Por: Redacción Pares La Iniciativa Defendamos La Paz envía este viernes una carta al ELN encabezada por negociadores y facilitadores en los diálogos con esa guerrilla, en la que solicita un cese unilateral al fuego y de hostilidades lo más amplio posible. Bogotá D. C., 4 de abril de 2019. Señores Nicolás Rodríguez Bautista Pablo Beltrán Antonio García Pablo Laín Ramiro Vargas Comando Central Ejército de Liberación Nacional (ELN) Quienes suscribimos esta carta somos integrantes de la iniciativa Defendamos la Paz: desde una gran diversidad de posiciones políticas y sociales, nos une la convicción de que la paz es un fin supremo de la Nación, como lo consagra la Constitución, y que el diálogo es la vía idónea para resolver los conflictos del país. De nuestra iniciativa hacen parte negociadores y facilitadores que participaron en las conversaciones que condujeron al Acuerdo Final entre Gobierno y FARC, y otros que intervinieron en los diálogos con ustedes, también lideresas y líderes de organizaciones sociales que animaron los avances en materia de participación ciudadana en ese esfuerzo de paz. Hemos registrado como un verdadero retroceso en el proceso de solución definitiva de la confrontación armada el lamentable recrudecimiento de las hostilidades y de los muy dolorosos actos violentos en la capital de la República y en determinadas zonas del país, así como la decisión de cesar las conversaciones que desde hace años venían sosteniendo el Gobierno Nacional y el ELN. Ese retroceso es deplorable luego de que tras la fase exploratoria y largos ciclos de diálogos se hubiera logrado pactar una agenda y dar los primeros pasos hacia un Acuerdo de Paz. En los territorios del país, las comunidades que padecen a diario los efectos directos de la violencia piden que ese proceso se retome a la mayor brevedad. Hoy el país reclama de ustedes gestos categóricos que demuestren su voluntad de transitar con la mayor celeridad posible hacia el fin de la guerra. Al aproximarse el 9 de abril, Día Nacional de las Víctimas, desde la pluralidad que representamos les hacemos un llamado a que cuanto antes –y como lo han hecho en otras oportunidades- anuncien a Colombia un cese unilateral al fuego y de hostilidades que tenga los más amplios alcances, que permita avanzar en el objetivo de poner fin al conflicto armado, y que ahorre vidas, recursos y sufrimientos en los territorios donde ustedes hacen presencia. Firman: Negociadores y facilitadores en los Diálogos de Paz con el ELN – Frank Pearl Exjefe negociador de paz y firmante de la agenda pactada con el ELN, exalto comisionado de paz, exministro de Ambiente – Mauricio Rodríguez Munera Exjefe negociador con el ELN (agosto – octubre de 2016), profesor universitario y periodista – Juan Fernando Cristo Bustos Exnegociador de paz con el ELN y exministro del Interior – Alberto Fergusson Exnegociador de paz con el ELN y profesor universitario – José Noé Ríos Exnegociador de paz con el ELN y exviceministro – Roy Leonardo Barreras Montealegre Exnegociador de paz con el ELN y senador Partido de la U – Clara López Obregón Exnegociadora de paz con el ELN y exministra de Trabajo – María Alejandra Villamizar Exnegociadora de paz con el ELN y periodista – Álvaro Leyva Durán Exfacilitador de paz con el ELN, exministro y exconstituyente – Iván Cepeda Castro Exfacilitador de paz con el ELN y senador del Polo Democrático Alternativo – Darío de Jesús Monsalve Acompañante con la Iglesia católica al proceso del Gobierno con el ELN, arzobispo de Cali Otras personalidades que suscriben: – Humberto de la Calle Lombana Exjefe del equipo de paz de Gobierno en los diálogos con las FARC y exvicepresidente de la República – Rodrigo Londoño Echeverri Firmante del Acuerdo de paz y presidente del partido FARC – Acosta Medina Amilkar Exministro de Minas y Energía – Acosta Henry Exfacilitador de diálogos de paz en el proceso con FARC – Alape Pastor Firmante del Acuerdo de paz y dirigente del partido FARC – Albán Luis Alberto Firmante del Acuerdo de paz y representante a la Cámara del partido FARC – Alhach Ocampo Julián Empresario – Álvarez Carlos Guillermo Profesor Universidad Nacional Sede Medellín – Antequera José Activista defensor de derechos humanos – Arboleda Andrea Asociación Democracia Hoy – Arévalo Julián Decano Facultad de Economía Universidad Externado – Argote Muñoz Álvaro Presidente Polo Democrático – Arias María Camila Defensora de derechos humanos – Arias Mónica Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz-OIAP – Arias Luis Fernando Consejero Mayor, ONIC – Arias Wilson Senador Polo Democrático Alternativo – Avella Esquivel Aida Yolanda Senadora Coalición Lista de la Decencia – Ávila Martínez Ariel Subdirector Fundación Paz y Reconciliación – Ballén Rafael Asociación Democracia Hoy – Barón Claudia Liliana Comunicadora Vamos por los Derechos – Barrios Alejandra Directora Misión de Observación Electoral (MOE) – Bejarano Guzmán Ramiro Columnista de opinión y abogado – Benedetti Armando Senador del Partido de la U – Bernal Luz Marina Líder de las madres de las víctimas de los ‘falsos positivos’ – Bolívar Gustavo Senador Coalición Lista de la Decencia -Bonilla Sebá Edna Cristina Profesora de la Universidad Nacional – Borja Díaz Wilson Alfonso Exrepresentante a la Cámara y dirigente político del Polo Democrático Alternativo – Botero Catalina Exrelatora Especial de Libertad de Expresión de la CIDH/OEA y abogada – Caballero Argaez Carlos Exministro de Minas y Excodirector del Banco de la República – Cabrera Mauricio Economista – Caicedo Omar Carlos Eduardo Exalcalde de Santa Marta – Cala Suárez Jairo Reinaldo Representante a la Cámara Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC – Caycedo Jaime Secretario General del Partido Comunista Colombiano – Cárdenas John Jairo Representante a la Cámara del Partido de la U – Carrascal Mafe Activista política – Carreño Carlos Alberto Representante a la Cámara del partido FARC – Castilla Alberto Senador Polo Democrático Alternativo – Catatumbo Pablo Firmante del Acuerdo de paz y senador del partido FARC – Celis Luis Eduardo Analista en temas de paz y conflicto armado – Cerón Angela Directora, Iniciativa de Mujeres por la Paz – Colón Torres Rafael Alfredo General (r) y exdirector Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonas – Colorado López Jesús Abad Periodista y fotógrafo documental – Córdoba Marino Presidente Afrodes – Correal Julio Hernán Actor, director y autor teatral – Cristo Bustos Andrés Senador Partido Liberal – Cuellar Adriana Periodista – Daza Imelda Dirigente política – De Currea Lugo Víctor Periodista y profesor universitario – Delgado Maldonado Silvia Abogada de la Universidad Javeriana y Master en Derecho Internacional de la Universidad de Nueva York – Díaz Uribe Eduardo Exministro de Salud y Exdirector de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos – Díaz Jaime Director Podión – Duque Lisandro Director de cine y columnista de opinión – Dussan Jaime Exsenador de la República y dirigente político – Duzán María Jimena Periodista – Escobar Ángela María Coordinadora Red de Mujeres Víctimas y Profesionales – Estrada Jairo Profesor de la Universidad Nacional, integrante de la CSIVI en representación de la FARC – Fajardo Valderrama Sergio Exgobernador de Antioquia – Fayad Ramón Exrector Universidad Nacional de Colombia – Fries Martínez Bertha Lucia Víctima del atentado de las Farc al Club EL Nogal y Empresaria – Gaitán Pilar Exvicecanciller – Galindo Pedro Profesor Universidad Nacional – Gallo Cubillos Julián Firmante del Acuerdo de paz y senador del partido FARC – Garcés Córdoba Mariana Exministra de Cultura – Garcés María Teresa Constituyente 1991 – García David Exdirector Orquesta Filarmónica – García Figueroa Gustavo Asesor político – García Lidio Arturo Senador del Partido Liberal – García Peña Daniel Exalto comisionado para la paz y columnista de opinión – García Realpe Guillermo Senador del Partido Liberal Colombiano – Gaviria Alejandro Exministro de Salud – Gil Andrés Presidente Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – Gil Laura Politóloga y directora La Línea del Medio – Goebertus Estrada Juanita María Asesora jurídica de la delegación de Gobierno en los diálogos de paz con FARC y representante a la Cámara del Partido Alianza Verde – Gómez Andrei Director Rodeemos el Dialogo – Gómez Lara Federico Periodista de la Revista Semana – Gómez Londoño Luis Ernesto Exviceministro del Interior – Gómez Yiya Activista por la Paz – Comunicaciones Viva la Ciudadanía – González Benedicto de Jesús Representante a la Cámara del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – González Posso Camilo Exministro e investigador – González Jorge Iván Profesor Universidad Nacional de Colombia – González Roberto Historiador y profesor de la Universidad del Norte – Gutiérrez Soraya Defensora de derechos humanos y miembro del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ – Guerrero Luis Guillermo Director CINEP – Hartman Felipe Profesor universitario y concejal en Villavicencio por el Polo Democrático Alternativo – Henao Juan Carlos Expresidente de la Corte Constitucional – Herrera Botta Adriana Empresaria – Hommes Rudolf Exministro de Hacienda, exrector de la Universidad de los Andes y columnista de los principales diarios del país – Iragorri Valencia Aurelio Exministro de Agricultura – Jiménez Alvaro Director, Campaña Colombiana contra las Minas -Jacobsen Luis Carlos Facilitador de Conversaciones y Procesos de Aprendizaje – Juvinao Catherine Periodista y activista social – Kohon Mariela Exasesora de la delegación de paz de las FARC y exdirectora de Justice for Colombia – Lara Salive Patricia Escritora y columnista – Leal Buitrago Francisco Profesor Emérito de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes – León Hoyos Diego Actor – Londoño Maricela Periodista – López Alexander Senador del Polo Democrático Alternativo – López Claudia Dirigente del Partido Alianza Verde y exsenadora – López Montaño Cecilia Exministra de Agricultura, exsenadora y economista – López José Daniel Representante a la Cámara por el partido Cambio Radical – Lozano Correa Angélica Lisbeth Senadora del Partido Alianza Verde – Mantilla Ignacio Exrector de la Universidad Nacional de Colombia – Márquez Mina Francia Elena Integrante del Proceso de Comunidades Negras y Ganadora del Premio Goldman de Medio Ambiente – Martínez Diego Integrante Comisión Jurídica constituida en las conversaciones de paz – Marulanda Gómez Luis Iván Senador del Partido Alianza Verde – Mayr Juan Ecologista, exministro de Medio Ambiente y exembajador en Alemania – Medina Uribe Henry General (r) – Mejía Duque Claudia Directora Sisma Mujer – Mockus Antanas Senador del Partido Alianza Verde – Mojica Vanegas Edgar Líder sindical de la USO y la CUT – Muñoz Lopera León Fredy Representante Partido Alianza Verde – Murillo Luis Gilberto Exministro de Ambiente – Navarro Wolff Antonio Dirigente del Partido Alianza Verde y exsenador – Navarro Xinia Concejal de Bogotá – Navas Talero Germán Representante a la Cámara del Polo Democrático Alternativo – Nieves Celio Concejal del Polo Democrático Alternativo – Ocampo Cesar Exdirector de Colciencias – Orgulloso Alberto Director Escuela Nacional Sindical – Orozco Abad Iván Profesor Universidad de los Andes – Ortíz Orlando Asociación Democracia Hoy – Pardo Alberto Director MundiPaz – Pardo Rafael Exnegociador de paz y exministro – Parra Gabriela Periodista – Parra Ernesto Director Corfas – Paz Carlos Arcesio Empresario – Petro Urrego Gustavo Senador de la República y presidente del movimiento político Colombia Humana – Pizarro Rodríguez María José Representante a la Cámara de la Coalición Lista de la Decencia – Quintero Calle Daniel Exviceministro – Quintero Jairo Representante a la Cámara del partido FARC – Cardona Gelacio Presidente del Comité Permanente por la Defensa de los DDHH – Racero Mayorca David Ricardo Representante Coalición Lista de la Decencia – Ramírez Ríos Gloria Inés Exsenadora y dirigente política del Partido Comunista Colombiano – Ramírez Sandra Senadora del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – Restrepo Álvaro Director del Colegio del Cuerpo – Restrepo Gallego Griselda Janeth Exministra de Trabajo – Reyes Alvarado Yesid Exministro de Justicia – Rivera Flórez Guillermo Exministro del Interior – Robledo Gómez Ángela María Representante a la Cámara y vicepresidente del movimiento político Colombia Humana – Robledo Jorge Enrique Senador Polo Democrático Alternativo – Rodríguez Roosvelt Senador Partido de la U – Rodríguez Vladimir Exsubdirector de Reparación Colectiva a las Víctimas – Rojas Jorge E. Exsecretario de Integración Social – Romero Marco Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Nacional y director de Codhes – Salas Pedro Pablo Líder social de Boyacá, promotor de paz y reconciliación – Salcedo Doris Escultora – Sanabria Luis Emil Director de Redepaz – Sánchez Diana Directora Asociación MINGA – Sánchez Gonzalo Exdirector del Centro de Memoria Histórica y Profesor Emérito Universidad Nacional – Sánchez Gimena Directora de los Andes Washington Office on Latín América-WOLA – Sánchez Olga Amparo Directora Casa de la Mujer – Sandino Victoria Firmante del Acuerdo de paz y senadora del partido FARC – Sandoval Luis Ignacio Asociación Democracia Hoy – Sanguino Páez Antonio Senador del Partido Alianza Verde – Sanín José Luciano Director de Viva la Ciudadanía – Serpa Moncada Horacio José Senador del Partido Liberal – Socarrás Reales Fredys Miguel Exviceministro de Trabajo – Toloza Francisco Javier Exvocero de paz – Tovar B. Jorge A Coordinador Nacional de Redprodepaz – Tufano Sara Socióloga – Trejos Luis Profesor de la Universidad del Norte – Triana Gustavo Secretario General del Polo Democrático Alternativo – Ungar Bleier Elizabeth Exdirectora de Transparencia por Colombia – Uribe Alirio Defensor de derechos humanos, miembro del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ y exrepresentante a la Cámara – Valencia Agudelo León Director Fundación Paz y Reconciliación – Valencia Fernando Director Corporación Conciudadanía – Valencia Medina Feliciano Senador Partido MAIS – Vargas Rubiel Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los DDHH – Vargas Velásquez Alejo Director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz – Universidad UN – Velasco Luis Fernando Senador del Partido Liberal – Velásquez Fabio Presidente del Foro Nacional Por Colombia – Villa Martha Inés Directora de la Corporación Regional – Villegas Tascon Francisco Empresario – Villegas Luis Carlos Exnegociador de paz con las FARC y exministro de Defensa Capitulo Defendamos la Paz Atlántico – Aura Amelia Pareja Benítez Defensora de derechos humanos – Lascario Humanez Caribe Humano – Amaury Díaz Romero Escritor – Gloria Ulloa Alvarado Pastora Presbiteriana – Presidenta del consejo mundial de iglesias para América Latina y el Caribe. – Alfredo González B. Director Fundación cultural la sombra del matarraton – Juan Carlos Sandoval Mendoza Comité permanente de Derechos Humanos – Monseñor Fernando Sánchez Alarcón Iglesia Anglicana – Geminiano Pérez Unión Patriotica – Luis Cruz Casa de solidaridad de los pueblos Capítulo Defendamos la Paz Cesar Fabián Vega Villazón – Abogado Andrea Carolina Navarro Gladys Mongui Morales Luz Marina Restrepo Mayo Jorge Miguel González Jiménez Jackelin Ríos Puertas Jose Luis Peralta Pacheco Luis Silva Machado Gustavo Díaz Camargo Karen Peralta Sepúlveda Karen Arias Luquez Rosa Murillo Maestre Rony Medina González Thais Ruiz Daza María Cantillo Afanador Rosa Murillo Maestre Lizandro Martínez Vaca Abel David Juyo Carlos Castro B. Lorena Vega C. Milena Varela H. Liliana Martínez Hilmer Costa Gualberto Villadiego Lugaynis Eguis Capitulo Defendamos la Paz Boyacá Jorge Venencia Villate Astrid Castellanos Correcha Julián Andrés Perdomo Mendoza Maryory Catherin Ortiz Álvarez León Mojica Klinsman Steven Hernández Martínez Lina margarita remolina Granados Fanny Maritza Fiallo Oviedo Robinson Duván Gutiérrez Sánchez Joana Andrea Camargo Puyo Edward Fonseca Anyi Elisabeth Porras Acuña Flor Ángela Acuña Gualdrón Michell Natalia Gómez Sierra Omar Caro Olaya Jennifer Alexandra Solano Pérez Annia Carolina Forero Murillo Elías Hernández Catalina Mora Rivera Organizaciones – Grupo de Trabajo Género en Paz – GPaz – Red Nacional de Defensoras de DDHH – Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ – Red Nacional de Mujeres – Organización Nacional Indígena – ONIC – Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales. – Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres Paz y Seguridad – Corporación CIASE

Por: Juan Camilo Rodríguez Guerra. Asistente de investigación Pares Si el Gobierno Nacional quisiera actuar frente a los riesgos que el posconflicto trae a los ecosistemas colombianos, debería estudiar las experiencias en el mundo donde la deforestación aumentó considerablemente tras la terminación de un conflicto armado. Nepal, Sri Lanka, Costa de Marfil y Perú son países con altos niveles de biodiversidad, que tuvieron un conflicto armado activo en los últimos 20 años, en los cuales la deforestación aumentó en promedio un 68% durante el periodo de posconflicto. Razones de la deforestación en el postconflicto Esa fue la conclusión de un estudio de la Universidad de Vermont, Estados Unidos, que resulta pertinente ante la dramática situación de los bosques colombianos, los cuales sufrieron en 2017 la mayor deforestación de la década. Según el estudio mencionado, la principal causa es la salida de estructuras armadas, lo cual abre una ventana de oportunidades para la apropiación de tierras y de recursos que anteriormente eran controlados ilegalmente. Definitivamente, la poca importancia que se le da a estos territorios por parte de los Estados, incentiva que los ecosistemas sean transformados por privados, quienes omiten los servicios ambientales que los bosques proveen y se dedican a desarrollar actividades ganaderas, monocultivos o especulan con los precios que ciertas áreas tendrán en un futuro. A la espera del reporte del IDEAM para el año 2018, todo parece indicar que la tasa de deforestación sigue en aumento: las cuatro alertas tempranas de ese año muestran la agudización del fenómeno en distintos departamentos del país. Los más preocupantes: Caquetá, Guaviare y Meta. La depredación forestal sigue en aumento Frente a esta problemática el presidente Duque no planea hacer mucho. Evidencia de esto es el Plan Nacional de Desarrollo, donde el gobierno se lava las manos al fijar como meta mantener la deforestación al mismo nivel del año 2017. La gravedad de esta decisión se hace evidente en la siguiente gráfica: En el primer año tras la firma del Acuerdo de paz con las FARC-EP fueron 219.075 las hectáreas deforestadas, cifra un 47% mayor al promedio de deforestación entre 2011 y 2016. Esto, validado mediante imágenes satelitales que georreferencian el fenómeno, no pareció preocupar al Presidente o a su gabinete o a su partido, quienes comedidamente fijaron la meta de deforestación a que aumente en un 0%, es decir, que la misma cantidad de hectáreas sean deforestadas (PND, página 423; Pacto IV, título B. “Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación”, 3. Metas). Otro grave problema sin la atención de este gobierno Permitir esto cuando en Caquetá la deforestación aumentó un 127% con respecto al año anterior, en Guaviare un 233% o en Meta un 60%, es no reconocer la magnitud del problema y la amenaza constante a los ecosistemas boscosos colombianos. Gráfica 2. Total de hectáreas deforestadas en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta entre 2011 y 2017. A la espera de que el gobierno muestre preocupación por este panorama que pone en riesgo la biodiversidad, de la que tanto se espera para la producción nacional, el proceso de colonización de tierras no se detiene, especialmente en zonas con proyectos de vías terciarias. El acaparamiento de tierras, la extensión de zonas ganaderas y la reconfiguración de estructuras armadas ilegales en los territorios, son una realidad que no será frenada a partir de aquella vaga idea de producir conservando y conservar produciendo.

Por: Redacción Pares En el Día Internacional de la sensibilización contra las minas antipersonal, que se conmemora este 4 de abril, la organización Mil Víctimas, que reúne a miembros del Ejército Nacional que fueron víctimas de las minas antipersonal, le entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe «La devastación de un pueblo: medios y métodos de guerra ilícitos empleados por las Farc». Este informe da cuenta de las afectaciones causadas por estos explosivos y que empleó este grupo guerrillero durante el conflicto armado. El uso de minas antipersonal es una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, es decir, un crimen de guerra que será sancionado por la JEP. Más de siete mil víctimas de las minas antipersonal De acuerdo con la investigación presentada ante esta jurisdicción, 7.413 militares fueron víctimas de estos artefactos. En Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Arauca fue donde hubo más casos reportados. El general Javier Ayala, jefe del departamento Jurídico del Ejército, dijo que «con esta entrega, la Organización Mil Víctimas y el Ejército Nacional buscan visibilizar a los militares víctimas de minas antipersonal y a sus familias». «Las víctimas esperamos que no haya impunidad» Para el magistrado Óscar Parra, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, el informe es un insumo muy valioso que brinda «elementos para determinar cómo debe ser la justicia restaurativa que la JEP tiene que aplicar en todas sus actuaciones». Por su parte, Carlos Julio Susa Rodríguez, quien perdió sus piernas por minas antipersonal en el año 2000, indicó que los militares víctimas de estos hechos confían en la no repetición de lo sucedido y esperan que no haya impunidad. Y expresó: «Esperamos que hechos como estos no se sigan repitiendo en Colombia. No queremos más víctimas de minas antipersonal».

Por: Redacción Pares Una importante afectación a la vida social y económica denunciaron ante la Contraloría General, las comunidades afectadas en la zona de influencia del Río Cauca por el proyecto Hidroituango. La entidad de control recibió alrededor de 300 denuncias que fueron trasladadas a EPM, las Alcaldías, las Gobernaciones y otras entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Unidad Nacional de Protección y la Procuraduría General, entre otras. Graves daños a la subsistencia De acuerdo a los testimonios recogidos por la Contraloría, las poblaciones damnificadas derivan su sustento, en un 90 por ciento, de actividades socioeconómicas como la pesca, el barequeo, el comercio de arenas y la agricultura, fuertemente afectadas por la situación actual del río. También se denunció que no hay claridad sobre las ayudas para la población afectada y no existen programas concretos de reactivación económica. En el recorrido realizado, la Contraloría General recogió algunos testimonios de habitantes de la región. Santiago González, pescador de Valdivia, dice que “Como pescador no he podido ejercer la actividad como tal, por lo que las especies fueron muy afectadas. Luego el cierre de la compuerta terminó afectando más al río, en su cauce”. «Estamos ante un exterminio cultural» Ana María Ladeo, habitante del corregimiento de Puerto Valdivia, dice: “Es injusto que después que nos digan a los sectores que ya no retornan, que estamos dentro de una mancha de la inundación, ahora quieran hacer con nosotros lo que ellos quieran, y digan que van a mitigar las cosas arreglando las casas y no respondiendo como nos deben de responder.” Por su parte, Cecilia Moros, cacica de la comunidad indígena El Manantial, del corregimiento Guarumo, indicó “Estamos ante un exterminio cultural de las comunidades indígenas del Bajo Cauca, porque si nuestra economía es del río por tradición, de años atrás, y no la quitaron, entonces no vamos a poder seguir, con nuestras costumbres culturales y ancestrales que teníamos”. Yonhani Paternina Fernández trabaja como apoyo en la coordinación de riesgo de Ayapel (Córdoba) manifiesta “hubo afectación psicológica a los habitantes de los ocho corregimientos del municipio que podrían ser afectados si Hidroituango llega a desbordarse o a romper la compuerta”.

Por: Redacción Pares Este 25 de abril es la fecha que Movimientos y Organizaciones Étnicas, Sociales, Sindicales y Políticas de Colombia, han determinado para El Paro Nacional 2019. El paro se decidió en el marco del encuentro nacional de organizaciones sociales y políticas realizado el pasado mes de febrero en Bogotá, en el que participaron 380 delegados en representación de 170 organizaciones del orden nacional y regional. Las razones de la movilización nacional La jornada de protesta es una manifestación de rechazo a la cadena de asesinatos de líderes sociales, al incumplimientos del Acuerdo de Paz y la no continuidad de las negociaciones de paz con el ELN, y contra algunas medidas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo que el Gobierno presentó a discusión del Congreso. Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC, le manifestó a PARES que “el paro tiene que ver con la toda la situación que vive el país, al retroceso que hay en materia de paz, al asesinato sistemático de las y los líderes sociales y étnicos de Colombia”. Fundamentalmente, el clamor por la defensa de la vida es el sentir del paro del 25 de abril, según Arias. En ese sentido “tiene que ver con la protesta que hemos venido señalando en el marco del Plan Nacional de Desarrollo que lanzó el gobierno del presidente Iván Duque”. Esto, entre otras cosas, está vinculada con la tensión territorial que hay por la falta de seguridad para nosotros en los territorios y el creciente desplazamiento que han sufrido las comunidades Embera Dóbida, Chami, Eyabida, Larios, Zenu y Wounnan. Al igual para los pueblos afrodescendientes que viven en los territorios colectivos. Incumplimiento con el Acuerdo de Paz Sobre la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, Arias manifiesta que tienen un pliego de peticiones de seguridad, ya que el territorio plantea unos desafíos por cuenta de la disputa de grupos armados en la zona, producto de violencia por el control territorial. Asimismo, la situación se recrudece por la ausencia de proyectos productivos, el desminado y las políticas sobre la sustitución de cultivos de coca que competen a las comunidades a lo largo y ancho del país. La decisión obedece a que “los incumplimientos continúan, nosotros tenemos unas apuestas reivindicativas y esperamos que los acuerdos que hemos venido alcanzando con el Estado se honren en el Plan Nacional de Desarrollo.” Otras razones para la movilización Las organizaciones que convocan esta jornada de movilización social también denuncian la violencia contra las mujeres y los feminicidios, la violación de los derechos de las comunidades y pueblos étnicos. Así mismo, se levanta la voz ciudadana en contra de la negación del conflicto social y armado, los derechos de las víctimas, el fortalecimiento del paramilitarismo, la militarización de los territorios, el tratamiento de guerra, criminalización y la estigmatización a la protesta social.

Por: Redacción Pares Esta semana, la Comisión de la Verdad se reunió con el Centro de Análisis de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares para articular el aporte que pueden hacer los militares en la construcción de la verdad. Un trabajo conjunto El encuentro sirvió para acercar posiciones y las dos entidades se comprometieron a seguir trabajando en conjunto de cara los próximos tres años, tiempo que durará el mandato de la Comisión. El grupo de la reserva activa entregó informes detallados a la Comisión sobre orígenes del conflicto colombiano, además dio un balance sobre lo que ha sido el trabajo de la entidad. Los participantes del encuentro Por su parte, el grupo de comisionados y comisionadas, hizo observaciones sobre el conflicto, los avances logrados durante el mandato y valoró los documentos recibidos con miras en que se constituyan en material útil en la construcción del informe final. Por parte del Centro participaron los mayores generales Juan Salcedo Lora, Luis Barbosa, Jairo Duván Pineda, Ricardo Rubiano Groot, el brigadier general José Camelo Piñeros, el coronel Manuel Santos Pico y el asesor Juan David Ramírez. Mientras que por la Comisión estuvieron el presidente Francisco De Roux, las comisionadas Alejandra Miller, Lucía González y Ángela Salazar y los comisionados Carlos Ospina, Saúl Franco, Alfredo Molano y Alejandro Valencia. «La verdad se logra escuchando a todas las partes» Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, hizo un balance de la reunión y destacó el aporte del grupo de la reserva activa para el trabajo de la entidad. “Hablamos de asuntos centrales para la Comisión, la doctrina de seguridad nacional, el paramilitarismo, el conflicto armado interno y muchas más. Estamos convencidos de que la verdad se logra escuchando a todas las partes y los generales que se presentaron trajeron planteamientos muy estudiados y hemos decidido analizarlos a fondo para continuar estas conversaciones.» Por su parte, el brigadier general José Arturo Camelo se mostró satisfecho con el acercamiento hecho con la Comisión. “Tratamos de equilibrar la balanza frente a los hechos que se causaron a través de conflicto. Mostrar la posición de las Fuerzas Armadas para que tengamos un acercamiento lo más posible a la verdad. Tenemos la mejor impresión de la Comisión, han sido muy receptivos.”

Por: Redacción Pares Este miércoles, en el marco de la instalación de la Macrorrueda Bicentenario, el Presidente Iván Duque le respondió a la Minga y a quienes han exigido su presencia en el Cauca para dialogar con las comunidades indígenas que han mantenido, durante un mes, la movilización y la protesta social en esta región. «Queremos llegar a un acuerdo en el Cauca. Pero quiero reiterar que el primer paso para que el país vea esa genuina vocación de llegar a este punto es levantando las vías de hecho. Sin vías de hecho, ¡allá estará el Presidente!» manifestó el mandatario. Duque reiteró, que «Es muy importante reivindicar los derechos todos los días. Pero no se puede acudir a las vías de hecho como mecanismo para reivindicar derechos, porque eso significa que los derechos de unos están por encima de los demás. Este ha sido un Gobierno de diálogo permanente.»

Por: Redacción Pares “El presidente de la República debería convocar a un Taller Construyendo País temático para sentarse en los próximos días con la minga, para que puedan exponer sus necesidades.» Así lo expresó, en el marco de la Minga Indígena que se desarrolla en el suroccidente del país y que ya cumple tres semanas, el Defensor del Pueblo, Carlos Negret. «El solo hecho del anuncio del señor Presidente de hacer dicho taller tiene que significar el desalojo de la vía Panamericana que afecta hoy a poblaciones en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño, especialmente”, expresó el funcionario. Por su parte, el senador Feliciano Valencia, quien representa a los pueblos indígenas, arremetió contra el presidente Iván Duque por empeñarse en no asistir a las negociaciones en el Cauca. “La Minga nos transmite que sigue esperando al señor presidente de la República para que se establezca ese diálogo y se pueda avanzar en las soluciones en términos de cumplir los acuerdos suscritos y que están plasmados mediante decretos”, manifestó Valencia este martes en la plenaria del Congreso.

Por: Ariel Ávila Martínez. Subdirector Pares. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho una declaración a finales de la semana pasada. Refiriéndose a Colombia, y en particular al presidente Iván Duque, manifestó que el presidente colombiano era “un gran tipo”, que Duque le había dicho que iba a detener las drogas, pero “hay más drogas saliendo de Colombia ahora mismo que antes de que fuera presidente”. Un verdadero baldado de agua fría para el ejecutivo colombiano. La política exterior de la administración Duque optó por tomar como único eje de acción obedecer a los Estados Unidos, para ello llevó su agenda de relaciones al tema de narcotráfico y obviamente al tema de Venezuela. Incluso los expertos en política exterior colombiana manifiestan que, si bien esta situación de girar solo alrededor del Tío Sam es una práctica recurrente, nunca se había visto una domesticación tan rápida y voluntaria del ejecutivo colombiano como la que ha hecho Duque. Ahora, con las críticas de su aliado principal, quedan al menos dos cosas claras. Por un lado, que sin Venezuela las relaciones entre Colombia y Estados Unidos son totalmente narcotizadas. Pero tal vez lo otro que queda claro es que las soluciones del gobierno Duque, el diagnóstico sobre el fenómeno del incremento de los cultivos y su lógica para entender este mercado, son totalmente erróneas. Colombia llegó a su punto más bajo de cultivos de uso ilícito en 2012 con cerca de 48.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, de ahí en adelante los cultivos comenzaron a incrementarse rápidamente, hasta llegar a cerca de 200.000 hectáreas sembradas entre 2017 y 2018. En su momento, cuando era oposición, el actual partido de gobierno, el Centro Democrático, manifestó que el incremento de los cultivos obedecía a tres razones. Por un lado, una “mano débil” del entonces gobierno Santos en la lucha contra las drogas, algo así como falta de enfoque en la seguridad y pocos niveles de represión. En segundo lugar, la ausencia de las fumigaciones con glifosato. No debe olvidarse que estas se detuvieron hace algunos años, como consecuencia de los posibles efectos secundarios. Para gran parte del mundo científico los efectos cancerígenos del glifosato son bastante visibles. Por último, acusaban al gobierno de un pacto por debajo de la mesa con las FARC para permitir mayores cultivos. Algo absurdo, pero fue un discurso que se propagó en campaña política. Ahora que el Centro Democrático esta en el poder se han dado cuenta de que sus recetas no parecen viables y sobre todo no resuelven el problema. Lo cierto es que el narcotráfico es un mercado complejo, que funciona como cualquier otro, es decir, bajo unas reglas básicas de demanda y oferta. Las causas del aumento de los cultivos de coca en Colombia son tres. Por un lado, la caída del precio del Oro. En Colombia cerca de 500.000 familias viven de las economías ilegales, las más importantes son la del narcotráfico y la minería ilegal. Así las cosas, estas familias se mueven bajo la lógica de las bonanzas. Desde 2006 hasta 2011 y parte de 2012 el precio del oro subió de forma sostenida, lo cual llevó a miles de familias a dejar de sembrar coca e irse a la minería. Cuando el precio del oro comenzó a caer entre 2012 y 2013 ocurrió el fenómeno contrario, y los cultivos de coca comenzaron a aumentar. La segunda explicación es el fortalecimiento del dólar o la devaluación del peso. Como en todo el mundo, se incrementó el precio del dólar y con ello, en Colombia, el pago de la pasta base de coca a campesinos mejoró. La última explicación y tal vez la más importante es el aumento del consumo de cocaína en el mundo. Europa aumentó el consumo, así como Brasil y los Estados Unidos. En este punto la regla es básica: a mayor demanda mayor oferta. Estos tres fenómenos no solo impactaron a Colombia. Generalmente cuando en Colombia aumentaban los cultivos de coca, estos caían en Perú y Bolivia y a la inversa. Pero desde 2015, aumentaron los cultivos de hoja de coca en los tres países. Así las cosas, nada tenía que ver este aumento de los cultivos de coca con el proceso de paz, o con la falta de mano dura de Santos. Es un fenómeno complejo, que no lo va a solucionar el glifosato o el encarcelamiento de campesinos pobres. Esperemos que el gobierno de Iván Duque y su partido entiendan la complejidad del problema. Esta columna de opinión apareció publicada originalmente en el diario El País

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares A partir de la investigación de la Fundación Paz & Reconciliación – Pares, EL SOFISTICADO MECANISMO DE CORRUPCIÓN DE LUIS PÉREZ que se realizó por más de un año, y en la que se obtuvieron diversos resultados sobre un sofisticado entramado de corrupción, tres personas de incidencia política en el departamento de Antioquia se han visto salpicados. El actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez Ramírez, el candidato a la gobernación de Antioquia, Mauricio Tobón Franco y el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Jorge Enrique Vélez son nombres que hacen parte de este trabajo que realizó Pares. MAURICIO TOBÓN FRANCO Mauricio Tobón forma parte, actualmente, de los nombres de exfuncionarios, tanto de la alcaldía de Medellín como de la Gobernación de Antioquia, que renunciaron a sus cargos para comenzar la candidatura por los puestos de los salientes Luis Pérez y Federico Gutiérrez. Tobón renunció como gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) en 2019 para iniciar su campaña, que, en no más de 25 días logró 136.536 avales ciudadanos para aspirar a dirigir el futuro del departamento, en lo que debió ser un promedio diario de 5.400 para conseguir el aval. Las firmas fueron entregadas a la Registraduría por el movimiento “Tú Puedes” y fueron enviadas al Consejo Nacional Electoral (CNE). Tobón es economista de la Universidad Eafit y especialista en Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue concejal de Medellín por el fajardismo entre 2004 y 2007, asimismo, fue gerente de la campaña de Juan Carlos Vélez Uribe a la Alcaldía en 2015, y fue candidato a la Cámara por la lista cerrada del Centro Democrático en el 2014, sin embargo, se quemó en su incursión uribista. Entre otras cosas, gerenció la Contraloría General de la República en Antioquia y es el cofundador y dueño del portal Minuto 30. Desde la llegada de Luis Pérez a la gobernación, en enero de 2016, Tobón está a cargo de la entidad más poderosa de la Gobernación, el IDEA. Las cifras han sido sorprendentes, ya que el IDEA para 2015, generaba pérdidas de 27.384 millones de pesos y a su salida registró utilidades por $14.328 millones. Su cargo en el IDEA le ha generado un fortín político aun sin ser aspirante, debido a la relación del Instituto con alcaldes, diputados y concejales y en el préstamo de dinero a municipios para realizar obras y proyectos. Cabe decir, que en su momento el IDEA era el mayor accionario en el proyecto de Hidroituango. Para 2008 el IDEA y EPM tenía la misma participación accionaria, sin embargo, ese año el IDEA aumentó su control con 52,88%, EPM terminó con 46,5% y el 0,62% restante en otros 27 accionistas. En 2010, tal como lo señaló la Revista Dinero, tuvo lugar un acuerdo firmado de voluntades en las que llegaron a un arreglo por las asperezas que había despertado la avanzada de IDEA. El pacto consistió en lo siguiente: “Ni la Gobernación de Antioquia ni el Idea venderían sus acciones en la sociedad Hidroituango, de tal manera que el departamento no perdiera el control de la sociedad”. “La Gobernación y el Idea recibirían una remuneración a la firma del convenio y la garantía de un pago anual durante los años de operación en que EPM tuviera a su cargo el proyecto”. “Garantizar a EPM la tasa interna de retorno similar a la que la empresa obtiene en promedio de sus proyectos de generación de energía. Así, al Idea le dio la posibilidad de acceder a unos ingresos que estimaba en ese momento en más de US$700 millones, y a EPM incorporar en su cadena de generación uno de los proyectos más relevantes en el mediano plazo en Colombia y el más grande en el país”. LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ El actual gobernador de Antioquia fue alcalde de Medellín entre 2001 y 2004 por el partido liberal, fue rector de la Universidad de Antioquia y fue secretario de Educación del alcalde Sergio Naranjo. Asimismo, fue director Planeación y Secretario de Beneficencia de Antioquia. Pérez Gutiérrez ya había intentado llegar a la Alcaldía de Medellín en 1997, pero perdió el pulso contra Juan Gómez Martínez. En su periodo como alcalde se realizó la Operación Orión, el 16 de octubre de 2002. En dicha avanzada, cerca de 2000 uniformados y funcionarios judiciales del Ejército Nacional, el extinto DAS, la Policía, el CTI y las ‘Fuerzas Especiales Antiterroristas’ se tomaron la comuna 13 de la ‘ciudad de la eterna primavera’ con armas, helicópteros y tanquetas. Según el CNMH, esta intervención militar en el territorio urbano dejó más de 600 víctimas directas entre retenidos, desplazados, heridos, muertos y desaparecidos. Del total, hubo 105 personas desaparecidas forzosamente, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 17 homicidios a manos de la fuerza pública y 80 civiles heridos. En 2007, en pleno inicio del segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, de quien tenía respaldo total, Pérez Gutiérrez aspiró, nuevamente, a la alcaldía de Medellín, pero perdió con Alonso Salazar. Ya para la gobernación de 2015, Pérez Gutiérrez contó con el respaldo del Partido Liberal y Cambio Radical, con espaldarazo de Germán Vargas Lleras. De esta forma, Pérez Gutiérrez obtuvo 819.389 votos, venciendo a Andrés Guerra Hoyos, que era el candidato del Centro Democrático y Federico Restrepo Posada, ficha del gobernador en ese momento, Sergio Fajardo. Actualmente, Pérez Gutiérrez está enfrentando la crisis que produjo el fracaso del proyecto de Hidroituango. Recientemente, Ramiro Valencia Cossio y Marco Velilla, integrantes de la Junta Directiva de Hidroituango S.A, señalaron que Pérez Gutiérrez estaba entregando información no aprobada por la junta. JORGE ENRIQUE VÉLEZ GARCÍA Nació en Medellín y allí estudió Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue secretario de Transportes y Tránsito, cuando el alcalde de Medellín era Juan Gómez Martínez (1998 a 2000), y llegó a ser secretario de gobierno de la alcaldía de Luis Pérez Ramírez en 2001. Vélez García fue candidato a la alcaldía de Medellín para 2004, pero perdió el pulso con Sergio Fajardo. Fue candidato fallido al Senado de la República en varias ocasiones, pero consiguió llegar al Capitolio para reemplazar a Luis Carlos Torres Rueda (destituido e inhabilitado por irregularidades contractuales como gobernador del Meta entre 2000 y 2003). Juan Manuel Santos lo nombró Superintendente de Notariado y Registro en 2010, posesionado por Germán Vargas Lleras. En 2011 la Corte Suprema le abrió investigación preliminar por las declaraciones de Juan Carlos “El Tuso” Sierra que lo vinculan con la parapolítica y es acusado por recibir dineros de paras para su campaña al Senado. desde el año 2012 la Fiscalía General asumió dicha investigación. Además, el expresidente Santos lo nombró gobernador encargado de la Guajira, después de la destitución de la gobernadora Oneida Pinto, por parte del Consejo de Estado. En 2017 renunció a Superintendencia de Notariado y Registro, para asumir la dirección del Partido Cambio Radical. En 2018 prescindió de su cargo en Cambio Radical y la Comisión Arbitral del Fútbol Colombiano, para llegar a la presidencia de la Dimayor. De esta forma, Vélez García ha llegado ocupar cargos que han sido abandonados por los señalamientos ante la justicia de quienes los han ocupado.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Desde este fin de semana la tensión entre Colombia y Venezuela resurgió. A la visita de la esposa del autoproclamado presidente Juan Guaidó a la Casa Blanca, a las pullas desde Estados Unidos sobre la presencia de tropas rusas en Venezuela, se sumó este martes una carta enviada por el gobierno ruso a la Cámara de Representantes para advertir sobre el uso de la fuerza en apoyo a otro Estado. Aunque se conoció este martes, hace cuatro días llegó una carta de la Embajada de la Federación de Rusia al despacho del presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, tras la serie de intenciones y señalamientos por parte de Estados Unidos para intervenir militarmente en Venezuela, con una posible ayuda de Colombia. “El uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela por parte de otros Estados que respaldan a la oposición será interpretado por el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia solamente como un acto de agresión contra un Estado soberano y una amenaza a la paz y seguridad internacionales”, indica el texto, firmado por el embajador Sergei Koshkin. Ante las advertencias que se lanzan entre las partes, el panorama de una salida pacífica a la crisis en Venezuela es cada vez más improbable. El papel de Colombia En febrero varias organizaciones y congresistas firmaron una petición al gobierno de Iván Duque antes de reunirse con Trump para que desistiera de cualquier intención de intervenir con armas en Venezuela. En la misiva destacaron seis (6) episodios en los que Colombia no había dejado sentada una postura clara. Sin embargo, un mes después el gobierno sigue diciendo que mantiene la decisión de presionar de manera diplomática. Uno de los más polémicos ocurrió a finales de enero cuando el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dejó ver en su libreta de apuntes una nota en la que se leía “5.000 tropas a Colombia”. Para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares “Colombia está en una situación muy complicada porque desafortunadamente este gobierno no tiene un criterio sobre soberanía nacional y no tiene un criterio de hacer respetar el país”. De acuerdo con Ávila, desde el mismo momento en que Bolton habló de las 5.000 tropas para Colombia sin que supiera Colombia, más las advertencias del presidente Trump “lo que queda claro es que la soberanía les importa poco a los políticos y que estamos en medio de un pulso entre dos potencias”. La respuesta de Duque a Rusia El presidente de la Cámara le remitió la misiva al gobierno nacional, con la extrañeza de haber recibido la carta cuando debió haber sido enviada a la Cancillería. Por lo tanto, aseguró en medios su descontento, puesto que, la organización encargada de avalar una intervención militar en Colombia es el Congreso y esta sería una advertencia directa. “Rusia y EE. UU. están acostumbrados a hacer guerras en países que no son los suyos; el Gobierno debe dejar muy clara la posición del país”, aseguró Chacón en W Radio. Por su parte, Duque rechazó la Declaración del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa sobre la situación de Venezuela y expresó que las acusaciones contenidas en dicha declaración no corresponden a la realidad y constituyen una distorsión de la posición de Colombia. Según el primer mandatario, la postura de una presión diplomática es compartida por varios países de la región. “Colombia ha respondido a la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela, y de la cual es responsable el régimen ilegítimo y usurpador de Nicolás Maduro, desde la legalidad, la solidaridad y la responsabilidad”, aseguró. En ese sentido, resaltó que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza. En conclusión, reiteró que “cualquier despliegue o incursión militar en apoyo al régimen de Nicolás Maduro pone en riesgo la transición democrática y la normalización constitucional en Venezuela, y constituye una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad en la región”. Pero aún queda un sinsabor porque hay sectores que le piden al presidente una posición más fuerte en la que exprese que no permitirá que lleguen tropas extranjeras a suelo nacional. Fracasó el plan de Guaidó Según el analista, estas movidas lo que demuestran es la complejidad por la que transita Venezuela. “Yo creo que el famoso cerco diplomático no funcionó, yo creo que el señor Guaidó se desinfló y no llamó a elecciones como muchos pedían y el señor Maduro otra vez parece muy fuerte”, apuntó. Por lo tanto, el colapso interno del régimen que era la gran apuesta de los aliados a Guaidó queda cada vez más difícil. Entonces están las siguiente tres alternativas: que no pase nada, que haya una intervención extranjera, o que haya una salida pactada. “La cuarta opción era un colapso interno, pero ya no es posible, entonces quedan las otras tres”, reiteró. Intervención militar sin Colombia En caso de que Colombia no permitiera el uso del territorio colombiano para una intervención militar una operación quirúrgica desde el mar podría ser una posibilidad para entrar a la fuerza a Venezuela. “En la lógica de las intervenciones hay muchas posibilidades creo que lo que pasó en Libia, o en Siria, lo demuestran. No solo son marines por tierra, hay operaciones quirúrgicas, operaciones de ayuda, o una invasión masiva, pero ahí no hay una sola opción”, aseguró Ávila. En definitiva “yo no diría que es una amenaza pero demuestra que como a Colombia le importa poco la soberanía pues todo el mundo está opinando”, sentenció.

Por: Daniela Vargas Ramírez. Colaborador Pares En el diario estadounidense The Wall Street Journal se publicó una declaración donde los economistas más importantes del mundo están de acuerdo con un impuesto al carbono. Entre los participantes se encontraban 27 economistas laureados, 4 ex presidentes de la Reserva Federal, 15 ex presidentes del Consejo de Asesores Económicos, 2 ex secretarios del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos (EE. UU), y otros 3401 economistas estadounidenses –que firmaron más adelante. Esta declaración fue organizada por the Climate Leadership Council. Bajo la premisa de la importancia del cambio climático y la necesidad de una pronta respuesta a ello, guiados por principios económicos, estos economistas recomendaron las siguientes políticas: Cinco claves para reducir la emisión de carbono 1. El impuesto al carbono es la estrategia más económica y eficiente para reducir sus emisiones a una escala y velocidad necesaria. El impuesto al carbono enviaría señales para la regulación de precios que llevan, a la mano invisible del mercado, a dirigir a actores económicos a una producción baja en carbono. 2. Este impuesto se debe incrementar anualmente hasta que las metas de reducción en la emisión de carbono sean alcanzadas. Una vez eso suceda, el impuesto debe mantenerse neutro para evitar conflictos y debates sobre el tamaño del gobierno. El incremento constante incentiva la innovación tecnológica y el desarrollo masivo de infraestructura necesaria. 3. Un impuesto lo suficientemente fuerte y con crecimiento constante reemplazaría la necesidad de regulaciones para el carbono que no son tan efectivas. Sustituir regulaciones engorrosas por sistemas de precio promueve el crecimiento económico y brinda seguridad a las empresas para hacer inversiones a largo plazo en alternativas de energías limpias. 4. Para evitar derramamientos de carbono y, en este caso, proteger la competitividad de EE. UU, se debe establecer un sistema fronterizo de regulación del carbono. Este sistema pretende mejorar la competitividad de las firmas norteamericanas que serán energéticamente más eficientes que sus competidores globales. Adicionalmente, será un incentivo para que otros países adopten regulaciones similares. 5. Para maximizar la justicia y la viabilidad política del incremento en los impuestos al carbono, todos los ingresos deben ser devueltos directamente a los ciudadanos a través de un reembolso equivalente de suma global. La mayoría de familias norteamericanas, inclusive las más vulnerables, se verán un beneficio mayor en los dividendos del carbono que en los precios elevados de la energía. Esta declaración representa un giro en las políticas climáticas de EE. UU. También evidencia el acuerdo más grande entre economistas y elaboradores de políticas sobre la importancia y el beneficio económico, político y social de los dividendos al carbono. Estas propuestas, sin lugar a dudas, se convierten en una alternativa importante de solución al cambio climático en el mundo.