Por: Ariel Ávila Martínez & Esteban Salazar Giraldo La Fundación Paz & Reconciliación – Pares, realizó durante más de un año, una investigación en la que se obtuvieron diversos resultados sobre un sofisticado entramado de corrupción. Esto, a partir del ejercicio de escudriñar las presuntas irregularidades y manejos ilegales, ocultos bajo intereses políticos, sobre una parte importante de los dineros de los recursos públicos en el departamento Antioquia. Valor+ una sociedad fachada para robar Se hizo una recolección y revisión exhaustiva de información a partir de diversas fuentes entre las cuales hay entrevistas reservadas y fuentes secundarias; así como también se realizó una confirmación posterior en los sistemas de información, tales como el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), el Registro Único Empresarial (RUES) y el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), entre otros. Este sofisticado entramado se sustenta en la creación de una sociedad de economía mixta, denominada Valor +, con aportes de capital público y privado proveniente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (en adelante, IDEA) a espaldas de la Asamblea departamental. A través de esta sociedad se han desviado miles de millones de pesos de forma irregular. De acuerdo con la investigación, Valor + ha servido como fachada para evadir las exigencias de contratación pública y socavar los recursos del IDEA mediante contratos y convenios interadministrativos con cuestionados “Aliados Estratégicos”, diversas administraciones locales y la gobernación del departamento. El gobernador Pérez, artífice de la red de corrupción Los artífices de este potencial caso de corrupción serían, el actual gobernador, Luis Pérez Gutiérrez; el exgerente del IDEA nombrado por el gobernador, y actual candidato a la gobernación, Mauricio Tobón Franco, quien manejó un presupuesto aproximado de 200 mil millones de pesos de la entidad; y el gerente y representante legal de Valor+, Esteban Tobón Urrea, quien se desempeñaba previamente como subgerente financiero del IDEA. Con el IDEA y Valor+ se han favorecido políticos, congresistas, ex congresistas y criminales. Estos recursos públicos han estado al servicio de empresas privadas, de las cuales no se tienen registros de domicilio, no cumplen con los requisitos de contratación pública y no ha habido ningún tipo de vigilancia por parte de los órganos de control, esto a pesar de las diversas denuncias recogidas durante la investigación. Contratos a dedo y sobrecostos a la orden del día Al saltarse los procesos de contratación pública, se evidencian contratos asignados a dedo, con sobrecostos y mal ejecutados. Por ejemplo, de acuerdo con una investigación realizada por el diputado Luis Peláez Jaramillo sobre la ejecución de los contratos de 2016 y 2017 de Valor+, el monto de contratación asciende a 16.960 millones de pesos, de los cuales se revisaron apenas 584 contratos que superan los 400 millones. De estos, hay 7.481 millones de pesos que no contaban con contratos, es decir, tenían montos indeterminados y no aparecen en los ingresos ni en las utilidades de Valor+. Relacionado con lo anterior, de acuerdo con documentos internos del IDEA y de Valor+, así como de diversas fuentes reservadas que fueron consultadas, se estableció presuntamente que para cada concejal, diputado, congresista y político amigo de Luis Pérez y de Mauricio Tobón, se asignaron en entre 5 y 10 cupos como bolsa de empleo. De igual forma, Valor+ ha accedido a información pública y privada de carácter privilegiado, que va desde el manejo de las fotomultas y el recaudo de las secretarías de tránsito en administraciones locales, hasta el catastro de tierras en Antioquia, sobre todo en zonas afectadas por el conflicto armado y con presencia de grupos armados. Es decir, Valor + ha tenido información y contratación privilegiada durante décadas para favorecer políticos y corruptos. Un atentado contra el patrimonio de Antioquia Lo anterior pone en riesgo a la Gobernación, el IDEA, los recursos públicos y el desarrollo del departamento; mantiene las dudas razonables de candidaturas como las de Mauricio Tobón a la Gobernación de Antioquia, el comportamiento clientelista del congresista Juan Diego Gómez Jiménez y la gestión del actual gobernador Luis Pérez Gutiérrez, en un presunto entuerto de corrupción multimillonaria. A continuación, se aborda a profundidad la investigación, se detallan los mecanismos sofisticados para elaborar este potencial caso de corrupción, los nombres involucrados y se anexan algunas de las pruebas más importantes que soportan estos hechos. Lea el informe completo aquí:

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El director de la Fundación Paz & Reconciliación -Pares, León Valencia, analizó la Minga Indígena por la vida que se viene adelantando por casi 20 días en el departamento del Cauca, a la cual se le ha unido más comunidades indígenas de otros departamentos y que ha sido respaldados por sectores políticos y de la sociedad civil. Esta conformación del sentir rural y ancestral sucede mientras el presidente Iván Duque se niega a reunirse con los líderes de la Minga. Para León Valencia, es un despropósito señalar que la Minga deba recurrir a un camino burocrático para presentarle las exigencias al gobierno de turno, pues, históricamente, las maniobras dilatorias y el incumplimiento con el pliego de peticiones que han hecho las comunidades, ha sido una constante. Reclamos históricos no atendidos De esta forma, Valencia plantea que si ese fuese el camino, ¿El presidente Duque sí se hubiese presentado en el Cauca? la respuesta es no. Un ejemplo de ello es que ya que las comunidades y las organizaciones sociales han manifestado la difícil situación que atraviesa el departamento del Cauca con el recrudecimiento de la violencia y, ante eso, no han sido escuchadas. Así como no se han garantizado los derechos a la comunidad indígena a lo largo de la historia, en estos ocho meses del gobierno Duque sus derechos siguen siendo vulnerados. A partir de esa práctica dilatoria del Estado, las comunidades del Cauca se han abocado a tomarse la vía Panamericana, pues de esta forma el gobierno nacional tendrá que prestarle atención a las consignas que han manifestado. Sin embargo, las comitivas que envía el gobierno, por la experiencia que han tenido las comunidades, resultan insuficientes pues estas delegaciones enviadas por el presidente no han demostrado proyectarse como garantía en término del cumplimiento de las consignas demandadas. Lo que señala Valencia sobre esa práctica de los gobiernos, es que envían los funcionarios, firman acuerdos que después no cumplen. Duque y la Minga, un error tras otro La razón que argumenta el presidente Duque de no ir al Cauca hasta que levanten el bloqueo de la vía Panamericana, es reducida al absurdo por la experiencia larga que les ha dejado a las comunidades el acceder; para que después el Estado prescinda de los reclamos territoriales. La forma en la que ha manejado la Minga ha sido un error a todas luces, pues la ausencia del Presidente ha acrecentado la fuerza de la protesta que, incluso se proyecta a tener alcance nacional. Las críticas a la Minga son un ‘boomerang’ para Duque. Las críticas que el partido de gobierno, desde el presidente, la vicepresidenta y algunos de sus cabezas ministeriales cada vez gozan de menos valor en la opinión pública. Muestra de ello es la crítica frontal que señala que la Minga está siendo infiltrada por actores violentos, cuando el primer actor que llega a interlocutar con la Minga es el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), pie de fuerza de la Policía Nacional o soldados del Ejército Nacional. Por su parte, este jueves el presidente Duque, reiteró el llamado a la minga indígena en el Cauca a que levanten las «vías de hecho» en medio de las protestas y bloqueos que adelantan en el sur del país, tras advertir que en esas condiciones la delegación del Gobierno no negociará. El mandatario señaló que en su administración no se van a tolerar situaciones de presión, para obligar al Gobierno a dialogar en medio de la protesta que ya completa más de 15 días en el departamento del Cauca. Cuando el uribismo alentaba las protestas Sobre el alegato por parte de las toldas del gobierno de que en la Minga indígena hay una infiltración de fuerzas políticas, Valencia cita el ejemplo de la presencia y posterior polémica que desató Gustavo Petro en el Cauca, ponderando los espaldarazos que, en su momento, presentó el jefe del partido Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez; a las protestas en contra del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos Calderón. El uribismo pasó de apoyar la protesta a rechazarla. Para estos casos, que sirven como píldoras para la memoria, León Valencia trae a colación la presencia de Uribe en la protesta del sector cafetero, en la cual “la gente más cercana de Uribe financió dicha protesta”. También recuerda el momento en que Uribe se inventó el discurso de una resistencia civil en torno a los Acuerdos de Paz, como también el papel de Uribe con los terratenientes para llevarlos a protestas contra la restitución de tierras. En este sentido, el argumento de la infiltración política no la hace una razón suficiente para desprestigiar la Minga Indígena. Además, es evidente que la protesta indígena esté ligada a las discusiones políticas, sería una reducción a su historicidad desconocerlo. Es un error, señala Valencia, no reconocer el carácter cultural, social y político de las comunidades indígenas en Colombia. Así las cosas, la Minga Indígena hoy configura una gran fuerza que tiene en aprietos al presidente Iván Duque. Este miércoles en la tarde, más de 40 congresistas entre senadores y representantes a la cámara de diferentes partidos políticos, no ocultaron su molestia por no poder reunirse con el presidente Iván Duque, en la Casa de Nariño, lugar hasta donde se desplazaron para discutir la crisis que se registra en el Cauca. Este rechazo a la bancada de oposición, es un pésimo mensaje que envía Duque al país, al no permitir un encuentro para debatir sobre las medidas que se deben adoptar para superar la manifestación de la Minga indígena.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El 27 octubre de este año se llevarán a cabo las elecciones para elegir autoridades locales en el país. En el caso de Bogotá, ya hay varios candidatos de distintos partidos políticos que se alistan para comenzar la carrera por la Alcaldía Mayor, mientras otros no han tenido más que tropiezos en su aspiración por ocupar el segundo cargo más importante del país. “Todo parece indicar que la contienda será entre los candidatos del Partido Verde, el Centro Democrático y seguramente Carlos Fernando Galán. Ellos serán quienes definan la alcaldía de Bogotá en las elecciones”, señaló Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares. Samuel Hoyos, sin el pan y sin el queso Desde el 2018 el entonces Representante a la Cámara, Samuel Hoyos del Centro Democrático, se había alistado como posible candidato para los comicios en octubre. Renunció en diciembre a su curul en el Congreso de la República para poder participar en la contienda política por la alcaldía de la capital. Sin embargo, sus cálculos le jugaron una mala pasada. Llegó en el 2014 a la corporación y el año pasado obtuvo la segunda votación más alta de la cámara. Todo indicaba que iba a permanecer otros cuatro años en el recinto, pero sus aspiraciones a la alcaldía lo jalonaron a dimitir del cargo. Hoyos alcanzó a hacer campaña desde sus redes sociales como precandidato y se alcanzaron a instalar vallas en algunos puntos estratégicos de la ciudad. A finales de 2018 y principios de 2019, el candidato más opcionado, por lo menos lo que mostraban los medios nacionales, para representar al partido del uribismo era él. Pero el 25 de febrero, luego de una encuesta ciudadana, se definió quién sería el candidato oficial del CD. Entre la concejala Ángela Garzón, el también concejal Diego Molano y Hoyos, finalmente se conoció que la primera figuraría como aspirante del CD para la Alcaldía. Tras la noticia, el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez le ofreció la posibilidad de lanzarse como gobernador del departamento de Cundinamarca. A lo que Hoyos respondió en medios que él no cree que las decisiones se deban tomar en caliente. “Voy a dedicarme un poco más a mis hijos y a mis cosas privadas y ya veremos la mejor decisión”, expresó. Claro está que ambos le dieron el apoyo a la concejala, así como su jefe de partido, que le confió el liderazgo para ejercer como candidata. “Ya se definió la candidata a la Alcaldía por el Centro Democrático, la concejala Ángela Garzón. Ahora en los próximos días saldrá la encuesta del partido verde que decidirá entre Claudia López y Antonio Navarro”, agregó Ávila. Los que van por el carril del centro El exsenador Antonio Navarro Wolff, del partido Alianza Verde, tenía clara su intención de llegar a la Alcaldía de Bogotá antes de los comicios del Congreso, por lo tanto, no se presentó y empezó a anunciar su candidatura a la Alcaldía. “Si soy alcalde, aplicaré 33 prioridades contenidas en 7 principios: 1. Cero corrupción 2. Primero la Educación 3. Participación organizada y decisoria 4. Opción preferencial por los pobres 5. Desarrollo sostenible 6. Bogotá segura 7. Región Metropolitana», expresó Navarro desde septiembre del año pasado en su cuenta de Twitter. Y aunque Navarro lleva más de seis meses en campaña, la excandidata a la vicepresidencia y exsenadora Claudia López, anunció a principios de marzo que se lanzaría a la Alcaldía por el mismo partido. “Aunque lleva pocos días de campaña ha sido arrasador su paso por la capital y Antonio Navarro un hombre con muchos pergaminos pues lleva casi un año de campaña. Una vez resuelva el candidato o la candidata del Partido Verde se tendrán que enfrentar” a los otros opcionados, indicó Ávila. La izquierda sin un candidato fuerte El candidato que se había perfilado para representar a la izquierda había sido el concejal Hollman Morris. Los medios de comunicación lo tenían en la mira como un posible contrincante fuerte para hacerle contrapeso a la derecha. Sin embargo, un escándalo a finales de enero sobre un presunto caso de violencia intrafamiliar, lo dejó fuera de cualquier posibilidad. Su esposa Patricia Casas, lo denunció en la emisora W Radio, y aseguró que la “vida privada de una figura pública debe ser conocida”. Morris intentó exculparse, pero fue imposible resarcir los daños. Luego de la demanda interpuesta por Casas, el senador Gustavo Petro le sugirió a Morris apartarse y “pensar más en su familia en este momento, en sus hijos, que en la lucha política por el poder”. El otro aspirante de izquierda es Jorge Rojas, exsecretario de integración social en la administración de Petro. Galán, un aspirante para tener en cuenta “El petrismo está sin candidato sólido después de la crisis de Hollman Morris. Jorge Rojas nada que despega, al parecer no llega ni a los dos puntos en las encuestas, así que todo parece indicar que será entre el candidato del partido verde, el centro democrático y seguramente Carlos Fernando Galán quienes definirán la alcaldía de Bogotá en las elecciones de octubre de este año”, explicó Ávila. Vale la pena recordar que Carlos Fernando Galán, exsenador de Cambio Radical, también renunció al congreso para aspirar a la Alcaldía de Bogotá. En diciembre de 2017 anunció que no aspiraría  la reelección en el Senado por Cambio Radical porque no estaba de acuerdo con el criterio que usaron para conformar la lista, pues de nuevo el partido incluyó a candidatos cuestionados. En 2018, decidió renunciar al Senado y al partido Cambio Radical, argumentando que seguir allí ya no era coherente con sus principios. Así las cosas, la disputa para la alcaldía está en manos de aspirante de centro-derecha. Garzón, el que resulte del partido Verde, y seguramente Carlos Fernando Galán, serían los favoritos para ocupar el codiciado cargo.

Por: Redacción Pares Este jueves 28 de marzo el Sello Editorial de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATÓLICA realizará el lanzamiento del sexto informe de seguimiento a la etapa de posconflicto en Colombia: La Reestructuración unilateral del acuerdo de paz. A dos años de la firma del Teatro Colón. La Fundación Paz & Reconciliación –Pares, UNICATÓLICA y la Universidad de Antioquia, juntaron esfuerzos para realizar esta investigación que ha puesto bajo la lupa lo ocurrido tras dos años de haber sido firmado el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, concluyendo que se ha producido una reestructuración unilateral por parte del Estado de lo acordado con las FARC-EP. Un balance para hacer posible la paz Algunas de las reformas convenidas por las partes no se han hecho y ya no se harán. Dos ejemplos claros de esto son la modificación de la estructura agraria y la puesta en marcha de una nueva visión de la lucha contra el narcotráfico. Otras se están haciendo a medias, como la reforma política de la cual hay logros parciales como el llamado Estatuto de la Oposición; otras, aún se discuten en las distintas instancias del Estado, como el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que sigue adelante en medio de una división enorme de la opinión al respecto y soportando entonces no pocas arremetidas y controversias; y algunas están arrancando y pueden salir adelante, como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Este documento es un riguroso balance de los aspectos fundamentales para hacer posible la paz y para contribuir a la comprensión de la realidad nacional desde una visión crítica e independiente. En estos primeros meses del gobierno de Duque, indica la investigación, se aprecia la continuidad y la profundización de la reestructuración unilateral del acuerdo. Un gobierno que no busca transformaciones de fondo Según el análisis abordado en este texto, han pasado tres cosas: en primer lugar, se podría decir, que el nuevo gobierno hasta el momento ha planteado cumplir unos mínimos de lo pactado. Hacer una implementación que no busca transformar de fondo las condiciones sociales, políticas y económicas que describió el acuerdo de La Habana. Esta será una paz con pocas transformaciones. Y tercero, sobre la Reforma Rural Integral se harán algunas variaciones a la angustiosa situación que vive el campesinado; del punto de combate a las economías ilegales se mantendrá lo pactado con un grupo de familias para la restitución, pero no se avanzará más en ello; y en lo de Participación Política se logró el Estatuto de oposición. Lo demás se ha hundido o se está hundiendo en el trámite parlamentario, concluye el texto. La paz de Duque no será la del Teatro Colón Hay una tensión dentro del Gobierno nacional frente a cómo manejar el tema del acuerdo de paz. Para algunos debería cambiarse todo, casi que destruirlo, para otros, hay cosas que se deben cambiar, pero preservar partes importantes del acuerdo como los PDET o el desarme de las Farc. Y para otro grupo de funcionarios hay que cumplir en algo, pero en ese debate no se debe quedar el gobierno, hay que salir de ese círculo vicioso de paz sí o paz no. Esa tensión no se ha resuelto y el presidente no ha tomado partido. Lo que sí es claro es que la paz de Duque no será la misma del Teatro Colón. Hay un cambio de lenguaje fundamental, a la palabra paz la cambiaron por la palabra legalidad y a la palabra posconflicto la cambiaron por la de estabilización. Este cambio no es únicamente semántico, es más profundo. «Es fundamental conocer cómo marcha el proceso» Al respecto, León Valencia Agudelo, director de Pares, escritor y analista político con amplia experiencia en temas relacionados al conflicto armado en Colombia aseguró que “el estado del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC es el principal acontecimiento del país en el siglo XXI y también el tema más controversial de la política colombiana, ha dividido a las élites, a los partidos y a la sociedad.» «Por eso es fundamental conocer la marcha del proceso, cómo se está cumpliendo el acuerdo, qué dificultades tiene y qué diferencias afronta”, explica Valencia. “El libro hace un balance de los dos años de implementación del Acuerdo desde los territorios, desde las regiones, con investigadores independientes en 17 zonas del país. Busca dar a conocer de la manera más objetiva lo que ha ocurrido en el desarme, la desmovilización y la reintegración de los miembros de las FARC y lo que está ocurriendo en los municipios donde operaban las FARC antes de su desmovilización”, concluyó Valencia.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Teresita Gaviria, directora de la Asociación de Madres de la Candelaria, respalda el trabajo de la JEP y exige que no se dispongan más aplazamientos que entorpezcan el funcionamiento del Tribunal Especial. Ella, como miles de madres, espera la largamente anhelada verdad para las víctimas. “Ha llegado la hora de que nos pronunciemos para rodear con mucho ánimo a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Con todos estos informes que estamos haciendo nosotros es para llevarlo a la JEP, porque no tenemos otro camino que acompañar la JEP.» Es un derecho reclamar la verdad, dice. «Para eso lo hacemos ante ustedes, porque son nuestros amigos como estandarte de esta lucha, de nuestro dolor, de nuestra angustia por eso la exigencia de que la JEP funcione de verdad y que la misma no tenga más obstáculos.” Una búsqueda incansable Justamente, hace 20 años Gaviria fundó la organización que ha trabajado para acompañar a todas las mujeres que buscan, incansablemente, a sus hijos desaparecidos en el departamento de Antioquia. Cabe recordar que, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, hay 80.514 víctimas de desaparición forzada a nivel nacional, de los cuales 19.794 víctimas son del departamento de Antioquia. Entre 1999 a 2019, que es el periodo de tiempo que lleva la Asociación de Madres de la Candelaria, en esta región, 10.398 personas fueron desparecidas de manera forzada. Gaviria ha contado, en repetidas ocasiones, que lo más difícil fue, en principio, que alguna entidad las escuchara porque en 1998 no contaban con el apoyo de la policía, ni el ejército, ni los funcionarios de la Fiscalía. Como aseguró para Colombia2020, el contexto era muy complejo pues la autoridades competentes estaban ‘amangualadas’ con el paramilitarismo; lo que impedía que, desde su lucha, estas mujeres no pudieran hablar. Precisamente, bajo esta dificultad, pero con la firme convicción de no desfallecer en la búsqueda de la verdad, el 19 de marzo de 1999 nace la Asociación de Madres de la Candelaria como respuesta a las numerosas desapariciones forzadas, secuestros y homicidios en el marco del conflicto armado. El coraje de las madres Esta colectividad compuesta por madres, padres, esposas, hijos y familiares víctimas le plantó cara al silencio, y desde entonces han trabajado por la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. En las plazas salieron a reclamar la verdad hace 20 años. En ese entonces eran siete mujeres y hoy son alrededor de 882 las que siguen buscando a quienes fueron obligados a la ausencia. De esta forma luchan en contra de la premisa que sugiere que la historia oficial no la escribe la memoria, sino el olvido; ejercer memoria en un departamento como Antioquia ha puesto de manifiesto que la verdad es un campo de disputa. En esa misión han logrado encontrar los restos de cerca de 120 personas. Cada miércoles, desde ese 19 de marzo de 1999, hacen un plantón en la iglesia de La Candelaria en la ciudad de Medellín, con este acto de memoria y denuncia las mujeres de la Asociación le ha quitado el miedo a esta democracia para recordar y el miedo al lenguaje para decir. De esta forma, las Madres de la Calendaría buscan la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado en Colombia, como las Madres de Plaza de Mayo que por más de 40 año lo han hecho en Argentina. Justamente, el 24 de marzo salieron a ejercer memoria después de 43 años, porque al país argentino aun le faltan 30.000 personas. Juntas continúan La Asociación de Madres de la Candelaria ha generado un acompañamiento desde el primer paso en el proceso de búsqueda de la verdad, hasta culminar el proceso de esclarecimiento de los hechos y la reparación de las víctimas. Esta iniciativa integral, ahora después de los años trabaja de manera articulada con entidades gubernamentales. En síntesis, la iniciativa acompaña en la búsqueda y exhumaciones de cadáveres e identificación de cuerpos. A los y las familiares víctimas, las acompaña en el proceso de entrega de cuerpos identificados y atención psicosocial en los procesos de duelo. La Asociación aboga por el seguimiento legal de los procedimientos tanto de la búsqueda, como de la identificación. Otra de las apuestas de la Asociación es visibilizar los discursos de la victimas para que sean escuchados, vinculados y tenidos en cuenta en el restablecimiento de los derechos y la reparación integral. Dentro de las actividades está la participación la participación en conversatorios, foros, debates, seminarios, congresos de carácter regional, nacional e internacional y la articulación con otras organizaciones a nivel nacional e internacional como es el caso de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina. De esta forma, las mujeres de la Asociación seguirán haciéndose sentir en los plantones y extendiendo su lucha a la implementación del Acuerdo de Paz, para que así se acerquen a la verdad de lo ocurrido durante más de 60 años de guerra.

Por: Diego Reyes Téllez, Universidad Externado – Pares – Grupo Capstone El pasado 14 de marzo se realizó en Bogotá la presentación pública del Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia durante 2018. A pesar de contar con los instrumentos normativos y con la institucionalidad suficiente, el informe de ONU pone el dedo en la llaga sobre el aumento de los ataques y la creciente victimización contra líderes sociales en el país. Al parecer, uno de las dificultades que hay que sortear es que no hay una voluntad política para formular e implementar a largo plazo una política pública de prevención y protección en favor de los líderes sociales en cada uno de los territorios del país. Líderes sociales y defensores continúan en la mira Con la suscripción del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Estado Colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, muchos colombianos esperábamos al menos dos cosas. Que se redujera la confrontación militar en los territorios por cuenta de la desactivación del aparato militar de esa guerrilla, y que el Estado asumiera progresivamente el monopolio de las armas en los territorios vulnerados por esa confrontación militar. Lo primero sí ocurrió según lo han advertido las propias Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo. Lo segundo no. En varias regiones del país tales como el Catatumbo, el Guaviare, Chocó o el Cauca, la presencia y el accionar de grupos armados ilegales se haya incrementado; representando así la persistencia del riesgo contra los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad personales de la población civil, y en particular de los líderes sociales y de los defensores de DDHH. Protección y prevención, dos caras de la misma moneda Para el Estado,proteger a los líderes y lideresas es una obligación de carácter permanente, acorde a los compromisos adoptados voluntariamente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, razón por la cual, no solamente debe tomar medidas positivas (Art. 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Y por otra parte, los gobiernos territoriales –como lo demandaba la Ley 1106 de 2006 o el decreto 4800 de 2011, deben tener el compromiso inquebrantable de actuar y anticiparse de manera oportuna y sistemática a la victimización de líderes sociales y defensores de DDHH. El problema es que Colombia no ha logrado resolver, de una vez por todas, el falso dilema de las políticas de Estado contra las políticas de gobierno. Una situación favorable pudo ser que en el PND ‘Prosperidad para Todos (2010- 2014)’ se incluyera dentro de sus lineamientos y objetivos un claro componente en materia de prevención de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, y que justamente en diciembre de 2011 se expidiera la Ley 1448 con la cual se reconoció que Colombia padece un conflicto armado interno que engendra víctimas. Sin embargo ni con los Decretos 1225 de 2012, 2890 de 2013, ni con el 1581 de 2017 “para adoptar la política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades” se logró avanzar, como tampoco se ha logrado la formulación del Plan de Acción Nacional en Derechos Humanos que tanto ha recomendado ONU. Políticas de prevención, mucho ruido y pocas nueces Para el caso de los líderes sociales y defensores de DDHH, el Sistema de Alertas Tempranas para monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgo de la población civil por los efectos del conflicto armado interno y promover la acción de prevención humanitaria -SAT, ha presentado al menos dos Informes de Riesgo específicamente (IR Nº 010-17 y AT Nº 026-18). En ese caso, si se hubiera atendido con mayor seriedad y reconocimiento a su labor de advertencia, resultado de su rigurosidad metodológica y de contrastación de fuentes, entonces seguramente las cifras de victimización que nos presenta OACNUDH en 2017 y 2018 serían menores. Mientras la Defensoría del Pueblo siga advirtiendo, pero las instancias políticas como la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) no garanticen la adopción y el seguimiento riguroso de sus recomendaciones, el Plan de Acción Oportuna (Decreto 2137 de 2018) será insuficiente para reducir y neutralizar la victimización. Resulta innegable señalar que tanto el SAT de la Defensoría del Pueblo, como el Ministerio del Interior (como cabeza de la otrora CIAT y de la advenediza CIPRAT) y la UNP han jugado un papel clave dentro de la ecuación de prevención, advertencia y protección ante riesgos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH. Se necesita voluntad real del Gobierno Pero los resultados siguen siendo igual de dramáticos. Acción reactiva e ineficiente ante las coyunturas, negación del carácter sistemático de las amenazas, y hasta negación del conflicto, tal como ha planteado recientemente el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en el marco de las rotas negociaciones con el ELN. De esa forma, sólo nos queda esperar que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad actúe con decisión y con todo el respaldo de la voluntad política del Gobierno Nacional, tal y como lo sugiere en su informe OACNUDH. No cabe duda que sin una política de Estado que tome en serio la tarea de la Prevención, y no solo la Protección, no habrá paz estable ni duradera.

Por: Redacción Pares A través de una carta, cientos de organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos, académicos, demócratas, humanistas y líderes políticos exigen al Presidente Iván Duque que termine las acciones de guerra contra la minga y pase a manifestaciones de respeto, voluntad política y cumplimiento de los acuerdos firmados por el Estado colombiano. Carta del 26 de marzo dirigida al Presidente Duque «Las Organizaciones Sociales, de Derechos Humanos y de Paz, nos solidarizamos con la Minga Nacional por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz y hacemos un llamado urgente al gobierno Colombiano en Cabeza del Presidente IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, y a los organismos nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos con el fin de demandar en primera instancia la protección de la vida e integridad de las comunidades indígenas, campesinas y sectores populares movilizados desde el pasado 10 de marzo de 2019. Es un deber del Estado evitar tragedias de mayor magnitud a las que ya se han presentado y una obligación ética de los organismos internacionales y cuerpos diplomáticos presentes en Colombia solicitarle al gobierno colombiano que frene la guerra y la acción militar en contra de la Minga que ejercen el derecho a la participación, expresión y movilización. En segunda instancia, hacemos un llamado Presidente Duque para que cumpla las normas, acuerdos y tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales del pueblo colombiano en particular el derecho a la participación de las comunidades indígenas, campesinas y sectores populares vulnerables, que como es de conocimiento de todos, son sujetos de especial protección del Estado. Los atropellos, uso abusivo de la fuerza y atentados directos contra la vida de las comunidades deben ser investigados ejemplarmente, castigados y no se pueden repetir. En este sentido es importante que el Ministerio del Interior, instale prontamente la Mesa de Seguimiento a la Protesta Social que permita evaluar y garantizar este derecho constitucional, a la luz de pactos y convenios internacionales signados por el Estado Colombiano. Nos preocupa la falta de avances en la Mesa de Negociación y la alta militarización en los territorios donde se desarrollan las concentraciones de la Minga. Señor presidente solicitamos que nos explique porque el transporte de tropas del Ejército Nacional, Policía, ESMAD, Sijin y Personal de Civil no identificado en carros sin placas cerca de los puntos de movilización han aumentado. Estos operativos y exhibición de armamento, sobrevuelos de helicópteros y drones que cruzan de manera permanente en medio de los ataques con bombas aturdidoras, gases lacrimógenos y disparos con armas de largo alcance en contra los sectores sociales participantes de la Minga envían un mensaje de guerra y no de voluntad política y solución a la grave crisis social, económica y al escalonamiento del conflicto armado que vive el país y que afrontan de manera directa las comunidades que hoy ejercen su derecho a manifestar públicamente la necesidad de una respuesta institucional.»

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Una polémica se desató por la instalación de dos vallas por parte del partido político Centro Democrático en el departamento de Antioquia, más específicamente en la variante a Caldas y en la vía de Amagá – Bolombolo. La pregunta “Tú, ¿de qué lado estás? Víctimas: no JEP | Victimarios JEP”, con el logo del partido de gobierno, es un ataque a la JEP en épocas en las que se discutirán las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque en el Congreso de la República. Patricia Linares, presidenta de la JEP, señaló que la Justicia Transicional no es un espacio que albergue impunidad, sino que por el contrario, aboga por la Verdad, la Justica, la Reparación y las Garantías de No Repetición. Además, Linares indicó que “En cualquier país del mundo la verdad asusta. ¿A quién asusta? Pues al que puede ser afectado por esa verdad. La verdad produce miedo en quien pueda ser afectado”. Un país que insisten en dividir El mensaje a la sociedad civil, que está inscrito en las vallas, trae consigo un llamado a la división, propio de un espejo retrovisor, del cual el presidente Duque prometió alejarse. Estas vallas aparecen siete (7) días después de que en las principales plazas del país se realizaran multitudinarias marchas en defensa de la paz y en claro respaldo a la JEP. Asimismo, esta respuesta por parte del partido de gobierno se da en el marco de una oposición más definida y articulada. Cabe recordar, que por primera vez en la historia de Colombia se usó el derecho a la réplica a las objeciones del Duque a la Ley Estatutaria de la JEP. Patricia Linares, presidenta de la JEP, ha disipado las críticas que intentan sembrar en torno a la Jurisdicción. Justamente, la presidenta del tribunal especial le ha mandado un mensaje a los detractores solicitando tiempo “para presentar los resultados que, estamos seguros, mitigarán esas dudas y cuestionamientos”. En busca de mitigar esas dudas, Linares fue categórica al señalar el objeto de la Justicia Transicional “A la JEP le interesa más como propósito constitucional la verdad plena, la reconciliación y la garantía plena de no repetición bajo una premisa ineludible que es que siempre habrá una sanción”. Uribe respondió, por medio de su cuenta de Twitter, a Patricia Linares que “en la JEP deberían respetar opiniones que creen que ese no es el camino de la paz ni de la reivincación de las víctimas”. De igual forma, suscitó que continuará en el Congreso buscando reformas, refiriéndose a la JEP. La misiva de Patricia Linares en favor de la paz Patricia Linares envió este martes 26 de marzo una carta al jefe del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Linares le solicita a Uribe que cumpla con el artículo 22 de la Constitución, que advierte que la paz es un derecho y deber que vincula a todos los colombianos sin distingo. En este sentido, la presidenta del Tribunal Especial señala el compromiso de no acudir a estrategias de «desprestigio, desinformación y agresión continua», en contra de los jueces encargados de impartir la justicia transicional. Linares extendió el llamado a Uribe recordándole que “Las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional que ha acompañado el proceso de paz en Colombia, reclaman como derecho la construcción de una paz, estable y duradera”. La presidenta de la JEP, sostuvo que como Tribunal de Paz, buscan contribuir al proceso de la superación de la guerra garantizando la no impunidad y la vocación de reconciliación, alejándose de lenguaje bélico, ofensivo o degradante. La presidenta de la JEP cerró su mensaje con reflexiones sobre la necesidad de unión en el proceso de reconstrucción como sociedad, para alcanzar una paz, que en palabras de Linares, necesita de todas y todos los colombianos. ¿Quién está detrás de las vallas en contra de la JEP? Los autores son los integrantes del grupo denominado Los Paolos, quienes se hacen llamar Paolos Unidos por Colombia. Dicha colectividad, la lidera la senadora del Centro Democrático Paola Holguín. Sobre Holguín, en entrevista del portal Alponente el representante a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático, Juan Espinel, señaló que “hoy nos posicionamos en Antioquia como una de las tendencias del uribismo que respeta y defiende los principios, la patria y el partido; pero también donde defendemos las decisiones del presidente Álvaro Uribe Vélez”, sobre la colectividad de los Paolos. Espinel pertenece a dicha colectividad. Por su parte, la senadora Holguín se ha referido sobre el tema de la instalación de las vallas “Dividieron el país en “amigos de la paz” y “amigos de la guerra”, se burlaron de la voluntad del pueblo en las urnas, nos llaman paracos, mano negra, rufianes… ante una valla con una legítima pregunta, nos acusan de sembrar odio …” Después de conocerse que Álvaro Uribe renunciaría al Senado de la República, luego de que la Corte Suprema de Justicia lo llamara a indagatoria por el caso de manipulación de testigos; los denominados Paolos sorprendieron al país con la instalación de vallas en la que se exponía la fotografía del senador y el mensaje “Uribe es Colombia”. Estas vallas fueron instaladas en el departamento de Antioquia, después, para enero de este año, el mismo mensaje apareció en una valla en Miami, Estados Unidos. En esta ultima no salía el logo de Paolos Unidos por Colombia, sino las siglas CAPAC. Estos son algunos de los nombres que haría parte de la colectividad de los Paolos, tal como lo deja constatado un comunicado al partido Centro Democrático el 11 de septiembre de 2018: Paola Holguín (senadora), Juan Espinal (Representante), Simón Molina (concejal),Carlos Escobar (ex concejal) Daniel Galeano, Rosa Acevedo (líder política), Álvaro Jaramillo (ex diputado), Carlos Manuel Uribe (concejal), Stella Ríos (concejal), Luis Alberto Pulgarín (ex alcalde), Mario Vélez, Anderson Burítica (líder de El Peñol), Álvaro Jhovanny Gómez (excongresista), Anibal Espinal (empresario), Ángela Espinasa (ex Concejal),Ángela Maria Palacio, Alex Giraldo, Lisandro Vallejo, Luis Miguel Giraldo, Carlos Bedoya, Danilo Rivera (concejal), Fernando Castrillón (concejal), Mario Hernández, Edenive Monsalve, Víctor Medina, Camilo Rendón (concejal), Diego Montoya (ex alcalde), Elmer Henao, Mario Arango, Esteban Calderón (edil), Juan Carlos Zapata (concejal) y Jhonny Vélez (líder político).

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El expresidente Juan Manuel Santos realiza el lanzamiento, este martes en España, de su libro “Batalla por la Paz”, en el que narra todo el recorrido para sellar el Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc. Por otra parte, este fin de semana el uribismo arremetió contra Santos debido a algunos de los apartes del texto que reveló el exmandatario y que ellos califican como una «sarta de mentiras». Luego de la entrevista concedida por Santos al medio internacional El País, se conocieron algunas citas de su libro de las cuales se resaltan su encuentro con el expresidente Álvaro Uribe Vélez -acérrimo opositor del Acuerdo de Paz- tras la derrota del gobierno en el plebiscito, una acusación al senador José Obdulio Gaviria, y las confidencias del proceso. ‘Uribito’, la manzana de la discordia El expresidente Santos contó al diario español que luego de perder el referendo el 2 de octubre de 2016, el actual congresista Uribe se reuniunieron el 12 de noviembre de 2016 en la Base Aérea en Rionegro, Antioquia, con el fin de estudiar las posibilidades de salvar el proceso de paz. “Me sorprendió mucho que el primer tema que tocó el expresidente no fue el Acuerdo de Paz, sino otro muy distinto. Me habló de su protegido, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado desde julio de 2014 a diecisiete años de cárcel por la Corte Suprema, por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros [está en Miami, a la espera de ser extraditado]”, citó el diario internacional. De acuerdo con Santos, lo primero que Uribe le expresó fue que le preocupaba que su gobierno siguiera persiguiendo a Andrés Felipe Arias. Él quedó “atónito” pero le respondió que su gobierno no perseguía a nadie. “Mentirita pero leve (de) Santos: primera vez que lo vi después del Plebiscito fue en Casa (de) Nariño, reunión q pedimos. En la Base Aérea fue después, seguramente hablé (de) Arias, mi deber, rogué, vanamente, que en lugar de firmar esa tarde con Farc en La Habana se buscara el acuerdo Nal”, contrarrestó Uribe desde el sábado en su cuenta de Twitter con otra seguidilla de trinos. ¿Chuzadas de José Obdulio? En la misma entrevista, Juan Manuel Santos también lanzó una acusación contra José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático y quien ha sido uno de los principales alfiles del uribismo. Según él, José Obdulio le pidió que interceptaran las comunicaciones de la excongresista Piedad Córdoba cuando aún era Ministro de Defensa. Se negó y le pidió que no volviera a hacerle “ese tipo de solicitudes”. “Me llamó por la línea directa de Presidencia -el llamado falcon- y me pidió, como lo más normal, que interceptara las comunicaciones de la senadora liberal –cercana a Hugo Chávez– Piedad Córdoba”, narra el expresidente en el libro. Ante estas declaraciones, varios senadores del partido de gobierno salieron en defensa de los acusados. Gaviria, implicado directo, replicó lo que dijo Santos en la misma red social: “pueden constatar perfectamente con la Casa de Nariño que yo no tenía falcon. Esa es otra de las mentiras de Santos”. Este martes, Gaviria también dijo que Córdoba “hablaba públicamente contra el Gobierno y a favor del llamado acuerdo humanitario y yo le respondía, también, claro y directo. Él (Santos) me está confundiendo con él, que todo lo hace por debajo de la mesa y con trampas de tahúr. Además de ser ilegal e inmoral, la idea de ‘chuzar’ a Piedad solo se le ocurre a la mente menor de ese impostor”. Ruptura entre Santos y Uribe Antes de ocupar la presidencia (2010-2018), Santos recibió todo el apoyo político del entonces presidente Uribe, tras cuatro años como ministro de Defensa y como candidato predilecto para continuar el legado de la seguridad democrática. Sin embargo, para Santos, una salida pacífica era la mejor forma de dar fin al conflicto armado y fue en ese cambio de política que se profundizaron las diferencias. “Mencioné que tenía la llave de la paz en mi bolsillo y no en el fondo del mar, y que la podía utilizar; ahí no hubo mayor reacción. Esto se gestó después que sucedieron algunos hechos, nombramiento de gabinete, distanciamiento con mi antecesor. Esto del traidor fue una estrategia muy bien elaborada e implementada para minar mi liderazgo”, aseguró en la entrevista. Por su parte, Uribe arremetió contra Santos y señaló: “tiene razón, el tema no fue propiamente traición que refiere a personas en particular, aunque ha sido su motor de vida, pero digamos que el tema fue engaño a millones a quienes nos prometió todo lo contrario de lo que hizo. El anterior gobierno firmó el pacto de paz en noviembre de 2016 y desde ese momento el país ha estado en una división constante entre los que aseguran quieren la paz y los que no. Así las cosas, la bancada de gobierno ya empezó a responderle Santos tras sus declaraciones en la entrevista, mientras otras personalidades de la política, como Juan Fernando Cristo, han salido en su defensa. Entre tanto, Santos resaltó: “No quiero volver a controvertir con el expresidente Uribe. Dejémoslo que él siga peleando solo. A mí me parece muy buena la recomendación de un emperador, tal vez el más sabio de los emperadores romanos, Marco Aurelio que decía: ‘La mejor forma de vencer a un rival es no parecerse a él’. Yo he querido seguir ese consejo” Aunque apenas se conocen algunas citas del texto, este será en los próximos días y semanas una fuente de controversias teniendo en cuenta la polarización que generó el Acuerdo de Paz. En Colombia llegará muy pronto a las librerías y 1 de mayo se hará un lanzamiento en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. El libro se compone de más de 500 páginas, y según contó Santos tiene pasajes inéditos de toda su trayectoria en el proceso del Acuerdo de Paz y que desea compartir a la opinión pública.

Por: Redacción Pares Este martes se realizó en la Universidad El Bosque el panel «Política de Seguridad Ciudadana» con la participación de Claudia López, precandidata a la Alcaldía de Bogotá, el subdirector de la fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila y el ex subsecretario de seguridad de Bogotá Hugo Acero. En el conversatorio participaron el Dr. Jaime Escobar Triana , director del departamento de Bioética de laUniversidad El Bosque y León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, acerca de las múltiples dificultades y desafíos que tiene la ciudad de Bogotá sobre el tema de seguridad ciudadana. Miedo y delincuencia común en Bogotá Para Ariel Ávila, los dos enfoques principales sobre los que se debe trabajar el tema de seguridad en la capital son la delincuencia común y la deficiencia institucional. «La ciudadanía tiene la percepción de que la Policía no atiende los llamados o llega tarde o es corrupta.» señaló el analista. Por su parte, Claudia López, precandidata a la Alcaldía de Bogotá, señaló que Transmilenio es el punto más crítico de inseguridad en Bogotá «Es imposible hablar de seguridad, sin tocar el tema de Cultura Ciudadana Vamos a aprender a valorarnos, respetarnos, tener empatía y convivir sosteniblemente en nuestro hogar que es Bogotá.» manifestó. Sobre ese asunto en particular, López señaló que «El Sistema tiene 50 puntos críticos que debemos intervenir.» e insistió que como consecuencia de la intervención de la alcaldía Peñalosa sobre el Bronx, descentralizó las ollas de microtráfico «pasamos de 600 ollas a 1000 regadas por toda la ciudad». El experto en temas de seguridad urbana, Hugo Acero indicó que hay que hay que garantizar que el ciudadano pueda disfrutar la calle, que es el espacio donde se ejerce la democracia «En el 2010 la percepción de inseguridad era de un 29%, hoy, 2019, la percepción aumentó a un 52%.» Debemos trabajar con la policía permanentemente, indicó Acero. «La ciudadanía sabe donde están las ollas en los barrios, quien roba. Necesitamos información para la acción. Debemos trabajar 24 horas 7 días a la semana» Inequidad y desigualdad social, factores a resolver «Desarrollar las capacidades en educación requiere: mejorar la jornada única, brindarle condiciones dignas a los maestros; así como alimentación caliente para niños y niñas de colegios públicos, orientación escolar y seguridad en los entornos entorno escolares.» explicó Ariel Ávila. Al año 2020, todos los ciudadanos podremos estar en la Escuela de Cultura Ciudadana, manifestó la precandidata. Por su parte Hugo Acero hizo énfasis en que sobre este tema, principalmente hay que mirar con mucha atención y trabajar en la prevención de la violencia y el maltrato intrafamiliar «El lugar más peligroso para una mujer y los niños es su propia casa.» «Quedaron unos leños prendidos en Bogotá» León Valencia, director de la Fundación Pares, advirtió que en el marco de la reactivación del conflicto armado nacional, Bogotá tiene que tener una política clara sobre este tema «Tenemos el riesgo de volver a acciones de terrorismo, como el ataque a la Escuela de Policía General Santander, ¿cómo debemos tratar este debate en las ciudades?» señaló el analista. Plan candado, vigilancia en las vías de acceso, inteligencia y coordinación institucional entre las autoridades para combatir estas amenzas, propone Claudia López. «El miedo es como gasolina que es usada por algunos sectores políticos para ganar réditos, eso le hace daño a la ciudadanía. En Bogotá somos más inteligentes, no nos van a manipular.» enfatizó. Política antidrogas en la capital Para finalizar, León Valencia, ante la pregunta del profesor Jaime Escobar Triana sobre el tema de la lucha antidrogas y la política de legalización, explicó que la guerra contra las drogas ha sido un rotundo fracaso. «En América Latina se ha venido creando una red de políticos y dirigentes que han venido estudiando y analizando otras alternativas diferentes a una prohibición que fracasó. Insistir en esa lucha es ir en contra de la vida y la democracia, que son los más afectados por esto.» Sobre este asunto, Ariel Ávila dijo que hay que «ir de frente y duro contra jíbaros y traficantes, pero las medidas contra el consumidor no puede ser de cárcel ni castigo. Con el consumidor debe haber un trabajo terapéutico y social integral. En una ciudad progresista como Bogotá hay que crear un gran programa de atención para consumidores.» «El 90% de los consumidores de drogas no representan una amenaza contra la sociedad, el gran traficante sí, ese lava plata, se enriquece y financia campañas políticas. Para el consumidor debe haber una política de ayuda psicosocial, en cambio contra el traficante debe haber mano dura: desarticular tráfico de drogas hacia la capital y ollas en los barrios.» finalizó respondiendo a este cuestionamiento Claudia López.

Por: Redacción Pares La Minga Nacional Por la Vida, se sigue nutriendo. Desde Antioquia, y ante la convocatoria de la ONIC, desde este domingo la Organización Nacional Indígena de Antioquia – OIA, se hace presente en la zona de La Delfina (Valle del Cauca). Así mismo, desde este lunes se unieron indígenas Ingas del Cabildo Mayor Indígena Inga de Santiago, Putumayo. En Alto Putumayo, cientos de indígenas Ingas del Cabildo Mayor Indígena Inga de Santiago, se movilizan en Minga hasta la vereda El Cascajo, donde se concentrarán. Los acompañan en Minga el pueblo Kamentzá y demás cabildos del Valle de Sibundoy, marchan por la vía principal que une los departamentos de Nariño y Putumayo. A esta hora camina la #MingaNacionalPorLaVida por la vía Cali a Buenaventura hacia el punto de la Delfina dónde se concentrarán las organizaciones indígenas del Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Antioquia y Chocó. En el Departamento del Chocó, Indígenas de la comunidad del 18 se unen a la Minga Nacional por la Vida. El nuevo accionar de la Minga se desarrolla en la Vía que del municipio de Quibdó (Chocó) conduce a la ciudad de Medellín (Antioquia), donde centenares de Indígenas Emberas KatÍo o Eyabida, de la comunidad El 18, adscrito a la Asociación OREWA.

Por: Redacción Pares El último Informe de la Defensoría del Pueblo sobre Violencias Basadas en Género y Discriminación, revela las afectaciones sobre las mujeres y violencias basadas en Género en Colombia. Una parte de dicho análisis responde a las violencias que impactan a las mujeres y las personas con orientación Sexual e Identidad de género diversa en el marco del conflicto armado en el periodo comprendido entre el año 2014 al 2018. La recolección de la información se centró en insumos sobre las situaciones de violencia y las acciones institucionales adoptadas en ese periodo. Violencia sexual, una estrategia de guerra La violencia sexual y su impacto diferencial y desproporcionado en la vida y cuerpo de las mujeres, personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans, Intersex y/o con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, fue usada como estrategia de combate para reforzar los intereses de todos actores armados, subordinar o atemorizar a la población e incluso dentro de las filas de los combatientes, para reforzar líneas de mando. En ese sentido, no fue una violencia fortuita, por el contrario, ha hecho parte de un conjunto de estrategias bélicas y políticas de los actores armados en el contexto de sus campañas de expansión, dominación y control de los territorios. La base de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC, 2017) del CNMH, que usa como fuentes principales el Registro Único de Víctimas de la UARIV, y otras fuentes institucionales; revela que del total de 15.076 personas que han sido víctimas de violencia sexual en este contexto, el 91.6 % fueron mujeres (13.810 víctimas) y el 1 % personas con OSIGD (161 víctimas), donde la mayoría, un total de 93, corresponde a hombres que se identifican como LGBTI, seguido de mujeres LGBTI con 68 víctimas. Una mirada territorial permite señalar la necesidad de adelantar acciones para mitigar el riesgo en los departamentos de Chocó, Atlántico, Risaralda, Magdalena, Córdoba, Meta, Cundinamarca y Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Vaupés, Guainía, y Nariño. Dicha violencia sexual se expresó a través de: violaciones sexuales, acoso sexual, aborto forzado, desnudez forzada, obligación a presenciar actos sexuales, prostitución forzada, esclavitud sexual, entre otras. Más mujeres tomando decisiones para la paz En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, esa violencia es inaceptable, ya sea cometida por el Estado y sus agentes, por parientes o por extraños, en el ámbito público o privado, en tiempo de paz o en tiempos de conflicto. Mientras persista no se puede afirmar que se han logrado progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. El conflicto armado, su impacto diferencial y desproporcionado en la vida y cuerpo de las mujeres, personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans, Intersex y/o con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, es un hecho probado, que ha sido documentado y analizado por distintas entidades gubernamentales, órganos judiciales, organizacionales de la sociedad civil, así como por organismos internacionales. Al respecto, la Corte Constitucional, constató en el auto 092 de 2008 que “la violencia sexual es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexual”. Por su parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2000 expidió la Resolución 1325, atinente a las mujeres, la paz y la seguridad, en donde reconoció que la guerra afecta de manera diferente a las mujeres, y reafirmó “la necesidad de aumentar el papel de las mujeres en la toma de decisiones respecto a la prevención y la resolución de conflictos”