Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El presidente Iván Duque, después de casi un mes de Minga, llegó a Mondomo a hablar sobre el acuerdo alcanzado entre las comunidades indígenas que adelantaban la movilización y la delegación del Gobierno Nacional, conformada por la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, el Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos y la directora de Planeación Nacional, Gloria Amparo Alonso. El presidente Duque decidió retirarse del lugar frente a la exigencia de las comunidades de que la reunión se diera en la plaza principal del municipio, frente a las comunidades. De esta forma, los minutos que estuvo Duque en Mondomo, fueron en una mesa que se estableció en el colegio de Caldono a pesar de que se había pactado hacerla frente a la Minga, como lo señaló el senador indígena, Feliciano Valencia. Una atmósfera creada parta el fracaso de la visita Una atmósfera enrarecida ya había sido protagonista de la visita del mandatario al departamento del Cauca. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en una rueda de prensa en la Casa de Nariño, señaló que Duque presuntamente iba a ser objeto de un atentado en la reunión con la Minga. Justamente, esta fue la situación que alegó Duque para no presentarse en la plaza principal del municipio. Sin embargo, las comunidades lo esperaban en el municipio para establecer el diálogo prometido por el mandatario. Duque llegó al departamento del Cauca acompañado de un grupo de comandantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Además, lo acompañaba el alcalde de Caldono, Paulo Andrés Lozada, el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro y Carlos Julio González, gobernador del Huila. Durante su corta visita, el presidente Duque señaló los protocolos de seguridad para la instalación de esta mesa de diálogo con la Minga. A su vez señaló que el espacio contaba con la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el representante del la MAPP OEA y miembros del gobierno, para lo que sería en palabras del presidente; “un diálogo franco con las comunidades, en un sano debate de ideas para contestar inquietudes sobre la práctica de este gobierno.” «El rechazo fue de las comunidades» Duque En su mensaje, señaló que las comunidades no valoraron el gesto que hizo el Estado y las responsabilizó del rechazo. Duque dijo que el gobierno continuará con el Plan de Desarrollo y “continuar cerrando las brechas sociales”. A pesar de que el espacio lo usó para hablar de que abandonaría el lugar, Duque dijo que el Gobierno Nacional continuaría con su “práctica permanente de diálogo social”. Tuvo tiempo para señalar que el acuerdo que se llevó a cabo en el Cauca tiene “total viabilidad”. Así las cosas, para Duque fue suficiente su fugaz presencia y con eso expresó que cumplió ante el pedido de las comunidades. Estas fueron las razones que dio el presidente Duque, desde su cuenta de Twitter, por haber salido intempestivamente de Caldono, Cauca, y no haber cumplido con su palabra de reunirse y dialogar con la Minga Indígena.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares En la noche de este lunes, la Plenaria de la Cámara de Representante rechazó las seis (6) objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que había sido devuelta al recinto el 10 de marzo. Aunque falta la votación del Senado, solo hay dos opciones. La primera, que ambas Cámaras impugnen los artículos, luego el proyecto sea remitido nuevamente a la Corte Constitucional y posteriormente al presidente Duque sin posibilidad de reparos. La segunda, que la Cámara alta sí avale las objeciones y en ese sentido, el articulado sea archivado y el proyecto se sancione sin esos seis puntos. El uribismo desesperado Durante tres horas aproximadamente, la Cámara baja estuvo discutiendo cada uno de los artículos y se presentaron varios intentos para frenar el debate. Desde el inicio, el partido de Gobierno, el Centro Democrático, intentó aplazar la sesión, pero la solicitud fue negada con 85 votos frente a 45. En plenaria “el Centro Democrático anunció que el Gobierno había retirado las objeciones sobre reparación y sobre pruebas para la extradición. Ahora el Gobierno lo niega. No hay documento radicado”, expresó desde su cuenta de Twitter la Representante a la Cámara, Juanita Goebertus del Partido Alianza Verde. Así las cosas, con 110 votos y 44 en contra, la ponencia negativa del presidente a la ley de procedimiento de la JEP fue rechazada. Argumentos para rechazar el articulado De acuerdo con la Constitución, el presidente tiene la facultad de presentar objeciones a proyectos aprobados en el Congreso siempre y cuando sean por inconveniencia política, social o económica. Por lo tanto, la bancada de oposición ha argumentado que es inconstitucional la decisión de Duque, puesto que, los seis artículos habían sido declarados exequibles por la Corte Constitucional. En ese sentido, Goebertus explicó que las objeciones cuestionan las decisiones sobre la exequibilidad o inexequibilidad, controvierten interpretaciones jurisprudenciales consolidadas que hace el máximo tribunal sobre ciertos elementos normativos y desconocen mandatos constitucionales específicos. Las objeciones del Gobierno 1. La Ley omitió incluir expresamente la obligación de los ex combatientes de las FARC de reparar materialmente a sus víctimas. 2. La Ley no previó que la renuncia a la acción penal solo puede tener lugar cuando el Estado demuestra que investigó bajo estándares de debida diligencia y que, no obstante, es necesario centrar los esfuerzos solamente en los máximos responsables. 3. La Ley deja dudas sobre el alcance de la facultad atribuida a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de verificación de los listados de excombatientes. 4. La Ley no precisa qué tipo de diligencias judiciales debe abstenerse de citar la Fiscalía General de la Nación respecto de conductas de competencia de la JEP. 5. La Ley no delimita específicamente la facultad de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, para decretar pruebas. 6. La Ley no precisa en qué oportunidad procesal se debe hacer la manifestación de ofrecimiento voluntario de verdad. En el acto legislativo 1 de 2017, producto del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se estipuló que los combatientes rasos no tienen el deber de indemnizar a las víctimas, pero sí deberán contribuir al esclarecimiento de la verdad, a la reparación y a garantizar la no repetición. En cuanto a la reparación material, la exguerrilla tiene la obligación colectiva de entregar bienes para la reparación de las víctimas. Por lo tanto, no se quita la responsabilidad a los victimarios, tal como lo dijo el Gobierno. Así como tampoco se limita a la Fiscalía para proceder con la extinción de dominio de los bienes que no fueron entregados. En la segunda objeción, cabe destacar que, en el marco de la justicia transicional, las víctimas son el centro de atención y por lo tanto lo que se busca es esclarecer los hechos cometidos durante el conflicto armado. En ese sentido, de cara a violaciones masivas a los derechos humanos, concentrar la acción penal en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos, permite: “1. Cumplir de manera efectiva con el deber de investigar, juzgar y sancionar y luchar contra la impunidad 2. Evitar que el Tribunal para la Paz colapse 3. Develar las estructuras y patrones de macro-criminalidad 4. Agilizar la administración de justicia 5. Evitar la intervención de la CPI”, explicó Goebertus. En tercer lugar, el Gobierno expresó su preocupación por la inclusión por parte de la JEP de personas no acreditadas o excluidas en las listas que aprueban el acceso a los beneficios del tribunal. Sin embargo, la misma Corte prevaleció la competencia de la JEP sobre decisiones de carácter administrativo en la sentencia C-080 de 2018. En la cuarta objeción, el Gobierno señaló que en la ley de procedimiento no estaban estipuladas las funciones de la Fiscalía General de la Nación (FGN) en las investigaciones relacionadas al conflicto armado. Sin embargo, en la misma sentencia mencionada con anterioridad, quedó explícitamente dicho que la Fiscalía debe continar investigando y recolectando elementos materiales probatorios. En lo que no tiene competencia la FGN es en proferir sentencias, imponer medidas de aseguramiento, ordenar capturas, proferir imputaciones o acusaciones, citar a interrogatorios de indiciado o rendición de testimonios. El argumento que tumba la quinta objeción se enmarca en que en el pacto de paz se creó una garantía de no extradición por hechos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. En ese sentido, es función de la JEP establecer el momento de ejecución de cualquier delito cometido, y también es competente para disponer del material probatorio existente, únicamente con el fin de determinar la fecha de comisión de los hechos objeto de solicitud de extradición. Por último, la sexta objeción destacó que para terceros que hubieran participado en el conflicto armado, no estaba contemplada una fecha para presentarse ante el tribunal y esto podría jugarles en su contra. Sin embargo, Goebertus explicó que la garantía de no extradición es más fuerte para agentes del Estado, miembros de la Fuerza Pública y terceros, frente a lo pactado con los exguerrilleros. “Mientras los agentes del Estado estén ofreciendo verdad ante el SIVJRN no procede su extradición”, indicó. Además enfatizó en que «el trámite se rige por el #FastTrack así que le corresponde al Presidente de Senado anunciar hoy o mañana y citar para el jueves o el martes (porque la Semana Santa no es excusa)». En definitiva, el Senado será el último en definir el rumbo de estos seis artículos que tienen en vilo este proyecto que le permitirá a la JEP tener una ruta de procedimiento cuando empiecen a funcionar los tribunales. La votación de la cámara alta se realizará en dos semanas, pero sea cual sea la decisión, Duque no ganó este pulso en el Congreso.

Por: Redacción Pares Hace 71 años, el 7 de febrero de 1948, una multitud silenciosa liderada por el líder liberal protestó contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. Pares presenta una reproducción de algunos fragmentos del conmovedor discurso de Gaitán, tan relevante hoy como entonces. En el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, en memoria del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, PARES invita a toda la ciudadanía a honrar a las víctimas del conflicto y acoger la obligación de luchar sin descanso para que nunca más se repita el sinsentido de la guerra que les causó tanto sufrimiento #9deAbril.

Por: Redacción Pares «¿Para qué poesía en tiempos de penurias?” se preguntaba el romántico alemán Hölderlin en un célebre poema de imágenes impactantes, incomprendidas y ridiculizadas por sus contemporáneos. Una pregunta vigente hoy en Colombia “Escribir en ‘tiempos de penuria’ siempre será urgente y necesario”, asegura el poeta Pedro Arturo Estrada: “Precisamente por eso, porque la poesía se hace aún más necesaria en tiempos difíciles, en tiempos de cambio, de complejidad, para ordenar el pensamiento, para precisar visiones desde la intimidad, pero también desde lo colectivo. Porque el lenguaje es el primer elemento constitutivo de lo real y si el lenguaje se pierde, si se empobrece, perdemos con él capacidad de pensar y de interpretar, de entender, de encontrar salidas, soluciones, ideas nuevas. Poesía no es sólo cantar por cantar, poesía también es visión, conciencia sensible del mundo”. A continuación se transcriben fragmentos del discurso del poeta antioqueño Juan Manuel Roca, «Elogio de la Poesía» al recibir el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional de Colombia, en septiembre de 2014. Elogio de la Poesía (Juan Manuel Roca) «Mi generación ha oído y recibido más nombres que una pila bautismal. Para seguir en el juego nominal, que parece el de las muñecas rusas que tienen adentro otras que a su vez contienen una más, he propuesto para ella el nombre de Poetas del inxilio, en razón de que sus obras aparecen y se consolidan en los años de mayor desplazamiento en Colombia. El inxilio es una suerte de exilio interior, un despojo de núcleos humanos, de familias desplazadas a las que les han usurpado sus tierras. Quienes padecen el drama del exilio interior saben que muchos de estos generadores de expulsión -paramilitarismo, guerrilla, violencia estatal y paraestatal-, han sido atrapados por el negocio de la guerra y por los políticos venales. También la poesía ha sido desplazada de los medios impresos con contadas excepciones y, más aún, de los grandes sellos editoriales. Así que inxiliada en su propia búsqueda, esta generación sabe que el desplazamiento humano es el mayor drama colombiano actual. El inxilio quizá tenga unos rasgos de enajenación y de expolio peor que el de quienes tienen que exiliarse. Es la pérdida del país dentro del país mismo, tener que habitar en la periferia como un único territorio posible, sentirse ciudadano de ninguna parte, exiliado de sí mismo, pertenecer a un no-lugar. Colombia es uno de los países con más número de desarraigados en el mundo. En 2013 se señala la cifra de 230 mil personas entre hombres, mujeres y niños obligados a abandonar sus tierras. Mi generación ha asistido de manera dolorosa a ese inmenso desalojo. Y no pocas veces lo registra en sus poemas. Naturalmente, el desplazamiento que da nacimiento al inxilio colectivo no es privativo de estos tiempos y podríamos remontarnos a la violencia de los años cincuenta, pero nunca este drama ha sido más cruento que a partir de los años en los que esta generación se ha venido expresando. No es un capricho. En aras de señalar un período de nuestra historia, el nombre de Poetas del Inxilio podría ser una forma sencilla de recordar nuestro drama colectivo. Quizá sea cierto lo que afirma el más citado de los poetas argentinos: “la realidad no es verbal”. Pero aún así, creo que hay que nombrar a los desplazados internos una y otra vez, hasta que se acaben la guerra y el desarraigo. La poesía se mueve en los terrenos de la duda, en algo que avasalla todos los géneros artísticos hasta el punto de poder señalar que donde no hay poesía difícilmente hay arte, desde la plástica y la cinematografía hasta la narrativa y la dramaturgia. Aimé Césaire, un poeta que se sentía torturado y humillado en cada hombre o mujer torturados o humillados, se asumía como víctima pensando que somos parte los unos de los otros y que no vivimos en un mundo abstracto, enajenados de la realidad. Es poco probable que haya un pensamiento de orden filosófico que no se pregunte por lo que nos sucede en los demás, en sus alegrías y desvelos. Lo mismo ocurre con la más alta poesía. Pensar que hay miles de estrellas muertas en el cielo que nos siguen alumbrando conduce a pensar en los cientos de poetas muertos que aún nos siguen, de la misma manera, alumbrando. La sola imaginación es subversiva y casi sin premeditación se vuelve una suerte de resistencia espiritual. Ahora, es bien sabido, como decía César Fernández Moreno, que como no se ha podido poetizar la política se ha politizado la poética. Y hay ejemplos de grandes poetas que se manifiestan políticamente en sus versos sin perder de vista su alto rigor estético, como René Char, César Vallejo, Yannis Ritsos, Carl Sandburg, Osip Maldestam, Vladimir Holan, Anna Ajmátova, Nelly Sachs, Bertolt Brecht, Paul Celan y tantos otros que no cabrían en esta página. En cuanto al poder transformador de la palabra, el mejor ejemplo lo encontré en una cárcel de Chile, donde un preso me expresó el más alto elogio de la poesía que haya escuchado. Allí, en un lugar que parece negar de entrada la libertad, me contó que todas las noches se escapaba de su celda y saltaba los cuatro muros cardinales mientras leía los poemas místicos de San Juan de la Cruz. A lo mejor podría haber sido otro poeta el que leyera, pero el efecto de transformación del ánimo y por tanto de la realidad, podrían haber sido los mismos. El reo chileno me hizo dudar de algo que siempre he afirmado en contra de los mesianismos, aquello de que intentar cambiar la realidad con poesía es como intentar descarrilar un tren atravesándole una rosa en la carrilera. Una condena al fracaso. El hombre enjaulado volaba encima de los muros sin que le aplicaran la ley de fuga, gracias a la voz de un remoto poeta. A cada rato, cuando se habla de la utilidad de la poesía en un medio de naturaleza violenta como el nuestro, se acude una y otra vez a una pregunta del romántico alemán: “¿para qué la poesía en tiempos de penuria?” Creo que es mejor cambiar, invertir la pregunta y decir ¿para qué la poesía en tiempos que no sean de penuria? ¿Como simple adorno? ¿Como manierismo? ¿Como un mero esteticismo? De ser cierto que la poesía no tiene sentido en tiempos de penuria nunca se habría escrito, pues todos los tiempos del hombre han sido de penuria. La poesía se parece, en su calidad invasora, a la araña que sube por la escoba que la barre: pone un contrapunto a la razón. Y es en esa satanización de lo poético en aras de la realidad que pregonan los tiempos y que pregonan las sociedades hipnotizadas por el miedo a pensar, donde -de nuevo la araña trepa a la escoba- le queda a la poesía su antigua y renovada condición de resistencia. Ser poeta en un país salvaje es elegir una larga cuarentena, guardar como un talismán la palabra más breve y, por momentos, la más bella. Esa que en Colombia parece olvidada, la rotunda voz que casi nadie dice, que casi nadie oye, las dos letras que conforman la palabra no. Nunca antes la poesía y el poeta -y no hablo desde la ideología- tiene mayores estímulos para diferenciarse del país que no desea suyo. No es un deber ser, no es algo programático, pero qué necesario es enfatizar la distancia frente al crimen, no tanto por sentirnos más buenos como por sentirnos lejos de los pases hipnóticos de la muerte espiritual y del gregarismo tribal frente a la nada. Libertad y poesía son dos palabras siamesas: la una conduce a la otra y difícilmente se pueden separar para que tengan vidas escindidas. A no ser que al enunciarse se trate de una falsa libertad, como la que está casi siempre en labios de carceleros y liberticidas, de una parte, y de la impostación poética, de otra. Que la poesía es una religión sin feligreses se nos repite a cada tanto en los medios y en los bufetes, invocando la inutilidad y llamando al desaliento, y tras manifestarlo corren a reunirse y a hablar en el esperanto de la tontería y los lugares comunes, en una religión cuyo único dios tiránico es el embotamiento de los sentidos, la pérdida irreparable del sentido de la individualidad creativa y la aventura. Quisiera repetir con René Char que “en todas nuestras comidas en común invitamos a la libertad a sentarse”. Y agregar en consenso con el poeta que “el lugar permanece vacío pero el cubierto está puesto”. A esto conduce la mejor poesía.«

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El fin de semana el expresidente Álvaro Uribe Vélez escribió una seguidilla de trinos en Twitter en los cuales parecía justificar la ejecución de una masacre. Sin embargo, hay versiones encontradas: expertos aseguran que, si bien fueron infortunados, no hacen referencia a la apología del odio; otros en cambio aseguran que sí pueden traerle consecuencias legales. En medio de la tensión nacional por las protestas y bloqueos de los pueblos indígenas en la Minga por la defensa de la vida, el territorio y la democracia, el presidente Iván Duque decidió dialogar el sábado con las comunidades. Luego de 27 días de manifestaciones llegaron a un acuerdo de cinco puntos enmarcados en la defensa de los territorios ancestrales. A su paso, Uribe empezó a publicar en Twitter las inconformidades frente a la forma como el Gobierno Nacional resolvió la protesta social con los mingueros, y a su vez expuso algunas de sus posiciones sobre las manifestaciones. Durante los bloqueos, en el marco de las vías de hecho, las autoridades habían señalado que las manifestaciones estaban infiltradas por “terroristas” y hasta llegaron a plantear la posibilidad de que Nicolás Maduro había participado en la Minga. ¿Qué dice el código penal? De acuerdo con el artículo 102 del código penal, cualquier individuo que difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan, el genocidio o el antisemitismo o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones incurrirá en prisión de 8 a 15 años. De acuerdo con el director y fundador de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón Giraldo, los dos primeros trinos, sí corresponden a una apología al odio porque está justificando masacres cometidas por autoridades. “La autoridad serena jamás puede implicar una masacre, esto una justificación de una masacre, que es la muerte de varias personas”, indicó a la Fundación Paz y Reconciliación-Pares. Gallón también resaltó que las autoridades no deben generar una masacre y es inadmisible justificar las masacres “por culpa del otro”. La Senadora del Partido Verde, Angélica Lozano se sumó a este argumento y dijo en la misma red social que “la autoridad serena y con criterio social tiene por MÁXIMA PRIORIDAD evitar, prevenir e impedir una masacre. No importa que haya al otro lado, el Estado siempre debe actuar correctamente”. ¿Mal redactado? Para el abogado penalista Fabio Humar los trinos del senador Uribe no son apología la odio porque si lo fuera, debería invitar al otro a cometer actos de odio y según él, este no es el caso. “La expresión de una opinión por antipática que sea no es apología al odio. Pero uno sí debe decir, que la redacción no es la más indicada”, apuntó. “Me imagino que habrá demandas, pero la verdad es que la interpretación de los trinos pues por la misma poca extensión para explicar lo que uno dice -y ese es el peligro de Twitter no debe tomarse sino como de interpretación genérica”, afirmó. Aunque considera infortunados los trinos, el abogado resaltó que no están llamando a cometer masacres. “Es que el trino no dice: ‘vayamos a masacrar’ porque si ese fuera el trino él tendría que responder penalmente”, aseguró. «Información inexacta pero no insultante» Ante la serie de críticas, el exmandatario aseguró que “la autoridad evita las masacres: Aquellos que confunden autoridad con masacres recuerdo que en los gobiernos que presidí se superaron las masacres paramilitares y se disminuyeron notablemente las de las guerrillas”. Para Gallón, en dicha publicación sólo hay una opinión. Unos se pondrán de acuerdo, otros no pero ahí no hay insultos. “Cuando hay insultos, cuando hay exaltación de una actitud violenta hay apología, pero ahí no porque está diciendo que con autoridad se evitan masacres”. “Lo que hay es una información incompleta porque en su gobierno sí se redujeron las masacres paramilitares, lo que no ha contado es que quedaron en la impunidad y además extraditó a los jefes paramilitares a Estados Unidos violando la propia legislación que había desarrollado”, argumentó. “Es decir, es una información inexacta pero no es insultante, ni apología al odio”. No prospera una denuncia contra Uribe Para Humar ni siquiera existió una apología de odio en las publicaciones, mientras Gallón aseguró que en las dos primeras sí estaría incurriendo en este delito. Sin embargo, los expertos aseguraron que, pese al desatino, una denuncia contra Uribe no prosperaría. “Como el trino no es preciso se permiten interpretaciones y uno tiene que usar el derecho de interpretación que favorezca al ciudadano, entonces me parece que no hay lugar en este momento a hablar de denuncias penales, pero sí son desafortunados los trinos”, dijo Humar. Según él, cualquier persona puede denunciar y como él tiene fuero su comportamiento debería ser estudiado por la Corte Suprema. Por su parte, Gallón expresó que la denuncia no llegaría muy lejos en el proceso.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Pasadas las 10 de la mañana, desde la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo una rueda de prensa en la que las comunidades convocaron a seguir de la Minga al Paro Nacional del 25 de abril. Después de que la Minga por la Vida alcanzara unos acuerdos con el gobierno nacional, seguirá manteniéndose, porque, tal como lo dieron a conocer en la rueda de prensa; “la Minga no caduca con los acuerdos, sino que continúa con la búsqueda de la justicia social”. Además de los acuerdos alcanzados, la Minga logró que el presidente Iván Duque cediera y dejara sus intervenciones por ‘telepronter’, para dirigirse al departamento del Cauca después de 27 días de evasivas enviadas desde la Casa de Nariño. De esta forma, los acuerdos en el marco de la Minga en Mondomo, no se desligan de las proyecciones políticas que tiene el país, pues en la rueda de prensa se refirieron a la estigmatización que se viene adelantando por parte del gobierno nacional y un sector de los medios de comunicación, con respecto a la expresión popular de resistencia del movimiento indígena, campesino y afro. «Cuente con nosotros para la paz y no para la guerra» Tal como se refirieron los voceros en la rueda de prensa, la apuesta histórica, social y cultural es mucho más compleja que alcanzar unos acuerdos con el gobierno. Es más, la lucha para que se garantice lo acordado en la Delfina dependerá que se mitigue el crítico estado de derechos humanos que hay en el suroccidente del país y, que ha sido una constante en los territorios a lo largo y ancho del país. En la rueda de prensa se refirieron a que la lucha que adelanta las comunidades, están en el marco de la construcción de una paz estable y duradera. De hecho, hubo espacio para que los voceros le expresaran a la opinión pública que el paro también parte sobre la base de exigir una implementación de los Acuerdos de Paz y el retorno del diálogo con el ELN, para configurar una paz completa. Para las comunidades es justo velar por la garantía de no repetición, pues en los pueblos se ha recrudecido la violencia por parte de grupos armados para hacerse con el control territorial, lo que ha desencadenado masacres, desplazamientos, confinamientos, asesinatos y amenazas. La minga en asamblea permanente Según lo dieron a conocer, la asamblea permanente significa que la Minga se mantendrá y hará su transición al paro nacional del 25 de abril. Asimismo, los voceros explicaron que las razones de mantener la asamblea, tiene que ver con consolidar y garantizar los acuerdos de orden reivindicativo y de orden político. La disputa es de años, por eso recalcan que esa historicidad no puede ser menos, que un caminar de largo aliento. Para Feliciano Valencia, senador del partido Mais, el acuerdo con la minga significa la búsqueda de acuerdos y consensos a pesar de las diferencias, la salida a los conflictos por medio del diálogo, la construcción colectiva de soluciones, la continua lucha por la superación de las deudas históricas que ha tenido el Estado colombiano con las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Uribe y la anacrónica violencia Polémica e incertidumbre han dejado las declaraciones del senador y jefe máximo del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quien después de conocer lo acordado en la Minga, aseguró que “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”. Las declaraciones violentas de Uribe inqueita a las comunidades en los territorios, pues tal como lo dio a conocer PARES, en los primeros 3 meses de 2019 han sido perpetradas al siete masacres. De hecho, en los meses de gobierno de Iván Duque, se han perpetrado 11 masacre en el territorio nacional. A propósito del malestar causado por el senador del Centro Democrático, los voceros de la Minga denunciaron que “hay 118 compañeros indígenas asesinados después de la firma del acuerdo, esta movilización busca frenar la masacre contra las comunidades indígenas”. Duque llega un mes tarde al Cauca Según lo acordado, se harán entrega 805.000 millones para el mejoramiento de condiciones sociales y económicas de las comunidades. De esta forma, 232.000 millones de pesos están destinados al sector de vivienda, 129.000 millones se priorizarán para la realización de proyectos productivos e infraestructura rural y 90.000 millones de pesos para tierras, 116.00 para educación, 114.900 para salud; estos fueron los temas de urgencia. Sin embargo, también hay rubros que consagran vías y lo correspondiente a la Unidad de Protección. Según lo dio a conocer el presidente Duque, una vez que se aprueben los rubros, serán posteriormente ejecutados con la responsabilidad de las instituciones del Estado a nivel municipal, departamental y a nivel nacional. En este proceso, para las comunidades resulta de vital importancia que haya un seguimiento y auditoría permanente, no solo de los organismos de control; sino también de los garantes. Esa comisión que se creó es la encargada de velar por la implementación de lo acordado para inversión y la implementación de lo acordado. Así las cosas, restan horas para el encuentro del presidente con las comunidades en el Cauca. Ahora, a 17 días del Paro nacional del 2019, Duque empieza a ceder, porque en este año la protesta social ha tenido en aprietos su gobierno.

Por: Redacción Pares A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC, rechaza los señalamientos del senador Álvaro Uribe Vélez de relacionar la minga social del suroccidente con grupos de las disidencias de la Farc. «Especialmente se han destacado de forma negativa las declaraciones del senador Álvaro Uribe quien por medio de la red social Twitter está promoviendo abiertamente el odio y el asesinato hacia los mingueros y mingueras, repitiendo los falsos señalamientos que la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz esta relacionada con grupos terroristas.» señala el mensaje publicada este domingo. Estigmatización a organizaciones sociales Las comunidades indígenas del suroccidente del país, manifiestan que durante la Minga realizada, diferentes grupos políticos, altos funcionarios del Estado, incluido el presidente Iván Duque, el ministro de defensa Guillermo Botero, la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez, al Fiscal General de la Nación, «han estigmatizado a las comunidades movilizadas de guerrilleros, de secuestradores y de estar infiltrados por grupos armados al margen de la ley.» Especialmente, dicen las comunidades, se han destacado de forma negativa las declaraciones del senador Álvaro Uribe quien por medio de la red social Twitter «está promoviendo abiertamente el odio y el asesinato hacia los mingueros y mingueras, repitiendo los falsos señalamientos que la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz esta relacionada con grupos terroristas.» El polémico mensaje del expresidente Uribe fue tomado por las comunidades indígenas que se movilizaron durante tres semanas, como «una masacre en medio de una arremetida de la fuerza pública contra el ejercicio de la protesta social legítima y pacífica estaría causada por agentes armados infiltrados, reflejan el cinismo de los constructores de guerra.» Por su parte, Feliciano Valencia, senador del MAIS, en representación de las comunidades indígenas en Colombia y vocero de la minga del Cauca, calificó este trino del expresidente como una «auténtica barabaridad.» Además, el líder indígena denunció amenazas en contra de quienes participaron y lideraron la movilización en el suroccidente del país. En ese sentido, las organizaciones indígenas hacen un llamado a el Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, a la Comisión Interamericana de DD.HH. a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, «para que, en el marco de sus funciones y competencias, velen por la protección efectiva de la vida y la integridad de los participante en la Minga.»

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares En el último informe publicado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió celeridad en la promulgación de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) considerada la columna vertebral del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 con las exguerrilla de las Farc. El texto analiza algunos puntos de la implementación de pacto, tales como el funcionamiento de la JEP que aún está estancada debido a la serie de tropiezos que ha tenido entre el Congreso y el Gobierno Nacional. En el período abarcado por el informe del 27 de diciembre de 2018 y el 26 de marzo de 2019, hubo debates en la opinión pública que polarizaron aún más al país. Los defensores del Acuerdo han expresado que el Gobierno ha querido frenar lo pactado, mientras los opositores al mismo han dicho que hay varios aspectos que pueden reformularse para mejorar el texto. Sin embargo, para la ONU, la JEP es el principal garante de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y es también la expresión de las garantías jurídicas otorgadas a los más de 7.000 excombatientes que entregaron las armas. “Acojo con beneplácito el compromiso del Presidente de buscar un terreno común y reitero mi llamamiento al Gobierno, al Congreso y a todas las entidades para que adopten rápidamente medidas para asegurar que la Ley Estatutaria se promulgue lo antes posible de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Paz y que la Jurisdicción Especial para la Paz disponga de todos los instrumentos políticos y prácticos necesarios para su eficaz funcionamiento en condiciones de independencia y autonomía”, indicó Guterres. El camino de la Ley Estatutaria El Congreso había aprobado la ley estatutaria y la remitió a la Corte Constitucional para el control previo. La Corte la declaró exequible en el mes de noviembre de 2018. A inicios de febrero fue enviada para sanción presidencial; pero el 10 de marzo, luego de cuatro semanas de revisiones, la Casa de Nariño objetó seis de los artículos por inconveniencia y la regresó al Congreso. Dos días después, el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo García viajó a Nueva York para reunirse con Guterres y explicarle sobre las objeciones. “Tomé nota de los motivos de la decisión del Presidente, destaqué la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz y reiteré las preocupaciones expresadas por las Naciones Unidas con respecto a la incertidumbre que rodeaba la aprobación de la Ley Estatutaria. «También transmití al Ministro mi esperanza de que se actuara prontamente para asegurar que esa base jurídica entrara en vigor lo antes posible, a fin de que se garantizaran los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de todas las partes involucradas”, detalló Guterres. Asimismo, insistió en el absurdo de que en más de dos años después de la firma del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz aún no contara aún con una Ley Estatutaria. Otro de los espaldarazos más importantes a la JEP fue el de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda quien además, reiteró su compromiso de trabajar con las autoridades nacionales para asegurar que los criterios previstos en el Estatuto de Roma se cumplan íntegramente en el contexto de los mecanismos de rendición de cuentas del país. El plazo para poner en marcha la JEP Ante las objeciones dadas del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria, los defensores del Acuerdo de Paz tal y como se firmó en La Habana, señalaron que dicha decisión iba en contra de la misma Corte Constitucional, debido a que, ya la había declarado exequible. La Representante a la Cámara, Juanita Goebertus del Partido Verde, realizó una revisión a cada una de las objeciones y ratificó que eran inconstitucionales, por lo tanto, debían ser sancionadas de inmediato y no ser devueltas al Congreso. Por su parte, el partido Farc que nació de los acuerdos, le envió una carta a Guterres para pedirle apoyo en la implementación del pacto, puesto que, tan pronto se conoció sobre los artículos rechazados por el Gobierno, varios sectores políticos, incluido el de los excombatientes mostraron su preocupación. De todas maneras, la Corte Constitucional confirmó a finales de marzo que haría una segunda revisión de la Ley Estatutaria después de que el Congreso recibiera y debatiera nuevamente el articulado. El máximo tribunal también expresó que ambas cámaras deberían actuar antes de que concluya el período de sesiones en curso, el 20 de junio. Ahora, hay quienes ven un mejor panorama para la puesta en marcha de la JEP, puesto que, con la serie de cambios se puede considerar que no habrá polarización. El rol de la JEP Según el informe, hasta la fecha 9.691 exmiembros de las Farc han suscrito actas de sometimiento, 1.958 personas de las Fuerzas Militares, 39 personas de otras entidades públicas y 12 particulares que solicitaron someterse a su autoridad. En cuanto a las solicitudes de no extradición la entidad ha recibido 57 solicitudes de revisión de la aplicabilidad de la garantía por los crímenes cometidos durante el conflicto armado y antes de que se firmara el Acuerdo de Paz, en 2016. De acuerdo con el texto 40 de ellas han sido negadas. La JEP ha catalogado los hechos victimizantes en varios casos. Uno de ellos es el 001, que corresponde a la retención ilegal de personas por parte de la exguerrilla. La JEP ya comenzó a llamar a 31 antiguos altos mandos para que comparezcan y proporcionen información. “Nueve de ellos ya han comparecido, incluido el líder de la FARC, Rodrigo Londoño. También están llamados a comparecer 22 exmiembros de las FARC-EP un proceso similar en el caso 002, relativo a hechos ocurridos en el departamento de Nariño. En el proceso del caso 003, relativo a ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado, han comparecido 56 miembros de las Fuerzas Militares”, indicó el informe. Así las cosas, se espera que antes de julio la Corte ya tenga en su despacho el articulado definitivo para que por fin se le de luz verde a la ley de procedimiento que le permitará a la JEP tener una ruta para cada uno de los casos que empiece a tramitar. De todas maneras, hay indicios de que el Gobierno está cada vez más solitario en el Congreso, pues no tiene las mayorías para avalar las objeciones que le realizó a los artículos. En ese sentido, el texto pasaría a la Corte muy similar a lo que se había aprobado con anterioridad.

Por: Redacción Pares El día 5 de abril los pueblos indígenas tomaron la decisión de desbloquear la vía panamericana. Sin embargo, las comunidades informan que no van a regresar a los territorios. Después de 27 días en la Minga por la defensa de la vida, el territorio y la democracia, las comunidades mingueras y las autoridades nacionales tomaron la decisión de accionar, en el marco de las vías de derecho, mecanismos de diálogo y debate sobre las diferentes problemáticas que aquejan, no solamente a los pueblos indígenas, sino a las organizaciones sociales del país. Por el contrario, la minga se mantendrá en asamblea permanente en cada uno de los puntos de concentración, en la espera de la llegada del presidente Iván Duque el día martes 09 de abril al corazón de la minga en Caldono, Cauca, para que se dé el debate político. Por su parte, el presidente Iván Duque anunció que este martes se reunirá con comunidades indígenas en Caldono, Cauca.

Por: León Valencia, director – Pares Decía el presidente Duque que no iría al Cauca a reunirse con los indígenas hasta que no levantaran el bloqueo en la carretera Panamericana y desistieran de las vías de hecho. Ha repetido una y mil veces que no negocia en medio de la presión, que no permitirá las vías de hecho. Esta idea es la almendra de una columna que le publica el diario El Tiempo este domingo 7 de abril. Veamos la fuerza de este argumento. ‘Vías de hecho’ es una expresión para denotar algo por fuera del derecho o mejor, algo contrario al derecho. La palabra derecho tiene en este caso una connotación amplia. Y miren la paradoja. Minga quiere decir para los indígenas, según lo explica Aída Quilcué, una de las líderes: “Caminar la palabra”. Minga es diálogo, es acuerdo. La idea de los indígenas del Cauca es que les han incumplido los compromisos, lo pactado con el Estado en diversas conversaciones del pasado. El gobierno acepta esta afirmación de los indígenas y justifica el incumplimiento diciendo que el Estado no está en capacidad financiera de llevar a la práctica lo pactado. Esto quiere decir, sin lugar a discusión, que quien primero rompió las reglas, quien primero faltó a la palabra, quien primero recurrió a las vías de hecho, fue el Estado. Las vías del derecho obligaban al Estado, en caso de que no pudiera cumplir con los compromisos, a sentarse a renegociarlos, a deshacerlos tal como los había hecho, en una mesa de conversaciones con las autoridades indígenas. Esa es la razón de fondo que los indígenas tienen para exigir la presencia directa del presidente en la firma de los acuerdos. Creen ellos que, si el primer mandatario pone la cara y la firma, será una mayor garantía para que esta vez sí les cumplan. Esta parece, desde luego, una discusión bizantina. Pero dado que el gobierno dice que la idea fuerza de su mandato es el respeto a la legalidad, obliga a quienes lo criticamos a entrar en ese terreno del debate. En realidad, Duque, en estos ocho meses, ha recurrido una y otra vez a las vías de hecho. Ha roto los protocolos que el anterior gobierno firmó en las negociaciones con el ELN bajo la supervisión de garantes internacionales; ha dicho en varias oportunidades que algunos de los acuerdos firmados con las Farc no lo obligan y está incumpliendo de hecho compromisos establecidos; está incumpliendo los acuerdos de sustitución de cultivos con campesinos cocaleros; ha prohijado acciones abiertamente violatorias de la soberanía en el llamado cerco diplomático al régimen de Maduro. Cito estos ejemplos en los que ha habido un debate público que los lectores pueden recordar. Ahora bien, en estricto sentido, Duque tampoco ha podido cumplir con la palabra de no negociar en medio de las vías de hecho de los indígenas. Duque envió a una delegación de alto nivel a buscar un acuerdo con la Minga y ahora se dispone a ir en persona a firmar el pacto sin que los protagonistas de la protesta hayan dicho que su levantamiento del bloqueo es definitivo. Lo que han dicho los dirigentes de la Minga es que suspenden temporalmente los bloqueos para dar lugar a la reunión con el presidente. Esta decisión es buena, pero podría haberla tomado desde hace veinte días y nos habríamos evitado los muertos, los heridos, los golpeados en medio de la protesta y también las pérdidas millonarias de los empresarios de los departamentos afectados. Las organizaciones ilegales que tanto han golpeado a las comunidades del Cauca han estado felices con el caos que se ha generado en estos días de aguda disputa. Sin duda han pescado en ese río revuelto. Nos habríamos evitado también la crueldad del racismo, de la discriminación, de los insultos, de las mentiras que han proliferado en las redes sociales, en los medios de comunicación y aun en los discursos oficiales. Decir que los indígenas tienen demasiada tierra, que las protestas son financiadas por el gobierno venezolano. Impulsar la división de las comunidades y de las familias indígenas auspiciando querellas públicas de los miembros de la organización indígena. Aun si se firma el acuerdo, el saldo de rencor, de división, de dolor que va a quedar en el Cauca es pavoroso. Un gobierno no debía propiciar nunca una situación de estas.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «Las mujeres indígenas hemos estado muy activas, no solamente en la Minga, sino en los encuentros permanentes que hacemos los pueblos ancestrales al interior de las comunidades. Nosotras jugamos un papel fundamental, somos guardia, autoridades y también líderes de procesos de negociación. Para donde usted mire, ahí estamos las mujeres.» Pares habló con Aída Quilcué Vivas, lideresa de las comunidades indígenas del departamento del Cauca, consejera de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y hace parte de la comisión política de la Minga Indígena encargada de dialogar con el gobierno el levantamiento de la protesta que hasta este sábado realizaban las comunidades en la vía Panamericana. Minga, nos dice Aída, quiere decir “Caminar la Palabra” que para los indígenas significa llegar a acuerdos a través del diálogo, hablar y a través de la palabra reconocer al otro y su verdad. «Caminar la palabra es romper el miedo, el silencio y ha sido una lucha contra el abandono.» La Minga es una práctica ancestral de los pueblos indígenas de los Andes; cuando se convoca una Minga, ésta tiene prioridad sobre otras actividades que se posponen para cumplir con un propósito común. Los logros de la Minga son del colectivo y nadie, de manera particular, puede apropiárselos. Foto: Pares En vista de la inasistencia al Cauca por parte del Presidente, las organizaciones indígenas afirman que, desde el 13 de marzo, se vieron obligadas a recurrir al derecho a la protesta. Además, señalan que han tenido la disposición para recibir al Presidente y debatir esta situación con el Gobierno. Sin embargo, tras llegar a un acuerdo este viernes, en las próximas horas comenzaría el desbloqueo de la vía Panamericana. Pares: ¿Por qué la exigencia de que el Presidente Duque vaya al Cauca a reunirse y negociar con ustedes? Aída Quilcué Vivas: Nosotros vemos que este gobierno no ha cumplido, primero en la implementación del Acuerdo de Paz y esa misma situación se presenta con lo pactado históricamente con nosotros. Hemos firmado muchos acuerdos con los gobiernos, hemos llevado a cabo procesos de movilización en donde se firman muchos acuerdos, pero no se cumplen. Nosotros hacemos esa exigencia porque tenemos puntos políticos y puntos estructurales en los cuales consideramos que, como ocurrió hace una semana, nos sentamos en Santander de Quilichao con la Ministra del Interior para abordar los temas de la Minga y estuvimos seis días sin respuesta, de hecho, consideramos que el gobierno no nos irá a responder como debe ser, pero por lo menos queremos dejar planteadas las preocupaciones históricas que tenemos los pueblos indígenas. Pares: ¿Cuáles son esas preocupaciones históricas de los pueblos indígenas? A.Q.V: Uno de los asuntos es que vemos un riesgo, por los intereses del mismo gobierno, de desmantelar derechos estructurales como el derecho fundamental a la consulta previa o a la consulta popular. Otro asunto es cómo proteger la tierra; en este momento ya no solo se le entrega a las multinacionales, sino que además se está desplazando a la gente de los territorios, y a raíz de eso, están matando a la gente, están matando a nuestra gente y para nadie es un secreto que ha sido de manera sistemática. Tanto así que le tocó reconocer eso al Fiscal General de la Nación. Son muchos los temas que tenemos ahí pendientes y nos parece importante abordarlos con el Presidente, asuntos como la implementación de los sistemas de salud, educación y compra de tierras para las comunidades. La Organización Indígena de Colombia ha sido enfática en señalar que es necesario que existan verdaderas garantías de no estigmatización, no criminalización y no judicialización y recordó que el Movimiento Indígena está en Minga no por capricho, sino por una necesidad tácita de ser escuchados por el Gobierno Nacional y llegar acuerdos fundamentales para garantizar la vida y pervivencia de los pueblos originarios. Foto: Pares Pares: El gobierno ha dicho que les ha cumplido y que, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo hay aprobados 10 billones de pesos para las comunidades indígenas ¿Cómo analiza esta respuesta? A.Q.V: Ese presupuesto del que habla el gobierno no está contemplado en la estructura del Plan Nacional de Desarrollo, es solo un anexo del documento, es decir, que en la actualidad ese dinero está volando. Esos 10 billones están tambaleando porque muchas veces nosotros concertamos el Plan, pero entonces ahora el gobierno decidió que quedara como un simple anexo, sujeto a la transversalidad de transferencias e inversiones que están sumando pero de acuerdo a los intereses de ellos, no de acuerdo a las necesidades y realidades de las comunidades. Pares: También ha señalado el gobierno que les han dado tierras, pero que ustedes no hacen nada con ellas y son terrenos improductivos ¿Es así? A.Q.V: Es importante hablar del concepto de desarrollo, que se mira desde el gobierno, desde el capitalismo, que no es el mismo de nosotros. Para nosotros el desarrollo es cuidar la tierra, no es explotarla como lo está diciendo la Ministra del Interior o el gobierno. Nosotros cuando trabajamos la tierra, la trabajamos para beneficio de la familia, pero también de la comunidad, y no todo se está pensando en que tiene que venderse y ser productivo en esos términos. Hoy, por ejemplo, es importante aclarar que en algunas comunidades indígenas también hemos avanzado en algunos procesos de industrialización, sin embargo, las garantías de comercialización no existen de manera diferenciada en el país. Entonces diría que el gobierno no puede decir que no le aportamos al país, porque nosotros sí le aportamos de distintas formas al país. El problema también de la comercialización es que no existen garantías ni siquiera para la misma producción. Por ejemplo los empresarios tienen conceptos diferentes a los nuestros; yo hablaría del tema de la vida. Nosotros no somos empresarios y pensamos distinto, el empresario está metido en su negocio, en su empresa y solo piensa en que el país se mueve como se mueve la empresa, y resulta que Colombia tiene muchas formas de moverse. Pares: ¿Qué piensa de las quejas diarias de los gremios económicos y el gobierno acerca de las millonarias pérdidas y las afectaciones económicas para la región debido al bloqueo de la vía Panamericana? A.Q.V: Hay que mirar lo que realmente ocurre en el país. Por ejemplo la pobreza extrema. Yo he estado en muchas de las ciudades y miro con mucha preocupación que hoy a nadie parece preocuparle lo que está pasando con la vida de la gente, su salud, su vivienda, su alimentación. Es muy grave. Lo que pasa es que a nosotros nos asiste protestar porque no tenemos las garantías, como ya hemos dicho de manera reiterada, pero se habla solamente de estas pérdidas económicas, pero lo que uno ve es que nunca se habla de las verdaderas pérdidas en las vidas humanas en el país, en las condiciones mínimas de subsistencia de millones de personas. Por ejemplo todo lo que pasa en la Guajira, en el Chocó, en Antioquia, incluso en el mismo Cauca, donde hay confinamiento, donde hay hambre, donde hay muchas situaciones y a veces uno siente que no se le da ninguna importancia a estas realidades por parte del gobierno colombiano. No hacen nada para resolverlo. Pares: También se ha dicho, por parte de las autoridades, que la Minga está infiltrada por grupos ilegales ¿Cuál es su respuesta al respecto? A.Q.V: Eso lo han dicho siempre, no solamente esa versión de que hay infiltración, sino que estamos promovidos por el terrorismo. Eso ha sido siempre una excusa y una justificación para tratarnos con violencia por parte de la fuerza pública. Pero lo único cierto es que aquí hay comunidades indígenas con dignidad y dispuestas a resistir de manera firme y respetando nuestros principios y convicciones. Pares: ¿Qué pasa si el Presidente, definitivamente, no viene al Cauca y no se reúne con la Minga Indígena? A.Q.V: Pues que nosotros seguimos en Minga, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, aquí estaremos esperando al Presidente, la solución está en manos del gobierno colombiano. Pares: ¿Qué es para usted la dignidad? A.Q.V: La dignidad es que nos miren a nosotros tal y como somos, como indígenas, no como el gobierno quiere que seamos, con una cultura distinta con una forma de vivir, de pensar y con una forma de organizarnos distinta. Dignidad es respetarnos tal y como somos los pueblos indígenas del país. El Gobierno Nacional y los dirigentes de la Minga indígena alcanzaron en la noche de este viernes un preacuerdo para levantar los bloqueos que desde hace 27 días adelantan las comunidades en la vía Panamericana. Los líderes indígenas dejaron claro que el preacuerdo es temporal, y por ahora solo busca habilitar la vía para que el presidente Iván Duque pueda llegar a la zona a dialogar con ellos. Así lo anunció en las últimas horas el líder indígena Feliciano Valencia a través de su cuenta de Twitter Luego de intensas jornadas se han logrado acuerdos entre la #MingaSocialSuroccidente y el Gobierno Nacional. Celebramos la voluntad de las partes quienes a través del diálogo logran concretar acuerdos. Esperamos al Presidente @IvanDuque en el Cauca. — Feliciano Valencia (@FelicianoValen) April 6, 2019

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Desde hace una semana varios colectivos y organizaciones colombianas emprendieron una marcha, desde distintas ciudades europeas, hasta la Corte Penal Internacional – CPI, en La Haya (Países Bajos), para denunciar los asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales en Colombia, que ya suman 247 desde noviembre de 2016 hasta hoy, según la Fundación Paz y Reconciliación-Pares. La marcha que tuvo mayor visibilidad fue la que partió desde París, debido a que, durante nueve (9) días, un poco más de una veintena de colombianos caminaron, y otros se fueron sumando en defensa de las víctimas y por quienes aún siguen con vida, pero bajo amenaza. Tal y como lo establece el artículo 5 de su estatuto, la CPI tiene como finalidad juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. También es competente para depurar la responsabilidad penal internacional del individuo por los crímenes más graves y de trascendencia para la comunidad internacional. Desde el 2012 la CPI está dirigida por la Fiscal General Fatou Bensuda, de nacionalidad gambiana. Violencia contra líderes, un problema que persiste La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones registran más de 400 asesinatos de líderes y lideresas sociales hasta la fecha. Sin embargo, para Pares estas cifras se consolidan en el marco de la violencia selectiva. En ese sentido, el homicidio no es registrado como un asesinato de líder social sino que primero se investiga si ese asesinato fue en razón del ejercicio de su actividad como líder social. Otra razón de la variación en las cifras con otras organizaciones es el periodo en el que se han analizado los datos. En el caso de Pares, las 247 víctimas fueron contabilizadas desde la firma del acuerdo de paz. Por último, “el último contraste que hicimos muy fuerte fue con las cifras que registra el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sobre asesinato selectivo contra líderes sociales”, explicó el Coordinador de la línea de Postconflicto. En ese sentido, se realizó un proceso de contrastación a través del registro de prensa local, nacional y regional. Un recorrido hasta la Corte Penal Internacional El trayecto de unos 430 km tuvo tres objetivos: el mediático, el diplomático y el simbólico, según expresó Tamara Ospina, representante de los colectivos en Francia de las Ciudadanías de la Paz de Colombia, y de la marcha de París a La Haya en una rueda de prensa tras entregar las denuncias a la CPI. Como era una marcha de una semana atravesando varias ciudades y tres países, plantearon atraer a la prensa y así poder explicarle a la comunidad internacional el panorama actual de los derechos humanos en Colombia y el Acuerdo de Paz, firmado en 2016 con la exguerrilla de las Farc. “El segundo fue un objetivo de diplomacia ciudadana, e ir tocando puertas en cada una de las ciudades. Especialmente en Bruselas donde paramos tres (3) días, y nos reunimos con diputados europeos, con sociedad civil belga, miembros de la comunidad difundiendo la información sobre el asesinato de líderes sociales y la amenaza que existe al proceso de paz”, entre otros, explicó Ospina. El simbólico se planteó con “el hecho de caminar, caminar la palabra como dicen los indígenas. Cargar una tela negra para simbolizar a los muertos”, agregó. Otro de los voceros que llegó hasta La Haya, expresó que se fijaron dos propósitos para la marcha: 1. Detener el asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia, 2. Concretar los diálogos de paz. Y en ese sentido, se quiso llamar a la comunidad internacional. “La respuesta que nosotros esperamos de la Corte es básicamente que se pronuncie con relación al asesinato de los líderes sociales en Colombia. Pero también hay un tema que es muy importante, que es el tema de los acuerdos de paz”, añadió. Los caminantes llegaron el jueves a La Haya, Países Bajos, pero este viernes continuaron la marcha hasta las instalaciones de la CPI. La lucha de los defensores De acuerdo con Pares, este año podría empeorar la situación para los defensores de derechos humanos debido a que se celebran elecciones locales en octubre, y las tasas de homicidios tienden a aumentar en época electoral, y de manera particularmente alta, en las elecciones regionales. También por el riesgo de seguridad que tienen los líderes que impulsan proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, de restitución de tierra y para el esclarecimiento a la verdad, según Ariel Ávila, subdirector de Pares. Así mismo, el analista agregó que es importante que en estos ataques, no solo se identifique y capture al autor material, sino también y más importante aún, al autor intelectual de estos hechos. Dichos pactos originados tras el Acuerdo de Paz han revictimizado a los defensores por parte de los grupos que buscan el control de los territorios dejados por las Farc y de los propietarios de tierras despojadas. El apoyo desde Colombia Varios congresistas mostraron desde sus redes sociales el respaldo a esta iniciativa. Otros como Gustavo Bolívar y Gustavo Petro hicieron presencia directa en el lugar en apoyo a esta denuncia. Sin embargo, hubo líderes de opinión quienes rechazaron esta participación al ponerle un tinte político a la manifestación ciudadana. “Un saludo de fuerza, afecto y apoyo a todos los compatriotas que atraviesan en este momento #Europa hacia la CPI. Su apoyo es fundamental para millones de líderes sociales en todas las regiones de #Colombia”, expresó en su cuenta de Twitter la Representante a la Cámara, María José Pizarro. Desde La Haya, Bolívar aseguró el jueves estar muy contento “porque nuestros héroes y nuestras heroínas” lograron cumplir con la meta de arribar a la CPI. Después de 8 días de travesía desde Paris, nuestros héroes y heroínas a quienes duele la patria llegaron a La Haya. Están aquí para pedir a la CPI q investigue y castigue a quienes asesinan la paz, a quienes matan a defensores d la vida y la naturaleza. Q sientan nuestro aplauso! pic.twitter.com/2hZwtMN3sC — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) April 4, 2019 Al frente de la CPI los caminantes empezaron a repetir con voz fuerte: “Estamos denunciando el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales en Colombia”. “La Corte Penal Internacional nos espera para decirle al mundo basta ya ni un líder más asesinado ni una lideresa más asesinada, que no se derrame más sangre en Colombia”, indicó uno de los caminantes.