Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Dentro de las discusiones que ha dejado la protesta en el marco de la Minga Nacional por la Vida, la Defensa del Territorio y la Paz, las comunidades indígenas han decidido suspender los diálogos con las Comisiones de Gobierno que el presidente Iván Duque envió como reemplazo a su presencia, tan solicitada una y otra vez. La razón de las comunidades, entre otras cosas, tiene que ver con las faltas de garantías para el cumplimiento de Derechos Humanos, la estigmatización, la militarización y la judicialización de las y los Mingueros que le plantan cara al gobierno Duque desde la resistencia de la protesta popular. La dignidad de las comunidades indígenas La decisión se produce desde la mesa de diálogo y negociación en el Resguardo Nasa Embera ´La Delfina´ municipio de Buenaventura Valle del Cauca – vía al mar. Cabe recordar que la Minga ha sido objeto de estigmatización hacia las comunidades en territorio, pero que se constata con los reiterativos anuncios del gabinete de Duque, en los que han hecho correr información que la minga estaba infiltrada por grupos ilegales. Hasta el momento, las autoridades no han comprobado esas acusaciones. En este sentido, desde la Casa de Nariño el presidente Duque se ha negado reiterativamente a hacer presencia en el departamento del Cauca, exigiendo que la Minga se retire de la Vía Panamericana. Mientras tanto, las comunidades exigen la presencia del mandatario como garantía de cumplimiento, debido a que históricamente se han realizado negociaciones de parte de los gobiernos que posteriormente incumplen. Lo que se dice no es lo que se hace La ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, señalaron que el Gobierno Nacional respeta la libertad de expresión y el derecho Constitucional a la legítima protesta social, de acuerdo con la Constitución y la Ley, el gobierno rechaza la estigmatización hacia los participantes de la Minga Nacional por la Defensa de La Vida, los Territorios y la Paz. También reafirmaron que los pueblos indígenas no son terroristas, reconociendo y respetando el ejercicio de la jurisdicción especial indígena”. Sin embargo, las comunidades sufren la represión y la estigmatización que hacen altos funcionarios del gobierno sobre la Minga Indígena. Suspendidos los diálogos El anuncio de la suspensión de los diálogos por parte de las comunidades indígenas, fue revelado a la opinión pública por medio de un comunicado de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. En el anuncio también manifestaron que requieren la veeduría de organismos garantes tales como la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, Alcaldías y organismos de Derechos Humanos a nivel territorial, nacional e internacional. En este sentido, las comunidades indígenas denuncian la violación a las garantías al derecho de la protesta social. La resistencia indígena Cerca de 5.000 indígenas de los departamentos de Chocó, Antioquia, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, mantiene la movilización. Esta mesa nacional tenía la intención de extenderse hasta el próximo 4 de marzo, sin embargo está en veremos prematuramente a partir de las condiciones manifestadas. Mientras se suspendieron los diálogos en Buenaventura, y La Delfina, paralelamente en el corregimiento de El Pital, en el municipio de Caldono en el Cauca, desde hace más de 21 días las comunidades indígenas se mantienen en la vía Panamericana esperando la presencia del presidente Duque. Así pues, según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), cerca de 25 mil indígenas del Cauca y Huila se han manifestado en la Panamericana, La réplica de los pueblos indígenas Después de conocerse por medio de una alocución que el presidente de Colombia no se presentaría al departamento del Cauca, en el segundo ejercicio de réplica, la Minga indígena y la bancada de oposición le respondieron al mandatario que en el Cauca no hay gente violenta tal como se viene señalando. El vocero en esta replica fue el senador del partido MAIS, Feliciano Valencia, quien se refirió a la necesidad de la defensa de las y los líderes indígenas y sociales, y recordó el olvido histórico de las comunidades “Somos pueblos que hemos sufrido la rigurosidad del abandono, no obstante nos negamos a desaparecer». Sin embargo, la réplica fue desconocida por la Autoridad Nacional de Televisión (Antv). Esta autoridad de televisión señaló a través de un comunicado que “(la de Duque) no tuvo condición de alocución presidencial” en los términos que establece la ley, pues no interrumpió simultáneamente la programación de los operadores “de televisión abierta, radiodifundida públicos y privados, nacionales, regionales y locales, previa solicitud formal de la Presidencia de la República dirigida a la Antv”. De esta forma, se desconoce el derecho a la réplica, en el cual Valencia se refiere a la necesidad inmediata de atender la violencia que ha desatado la matanza de liderazgos en el territorio. El mensaje que envían a la Casa de Nariño es una petición de diálogo. Sin embargo, la solución se mantienen en suspenso por la negativa del Presidente de ir al Cauca, mientras la Minga se va tornando nacional, está creciendo, y ya puso sobre la mesa los planteamiento de las comunidades.

Por: Claudia Carrión y Camilo Peña. Línea de Democracia y Gobernabilidad Pares El Plan de Desarrollo 2018 – 2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, abandona la idea de reconocer y compensar las brechas regionales, en busca de impulsar el crecimiento económico a partir un enfoque de mercado. En otras palabras, en términos territoriales, el Plan Nacional de Desarrollo rescata la antigua doctrina del “derrame”, es decir, que hay que concentrar los esfuerzos en determinadas zonas geográficas, en espera de que el mercado se encargue de “esparcir” los beneficios del crecimiento a las demás regiones del país. Concentración de la riqueza Esta doctrina ha sido aplicada históricamente en el país y ha dejado como resultado un país altanamente inequitativo en términos territoriales, en la medida en que la riqueza se concentra en las grandes ciudades y en algunas zonas de explotación minero-energética. De forma tal que, desconocer las brechas implica desconocer la existencia de las inequidades que históricamente ha generado el mercado, el Estado y, en especial, el conflicto armado. Se debe recordar que la inversión estatal se ha concentrado en aquellas zonas que concentran la mayor producción y la mayor representación política, mientras que las zonas marginadas han sufrido de la falta de inversión y la sub representación política. Por lo tanto, urge una “descentralización de las oportunidades de desarrollo económico”, o en otras palabras, completar el proceso de descentralización dotando a las entidades territoriales de recursos y competencias para que puedan desarrollar económicamente sus territorios. Falta el enfoque territorial en el PND La necesidad de ampliar las oportunidades de desarrollo económico fue reconocida de forma indirecta en los Acuerdos de Paz, en los que se contempla la necesidad de dar representación en la Cámara de Representantes del Congreso a las regiones tradicionalmente excluidas. Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz – CTEP se convierten así, en una oportunidad para que las regiones más apartadas logren una mayor participación en la distribución de la inversión pública nacional. Por otra parte, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET representan una oportunidad sin precedentes para llevar inversión a aquellos municipios tuvieron un alto grado de intensidad del conflicto, junto con un débil desarrollo institucional, altos niveles de pobreza y una alta presencia de economías ilícitas. La implementación de los PDET sería el hito más importante en términos de equidad territorial en la historia del país, sin embargo, para su implementación, será necesario direccionar una importante cantidad de recursos a los municipios PDET. Propuesta de PARES Para lograr la implementación efectiva de estos importantes programas, desde PARES, proponemos que durante los próximos años se destine el 30% del incremento de los recursos del Sistema General de Participaciones a los municipios PDET. Las estimaciones realizadas en la Fundación Paz y Reconciliación, demuestran que esta destinación no afectará el crecimiento de los demás sectores del SGP, al tiempo que proveerá de importantes recursos para la implementación de los Acuerdos de Paz, a través de la destinación directa de recursos a los municipios PDET.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares De los Acuerdos de Paz, firmados entre el anterior gobierno y la exguerrilla de las Farc, se creó la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia que aún hace seguimiento a la reincorporación social, política y económica de los excombatientes, así como su situación de seguridad y la de sus familias. En estos días, el organismo internacional reveló un informe en el que hace un balance, entre varios asuntos, sobre cómo avanza el proceso de reintegración en el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2018 y el 26 de marzo de 2019. La situación todavía es de dudas e incertidumbres para muchos excombatientes, además, la ONU hace una serie de recomendaciones sobre qué camino seguir para que se consolide la paz en el país. ‘Embolatando’ los dineros de la paz “Dado lo importante que es restaurar la confianza en la reincorporación efectiva, esperamos que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se está discutiendo en el Congreso se prevean claramente recursos adicionales, que serán fundamentales para implementar el programa de reincorporación”, expresó el organismo internacional, en cabeza de su Secretario General, Antonio Guterres. Acerca de este asunto, el presidente Duque radicó a inicios de febrero el PND (2018-2022) en el Congreso de la República, pero en lugar de un espaldarazo, se encontró con una serie de críticas que tuvieron en vilo el proyecto. Uno de los varios puntos que fueron alegados por los congresistas, fue el de los dineros para la paz. En el plan plurianual de inversiones no estaba ni siquiera planteado el rubro para este tema. El proyecto denominado “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” abarca lo que resta de los cuatro años del mandato presidencial y debe aprobarse a más tardar el 7 de mayo. “De conformidad con una ley de 2016, el presupuesto del Plan debe incluir un componente específico para la paz, con recursos específicos adicionales a las inversiones ya programadas por las entidades públicas a nivel nacional y territorial”, señaló Guterres. Por lo tanto, el PND de Duque recibió oxígeno a último minuto y pasó el primer debate en ambas cámaras, no sin antes, haber modificado, eliminado y adherido algunos artículos. Si bien se agregó un “Pacto por la construcción de paz : cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas” aún no quedó definido cómo van a ser invertidos los dineros. Cómo van los espacios de reincorporación según ONU Tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, y mientras los excombatientes dejaban las armas, el gobierno creó las Zonas Veredales Transitorias de Normalización Ante la necesidad de permanecer más tiempo en estos lugares para llevar a cabo la reincorporación a la vida civil, estos se transformaron en Espacios Terrritoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). En ellos, el objetivo era capacitar a los integrantes de las exguerrilla, preparar proyectos productivos y atender las necesidades de formación técnica de las comunidades cercanas. “En mi informe anterior señalé que era importante aclarar lo antes posible la situación de los 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación, que conservarán su actual condición jurídica y los servicios conexos únicamente hasta el 15 de agosto de 2019”, expresó Guterres. Según ONU, desde el 1 de agosto de 2018 cuando la Agencia de Reincorporación Nacional (ARN) asumió la responsabilidad de administrar los ETCR, ha realizado unas “mejoras en la infraestructura y los servicios básicos” que han mejorado las condiciones de vida de los excombatientes. “No obstante, en el período que abarca el informe se ralentizó el mantenimiento de la infraestructura existente, y hay dos casos en que es urgente llevar a cabo obras para eliminar riesgos potencialmente graves para la salud de 400 excombatientes y sus familias”, agregó. Entretanto, acogió la decisión del gobierno de prorrogar la provisión de alimentos y servicios de salud hasta el 15 de agosto de 2019 de los exguerrilleros. Así como su intención declarada de prorrogar la provisión de estipendios mensuales. Un balance sobre la seguridad de los excombatientes De acuerdo con el informe, las Fuerzas Militares y la Policía siguen prestando servicios de seguridad en los ETCR. Sin embargo, en el periodo que abarca el informe no se registraron incidentes graves relacionados con la seguridad que afectaran a esos espacios, pero sí se en zonas cercanas con respecto a enfrentamientos entre grupos armados y, en algunos casos, con la Fuerza Pública. En cuanto a los esquemas de protección, siguen pendientes 14, así como medidas de protección para 2 sedes del partido político FARC. “En total, la Subdirección ha contratado a 1.124 escoltas, incluidos 696 excombatientes de las FARC-EP y 134 mujeres”, señaló el texto. Sin embargo, fuera de los ETCR continúan los “problemas en materia de seguridad”. El informe detalló que 12 exmiembros de las FARC-EP fueron asesinados en el período analizado por la Misión, se están verificando otros tres asesinatos. Así las cosas, desde la firma del Acuerdo de Paz 99 exmiembros de las FARC-EP han sido asesinados, según el organismo. En definitiva, para la Misión el proceso de paz en Colombia se encuentra en una coyuntura crítica. Pero no olvida los primeros logros en materia de paz como el fin de un conflicto armado, la reducción general de los niveles de violencia, la celebración de las elecciones más pacíficas en decenios y la conversión de la FARC de un grupo insurgente a un partido político). En ese sentido, la consolidación de una paz completa aún está en veremos y gran parte de ello depende de la voluntad de este gobierno por implementar lo estipulado en el Acuerdo de Paz.

Por: León Valencia, director – Pares En noviembre, cuando Iván Duque cumplía 100 días de gobierno, salió a la luz una grave crisis de su mandato. Sus iniciativas en el Congreso naufragaban; las fuerzas políticas -incluido su propio partido- criticaban su marcha errática, su caminar sin rumbo; en los medios de comunicación se advertía su falta de liderazgo; y en las calles crecía la protesta estudiantil y la inconformidad social. Duque tomó nota de todos los reclamos y se propuso relanzar su presidencia, y entonces se embarcó en una campaña internacional para tumbar a Nicolás Maduro; aprovechó la brutal acción del ELN en la Escuela General Santander para romper las negociaciones con esta guerrilla y anunciar una ofensiva contra sus filas; se fue a Washington y declaró a nuestro  país culpable del gran crecimiento del tráfico de cocaína y proclamó una nueva política de seguridad y defensa con un marcado sesgo antinarcóticos; estrechó su alianza con el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, para golpear el sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición establecido en el Acuerdo de Paz con las Farc, y produjo las objeciones a la ley de reglamentación de la JEP. El uribismo se desató en aplausos por el nuevo rumbo del gobierno; los medios de comunicación, especialmente los más cercanos, dijeron que había un nuevo Duque, que ahora sí teníamos un líder en el Palacio de Nariño; los más exaltados dijeron, incluso, que su liderazgo tenía visos continentales, y de la mano del canciller Carlos Holmes Trujillo se había puesto a la cabeza de la región, como nadie lo había hecho antes. Pero muy pronto todas estas iniciativas empezaron a fracasar. La meta de tumbar a Maduro y llevar a Juan Guaidó al Palacio de Miraflores no resultó.  El ‘show’ del 23 de enero que pretendía fracturar a las fuerzas militares venezolanas y producir un estallido social definitivo mediante la introducción forzada de ayuda humanitaria a través de la frontera colombiana, no fructificó.  Ahí sigue Maduro con su crisis a cuestas, tambaleando sin caerse, acumulando rencor sobre nuestro país y expulsando a más y más migrantes hacia Colombia. No fructificó porque Duque se embarcó en la salida menos probable a la crisis venezolana. Apuntarle a que Guaidó, con el apoyo de una parte de la comunidad internacional, podía ganarse el liderazgo de las fuerzas militares venezolanas y encabezar un movimiento social capaz de derrocar al chavismo, es un cálculo malísimo. Las dos salidas más probables son la negociación de un gobierno de transición compartido entre el chavismo y la oposición; o algún tipo de intervención militar abierta; y para cumplir alguna de estas dos opciones, el gobierno de Duque no tiene ni capacidades ni condiciones. Los anuncios contra el ELN han resultado en nada. Los negociadores de esta guerrilla siguen en la Habana, y la pretensión de que el gobierno de Cuba violara los protocolos acordados para su regreso al país y en una medida arbitraria entregara a los comandantes a la justicia colombiana, no tuvo ninguna aceptación en la isla. Tampoco se han producido los golpes militares que anunciaron contra esta fuerza en Arauca, en el Chocó, en el Catatumbo y en el Cauca; en cambio los del ELN han incrementado su accionar. Las objeciones a la ley de reglamentación de la Justicia Especial para la Paz, anunciadas por Duque en una alocución presidencial, en horario ‘prime time’, suscitaron una gran reacción crítica de la mayoría de los partidos políticos, de la comunidad internacional y de las organizaciones sociales; ahora el uribismo se está quedando sólo en el Congreso para aprobarlas y modificar la justicia transicional.  De nada ha servido la intensa actividad proselitista del Fiscal General en favor de estas objeciones. Las consecuencias en todo caso son muy negativas, porque ha aumentado la incertidumbre en las filas de los excombatientes de la guerrilla y se han fortalecido los críticos y disidentes del Acuerdo. En el frente de la protesta social no es menos preocupante la situación. Duque no aprendió nada de la movilización estudiantil de finales de 2018. En esa ocasión aplazó su intervención directa y una oferta seria de negociación; dejó crecer la protesta y las vías de hecho, tanto de los estudiantes como de las fuerzas del Estado, para sentarse al final a negociar y llegar a un acuerdo que se parecía mucho a lo pedido inicialmente por los jóvenes.  Ahora está ocurriendo lo mismo con la Minga Indígena, con el agravante de que el escenario rural se presta para mayores ingredientes de violencia institucional o ilegal.  La protesta tenderá a crecer con los anuncios de los cafeteros, de los maestros y de otros sectores sociales. Para ajustar, a Donald Trump se le ocurrió decir que el presidente colombiano no estaba haciendo nada para detener el flujo de cocaína hacia Estados Unidos, que la cosa estaba peor que en el gobierno anterior. Con esta declaración quedó en evidencia la errada estrategia antidrogas de Duque. El uribismo, en su afán de criticar el proceso de paz con las Farc, le achacó al Acuerdo el crecimiento del narcotráfico y echó por tierra la idea de una responsabilidad compartida entre países consumidores y productores en la expansión del fenómeno. Por lo visto el gobierno es una víctima de su propio invento. Ahora, ¿quién responde responde por todos estos fracasos? ¿el propio Duque? ¿Su canciller y embajador en Washington, tan activos en la estrategia contra Maduro? ¿Uribe, líder en todas estas apuestas? ¿El Partido Centro Democrático? O, en realidad, a todos estos les compete un poco de responsabilidad.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Hace varias semanas que las noticias en Colombia no ubicaban en el centro de la agenda mediática a Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela. El presidente Trump a través de su Secretario de Estado, Mike Pompeo, y el presidente de Colombia, Iván Duque, habían dicho que los días de Maduro en el poder estaban contados. Y sin embargo, esos días ya son meses, y como una reacción desesperada a esa realidad, se ha vuelto a hablar de intervención militar en Venezuela. Una visita sorpresiva de la esposa de Guaidó —Fabiana Rosales—a la Casa Blanca, las declaraciones del gobierno de Estados Unidos sobre la presencia de tropas rusas en Venezuela, el reclamo ofensivo de Trump a Duque y la declaración de Guiadó sobre la posible solicitud de tropas extranjeras por parte de la oposición; son algunos de los sucesos que han vuelto a caldear los ánimos en la región. Todo esto ocurre mientras Guaidó trabaja en la implementación de una operación a la que denominó ‘Operación Libertad’ para la que está convocando a la ciudadanía a través de Comités de Ayuda y Libertad y al parecer, este será el escenario del “rescate” de Venezuela. Revivió la avanzada belicista «Maduro tiene los días contados», así lo afirmó el presidente Duque en el marco de la reunión que adelantó hace unas semanas el mandatario colombiano con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para ese momento, Duque posaba en las fotografías con Trump y contaba con el apoyo del gobierno estadounidense para hacer la entrega de la ayuda humanitaria, cuando tuvo lugar el polémico concierto en la frontera colombo venezolana. Sin embargo, este viernes 29 de marzo Trump se refirió al presidente de Colombia en términos desobligantes “Duque es realmente un buen tipo, pero, no ha hecho nada por nosotros, la droga sigue saliendo de Colombia y él no ha hecho nada al respecto”. El anuncio de Trump se da en el ocaso de una semana que tuvo varios sucesos, los cuales volvieron a poner a Juan Guaidó en el radar de la agenda mediática. Por un lado, el miércoles 27 de marzo se llevó a cabo una sorpresiva visita de la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales a la Casa Blanca en la ciudad de Washington. En el encuentro, en el que también estuvo Mike Pence, Rosales les manifestó la “grave” situación económica que atraviesa Venezuela. Asimismo, la esposa del autoproclamado presidente interino de Venezuela señaló que teme por la vida de su esposo. Frente al momento internacional, Mike Pence se refirió a que «Estados Unidos ve la llegada de aviones militares rusos este fin de semana a Venezuela, como una desafortunada provocación. «Hoy llamamos a Rusia a detener todo su apoyo al régimen de Maduro, respaldar a Juan Guaidó y mantenerse del lado de las naciones en todo el continente hasta que se restaure la libertad». declaró el oficial estadounidense. En suma, un espaldarazo a Guaidó. El capítulo de la intervención militar El asesor norteamericano de seguridad norteamericano, John Bolton, señaló que el despliegue de tropas rusas es una amenaza directa a la paz. Hay que recordar que en enero, tras una rueda de prensa sobre el tema de la crisis fronteriza con Venezuela, algunos periodistas revelaron que en la libreta de apuntes de Bolton, el mismo funcionario que advierte sobre tropas rusas en Venezuela, estaba anotada la frase “5.000 tropas a Colombia”. Ahora bien, el retorno de un discurso bélico como la salida a la crisis que atraviesa Venezuela es un hecho, ya que en el marco de las marchas en contra de Maduro de este sábado 30 de marzo, el líder opositor Guaidó, señaló que podría invocar el artículo 187 de la Constitución de Venezuela. Justamente, este artículo, en el inciso 11, autoriza la petición de fuerzas militares extranjeras para la intervención en el territorio venezolano. En ese sentido, este viernes estuvieron reunidos en Cúcuta un grupo de congresistas de EE.UU., miembros del Gobierno y de la Asamblea Nacional de Venezuela. Este encuentro, que precisamente se llevó a cabo en el Puente Internacional Simón Bolívar en la ciudad de Cúcuta, paso fronterizo más importante entre Colombia y Venezuela, y desde donde el congresista republicano Michael McCaul señaló que «El mensaje que recibimos de la Casa Blanca hoy es que no toleraremos ninguna asistencia militar extranjera en Venezuela porque eso va a trastornar la región». Sin embargo, se despiertan las dudas si ese mensaje de Estados Unidos es selectivo con la presencia militar rusa y no con los intereses de Guaidó de solicitar tropas extranjeras. Contraloría venezolana inhabilita a Guaidó Después de conocerse que el 11 de febrero la Contraloría General de Venezuela ordenara dar inicio a una auditoría patrimonial a Guaidó por, según el ente investigador, ocultar información en su declaración y recibir fondos no declarados desde el exterior, el pasado jueves 28 de marzo la Contraloría decidió inhabilitar a Guaidó de ejercer funciones públicas por un periodo de 15 años. El mismo jueves, el contralor general Elvis Amoroso precisó que esta decisión “no tiene absolutamente nada que ver con la situación política, sino con el incumplimiento del reglamento interior de la asamblea, por ocultar información en su declaración y recibir fondos no declarados desde el exterior”. La ‘Operación Libertad’ La intención de una intervención militar tuvo un golpe certero después de que en Bogotá, el grupo de Lima declinara su apoyo a la iniciativa bélica. Sin embargo, los abanderados de la avanzada intervencionista, Guaidó y Estados Unidos, parecen estar reinventándose y, seguramente, Colombia tendrá un papel en sus intereses. Justamente, en el marco de las movilizaciones venezolanas del sábado 30 de marzo, Juan Guaidó decretó que el próximo 6 de abril se llevarán a cabo las “primeras acciones tácticas” de la denominada “Operación Libertad” a lo largo y ancho del territorio venezolano. Tal como lo manifestó Guaidó “ese día debemos estar listos, preparados y organizados, con los Comités de Ayuda y Libertad ya conformados”. Así pues, para Guaidó este será el escenario del “rescate” de Venezuela. Con la reciente reunión que se sostuvo en Cúcuta, por parte de funcionarios estadounidenses, colombianos y venezolanos en pleno paso fronterizo y a menos de ochos días de la fecha definida por Guaido, sumado a los espaldarazos de parte de la Casa Blanca; resta conocer cuál será el papel del gobierno nacional y del partido Centro Democrático en esta tramoya. Esto, en razón a que a lo largo de los meses del gobierno Duque, el mandatario colombiano ha resultado estratégico para Trump sobre el tema Venezuela. Ahora bien, con las asperezas que se han levantado tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre el de Colombia, cabe preguntarse si la “Operación Libertad” será la oportunidad para la reconciliación entre los mandatarios, a partir de la avanzada intervencionista que trae los vientos bélicos y la grave incertidumbre que una atmósfera de guerra trae para la región.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «Nosotras, las mujeres trans, haremos la revolución desde el amor que nos negaron hasta nuestras propias familias, que no nos aceptaron desde chiquitas. Entonces mi lucha no es solamente por reformas legales, sino por un cambio social, y si hay incoherencia no hay cambio social.» Pares habló con Matilda González, abogada de la Universidad de Los Andes; magíster en derecho internacional de los derechos humanos en American University y consultora de Ilga, red de organizaciones LGBTI que trabaja ante la ONU y el Sistema Interamericano. Además, venía desarrollando un proyecto audiovisual con El Espectador llamado «La Prohibida», pero por diversas diferencias en la formalización del contrato laboral con el diario, el proyecto se canceló y actualmente existen reclamaciones sobre los derechos de autor de dicha obra. «Por el derecho a escoger tu propio proyecto de vida» En Colombia, la Corte Constitucional señaló en Sentencia T-291-16 que a lo largo de la historia, las personas LGBTI han tenido que sobrellevar la privación de sus derechos, la exposición constante a episodios de violencia que ponen en riesgo su integridad física y el derecho a la vida. El Tribunal también indica la dificultad que esta población tiene para acceder a servicios básicos como salud, educación y justicia, en pie de igualdad con el resto de ciudadanos, entre otra serie de situaciones que han sido reconocidas por la jurisprudencia constitucional, y ha determinado a las personas LGBTI como sujetos de especial protección. La Comisión Interamericana y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión consideran que es de particular importancia que los Estados adopten acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de las personas LGBTI y que empoderen a las personas afectadas e invisibilizadas por el discurso de odio. Según ha observado la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, “al discurso que ofende por la intrínseca falsedad de los contenidos racistas y discriminatorios es necesario refutarlo, no silenciarlo: quienes promueven esas visiones necesitan ser persuadidos de su error en el debate público.» La Comisión y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión insisten en que para combatir efectivamente el discurso de odio, se requiere un enfoque comprensivo y sostenido que vaya más allá de las medidas legales y que incluya la adopción de mecanismos preventivos y educativos. El Día Internacional de la Visibilidad Transgénero es una conmemoración anual que tiene lugar el 31 de marzo, dedicada a la celebración de las personas trans y la sensibilización en contra de su discriminación en todo el mundo. Pares: ¿Quién es Matilda González? Matilda González: Soy abogada de la Universidad de Los Andes; me gané una beca para estudiar una maestría en derecho internacional de los derechos humanos en American University y luego trabajé en la Comisión Interamericana en la Relatoría de Derechos de personas LGBTI. Después regresé a Colombia y trabajé con mujeres trans del barrio Santafé. Trabajé en Colombia Diversa, que es una organización de derechos de personas LGBTI. Ahora soy consultora de Ilga, una red de organizaciones LGBT que trabaja ante la ONU y el sistema interamericano. Hicimos el capítulo de América con unas variables sobre derechos de personas trans, y este año habrá un capítulo sobre criminalización de personas trans. El Relator Especial de Naciones Unidas ha indicado que los medios deben jugar un rol positivo en la lucha contra la discriminación, los estereotipos, los prejuicios y los sesgos, abordando asuntos de preocupación para grupos sometidos a discriminación histórica (incluyendo personas LGBTI) y ofreciendo a los miembros de estos grupos una oportunidad para hablar y ser escuchados. Foto: Pares He hecho colaboraciones con mujeres trans del barrio Santafé, específicamente con la red comunitaria trans, y próximamente vamos a escribir, para el informe de ILGA, un apartado sobre criminalización de personas trans. Esta colaboración empezó desde que no me había graduado por medio del círculo lgbt uniandino. Cuando volví a la universidad, ya como profesora de un curso de educación continuada, logramos conseguir becas para personas trans de todo el país, por ejemplo, trans víctimas del conflicto. Pares: ¿Cuál es su lucha como activista? M.G: Durante mucho tiempo mi lucha fue defender los derechos de las personas LGTBI, pero últimamente en realidad he dejado de creer en esa forma de militancia, creo que lo que tengo que hacer es defender mis derechos, mis sueños, mi trabajo. El discurso a veces de las ong y los medios de comunicación tiene algunas fallas, y por eso ahora lucho más en mi esquina. Mi lucha ha sido por la coherencia. Antes era desde el movimiento de derechos humanos y siento que ahora es en el sentido de enfocarse en lo privado, en la casa: en lo que me pasa con mi papá, mi tío, los medios de comunicación dirigidos por hombres en su mayoría. Siendo abogada, siento que el derecho es una herramienta limitada para el cambio social, es una herramienta más pero no la única. Tenemos muy buenas leyes en Colombia, pero lejanas a la realidad. Hay que hacer reformas legales pero también cambio social a través del arte, de la escritura, de las calles. Pares: ¿Se puede hacer un balance de los derechos de la población trans en América Latina y en Colombia? M.G: En el último informe de Ilga vimos temas de cambio de sexo en documentos de identidad, analizamos qué tan sencillo o no era el trámite. Los países que definen sexo como algo biológico ponían muchas trabas para cambios de sexo en los documentos, se requería cambio físico. Por otro lado, hay países como Argentina donde está estipulado que el sexo no es biológico, sino autodeterminación, entonces el trámite es fácil y no judicial. Colombia está un poco atrás; hay un decreto que permite cambio sin prueba médica, sin embargo hay una diferencia porque acá se puede cambiar de F a M o F a M pero sigue siendo binario. En Ecuador, por ejemplo, sí se permite cambiar el género pero no sale sexo F sino una letra diferente, como una ‘letra escarlata’, muy raro. Pares: ¿Cómo es la situación de niños, niñas y adolescentes trans en nuestro país? M.G: En Colombia existe un protocolo para interrupción voluntaria del embarazo y eutanasia, decisiones que los menores pueden tomar a partir de los 14 años. Sin embargo, el cambio de sexo solamente puede hacerse a partir de los 17 años, lo cual carece de sentido. Hay una Opinión Consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que indica que para el cambio de sexo en el documento de identidad no se pueden pedir certificados médicos, pues los procesos deben basarse en auto reconocimiento. Para los menores, la Comisión dice que hay que adaptar las normas al bien superior del menor pero sin restringir sus derechos; todas las normas de cambio de sexo para adultos aplican para los NNA por igual. Sin embargo, la última sentencia de la Corte Constitucional da un paso atrás gigante: ordena a Supernotariado y Registro sacar una circular para reglamentar el cambiar el sexo en los documentos de identidad de los menores de edad, pero indica que se requiere autorización de los padres y una revisión de la historia clínica. Es un retroceso porque generalmente las familias no están de acuerdo, lo cual es un problema, y vuelve el tema médico, tratando el asunto como una enfermedad. Pares: ¿Qué es ¨la furia trans¨de la que ha hablado en sus videos y columnas de opinión? M.G: Hay palabras que se han utilizado o entendido como insulto, por ejemplo travesti, que se asocia con características negativas, con personas peligrosas. No vamos a renunciar a esa palabra, la vamos a resignificar, como hicieron los movimientos Queer en Estados Unidos. Se empieza hablar de lo travesti o lo trans como una identidad de lo cual no hay que avergonzarse. Martin Luther King también habla de la rabia y la impaciencia y que las emociones también son importantes en la lucha social, y reconocer que eres víctima te tiene que dar rabia, es natural y está bien sentirlo. «La revolución se hará desde el amor que nos negaron¨ es una frase que retrata nuestra situación. El amor que el mundo nos ha negado va a ser nuestra herramienta. El lugar donde tú aprendes del amor es la casa, y de la casa te excluyen por ser lo que tú eres. Vamos a canalizar la rabia políticamente, transformándola, entonces vamos a acudir al derecho, al arte, a escribir. Vamos a apostarle a una lucha creativa y diferente. ¿Cómo canalizar esa rabia? Transformándola, exigiendo justicia, no venganza ni resignación. He pensado también en los límites de la lealtad: debe haber lealtad entre dos partes que están haciendo algo juntos, pero uno debe saber reconocer cuándo poner el límite, cuándo una situación es negativa ¿me sacrifico por otra persona, por una idea? Pares: ¿Hay políticas de protección, por parte de este gobierno, en relación con las personas LGBT? M.G: Creo que hay que comenzar por hacer un análisis previo a la llegada de este gobierno: es necesario entender qué es la violencia por prejuicio en lugar de hablar siempre de crimen de odio, como pasa con la violencia ejercida contra personas LGBTI. Hay un contexto social que genera un prejuicio y hace que una persona sienta que su violencia o su rechazo son legítimos. En estos contextos, los cuerpos de las personas LGBTI se utilizan como panfletos políticos para mandar un mensaje: en la violencia por prejuicio ejercida contra una mujer trans, por ejemplo, todo lo femenino se quita, se ataca. Al hacerlo, ella deja de existir. Siento que ese es el contexto político actualmente. Hemos sido los peones en las negociaciones políticas y eso nos convierte en panfletos políticos. Le explico, cuando borraron la mención a las personas LGBTI del Plan Nacional de Desarrollo, literalmente nos eliminaron. Luego nos metieron a todos ¨los raros¨ en un párrafo y listo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra preocupada por los altos índices de violencia que se registran contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), o aquellas personas percibidas como tales, en el continente americano, y la ausencia de una respuesta estatal eficiente frente a dicha problemática. Foto: Pares Al hacerlo, el mensaje que enviaron sobrepasó el documento legal, el mensaje para la sociedad es que hay que borrar a las personas LGBTI, que no existen. Esto no sucede solamente en Colombia, es un contexto global: en Estados Unidos también pasa con el actual gobierno, por ejemplo. En Chechenia ya se está hablando de campos de concentración para personas lesbianas. Y eso viene para acá, Bolsonaro ganó. En Argentina, la marcha más reciente rechazó lo que llamaron un genocidio de las personas trans. Por eso creo que hay que alarmarnos más, porque está ganando terreno la idea de eliminar a las personas LGBT como se hacía con los judíos en la época nazi. Ahora el enemigo somos los gays, las lesbianas, las personas trans. Entonces, sobre su pregunta: claro, este gobierno hoy en Colombia nos elimina, como lo hizo su partido cuando pidió sacarnos del Acuerdo de Paz. El encargado hasta hace un par de semanas de la política de derechos humanos en el Ministerio de Interior se oponía abiertamente a los derechos de las personas LGBTI; salió de su cargo y fue reemplazado por otro peor. En política exterior el gobierno puso a Alejandro Ordóñez en la OEA y a Viviane Morales embajadora en Francia y sostiene encuentros con representantes de la Unesco. Es decir, es una política de Estado en la cual los funcionarios tienen agendas para borrar, eliminar de la existencia, del lenguaje, de la ley y de la historia a las personas LGBTI. ¿Cómo hacemos para encarar estos nuevos populismos que se apropian de la realidad y de la historia, que cambian hechos del pasado y niegan que existimos desde chiquitas? Tenemos que dar la pelea ahora desde el lenguaje y es fundamental empezar a hablar de niños y niñas trans. Le cuento, hay altas cifras de intentos de suicidio de menores de edad trans y es un tema al que no se le presta atención. Pares: ¿Esas políticas empiezan a ¨bajar¨, a llegar a la gente, a la calle y a los territorios? M.G: Claro. Hay estudios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que indican que una de las formas para reducir la violencia y el rechazo contra personas LGBT es que haya funcionarios públicos hablando de ellas y a favor de sus derechos. Cuando aumenta el discurso de odio también aumenta la violencia por prejuicio, aumenta la sangre sobre este tipo de violencia; si el discurso de odio o de desconocimiento viene de un funcionario público, es todavía más grave. Pares: ¿En qué momento se aceptó y se reivindicó como una mujer trans? M.G: En eso tuvo mucho que ver la independencia económica, para comenzar. Obtuve becas de excelencia académica que me permitieron salir de mi casa. Cuando me gané la beca para ir a estudiar a Estados Unidos se me fue el miedo a la aceptación de familiares y personas cercanas. Es muy bueno llegar a en un mundo donde nadie te conoce, donde no le debes explicaciones a nadie. En ese momento me sentí más valiente y empoderada, pero todavía había vergüenza. Estar en Estados Unidos, en Washington, en una universidad progresista me ayudó mucho. Empecé a aceptarme; creo que eso tiene mucho que ver con la belleza, con sentirme bella. Sentirnos bellas no es fácil porque hay un discurso público sobre las personas trans en donde nos dicen que somos feas, que tenemos cara de hombre y otras cosas. Pero es una dualidad, porque a la vez resultamos sexualmente atractivas para muchas personas y las cifras de búsqueda de porno trans son altísimas. «Nosotras, las mujeres trans, haremos la revolución desde el amor que nos negaron hasta nuestras propias familias, que no nos aceptaron desde chiquitas.» Foto: Pares Logré sentirme bella a pesar de ese discurso público de varias maneras: me ayudó el feminismo para encontrarme conmigo misma; eliminé de mi vida a gente tóxica, logré la independencia. En el lenguaje y el contexto familiar y de algunas amistades te importa mucho lo que piensen de ti. Me daba pena ocupar un lugar en el mundo porque sentía que el mundo era de otra gente, que yo no cabía, pero ya no. Ahora reclamo mi lugar en el mundo y nadie me va a callar. ——————————- Según la CIDH, la violencia contra las personas trans, particularmente las mujeres trans, es el resultado de la combinación de varios factores: exclusión, discriminación y violencia en el ámbito de la familia, de la educación y de la sociedad en general; falta de reconocimiento de su identidad de género; involucramiento en ocupaciones que las ponen en un riesgo más alto de violencia, y finalmente, alta criminalización.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares “Cuerpos gramaticales, otra forma de decir que no le tememos al sonido de un fusil, pues nos pueden matar y aquí vamos a seguir, alzando la voz de aquellos que nos tocó ver morir. Somos la voz del niño que habla desde el más allá que hoy grita justicia y no logra encontrar la paz”, canta el grupo Hip Hop Agrario sobre el conflicto armado colombiano en Cuerpos Gramaticales Cápsula de memoria Medellín, ciudad que vivió a comienzos de los años 80 una escalada de violencia debido al fortalecimiento del narcotráfico que permitió sostener a los grupos armados y bandas barriales. Según cifras oficiales suministradas por el Observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de Victimas (UARIV) se estima que entre 1980 y 2014, al menos 132.529 personas fueron reconocidas víctimas del conflicto armado en esa ciudad. De acuerdo con el informe del CNMH “Memorias de una guerra Urbana” este conflicto se intensificó particularmente en 5 comunas de las 16, que están divididas en barrios y áreas institucionales. Estas fueron Buenos Aires, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa y, San Javier, más conocida como la Comuna 13. En dichas comunas tuvieron presencia histórica las guerrillas del ELN, -con menos intensidad- las FARC, y luego se fueron creando grupos barriales como los Comandos Armados del Pueblo (CAP). Ante el fortalecimiento de grupos insurgentes en esas zonas llegaron con posterioridad las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en connivencia con el Estado para expulsar a los grupos de izquierda. Ante la presencia de estos grupos que se disputaron el control territorial, las comunidades quedaron inmersas en el fuego cruzado. Cientos de detenidos, asesinados y desaparecidos empezaron a sumarse hasta principios de los 2000. De ahí que las nuevas generaciones que crecían en estos barrios buscaran una forma de sanar sus heridas. La música fue uno de los métodos para hacer catarsis de la guerra que les arrebató a cientos de jóvenes sus padres, madres, hermanas o hermanos. El Hip Hop y el Agro El A.K.A, le dicen a uno de los fundadores y vocero del proyecto Agroarte, un colectivo independiente que desde el 2002 trabaja en las comunas de la capital antioqueña. Una de sus líneas es Hip Hop Agrario, un proyecto que desde el 2015 junta el hip hop, la agricultura y el rap como una forma de conectar los territorios. “Somos el único movimiento en el mundo con estas características y en el que sus letras se hacen con la gente para retratar lo que sucede en los barrios”, cuenta El A.K.A a la Fundación Paz y Reconciliación-Pares. Con sus pantalones anchos que siempre lo acompañan y la pañoleta que no le puede faltar, explica que su colectivo tiene tres objetivos: trabajar en el tejido social, generar un intercambio intergeneracional y promover la reapropiación de los territorios. Hip Hop Agrario nació en compañía de otro “parcero” y siete madres de la zona a razón de la operación urbana más grande y cruenta en todo el país: la Operación Orión (2002) en la Comuna 13, que dejó cientos de fusilados, desaparecidos y enterrados en “la escombrera” como lo reconocieron las autodefensas y autoridades. Dicha intervención gestada entre paramilitares y fuerza pública fue expuesta a la luz pública, y con los años fueron vinculados algunos de los altos mandos de la institución a la investigación. Sin embargo, cientos de familias aún lloran la suerte de sus parientes. “Quisimos darle voz, -hemos estado mucho en la línea de desaparición forzada y homicidio- a esos territorios que tienen muchas historias por contar pero que tienen miedo. Históricamente la guerra no ha dejado retratarse y narrarse, entonces desde ahí se basan nuestras letras”, cuenta a Pares. En un principio ellos se encargaron de fortalecer la línea musical y ellas de la siembra. Pero poco a poco fueron mezclando las actividades. La idea de Agroarte surgió también en el contexto en el que se registraron más de 300 desaparecidos y enterrados en esa fosa por parte de los miembros de las AUC. “Esta iniciativa nació para defender nuestro territorio para que no se escondiera esa escombrera y todo este mal que trajo a la comunidad”, agrega. Versos desde la adolescencia El A.K.A creció en la Comuna #3 de Manrique, pero a sus 6 años la guerra lo sacó de allí. Luego se fue con su familia por un tiempo, pero regresaron hacia el corregimiento de San Cristóbal que colinda con San Javier. “Hace 7 años la violencia nos volvió a sacar de allí y nos fuimos a vivir completamente en la (Comuna) 13 pero nos hemos movido por distintas partes de la ciudad”, narra El A.K.A. Desde los 13 años se interesó por el hip hop. Pero hasta sus 17 lanzó su primer CD y desde aquel momento no ha parado de escribir, narrar y cantar. “Lo que me marcó en la adolescencia fueron los procesos de resistencia campesina. En distintos territorios los campesinos e indígenas eran los que hacían más fuerte el tema de la defensa del territorio. Ahora decimos que, si Hip Hop es calle, debajo de la calle hay tierra y la tierra contiene nuestra historia, nuestras memorias y nuestras luchas”, dice. Según el artista, ellos se apropiaron de este género para proponer una línea muy verde, muy agro y que hablara sobre este tema de la tenencia de la tierra, el desplazamiento y el despojo. Ahora son cientos de jóvenes que hacen parte de Agroarte y de Hip Hop Agrario y las familias le agradecen al colectivo por brindarles un espacio en medio de la violencia que no se ha ido por completo de las comunas. De acuerdo con datos de Personería de Medellín, los homicidios en la Comuna 13 también aumentaron en el 2018 y alrededor de 350 personas han sido desplazadas de la comuna debido a amenazas y a la violencia en la zona. Lo que piensan de la paz “Nosotros no creemos en la reconciliación en un país donde prevalece la mentira. Mira lo que está pasando con la JEP, donde la clase política antigua ha querido borrar todos sus crímenes y si eso continúa no habrá reconciliación”, opina El A.K.A. Lo que sí creen es en aprender a convivir con sus ofensores, porque no siempre se perdona. Quienes le apostaron al Acuerdo de Paz y votaron a favor en el Plebiscito esperaban que mejorara la situación de vulnerabilidad en los territorios. Sin embargo, aún se mantienen las disputas entre ‘bandas o combos’ barriales que se dedican actualmente al microtráfico, y que son reductos de los actores armados que hicieron presencia en la zona. “Este país vive en medio de la violencia, no es solo un sector sino que es mucha gente que esta viviendo en medio del conflicto. Pero la gente que hemos vivido la violencia tenemos un clamor de paz desde los territorios, pidiendo que haya una nueva forma de hacer política. Y bueno es lo que estamos tratando de fortalecer con la música”. Letra de Cuerpo Gramaticales (2016) “Somos la voz de un pueblo que ha sido asesinado, pueblo humilde golpeado y de sus tierras despojado, somos la semilla que se siembra en el dolor y que a pesar de todo va creciendo con amor. No soñamos con matar al que nuestra gente mató pues buscamos la verdad estando lejos del rencor. No hay perdón por lo que hicieron pues no olvidamos nada de aquello que sucedió, escucha amigo mío no es posible perdonar a quien perdón nunca pidió. Señor presidente queremos algo mas que un simple discurso donde se hable de la paz, queremos educación para que esto pueda cambiar y no queremos mas armas que sirvan para matar, no queremos más servicio militar, no más. Queremos un servicio estudiantil obligatorio para que no sea un mito ir a la universidad, así de esta manera no volver a pasar esa guerra destructora que nos viene jodiendo desde mucho tiempo atrás. Escucha sociedad cuerpos gramaticales hoy hacen memoria, con el fin de hacer un cambio en esta cruda realidad. Son seis horas que tenemos pa’ pensar mientras el cuerpo habla por aquellos que hasta hoy no sabemos donde están, por aquellos que murieron al pasar la balacera, por los cuerpos mutilados que yacen en la escombrera. Hoy muchas personas con secuelas de la guerra hacemos catarsis con el sentir de la tierra”.

Por: Redacción Pares Las organizaciones Colombia Diversa y Caribe Afirmativo entregaron hoy a las Magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz, Belkys Izquierdo y Nadiezhda Henríquez, informes sobre la violencia contra la población LGBT en Tumaco y Urabá durante el conflicto armado. El acto contó con la presencia de cuatro Magistradas y un Magistrado de la JEP, así como con ONG, comunidad internacional y víctimas. Crímenes de persecución por prejuicio El evento comenzó con un acto simbólico por parte de un grupo de víctimas, que cantaron y pidieron a la jurisdicción que haga justicia por los crímenes cometidos. Los informes entregados por las organizaciones señalan que la violencia contra personas LGBT es un crimen de persecución por prejuicio de acuerdo con lo definido por la Corte Penal Internacional. En estos crímenes se identifican un patrón con conductas como violencia sexual, amenazas, desplazamiento forzado, homicidio, feminicidio y esclavitud sexual, siempre con un móvil prejuicioso. Los informes buscan que la JEP abra un caso específicamente sobre violencia contra personas LGBT, teniendo en cuenta el gran número de víctimas, la responsabilidad de diversos actores del conflicto, la gravedad de los crímenes y los enormes daños causados. Una lucha por la diversidad y la dignidad Las Magistradas agradecieron los informes y reiteraron el compromiso de la JEP de lograr una justicia restaurativa, centrada en las víctimas e incluyente. “Queremos luchar juntos por la dignidad y la diversidad, trabajando como quedó plasmado en el Acuerdo de Paz: con un enfoque claro en asuntos de género. Agradecemos su valentía al compartirnos hoy esta información.» «Muchas veces la violencia se hizo con complacencia de la sociedad y por eso los crímenes contra la población LBGT se naturalizaron. La JEP se compromete a ser una justicia más cercana a ustedes”, señaló la Magistrada Izquierdo, quien lidera el caso 002 de Tumaco y Barbacoas y coordina la Comisión étnica de la JEP. El caso 004 de la JEP sobre la región de Urabá es liderado por la Magistrada Henríquez, quien resaltó la valentía y la dignidad de las víctimas que entregaron sus relatos para los informes. «Las víctimas son la fuerza y la esperanza de la JEP» Caribe Afirmativo y Colombia Diversa formularon algunas recomendaciones a la JEP: mantener la confidencialidad de los nombres de las víctimas, adoptar medidas para protegerlas y priorizar casos de violencia contra población LGBT como contribución a la no repetición, entre otras. “La diversidad debe ser un gran valor social y no un motivo de violencia” señaló Wilson Castañeda, Director de Caribe Afirmativo. La Magistrada de la JEP Reinere Jaramillo, perteneciente a la Comisión de Género de la JEP, cerró el evento expresando que como sociedad “hemos superado el miedo” y que “las víctimas son la fuerza, el motor y la esperanza de la JEP.” Además, la funcionaria señaló que acoge las recomendaciones formuladas por las organizaciones, pues estas hacen parte del mandato de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Después de conocerse los reparos del uribismo a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, los reflectores hoy alumbran al Capitolio Nacional, donde el Congreso definirá el devenir del Tribunal Especial. Las cuentas no parecen alcanzarle a las aspiraciones del Centro Democrático, el partido político del gobierno. En este momento, el presidente Duque y el uribismo están en aprietos, ya que conseguir las mayorías para que objeten la Ley estatutaria de la JEP, está cada vez más ‘cuesta arriba’. Los números no le cuadran al uribismo Así como están las cosas, quienes no están de acuerdo con las objeciones de Iván Duque contarían con 60 votos en el Senado y 102 en Cámara, cuando las mayorías se logran con 55 votos en el Senado y 87 en la Cámara. De tal suerte, las intenciones de Duque están en su capítulo póstumo. Al parecer, la estocada al uribismo, en esta ocasión, la daría Cambio Radical, que tiene 30 votos en Cámara y 16 en Senado. El partido de gobierno se ve en estado crítico. De los 108 senadores, el uribismo solo contaría con 39 votos a favor de las objeciones de Duque: 19 del Centro Democrático, 1 de la ASI, 6 cristianos y 13 del Partido Conservador, teniendo en cuenta que esta colectividad efectivamente defina irse en favor de las objeciones. Por su parte, en la la Cámara de Representantes el panorama para el uribismo no mejora; haciendo esfuerzos mayúsculos alcanzaría los escasos 53 votos a favor de aceptar las objeciones, contra los 102 que defienden la JEP. ¿A qué se debe el cambio en el tablero? Este jueves 28 de marzo, el partido Cambio Radical decidió no apoyar las objeciones a la JEP, y de esa forma mostró sus cartas en el marco de una reunión que adelantaban como bancada en el Club de Ejecutivos, ubicado en el centro de Bogotá. Así pues, 18 días tardaron, después de la alocución en la que Duque presentó las seis objeciones, para decidir si obedecer a Germán Vargas Lleras o a los Char. Si bien, la decisión de la bancada marca un camino, aún se considera como una incertidumbre lo que viene sucediendo en las toldas por quién tiene la última palabral. Recordemos que Luis Eduardo Díazgranados, senador de Cambio Radical de la comisión III, fue pieza clave para completar el cuórum necesario de nueve personas para darle luz verde al Plan Nacional de Desarrollo. Este suceso fue un claro reversazo a la orden del exvicepresidente Vargas Lleras de no asistir al Congreso, pues ese viernes Lleras había ordenado una reunión del partido en Valledupar. Los movimientos de Cambio Radical Para el investigador de la Fundación Paz & Reconciliación -Pares, Sebastián Mora Castro, ese no es fue un hecho menor, ya que, “si el PND se hundía, Duque se hubiera llevado su golpe más duro en el Congreso, superando por mucho los fracasos de la reforma política y la reforma a la justicia”, señala el investigador. Adicionalmente, según el análista la decisión tomada por los Char tiene que ver con que vieron un mayor beneficio en apoyar al gobierno frente al costo de contradecir el líder natural del Cambio Radical. Sobre el expresidente Vargas Lleras, Mora señala que lo sucedido con el PND “fue un tropiezo importante, él ha estado perfilándose como un estadista a través de su columna en El Tiempo, un conocedor de política pública a nivel macro, sacudiendo su imagen de político clientelista y al mismo tiempo, como un contradictor de Duque y de su falta de liderazgo y gobernabilidad”. El investigador relaciona el evento del PND con la decisión tomada el día de ayer de no apoyar las objeciones a la JEP y de cambiar la nominación del representante Cesar Lorduy (de la cuerda charista) para la presidencia de la Cámara de Representantes, por la de Carlos Cuenca (vargallerista). Justamente, en la misma reunión en la que Cambio Radical decidiera no respaldar a Duque, se llevó a cabo una votación “atípica” de 26 contra 1, en la que el partido decidió por Carlos Cuenca para ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes el 20 de julio de 2019. Este hecho marca un comportamiento atípico, ya que tiene que ver con que César Lorduy y Betty Zorro, quienes iban a medirse en el pulso con Cuenca decidieron declinar su aspiración. Por consiguiente la elección fue para decidir sobre un solo candidato. La disposición de que la presidencia le corresponda a Cambio Radical, tiene que ver con los acuerdos entre partidos. En esta ocasión es el turno de esta bancada que, entre otras cosas, es independiente del gobierno y la oposición. De esta forma, César Lorduy quien era el alfil de los Char, con su retiro dejó el camino expedito para el alfil de Vargas Lleras, quien en la presidencia de la Cámara jugará un papel clave. Rol electoral de la casa Char y la casa Vargas Lleras Para el investigador de PARES, es importante señalar que los Char no son unos subalternos más en Cambio Radical, son miembros con control político y poder de decisión dentro del partido. “Estos desencuentros pueden ser la forma de decirle a Vargas Lleras que él no es el dueño absoluto del partido. E incluso, ir cocinando al que suena como su candidato presidencial para el 2022, Alejandro Char, actual alcalde de Barranquilla, lo que claramente chocaría con otra posible aspiración de Vargas Lleras”, advierte Mora. El investigador de Pares hace hincapié, que, aun cuando el rumor de Alejandro Char no tenga asidero, los Char tiene una estructura propia en el partido que se compone como mínimo de 8 congresistas y querer consolidarla es un objetivo que resultaría obvio. La casa Char envía un mensaje a la casa Vargas Lleras Para el investigador de PARES, estos sucesos no obedecen a un rompimiento del partido, pero sí a una correlación de fuerzas. Por ejemplo, “si toda la bancada charista decidiera votar positivamente las objeciones y atenerse a sanciones disciplinarias de su partido, no lograrían pasar las objeciones. La lucha se dio ayer y se perdió, pero el mensaje de los Char a Vargas no va a desaparecer”, cita Mora. Por último, para el investigador, resulta importante resaltar que “ni Vargas ni los Char directamente participan de la puja, pero sus alfiles sí, hay entonces que estar atentos a los alfiles de cada parte: Varon Cotrino, Lara o Richard Aguilar, por parte de Vargas Lleras y Zabarain, Diaz Grandos y el propio Arturo Char por el clan del Atlántico”. La sociedad civil en vilo Paralelamente, ha habido una presión por parte de la sociedad civil que, en las últimas semanas, se ha volcado a las calles a exigir una JEP sin objeciones. Por otro lado, está el rifirrafe en las redes sociales que tiene a quienes están abrazando la JEP y quienes han lanzado ataques directos al Tribunal de Paz; en lo que es un auténtico capítulo de polarización, como un regreso al 2016, época en que se llevó a cabo el Plebiscito por la Paz. Así las cosas, el pulso lo está ganando quienes están defendiendo la JEP y la implementación del Acuerdo de Paz, con los recientes anuncios de los partidos que le imposibilitan las cuentas a Duque para tramitar sus objeciones.

Por: Redacción Pares En el último informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, revelado ayer jueves, el organismo internacional, en cabeza de su secretario General, Antonio Guterres, felicita la labor desempeñada hasta ahora por la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, y señala con contundencia, que es indispensable y espera que se sancione su Ley Estatutaria. Fuerte llamado de atención al Gobierno Nacional. La ONU felicita la labor desempeñada hasta ahora por la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, y señala con contundencia, que es indispensable y espera de que se promulgue su Ley Estatutaria. Esta Ley, señala la ONU, será la base fundamental de su labor, ya que la Jurisdicción Especial para la Paz se ha esforzado por asegurar a todas las partes implicadas que está determinada a seguir desempeñando las funciones que le fueron encomendadas por la Constitución. Las víctimas sí han sido escuchadas: ONU La Jurisdicción Especial para la Paz ha comenzado a trabajar en siete casos que considera que son representativos del conflicto armado y se refieren a hechos que afectaron a aproximadamente 820.000 víctimas. Dos de los casos se abrieron en el período que abarca el informe. Las víctimas han tenido la oportunidad de presentar informes y material de apoyo en relación con sus casos, lo que constituye una dimensión innovadora del proceso de paz en Colombia. A la espera de que se promulgue su Ley Estatutaria, que será la base fundamental de su labor, la Jurisdicción Especial para la Paz se ha esforzado por asegurar a todas las partes implicadas que está determinada a seguir desempeñando las funciones que le fueron encomendadas por la Constitución. «En verdad, el impresionante y cada vez más amplio trabajo de la Jurisdicción Especial se ve eclipsado en ocasiones por los polarizantes debates mantenidos sobre su función.» indica el informe. Holmes Trujillo, fue por lana y salió trasquilado El 12 de marzo, manifiesta la ONU en cabeza de su Secretario General, el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo García, viajó a Nueva York para explicar detalladamente las objeciones del Presidente. «Tomé nota de los motivos de la decisión del Presidente, destaqué la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz y reiteré las preocupaciones expresadas por las Naciones Unidas con respecto a la incertidumbre que rodeaba la aprobación de la Ley Estatutaria.» señaló Guterres. «También transmití al Ministro, añade el alto funcionario, mi esperanza de que se actuara prontamente para asegurar que esa base jurídica entrara en vigor lo antes posible, a fin de que se garantizaran los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de todas las partes involucradas.» En una declaración conjunta, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y el sistema de las Naciones Unidas en Colombia habían lamentado que, más de dos años después de la firma del Acuerdo Final, la Jurisdicción Especial para la Paz aún no contara con una Ley Estatutaria. Un regaño para el Fiscal General El primero de marzo, señala el documento, la Fiscalía General anunció la detención de cinco personas, entre ellas un fiscal adjunto de la Jurisdicción Especial para la Paz, por delitos de soborno y narcotráfico. En un primer momento la Fiscalía afirmó que con el soborno se pretendía influir en el caso de Jesús Santrich, pero posteriormente se retractó. En ese sentido, la Procuraduría General tampoco encontró ninguna prueba que respaldara esa acusación, dice la ONU, y el fiscal principal de la Jurisdicción Especial para la Paz confirmó que su oficina no había tenido nada que ver en el proceso de Santrich. Situación de líderes sociales sigue siendo crítica: ONU «Sigo profundamente preocupado por los continuos ataques contra líderes sociales y contra defensores y defensoras de los derechos humanos y pido que se adopten medidas rápidas para evitar nuevos asesinatos y para llevar a los autores ante la justicia», enfatizó el alto funcionario de la ONU. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en el período que abarca el informe se denunció el asesinato de 29 personas, incluidas 4 mujeres. Hasta la fecha se han verificado seis de esos casos. La Oficina ha identificado un total de 226 casos desde la firma del Acuerdo de Paz. Muchas de las personas asesinadas eran miembros de las juntas de acción comunal, líderes de organizaciones de víctimas, personas que participaban en aspectos del Acuerdo de Paz, como el programa de sustitución de cultivos ilícitos, o personas involucradas en reclamaciones de restitución de tierras. Los departamentos de Antioquia, el Cauca y Norte de Santander han sido los más afectados. La mayoría de los ataques fueron cometidos por grupos armados ilegales y organizaciones criminales, y un número menor puede atribuirse a la delincuencia común. «Como señalé en diciembre (S/2018/1159), los líderes indígenas y la población de los territorios étnicos, especialmente en el Cauca y Nariño, se han visto afectados de manera desproporcionada por las disputas entre actores armados ilegales por el control del territorio y los cultivos ilícitos. » finalizó explicando el Secretario General de la ONU.

Por: Sebastián Camilo Mora Castro – Línea Democracia y gobernabilidad Pares Hace unos días circuló por redes sociales un vídeo en el cual la actual directora de la Agencia de Desarrollo Rural -ADR, Claudia Ortiz, coincidió, en un evento de la entidad realizado en el municipio de Sativanorte (Boyacá), con el precandidato a la gobernación del departamento de Boyacá, Guillermo Sánchez Sánchez, más conocido como el ‘Mono’ Sánchez, y quien cuenta con el apoyo político del Clan de Ciro Rodríguez Pinzón, político del Centro Democrático. En el encuentro señalado entre el ´Mono´ Sánchez y Ortiz, se observa cómo el primero hace un reconocimiento al nivel de inversión de la ADR en el departamento de Boyacá, y en general al gobierno nacional, incluso se escuchan pequeñas intervenciones de Ortiz completando las frases de Sánchez. El sábado 16 de marzo, con base en el vídeo reseñado, la Procuraduría General de la Nación inició investigación disciplinaria contra Ortiz y la suspendió provisionalmente de su cargo por tres meses. ¿Quién es Claudia Ortiz? Hay que recordar que Claudia Ortiz fue una de las abanderadas de la campaña presidencial de Duque en Boyacá, y que su hermano, Juan Carlos Ortiz Rodríguez, fue uno de sus publicistas De esta manera, el nombre de Claudia Ortiz fue puesto en la lista de posibles directores de la Unidad Nacional de Protección, lo que generó un sinnúmero de protestas por parte de sectores de la oposición, y en general de la sociedad civil. Esto, debido a calificativos desobligantes utilizados por Ortiz en contra del proceso de paz y de los líderes sociales afines a los movimientos políticos alternativos y de izquierda. Tan fuertes fueron las críticas que el gobierno desistió de su nombramiento en esa entidad. Sin embargo, semanas después Ortiz fue nombrada directora de la Agencia de Desarrollo Rural, a través de decreto presidencial el 28 de diciembre de 2018, sin cumplir con todos los requisitos legales necesarios para ostentar el cargo. Para posesionarse, la funcionaria certificó como experiencia laboral relacionada con la misionalidad de la entidad o estudios de posgrado en el mismo sentido, una declaración juramentada de experiencia laboral ante una notaría. El Clan de Ciro Ramírez Pinzón Por otra parte, Sánchez tiene el apoyo de uno de los clanes políticos que PARES ha identificado y caracterizado en el departamento de Boyacá: el Clan de Ciro Ramírez Pinzón, excacique político del departamento, quien fue miembro del Partido Conservador y condenado por parapolítica. Pasó por el concejo de Moniquirá, la Asamblea Departamental, la Cámara de Representantes y llegó hasta al Senado. Ya en el 2002 hacía parte del grupo de parlamentarios que apoyaron el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Ramírez Pinzón fue capturado en febrero de 2008, y meses después renunció a su curul como senador para alejarse de la competencia investigativa de la Corte Suprema de Justicia, la cual, en ese momento tenía solo una instancia de decisión. La estrategia de gran parte de los parapolíticos, posteriormente condenados, consistió en la renuncia de su curul para que su caso fuera reasumido por la Fiscalía General de la Nación y tener la posibilidad de varias instancias en su proceso judicial. Esto ha sido considerado en múltiples ocasiones como una forma de alargar los procesos el mayor tiempo posible e incluso buscar el vencimiento de términos. No obstante, el caso de Ramírez Pinzón fue remitido a la Corte Suprema nuevamente que lo halló en el 2011 culpable por concierto para delinquir y promoción de grupos paramilitares, específicamente, por sus relaciones con alias ‘Mi Sangre’ expara del Bloque Central Bolívar y con el narcotraficante Gilberto Saavedra, alias ´El doctor´. Las ‘gambetas’ de Ramírez Pinzón a la justicia En mayo de 2013 la Procuraduría lo absolvió por un proceso que la misma entidad le abrió por parapolítica, y no le impuso sanciones disciplinarias. En marzo de 2015, la Corte Suprema lo absolvió por otro proceso vinculado a participación en narcotráfico, este último proceso fue diferente al que causó su primera condena. Sin embargo, en junio de 2011 recobró su libertad al haber cumplido las tres quintas partes de su condena de 90 meses de prisión, pero esto no fue obstáculo para que continuara influyendo en los resultados electorales del departamento y afianzando su cercanía al Centro Democrático. Ejemplo de lo anterior fue la inclusión en las listas al congreso del 2014 de Rigoberto Barón, para senado y de su hijo, Ciro Ramírez Cortes para la Cámara. El primero se ‘quemó’, pero en 2015 asumió curul en reemplazo de Ana Mercedes Gómez, anteriormente ya había contado con el apoyo de Ciro Ramírez padre en sus aspiraciones a la gobernación de Boyacá en el 2011. Por los lados de su hijo, este se convirtió en representante a la Cámara por el departamento de Boyacá y en 2018 logró escalar al Senado. El ‘Mono’ Sánchez, pupilo de Ramírez Pinzón en Boyacá El ´Mono´ Sánchez inició su carrea política como concejal de Santa Rosa de Viterbo en 2007, posteriormente fue asesor de la gobernación para los años 2012 y 2013. Desde 2014 y hasta mitades de 2015 hizo parte de la UTL de Ciro Ramírez hijo cuando este era Representante a la Cámara. Posteriormente, fue su ficha dentro de la asamblea departamental como diputado, con quien ha compartido en múltiples ocasiones tarima en sus visitas a Boyacá. Fue justamente Ciro Ramírez hijo quien impulsó su nombre al interior del partido de gobierno, para ser la apuesta a la gobernación en las elecciones de octubre de este año. Todas estas conexiones indicarían que el encuentro entre el ´Mono´ Sánchez y Ortiz en el evento de la ADR no fue casualidad. La directora no se ha pronunciado sobre la coincidencia de agendas e inclusive otros medios han reseñado que negó al ministro de agricultura haberse encontrado con algún candidato en el marco de la gira en el departamento. Por su parte, el Centro Democrático en defensa tanto de la funcionaria como del precandidato esgrime que no puede existir falta disciplinaria, ya que el partido no ha escogido a su candidato a la gobernación, pero en redes se encuentran pruebas que demuestran lo contrario, como lo es por ejemplo esta foto de la cuenta de twitter de Ciro Ramírez hijo. Rigoberto Barón, una nueva ficha del clan Finalmente, hay que subrayar que el Clan de Ciro Ramírez no tiene todos sus huevos en una misma canasta, ya que, dos días después del evento que había proclamado a Sánchez como precandidato, evento que contó con la presencia del senador Álvaro Uribe. Y la historia sigue. Cuando las inscripciones de candidatos del partido ya se encontraban cerradas, apareció de repente en la contienda el excongresista Rigoberto Barón, quien también hace parte del clan de Ciro Ramírez padre. Para PARES no existen los mal llamados delitos de sangre, pero en Boyacá se empieza a evidenciar que Ciro Ramírez padre, ha proyectado su poder político empujado por los nexos ilegales que lo llevaron a ser condenado por la Corte Suprema de Justicia hacia su hijo. Además, impulsando la estructura política de este, con el objetivo de volver y mantenerse en el poder. Exactamente como lo han hecho por años los viejos gamonales políticos.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR, publicó este jueves el balance anual sobre los “Retos Humanitarios 2019”, en el que se revela la grave situación humanitaria en más de siete departamentos del país durante el año pasado. De acuerdo con el CICR, en el 2017 hubo 14.594 personas desplazadas forzosamente frente a las 27.780 de 2018. En ese sentido, aumentó en 90% este fenómeno. “Hubo un deterioro significativo de las condiciones de seguridad. No hemos visto ninguna mejora, y hemos visto a personas, civiles, familias en situaciones más difíciles, más precarias, más expuestas a todo tipo de violencia tras la salida de la exguerrilla Farc de las zonas históricamente ocupadas», indicó Christoph Harnisch, jefe de la Delegación del CICR en Colombia. Otro factor que destacó el organismo internacional para que aumentaran los hechos de violencia en las regiones, fue el vacío estatal que se ha suplido con la presencia de otros actores armados. Las Farc y el anterior gobierno firmaron el Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, que prometió mejorar las condiciones de vida a las poblaciones golpeadas por el conflicto: acceso a los servicios básicos, mayor seguridad y más oportunidades de desarrollo, sin embargo, organismos alertan que esa paz anhelada se podría estar quedando en el papel. Aumenta la cifra de desplazados De acuerdo con el CICR, en el 2017 hubo 14.594 personas desplazadas forzosamente frente a las 27.780 de 2018. En ese sentido, aumentó en 90% este fenómeno. Para muchos habitantes, la paz nunca llegó y, en muchos casos, la situación de seguridad se ha deteriorado seriamente. «La situación es ahora más compleja que en el momento de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP. Varios departamentos del país han experimentado un claro deterioro de la situación humanitaria, a lo que se unen las dinámicas conflictivas en las fronteras y la extrema vulnerabilidad de los migrantes que llegan a Colombia», agregó Harnisch. Durante la presentación del balance anual «Retos Humanitarios 2019», Christoph Harnisch, jefe de la Delegación del CICR en Colombia, manifestó su preocupación ante la realidad que se vive en extensas áreas del país. “Son poblaciones que tienen miedo y están desorientadas, hay amenazas, muertes selectivas, enfrentamientos y desplazamientos masivos, más en el 2018 que en el 2017. En estas zonas donde hubo un deterioro en la seguridad, no hubo más servicios para satisfacer las condiciones básicas para estas comunidades. Esto “se llama ausencia del Estado”, puntualizó. ¿Cómo lo viven las comunidades? El municipio El Bagre, Antioquia, es una de las zonas donde se han aumentado los desplazamientos, según el CICR. Durante la investigación en territorio, hablaron con algunas de las víctimas como Onnis Yanith Mosquera quien expresó que “ya no encontraba nada que hacer, miedo también por los grupos armados que se tomaron el pueblo”. “Empiezan a haber enfrentamientos y uno mantiene amenazado porque uno escucha todo”, agregó. Cabe destacar que Colombia cuenta con más de 80.000 desaparecidos en el marco del conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas. En zona rural del departamento de Chocó, Eva Chaverra no volvió a ver a su hijo desde 1999. Estuvo desaparecido durante 9 años y en 2018 el CICR le entregó le entregó el cuerpo de Gilberto, su hijo. “Un grupo armado lo asesinó en el río Munguidó. Yo seguí pendiente y y toda la información que me daban era que lo habían matado, que lo habían matado, que lo habían matado, pero nunca encontraron su cuerpo”, expresó Chaverra sobre la angustiosa búsqueda de Gilberto. Colombia enfrenta cuatro conflictos armados El CICR ha categorizado cinco conflictos armados de carácter no internacional en Colombia, y está estudiando otros casos, sobre todo en los departamentos en Norte de Santander, Arauca, Caquetá, Meta, Putumayo, Nariño, y toda la costa pacífica. Según su actual clasificación jurídica, Colombia enfrenta cuatro conflictos armados entre el Estado y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz. A los anteriores se suma el conflicto entre el ELN y el EPL, que en los últimos meses ha afectado significativamente a la región de Catatumbo. “Para la población civil del Catatumbo, el conflicto armado no internacional entre el EPL y ELN es el factor que ha empeorado sus condiciones de vida. Es por eso que en esta zona hubo más desplazamientos masivos”, agregó Harnisch. Así las cosas, para la organización, el nororiente de Colombia fue una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en 2018. Como lo registró, en 2017 ocurrieron 57 incidentes violentos, y en 2018 aumentaron a 221. Y lo que va corrido del 2019 se han registrado 76 incidentes. “Este es un indicador de las dinámicas conflictivas que el derecho internacional humanitario llama conflictos armados no internacionales”, apuntó. En definitiva, la salida de las Farc de las zonas que ocupaban históricamente conllevó a un vacío de poder que produjo la presencia de otros grupos armados que actualmente se disputan por el control territorial. Y como lo señaló el CICR no hubo suficientes esfuerzos del Estado para poner a estas zonas como prioritarias.