El senador del partido Polo Democrático Wilson Arias Castillo, estuvo presente y expresó en Twitter que los congresistas acordaron “el retiro de los tres artículos y por otra parte instalar una comisión de partidos políticos”. También con miras a hacer un “proceso democrático de amplia difusión y participación de la sociedad de carácter nacional y territorial para poder discutir a fondo lo que puede ser un proyecto serio sobre el tema de ley de tierra”, agregó Arias. En definitiva, las proposiciones se tumbaron y el gobierno nacional volvió a perder en el marco de este largo proceso de debates del PND en el Congreso. Ya había sucedido un mes atrás cuando casi se queda sin cuórum y sin aval para seguir su curso normal en el recinto.

Por: Javier Alejandro Jiménez González y Diego Alejandro Restrepo Osorio. Investigadores PARES En la tarde del lunes 22 de abril, a las 5 y 20, se escucharon unos disparos en la vereda Campo Alegre, municipio de Convención, ubicado en la subregión del Catatumbo. Los campesinos del sector, alertados por los sonidos de los impactos, se percataron que uno de ellos no había llegado a su casa. Se trataba de Dimar Torres Arévalo, un excombatiente de FARC en proceso de reincorporació que se había radicado en el lugar con su esposa y sus hijos, y quien, según versiones del territorio, participaba activamente de la vida comunitaria y de los procesos de reincorporación con las Naciones Unidas. Encontraron a Dimar con un disparo en la cabeza Alrededor de 80 campesinos salieron a buscar a Dimar por un camino que conduce a la carretera en la que el Ejército Nacional hace presencia permanente. Allí indagaron a los soldados por el origen de los disparos y si tenían retenido a Dimar, sin embargo, miembros de esta unidad negaron conocer su paradero. Los campesinos, incrédulos, entraron al espacio donde los soldados tienen sus carpas; para ellos no era concebible que la Fuerza Pública que patrulla continuamente la zona no tuviese conocimiento acerca lo que estaba ocurriendo. Tras 20 minutos de búsqueda intensa y desesperada, según versión de la comunidad, encontraron un hueco en la tierra recién cavado en donde yacían las herramientas de trabajo que Dimar había salido a buscar cuando partió de su casa. Impresionados por este hallazgo, continuaron la búsqueda y cinco minutos después hallaron un cuerpo tendido en el suelo y junto a él una motocicleta. Se trataba de Dimar, a quien le habían disparado en la cabeza y se encontraba con su torso totalmente desnudo. La información conocida hasta el momento no da cuenta de hostigamientos ni combates de ningún tipo, únicamente del asesinato de una persona en condición de discapacidad que se acogió al acuerdo de paz suscrito con la otrora guerrilla de las Farc-EP. #DENUNCIA ataque el 20 de abril Comisión de líderes ascamcat #Cisca y lider comunal en #SanCalixto x @COL_EJERCITO a eso se suma grave denuncia d comunidad de Campo Alegre del asesinato e intento de desaparición de Dimar Torres excombatiente de #FARC al parecer por @COL_EJERCITO pic.twitter.com/Lz0UaarcAP — AscamcatOficial (@AscamcatOficia) April 23, 2019 Este martes presentaba su proyecto productivo La violencia no es ajena para los pobladores y pobladoras del Catatumbo; otros nueve excombatientes de FARC han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, con el agravante que en esta ocasión se presume de la autoría de miembros de la Fuerza de Tarea Vulcano de ser los responsables de este homicidio en persona protegida. Según confirmó la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Dimar Torres venía cumpliendo a cabalidad con el proceso de tránsito a la vida civil y, en razón de esto, hoy presentaría un proyecto productivo. Además, este sería otro hecho de violación a los Derechos Humanos y de infracción al DIH registrado en la región presuntamente cometido por la Fuerza Pública, entre los cuales, recientemente, se registró un ataque directo a tres líderes sociales de la región en el municipio de San Calixto a quienes, según versiones de la comunidad, unidades del Ejército les dispararon en reiteradas ocasiones mientras se movilizaban por la vereda San Luis. Denuncias contra la Fuerza Pública Según funcionarios de Ministerio Público, las denuncias contra la Fuerza Pública por atropellos a la comunidad han aumentado desde el año 2017. Hay preocupación, por parte de las comunidades catatumberas, debido a la constante militarización del territorio que pone en riesgo a los y las habitantes de este territorio ante eventuales combates, hostigamientos y violaciones de Derechos Humanos, como ha sido denunciado. Por su parte, las Fuerzas Militares han negado cualquier tipo de responsabilidad en el asesinato de Dimar Torres: “hemos sido los garantes de la seguridad de los integrantes de las FARC, de tal forma que esto es una apreciación totalmente equivocada porque el Ejército Nacional está para proteger los colombianos, independiente de su distingo político”, declaró a BluRadio el General Luis Fernando Navarro. Actualmente se adelanta una comisión de Derechos Humanos por parte de la regional de la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal y ONU DD.HH para el esclarecimiento de los hechos. Las comunidades de Campo Alegre y del Catatumbo en general esperan la investigación, esclarecimiento y posterior judicialización por lo acontecido, ya que esto representa un acto de ruptura de la frágil confianza existente de la población civil hacia la Fuerza Pública quienes deben velar por la protección de las y los colombianos. Asimismo, los pobladores exigen que se cumpla lo suscrito en el Acuerdo de Paz en aras de garantizar “el derecho fundamental de cada individuo y de la sociedad a no sufrir la repetición de la tragedia del conflicto armado interno”.

Por: Redacción Pares Esta semana se dio a conocer que la Procuradora Séptima Delegada mediante Concepto No. 00022 solicita al Consejo de Estado “NEGAR la pretensión de nulidad del acto de designación de ANGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ como Representante a la Cámara, por cuanto se considera que la demandada no incurrió en la modalidad de doble militancia que se alegó en las demandas”. Asimismo, también solicita a la Sala determinar “si tratándose de cargos uninominales, se aplica el mismo lapso que se exige a los miembros de corporaciones públicas para que renuncien al cargo so pena de incurrir en doble militancia”, además “si es posible solicitar la nulidad de la elección del presidente y/o vicepresidente de la República por incurrir en la prohibición de doble militancia”. Antecedentes del caso Cabe recordar que al Consejo de Estado llegó una demanda interpuesta por Juan Carlos Calderón España en contra de la curul de la representante a la Cámara, Ángela María Robledo. Una verdadera andanada jurídica uribista que ya cobró su primera pieza: Antanas Mockus. Para Calderón España, Robledo, supuestamente, violó el régimen de inhabilidades que establece la ley 1475 de 2011 y que fija que “una persona que haya sido elegida para un cargo de elección popular por un partido o movimiento político debe renunciar un año antes de las elecciones si dese aspirar o contar con el apoyo de otra colectividad”. La representante ha manifestado que en primera instancia la doble militancia no está contemplada en la Constitución, cuando se trata de presidencia y vicepresidencia. Ha señalado, enfáticamente, que nunca estuvo inscrita de manera paralela en dos partidos. Además, ha recordado que su curul es el resultado de un derecho constitucional y en garantía de representación de la oposición. Justamente, su curul está consagrada en el Estatuto de Oposición, en el artículo 112. Es decir, ella no se presentó para ser elegida como congresista, pero como fue para ser candidata a vicepresidenta no le aplicarían los alegatos de Calderón España. PROCURADURÍA SOLICITA NEGAR… by on Scribd

Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Fiscalía prorrogar la suspensión de la acción penal adelantada contra el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, para que continúe colaborando en calidad de testigo de cargo en los procesos penales y disciplinarios que se adelantan por el llamado cartel de la toga. En carta enviada al fiscal que adelanta el proceso, el Ministerio Público indicó que resulta indispensable la adopción de esa medida para que se acate lo estipulado en el principio de oportunidad. Moreno, testigo fundamental contra ‘cartel de la toga’ Es necesario que el exfiscal Moreno, quien fue extraditado a los Estados Unidos en mayo de 2018, cumpla con su compromiso de testificar y aportar información eficaz para que lleguen a buen término las investigaciones en contra de magistrados, exmagistrados, senadores, representantes, gobernadores y altos funcionarios públicos que participaron en los graves hechos de corrupción que habrían ocurrido en la Corte Suprema de Justicia. Con esta solicitud, el ente de control busca que la prórroga se legalice ante el Juez de Control de Garantías, como lo prevé la ley, y que Moreno Rivera cumpla, si no lo ha hecho, con el compromiso de presentar un inventario de su patrimonio personal y el vinculado a él, con el fin de constatar la reparación efectiva de los derechos de las víctimas por la comisión de los delitos que son objeto de la investigación. Acudir a mecanismos de cooperación judicial Desde junio de 2018, la Procuraduría solicitó a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia acudir a los mecanismos de cooperación judicial existentes, para asegurar la comparecencia del exfiscal Moreno Rivera en los procesos que adelanta el alto tribunal. Entre estos procesos está el del exrepresentante Julio Eugenio Gallardo Archbold, investigado por presuntos pagos a funcionarios y exfuncionarios judiciales para favorecer sus intereses en procesos que se adelantaban en su contra en la Sala Penal. Igualmente, en los diferentes procesos que se adelantan por el llamado cartel de la toga y el exfiscal Luis Gustavo Moreno Rivera, los agentes de la Procuraduría solicitarán las ampliaciones de declaraciones y de pruebas que sean necesarias en las actuaciones disciplinarias y penales que se adelantan.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares En la madrugada del domingo ocurrió lo que, en el municipio de Rosas, Cauca, habían advertido con anterioridad: un derrumbe sepultó alrededor de 20 viviendas y dejó 29 fallecidos. Los habitantes de la zona han asegurado que desde el gobierno anterior ya se conocía sobre la inestabilidad del terreno y al parecer hubo incumplimientos por parte de contratistas que iban a reubicar a varias familias. Luego de varias horas de intensas lluvias, un alud de tierra cubrió varias viviendas de la vereda Portachuelo localizada a 1 kilómetro de la zona rural de Rosas. En un comienzo La Unidad de Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó sobre el hallazgo de 14 cuerpos que quedaron bajo tierra. Sin embargo, en el transcurso del día la cifra de fallecidos aumentó y hasta este lunes se han registrado 21 víctimas y alrededor de 11 desaparecidos. Ante la situación, el presidente Iván Duque viajó hasta el lugar con los ministros de Transporte y Vivienda, y el director de la UNGRD en donde dio parte de tranquilidad a las familias damnificadas De acuerdo con Duque, habrá un plan de ayuda compuesto por un auxilio de arriendo y un apoyo humanitario de víveres, enceres y elementos de atención. Además, se asignarán nuevas viviendas a las personas que quedaron hacinadas. “Estamos también para presentar unas soluciones de vivienda que como lo hemos anunciado van a permitir que 56 familias tengan una pronta solución. Y también corregir unas fallas que fueron denunciadas por nuestro gobierno de proyectos que fueron suscritos en el año 2015 con un contrato del Fondo de Adaptación y cuyo avance en las obras fue lamentable”, expresó el jefe de Estado desde el Cauca. Debido a las condiciones climáticas, las labores de búsqueda se reiniciaron a las siete de la mañana. El último reporte de la UNGRD indicó que se han identificado 16 cuerpos, entre ellos el de 10 mujeres, 7 hombres, de los cuales 4 son menores de edad. Tragedia pronosticada De acuerdo con los pobladores y los testimonios de sobrevivientes al alud, esta situación pudo haberse evitado; puesto que, desde el anterior gobierno se habría firmado un proyecto para reubicar a más de 50 familias, pero nunca ocurrió. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón aseguró que el gobierno va a disponer de 3.100 millones de pesos para financiar 40 viviendas urbanas y 15 viviendas rurales, pues a pesar de que algunas viviendas se salvaron de quedar enterradas aún hay varios hogares en alto riesgo. Malagón habló en los micrófonos de Blu Radio donde expresó que si bien no tiene pleno conocimiento sobre los contratos del Fondo de Adaptación la situación hubiera sido menor porque el plan pretendía construir nuevas estructuras, pero nunca sucedió. El supuesto contrato buscaba la construcción de un programa de vivienda llamado “Los Rosales” el cual incluía 92 casas para las familias afectadas por la ola invernal del 2010 que estaban en alerta de alto riesgo, como las de Portachuelo. Sin embargo, en 2015 se adjudicó el proyecto con un anticipo de 1.030 millones de pesos. Un año más tarde, fecha oficial de la entrega, la supuesta obra tenía un avance del 9%, por lo que se debió iniciar el proceso de liquidación por incumplimiento del contrato, según denunció el propio Fondo de Adaptación. Por lo pronto, la situación ya se remitió a la Procuraduría General de la Nación para que investigue si hubo o no un acto de negligencia por parte de los responsables que pretendían construir viviendas y por supuesto se dará continuidad a la búsqueda de los desaparecidos.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Barbacoas es un municipio ubicado en el centro del departamento de Nariño, al sur del país. Hace parte de la región pacífica y está caracterizado por las selvas húmedas tropicales y por estar bañado por ríos importantes que lo han configurado como una importante ruta hídrica del país. Sin embargo, Barbacoas ha hecho parte de la agenda mediática causa del conflicto armado que ha azotado la región, los recientes desplazamientos y, en este caso, la crisis humanitaria que sufre producto del invierno. De esta forma, tanto el río Telembí como el Guachicono, Mira, Tola y Rosario mantienen en alerta roja la región por inundaciones. Esta situación ha afectado a cerca de 10 mil personas de la comunidad de Barbacoas, así como las veredas y poblaciones aledañas. Precisamente, en Barbacoas los barrios más afectados, según las autoridades son Pasogrande, Barragán, Peñalisa, Tres Esquinas, Calipso, Calle Cauca, El Bajito, San Antonio, Calle Cuerno, La Planta y El Túnel, así como la zona céntrica de Barbacoas afectando la parte comercial del municipio. ¿Qué sucede en esta región del suroccidente del país? Una crisis humanitaria históricamente desatendida. El diagnóstico de Barbacoas, como lo señaló la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios -OCHA, en agosto de 2018, señala que es un municipio que tiene un alto índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), producto de la baja atención e infraestructura en el tema de salud, para la atención y prevención de crisis humanitarias. Ante este panorama, se ve tardía la presencia del presidente Iván Duque, quién viajó a Barbacoas en compañía del Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, la directora del ICBF, Juliana Pungiluppi y un equipo de Prosperidad Social y de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres; quienes hace nueve meses habían sido alertados de la terrible situación en Barbacoas en derechos humanos, salud, saneamiento, vivienda y niñez. El gobierno nacional, no actúo de manera preventiva, y con el envío de ayudas humanitarias, apenas alcanzan una acción paliativa para una región con problemáticas más complejas y estructurales. El Estado colombiano se ha rajado de manera categórica en el cumplimiento de política pública para la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad, que, entre otras cosas, recrudece con las condiciones medio ambientales, como lo es el caso del invierno que tiene afectada a la población de Barbacoas. De esta forma, un tema alertado y que ha contribuido al fuerte impacto de la ola invernal, tiene que ver con las graves carencias en saneamiento básico y agua potable. En este sentido, el informe de OCHA de agosto, muestra que Barbacoas no cuenta con un sistema de alcantarillado, un manejo optimo de residuos y basura, un uso inadecuado de pozos sépticos. Según los datos del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019. “Por un Nuevo Barbacoas: con Salud, Educación, Equidad y Paz”; Barbacoas no alcanza ni el 10% de cobertura en agua potable y saneamiento básico. Estas condiciones no solo desatan de manera más violenta sobre la población en términos de enfermedades, sino que también el precario manejo ambiental de fuentes hídricas y la presencia de minería ilegal, tala y derrame de hidrocarburos y ataques al oleoducto TrasAndino; han afectado las condiciones ambientales que pueden mitigar las condiciones climáticas por la cantidad de ríos que bañan el municipio. Barbacoas, una región que debe ser priorizada Hace 10 meses, el tribunal de Justicia Transicional de la JEP informó que, en el marco del caso 002, habrá una priorización sobre los temas investigativos en las regiones de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte, que se mantienen después de la firma del Teatro Colón, como zonas que sufren dinámicas de violencia que complejizan el panorama de los pobladores. De acuerdo con la magistrada Julieta Lemaitre, presidente de la Sala de Reconocimiento de la JEP, “es una zona del país en donde continúa la violencia, hay responsables que se separaron del conflicto, los comparecientes, no puedes ayudar a hacer una distinción con los respecto a los disidentes y así surja la verdad de la guerra en esta zona del país”. Asimismo, la priorización de estas zonas busca atender el 80% de las comunidades que son pueblos étnicos, en razón a la especial protección a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también de la Corte Constitucional en el caso colombiano. De esta forma, la priorización debe permitir avances en materia del enfoque territorial y étnico racial, tal como se consagró en el Acuerdo Final. Los actos violentos perpetrados en estas regiones, que incluye a Barbacoas, tiene que ver con homicidios, desplazamiento forzados, masacres, reclutamiento forzados, secuestro, ejecuciones extrajudiciales y demás vejámenes que ha dejado la guerra en Colombia. A su vez, Barbacoas es una de las regiones incluidas en el informe que entregó la Contraloría General en agosto de 2018 a la Justicia Especial para la Paz, en la que señala que en este municipio se desviaron recursos públicos que debían, entre otras cosas, asignarse a la suministración de derechos básicos como lo son la salud, la educación y que se extienden en las obras públicas, como el alcantarillado. El informe advierte, que entre 2007 y 2013 habrían sido desviados cerca de $ 2.417 millones de pesos en el municipio de Barbacoas. Por su parte, la presidenta de la JEP Patricia Linares, sobre este caso que está siendo investigado, señaló que “El conflicto no se agota en los combatientes, tuvo fuentes de financiación múltiples y estamos seguros que la información de la Contraloría nos va a servir para identificar esos actores que por ejemplo sirvieron a la guerra desde su financiación”. Desplazamiento, una advertencia vigente Ya para el inicio del gobierno del gobierno de Iván Duque, para agosto de 2018, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) había realizado un informe con información suministrada por la Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y miembros del Equipo Local (ELC) de Coordinación de Nariño, en donde alertaba del desplazamiento masivo de alrededor de 640 personas, lo que representa un total de 209 familias y 129 de ellos son niños, niñas y adolescentes. Cabe recordar la región hay una fuerte presencia histórica de comunidades indígenas de Awá y comunidades afrocolombianas en los municipios de Barbacoas y también; en El Charco. En el caso de Barbacoas, el 25 de agosto, se alertó del desplazamiento forzado de 118 indígenas Awá, del Resguardo Indígena Ñambí Piedra Verde que afectaron un total de 31 familias. El desplazamiento, producto de la disputa de los grupos armados por el control territorial; también deja entrever una crisis humanitaria que había sido alertada al gobierno nacional e históricamente al Estado que ha decidido, por su práctica, ignorar. De acuerdo con la información de UNIPA, además de los desplazamientos se destaparon las urgentes necesidades que presenta Barbacoas en términos de seguridad alimentaria y nutricional de los pobladores.

Por: Redacción Pares La Jurisdicción Especial para la Paz reiteró que no admite «colados» y reveló que desde 2018, cuando comenzó a operar, la Sección de Revisión ha rechazado 43 solicitudes de garantía de no extradición, consagrada en el artículo transitorio 19 de la Constitución Política. A la fecha, la JEP ha recibido 58 solicitudes de garantía de no extradición, 43 han sido rechazadas, 7 avocadas y 8 están en estudio preliminar. El ‘filtro anticolados’ de la JEP Las 43 personas rechazadas habían solicitado a la JEP conocer sus casos, ya que alegaban ser parte de las extintas Farc – EP. Además, argumentaron que sobre ellos pesa una solicitud de extradición de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. Sin embargo, la Sección de Revisión estableció que, en los 43 casos que los solicitantes no están acreditados como integrantes de las Farc- EP, no fueron incluidos en los listados de integrantes de esa organización. Así lo manifestó el tribunal después de revisar los listados remitidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de revisar las personas excluidas por la misma. Además, se pudo establecer que sobre ellos no pesa acusación o condena por conductas cometidas durante el conflicto armado con relación a las Farc- EP. Este lunes se conocieron unos audios atribuidos a Marlon Marín, grabados a mediados de 2017, cuando los 38 magistrados de la JEP no habían sido designados.

Por: Redacción Pares Este 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra para recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento. Con este día, se asume la responsabilidad colectiva de fomentar esta armonía con la naturaleza y la Madre Tierra. El cambio climático es una de las mayores amenazas para el desarrollo sostenible en todo el mundo y es consecuencia de las acciones insostenibles de la humanidad, que tienen implicaciones directas en la vida de las generaciones futuras. Este día también es una oportunidad de concienciar a todos los habitantes del planeta acerca de los problemas que afectan a la Tierra y a las diferentes formas de vida que en él se desarrollan. Biodiversidad en Colombia A propósito de este día, según cifras del Instituto Humboldt podemos dimensionar la enorme riqueza en diversidad biológica del país y al tiempo la muy alta vulnerabilidad ante factores que hoy precipitan su pérdida. Colombia es primer lugar en especies de aves y orquídeas Es el segundo en el mundo en riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce. Somos tercer país en número de especies de palmas y reptiles. Ocupamos el cuarto lugar en mamíferos. Plantas, anfibios, orquídeas, mariposas, peces de agua dulce, reptiles, aves, palmas y mamíferos hacen parte de los grupos biológicos con especies únicas (endémicas) de Colombia para el mundo: 6383 especies de plantas 367 especies anfibios 350 especies de mariposas 115 especies de reptiles} 79 especies de aves 34 especies de mamíferos Sin embargo, la biodiversidad colombiana ha evidenciado una disminución promedio del 18%. La mayor amenaza está en la pérdida de hábitats naturales, por lo general, relacionada con la agricultura y la ganadería expansiva. Sumados a estos factores están el riesgo de invasiones biológicas, vacíos de información, la presencia de especies invasoras, cambios en las condiciones climáticas y actividades humanas de diversa índole como la deforestación, la minería ilegal, cultivos ilícitos, la sobreexplotación de especies silvestres, el tráfico, la caza, la depredación, la contaminación del agua, expansión urbana e industrial, entre otras. Colombia tiene un estimado de 56.343 especies sin considerar la enorme diversidad de microorganismos existentes. Se estima que cerca de 1200 especies están amenazadas en el país según la información obtenida de la serie Libros Rojos de Colombia, la resolución 092 de 2014 y los criterios establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Un total de 1503 especies serían objeto de comercio de acuerdo con los criterios de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Este 23 de septiembre de 2019 se celebrará la Cumbre del Clima, organizada por el el Secretario General António Guterres, para hacer frente al cambio climático y acelerar la implementación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.