Por: Redacción Pares Según primicia dada a conocer por la emisora W Radio, la Sala Plena de la Corte Constitucional le responderá al presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, que las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque, no pueden ser tramitadas a través del Congreso de la República, ya que son de carácter constitucional, y no responden a razones políticas, sociales o fiscales. Las objeciones del Presidente ya serían cosa juzgada El presidente de la Cámara de Representantes, el 12 de marzo, envió una carta a la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortíz, en la que manifiesta la urgencia de establecer la Cámara podría entrar a debatir las seis objeciones que planteó el presidente Iván Duque a la ley estatutaria que regula las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP. En la misiva, Chacón pregunta a la Corte Constitucional «Respetuosamente se presentan las consideraciones e inquietudes para que se haga extensiva la facultad de revisión y seguimiento de las sentencias proferidas por la Corte». “La inconveniencia tiene que ser basada en lo social, en lo político y en lo fiscal, no en lo jurídico y constitucional. Tenemos que estudiarlo muy bien para no hacer que los congresistas caigan en alguna falta tal como lo ha advertido el Procurador General de la Nación” esto también lo expresó Chacón en la carta. Ya que, considera el funcionario, «es posible que la Corte declare que las objeciones propuestas por el presidente Duque, hacen tránsito a cosa juzgada porque el Tribunal ya se pronunció al respecto.» señaló. «El Presidente contra el Estado de Derecho» Ariel Ávila, analista política y subdirector de Pares, señaló sobre este asunto «La objeción que hizo el presidente a la ley Estatutaria de la JEP es un error. Dicha ley fue declara exequible por la Corte Constitucional, fue aprobada y discutida ampliamente en el Congreso de la República y a pesar de ello, el presidente se fue en contra del Estado de derecho y objetó una parte de la ley, dejando un vacío jurídico impresionante.» Por su parte, la Comisión de Paz del Senado aprobó una proposición en la que le solicitaron a Ernesto Macías -presidente de esa Corporación- que suspenda el trámite de las objeciones hasta que la Corte se pronuncie al respecto, ya que podría someter a la plenaria a una falta grave que a su vez, podría ser sancionada por la Procuraduría General de la Nación. El Procurador General lo había advertido El procurador general, Fernando Carrillo Flórez, había manifestado que la decisión del presidente Duque de objetar la Ley Estatutaria, significaba apartarse “del principio del respeto a decisiones autónomas de la justicia pone en alto riesgo la institucionalidad de Colombia como Estado de derecho”. “Va a generar un enfrentamiento innecesario entre los poderes públicos y a abrir un espacio a la inseguridad jurídica sobre el cumplimiento de los compromisos del acuerdo final. Abre un debate inoportuno e inútil, desconociendo abiertamente el rol de la Corte Constitucional, cuando ella será quien, en últimas, termine resolviendo este problema”, señaló en días pasados el funcionario.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Desde comienzos del mes de febrero de 2019, la situación en el departamento de Chocó viene empeorando en razón a los constantes enfrentamientos entre Grupos Armados Organizados, específicamente, el Clan del Golfo y el ELN. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), desde el 4 de marzo se estima que 883 personas pertenecientes a 187 familias se encuentran en situación de confinamiento. Familias indígenas y afros en confinamiento Para Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, se viene adelantado un seguimiento a la población conforme a la grave situación. En el monitoreo, según el director, se ha priorizado al municipio del Carmen del Darién, Bojayá, Bahía Solano y Juradó. Estas familias que están en confinamiento, son pertenecientes a las comunidades indígenas de Villa Hermosa, Egorokerá, Unión Baquiaza y Playita; que habitan las inmediaciones del río Opogadó, en zona rural de Bojayá. Además, OCHA precisa que la restricción de movilidad que afecta a las comunidades afrocolombianas de Mesopotamia, afecta a 136 personas pertenecientes a 34 familias. Ayuda humanitaria urgente A esta compleja situación se suma un cerco de violencia que no ha permitido que ingrese ayuda humanitaria, tal como se estipuló por parte la Secretaría de Gobierno Departamental en coordinación con la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), desde el 13 de marzo. La ayuda consta, en su mayoría, de alimentos, medicinas y cobijas para atender a las comunidades confinadas. Además, se estableció la necesidad de dar lugar a una mesa de diálogo entre representantes de las organizaciones indígenas y las autorizadas para atender de manera estructural la dramática situación. El gobierno ha hecho oídos sordos a la situación Según el secretario de Salud del Chocó, Carlos Tirzo Murillo, se estima que entre 6 y 8 niños han muerto en la zona del Carmen del Darién por causas asociadas a la malaria o a desnutrición y, por supuesto, a la compleja situación de seguridad desatendida sobre la crisis humanitaria. Esta situación fue ignorada por el Gobierno Nacional cuando, en noviembre de 2018, las comunidades indígenas de Chocó recorrieron 311 km hasta llegar a la capital de la república y exigir garantías de seguridad al presidente Duque. Para ese momento los pobladores chocoanos le exigieron al mandatario que se adelantara el desminado de los territorios donde habitan las comunidades indígenas y afros, garantizando la movilidad de los pueblos. De esa manera advirtieron sobre la ausencia de proyectos productivos, el diálogo sobre las políticas de sustitución de cultivos de coca que competen a las comunidades del Chocó. Además, le reclamaron en noviembre garantías para la reparación individual y colectiva de las víctimas del conflicto armado de los pueblos. Sin embargo, en ese momento hubo represión de la protesta, y ante la desatendida advertencia hoy las comunidades se encuentran confinadas. Tal como se puede observar, el 90 % de los hechos victimizantes de esta tabla se dividen entre desplazamiento y confinamiento. Las razones del confinamiento de las comunidades en el Chocó, tienen que ver el fuego cruzado, las amenazas y las zonas minadas. Por ejemplo, en Truandó hay territorio minado que, por un lado, genera el desplazamiento forzado de una gran cantidad de población indígena y, por otro, una situación de confinamiento producto de las minas. Diagnósticos que fueron ignorados Así pues, un diagnóstico de la situación arrojó que en los municipios del Chocó urge la protección de la vida en el marco de enfrentamientos, intimidaciones y acciones de fuego cruzado que hay entre el ELN y el Clan del Golfo. Frente al cerco de violencia se necesita seguridad alimentaria, debido a que, entre otras cosas, el conflicto entre los grupos armados ha dificultado actividades de agricultura y pesca. Otra de las variables que entregó el informe tiene que ver con las enfermedades relacionadas a la desnutrición y brotes de malaria y paludismo, según informe realizado por la Personería municipal y el Enlace de Víctimas del municipio de Bojayá y, la participación de los representantes de los cabildos Camaibo y Druawandra. Asimismo, según el más reciente informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, la seguridad en los territorios étnicos está en constante amenaza producto de múltiples asesinatos, que han afectado particularmente a los pueblos awá, embera chamí y nasa en los departamentos de Caldas, el Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Además, la constante amenaza de los grupos armados ilegales “y su posicionamiento en la cadena del tráfico de drogas en Arauca, Antioquia, Chocó, Nariño, Norte de Santander y el sur de Córdoba”. Zonas desentendidas en el Chocó, un problema histórico Ahora bien, la crisis humanitaria que vive el departamento del Chocó no es un tema reciente; de hecho, la situación en Bahía Solano y Juradó —dos de los municipios más afectados— ya habían sido denunciada por la Fundación Paz & Reconciliación Pares en el informe ‘Cómo va la paz: la restructuración unilateral del Acuerdo de Paz’. Según las investigaciones de Pares, estos dos municipios se encuentran entre los treinta municipios postfarc (GAPF) más afectados por la violencia. Cabe precisar que en los municipios postfarc hay presencia de Grupos Armados Organizados -GAO, específicamente en esta región se viene adelantando una disputa entre el ELN y el Clan del Golfo. La configuración de los escenarios de violencia se debe a la disputa territorial que ha desencadenado una crisis humanitaria en el sur del país, había señalado Pares. Hace cinco meses, Pares había denunciado la difícil situación en el Departamento de Chocó, que se desprendía de la disputa entre el Clan del Golfo y el ELN por el control territorial. Se registraron los fuertes enfrentamientos por hacerse al control de las cuencas de los ríos, específicamente las cuencas de Truandó, Cacarica, Salaquí, Juguamiandó y la subcuenca del río Atrato. Las cuencas resultan objetivo para el manejo de economías ilícitas como el narcotráfico, tráfico de personas, contrabando, tráfico de armas y movilidad de tropas. El Chocó, con una población 80 % negra y 16 % indígena, ha sido una de las regiones más afectados por el conflicto armado y la profunda desigualdad social de Colombia. Además de la presencia de casi todos los grupos armados, este rincón del país nunca ha sido una prioridad para los gobiernos, y la misma población afirma que han vivido históricamente en el olvido. Las cifras de esta crisis Muestra de ello es que, en 2018, según el Registro Único de Víctimas, se registraron 86.929 casos de desplazamiento a nivel nacional. Sobre el departamento del Chocó, entre 2016 y 2018—a dos años del Acuerdo de Paz— se han perpetrado 28.651 casos de desplazamiento forzado. Por su parte, a nivel nacional se han registrado 19.591 casos de confinamiento; de los cuales 10.794 caso se han presentado en el departamento de Chocó. Además, desde el año 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz, en el departamento de Chocó se registraron 17.420 casos de desplazamiento bajo la categoría de expulsión, 6.062 casos de recepción y 14.294 por la de declaración. En 2017 se registraron 15.740 casos de expulsión, 4.311 casos de recepción y 13.629 casos declarados. En el 2018, hay registrados 3.628 casos de expulsión, 1.273 de recepción y 3.878 casos de declaración.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares La marcha en defensa de la paz y en respaldo a la JEP convocó algo más de 10.000 personas, quienes salieron a las calles a exigir que este país merece una paz sin objeciones para que cesen los ríos de sangre y los silencios que ha dejado más de sesenta años de guerra. Salieron por miles a las calles a advertirle al gobierno nacional que defenderán lo alcanzado en los Acuerdos y que buscarán incansablemente la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Cabe recordar fragmentos del poema de Gonzalo Arango que lleva por nombre ‘Santo y seña’ “Las trincheras y los calvarios serán de amor,/ acendrado ascetismo y fuego purificador./ Borraremos las fronteras con el aliento amoroso de los caminantes (…)/ La libertad es nuestra identidad y nuestra unión;/ el amor el santo y seña para ingresar a la Fiesta.» Los caminantes con pancartas y arengas reclamaron el derecho a la vida y el respeto a las víctimas de este país, quienes —entre otras cosas— resaltaron el miedo de quienes están en contra del Acuerdo; miedo a la verdad, como aseguraron los manifestantes. Las consignas fueron una protesta contundente contra las objeciones que presentó el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz, los ataques de desprestigio a quienes defienden el Acuerdo, la estigmatización presentada por parte de la bancada del Centro Democrático, la situación de crisis humanitaria que se están presentando en los departamentos del Cauca y Chocó, a su vez, una sola voz contra los incesantes asesinatos de líderes y lideresas. Después de la incertidumbre, producto del difícil momento que atraviesa el país con el recrudecimiento de la violencia en las regiones, las maniobras dilatorias para la implementación de lo acordado y el continuo intento de reformar unilateralmente el Acuerdo; la ciudadanía se tomó las principales plazas y le entregaron al Congreso la consigna de que Colombia no quiere más guerra. Sectores de distintas vertientes políticas, sociales y culturales se configuran con esta marcha como un actor determinante para el devenir de Colombia. ¡Hay esperanza, y la esperanza es terca!

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La restitución de tierras en Colombia ha tenido un papel indispensable en la reparación a las víctimas del conflicto armado interno que sufrieron del despojo o desplazamiento forzado. Sin embargo, ONU advierte que este proceso, fundamental para cumplir con el Acuerdo de Paz, va muy lento en su ejecución. “Es preciso que el Estado redoble sus esfuerzos para proseguir los procesos de restitución de tierras”, indicó el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH ) sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, publicado la semana anterior. Paz y restitución van de la mano A partir de la ley 1448 de 2011 que ha venido implementando esta política, se creó la Unidad de Restitución de Tierras (URT) que tiene un “procedimiento mixto” el cual se compone de una etapa administrativa y jurídica. Por lo tanto, esta primera ha sido fundamental para que las personas se postulen y la entidad lleve un registro de tierras despojadas. De todas maneras, las organizaciones de reclamantes de tierras han expresado que las demoras en el proceso son tan altas, que las víctimas prefieren desistir. La ONU revela en su informe que en las zonas donde se ha brindado mayor seguridad y mayor seguimiento a los casos de amenazas a reclamantes de tierras, el proceso de restitución es más efectivo. Asimismo, observó dificultades para cumplir el plazo propuesto para la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial, debidas particularmente a las situaciones de violencia en varios municipios y a la falta de coordinación institucional. En ese sentido, hay dos factores que han limitado la puesta en marcha de la ley: el primero consiste en la falta de seguridad para los reclamantes; y el segundo, el actuar administrativo de la Unidad. Muy lejos de la meta de restitución La Fundación Paz y Reconciliación-Pares ha denunciado el aumento de homicidios de líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016; 211 asesinatos se han registrado, de los cuales muchos de ellos eran hombres y mujeres cuya lucha social era la restitución de tierras. Pares habló con la Fundación Forjando Futuros, que hace un seguimiento a la restitución de tierras y explicó que las amenazas a los líderes que están pidiendo sus tierras de vuelta, la demora en los procesos jurídicos y administrativos han sido las causas principales que han dificultado todo el proceso. En ese sentido, la ONU señaló que para continuar con el proceso de restitución en zonas de alta conflictividad y violencia, se requiere de una actuación institucional coordinada que incluya a las autoridades locales. “Por ejemplo, en algunas veredas de los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y Turbo, (…) se avanzó en la investigación de las amenazas a los reclamantes, se mejoraron los niveles de protección que se les ofrecían y se aumentó el compromiso de las autoridades locales, en particular con los ocupantes secundarios de buena fe en condición de vulnerabilidad”, agregó el organismo internacional. La meta de la Unidad es retornar 6 millones de hectáreas, sin embargo, Forjando Futuros contó que hasta la fecha se han entregado 278.768 hectáreas, es decir, un 4,6%. Lo alarmante es que la Unidad de Tierras tiene vigencia legal hasta el año 2021. Una brecha profunda que afecta los Derechos Humanos Forjando Futuros también señaló que se planteó en discusión una prórroga a dicha ley “pero en el gobierno de Iván Duque es menos posible que se dé”. La bancada del Centro Democrático ha contrariado en varias ocasiones la incidencia de la ley y también ha propuesto modificarla. Otro aspecto que deja en vilo el avance en la restitución de tierras es el Plan Nacional de Desarrollo. Así como lo señaló Forjando Futuros, y como lo constató Pares, en el plan de inversiones y presupuestos plurianuales no se destina un rubro específico para la restitución de tierras. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Colombia es el segundo país más desigual en la región. La ONU, en tanto, destacó la importancia de que en el PND se abordara “la desigualdad con un enfoque de derechos humanos”. Pero como se explicó con anterioridad, no hay un presupuesto definido. “Si bien los datos oficiales indican importantes avances en la lucha contra la pobreza, también reconocen la profunda brecha existente entre las zonas rurales y las urbanas con respecto al goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales”, reza el informe.

Por: Redacción Pares Este lunes la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP anunció que Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, quien fuera comandante de la columna ‘Teófilo Forero’ de las Farc, no compareció ante este tribunal para rendir versión libre sobre casos de secuestro. El exguerrillero podría perder el beneficio de suspensión de las órdenes de captura que pesan en su contra. ‘El Paisa’ llamado a rendir cuentas sobre secuestros La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, es la instancia que estudia el caso de retenciones ilegales (secuestros) ordenadas por algunos excomandantes de las Farc, con fundamento en un informe presentado por la Fiscalía General de la Nación. Velásquez, quien fue citado a la diligencia este lunes para responder por retención ilegal de personas, no compareció personalmente ni nombró defensor que lo pudiera representar en dicha diligencia. Hasta el momento, el exguerrillero no ha manifestado ninguna razón o justificación por no haber cumplido con la citación a rendir versión voluntaria. Fiscalía se ocuparía de su caso La JEP manifiesta que si Velásquez está delinquiendo actualmente o ha delinquido después del 1 de diciembre de 2016, corresponde a la Fiscalía General ocuparse de este caso, por lo que perdería todos los beneficios contemplado en la JEP en el caso en que su colaboración hubiera sido efectiva. Según la documentación que reposa en la Jurisdicción, la retención ilegal de personas habría sido adoptada como forma de operar de la organización, de manera expresa, desde la octava conferencia de guerrilleros y hasta la prohibición de dicha práctica en 2012. Los que sí han cumplido la cita con la JEP Respecto a esta citación acerca del delito de secuestro, a la fecha han comparecido ocho exjefes guerrilleros: Rodrigo Londoño Echeverri, Milton de Jesús Toncel Redondo, Julián Gallo Cubillos, Édgar López Gómez, Pastor Alape Lascarro, Pablo Catatumbo Torres, José Benito Cabrera y Seuxis Paucias Hernández Solarte, quienes han cumplido con su compromiso de comparecer para aportar a la búsqueda de la verdad en este asunto.

Por: Redacción Pares La minga es la unidad indígena social y popular, y así es como se ha denominado la movilización social en el Cauca: Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz; que representa el trabajo comunitario realizado en el territorio, y que convoca a tejer ciudadanía y democracia. Esta protesta social exige el cumplimiento de más de mil acuerdos incumplidos, no solamente en este gobierno, sino en los anteriores. Los pueblos indígenas, campesinos, afros, sectores populares y organizaciones sociales, exigen que el gobierno colombiano, por fin, garantice la convivencia, el desarrollo y la profundización de la democracia mediante el cumplimiento de lo establecido en los acuerdos de paz firmados en 2016. Exigencias de la minga Una de las exigencias es la inclusión del plan cuatrienal realizado por la comisión mixta del decreto 1811 en el Plan Nacional de Desarrollo -PND, en el que el capítulo étnico no aparece sino como un simple anexo. Al mismo tiempo la reforma a la ley 160, las ZIDRES, el uso de glifosato y el modelo extractivo minero energético que hoy da vía libre al fracking, son medidas que van contra el derecho de ley de origen a la consulta previa. Adicionalmente esta movilización se une en defensa de la JEP y el Acuerdo de Paz que hoy corren el peligro de hacerse trizas, ya que los reparos presentados por el Presidente son una amenaza real contra con el acuerdo de paz, tal y como lo aseguran analistas y expertos. Según investigación realizada por Pares, el conflicto armado y social en el Cauca ha estado atravesado por la disputa de la tierra. Tan solo en el primer mes del año, cerca del 20% de todos los hechos violentos contra líderes y lideresas del país se han concentrado en esta parte del suroccidente del país. Se requiere la presencia del presidente Duque En este momento se está requiriendo la presencia del Presidente Iván Duque para plantear los temas que afectan al territorio y la población, y presentar alternativas desde los planes de vida de las distintas comunidades. En esta minga no solo están presentes los pueblos indígenas pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), sino también el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) y el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU). Adicionalmente, participan más de 10 cabildos del departamento del Valle del Cauca, y sectores campesinos, agrupados en el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) y el Coordinador Nacional Agrario (CNA). En tal sentido la minga expresa que el Presidente Iván Duque le está mintiendo a la movilización del suroccidente colombiano y al país por estas cuatro razones: El presidente manifiesta un dialogo abierto y se rehúsa a hacerlo. Nos genera desconfianza porque no utilizó el canal de interlocución que él mismo delego. Se protocolizó un capítulo especial para comunidades indígenas en la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo, pero la propuesta de ley presentada por el Gobierno Nacional al Congreso de la República del capítulo étnico y las consideraciones sobre el cumplimiento del decreto 1811 y el plan cuatrienal no aparecen y solamente se encuentran como un anexo. Se acordó de que no habría hostigamientos, ni represión, ni sobre vuelo de helicópteros y aviones, pero durante las noches siguen los sobrevuelos incluso con lanzamiento de luces de bengalas. Reclamos sobre asuntos políticos y estructurales Las organizaciones pertenecientes a esta movilización que se desarrolla desde el 10 de marzo en el sur del país, indican que «Tanto bombardeo de desinformación masiva, sistemática y mediática tiene el intento de romper, invisibilizar, deslegitimar, desgastar y justificar una violenta arremetida.» Por último, la el Consejo Regional Indígena del Cauca, una de las organizaciones presentes en esta manifestación, declara: «Queremos demostrar que nuestra minga no se encuentra solo en la plano reivindicativo sino que apunta a temas políticos y estructurales que ponen en disputa el modelo capitalista, rentista y corrupto de las élites que manejan este país desde hace 200 años.»

Por: León Valencia, director – Pares El domingo 10 de marzo el presidente Iván Duque, en una alocución en horario prime time anunció seis objeciones a la ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz (JEP) y abrió un debate que regresa el país a la polarización entre quienes defienden el Acuerdo de Paz con las Farc, y quienes lo controvierten. Los objeciones se refieren a la reparación de las víctimas; se señala que la principal obligación recae sobre la guerrilla con sus bienes y activos con el claro propósito de eludir obligaciones del Estado; a la verificación de los listados de excombatientes por parte del Alto Comisionado para la Paz, creando la posibilidad de exclusión unilateral de los miembros de las Farc del proceso de paz; a mantener facultades de justicia ordinaria en investigaciones de vinculados a la JEP y retirar beneficios de justicia transicional a personas acusadas de delitos de lesa humanidad, con la expresa intención de reducir el ámbito de la justicia especial; a no recaudar y verificar pruebas para definir la extradición de los comparecientes ante la JEP, una objeción con nombre propio: Santrich; y a limitar los tiempos para el ofrecimiento de verdad con la intención de impedir que los llamados “terceros” concurran a la JEP a lo largo de la existencia de este organismo. Esa misma noche comenzó a circular una carta, dirigida a las Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional, rechazando tajantemente las objeciones y firmada por los negociadores de paz del gobierno anterior y de las Farc, así como por cientos de dirigentes políticos, líderes sociales, miembros de las iglesia, intelectuales y periodistas, de todas las vertientes ideológicas del país. En ella se pide la protección de los acuerdos de paz por parte de la comunidad internacional. El Presidente se vio en la obligación de enviar al canciller Carlos Holmes a Nueva York y a La Haya, para tratar de aclarar ante los organismos internacionales la desafortunada decisión de objetar artículos claves de la ley que reglamenta la JEP. Quienes dirigen estos organismos le reiteraron al gobierno colombiano la obligación de respetar la autonomía y la independencia de la justicia transicional y cumplir los acuerdos de paz. El martes 12 de marzo el Consejo Nacional Electoral le reconoce el derecho de réplica a la oposición, y la Representante a la Cámara, Juanita Goebertus, hace una alocución en las mismas condiciones del presidente Duque señalando que las objeciones a la ley que reglamenta la JEP sí son un desacato a la Corte Constitucional, porque sobre todos esos aspectos ya se había pronunciado el alto tribunal; sí dañan el proceso de paz porque siembran la incertidumbre jurídica que afecta la credibilidad de los excombatientes en el cumplimiento del acuerdo, y mina la confianza de las comunidades y las regiones donde se desenvuelve el posconflicto; sí distrae al país de problemas fundamentales que tienen que ver con su calidad de vida. El 13 de marzo la Corte Constitucional falla sobre la demanda presentada por Dejusticia y la Comisión Colombiana de Juristas sobre algunos artículos incluidos por el uribismo en el trámite de la ley de reglamentación de la JEP. La Corte aclara que la JEP sí está en la obligación de recaudar pruebas al momento de definir sobre una petición de extradición de los comparecientes a la Jurisdicción; niega la posibilidad de la formación de una sala especial en la JEP con nuevos magistrados y nuevas reglas para juzgar a los militares; y le reitera a la Corte Suprema de Justicia el carácter extraordinario de la justicia transicional y la obligación de poner, por encima de la extradición, el derecho a la verdad de las víctimas y la importancia de la permanencia de los excombatientes en el país para responder por los delitos ligados al conflicto armado. Estos episodios vividos en apenas una semana: la alocución de Duque; la carta a la ONU y a la Corte Penal Internacional; la formación de un gran movimiento político y social para defender los acuerdos de paz; la réplica de la oposición a la alocución de Duque y la decisión de la Corte Constitucional de sacar artículos que habían sido incluidos por el uribismo en la ley que reglamenta la JEP, nos retrotraen a los debates que empezaron en 2012 y tuvieron sus momentos más álgidos en las elecciones del 2014 y en el plebiscito de 2016. Pero muestran que hay un país y una comunidad internacional distintas y con esto no contaba el uribismo. La reacción crítica de todas las fuerzas políticas distintas al gobierno y la actitud de la comunidad internacional, son señales claras de que no le quedará nada fácil a Duque sacar adelante las objeciones en el Congreso y echar para atrás el Acuerdo de Paz.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Para esta historia me quise remitir a los versos de Nicanor Parra, poeta chileno, que en su poema ‘Manifiesto’ señala “Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días, no creemos en signos cabalísticos/ (…) Nosotros repudiamos La poesía de gafas obscuras, La poesía de capa y espada, La poesía de sombrero alón./ Propiciamos en cambio,/ La poesía a ojo desnudo, La poesía a pecho descubierto,/ La poesía a cabeza desnuda (…) —Cabeza fría, corazón caliente, Somos tierrafirmistas decididos» Un proyecto que habla sin tapujos sobre las drogas Acción de Técnica Social – ATS, es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja incansablemente para diseñar e implementar políticas públicas, estrategias y programas que permitan la transformación de la forma en que se aborda el consumo de sustancias psicoactivas. En ese trasegar se ha articulado con gobiernos, organizaciones locales, nacionales e internacionales. Julián Quintero, sociólogo y director de la Corporación Acción Técnica Social, ha trabajado hace 20 años los temas de jóvenes, movilización social y medios de comunicación y empezó a trabajar hace 15 años el tema de drogas directamente. Manifiesta que «el trabajo le ha permitido aprender en la búsqueda de alternativas para abordar el tema “presentar otros argumentos, otras señales, otras vías”. Aunque dice que el camino trae mucho desgaste político, humano y técnico, reconoce que la clave está en repensar constantemente la estrategia. Recuerda una conversación que tuvo con el exministro Alejandro Gaviria que enmarca la labor “es una guerra larga y no hay que guardar el escudo, hay que tener la lanza lista —va a ser de largo aliento— vamos a seguir en la lucha, diversificando el portafolio… pero siempre en pie de lucha”. La importancia de hablar sin pelos en la lengua Quintero reconoce que el secreto de ATS es que, de una manera muy pragmática, ha respondido a las necesidades y la demanda de las personas. Esto, recalca Quintero, es con un trabajo “basado en la evidencia, con la participación de los consumidores y haciendo propuestas muy contextualizadas; hemos podido —no solamente crear proyectos que respondan a las necesidades de la gente— sino traer a Colombia las experiencias de otras partes del mundo”. Sobre el discurso que maneja la iniciativa, Quintero cuenta que se debe a un discurso fresco, encarnado por jóvenes; un discurso comprometido. “Lamentablemente el gobierno nacional y el local ha podido dar el paso de manera decidida para reformar las políticas de drogas. Se intentó hacer en años anteriores, pero lastimosamente estas son políticas que están muy orientadas por los gobiernos y están a merced de intereses”, señala. Nosotros llegamos en un momento donde los consumidores y el país necesitaba una respuesta diferente a la fracasada guerra contra las drogas y a partir de la salud pública, la reducción de riesgo y daño de la participación de los consumidores, la comunicación y la regulación de mercado; le estamos dando otras respuestas a la ciudad, al país y a los políticos. Una iniciativa de compartir saberes “Hemos podido sacar de los laboratorios lo que llamamos la “deslocalización del aparato científico” para ponerlo al servicio de la gente, que logramos con evidencias y pruebas científicas en campo. A su vez, hablar de manera directa sobre las sustancias porque conectamos con confianza con los jóvenes consumidores y ellos confían en nosotros”, dice Quintero. Además, para el director esto ha permitido articular a quienes, históricamente, han sido discriminados y señalados por consumidores. De esta forma fue como el ATS trabaja por la desestigmatización, “los consumidores son ciudadanos funcionales, completamente integrados a la ciudad a la sociedad que simplemente querían información y se las dimos”. Muestra de ello, resalta Quintero, es que el 85% de los jóvenes siguen las recomendaciones que hace el ATS, el 90% comparte la información con sus amigos. “Hemos reducido las tasas de intoxicación y de muertes en Bogotá y en el país en los últimos cinco años”, sentencia. Se trabaja con hechos Sobre el papel del Estado, Quintero reflexiona “El Estado debería ser más pilo y darse cuenta que ha fracasado para avanzar más hacia propuestas cada vez más novedosas, yo creo que durante muchos años les hemos demostrado que vamos por la salud pública”. El director cuenta que al principio los estigmatizaban la iniciativa diciendo que promovían el consumo y que, incluso, trabajaban con los narcos. Sin embargo, “con el tiempo se dieron cuenta que eso era mentira, nuestros opositores cuentan con escasos argumentos para decir que lo que nosotros hacemos no es conveniente, cuando lo que no es conveniente es seguir sosteniendo un modelo que fracasó”. Un reto contra el prohibicionismo Uno de los hechos más reveladores para el director del ATS es que, según el Servicio de Análisis de Sustancias o el conocido testeo; “hay más de 5600 muestras analizadas en seis años, más de 4000 personas atendidas, aproximadamente 18 mil personas atendidas directamente, los impactados superan los 400 mil”. De esta forma es que, para Quintero, el ATS se ha convertido como referente obligado en el tema de las drogas de síntesis en el país, en la reducción del riesgo y daño. El director cuenta que el ATS se ha convertido referente “hasta los medios de comunicación, hasta los más conservadores reconocen las labores que hacemos. Esta es una medida muy pragmática frente al fracaso evidente del prohibicionismo” Proyecto integral y en reinvención EL ATS es una acción integral que trabaja directamente con la gente, incidiendo en la política pública, en las leyes, las normas, actuando y llevando la evidencia a los medios de comunicación, al Congreso de la República, entre otras instancias. Un ejemplo de la reinvención constante, es el Festival de Cortos Psicoactivos; en el que invitan a los nuevos realizadores audiovisuales para que resignifiquen y reinterpreten el diálogo con sobre el tema de drogas. Este año va por su quinta versión y va con toda, dice Quintero, “nos hemos ganado apoyos en el ministerio de cultura, con la Secretaria de Cultura de Bogotá ya reconocen el trabajo”. El director del ATS cuenta que en este momento hay más de 300 videos colgados en la red, de los cuales cerca del 40 % son utilizados de manera constante, como herramientas pedagógicas y metodológicas para abrir los debates en espacios académicos y escolares. Es decir, “a partir de lo audiovisual hay que reinterpretarse y hay que reorganizarse. Este año la convocatoria sale en marzo y el festival va a ser en agosto”. Más Información Los proyectos del ATS son Échele Cabeza Cuando se de en la Cabeza’, Servicio de Análisis de Sustancias, ‘Cambie’, ‘Coca Regulada, Paz Garantizada’, Festival de Cortos Psicoactivos, Semana Psicoactiva’, Zonas de Ruma Segura’ y ‘Basuco: Observatorio de Cocaínas Fumables’

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares “Yo soy el resultado de una historia que es la de muchas víctimas en este país, y de muchas personas que han adoptado la opción política de la izquierda. Y como resultado de esa opción, hemos tenido que afrontar situaciones muy adversas.” Pares habló con Iván Cepeda Castro, defensor de derechos humanos, senador por el Polo Democrático y vocero oficial del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), organización fundada en 2003 con el fin de agrupar a los familiares de víctimas de crímenes de Estado. En agosto de 1994, después del asesinato de su padre, creó la Fundación Manuel Cepeda Vargas en memoria del dirigente de la Unión Patriótica. La Fundación trabaja temas de paz y justicia social, así como la construcción de memoria histórica con el fin de preservar la verdad sobre los crímenes de Estado y la promoción de los derechos humanos. Pares: Después de siete meses de gobierno del presidente Iván Duque ¿cuál es su balance sobre la manera en la que se ha implementado el acuerdo de paz? Iván Cepeda Castro: El 7 de agosto el Presidente dijo en su posesión que su gobierno iba a incentivar un diálogo favorable a la paz y que iba a acabar con las falsas dicotomías entre enemigos y amigos de la paz. Dijo que iba a implementar el acuerdo a pesar de que introduciría leves modificaciones. Pero ese anuncio, que parecía un alentador con relación a posiciones recalcitrantes y extremistas que hemos conocido por parte de los sectores de extrema derecha en Colombia, poco a poco se ha venido desvaneciendo y ha venido siendo reemplazado por una posición adversa a la construcción de la paz. Además, todo lo que atañe al proceso de implementación del acuerdo de paz con Farc, este Gobierno, si bien ha dicho que va a mantener y a profundizar una política de reincorporación de los ex guerrilleros y que va a cumplir con el acuerdo, pues no ha hecho nada significativo en esta materia. Tampoco el presidente Duque desarrolló ningún tipo de política que diera continuidad a los esfuerzos que había hecho el gobierno del presidente Santos en el segundo perído, por ejemplo en los esfuerzos por buscar el sometimiento a la justicia del llamado Clan del Golfo; ese fue un proceso que había avanzado considerablemente en la administración anterior y que en este Gobierno ha dejado de tener cualquier relevancia. Así que el balance de este gobierno es muy pobre, por no decir negativo, y es un balance en el cual en todos los campos del proceso de paz en los que se venía avanzando en la administración anterior, se han producido traumatismos y debilitamientos que pueden poner en peligro el conjunto del proceso de paz. Pares: ¿Y cómo evalúa el desempeño del gobierno en la frustrada mesa de diálogos con el ELN? I.C.C: En el tratamiento que le dio el Presidente a los diálogos que se estaban desarrollando con el Ejército de Liberación Nacional se hizo todo lo posible para que esas conversaciones fracasaran. El gobierno anunció que iba a evaluar los avances de ese proceso, y al final más que una evaluación, lo que hizo fue tomar unas decisiones que poco a poco fueron asfixiando esas conversaciones, al punto en que el 17 de enero, cuando sobrevino una acción criminal por parte del frente urbano del ELN en la Escuela General Santander, obviamente se produjo un desenlace en el que se rompieron los diálogos. Se interrumpió abruptamente un proceso que tenía un desarrollo importante: unos acuerdos, un cese bilateral del fuego, unas perspectivas importantes. Y una vez roto el proceso, en la mesa de conversaciones el gobierno hizo hasta lo imposible por evitar que esa circunstancia pudiera, de alguna manera, subsanarse; renunció al protocolo que debía haber cumplido para lograr que la Delegación de paz del ELN pudiera regresar a Colombia. También puso en una situación muy difícil a Cuba y a Noruega como países garantes, y posteriormente ha hecho anuncios en los que desconoce que exista un conflicto armado con el ELN. Ha cambiado el estatus que le reconocían otros gobiernos al ELN como organización política insurgente. Ahora la denominación es de Grupo Armado Organizado, lo cual hace imposible tener conversaciones de paz. En fin, se frustró una posibilidad de paz que había logrado un desarrollo importante. Pares: Y en aspectos como la presentación del Plan Nacional de Desarrollo ¿cómo le va al presidente Duque? I.C.C: Ha dado algunos pasos, como por ejemplo aprobar los Planes de Desarrollo con enfoque territorial y aprobar algunos proyectos productivos para los ex combatientes. Pero por otro lado no ha incluido en este Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta en materia de inversión presupuestal, un capítulo especial para desarrollar los distintos puntos del acuerdo de paz. Tampoco ha cumplido con el compromiso de garantizar el desarrollo de puntos tan importantes como el de la reforma rural integral, o el de la reforma política. El Presidente ha detenido completamente la política de sustitución de cultivos de uso ilícito y ha desarrollado una acción muy delicada para debilitar de una manera severa la Jurisdicción Especial para la Paz y el Sistema que debe garantizar a las víctimas la verdad, la justicia y la reparación. Pares: En este contexto nacional ¿Qué papel desempeña un sector político y también de la sociedad colombiana que se opone con obstinación a la implementación de los acuerdos de paz? I.C.C: Yo creo que a la extrema derecha no le interesa un proceso de paz, sino una especie de proceso de sometimiento que incluya una desmovilización automática de lo que era la Farc y la guerrilla del ELN; un sometimiento en el que no se produzca ningún tipo de cambio sustancial y de reformas profundas en el país. Esperan una especie de milagro que pueda producir la desactivación de todos los factores de violencia en la sociedad colombiana; eso sin que haya ningún proceso que ponga en riesgo la impunidad con relación a los crímenes de lesa humanidad que se han cometido también del lado del Estado y de los sectores políticos que están precisamente en esa orilla de la extrema derecha del país. Está demostrado hasta la saciedad que la paz requiere cambios y que la paz no vendrá si no se producen esas reformas de las que habla el acuerdo que fue suscrito en noviembre de 2016 por el estado colombiano y lo que era la guerrilla de las Farc. Como eso no va a ocurrir, lo que quiere la extrema derecha es que nos preparemos hacia una continuidad y profundización del conflicto armado acompañado de un modelo militarista y autoritario, que es precisamente el tipo de modelo que han intentado imponerle a la sociedad colombiana desde hace muchos años. Ahora, hay un agravante adicional, y es que esta nueva fase de esa política se enmarca en un contexto internacional difícil, y por lo tanto también aparece en el horizonte la posibilidad de un conflicto armado trasnacional, que en este caso se desarrolle, en un primer momento, entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Pares: ¿Considera que este Gobierno, en lugar de buscar consensos y acuerdos políticos con sectores diversos, está jugado con el uribismo? I.C.C: Sí, por supuesto. Duque no ha tenido una base social propia, sino que depende de los seguidores y de las redes políticas del uribismo, entonces es obvio que lo que intenta es congraciarse con esos sectores y abrirles paso para que aumenten su cuota de poder en los próximos años, tanto en las corporaciones públicas locales, es decir en las elecciones que se van a dar en el mes de octubre, como también van a ir diseñando una estrategia de cara a las elecciones del año 2022. Sin embargo, en Colombia se está aclimatando un tiempo distinto al del odio, la inequidad y la falta de democracia que quieren los sectores de extrema derecha. Es muy alentador ver que toda la oposición, desde el centro hasta la izquierda más radical, esté en una foto respondiéndole al Presidente acerca de las objeciones a la JEP. Eso es una clara muestra de que ya estamos listos para gobernar este país. Pares: ¿Cómo analiza la situación actual de la JEP y también de qué manera recibe la decisión de la Jurisdicción de investigar el caso del genocidio contra la Unión Patriótica? I.C.C: Yo creo que la JEP es un sistema que está en construcción y que además tiene enemigos muy poderosos, así que hay que ayudar a fortalecerla y creo que el papel de las víctimas en este momento es defender la Jurisdicción a pesar de sus limitaciones, de sus problemas que, por supuesto, pueden ser subsanados. Este es el momento de defender la existencia de la JEP y de ayudar para que su trabajo se haga de la manera más eficaz posible. De la consolidación de la paz depende el futuro de Colombia. Hay sectores que le tienen pavor a todos estos cambios que se están presentando, y por supuesto eso incluye a la Jurisdicción. Yo creo que en lo que concierne al genocidio contra la UP, esa es una decisión trascendental porque es un capítulo ineludible de la verdad que hay que construir en Colombia. El genocidio contra la Unión Patriótica es un caso paradigmático de persecución política e intento por exterminar una fuerza política en el que se presentaron todas las formas de criminalidad, de persecución y de exterminio que fueron empleadas por un sector del Estado en complicidad con estructuras paramilitares. Ese es un capítulo que no puede ser negado o simplemente omitido en un proceso de verdad y justicia como el que se está dando en el contexto del Sistema Integral creado en el Acuerdo Final de Paz. Pares: En el último informe de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Colombia, hay una revelación muy preocupante sobre los asesinatos y las amenazas que se vienen realizando contra los líderes sociales. I.C.C: La situación de los líderes sociales es de persecución y de criminalización sistemática contra ellos. Eso obedece precisamente a la contradicción y a la gran lucha que se está presentando en la sociedad colombiana, y que los líderes sociales son las figuras emblemáticas de la implementación del acuerdo de paz en los territorios. Son mujeres y hombres que están luchando por una reforma rural, por la restitución de las tierras, luchan para que las víctimas de los crímenes que se han cometido puedan tener acceso a la justicia y para que se produzcan cambios políticos, es decir, la democratización de la vida local que está tomada por la corrupción, el clientelismo y el gamonalismo. En muchos rincones del país imperan el autoritarismo y la mafia, y en contraposición a eso, los líderes que están siendo asesinados ocupan hoy en día la primera línea de esa lucha social y política. Pares: Desde comienzos del año 2018 fue diagnosticado con cáncer y desde entonces ha librado una lucha contra la enfermedad ¿cómo es su estado de salud actual? I.C.C: En este momento ya atravesé un momento difícil que fue el de los tratamientos curativos y complementarios del cáncer que he padecido. Ahora estoy en un proceso de recuperación después de la quimioterapia y de las cirugías que me han practicado. Ahora debo tener una vida lo más saludable posible, pero yo creo que ya he comenzado una fase menos difícil que la anterior, aunque en este proceso siempre hay que estar muy atentos, el cáncer es una enfermedad que se puede desarrollar nuevamente en cualquier momento, hay que estar controlando. Puedo decir que ya pasé lo más difícil de mi proceso médico.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La crisis que vive Venezuela ha golpeado tres frentes: el económico, el migratorio y el institucional. Académicos aseguran que son consecuencia de malas políticas de gobierno y por lo tanto Maduro no tiene otra opción que dejar el poder porque no tiene los mecanismos para resolver dichos puntos, sin embargo, coinciden en que su salida no será pronto. El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), llevó a cabo este viernes el conversatorio “Venezuela Sobre la Mesa ¿Qué está en juego?”, en el que cinco académicos analizaron la situación venezolana, sus causas, y la imposibilidad de que Nicolás Maduro continúe como presidente. El modelo económico venezolano De acuerdo con Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, encuestadora venezolana, para entender cómo llegó Venezuela a la crisis en tantos frentes, hay que entender el modelo de desarrollo, en este caso intervencionista y controlador que generó más pérdidas que ganancias desde décadas anteriores. Aunque su crítica se centró en el sistema económico dejó claro que las consecuencias se manifiestan por políticas de su antecesor. “Un modelo que controla los precios usualmente genera escasez, desabastecimiento y manipulación y un modelo que utiliza al sector privado normalmente lo que genera es una contracción en la capacidad productiva y por lo tanto desconfianza”, agregó León. Según el analista, en los procesos económicos la confianza es un elemento clave para potenciar o desincentivar el mercado, lo cual produce fenómenos de inflación y en casos extremos como el del país vecino una hiperinflación. Actualmente, en ese país los porcentajes evaluados de la oferta y demanda varían semanalmente. Tres razones de la crisis En ese sentido, hubo tres episodios que llevaron a la escalada de la crisis financiera: 1. La contracción del mercado petrolero, 2. La autocracia y 3. Las políticas de subsidios. Así explicó León estos tres puntos: La caída en la venta del petróleo “fue la que permitió ver la crisis en toda su dimensión, pero antes estaba el problema, y el gobierno tenía la capacidad de cubrir la crisis”, debido a los altos precios que tenían de su economía extractiva. En segundo lugar, la autocracia llevó a que los ciudadanos se manifestaran en contra del gobierno, lo cual llevó a una serie de protestas que fueron reprimidas. “Eventualmente esto lleva a una contracción económica porque tiene que llevar a que el gobierno” destine “recursos para evitar la protesta social”, agregó. Debido a los problemas económicos, el gobierno de Maduro implementó desde el 2016 los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para sostener la crisis alimentaria. Según León esta medida fue positiva porque el 73% de la población se benefició de este subsidio. El problema es que abrió un hueco fiscal para cubrir estos tres gastos mencionados. De acuerdo con información de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, desde que Maduro inició su primer periodo presidencial, ha propuesto distintos sistemas cambiarios tales como el SICAD 1, SICAD 2, el SIMADI y desde 2018 implementó el petro (una criptomoneda), lo cual refleja la inestabilidad en su sistema monetario. Tal es, que la inflación interanual, entre enero de 2018 y 2019, se ubicó en el 2.688.670 %, y según la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, para 2018 llegó a 1.698.844,2 %. El cerco a Maduro La crisis migratoria se propagó en Venezuela desde el 2018 cuando en las irregulares elecciones presidenciales, Maduro fue nuevamente elegido. En un principio cientos de venezolanos y colombo-venezolanos empezaron a llegar a territorio colombiano, pero ante la incertidumbre económica y política se desató una oleada más grande de migrantes. Tanto así que, según cifras de Migración Colombia, en Colombia hay un poco más de un millón de venezolanos que huyeron de la crisis en la actualidad. A su paso, Luz del Socorro Ramírez, doctora en ciencia política, expresó que lo que sucede en ambas fronteras es necesario analizarlo debido a que “cada uno comparte la frontera más larga, más compleja, más articulada por lo tanto todas las posibles implicaciones de esa crisis repercuten inmediatamente en esa frontera”. Para Arlene Beth Tickner, doctora en relaciones internacionales, en este momento en el que Venezuela ha generado la salida de miles de ciudadanos y su poder político se debilita con el paso de los días, se debe seguir presionando desde la comunidad internacional, pero sin llegar a una intervención militar. El problema, según la analista, es que población venezolana está en un proceso de desgaste en el cual fortalece a Maduro en el poder y eso preocupa. “Todos estamos de acuerdo en una salida negociada. Sin embargo, no hay negociación”, agregó, por esta razón consideró que es necesaria la presión internacional. “Maduro (…) está absolutamente arrinconado y si no se le ofrece una salida medianamente digna para soltar el poder (…) yo veo un panorama complejo que no se va a resolver a corto plazo», apuntó. ¿Quién tiene más legitimidad? La autoproclamación de Juan Guaidó como presidente a finales de enero, se sumó a la crisis económica y migratoria. Esta decisión hizo que más de 40 países reprobaran el gobierno de Maduro y a partir de este episodio se empezó a pensar en una negociación para convocar un gobierno de transición. Sin embargo, esto ha quedado en propuestas puesto que hasta el momento no hay ninguna que de luz verde a la salida de Maduro. Otros factores que han ido surgiendo después del pronunciamiento de Guaidó son las rupturas diplomáticas que se derivan en bloqueos económicos, y la posibilidad de Estados Unidos de intervenir militarmente. Para Victor Manuel Mijares, especialista en Derecho y políticas internacionales, la legitimidad la termina definiendo la victoria política, pero en el caso venezolano aún no se ha definido quién tiene esa victoria. “Claramente el chavismo no es lo que fue y tampoco será lo que fue. Le será difícil volver. Pues ha apelado al endurecimiento y ha adaptado una legitimidad con más fuerza”, añadió en el conversatorio. “Las elecciones del 20 de mayo de 2018 que estaban fuera de la Constitución de Venezuela, hizo que el gobierno no fuera legal. Sin embargo, terminó siendo legítimo debido a las reformas que impulsó”, detalló. Por lo tanto, de estos dos episodios surgieron inquietudes de quién era el legítimo presidente. Algunas conclusiones Ahora bien, lo que se espera es que se logre entrar a una negociación entre ambos líderes políticos. Pero de acuerdo con los académicos esto sólo podría suceder a largo plazo. Otra conclusión es que, pese a que Maduro y Guaidó son rivales políticos en la actualidad, en realidad ninguno es el indicado para gobernar a Venezuela. De hecho Guaidó tiene una estrategia de un gobierno de transición y poder convocar a unas elecciones que permitan definir democráticamente al sucesor de Maduro. Ahora bien, si la intervención militar no es la mejor opción y la negociación tampoco da frutos, queda entonces la inquietud de cuál será el siguiente paso de ambos contrincantes.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Ya cumple un mes el paro en el Cauca, que ha pasado prácticamente desapercibido para el pesidente Iván Duque. Desde febrero la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, Anuc; y a la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación vienen adelantando unas protestas a las que, hace unas semanas, se le unió el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). El departamento ha reclamado con insistencia la presencia del Presidente. El paro ha sido declarado indefinido. Las movilizaciones han generado el bloqueo de la vía Panamericana, que conforma la red vial que conecta a Cali (Valle), Popayán (Cauca) y Pasto (Nariño). Estos bloqueos, a su vez, han generado choques entre las comunidades y la represión ejercida por el ESMAD que ha dejado 16 personas heridas. Una mesa de negociación en medio de la protesta Solo hasta el día de ayer, 14 de marzo, el gobierno nacional instaló en la vía Panamericana una mesa de negociación a la que acudieron; la delegación del gobierno, fuerza pública, alcaldes de municipios aledaños y defensores de derechos humanos. La situación ya se le salió de las manos al gobierno que no advirtió a tiempo la solicitud expresada por las comunidades indígenas, la denominada Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz —liderada por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC— Antecedentes de la movilización En este caso, los gobernadores de los departamentos de la región, Óscar Rodrigo Campo, Dilian Francisca Toro y Camilo Romero, le habían solicitado al gobierno establecer canales de comunicación, a propósito de la crítica situación “(…) Estimamos que es fundamental y urgente, la creación de canales de comunicación expeditos que permitan rápidas soluciones, bajo condiciones de respeto y garantías a la protesta social “(…) “Como gobernantes, reiteramos toda la disposición de acompañar este importante proceso, convencidos que el diálogo constructivo y sin vías de hecho nos permitirá acuerdos de región y país, que no afecten aún más las ya fracturadas economías y relaciones sociales en nuestros territorios”, señalaron en la misiva. Es más, hace cuatro meses la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), llamó a la movilización en todos los territorios de Colombia “a los pueblos indígenas, organizaciones indígenas en regiones y en contexto de ciudad, a los hermanos afros y campesinos”. En esa oportunidad, alrededor de 500 indígenas del pueblo Embera Dóbida, Katío, Wounaan y Zenú llegaron a Bogotá a denunciar la crisis humanitaria, exigir garantías de supervivencia y presionar el cumplimiento de los acuerdos pactados en ‘La minga por la vida’ de agosto de 2017. Ahora bien, la minga que se adelantan en los departamentos de Cauca, Caldas y Huila es de carácter indefinido, pues la movilización no retrocederá ni un centímetro para que les garanticen los acuerdos y el cumplimiento de los mismos. En este sentido, esa movilización, liderada por el CRIC, ya cuenta con el respaldo, entre otras organizaciones, del el Consejo Regional Indígena de Caldas, Cridec, los pueblos nasa, misak, yanacuna, emberá y pijao, la Marcha Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario, el CNA. La violencia no se ha ido del Cauca La situación más grave tiene que ver con el recrudecimiento de la violencia en el departamento del Cauca, tal como lo evidencian las investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación Pares, después de que las FARC —producto del Acuerdo— se desplazara de las zonas en las que históricamente hacía presencia. En la actualidad se ha desencadenado una disputa territorial por parte de Grupos Armados Organizados que ha desencadenado en desplazamientos, asesinatos e incluso confinamientos, situación que el gobierno nacional no ha atendido. Tal como lo expresó Aída Quilicue, consejera de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) a El Espectador, el fenómeno va mucho más allá de los asesinatos “No solo se trata de los homicidios, también hay constantes amenazas, desplazamientos, confinamientos, y vuelven a aparecer factores y actores de la guerra en Colombia”. Lucha por la soberanía territorial Otra de las grandes consignas tiene que ver con el mecanismo de consulta previa que ya estaba estipulado por medio de la Corte Constitucional, mecanismos que le permitía a las comunidades indígenas participar en la toma de decisión con lo correspondiente al territorio. Sobre todo, dice la Corte, en los asuntos que implican proyectos mineroenergéticos y la implementación del fracking. En este momento la medida no es tomada en cuenta, anulando así el reconocimiento del papel de las comunidades sobre los recursos naturales. Según lo dio a conocer Feliciano Valencia, senador por el partido MAIS, “dentro del capítulo indígena del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 fueron aprobados $10 billones para entregar a los pueblos indígenas del país. “De los $10 billones destinados a las comunidades, el Gobierno retiró el 70% del presupuesto unos meses después”. Además, Valencia agregó que este paro es “la posibilidad que el presidente conozca de voz de las organizaciones, sobre las problemáticas que se presentan en el sur occidente del país. La situación de la región merece atención gubernamental”. Duque se niega a dialogar con las comunidades Hay una clara determinación por parte de los líderes de la protesta, quienes desde hace tiempo han exigido hablar directamente con el presidente Iván Duque. Sin embarog, el Presidente Duque ha asignado para esta tarea a la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Lo que ha dicho la ministra es que se necesita levantar la protesta para que se establezca un diálogo. Sin embargo, las comunidades han insistido que mantendrán paro de manera indefinida, porque para ellos levantar la protesta no es garantía de que el gobierno cumpla. El hecho de que el presidente Duque no se presente como interlocutor directo frente a un paro, es una práctica recurrente. El año pasado, durante el paro nacional estudiantil, nunca acudió ante las constantes solicitudes de los líderes universitarios que buscaban una mesa de concertación directa con el mandatario. A este paso, no habrá suficientes ministros en el despacho para acudir a las movilizaciones que el Presidente no quiere atender.

Por: Redacción Pares Líderes sociales y políticos, organizaciones civiles, centros de pensamiento, académicos y artistas se unen con el propósito de seguir abriendo espacios para la consolidación de la paz, es obligación de la ciudadanía, de todos y todas, defender y proteger el mayor logro político y social de la historia reciente de Colombia. Atacar a la JEP es atacar a las víctimas. Invitamos a las y los colombianos de los diferentes sectores de la sociedad civil, de la Colombia urbana y rural, a movilizarse a las principales plazas del país el próximo lunes 18 de marzo a las 5:00 p.m. Construcción de paz es encuentro de diversidades Ante la campaña de desprestigio de los sectores políticos que han atacado y se han opuesto reiteradamente a la terminación del conflicto armado, es nuestro deber proteger a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, parte fundamental de la construcción y preservación de las memorias colectivas, de la verdad sobre lo que ocurrió en el conflicto armado, de los responsables, y ante todo, de la garantía de No Repetición de los hechos victimizantes. Solicitamos a la Comunidad Internacional, particularmente a los países garantes del proceso de paz y a los medios de comunicación, que acompañen la movilización y el clamor ciudadano para que se cumpla lo acordado. Finalmente, con miras a defender la democracia y nuestras instituciones, y entendiendo que la Corte Constitucional aprobó y respaldó la Ley Estatutaria, los aquí firmantes solicitamos al Congreso de la República no tramitar las objeciones enviadas por el presidente Iván Duque. SIN OBJECIONES, DEFENDEMOS LA PAZ #DefendamosLaPaz Lea aquí el comunicado