Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La protesta o movilización social es un derecho fundamental que se desprende del derecho a la libertad de expresión y reunión, tal como lo contemplan la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación. Sin embargo, en el contexto colombiano queda en entredicho si esos pactos se cumplen a cabalidad, puesto que, el uso de la fuerza en la mayoría de las movilizaciones que empiezan siendo pacíficas, terminan en choques entre las partes a tal punto que ha habido víctimas fatales. Es un deber del Estado proteger el derecho a la protesta El informe “Protesta Social y Derechos Humanos: Estándares Internacionales y Nacionales” de la ONU, explica que los Estados tienen la responsabilidad de “promover y proteger los derechos humanos e impedir que se vulneren esos derechos”. Y en ese sentido, los gobiernos deben “evitar” las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las detenciones y reclusiones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las torturas y otros tratos o penas crueles. Por lo tanto, “exhorta a los Estados a que impidan en todo momento que se abuse de los procedimientos penales y civiles o que se amenace con acciones de este tipo”, reza el texto. ¿Cuál es la normatividad en Colombia? “Lo primero que hay que tener en cuenta son las normas constitucionales en Colombia que consagran los derechos fundamentales que al mismo tiempo son el pilar del derecho a la protesta social y estoy hablando del derecho a la libre asociación, la libertad de expresión y de libre movilización. Ese sería el panorama constitucional”, expresó a la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, Reinaldo Villalba, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Ccajar. Sin embargo, en la práctica es distinto. De acuerdo con Villalba, se juntan varios factores que imposibilitan el derecho de la movilización social como está contemplado en los estándares internacionales. En primer lugar, hay cuerpos represivos como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que no acatan ese ordenamiento constitucional, y las normas legales que les impiden hacer ese uso abusivo de la fuerza. En segundo lugar, ese mismo cuerpo además de no acatar esa normatividad utiliza armas que les está prohibida; y por último, la legislación misma contribuye a limitar el ejercicio de la protesta social, provocando la criminalización de la misma como ocurre con el Código de Policía. Dicho Código, que entró en vigencia en agosto de 2017, está compuesto por al menos 25 capítulos. En uno de ellos se estipuló cómo proceder en una protesta social, sin embargo, diversas organizaciones le hicieron seguimiento y demandaron el articulado. Uno de los puntos que generó controversia fue, por ejemplo, detener a los protestantes si en la movilización se perturbaba la libre circulación ciudadana. Fallo de la Corte Constitucional Tras la demanda interpuesta, el año pasado, el Alto Tibunal declaró inconstitucionales los artículos del Código de Policía relacionados con la normativa de la protesta social. Por lo tanto, le dio plazo hasta el 20 julio de 2019 al Congreso de la República para regular todo el capítulo. Lo curioso es que permitió la vigencia de dichos puntos que van en contravía de la carta magna hasta ese mes y no los eliminó de inmediato. “Si el congreso no cumple con lo solicitado por la Corte en esa materia pues sencillamente quedarían eliminados. Ya están eliminados del código, tocaba reemplazarlos, pero si no se reemplazan entonces eso quiere decir que quedamos al amparo de la Corte Constitucional”, agregó Villalba. Sin embargó, también aseguró que el Congreso no va a tener lista la modificación a esos artículos y en ese sentido la posición del Ccajar y demás organizaciones democráticas, es que, a partir de esa fecha ese capítulo pierda la vigencia. De todas maneras, hay quienes apoyan esta normativa represiva y pedirán que continúe con el argumento contrario de que el Congreso no realizó las modificaciones, por lo tanto, debe seguir operando como está redactado. ¿Qué sucede en las zonas rurales? Según el analista, para la gente que se moviliza desde las zonas rurales tiene un agravante mayor y es que posiblemente no se puede observar el comportamiento abusivo del Esmad. “Los riesgos en las zonas rurales siempre son mayores porque en las ciudades siempre hay más vigilancia”, expresó. El Esmad, compuesto por alrededor de 3000 policías y adscrito al Ministerio de Defensa, se creó en el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana con el fin de controlar disturbios, restablecer el orden y la seguridad de los habitantes. Sin embargo, este cuerpo ha estado inmerso en cientos de casos en los que reprimen e incluso asesinan a los manifestantes durante la movilización. En ese sentido, hay quienes reclaman la abolición o la eliminación del Esmad, y con fundadas razones, pues han convertido en un cuerpo represivo que no acata las normas constitucionales, las internacionales. Se ha comprobado también que dicho grupo lleva armas prohibidas como armas letales, pero que incluso utiliza armas que ellos mismo elaboran como las llamadas “recalzadas”, que consiste en llenar de elementos metálicos y otros elementos a los tubos vacíos del gas lacrimógenos y con eso han matado a personas. En su mayoría, las víctimas han sido por parte del Esmad tales como estudiantes y campesinos. Y Son pocos los casos en los que la fuerza pública es la que resulta afectada en estos choques. En últimas “es un desacato a la Constitución la forma como se reprime la protesta en Colombia”, apuntó el abogado.

Por: Redacción Pares En sentencia proferida emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, contra un exintegrante de las Auc que operó en el suroeste antioqueño. Se revela en el fallo que «en las fincas El Guáimaro, Los Naranjos, El Recreo y El Limón, propiedades del exsenador Mario Uribe Escobar, de la exgobernadora de Antioquia, Elena Herrán de Montoya, ya fallecida, de Jorge Andrés Gallego y de Víctor Horacio Uribe Escobar, hermano de Mario Uribe Escobar, pernoctaban los hombres del Bloque Suroeste”. Mención al expresidente Uribe En la sentencia contra Germán Antonio Pineda López, alias ‘Sindi’, exintegrante del Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), se menciona también al expresidente Álvaro uribe Vélez como aliado de grupos armados ilegales. La sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, con ponencia del magistrado Jesús Gómez Centeno, se dio a conocer esta semana, y en ella el expresidente Uribe Vélez y su primo Mario Uribe es nombrado junto con otras personas como aliados del grupo ilegal. El fallo indica detalles de cómo familiares y amigos del senador Uribe Vélez eran propietarios de haciendas en las que existían campamentos de las Auc y promovieron grupos de seguridad privada de carácter informal. Esas redes de apoyo, según el texto, eran patrocinadas por «comerciantes, propietarios de tierra, algunos pobladores y miembros de las autoridades civiles y militares»; por integrantes del Ejército y la Policía, que también «fueron colaboradores del Bloque Suroeste para la comisión de sus crímenes». Otros comprometidos por versiones de Justicia y Paz Según el informe de la Fiscalía 20 Delegada ante Justicia y Paz, fechado el 5 de enero de 2011, se constata que debido a las acciones delincuenciales de los diversos grupos al margen de la ley, “algunas personas prestantes deciden enviar un mensaje a Castaño Gil, quien a su vez les hace saber una serie de requisitos para trasladar sus hombres a esta región, los cuales fueron cumplidos a cabalidad”. Aparecen reseñados en el informe del ente investigador, que se tomó como un documento sobre el que se sustenta la sentencia del Tribunal: “Los nombres de personajes ilustres como Luis Ernesto Garcés Soto; la exgobernadora de Antioquia Helena Herrán de Montoya, Mario Uribe, Horacio Uribe, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, para citar solo algunos, han estado ligados a los grupos de ‘limpieza social’ -Las Escopetas- y paramilitares”.

Por: Redacción Pares Este jueves la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento de detención preventiva contra el exsenador Antonio Guerra de la Espriella, miembro del partido Cambio Radical, como presunto autor de los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado, cohecho y tráfico de influencias. De la Espriella tras el escándalo de Odebrecht Según la investigación que adelanta la Sala Especial de Instrucción de la Corte, las pruebas recaudadas hasta ahora comprometen al excongresista con los sobornos pagados en el país por la multinacional Odebrecht, para obtener ventajas y favorecimiento en la adjudicación de contratos de infraestructura. Los hechos que involucran la posible participación del exsenador Guerra de la Espriella habrían ocurrido el año 2012, en el contrato de estabilidad jurídica y los proyectos Ruta del Sol II y Navelena a favor de Odebrecht.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Diez días lleva la concentración en el departamento del Cauca y sobre la vía Panamericana —que comunica a la ciudad de Cali y Popayán— en el marco de la minga indígena y campesina. La última cifra indica que 25 personas han resultado heridas por las confrontaciones con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), un uniformado muerto y ocho de ellos lesionados. El presidente Iván Duque sigue sin ir al Cauca. En su negativa, el mandatario decidió enviar una comisión encabezada por Nancy Patricia Gutiérrez —ministra del Interior— para hablar con las comunidades. En definitiva, el ambiente en el Cauca cada vez es más álgido, pues mientras las comunidades se mantienen en pie de lucha, son objeto de estigmatización. La avanzada mediática contra la minga indígena Desde la semana pasada varios grandes medios de comunicación hicieron correr la información que la minga estaba infiltrada por grupos ilegales, e incluso plantearon que estaba infiltrada por disidentes de las Farc. Esta fue una antesala que levantó una estela de incertidumbre y confusión sobre la legítima protesta social adelantada por las comunidades en el suroccidente del país. Asimismo, esos mismos medios de comunicación disponen de espacios diarios para cuantificar, una y otra vez, cuántos miles de millones de pesos y de productos que ‘se pierde’ diariamente para la región por culpa de la minga. Es decir, hacen creer a la audiencia que de no ser por la minga indígena, el suroccidente del país tendría las condiciones económicas de un país del primer mundo. Muestra de ello son los reiterados informes que, por varios minutos y en todos los horarios informativos, muestran historias de personas que se han visto afectadas por el paro. Sin embargo, poco o nada hablan de las condiciones críticas que han llevado históricamente a las comunidades a protestar y bloquear la Panamericana exigiendo el cumplimiento de lo acordado con los sucesivos gobiernos de turno. Las versiones encontradas de las autoridades Después de conocerse la muerte del policía Boris Alexander Benítez —de 32 años— el presidente Duque afirmó que este suceso es muestra de que “hay infiltraciones de grupos armados en las manifestaciones indígenas”. Por su parte, el Consejo Regional Indígena del Cauca denunció que “la comunidad reporta que vieron al lado del Esmad y Emcar de la Policía, a hombres vestidos de civil portando armas de largo alcance». Además, en medios de comunicación comunitarios y regionales se ha constatado el uso de armas de fuego por parte de la fuerza pública. Los organizadores de la minga manifiestan que los medios de comunicación han tergiversado la información, pues ellos desde el principio han sido claros en que no hay «presencia de actores armados tantos legales como ilegales en las movilizaciones». Esta declaración ha sido respuesta a las aseveraciones del ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien en el marco de la visita del presidente de Panamá aseguró que había pruebas fehacientes de que había infiltrados en la protesta. El jefe de la cartera no titubeó al decir que “Ustedes saben la realidad del Cauca frente a todos los temas. Hay muchos grupos disidentes para tomar el control de los territorios. «No están permitidos actores armados en los territorios» Los actores armados dentro de nuestros territorios no son permitidos”, caldeando así los ánimos y la percepción negativa de la ciudadanía sobre la minga. El general Luis Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, manifestó que “Es importante que los dirigentes del CRIC se pronuncien ante este hecho porque el país tiene que tener claridad de qué es lo que hay ahí, qué es lo que se está tejiendo alrededor y quiénes son los que están participando y si hay o no infiltrados de otro tipo de organizaciones en esta minga». Por su parte el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, indicó que dentro de la minga hay responsabilidades en los ataques contra la fuerza pública «esperamos que no sean las comunidades indígenas las que estén atentando contra nuestros propios policías.» Y añadió «Hay informaciones de inteligencia que dicen que han permitido que personas ajenas a la minga se mezclen entre ellos”. Lo que llama, particularmente, la atención es que insistan en que la minga debe dar cuenta de lo ocurrido y no las autoridades competentes. El papel de la Fiscalía General El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, lejos de rendir informes sobre responsables puntuales, ha decidido plantear que hay delitos que, presuntamente, se estarían cometiendo en la minga por el bloqueo de la vía Panamericana. Martínez Neira aseguró que en la protesta hay utilización de menores y secuestro simple en dos casos; «El uso de menores en estas causas es una actividad criminal que el Código Penal sanciona con penas entre 10 y 20 años de prisión, que no son las mismas de 24 meses de ocupación de las vías públicas», aseguró el director del ente acusador. La respuesta de las comunidades indígenas No hay que echar en saco roto que el Consejo Regional Indígena del Cauca ha manifestado, en repetidas ocasiones, que se ha tergiversado la información alrededor de la Minga indígena. Las comunidades que componen el grueso de la protesta han sido categóricas; negando que no hay presencia de actores armados ni ilegales, ni legales en dentro de la población que se encuentra en el paro de la vía de la Panamericana. «En la minga no hay disidentes de la guerrilla» Los dirigentes de la Minga ‘La defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz’, se pronunciaron a través de una rueda de prensa, en la que desmintieron que los representantes de la minga no son ningunos disidentes de las FARC. «La concentración en la vía Panamericana está conformada por comuneros que hacen parte del sector social. Estamos vestidos de civil, no somos disidencia, no estamos armados, rechazamos la muerte». Entre tanto, los representantes de la minga reconocieron que, si bien el Gobierno Nacional mandó comisiones al departamento del Cauca, no van a retroceder hasta que el presidente Duque vaya a la región y sea él en persona quien garantice que se respetará lo prometido.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares A lo largo de su vida, Natalia Moreno Salamanca ha abanderado, desde su vida pública y privada, la lucha feminista. A sus 30 años, integra la Mesa de Economía Feminista de Bogotá y el grupo Género y Justicia Económica. Pares habló con Moreno, economista y magister en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, quien además investiga sobre política fiscal con enfoque de género y economía del cuidado. Uno de sus grandes desafíos fue poner en marcha la campaña #MenstruaciónLibreDeImpuestos que inició en 2016 y llegó a buen puerto el año pasado cuando la Corte Constitucional decidió tumbar el IVA a las toallas higiénicas y tampones. Pares: ¿Cuál es el balance de la campaña Menstruación Libre de Impuestos? Natalia Moreno Salamanca: Yo pienso que esa campaña fue una cosa absolutamente gratificante. Nos sentamos con un grupo de compañeras que también estaban interesadas en estudiar sobre estos temas y nos dimos cuenta de que el gobierno promueve políticas sexistas como cobrar impuestos a las toallas higiénicas y tampones. Ponerle IVA a un artículo de primera necesidad ya es reprochable, pero además un artículo que solo utilizan las mujeres tiene el mensaje de: “mujeres ustedes por tener la menstruación, por tener esta condición biológica, tienen que pagar un costo adicional”. Hacer de las diferencias biológicas desigualdades sociales de manera tan explícita, a través de una política tributaria, es inaceptable. Entonces el gobierno no quiso entender la gravedad de ese asunto y tuvimos que hacerlo con movilización. Ellos sabían que estaban cobrando 500.000 millones de pesos al año por el impuesto a las toallas higiénicas y tampones. Entonces salimos a las calles con las compañeras a exigir nuestros derechos, a dar los debates y así fue como logramos tumbar ese impuesto en Colombia. Colombia es el primer país de América Latina donde tumban los impuestos sexistas. Hubo muchas dificultades, pero también es bueno tener ese choque y entender que aquí todo es con movilización y con lucha como ha sido en la historia. Y ese es mi mensaje, a las mujeres nos toca luchar para cada cosa como lo están haciendo hoy las chicas de la selección Colombia. Pares: ¿Qué significa ser feminista? N.M.S: El feminismo se diferencia de otros movimientos sociales porque no es solo una teoría, sino que es una práctica de vida. Y eso implica que se cuestione el día a día las relaciones más íntimas, las relaciones de pareja, las relaciones familiares, y en ese sentido se vuelve un nuevo estilo de vida. Yo creo que ser feminista significa no solo luchar para que haya mejores oportunidades para las mujeres en un mundo más equitativo, sino luchar todo el tiempo contra los propios privilegios. Esa es la potencia que tiene el feminismo y una vez se entra en el lente o en el filtro del feminismo, ya no se puede retroceder. Es un nuevo punto de vista del mundo con prácticas de vida mucho más democráticas, más humanas en búsqueda todo el tiempo de una equidad social, no solo en término de sexo, sino en general. Creo que es un movimiento que se ha imbricado con otros movimientos sociales y eso es muy potente, porque no es ciego a otro tipo de opresiones que también existen en la sociedad. Pares: ¿Hubo alguna razón en particular que la motivara a entrar al movimiento feminista? N.M.S: Si uno reflexiona cada ciclo de la vida se pueden encontrar muchas razones, pero te voy a contar una que me marcó mucho. Cuando yo salí del colegio, yo era de la selección Bogotá de fútbol y mi sueño era ser futbolista y me choqué con una realidad y es que en Colombia eso no era una profesión para las mujeres -hace 12 años más o menos-. Tú como mujer si querías ser futbolista pues lo tenías que hacer como un hobby o lo tenías que hacer gratis. Entonces creo que a mí me marcó mucho. Yo no entendía por qué como mujer no lo podía hacer y los hombres sí lo podían hacer. Entonces me decidí por otra profesión, soy economista, y al final también está bien, pero son cosas que chocan en la vida y tratas de explicar por qué existe esa desigualdad y lo peor de todo es que hoy prácticamente estamos cayendo en lo mismo. Entonces es una lucha constante, yo creo que los alcances de los logros de las mujeres no son lineales, van y vienen y estoy realmente asustada con los nuevos gobiernos que hay en la región. Yo creo que vienen a recortar un montón de los logros de las mujeres, luego el mensaje es que hay que estar todo el tiempo en la lucha porque uno cree que ya ha conquistado ciertas cosas y puede llegar un nuevo gobierno y derrumbar todo. Pares: ¿Es posible ejercer un feminismo que no sea de izquierda? N.M.S Yo creo que sí, yo creo que el movimiento feminista no es homogéneo. Hay mujeres que tienen determinadas reivindicaciones dentro del modelo actual que también son válidas. Sin embargo, es imposible generar transformaciones profundas bajo el modelo capitalista neoliberal que tenemos hoy porque en últimas esas prácticas misóginas son un poco la ideología que sostiene el sistema económico que hoy nos oprime a todos. Entonces si uno se queda solamente en el plano cultural puede tener avances significativos como por ejemplo, que las empresas no tengan sesgos de género a la hora de contratar mujeres y hombres. Sin embargo, ahí no está la raíz de la desigualdad económica de las mujeres, pero yo respeto a las mujeres que tienen esas posiciones. Es válido que en los movimientos no tan radicales haya mujeres que peleen por sus derechos, pero evidentemente eso no va a generar un cambio profundo. Mientras tengamos el mismo sistema económico, mientras haya división sexual del trabajo, mientras exista precarización del trabajo en un mundo globalizado donde las mujeres las han insertado en unas cadenas de libre comercio, yo no veo cómo puede haber igualdad de género. Pares: Existe una teoría que dice que el comunismo específicamente perdió en los últimos años al obrero como sujeto de cambio y que está adoptando el feminismo y las mujeres. ¿Usted qué piensa de esa teoría? N.M.S: Yo pienso que son dos luchas diferentes pero que se complementan. Creo que lo que ha pasado en el mundo sindical es que ha habido un debilitamiento porque han cambiado las condiciones de empleo en el mundo. Uno no puede pensar tener un movimiento sindical fuerte cuando la globalización está acabando con toda la estabilidad laboral y con toda la contratación legal. Es evidente que hay un incremento de los empleos a tiempo parcial. No creo que haya habido un cambio en el enfoque político en esos movimientos, sino que ha habido un debilitamiento conforme ha aumentado el desarrollo capitalista y el desarrollo neoliberal. Y el feminismo, por otro lado, es un movimiento social que no se centra en un sector específico como lo son las trabajadoras o los trabajadores, sino que es trasversal. Se encuentran feministas dentro del sindicalismo, dentro del ambientalismo, fuera del sindicalismo, en la academia. Es un movimiento mucho más plural y sí debe aliarse fuertemente con los movimientos sindicales. Cada día el movimiento sindical entiende que las reivindicaciones del feminismo son fundamentales porque además las más oprimidas dentro de esa capa social que denominas “obreros”, pues son las mujeres. Al final todos los movimientos sociales lo que necesitan es trabajar en conjunto. Sin embargo, son debates teóricos que hay que superar y lo que se debe hacer es trabajar en conjunto. Pares: ¿Qué opina de que en campaña electoral se utiliza la consigna de que mujer vota mujer ? N.M.S: Yo creo que no es correcto del todo. Hoy por ejemplo tenemos un presidente que dice que tiene por primera vez una vicepresidenta mujer y que por primera vez tiene un gobierno parital. Pero cuando se revisa el Plan Nacional de Desarrollo, se encuentra con que no hay presupuesto para la equidad de género. Entonces esto no es tema de burocracia de tener caras de mujeres puestas allá, sino que se trata de escoger mujeres que tengan esta agenda, que entiendan que en la sociedad hay desigualdades de género, que la política estatal es fundamental para cerrar esas brechas. Entonces no creo que sea escoger mujeres por mujeres, sino que de verdad se interesen por trabajar sobre mujeres. Realmente no estoy de acuerdo con esa consigna, así a raja tabla. Las mujeres tenemos que apoyar mujeres, pero mujeres -así no se denominen feministas- que por lo mejor tengan en mente que esto es un problema muy grave en la sociedad. Necesitamos llegar al poder para llevar estas agendas a esos espacios que es donde se han tomado las decisiones sobre las mujeres, muchas veces sin las mujeres.

Por: Redacción Pares Este miércoles 20 de marzo, PARES presentó sus propuestas para desarrollar el proceso de descentralización fiscal y administrativa en el marco de las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo que se están llevando a cabo en el Congreso de la República. Esta iniciativa se desarrolló dentro del proyecto de descentralización, desarrollado por la Fundación Paz y Reconciliación Pares con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para Desarrollo Internacional (USAID) a través de su Programa de Gobernabilidad Regional – RGA. Estas propuestas recogen las inquietudes de los múltiples actores interesados, tales como federaciones de entidades territoriales, centros de pensamiento, entre otros, y están encaminadas a resolver los problemas que han dificultado el avance del proceso descentralizador en el país. León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación PARES Al evento, realizado en la capital del país, asistieron 13 congresistas, ocho senadores y cinco representantes, de los partidos Alianza Verde, Liberal, Cambio Radical de la U y de la Lista de la Decencia. Además, asistieron asesores de los partidos Conservador, Mira y Centro Democrático. Las propuestas presentadas por PARES En total, se presentaron cinco (5) propuestas, de las doce (12) que han sido priorizadas en el marco del proyecto, destinadas a suplir el déficit de representación territorial, generar procesos de acompañamiento con expertos de alto nivel para las entidades territoriales con menor desarrollo territorial, revisar el esquema de seguimiento fiscal, remover los OCAD’s municipales y crear una asignación especial para la paz en el Sistema General de Participaciones. Ariel Ávila, subdirector de Fundación Paz y Reconciliación PARES Ariel Ávila, subdirector de PARES, hizo referencia a tres propuestas que deberían ser priorizadas en las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo: La Asignación Especial para la Paz del SGP, las plantas potentes y el mapeo de competencias, puesto que, estas propuestas son viables en el corto plazo, al no requerir grandes modificaciones normativas o recursos, al tiempo que son necesarias para corregir algunos de los grandes problemas del proceso descentralizador. Mejorar la autonomía de las regiones, una meta común De igual manera, el senador Jorge Londoño hizo énfasis en la necesidad de romper con el centralismo legislativo, al cederle la posibilidad a las regiones de formular sus propias leyes, adaptadas a sus propios contextos, al tiempo que advierte de la necesidad de no caer en la trampa de la descentralización (darle más recursos a las entidades territoriales, pero sin autonomía para manejarlos). Darío Restrepo, asesor de PARES, indicó que en que cada una de las propuestas presentadas por la Fundación, buscan mejorar la autonomía de las entidades territoriales. Aída Avella, senadora por el partido Decentes. Angela María Robledo, representante a la Cámara por el partido Colombia Humana Por su parte, las congresistas Aída Avella y Angela María Robledo coincidieron en la necesidad de ampliar el debate sobre el tema de descentralización, dada las múltiples manifestaciones que han recibido desde las regiones, para lo cuál, sugirieron la posibilidad de citar un debate sobre el tema en el Congreso de la República.

Por: Línea Conflicto, paz y postconflicto, Pares El pasado domingo 17 de marzo a las 7:30 de la noche, en la Guayacana, corregimiento del distrito de Tumaco, Nariño, dos encapuchados ingresaron a la residencia de Argemiro Manuel López Pertuz, donde sin mediar palabra, dispararon reiteradamente contra él ocasionando su muerte de manera instantánea, mientras su esposa, la profesora Stella Moreano fue herida y trasladada al hospital de Ricaurte y posteriormente a Pasto. El asesinato de Argemiro López, de 46 años, ha causado gran consternación entre las comunidades indígenas y negras de los corregimientos de La Guayacana, Llorente y Espriella, donde era ampliamente conocido por su trabajo comunitario. Un abanderado de la sustitución de cultivos ilícitos Oriundo de Planeta Rica, Córdoba, Argemiro López había llegado 25 años atrás a La Guayacana, donde lideró diversos procesos comunitarios. Actualmente era Presidente de la JAC, y era uno los líderes más activos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, así mismo, era un miembro importante del Comité pro acueducto Espriella- Ñambí. Además era el profesor de fútbol de los jóvenes de ésta localidad. Con respecto a la autoría del crimen, las autoridades no han dado información, sin embargo, extraoficialmente circula la versión que señala como responsable del asesinato a alias “Contador”, quien tras la muerte de alias ‘Guacho’ asumió el control del tráfico de drogas ilícitas en esta región del sur del pacífico colombiano. Es necesaria una reacción integral del Estado La situación de violencia en Tumaco se agudizó producto de la disputa entre múltiples estructuras armadas ilegales para hacerse al control de las rentas criminales, esto en el marco de la salida las Farc-ep del territorio y de la ausencia de presencia estatal integral. Actualmente, los grupos armados más poderosos como el Frente Óliver Sinisterra, Guerrillas Unidas del Pacífico, El Clan del Golfo y Gente de Orden han subordinado o acabado con los grupos menores. Por su parte, la población de la zona se encuentra en medio de la zozobra que producen las estrategias de terror de estos grupos y esperan una acción contundente por parte de las instituciones.

Por: Redacción Pares Por segunda vez en menos de 6 meses, la Casa de Paz de Ciénaga de Caribe Afirmativo fue asaltada. A continuación reproducimos el comunicado. El día lunes 18 de marzo en horas de la mañana, el equipo de Caribe Afirmativo que sirve al trabajo comunitario en el proceso de Casa de Paz de Ciénaga, al llegar para dar inicio a sus labores, se dio cuenta que había sido asaltada la sede entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. El reporte de las pérdidas es muy significativo, debido a que robaron un computador de la oficina, que se usa para guardar los reportes e informes del trabajo de campo, y también destruyeron toda la documentación física que la organización almacenaba en la Casa de Paz sobre la reconstrucción de memoria, la incidencia local para posicionar la agenda LGBT y los avances adelantados en el proceso de Casa de Paz en materia de reconocimiento y reivindicación de derechos de las personas LGBT. Durante el proceso de destrucción y robo del equipo, las personas tuvieron tiempo de revisar documentos y destruir aquellos que eran de mayor nivel de importancia para el trabajo que hacemos en materia de análisis y documentación de casos. Por fortuna, ningún documento contenía información personal que pusiera en riesgo la vida de las personas que interactúan con nosotros. Dicha información estaba siendo usada para la actual implementación de procesos de construcción de memoria y escenarios de reconciliación con las personas LGBT y otros actores sociales, y también daban cuenta del trabajo comunitario que hacemos con la Mesa LGBT de Ciénaga en la formulación de la política pública LGBT del municipio. De todos los documentos destruidos guardamos copia y podremos reconstruir la memoria de trabajo comunitario de nuestra Casa de Paz. Este es el segundo hecho grave que ocurre en la Casa de Paz de Ciénaga, luego que en el año 2018 también fueran hurtados varios de los elementos del lugar, sin que pudieran ingresar en esa ocasión al archivo físico de documentos. En ambas ocasiones, la Fiscalía ha sido puesta en conocimiento del caso y estamos atentos a los avances de la investigación para conocer quiénes son los responsables de estos hechos delictivos. Las acciones delictivas en las que han robado nuestros elementos de trabajo y destruido nuestros documentos y archivos no nos harán desistir en nuestros ideales y esfuerzos con la sociedad y las personas LGBT. Desde Caribe Afirmativo reafirmamos nuestro compromiso por la defensa de los derechos de las personas LGBT en el territorio, la construcción de paz y la lucha por la igualdad real para todas las personas Comunicado de Caribe Afirmativo

Por: Redacción Pares El Paro Nacional de 48 horas de Fecode se desarrollará los días 19 y 20 de marzo. Este miércoles 20 de marzo, será la Gran Toma a Bogotá, con la llegada de delegaciones de maestros de los departamentos a la capital. Inicia a las 9:00 am en el Parque Nacional e irá hasta la Plaza de Bolívar. Entre los objetivos del Paro del Magisterio está la exigencia de financiación a la educación pública y en rechazo al Plan Nacional de Desarrollo; el cumplimiento puntual de los contratos de salud para el magisterio y sus familias. Además, Fecode exige al Gobierno Nacional garantías al derecho de ascenso y reubicación de los docentes vinculados por el Decreto 1278; por el derecho y respeto a la vida de los líderes sociales y los maestros; y el cumplimiento total de los acuerdos firmados. Movilizaciones y marchas en todas las capitales del país En Medellín, la marcha arranca en el parque Lleras a las 9:00 am hasta la sede de Red Vital, en Villanueva. En Bucaramanga, hay dos salidas desde la Puerta del Sol y desde el Parque del Agua. En Cali, a las 9:00 am desde la Estación del Ferrocarril hasta la Plazoleta San Francisco. En Montería, concentración a las 8:00 am en el Parque Laureano Gómez con un recorrido por el centro de la ciudad. En La Guajira, el paro será por 72 horas teniendo en cuenta la magnitud de la problemática, profundizada por la administración temporal. Los maestros y maestras manifiestan que se requiere mayor voluntad política por parte del Gobierno Nacional para encontrar soluciones dentro del tiempo reglamentado en el proceso de negociación, pues la dilación agravará la ya crítica problemática de la educación pública en el país.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares En enero de 2012, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, invitó a Juanita María Goebertus a hacer parte de la delegación en la Mesa de Conversaciones de La Habana. Este encargo se dio en el marco del proceso de paz con la exguerrilla de las Farc. Actualmente, Goebertus es Representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, donde mantiene su lucha por la construcción de paz. Un largo camino por la paz Pares habló con Juanita Goebertus, quien nació en la capital colombiana en 1983. Estudió Ciencia Política en la Universidad de los Andes y realizó una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard. La Representante a la Cámara inició su vida profesional como asistente de investigación en la Fundación Ideas para la Paz y luego fue asesora en varias entidades públicas. Pero fue su trabajo en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que la conectó con la mesa de diálogos que se estaba instalando en 2012. Durante un año y medio vivió en La Habana. Allí puso todo su conocimiento sobre justicia transicional y Derecho Internacional Humanitario al servicio del acuerdo de paz, especialmente en el punto 5, que trata el tema de las víctimas del conflicto por medio del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). En 2016 fue directora adjunta del Instituto para las Transiciones Integrales y finalmente obtuvo una curul en el Congreso de la República para el periodo 2018-2022. “En gran medida mi trabajo siempre ha estado ligado a la paz”, expresó la congresista. Un balance del sistema de justicia transicional Goebertus explicó cuál ha sido el proceso de la justicia transicional desde la firma del pacto en noviembre de 2016. Según ella, la primera fase de implementación legislativa con todas sus trabas fue exitosa con el “Fast Track” pues permitió sacar adelante las normas necesarias para darle vía libre al SIVJRNR que es la base judicial y extrajudicial del acuerdo. A partir de dicho sistema, se crearon tres mecanismos: La Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el conflicto armado, los cuales ya están en funcionamiento. Sin embargo, hay tres obstáculos de ahora en adelante en la implementación del sistema: “hoy enfrentamos un reto presupuestal grave para poder financiar la implementación del sistema. Segundo, este gobierno propone en el Plan Nacional de Desarrollo reparar a 282.000 víctimas menos que aquellas que fueron reparadas en el cuatrenio anterior”, añadió la congresista. Y también recordó que la decisión del presidente de objetar la ley estatutaria de la JEP sometió “al Congreso tres reformas que son constitucionales”. La decisión del presidente Iván Duque de objetar seis artículos de la ley estatutaria de la JEP ha generado polémica en diversos sectores de la sociedad. Mientras unos apoyan la decisión, otros consideran que esta medida atenta contra el acuerdo de paz. Vocera de la réplica televisada Hace una semana, el país vivió por primera vez una réplica televisada de la alocución presidencial. Esta ley se creó desde la reforma constitucional en 1991 con el estatuto de oposición, en el que, entre otras cosas, valida la contraargumentación de los discursos de gobierno. Sin embargo, este nunca se había utilizado, pero con el Acuerdo de Paz se materializó. El pasado martes a las 8 de la noche, Juanita Goebertus inauguró el derecho de la oposición a responder la alocución de Duque sobre las objeciones a la JEP en compañía de algunos de los líderes de oposición. Según las bancadas, las objeciones violan la separación de poderes y atentan en contra de la construcción de paz. “Me siento súper honrada. Toda la gratitud por la generosidad demostrada por todos los partidos y para este tema en particular yo creo que decidieron privilegiar el conocimiento particular del tema y por eso delegaron en mí esta vocería”, expresó. La oposición es diversa y plural La congresista le manifestó a Pares que no existe un líder de la oposición. “Creo que somos una oposición diversa, plural donde hay distintas visiones de país, pero frente a la que nos une, hay una defensa de la construcción de paz”. Según Goebertus, es un avance haber logrado hacer una declaración conjunta porque cada partido tenía los minutos a la representación entonces habría podido ocurrir que se dividieran el tiempo. “Yo creo que eso hubiera sido un despropósito entonces me alegra que hayamos logrado unirnos en torno hacia una sola declaración, pero pues hay que poner las cosas en su proporción.» «Yo simplemente fui un medio. Con enorme generosidad los distintos partidos delegaron en mí su vocería para este tema pero esto no es sobre mí es sobre la construcción de paz en el país”, puntualizó. Este martes circuló en medios una posible decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucionales las seis objeciones de Iván Duque, y en ese sentido, tendría que sancionarla de inmediato. “Voy a estar atenta al pronunciamiento oficial de la Corte Constitucional. Entre tanto, por supuesto lo que se ha filtrado son los argumentos que nosotros dimos durante la réplica a la alocución presidencial, que estas objeciones si bien estas disfrazadas de inconveniencia, en la realidad son objeciones de inconstitucionalidad”, añadió.

Por: Redacción Pares Al parecer, las sesiones de la Comisión de Paz del Congreso se han convertido en el escenario predilecto del uribismo para lanzar ataques a la oposición. Hace una semana la senadora Paloma Valencia llamó a Pablo Catatumbo ‘narcoterrorista’, episodio que entorpeció por horas el propósito de la sesión. La ofensiva de este lunes estuvo dirigida contra la Representante a la Cámara, Ángela María Robledo, quien fue acusada de ser cómplice, copartícipe y aliada de los crímenes de secuestro, asesinato y violación. La consigna es provocar y ofender Tal y como ocurrió hace una semana con la senadora Valencia, el ambiente ayer se agudizó justo después de que el abogado Sergio Alzate, integrante de la Federación de Víctimas de las Farc, increpara a la representante Robledo diciendo “Las armas las valoraron en $220.000 millones. Qué bueno, representante, que esté tomando nota de eso, porque no tomó de los secuestrados, ni del inventario de bienes ni de los listados. Qué bueno. Gracias”. Una clara provocación por parte de Alzate. Robledo, haciendo un esfuerzo por conservar la compostura, le respondió a Alzate “Llevo años trabajando por todas las víctimas; esto no puede convertirse en un espacio de odio. Ese señor ni siquiera es víctima. Tomé nota de todo lo que dijeron las mujeres de la (Corporación) Rosa Blanca y todo me duele, para que de alguna manera insinúe que soy una victimaria”. Además, la atmósfera de la sesión de la Comisión de Paz, en el cual se llevaba a cabo la audiencia pública para escuchar a las víctimas de violencia sexual y reclutamiento siendo menores de edad, se vio alterada por la presencia del ex guerrillero de las Farc Olivo Saldaña. Hay que recordar que el ex combatiente fue señalado por ‘armar’ la falsa desmovilización del Bloque Cacica Gaitana. Saldaña explicó que se hizo presente en el lugar como miembro de la fundación Manos por la Paz, organización que, según el ex guerrillero, agrupa a ex militantes de dicha guerrilla, que estuvieron presos, y que no se sienten representados ahora por el llamado Partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Todo parece indicar que quien invitó a Saldaña fue Sergio Alzate, integrante de la Federación de las Farc, quien señaló que Saldaña habría formado una organización que se adhirió a la Federación tiempo después de que éste salió de la cárcel. Por su parte, Saldaña negó que su presencia se debiera a la invitación de algún partido político en particular. «Esto no puede convertirse en un espacio de odio» “A mí me respetan, exijo respeto. Perdón, déjeme hablar”, le exigía Robledo a la exsenadora Sofía Gaviria, cofundadora de la Federación de Víctimas de las FARC. El altercado hizo que nuevamente se tuviera que levantar la sesión en la que las víctimas hacían uso de la palabra. Robledo dijo que se sintió ofendida y que tomó nota de las declaraciones a través de las cuales la hicieron sentir como una victimaria. “Me ofendió porque llevo años trabajando por todas las víctimas de este país, esto no puede convertirse en un espacio de odio, ese señor ni siquiera es víctima” De esta forma, el espacio destinado para intercambiar ideas y posturas acerca de la implementación del Acuerdo de Paz y la puesta en marcha de la Justicia Transicional, se ha ido desdibujando, y justamente ahora, en el momento crucial en el que se está definiendo la antesala del debate sobre las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP. «Es triste ver que la verdad nos está alejando» El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, manifestó a Caracol Radio su preocupación por todas las peleas que se han presentado en las sesiones de la Comisión de Paz del Congreso y por eso hizo un llamado para que se dejen de meter a las víctimas en las peleas políticas que se generan en el país. «El dolor de las víctimas del Estado, de la Unión Patriótica, de los familiares de los secuestrados. Todas las víctimas nos duelen y es triste que la verdad no nos una y nos esté alejando.» indicó de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad. «El camino no es el debate político, el camino no es la pelea. El camino es trabajar por la dignidad como colombianos”, y expresó que el dolor y la rabia están consumiendo a Colombia y acabando con la posibilidad de una reconciliación real.

Por: Redacción Pares Este martes en las horas de la madrugada, varios hombres desconectaron las alarmas e ingresaron violentamente a la sede de la Corporación Nuevo Arco Iris, en la ciudad de Bogotá. De la sede de la Corporación se llevaron varios computadores y equipos informáticos en los que reposan importantes investigaciones reservadas sobre el conflicto armado, información sensible sobre el fenómeno de la parapolítica y las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. En esta acción, los atacantes sustrajeron documentos confidenciales sobre memoria histórica y reparación colectiva de la Corriente de Renovación Socialista y de las víctimas de la Corporación Nuevo Arco Iris, quienes, durante 25 años de existencia han trabajado en estos temas. La Corporación Nuevo Arco Iris -CNAI- es un centro de pensamiento, investigación y acción social para la reconciliación nacional, que construye análisis, impulsa iniciativas y promueve acciones en relación con la superación del conflicto armado, en pro de la paz, el posconflicto, la seguridad y la convivencia ciudadana. Pares rechaza categóricamente este ataque contra las organizaciones defensoras de la paz y los derechos humanos, y exige a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional, investigar y capturar a los autores intelectuales y materiales de estos graves hechos.