Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El Acuerdo de Paz entre el anterior Gobierno Nacional y la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc, trajo consigo unos mecanismos alternativos para juzgar a los principales responsables de los crímenes más graves, llevar a cabo procesos de esclarecimiento de la verdad o investigaciones sobre las violaciones de derechos y programas de reparaciones de diversas formas— individuales, colectivas, materiales y simbólicas— en caso de violaciones de derechos humanos. La Fundación Paz y Reconciliación-Pares le explica qué significa, cómo se desarrolla en Colombia y cuáles son los mecanismos que actualmente operan con el objetivo de dar fin a una guerra de más de 50 años. Justicia ordinaria vs justicia transicional Para entender la justicia transicional primero es necesario entender la justicia ordinaria, que se ocupa de los delitos o comportamientos que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo tanto, implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o pena. Sin embargo, “puede ser que en la sociedad esos delitos desborden la capacidad institucional del Estado por su magnitud, debido a la violación a los derechos humanos de forma masiva y sistemática por un Estado antidemocrático, o porque la sociedad se encuentra en un estado de conflicto armado”, así lo explicó a Pares la abogada, Yolanda Sierra, doctora en sociología y docente investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Entonces, cuando se habla de esa situación extraordinaria aparece la justicia transicional. Puesto que, estos episodios no pueden ser administrados por la justicia tradicional u ordinaria, y por lo tanto, los Estados tienen la obligación de resolver ese problema de alguna manera. La justicia transicional emana de la rendición de cuentas y de la reparación para las víctimas de un conflicto armado. “Cuando esa situación sucede, entonces los Estados crean mecanismos que son transicionales porque, como su nombre lo indica, no van a reemplazar a la justicia ordinaria y no van a ser permanentes, sino que se aplican en momentos especiales para superar esas condiciones y recuperar un estado de normalidad y de paz”, agregó la abogada. En ese sentido, se presenta una tensión entre derechos. Por ejemplo, el derecho a la justicia a veces no se cumple satisfactoriamente porque se quiere armonizar la sociedad con un derecho superior que es el derecho a la paz. Entonces se disminuyen las penas de los responsables para poder conseguir un derecho superior, que es el derecho a la paz, pero hay quienes la critican por los niveles de impunidad que puede generar. Sin embargo, los defensores aseguran que la justicia transicional está más centrada en reparar a las víctimas que en castigar a los ofensores. Los objetivos de la justicia transicional son, fundamentalmente, el reconocimiento de la dignidad de los individuos víctimas, la reparación y la admisión de las violaciones de derechos, y el objetivo de impedir que se repitan o sean constantes esas violaciones. Casos de justicia transicional en Colombia De acuerdo con la abogada, hay dos casos de justicia transicional en el país. Uno de ellos, proviene de la ley de 975 de 2005 que fue promovido por el expresidente Álvaro Uribe y denominado Justicia y Paz, y el otro, originado por el Acuerdo de Paz de 2016. Ambos son considerados transicionales porque tienen tiempos específicos y son excepciones a la justicia ordinaria para resolver masivas violaciones a los derechos humanos. Pero se diferencian en que el primero estuvo centrado en los responsables de los delitos, que en su mayoría fueron miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC; y por consiguiente, las víctimas no tuvieron tanta atención. En cambio, el Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno Santos y la exguerrilla Farc está diseñado para atender simultáneamente el castigo a los responsables y también la reparación a las víctimas. Y en ese sentido, es mucho más completo y más compleja su estructura. Sistema de justicia para la construcción de paz En el Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016, se concertaron seis puntos. El primero definió cómo se va a resolver el problema rural, el segundo avaló la participación política para dar un apertura democrática que evite otra vez la guerra. El tercero determinó cómo finalizar el conflicto armado y el cuarto concretó la solución al tema de las droga ilícitas. El quinto es el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, y “este es muy importante porque se crearon mecanismos para operar en el Acuerdo de Paz, mediante un sistema que es el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición -SIVJRNR, que es una estructura para abordar cada uno de los asuntos mencionados”, explicó la abogada. Ese sistema incluye la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad que debe garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad colombiana y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD, cuya función establecer lo ocurrido a las personas dadas por desaparecidas en el conflicto armado y contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas a la la reparación integral. El último punto creó un mecanismos de implementación y verificación conocido como la “Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias”. Así las cosas, este acuerdo no solamente incluye un aspecto centrado en la justicia sino también en unos mecanismos que son extrajudiciales. Mecanismos judiciales y extrajudiciales del pacto En la JEP se creó un sistema de sanciones especiales para castigar a los responsables de los delitos que pueden ser miembros de las Farc, del ejército o terceros. “Hay quienes consideran que el Acuerdo de Paz es un mecanismo de impunidad y no incluye sanciones pero eso no es cierto”, apuntó la investigadora. Lo que pasa es que como se trata de delitos masivos y sistemáticos se desborda la capacidad institucional y carcelaria del Estado, y se deben generar otros mecanismos diferentes. Los tipos de sanciones presentes en el Acuerdo de Paz En este caso hay tres tipos de sanciones distintas: las primera son sanciones a quienes reconozcan la verdad detalla y plena en la sala de reconocimiento de verdad responsabilidades. Esta es una etapa muy inicial en la JEP, entonces si las personas colaboran tendrán penas más favorables sin pasar por el establecimiento carcelario. La segunda es que son aplicables a quienes reconozcan la verdad pero que su caso ya está en la sección primera del tribunal para la paz, antes de dictar sentencia. Entonces a diferencia de sanción anterior, ellos reconocen la verdad pero más tardíamente, entonces sí tendrían que pasar de 5 a 8 años en prisión. La tercera son sanciones que se aplican a quienes nunca reconocen la verdad y responsabilidad del proceso que se adelanta en la JEP y resulten declarados culpables por el tribunal. Sin embargo, pueden tener redenciones en la privación de la verdad siempre y cuando se comprometan a contribuir con su resocialización. En todo caso la pena no es inferior a 15 años ni superior a 20 años en caso de graves infracciones o de violaciones. Por otro lado, la Comisión de la Verdad no es un mecanismo judicial. Pero es igual de importante porque lo que prima es la comprensión de las causas que generaron el conflicto armado y la superación de las mismas para que no se vuelva a repetir. La UBPD también forma parte del sistema sus metas son diseñar y poner en marcha un plan nacional y planes regionales de búsqueda, recolectar la información necesaria para establecer el universo de personas que serán objeto de búsqueda y buscar, contrastar y analizar la información proveniente de distintas fuentes. En ese sentido, el objetivo de la JEP es judicial, el de la Comisión de la Verdad es de la compresión de las causas, los efectos y la no repetición del conflicto armado, mientras que la búsqueda de desaparecidos tiene un enfoque y un objetivo humanitario. Justicia transicional para una sociedad polarizada Según el Centro Internacional para la Justicia Transicional -ICTJ, las medidas de justicia transicional casi siempre se aplican en sociedades enormemente polarizadas. Puede que las instituciones, al ser débiles necesiten un tiempo y unas inversiones considerables antes de poder siquiera plantearse afrontar los abusos sistemáticos. Sin embargo, es fundamental que la sociedad civil colombiana y las asociaciones de víctimas sepan hacerse oír y estén muy organizadas para obligar al Gobierno a actuar o para relacionarse con él de manera eficaz.

Por: León Valencia, director – Pares Hay un nuevo marco jurídico, una realidad nueva y rostros distintos en la oposición política colombiana. En contraste hay una repetición, una triste repetición, en el gobierno nacional. El pulso está servido. Tendremos cuatro años muy movidos. Quizás el resultado final sea un fortalecimiento de la democracia colombiana y una alternación política novedosa, o puede resultar que se fortalezcan las peores tendencias del populismo. El Estatuto de Oposición con su derecho a réplica y con algunas garantías especiales para los partidos independientes y de oposición, le ha dado una nueva dinámica a la política colombiana. Esto se vio claramente en la elección de las mesas directivas del Congreso y en el debate sobre las objeciones que el presidente Duque le hizo a la ley reglamentaria de la Justicia Especial para la Paz. La voz de la oposición está resonando con fuerza en el parlamento y en el país. Se debe también a que hay una nueva realidad, una nueva relación de fuerzas. Las élites políticas tradicionales se han dividido en torno a la paz y a la nueva agenda de derechos de la sociedad contemporánea, y la izquierda ha saltado de la marginalidad al protagonismo con una votación de más de ocho millones en las elecciones presidenciales y la conquista de una gran bancada parlamentaria. El uribismo recogió en su acervo político el discurso de Laureano Gómez, el a la más dura del Partido Conservador; la tradición caudillista y militarista de la historia latinoamericana; la ofensiva de las iglesias evangélicas contra la intimidad, la diversidad cultural y los derechos sexuales y reproductivos; el nacionalismo; y amalgamó estas expresiones ideológicas con las tendencias populistas que recorren el mundo. La paz negociada, la reconciliación del país, la justicia transicional y algunas reformas políticas y sociales fueron la piedra de toque de la división de las élites políticas. Las tendencias liberales y progresistas que habían militado en los partidos liberal y conservador a lo largo del siglo pasado han empezado a tomar distancia de la derecha uribista. Es ese el huracán que sacude a todos los partidos colombianos. Ninguno se escapa de las controversias y las divisiones. En unos es mayor, en otros es casi imperceptible, pero en todos hay rupturas. Las noticias de los últimos días son esas. El Partido de la U, que había decidido participar en la coalición del gobierno, tiene en su seno a influyentes parlamentarios que presionan el paso a la oposición; el Partido Liberal que había apoyado a Duque en la segunda vuelta presidencial se declaró independiente, pero sus mayorías se están comportando como una decidida fuerza de oposición, especialmente en la Cámara de Representantes; el Partido Cambio Radical, que en los temas de paz había manifestado muchas coincidencias con el uribismo, ahora está fracturado en dos tendencias que no encuentran una manera ordenada de tramitar sus diferencias; incluso en el Partido Conservador se presenta una dura disputa entre el sector de Marta Lucía Ramírez, que prepara la candidatura presidencial de la vicepresidenta y el sector político que acompañó a Santos a la largo de sus dos mandatos. En la izquierda es el sector moderado, el Partido Verde, el que tiene la iniciativa en estos meses después de las elecciones presidenciales. Gustavo Petro y la Colombia Humana han afrontado graves dificultades por la injusta negativa a concederle la personería jurídica a su Partido y por escándalos que comprometen a Petro y a otros miembros de esa colectividad. Pero en su conjunto la oposición de izquierdas le ha creado enormes problemas al gobierno de Duque con sus debates en el Congreso y con su impulso a la movilización social. Otra novedad política es el protagonismo de las mujeres, tanto en la coalición de gobierno como en la oposición. Los rostros son muchos, menciono algunos: Paloma Valencia y Marta Lucía Ramírez en el uribismo; Claudia López, Juanita Goebertus, María José Pizarro y Ángela María Robledo en la oposición. La disputa en estos cuatro años va a ser tan interesante como dramática. El ascenso del populismo de derechas en el mundo favorece al uribismo y es probable que esta corriente política se logre consolidar en el poder y forjar una fuerza de largo aliento en la vida colombiana; pero también es posible que la oposición encuentre el camino para develar ante la sociedad colombiana la violencia, la exclusión social y el perverso nacionalismo que vienen de la mano del uribismo y con ese expediente conquiste una mayoría que le permita contener algunas medidas extremas del gobierno de Duque y ganar las elecciones en 2022.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El Plan Nacional de Desarrollo (PND), ruta del Gobierno del presidente Iván Duque (2018-2022) fue aprobado en tiempo récord en el Congreso de la República. Todo indicaba que el proyecto iba a pasar por decreto presidencial, pero a última hora congresistas aliados al Gobierno salvaron la ponencia mayoritaria al reunir el quórum para aprobar el proyecto. Congresistas de la Alianza Verde, Decentes, Polo Democrático, la U, Liberal y Cambio Radical manifestaron su molestia porque el Gobierno de Duque presentó a última hora una nueva ponencia para del Plan Nacional de Desarrollo (PND), de 900 páginas, con más de 128 artículos nuevos y denunciaron que se intenta aprobar la iniciativa a “pupitrazo”. El Gobierno pretende que se estudien 128 artículos nuevos de un día para otro y se aprueben en primer debate “sin ningún tipo de estudio por parte de los congresistas” “Ante esta situación los senadores y representantes declarados en oposición dentro del Partido Verde, la Coalición Decentes UP- MAIS y Polo Democrático, asistimos a la sesión y radicamos una constancia para rechazar la intención del Gobierno, que pretende aprobar a ‘pupitrazo’ lo presentado hoy”, señala un comunicado al que adhirieron otras colectividades, incluida la U, que se ha declarado partido de gobierno. Por otra parte, la Vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, manifestó frente a lo ocurrido que es una buena noticia para Colombia. «Nuestros congresistas de las comisiones conjuntas terceras y cuartas votaron sí al informe de ponencia. Ahora pondrán en discusión el articulado del PND”, señaló la funcionaria. El ‘voto finish’, la estrategia del Gobierno El 6 de febrero el presidente Iván Duque radicó en el Congreso el PND para ser debatido y posteriormente aprobado. Luego se reunió con algunos gremios y partidos para revisar las inconformidades, pero con los representantes de la oposición no llegó a ningún consenso. El proyecto fue cuestionado durante casi dos meses por diversos sectores debido a la falta de especificidad y exclusión de temas coyunturales; a lo cual se sumaron las controversias el miércoles porque se incorporaron nuevos artículos y algunos congresistas reclamaron que ya no tenían tiempo para estudiarlos. Por lo tanto, la bancada decidió retirarse de la sesión a tal punto que no hubo quórum para el debate. Y casi le hacen perder este pulso político a Duque. “La estrategia de @IvanDuque con el PND es un ofensa: radica el 6 de febrero en el Congreso 183 artículos para ser estudiados mes y medio y el miércoles, a 3 días de vencer el límite de primer debate, radica otros 128; una #AvalanchaDeMicosDelPND que quieren ‘pupitrear’”, expresó el viernes en la misma red social, la Representante a la Cámara, Ángela María Robledo. Así las cosas, todo parecía indicar que Duque iba a tener que aprobar el proyecto por decreto presidencial como lo ordena la Constitución en el artículo 341, cuando el Congreso no logra consensos. Sin embargo, a pocas horas de cerrar la sesión, llegaron más congresistas y se inició la votación del articulado. A última hora,. el partido Cambio Radical se dividió y dos de sus congresistas, Luis Eduardo Díazgranados y Arturo Char, votaron a favor del Plan Nacional de Desarrollo. A respecto, hubo una dura reacción de Richard Aguilar, vocero del partido: “Tanto que veo que critican la mermelada y lamento que creo que se infiltró la mermelada en el partido. Vamos a tomar decisiones contundentes, vamos a esperar a la próxima semana porque la indisciplina no se puede tolerar en Cambio Radical”, manifestó desde Valledupar. ¿Qué se modificó del proyecto inicial? “Uno de los cambios en este nuevo articulado es que busca responder a las críticas de la paz. el Gobierno volvió a armar un plan plurianual de inversiones y lo que tenían en el primer articulado, lo modificaron para mostrar que sí había un presupuesto para la paz”, expresó Carolina Páez, investigadora de la línea de Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares. Sin embargo, agregó que, a pesar de los cambios, el rubro de paz aún no está desglosado y no queda claro cómo se va a invertir. En ese sentido, las modificaciones del PND no establecieron cómo se van a distribuir los fondos dedicados a la paz. Esto también ocurrió con el pacto por la equidad de las mujeres que no estaba contemplado en el primer texto presentado. Ángela María Robledo, Representante a la Cámara, indicó que el Presidente Duque «tendió una trampa para pupitrear el PND: radicó el 6 de febrero 183 artículos que se han estudiado durante 2 meses, pero el miércoles pasado agregó 128 más y el límite para primer debate es mañana; presentó una parte del PND para dilatar y la otra llena de micos.» Un PND aprobado ‘a las carreras’ El Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado de afán. Según analistas de Pares, si no se hubiera avalado vía Congreso, y sí por decreto, el texto definitivo habría sido el que radicó Duque por primera vez en el recinto. Esto hubiera generado consecuencias nefastas en la gobernabilidad, puesto que, hubiese quedado demostrada la insuficiencia del respaldo político. De acuerdo con Claudia Carrión, investigadora de Pares, en el proceso de aprobación del PND no había ocurrido antes una situación similar a la de este Gobierno. David Racero, Representante a la Cámara por Bogotá, señaló que es lamentable que el Congreso apruebe algo que no ha estudiado «128 artículos de un día para otro. Nos salimos para no aprobar algo a espaldas del país.» Según el congresista, este PND es un Pacto, pero sin clase media, sin la gente, sin el ambiente, sin paz. Entre tanto, el presidente del Senado, Ernesto Macías, señaló que el “Plan Nacional de Desarrollo no tiene color político, luego el compromiso del Congreso es con todos los colombianos que esperan las soluciones priorizadas en el Proyecto. El PND debe ser aprobado”. En definitiva, el PND estuvo marcado por tropiezos que casi lo dejan fuera de la vía legislativa. La oposición casi lo logra, y ahora lo que quedó fue un texto con una serie de modificaciones y artículos eliminados pero todo a las carreras.

Por: Juan Manuel Torres Erazo. Coordinador Oficina Pares- Pacífico En el marco de la “Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz”, ocurrió una tragedia. Una explosión dentro de una vivienda deja hasta el momento ocho (8) personas muertas, cuatro (4) gravemente heridas y un ambiente mediático alterado debido al cruce de declaraciones y versiones sobre lo ocurrido entre el ministro de defensa, las autoridades locales e indígenas. El lugar y los hechos Elaboración del mapa: Pares-Pacífico Se estaba organizando, desde la semana pasada, la concentración indígena en el resguardo indígena de La Delfina (Valle del Cauca), específicamente en la vía al mar en los límites de los municipios de Buenaventura y Dagua. Allí, para poder atender a todos los mingueros, un grupo de la guardia indígena se desplazó hasta el corregimiento de Juntas en Dagua para adecuar un espacio en la comunidad del cañón del río Pepitas a 20 minutos en carro de la vía principal. Fue justo en ese lugar donde ocurrió la explosión el día jueves 21 de marzo en horas de la tarde, en una de las casas del resguardo. Las víctimas de la explosión Hasta el momento se confirma la muerte de siete indígenas Waunan, Nasa y Embera de la guardia y de Jhonatan Landines, un estudiante de último semestre de arquitectura en la Universidad del Valle que era activista social y jugador del equipo de rugby universitario. Por ese motivo, no solo la minga está de luto y expresando su solidaridad a través del llamado ¡fuerza, fuerza guardia, guardia!, sino que el dolor se trasladó al movimiento estudiantil. Ayer en horas de la noche se realizó una manisfestación de estudiantes en las calles del sur de la ciudad de Cali, por la muerte del joven univalluno que estaba próximo a graduarse. Tres versiones de la tragedia Cuando se conocieron los hechos, de inmediato comenzaron a surgir múltiples hipótesis y señalamientos, desviando la atención de las reivindicaciones de la protesta indígena. Hasta el momento hay tres versiones, pues ya se descartó la de la explosión de una mina de oro cercana. 1. La gobernadora del Valle, con base en los informes iniciales de la SIJIN y del CTI de la Fiscalía dice que se trata, al parecer, de muertes accidentales por la manipulación de material explosivo dentro de la vivienda. 2. El ministro de defensa Guillermo Botero no sólo asegura que efectivamente se estaban manipulando artefactos explosivos, sino que los indígenas alteraron la escena en el lugar de los hechos. Además, el funcionario señala que el objetivo era dañar la vía principal que comunica a Buenaventura con el centro del país, incluso se atreve afirmar que “habrían adquirido el material explosivo por bandas criminales o por mercancía de contrabando”. 3. Desde la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca –ORIVAC- y el Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC- se rechazan las anteriores hipótesis y califican el hecho como una masacre, además denuncian que el artefacto explosivo pudo ser lanzado por una persona ajena al territorio o que se trató de una bomba. Indígenas indican que fue una masacre Desde los sectores de derecha y del gobierno del presidente Duque se trata de deslegitimar la protesta enlazando diferentes acontecimientos en la confrontación que ya completa dos semanas, señalando al movimiento indígena de dejarse infiltrar por actores armados y por lo tanto justificando la represión y la no presencia del mandatario nacional para entablar un diálogo directo con las comunidades. Por parte del movimiento indígena y los sectores sociales y populares que respaldan la Minga, consideran que fue una masacre y culpan a las fuerzas del Estado de estar detrás de estas muertes, pues se hacía evidente la escalada de la estigmatización y criminalización de la protesta. Además, está la agenda mediática que se centra más en los actos violentos y las afectaciones económicas que de evaluar el pliego de peticiones de las comunidades indígenas del suroccidente de Colombia. De esa forma, se pasó de tratar de establecer un diálogo certero y directo entre actores sociales válidos para resolver estos conflcitos históricas, a los partes de guerra con muertos, heridos, ataques, explosiones, gases lacrimógenos, capturas, infiltrados y el ruido de las armas y la guerra. Investigaciones y desconfianza institucional Desde primeras horas hicieron presencia autoridades locales del municipio de Dagua tales como el personero, cuerpo de bomberos, Cruz Roja Colombiana y ambulancias de los Scouts de Cali. También llegaron hasta el lugar investigadores de la SIJIN y el CTI de la Fiscalía para realizar las primeras pesquisas y el levantamiento de los cuerpos, y por supuesto los organismos de Derechos Humanos del movimiento indígena y de la sociedad civil. Sin embargo, no ha sido fácil la interlocución ya que desde el mismo momento en que se hicieron presentes las autoridades nacionales, hubo roces con las autoridades indígenas para autorizar la entrada de las instituciones a la zona y llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Implicaciones para el proceso de la Minga Social Para la región y el país hay graves implicaciones, pues los señalamientos de parte y parte han aumentado la distancia de los indígenas hacia el Gobierno Nacional, y podrían pasar varios días más de protestas y bloqueos antes de comenzar el diálogo. Por otra parte, el Presidente Duque tiene una serie de excusas por no haber asistido al encuentro con el movimiento indígena que lidera la Minga, y desde los sectores que protestan tienen razones adicionales para arreciar la lucha y las vías de hecho. De todas formas, y a pesar de los hechos, la Minga sigue avanzando, ya que las autoridades indígenas confirmaron que se va a realizar una concentración en el sector de La Delfina, y ya se anuncia el respaldo de indígenas del Nariño. Para el lunes 25 de marzo están solicitando el acompañamiento de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales, ONU, Defensoría del Pueblo y otras entidades del Estado para acompañar y verificar el desarrollo de la movilización. En definitiva, son evidentes las tensiones crecientes en el marco del desarrollo de la Minga en los próximos días.

Por: Redacción Pares Un grupo de excomandantes paramilitares anunció que acudirán a los mecanismos no judiciales para contar su verdad y compartir su conocimiento de lo ocurrido en el marco del conflicto armado en Colombia. “Expresamos nuestra decisión de acudir con nuestra verdad y conocimiento a los mecanismos no judiciales de construcción colectiva de Verdad creados en los procesos de Paz, como son la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica”, señala el comunicado. Entre los firmantes se encuentran Fredy Rendón Herrera, comandante del bloque Elmer Cárdenas; Rodrigo Pérez Alzate, del Bloque Central Bolívar; Ramón Isaza, jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio; Edwar Cobos Téllez, jefe del Bloque Héroes de los Montes de María, Iván Roberto Duque miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, entre otros.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares “No se puede perder el centro de todo este asunto que son los niños y las niñas que sufrieron afectaciones durante el conflicto. En estos días, de repente, pasamos al tema del perpetrador como protagonista. Claro que hay que perseguir a los responsables, pero el Acuerdo está diseñado para pensar la justicia desde las víctimas, no para el castigo en sí mismo del victimario, sino para tener un proceso restaurativo para las víctimas.” Pares habló con Hilda Molano Casas, abogada de la Universidad Nacional y quien actualmente es la Coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia- COALICO, cuya misión es contribuir a la disminución del uso, reclutamiento y vinculación de los niños, niñas y jóvenes al conflicto armado colombiano, mediante procesos de observación, prevención, protección e incidencia política frente a la sociedad, el Estado y la comunidad internacional. Pares: ¿Cómo llega COALICO a la mesa de negociaciones de La Habana como una de las organizaciones asesoras en el tema de la afectación de niños y niñas en el conflicto armado colombiano? Hilda Molano Casas: COALICO fue creada en octubre de 1999 y es un espacio de confluencia y articulación de organizaciones de la sociedad civil, de carácter nacional e internacional, que a través de monitoreo, incidencia política, defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y jóvenes, para disminuir los impactos del conflicto armado en los niños y las niñas, y en particular por aquellas relacionadas con el uso, reclutamiento y vinculación de la niñez a los grupos armados. Nosotros llegamos como invitados a la mesa de conversaciones de La Habana para acompañar, apoyar y hacer veeduría al proceso de salida de los niños, niñas y jóvenes de las Farc. En ese sentido y en esa etapa de implementación, hicimos una apuesta por la participación y la visibilización de la situación de niños y niñas víctimas del conflicto armado en el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En ese contexto nuestra tarea ha sido ver cuáles son las posibilidades, dentro del sistema integral, para que el enfoque de niñez y la participación de los niños y las niñas tenga un lugar, teniendo en cuenta las características y el mandato de cada mecanismo. Pares: ¿Por qué se convoca a la mesa de conversaciones de La Habana a COALICO y a otras instituciones, y no al ICBF como una de las entidades responsables de la protección a la niñez del país? H.M.C: Había una discusión de fondo entre el Gobierno y las Farc sobre la presencia del ICBF, concretamente había unas críticas sobre el trabajo y la presencia del Instituto en los territorios. Esa decisión de la mesa de negociaciones hizo que no solo fuera COALICO el llamado a hacer esas asesorías y el diseño del programa, también participaron siete instituciones más; algunas representantes del Estado como la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. Nosotros fuimos llamados en reconocimiento al recorrido que tenemos y aportamos, no solo en la parte técnica, sino en la visión como sociedad civil en una voz compartida con el Estado y las organizaciones internacionales. Ya en la parte de implementación el ICBF sí estuvo. En esa segunda parte tuvo un papel importante, sobre todo por la figura de los defensores de familia, ya que a través de ellos, los niños y niñas que salieron de las Farc tuvieron la oportunidad de tener apertura de los procesos de restablecimiento de derechos. Pares: El pasado 12 de febrero la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió por parte de COALICO el informe «Infancia transgredida: niñas, niños y adolescentes en la guerra» ¿Cuál es el balance sobre la situación de los niños víctimas de la guerra en nuestro país? H.M.C: Lo presentamos en esa fecha porque era el día mundial contra el uso de los niños soldados, conocido como el día de las manos rojas. Lo que hicimos fue presentar un acumulado de información del monitoreo que hemos hecho durante nuestro trabajo, y estaba disponible para efectos de lo que hoy se conoce como el caso 007 sobre reclutamiento y uso de niños y niñas que abrió la Sala de Reconocimiento el pasado 6 de marzo. El informe da cuenta de lo que han sido las afectaciones contra los niños, por siete hechos que se enmarcan en el conflicto armado en un periodo de tiempo de 2009 a noviembre de 2016, precisamente atendiendo al límite temporal de la JEP. Esa información está relacionada con todo el contexto que tuvimos en el desarrollo del conflicto, que de alguna manera daba cuenta de las afectaciones contra los derechos de los niños. Por ejemplo, las afectaciones de derechos a la educación y a la vivienda, afectaciones generales que ellos han tenido que sufrir, y en particular se hizo entrega de la información disponible por casos de reclutamiento y uso, así como ataques a escuelas y hospitales, violencia sexual, negación de acceso humanitario, secuestro, muerte y mutilación, y para el caso colombiano en particular, situaciones de desplazamiento que han afectado a los niños y las niñas. Eso finalmente nos da un acumulado de 696 casos que dan cuenta de cuáles han sido esas afectaciones atendiendo los parámetros de la JEP y la presunta responsabilidad de las Farc o de la Fuerza Pública. Esa fue la base de información que entregamos a la JEP. El informe también cuenta con un desarrollo conceptual de fuentes de lo que ha sido la evolución de la situación de los niños en conflictos armados, no solamente en Colombia, sino en estudios comparados, es decir, los marcos normativos de referencia que dan cuenta de cuáles han sido las decisiones de tribunales de justicia transicional en el ámbito internacional. Estas decisiones pueden ayudar, dar luces sobre cómo comprender un fenómeno tan complejo como el reclutamiento de niños y niñas y dar algunas pistas de cómo abordar esa situación. La idea es darle un contexto a lo que ha sido la afectación de los niños, más allá del reclutamiento por parte de las Farc, y darnos cuenta que el uso de niños es también una práctica realizada en el marco del conflicto armado y que tuvo como responsables tanto los actores ilegales, como los legales. Lo que ha pasado con los niños no se reduce al tema del reclutamiento directo por parte de un grupo armado ilegal, la realidad es más compleja, ya que hubo una afectación conjunta de los derechos de los niños y niñas. Pares: En los últimos días se ha presentado una aguda controversia sobre la violencia sexual contra los menores de edad en el marco del conflicto armado y, particularmente, sobre la responsabilidad de quienes eran comandantes de las Farc ¿Cuál es su análisis sobre esta situación? H.M.C: En concepto de la COALICO nosotros hemos hecho una apuesta por el reconocimiento de los hechos que se dieron en el marco del conflicto, y por los responsables independientemente de que sea el actor ilegal, en este caso las Farc, o la Fuerza Pública. En el caso particular de violencia sexual consideramos que es parte de lo que debe llevarse en el procedimiento que está pensado en la JEP, pensando no desde los perpetradores, sino desde los niños y niñas y desde los hechos que ellos han tenido que padecer en el conflicto. Es desde allí que se deben encontrar los mecanismos que hagan que los responsables se conozcan, digan la verdad y tengan las sanciones correspondientes. Lo que para nosotros es claro es cómo se ha instrumentalizado la situación de violencia sexual y se muestra como la afectación de mayor recurrencia contra los niños y las niñas, y se desconoce el conjunto de afectaciones y violaciones a sus derechos. Para nosotros en este momento la apuesta por el mecanismo de la JEP es que el conjunto de afectaciones que los niños han sufrido en el conflicto armado sean asumidos en la Jurisdicción, y vayan en la vía de esclarecer la verdad y reconocer las responsabilidades; tratarlo de esa manera aislada lo que puede generar es que efectivamente al final nos quedemos como en el caso de la justicia ordinaria, es decir con unos grados muy altos de impunidad. Incluso en el mismo auto de la apertura del caso en la JEP, se da cuenta que de todos los casos de reclutamiento documentados por el Estado no hay sino 10 sentencias en justicia ordinaria. Donde realmente se dio un paso adelante a un mayor número de sentencias sobre y acceso a la justicia fue en el proceso de justicia transicional de Justicia y Paz. Pares: Entonces ¿hay confianza de que la JEP sea un tribunal de justicia real para este tipo de delitos contra los niños y niñas en el marco del conflicto? H.M.C: Por eso es ahí donde está nuestra expectativa, tanto en los casos de violencia sexual, como todas las demás violaciones contra los niños y niñas que la JEP asuma como de su competencia; nuestra esperanza es que sean resueltos en la JEP, en ese marco de justicia transicional sobre una expectativa mayor de justicia a lo que hemos tenido hasta el momento. El riesgo es permitir que toda la discusión entre por vía de un concepto instrumentalizado de los derechos de la niñez. Los que critican a la JEP no han demostrado cuál es la alternativa clara para que los niños y niñas tengan justicia en otro lugar, y una atención adecuada para el restablecimiento de sus derechos, ahí es donde está el debate. Apoyar al mecanismo de justicia transicional no se hace por el perpetrador, nosotros lo que buscamos es un escenario que le brinde a los niños, niñas y adolescentes la justicia que hasta el momento les ha sido negada; por ejemplo en este caso concreto para los niños y niñas que han sido víctimas de violencia sexual, entre otras afectaciones. Pares: Es dramático pensar un país que durante décadas convirtió, ante los ojos de todos, a sus niños y niñas en víctimas de la guerra. ¿Fueron los niños quienes más sufrieron este conflicto? H.M.C: Podemos decir que sí. Son generaciones completas que han crecido en el marco de la violencia, no solamente a través de los hechos concretos como el reclutamiento y la violencia sexual, sino a través de la cantidad de círculos por donde ha pasado el conflicto armado en Colombia. Según la Unidad de Víctimas, estamos hablando de más de ocho millones de víctimas reconocidas, casi dos millones y medio fueron niños, niñas y adolescentes en el momento de sufrir la afectación. También hay que pensar que dentro de la población menor de 18 años víctima del conflicto, hay unos enfoques diferenciales, es decir, cuando un niño es indígena o afrodescendiente y ha sido desplazado, tiene unas condiciones de mayor vulnerabilidad; las niñas también vienen de condiciones muy complejas en el marco del conflicto, en muchos casos las violencias se exacerban contra ellas, y esa situación no cesa. Para el año 2018, de acuerdo con nuestro monitoreo, hubo más afectaciones contra los niños y niñas que el año anterior; por ejemplo, ha aumentado el riesgo de reclutamiento por parte de los diferentes actores armados, entonces los niños y niñas siguen siendo un blanco permanente de las afectaciones producidas por el conflicto y la violencia. Pares: ¿Cómo se recupera un niño que ha sufrido el conflicto armado en Colombia? H.M.C: Esta es una tarea del caso a caso. Lo que hemos visto en la práctica es que no hay fórmulas mágicas que nos permitan resolver de una sola manera, o con una sola visión esas afectaciones de las que los niños y niñas han sido víctimas. Se requieren procesos pensados a largo plazo que deben pasar por, primero entender el contexto en el que los niños sufrieron, y qué es lo que ellos están esperando para seguir adelante y reconstruir, o construir, un proyecto de vida. Hay que comprender las múltiples causas por las cuales han sido víctimas del conflicto y ahí, en esas razones hay que encontrar las alternativas del acompañamiento. Acompañarlos a largo plazo es clave y siempre teniendo en cuenta lo que ellos necesitan, qué alternativas les interesa y cuál es la opción que ellos necesitan para restablecer sus derechos. Ese proceso debe construirse de manera compartida y pensando a largo plazo, porque no hay un tiempo mínimo. Tristemente hay casos en que pasará mucho tiempo, y aún estando acompañados, no superan los impactos. Eso depende de cada niño, cada niña y cómo le haya impactado el conflicto en su vida. La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) está conformada actualmente por: la Asociación Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial -Taller de Vida-, la Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta (Justapaz), Benposta Nación de Muchach@s, la Corporación Vínculos, Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI – Colombia), la Fundación Creciendo Unidos, y el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS Colombia).

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Derrumbar estigmas por medio de una conversación horizontal con los niños, niñas y jóvenes en la Escuela de Microfútbol Popular y un programa de Danza que llamado Afonías del Alarido, es lo que se ha planteado la Fundación Alter Nativo como trabajo barrial. Para uno de los líderes de la iniciativa, Nicolás Rivera Rodríguez, de 24 años, este proyecto surge desde la pregunta ¿Es posible educar sin aniquilar la creatividad? *** “Al otro lado del muro,es posible/ recapturar una infancia/ (…) ese es el destino de todo vagabundo,/ así su marca, que mientras más vagabundea, más ancho se le hace el mundo.” (Fragmento del poema VII Widsummer) Quise traer los versos Derek Walcott, nacido en Santa Lucía, un pequeño Estado insular en el caribe cerca a Venezuela, en razón a que Nicolás Rivera, con emoción, cuenta que el trabajo con los jóvenes es necesario para que contagien de rebeldía y pasión todo lo que hacemos y, les permita a ellos ampliar el margen de posibilidades que la sociedad se ha encargado de señalarles a los jóvenes del barrio San Joaquín, ubicado en localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Reconocimiento del territorio La propuesta de Alter Nativo es defender la subjetividad. Con un equipo de aguerridos de la comunidad, como los llama Nicolás, la idea es, en este sentido, construir en conjunto con el barrio; no desde una propuesta evangelizadora, sino más bien de espacios participativos y propositivos. En los cuatro años que lleva como creada la alternativa, han podido liderar espacios creando modelos educativos alternativos. El objetivo es que en estos se impulse el libre desarrollo de la personalidad y que se generen cuestionamientos. El grupo de trabajo de Alter Nativo se divide en: tres de Junta directiva, los de planta. Además, siete voluntarios colaboran en territorio, de esos, tres son fijos que van todos los sábados, los demás van rotando. Hay una voluntaria digital. La idea de esta iniciativa es que sea la comunidad la que tiene las alternativas y posibilidades para encontrar vías de solución a las problemáticas del territorio. Nicolás cuenta que las iniciativas parten del reconocimiento del territorio y una de ellas tiene que ver con lo ambiental, ya que el barrio San Joaquín queda muy cerca del relleno sanitario Doña Juana. Los desafíos Frente a esta situación “cuando la fundación les da los refrigerios, los niños y niñas llevan su menaje para no usar plástico, ni generar desechos con el refrigerio. Cuando se producen, hacemos artesanías con el plástico restante de un refrigerio”, señala Nicolás. Otra problemática es el liderazgo mal dirigido, a raíz de la presencia de bandas criminales que hay en el sector. Nicolás señala que esa es una de las afectaciones que amenaza a los nuevos liderazgos de los niños y niñas en la comunidad. Sin embargo, la posibilidad de que los ‘pelados’ estén en los espacios permite que tengan alternativas para el uso de su tiempo. Asimismo, el alto consumo de sustancias psicoactivas a tempranas edades es una constante; entonces “la apuesta es hacer una pedagogía sobre el consumo. Por eso es muy importante mantener canales claros y horizontales de diálogo y cercanía con los niños y niñas del proyecto”, sentencia Nicolás. Nicolás recalca que en el barrio persiste una problemática alrededor de la vulneración de derechos sexuales y reproductivos, sobre todo con la población femenina. “Frente a esta realidad es que hemos venido fortaleciendo las rutas de atención, incluso articulándonos con el Instituto de Bienestar Familiar – ICBF. Buscamos construir una red de apoyo para que los casos identificados en la vulneración de derechos, sea atendido, y de esa manera logremos ser una red de garantía y restablecimiento de derechos”. El barrio, un pálpito comunitario Para Alter Nativo la noción de barrio es fundamental. Más allá de ser un ítem espacial, en palabras de Nicolás, resulta ser el barrio “ese pálpito comunitario” que congrega a diferentes actores de la comunidad. Los espacios de la Escuela de Microfútbol y la Danza han resignificado el barrio en el que hoy los niños, niñas y jóvenes con sus actividades hacen soberanía territorial. La jornada de la Escuela de microfútbol está dividida para niños de 8 a 12 años, en el entreno de 7 a 10 de la mañana, la otra jornada es para niños de 12 a 18 años, en la jornada de 10 a 1 de la tarde. “El acercamiento de los habitantes del barrio cobijando los espacios propuestos por Alter Nativo, ha permitido una apropiación y un reconocimiento entre vecinos, contribuyendo así al tejido social”, cuenta Nicolás. En el proyecto están los beneficiarios que son los niños, niñas y jóvenes quienes participan en las actividades. También existen los veedores, que son los padres, madres o acudientes que velan para que nuestros programas cumplan con lo que se le prometió a la comunidad. Está, a su vez, la relación con la Juntas de Acción Comunal -JAC. Sin embargo, para Nicolás es vital que estén ‘los parceros y el parche’ que habita el barrio para que permita, desde nuestros programas, lograr una zona soberana de lo que la comunidad decide. En suma, lograr así garantizar los Derechos Humanos y que todos los garantes —llámese familia, sociedad y Estado— participen para crear espacios libres de vulneración”. Otra de las apuestas radica en generar una red de intercambio de conocimientos, de propuestas. Para ello, nuestra principal apuesta es involucrar a estos jóvenes que comúnmente le llaman ´la manzana podrida’, el chico o la chica ‘problema’. Además, teniendo en cuenta que están inmersos en un contexto de periferia y dentro de la periferia son marginados. En nuestros modelos educativos propendemos porque haya un diálogo, desde las propuestas de Paulo Freire, desde la educación para la libertad y la educación desde lo marginal. Cómo entablar una interlocución en la que el educando proponga y diga qué quiere aprender, cómo lo quiere aprender, si le gustan los métodos, que cuestione y que sea propositivo. Nosotros, como educadores, desaprendiendo la idea de que nos las sabemos todas y así continuar en un constante proceso de aprendizaje entre seres humanos con complejidades, la apuesta es estar constantemente reevaluándose. Nicolás cuenta que en la fundación les decían que no los recibieran en las actividades porque eran quienes generaban el desorden, los que golpeaban a los otros chicos. Sin embargo, “al vincularnos nos hemos dado cuenta que tienen un liderazgo impresionante y una capacidad de convocatoria que ha permitido que más personas se vinculen a la iniciativa. «Son líderes positivos, además porque en las edades que tienen los ‘pelados’ también hay unas realidades complejas y que su violencia, también obedece a violencias que son ejercidas sobre ellos”, reflexiona Nicolás. Salvedades Nicolás precisa que “en el equipo de trabajo de Alter Nativo hay un ‘pelado’ que está estudiando licenciatura de educación y preparación física, con él y con una nutricionista estamos trabajando acorde a la curva nutricional de nuestra población; no es lo mismo trabajar con alguien que tiene las tres comidas, a trabajar con niños y niñas que llegan sin desayunar”. Afonías del Alarido El programa de danza que se llama ‘Afonías del Alarido’ pretende ser un espacio en el que se logre expresar esos recuerdos que en principio se creen olvidados, esos que muy a la ligera denomina la sociedad como traumas. En Alter Nativo los denominan ‘aquellos recuerdos que se creen olvidados’. Las jornadas de danza son los sábados de 8 a 10 de la mañana y está dispuesto para la edad de 8 a 14 años. “El espacio busca la forma de liberarlos, porque muchas veces esos recuerdos no encuentran lugar en la palabra y aquí es cuando la expresión corporal cobra mayor valor. Trabajamos el respeto al cuerpo propio, al del otro, en lo que es un proceso de reconocimiento y poner de tajo la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos”. Para Nicolás, el lugar donde se hace el taller es poderoso porque está ubicado en la casa cultural del barrio San Joaquín, fruto de relacionar la red con la JAC del barrio. Este enlace permite que se pueda desarrollar el espacio en un salón entablado. Además, como es un espacio retirado también permite que se de en una intimidad que le permite seguridad a los niños y las niñas para el taller de danza. En el taller hace en presencia la educadora, la veedora y los beneficiarios. En este momento están trabajando con ritmos afro descendientes. Se hacen ejercicios de expresión corporal, no bajo el imperativo de que sigan unos pasos determinados, sino también que propongan nuevos movimientos y así encuentren nuevas formas. También hacen retos coreográficos, para ejercitar la memoria y la coordinación; lo que es el despertar esa memoria del cuerpo. Microfútbol Popular para todos y todas Tenemos la Escuela de Microfútbol Popular Alter Nativo, que como escuela que no categoriza por géneros, es para todos y todas bajo las mismas condiciones. Buscan encontrar, aunque no sea fácil, métodos distantes del conductismo en la trasmisión bilateral de los conocimientos. “Hemos, entre otras cosas, conseguido sortearnos espacios en lo que los ‘pelados’ puedan jugar contra otras escuelas de otros, asistiendo a torneos relámpago. Siempre con la premisa de una educación sin el castigo, prescindiendo de las dinámicas de la escuela de fútbol comercial y estableciendo el diálogo como alternativa para la resolución de conflictos.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Hoy, la defensa de la paz en Colombia la encarnan las mujeres; esto en el marco de un ataque indiscriminado y a varias bandas desde las toldas del uribismo. Con las últimas disposiciones del Presidente frente a la Ley Estatuaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, se ha generado una articulación entre la oposición de izquierda, que históricamente estuvo marginada, pero que hoy se erige como vital, con una oposición que nace de los partidos y las élites tradicionales. Mujeres lideran la defensa de la paz En este sentido, esta nueva avanzada de la oposición tiene un nuevo rostro que es un grupo de mujeres muy importantes en su lucha por cuidar la implementación del Acuerdo de Paz. Nombres como los de Juanita Goebertus, María José Pizarro, Angela María Robledo, Aída Avella abanderan las voluntades de quienes le apuestan a una paz estable y duradera. Otro de los grandes actores ha sido la protesta. La andanada del Gobierno contra la implementación ha hecho que, como hace dos años, la sociedad civil salga a las calles a defender la vida y rechazar cualquier tipo de violencia. De esta forma, se ha fortalecido la oposición que le ha plantado disputa y la mantendrá en el Congreso. Una oposición que vela por los intereses de la sociedad Para León Valencia, director de PARES, nunca dentro de las élites colombianas se había configurado una oposición seria que generara un contrapoder para velar por los intereses de la sociedad civil. En este momento los temas que lidera la oposición tienen que ver con la JEP, el Plan Nacional de Desarrollo, la controversia con el tema de Venezuela, los distintos paros y la crítica de frente a la violencia que ha retornado o que no se fue de los territorios. Para Valencia, será de vital importancia que el proyecto continúe siendo un proyecto ideológico y político para enfrentar las distintas formas en las que al uribismo, durante estos ocho meses de Duque, se le han planteado restructuraciones unilaterales. Las instancias del congreso van a ser cruciales y ese bloque sin desarticularse podrá velar por el devenir del país. Protesta social, un actor definitivo Según el director de PARES, es un hecho bien establecido que durante el gobierno de Duque la protesta social ha sido un actor definitivo, como es el caso actual de la Minga por la Vida que se adelanta en el departamento del Cauca. También señala la importancia del esfuerzo hecho por el Paro Nacional Estudiantil que, de alguna forma, puso a prueba la forma en el Presidente se relaciona con los llamados populares. Todo este caldo de cultivo, producto de un país que se encuentra en varios sectores en crisis y que en materia de derechos humanos está atravesando un recrudecimiento de la violencia contra los y las líderes sociales. Estos factores han puesto a la sociedad a manifestarse y han generado que se visibilicen errores en el proceder por parte del Gobierno Nacional. Uribismo se aleja de una sociedad que ha cambiado De esta forma, Duque y el uribismo en general se han alejado del llamado del pueblo colombiano y su accionar demuestra una falta de entendimiento de una sociedad civil que ha cambiado, señala el analista. Por el contrario, la oposición se ha articulado con el sentir de los colombianos y eso se ha visto reflejado en las marchas. Ante el silencio del Gobierno Nacional, estas mujeres líderes, y la oposición en general, sí han sido capaces de conseguir interlocución con la comunidad internacional quien, entre otras cosas, ha alertado sobre la difícil situación que atraviesa Colombia en materia de derechos humanos y el incumplimiento al Acuerdo de Paz. En suma, hay un nuevo mapa político que lo protagoniza una oposición que es capaz de unirse y que le hace frente al sectarismo.

Por: Redacción Pares El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente. Este año, según ONU, el tema es «No dejar a nadie atrás». Hoy en día millones de personas viven todavía sin agua potable –en el hogar, la escuela, el lugar de trabajo, la granja, la fábrica– y luchan por sobrevivir y prosperar. El derecho al agua potable es esencial para comunidades A menudo, se olvidan los grupos marginados: mujeres, niños, refugiados, pueblos indígenas, personas con discapacidad y muchos otros. O bien, se los discrimina cuando intentan conseguir y gestionar el agua potable que necesitan. Cuando hablamos de “agua potable” nos referimos al “servicio de abastecimiento de agua potable gestionado de manera segura”, es decir, agua a la que se puede acceder en las viviendas, cuando se necesita y que no está contaminada. En 2010, las Naciones Unidas reconocieron que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Para no dejar a nadie atrás, se deben concentrar los esfuerzos en incluir a las personas que han sido marginadas o ignoradas. En los marcos normativos y jurídicos debe reconocerse el derecho de todos al agua, y debe proporcionarse financiación suficiente, de forma equitativa y efectiva, para los que más la necesitan. Algunas cifras sobre la situación del acceso al agua Unos 2,1 millones de personas viven sin agua potable en sus hogares. Una de cada cuatro escuelas primarias en todo el mundo carece de abastecimiento de agua potable, y los alumnos consumen agua de fuentes no protegidas o pasan sed. Más de 700 niños menores de cinco años mueren todos los días de diarrea, a causa del agua insalubre o un saneamiento deficiente. El 80 por ciento de las personas del mundo que tienen que usar fuentes de agua no seguras o no protegidas vive en las zonas rurales. En ocho de cada diez hogares de los que carecen de agua, las mujeres y niñas son las encargadas de recoger el agua. Más de 800 mujeres mueren todos los días debido a complicaciones en el embarazo o en el parto. 68,5 millones de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares tienen problemas para acceder al abastecimiento de agua potable. Aproximadamente 159 millones de personas recogen el agua potable de fuentes de agua superficial, como los estanques y arroyos. Unos 4000 millones de personas —casi dos tercios de la población mundial— padecen escasez grave de agua durante al menos un mes al año. 700 millones de personas en el mundo podrían verse forzadas a desplazarse debido a la escasez de agua de aquí a 2030. Los más ricos suelen recibir servicios de agua, saneamiento e higiene de calidad a un coste bajo o muy bajo, mientras que los más pobres pagan un precio mucho más alto por un servicio de igual o menor calidad. Cifras y datos aportados por ONU

Por: Redacción Pares La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, en su informe anual de 2018, le pidió al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para avanzar en la definición y entrada en vigencia del marco normativo de la JEP. En dicho informe, dado a conocer este jueves 21 de marzo en Washington, la CIDH solicitó «respeto al principio de separación de poderes y a las decisiones de las autoridades que han intervenido en la aprobación y examen de constitucionalidad del proyecto de ley.» Hay que avanzar en la implementación del Acuerdo El informe fue presentado por Esmeralda Arosemena, presidenta de la Comisión, quien añadió que la CIDH observa con preocupación que a más de dos años de la firma del Acuerdo de Paz y a un año de su entrada en funcionamiento, la JEP no cuenta con una Ley Estatutaria. Ello con el fin de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz y garantizar los derechos de las víctimas, indicó el Tribunal. Frente a la situación de derechos humanos en Colombia, la CIDH reiteró la profunda preocupación por el alto número de ataques a defensores y defensoras y líderes y lideresas sociales. Desde el 1 de enero de 2016 hasta octubre de 2018 se registran al menos 213 muertos, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH). Continúa crítica la situación de Derechos Humanos Asimismo, la Comisión manifestó que en 2018 continúan una serie de desafíos con relación a la situación de seguridad en las zonas rurales donde persiste la violencia. Además, señala la Corte que las violaciones de derechos humanos se mantienen en la impunidad; hay un alto número de personas que continúan desaparecidas y es grave la situación de desplazamiento forzado. Y, no menos importante, la situación de derechos humanos de quienes pertenecen a grupos históricamente discriminados. «Lo anterior -dice la CIDH- se suma al reto de poner en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)».

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El país amaneció con la noticia de que la Corte Constitucional se declaró inhibida de pronunciarse, en temas de fondo, sobre las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz -JEP. En el programa, Opina Bogotá de Canal Capital, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, Ariel Ávila y la periodista Salud Hernández, analizaron cuál es el panorama en el Congreso donde se adelantará una discusión histórica de la que dependerá la instancia de Justicia Transicional. La Corte no analizará aún las objeciones del Presidente Hasta que el Congreso de la República no se pronuncie sobre las objeciones presentadas por el mandatario, la Corte Constitucional no analizará lo competente al Ley Estatutaria de la JEP. Sin embargo, la Corte podrá pronunciarse si el Legislativo no logra llegar a ningún acuerdo antes del 20 de junio de 2019. Por otra parte, la Corte señaló que la discusión del Congreso debe ser de urgencia, casi como si fuese tramitado por el mecanismo de Fast Track. Frente a esa prioridad Ariel Ávila señaló en el debate de Canal Capital que las objeciones no parecen ser la urgencia, y sí el Plan Nacional de Desarrollo ya que el texto tiene más de 2000 proposiciones modificatorias. En este sentido, la palabra la tiene el Congreso de la República, que definirá la suerte sobre el trámite del recurso presentado por el jefe de Estado. Para Salud Hernández, es positivo que se discuta en el Congreso las objeciones del Mandatario, la periodista señaló la discusión del Capitolio permite que se manifieste la democracia. El Presidente acata la decisión de la Corte Constitucional “A mí no me gusta la JEP, cero. Pero yo creo que, si se discuten esas objeciones, con el debate de las objeciones ya las partes no pueden decir que más alrededor de las Jurisdicción Espacial para la paz.» indicó la periodista. «Con una JEP de consenso genera que gente como yo que no nos gusta la JEP y no estamos de acuerdo, nos tengamos que aguantar porque así es la democracia.» añadió. El presidente Duque, quien lejos de estar en el departamento del Cauca se encuentra en Chile, habló sobre el futuro de sus objeciones, muy en la idea que plantea Hernández. “El pronunciamiento que hizo ayer la Corte Constitucional, a mí me merece todo el respeto, y lo acato con la convicción republicana de que lo que se está dando hoy en Colombia es una oportunidad para un gran consenso institucional y político, con el que podamos avanzar hacia esa justicia transicional que una a todos los colombianos”, dijo el jefe de Estado «Hay una falta de gobernabilidad en el Congreso» Sin embargo, para Ariel Ávila hay una clara falta de gobernabilidad en el Congreso y que, sumado a la polarización a la que ha sido conducida la discusión sobre la implementación del Acuerdo de Paz, auspician un ambiente más complejo en el Capitolio. Además, porque para el analista las elecciones locales juegan un papel fundamental, debido a que “en mayo no va a ver congresistas porque todos van a estar haciendo política. El país no se ha unido, Duque lo que ha hecho con las ultimas determinaciones es, prácticamente unir el sí y polarizar en el marco de las elecciones”. Por su parte, la presidenta del Alto Tribunal, Gloria Ortíz, señaló que la decisión de no pronunciarse sobre las objeciones se dio de manera “unánime”. Después de dicha decisión ahora la pelota está en el Capitolio para las discusiones ya hay escogidas unas comisiones accidentales. Sumas y restas para el debate Del lado de la Cámara de Representantes, su presidente Alejandro Chacón se decidió por Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Juanita Goebertus (Alianza Verdad), Carlos Ardila (Partido Liberal), Jaime Felipe Lozana (Partido Conservador), José Daniel López (Cambio Radical). David Racero (Decentes) y Jonh Jairo Cárdenas (Partido de la U). Del lado del Senado se encuentran Paloma Valencia (Centro Democrático), David Barguil (Conservador), John Milton Rodríguez (Colombia Justas Libres), Jonatan Tamayo (ASI), José David Name (Partido de la U), Iván Marulanda (Alianza Verde), José Alberto Castilla (Polo Democrático), Julián Bedoya (Partido Liberal). En el siguiente resumen podrá encontrar los mejores momentos del debate sobre la antesala de lo que sucederá en el Capitolio y que tiene en vilo la Justicia Transicional y la implementación del Acuerdo de Paz. Vea aquí el video con el resumen del debate

Por: Ariel Ávila Martínez. Subdirector Pares. Alrededor del mundo se podría concluir que no son tiempos normales en política. En los Estados Unidos, el presidente Trump utilizó su poder de veto para mantener viva su emergencia nacional y construir un muro en la frontera sur. No es raro que se utilice la capacidad de “veto” en los Estados Unidos, lo llamativo es que, por un lado, es el primer “veto” de Trump, porque los republicanos que dominan el Senado nunca antes habían aprobado algo que no le gustara al presidente y, por otro lado, porque nunca antes, en ninguna presidencia, ningún congreso, había desaprobado una declaración de emergencia nacional. Igualmente, Theresa May en tiempos normales habría tenido que renunciar luego de la estruendosa derrota de su proyecto de salida de la Unión Europea, pero no lo ha hecho y algunos aún creen que podrá salvarse. Pero tal vez lo que más ha sorprendido en los últimos tiempos es el dinamismo en el discurso, pues los que defendían el libre comercio ahora son los más proteccionistas y aquellos que protegían sus economías, ahora reclaman libre mercado. En Colombia también se han dado situaciones sorprendentes. Valdría la pena mencionar tres de ellas. Por un lado, un exministro de la era Uribe (2002-2010), Andrés Felipe Arias, está condenado en Colombia por actos de corrupción. Él había escapado hacia los Estados Unidos y desde allí dijo ser un perseguido político. Actualmente esta a punto de ser extraditado hacia Colombia, pero increíblemente los miembros del actual Gobierno, en cabeza de la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, han dicho que la condena del exministro Arias es injusta, que es un perseguido político y que, en caso de que sea extraditado por los Estados Unidos, se debería revisar su condena. Esto lo que significa es que es el propio Gobierno el que llama a desconocer la justicia y viola abiertamente la separación de poderes. El otro hecho fue la objeción parcial a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual es el modelo de justicia transicional. A pesar de que la ley fue discutida ampliamente en el Congreso de la República, y de que la Corte Constitucional la declaro exequible, es decir, ajustada a la Constitución, el presidente Iván Duque objetó parte de ella. El presidente se fue en contra del Estado de derecho y ha llevado a lo que en Colombia se conoce “como choque de trenes”, es decir, una confrontación entre poderes. A esta situación de un abierto comportamiento en contra del Estado de derecho, en las últimas horas se sumó una nueva situación. La señora Claudia Ortiz, actual directora de la Agencia de Desarrollo Rural, ha utilizado la institución para favorecer al candidato a la gobernación del céntrico departamento de Boyacá, Guillermo Sánchez, quien es candidato del partido de Gobierno para las próximas elecciones locales del mes de octubre. El favorecimiento con recursos públicos de candidatos a cargos de elección popular está prohibido en Colombia y es duramente castigado. Así las cosas, la Procuraduría General de la Nación, luego de conocer los videos que mostraban dicho favorecimiento, suspendió a la señora Ortiz por tres meses y si todo se ajusta a derecho, será suspendida por varios años para ejercer en cualquier cargo público. A pesar de los videos, una senadora del partido de Gobierno, María del Rosario Guerra, y el presidente del senado, Ernesto Macías, arremetieron contra el procurador general. María del Rosario Guerra, quien pertenece a una de las familias más tradicionales en política regional, con varios miembros de este clan en líos judiciales, manifestó que “no le hace bien al procurador volverse el opositor del Gobierno”. Seguidamente agregó que el procurador estaba tomando una actitud agresiva en contra del Gobierno Duque. El partido de Gobierno en una clara postura de atacar todo aquello que no controla al gobierno, ahora ha enfilado baterías contra el procurador, hace unas semanas fue contra la Corte Suprema y luego del choque de trenes, por las objeciones, fue contra la Corte Constitucional. Todo lo anterior muestra los típicos comportamientos de los gobiernos neopopulistas, aquellos a los que poco les gustan las instituciones democráticas y el control de poderes. El gran reto de las sociedades modernas, alrededor del mundo, ya no es ni siquiera mejorar las actuales instituciones democráticas, todo parece indicar que el reto es conservarlas y protegerlas de estos nuevos regímenes que podrían calificarse de demócratas-autoritarios. Esta columna de opinión apareció publicada originalmente en el diario El País