Por: Redacción Pares En 2018, la ONU ve con preocupación el alto número de asesinatos, 110 de personas defensoras de los derechos humanos durante el período examinado. Eso revela el informe las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que describe la situación de los derechos humanos en Colombia. Aumentan las amenazas contra líderes y defensores Es importante señalar que el 27 % de los casos registrados afectaron a personas defensoras de los derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, 18 casos o afrocolombianas, 12 casos, lo que demuestra que algunas comunidades étnicas se ven más afectadas que otras. En este periodo, se registró un aumento de otros tipos de agresiones, tales como amenazas, intentos de asesinato y violaciones de los derechos a la intimidad y a la propiedad. En el informe general de la situación de derechos Humanos en Colombia durante el año 2018, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, subraya la importancia de garantizar los derechos humanos como vía para lograr una paz sostenible y duradera. Según la información recopilada sobre las posibles motivaciones de estos asesinatos, el 66 % estaría relacionado con la denuncia al accionar criminal, los efectos de la violencia que afecta a la población en general o el apoyo a la implementación del Acuerdo, y más concretamente la sustitución de los cultivos ilícitos. Se registraron homicidios relacionados con este último motivo en el Cauca y Putumayo El informe revela que los presuntos autores de estos asesinatos fueron principalmente miembros de organizaciones criminales, entre cuyos integrantes se encuentran posiblemente antiguos miembros de estructuras paramilitares desmovilizadas en un 40 %. Los autores de los crímenes Además, la investigación de ONU señala que son presuntos autores de los asesinatos contra defensores de derechos humanos, individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal en un 18 % de los casos, integrantes del ELN 8 %, integrantes del Ejército Popular de Liberación (EPL) 4 %, miembros de la fuerza pública 5 %, antiguos miembros de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz 8 % y personas por determinar 17 %. Es importante destacar en esta crítica situación revelada por el organismo internacional, que persisten los asesinatos de mujeres defensoras de los derechos humanos, habiéndose registrado al menos nueve casos a lo largo del año pasado. De acuerdo con las observaciones de la ONU y los datos oficiales, la mayoría de estos asesinatos se cometieron en municipios donde, además de presentarse las tendencias ya descritas, existe un alto riesgo de incidencia de violencia por razón de género. Igualmente, preocupan al ACNUDH las agresiones cometidas contra los defensores pertenecientes a la comunidad de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, incluyendo, según la organización Colombia Diversa, dos casos de homicidio y seis de amenazas. La situación de estos defensores se agrava por la persistencia de prácticas discriminatorias y excluyentes muy arraigadas en la sociedad colombiana. Líderes comunitarios en la mira La ONU determina en este informe anual que el 59 % de los asesinatos se cometieron en ámbitos comunitarios. Los más afectados fueron los directivos de las Juntas de Acción Comunal y quienes asumen el liderazgo y vocería de sus comunidades, en particular los que viven en condiciones precarias y con poco respaldo institucional. La ONU ha observado que en Caquetá, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, grupos armados ilegales y grupos criminales han presionado a los líderes comunales para que les permitieran proseguir con sus acciones delictivas. En Norte de Santander se registraron cinco asesinatos de líderes de Juntas de Acción Comunal, todos miembros de la misma organización campesina. Algunas recomendaciones de ONU En muchas ocasiones, las medidas de protección otorgadas a los defensores no respondían a los riesgos y complejidades del contexto en el que estos desempeñaban su labor. El retraso de más de un mes en el otorgamiento de medidas de protección por la Unidad Nacional de Protección – UNP, derivó en el asesinato de un líder comunal y de un representante de las víctimas en Norte de Santander y Valle del Cauca en julio y septiembre, respectivamente. Por otro lado, la Fiscalía debe fortalecer la investigación penal para poder abordar los fenómenos de violencia en los que se enmarcan la mayoría de los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos y sancionar a los autores de estos crímenes y a los que los planifican. Para finalizar, la ONU en su informe hace un llamado especial al Gobierno, ya que este tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación del Acuerdo y de avanzar en la construcción de un país en paz y equitativo, donde toda la población tenga garantizado el pleno acceso a los derechos humanos.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Tres días después de que el Presidente Iván Duque presentara las seis objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), centenares de ciudadanos se reunieron en la Plaza de Bolívar desde las 4 de la tarde para rechazar esta decisión. El clamor popular fue respaldar la JEP y por otra parte, exigirle al Gobierno que respete el Acuerdo el Paz. Los asistentes a la Plaza Mayor llegaron con carteles, cánticos y música. Se reunieron para manifestar su preocupación por lo que ellos consideran un ataque a la columna vertebral de la implementación del Acuerdo de Paz. ¡No a la guerra interna, no a la guerra en Venezuela! Hubo consignas relacionadas al caso de Jesús Santrich, que en estas semanas ha marcado un punto de inflexión frente al Sistema de Justicia Transicional y lo acordado en la Habana. Por otra parte, los manifestantes le enviaron un mensaje al Presidente para que evite realizar cualquier movimiento que desencadene una intervención militar en Venezuela. Se escuchó un unánime ¡No a la Guerra! Las banderas de los partidos de oposición— Decencia, Colombia Humana, MAIS, el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el Polo Democrático Alternativo, y el Partido Alianza Verde— ondearon en el cielo de la Plaza de Bolívar, como un acto simbólico entre El Palacio de Justicia y el Congreso. La oposición dijo ¡presente! Cabe recordar que con el estatuto de oposición, los movimientos tendrán garantizado su ejercicio de la oposición, incluyendo la movilización y la protesta social. La senadora Sandra Ramírez de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y Angela María Robledo de la Colombia Humana, entre otras líderes de la oposición, hablaron de la defensa de la JEP, del Acuerdo; de la importancia de la movilización social en lo que un momento en que la oposición—tal como lo manifestaron— se encuentra unida para alcanzar la paz. Los miembros de la oposición podrán comunicar, publicitar, y determinar o controlar las acciones de gobierno. Podrán proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control a la gestión de gobierno. El representante a la Cámara Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Sergio Marín, le expresó a PARES que “La movilización popular en defensa del Acuerdo es lo que nosotros consideramos que es determinante es este momento. La lucha por la paz no es algo que se deba circunscribir a partidos políticos, a movimientos políticos, ni espacios tan viciados como el congreso; es necesario que la gente se apropie de la bandera de la defensa de la paz y des sistema de verdad, justicia, perdón y garantía de no repetición” «La paz es el camino» Para Marín, “La paz es el camino, la paz —consideramos nosotros— que es irreversible, hay sectores que concentran el poder económico y político en grandes dimensiones que están interesados que esto no avance. El mayor temor es a la verdad a que se logre identificar con precisión quienes han sido los mayores responsables y victimarios de este conflicto y quienes han ordenado las grandes masacres y desplazamientos”. Al plantón, también asistió el senador del Polo, Iván Cepeda, quien le expresó a PARES que la defensa de la JEP es vital porque “de eso depende el futuro de Colombia, si nosotros en este instante de nuestra historia no logramos consolidar la paz, vamos a seguir eternamente en un círculo vicioso de muerte, de odio, de inequidad y de falta de democracia”. Somos oposición y ciudadanía libre Entre otras cosas, expresó Cepeda, «los miedos de quienes están en contra reposan en los cambios que se estamos adelantando como oposición y la adhesión de las ciudadanías libres”. Al finalizar dejó un mensaje a PARES “Todo mi apoyo a la importante labor que adelanta la Fundación Paz & Reconciliación que es uno de los centros de pensamiento y de investigación que adelanta informes serios de los procesos políticos y el Acuerdo de Paz en Colombia”

Por: Redacción Pares Este jueves se presentó en Bogotá el Informe Anual de la Alta Comisionada de ONU Derechos Humanos sobre Colombia para el año 2018. El informe describe la situación de derechos humanos en Colombia en materia de paz, seguridad, desarrollo y democracia en 2018. También destaca algunas de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el país. «Un solo homicidio de un defensor o defensora ya es un crimen muy grave que socaba la democracia y el Estado de Derecho» fue uno de los mensajes centrales del evento. En un mensaje dirigido al Gobierno Nacional, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, recuerda que «la mayoría de los compromisos asumidos por el Estado en el Acuerdo hacen parte de la agenda de derechos humanos que se ha delineado en muchos de los tratados, mecanismos, recomendaciones y directrices de las Naciones Unidas y del sistema interamericano de derechos humanos en los que Colombia es parte.» «El Gobierno debe responder por la implementación plena del acuerdo» Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, señaló en la presentación del informe que «el Gobierno debe responder por la implementación plena del acuerdo de paz; urge a incrementar esfuerzos para avanzar, no puede haber marcha atrás en este aspecto.» También indicó que «la mayoría de los compromisos asumidos en el acuerdo hacen parte de la agenda de paz y derechos humanos de ONU y del Sistema Interamericano. Fue enfático en señalar que el Estado colombiano no ha llegado con la oferta necesaria a los sectores rurales. «Los recursos recuperados de la corrupción pueden ser una fuente importante de financiamiento para implementar los compromisos de reforma rural integral y sustitución de cultivos ilícitos contemplados en el Acuerdo» declaró Brunori. El funcionario también hizo un llamado al respeto de los acuerdos por parte del Gobierno Nacional y el ELN; en ese sentido pidió que la guerrilla no tome rehenes y convocó a un cese al fuego para construir confianza entre las partes y se logren reanudar los diálogos de paz. Los asesinatos de defensores y defensoras estarían relacionados con la denuncia u oposición al accionar criminal, a los efectos de la violencia a niveles endémicos que afecta a la población en general o a el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz. Más concretamente, señaló la ONU con la sustitución de los cultivos ilícitos se registraron homicidios relacionados por este último motivo en el Cauca y Putumayo. «Hay que fortalecer a la JEP» La Embajadora de Unión Europea, Patricia Llombart Cussac, explicó que «vivimos en una época en la que debemos unirnos en la defensa de derechos humanos y libertades fundamentales. Colombia está en una situación compleja con logros importantes que no debemos olvidar Hay que resaltar las vidas que han salvado el empeño y trabajo de las instituciones de las sociedad civil, organismos de control y comunidad internacional. «Hoy compartimos una determinación que salva vidas.» resaltó la funcionaria de la Unión Europea. Hizo un llamado a fortalecer la JEP para hacerle frente a los grandes desafíos de la próxima década. «Debemos ser capaces de darle a la JEP la fuerza suficiente, si no, las más perjudicadas serán las víctimas y eso es lo último que queremos.» Dignidad y vida, derechos esenciales en Colombia Martín Santiago Herrero, Coordinador Residente de Naciones Unidas y Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, resaltó que «el momento que vivimos es desafiante.» Añadió que «La referencia esencial es ir al espíritu de lo que es el patrimonio moral de la humanidad: la Declaración Universal de Derechos Humanos que reconoce que la dignidad es inherente a todos, es fundamento de memoria, justicia y paz.» También indicó que si se apela a la dignidad para todas y todos, obviamente tenemos que hablar de los derechos de las víctimas, y la Declaración dice que esa dignidad de todos es fundamental. «Esto es esecial para la garantía de todos los derechos y es importante para hablar en Colombia del derecho a la vida . Este instrumento internacional es de todos.» indicó el funcionario. «Este informe es un espejo que refleja la esperanza de los colombianos» El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, indicó que este informe es «un espejo que debemos observar sin vanidades y refleja la esperanza de los colombianos.» Añadió que la paz pasa por el campo y por garantizar condiciones de vida digna a todos. «El Estado debe llevar oferta social a todo el territorio para sacar de la pobreza a comunidades.» Resaltó el esfuerzo de ONU por dar luces sobre el impacto que tiene la corrupción en los derechos Humanos de los ciudadanos, porque «es un sacrificio de recursos para sacar a los más vulnerables de la trampa de la pobreza.» También agradeció a la Unión Europea el apoyo al trabajo de la Defensoría para proteger a los líderes. Algunas recomendaciones para Colombia El informe contiene 6 recomendaciones: 1. Acelerar el ritmo de implementación de los puntos 1,3 y 4 del Acuerdo de Paz 2.Fortalecer las garantías para el ejercicio de la labor de defensoras y defensores de derechos humanos; y trabajar en prevención y protección de sus vidas, lo mismo que abordar las causas estructurales de los ataques 3.Dar seguimiento a la visita oficial del Relator Especial sobre la situación de defensores y defensoras 4. Implementar el Programa Integral de Garantías para Mujeres, lideresas y defensoras de derechos humanos y fortalecer la lucha contra la impunidad 5.Al Gobierno y al ELN respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario 6. Respeto, por parte de las entidades del Estado, a la independencia del Sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Según el Registro Único de Víctimas, en el año 2018 se registraron 10 masacres y los primeros 3 meses de 2019 van al menos, siete. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia, una masacre «es aquel hecho en el cual son víctimas de homicidio cuatro (4) o más personas, en las mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar, y por los mismos autores.” Es importante precisar qué no se contabilizan “aquellos casos en donde por acción de la Fuerza Pública en cumplimiento de su deber resultan muertos integrantes de grupos armados al margen de la ley; tampoco se tiene en cuenta las víctimas pertenecientes a la Fuerza Pública como resultado de la acción de los grupos armados al margen de la ley”. Una disputa a sangre y fuego de los territorios Es necesario tener en cuenta que, a dos años del Acuerdo de Paz, la salida de las FARC de las zonas en las que tenían presencia histórica, está generando un recrudecimiento de la violencia a causa de la disputa de los territorios. A su vez, las economías que se desprenden del narcotráfico han incrementado la violencia en las zonas que son corredores estratégicos para los grupos armados y que son campo de disputa; poniendo en riesgo a las comunidades. Según investigaciones de Pares, los grupos que han tenido protagonismo en la arremetida por el control territorial, a nivel nacional, son los Grupos Armados Organizados, como el Clan del Golfo; el EPL; el ELN y grupos armados postFARC. Aún se espera el esclarecimiento de los responsables de las masacres En la siguiente línea de tiempo podrá encontrar las 17 masacres han ocurrido de enero de 2018 a marzo de 2019 «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Redacción Pares Esa mañana del 23 de febrero en el puente Internacional Francisco de Paula Santander, simpatizantes del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, lanzaron botellas encendidas y llenas de combustible que cayeron sobre tractomulas y sobre cientos de cajas que contenían ayuda humanitaria para «salvar del desastre» al pueblo venezolano. Todo ardió. Cajas y camiones. En cuestión de horas la caravana estaba reducida a cenizas y las relaciones bilaterales con el gobierno de Nicolás Maduro, también. Desde el momento en que ocurrieron los hechos, en directo y para el mundo, hubo una versión falsa. Se dijo y se publicó que dos camiones con ayuda humanitaria que lograron pasar la frontera colombo – venezolana, por el Puente Francisco de Paula Santander, fueron incinerados por parte de las autoridades venezolanas. Hoy, semanas después de los acontecimientos que desembocaron en una situación tan crítica en la frontera con Venezuela, hay claridad sobre un hecho clave: los dos camiones con la carga de ayuda humanitaria no fueron incinerados por autoridades venezolanas. Asimismo, hay dudas acerca de la manipulación oficial de los videos que prueban lo que realmente pasó ese día en el puente y también hay muchas dudas sobre el contenido real de las cajas de ayuda humanitaria. Pares estaba en lo cierto El 24 de febrero, Pares recibe unos videos que mostraban los hechos desde un ángulo distinto al de grandes medios comunicación que insistían en que los ataques y el fuego venían de la Guardia Bolivariana. En estos videos se ve cómo unos jóvenes que están del lado colombiano del puente, preparan bombas molotov con botellas, gasolina y mechas. Posteriormente, en un segundo video, se les ve arrojando las bombas incendiarias contra la línea fronteriza custodiada por la Guardia Bolivariana. En un tercer video hay una columna de humo que sale desde uno de los camiones apostados en el puente Internacional. Pares publicó la secuencia en su cuenta de Twitter y en ella hace la descripción de las imágenes. Videos correspondientes a los momentos del incendio de los camiones, publicados por Pares el 24 de febrero. Por su parte, la cadena de noticias TeleSur también publicó el 24 de febrero un informe en el que señalaron los hechos como un ‘falso positivo’ para justificar la intervención extranjera en Venezuela. Testigos señalaron, decía el informe, que grupos violentos de la oposición venezolana incendiaron los camiones con bombas Molotov y luego intentaron inculpar a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). «Hay evidencia de que fueron ellos mismos los que quemaron su camión. Nuevo falso positivo derrotado. Mentirosos de manual. EL GOLPE FRACASÓ» indicaba el informe de TeleSur. null «Maduro quemó comida» un lado de esta historia Ese mismo día el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, publicó en su cuenta de Twitter que el “tirano en Caracas bailó” mientras sus secuaces “quemaban comida y medicinas”. Funcionarios del gobierno estadounidense y del gobierno colombiano salieron rápidamente a calificar el hecho como un crimen más de la tiranía de Maduro, mientras millones de telespectadores miraban indignados cientos de cajas con comida y medicinas convertirse en cenizas. Así mismo, John R. Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Trump indicó en su cuenta de Twitter. “Maduro ha mentido acerca de la crisis humanitaria en Venezuela, contrata criminales para quemar alimentos y medicamentos destinados al pueblo venezolano”. «¿Qué clase de tirano enfermo detiene la comida para llegar a la gente hambrienta? Las imágenes de los camiones en llamas llenos de ayuda son enfermantes», escribió al respecto el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo. Guaidó y funcionarios colombianos repiten el relato «Fue la Guardia Bolivariana de Venezuela cumpliendo las órdenes del tirano. Indolente Maduro» repetían una y otra los grandes medios de comunicación que cubrieron los hechos. El gobierno de Colombia repetía que Maduro era responsable de ordenar el incendio. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, expresó al día siguiente: “Hoy se vio cómo un hombre manda a quemar comida para los hambrientos. Señores de las fuerzas armadas, ustedes no le deben lealtad a quien quema comida frente a hambrientos, quema medicinas frente a quienes las necesitan.”, dijo. “Es el momento para que el mundo se una y diga a la dictadura de Venezuela: ‘ya basta’ y que se le diga al dictador que llegó el final de la represión”, manifestó en ese momento el Presidente Duque, y dijo además que había tomado la decisión de replegar los camiones con la ayuda humanitaria en vista de lo que sucedió. Martha Lucía Ramírez, vicepresidente de Colombia, afirmó: «Uno de los camiones incinerados por los colectivos por orden de Maduro. Prefiere destruir comida y medicamentos que alimentar y sanar las enfermedades de su pueblo.» El ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, indicó ese día que «tres camiones se internaron en Venezuela y uno quedó en Colombia. De esos tres camiones, dos fueron incinerados en territorio venezolano y uno permanece allí pero su carga fue retirada para protegerla». El análisis hecho por The New York Times Sin embargo, el medio de comunicación estadounidense The New York Times, publicó este domingo un reportaje que, con base en imágenes inéditas muestra que la Guardia Nacional Bolivariana no fue la responsable de incinerar los camiones con ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero, como se ha venido señalando con tanta insistencia. El gobierno de Colombia se convirtió rápidamente en un refuerzo principal de la teoría de que el Sr. Maduro había estado detrás del fuego. «Después de que el camión fue destruido, el gobierno colombiano envió imágenes desde el puente a funcionarios estadounidenses y periodistas colombianos, según los funcionarios y periodistas que los recibieron”, dice el artículo del Times . El gobierno colombiano editó imágenes Según el periódico, al parecer las imágenes difundidas por el Gobierno colombiano fueron editadas para mostrar círculos alrededor de las fuerzas de seguridad venezolanas arrojando recipientes de gases lacrimógenos, que supuestamente habrían explotado con el impacto hacia el convoy de ayuda humanitaria. The Times añade que estas fotos habrían sido complementadas con imágenes posteriores para mostrar que el camión se convirtió en llamas, dejando implícito que fueron los funcionarios venezolanos los responsables. “Pero las imágenes distribuidas por el gobierno colombiano eliminan el período de 13 minutos antes de que comience el incendio. Funcionarios de la oficina del presidente Duque no publicaron el video completo luego de repetidas solicitudes de The Times”, asegura el periódico. Esta es la ilustración realizada por The New York Times en su artículo, ¿Quién fue responsable del incendio de la ayuda humanitaria para Venezuela? “Grabaciones no publicadas y obtenidas por The New York Times, así como filmaciones que sí se difundieron —incluidas tomas compartidas por el gobierno colombiano, que ha culpado a Maduro del incendio—, permitieron hacer una reconstrucción de lo sucedido. Esta sugiere que una bomba Molotov lanzada por un manifestante en contra del gobierno es el causante más probable del incendio”, dice el reportaje. Operación bandera falsa Según el medio, muchos de los críticos del Maduro afirman que él ordenó que se prendiera fuego a los camiones que contenían medicamentos durante el enfrentamiento en la frontera, pese a que muchos ciudadanos mueren por falta de estos en los hospitales. Sin embargo, dice el periódico, la afirmación sobre un envío de medicamentos, también, parece no estar demostrada, según videos y entrevistas realizadas. De acuerdo The Times, el video inédito sobre el que se basó el reportaje parece respaldar la afirmación de Maduro en que dice que los opositores intentaron una operación de bandera falsa, en la que supuestamente la guardia de Venezuela había quemado uno de los camiones. El lado correcto de la historia Un par de días antes de que se presentaran estos hechos, Juanes, una de las principales figuras del concierto ‘Venezuela Aid Live’ que se realizó ese mismo fin de semana en la frontera, respondió un mensaje que había puesto León Valencia en su cuenta de Twitter a propósito de lo que podía ocurrir: “Carlos Vives y Juanes deberían pensarlo dos veces antes de involucrarse en el concierto del viernes en la frontera, son artistas que siempre han estado por La Paz y en este evento hay, sin duda, una agenda oculta, algo que sólo saben los gobiernos de Estados Unidos y Colombia” dijo el director de Pares. El artista, ante la pregunta sobre qué opinaba de este mensaje, manifestó “en nuestra mente está la ayuda humanitaria, esa es la razón por la que nos movemos. Todas las teorías que se pueden generar por este evento van en torno a un montón de circunstancias. Yo estoy del lado correcto de la historia». Y los hechos hablan por sí solos.

Por: José Roberto Acosta, aliado PARES Sobre el delicado y crucial tema de salud pública, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) propuesto por el Gobierno Nacional, se habla de cobertura con calidad, subsidio a la oferta, mayor participación territorial, mejor gobierno corporativo, sostenibilidad y pago de deuda pendiente. Declaraciones bien orientadas, pero que en el articulado tienden a desdibujarse tal y como detallo a continuación: Se propone en el artículo 55 que cualquier operación de compra y venta de acciones de una EPS (Entidad Promotora de Salud) que represente más del 10% de la propiedad, deberá contar con la autorización de la Superintendencia de Salud, sin embargo, debería involucrarse también la autorización previa de la Superintendencia de Sociedades, que ha sido más activa en casos como el de Medimás EPS. Y lo más importante, que el vendedor de las acciones tenga un certificado de paz y salvo para que no se repita el caso de Cafesalud EPS, que solo vendió el activo intangible, es decir los pacientes, pero se quedó con el pasivo o deudas. Esto a la larga perjudica a hospitales y clínicas, trabajadores y proveedores que quedan en el limbo después de estas operaciones que lavan malos manejos por cuenta de un “comprador de buena fe”. En el artículo 127 se le carga a la nación el pago de los servicios y tecnologías en salud no financiadas; son los famosos recobros que tanto dolor de cabeza han generado pero que, sin titubeos, se deberían empezar a tarifar con precio de referencia a partir del “Precio Medio por Evento Nacional (PMEN)”, mas un margen o desviación hacia arriba que permita ponerle límite al desbordado desorden en la contratación directa de las EPS con las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud). Esto constituye el mayor hueco por donde se filtra la corrupción con los recursos públicos destinados a la salud de los colombianos. Cada procedimiento quirúrgico o tratamiento está costeado y codificado a nivel nacional en el PMEN, por ello, no puede seguir pasando que una apendicectomía en una ciudad colombiana cueste más del doble que lo que cobran en Europa, Tokyo o Nueva York. Se le debe poner límite a la sobrefacturación de servicios, en especial a los recobros, y usar el PMEN como referencia. Esta una propuesta concreta que debería incluirse en el PND. En el artículo 132 del PND se pretende modificar la Ley 715 del 2001 para modificar la repartición del rubro de salud en el Sistema General de Participaciones, que es la vía por medio de la cual se nutre de recursos fiscales al proceso de descentralización en municipios y departamentos, planteando entregar un 88% de los dineros al Régimen Subsidiado, un 10% a programas de Prevención en Salud Pública y apenas un 2% a hospitales públicos, subsidiando así la oferta. Pero en un sistema de aseguramiento, como es el caso del colombiano, la prevención debería tener mayor peso que un exiguo 10%, para así gastar menos de ese 88% en la curación. Además, otorgar solo un 2% a la red hospitalaria pública, es una forma de marchitar la oferta en aquellas regiones de alta dispersión rural en la que el sector privado no atiende por ser poco rentable, afectando la tan anunciada equidad y necesidad de inclusión de las zonas que nunca han tenido un control por parte del Estado. En los artículos 133, 134 y 135 se vislumbra el mecanismo para conseguir los recursos de la llamada Ley de Punto Final, o pago de deuda pendientes a tantas IPS que ya están pasando por una situación insostenible por iliquidez ante la falta de pago de sus facturas. El mecanismo será la titularización de esas facturas, es decir, se aglutinarán en un fondo fiduciario y su valor, con un descuento, se negociará en Bolsa al mejor postor mediante un título de deuda respaldado por la nación. Pero son muchas las preguntas alrededor de esta maniobra financiera: ¿Qué mecanismo de no repetición se tiene para que las IPS corruptas no metan como deuda pública sus espúreas facturas de servicios que nunca prestaron o sobrefacturaron? ¿Contra qué rubro del presupuesto general de la nación se respaldará el pago de esas facturas aceptadas en el fondo fiduciario? ¿Que pasará con las deudas no pagadas en las megaliquidaciones de Saludcoop y Cafesalud? ¿Queda la Ley 1608 de 2013 como incentivo para otro acuerdo de “Punto Final”? En el artículo 138 del PND se ponen a contribuir a los “no pobres” mediante un aporte que va desde 1% al 15%, más un microseguro. Aunque en gracia de discusión se podría aceptar que todos debemos aportar para mantener la universalidad en la prestación del servicio de salud y mejoras en su calidad, también es cierto que esos aportes no pueden atentar contra el ingreso mínimo vital de los “no pobres”, término problemático incluido en el PND por algunos “tecnócratas” para poder meterle mano a los precarios ingresos de esa “clase media cercana a la línea de pobreza”. Entonces ¿Dónde queda la guerra contra la elusión y evasión de aportes de los de mayor ingreso? Y por último, no se toca en absoluto el tema de las ARL (Administradoras de Riesgos Laborales) para los ocupados por cuenta propia y que ya suman 9,5 millones de personas dentro del total de la fuerza laboral, y que cuando sufren accidentes laborales acuden al sistema de salud a través de la EPS, sin tocar al sistema de ARL. Estas atenciones también constituyen fugas de recursos, y tanto el Ministerio del Trabajo como el Ministerio de Salud, deberían plantear estrategias para subsanarlas. @jrobertoacosta1 jrobertoacostaopinion@gmail.com

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Esta semana, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 28 años de prisión a Miguel Nule Amín por ordenar la masacre. El exgobernador del departamento de Sucre y padre de los condenados Miguel y Guido Nule, planeó los crímenes ‘para recuperar un ganado que le había sido robado’. “En las lágrimas tuyas está todo el terror” “Como en un cuadro de De Chirico, El Tiempo/ se queda detenido entre los objetos y/ los hombres que sueñan la eternidad/ (…)Como en un color de Borges El Tiempo se/ queda entre las palabras del Ciego/ Los hombres han conocido a través de lo insólito la eternidad/”. Así, a través de estos versos del poeta Raúl Gómez Jattín tomados de su poema En las lágrimas tuyas está todo el terror, un pueblo parece detenido en el tiempo por una masacre. Este es el caso de lo ocurrido el 14 de octubre del año 2000 en el corregimiento Macayepo, Bolívar, en donde fueron asesinados 16 campesinos, según cifras del informe ‘¡Basta Ya!’ del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ese día, alrededor de 80 paramilitares pertenecientes al Bloque de los Montes de María, perpetraran los asesinatos con garrotes y piedras, en lo que fue uno de los episodios más desgarradores ocurridos en esta región del país. Nule, segundo líder político condenado por la masacre La sangrienta encomienda la hizo el dirigente político al Bloque de los Montes de María, comandado por Rodrigo Mercado conocido con el alias de ‘Cadena’. Este bloque operaba en los corregimientos del departamento de Bolívar y Sucre. ‘Cadena’, oriundo de Macayepo, mató a la gente con palos y piedras. Así, a garrotazos llegó la peor violencia a unas tierras que vivían de cultivos de aguacate, plátano, ñame y ganadería, una actividad comercial vinculada de forma muy estrecha con el paramilitarismo de la región. Sumada a la condena de Nule Amín, en 2010 también la justicia condenó al exsenador de Sucre, Álvaro García Romero, quien hizo parte de reconocidos integrantes de la dirigencia política local y ganaderos de Sucre. «Meter la tropa a la finca» Estos eran apadrinados por grupos paramilitares, tal como está consignado en la sentencia que le decretó 40 años de cárcel a García Romero. Del ‘Gordo’ García, como es conocido, se recuerda esta conversación diez días antes de la masacre: «Lo que pasa es que Nule [Miguel Nule Amín] quiere es meter la tropa a la finca y esa no es la idea. La idea es meter la tropa en la parte de atrás que es por donde se sacan el ganado, que es por El Aguacate por el lado de Pajonalito, por esos sectores… ¿Me entiendes? Yo considero que esa decisión es una decisión que no es fácil tomarla hoy, pero es fácil tomarla en 10 días» Miguel Nule Amín, ha intentado hacerle quite a los cargos, pues interpuso un recurso de casación que terminó con una negativa por parte de la Corte Suprema de Justicia. Esta estrategia la utilizó después de que el Tribunal Superior de Cartagena lo condenara en 2016. En este sentido, la Corte ratificó la responsabilidad del exgobernador en el delito de homicidio agravado. Además, la decisión de la Corte estuvo sustentada en los testimonios de paramilitares que vincularon a Nule Amín con la masacre. ¿Qué dice el fallo de la Corte? La Sala encontró creíble la versión, sostenida por alias ‘Juancho Dique’ que vincula al acusado con los hechos en calidad de inductor de los mismos. “El motivo de la acción criminal fue la recuperación del ganado que le había sido hurtado por parte de las facciones guerrilleras que operaban en la región», señala el fallo. «Es innegable que la acción desplegada por el grupo paramilitar al mando de Rodrigo Antonio Mercado se inscribe en lo que el exparamilitar, Edwar Cobos Téllez, denominó «estrategia militar de las autodefensas para derrotar y desterrar de la región al enemigo histórico y a sus bases de apoyo, hablo de las guerrillas comunistas» (…) Y añade el testigo «lo particular y que resulta determinante en la responsabilidad derivada al acusado, es que sobre esa base de autodefensa reconocida en la región, se promovió una operación violenta a partir del hecho demostrado del hurto del ganado». «En desarrollo de las acciones se produjo la muerte de Andrés Alberto Álvarez Palacios, Rafael Tapias Terina, Manuel de Jesús Julio Gutiérrez, Orlando Rafael Oviedo Moguea, Alcibiades Mendoza, Hugo Adolfo Díaz Díaz y Juan Manuel Feria Álvarez», señaló la Corte. «Sin embargo, el despliegue de ese aparato militar, generador de actos de devastación y masacres, respondió regularmente a determinados estímulos relacionados con las actuaciones que los grupos insurgentes perpetraban sobre aquellos conglomerados económicos asentados en la región.” En palabras simples, así lo recreó Yairsiflo Mesa Mercado, alias El Gato: «siempre que sucedía algo así, era porque sucedía algo en las fincas, eso no fue la primera vez, siempre fue así»», resaltó la Corte.

Por: Redacción Pares Haciendo uso por primera vez al derecho de réplica y a través de un representante, seis partidos de oposición expusieron, en la noche de este martes, las razones por las que consideran que las objeciones hechas por el Gobierno Nacional a la JEP son perjudiciales para el país. El derecho a réplica hace parte del estatuto de la oposición. Posterior de una alocución presidencial, los partidos opositores tienen 48 horas para presentar su réplica, reza la ley “en los mismos medios, con igual tiempo y horario”. Sin embargo, solo podrán hacerlo tres veces al año. Seis partidos unidos por la JEP Los partidos que hicieron la histórica declaración son: La Lista de la Decencia, el Movimiento Colombia Humana, el Partido MAIS, el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el Partido Polo Democrático Alternativo, y el Partido Alianza Verde. «De eso depende la fortaleza de una democracia, porque quien gana debe gobernar para todos y no para unos pocos. Es fácil despreciar la oposición cuando se está de acuerdo con las políticas del Gobierno.» señalaron. «El Gobierno no cumple sus funciones constitucionales» «Pero cuánta falta hace que ésta disponga de garantías concretas cuando los ciudadanos sienten que el Gobierno no cumple con sus funciones constitucionales o que se olvida de sus necesidades», explicaron. Agregaron que «Si hoy se abre esta puerta, el mayor riesgo no es el funcionamiento de la JEP: es que se pone en riesgo nuestra democracia y el Estado Social de derecho en su conjunto.» «Un Gobierno alejado de la Colombia rural» Además, señalaron que la decisión de Duque sí afectará la construcción de paz en Colombia: «Hay que vivir muy alejado de la Colombia rural para creer que proponer cambios a las reglas del juego que permitieron el desarme de 13.000 excombatientes de las Farc no genera ningún efecto en la realidad». En ese sentido precisaron que «La Paz no son beneficios para los excombatientes. La paz no se reduce a su desarme ni a la reintegración de la base. La paz es desarrollo rural, es participación ciudadana, es la satisfacción de los derechos de todas las víctimas. «Se puede activar la Corte Penal Internacional» En la declaración realizada este martes, advirtieron «Así que por supuesto que la decisión de objetar la Ley de la JEP pone en riesgo la construcción de paz. La falta de certeza jurídica puede generar un crecimiento en las disidencias, poniendo en grave riesgo la seguridad territorial.» Y señalaron que si no se deja trabajar a la JEP, tendrá que venir un tribunal internacional a hacer ese trabajo «Después de ser percibidos a nivel internacional como un país pionero en procesos de negociación y construcción de paz, Colombia empieza a ser percibido como un país que retrocede. Las demoras en los procesos de investigación, juzgamiento y sanción podrían incluso activar la competencia de la Corte Penal Internacional.» «Una decisión que nos divide» «No es cierto, como dice el Presidente que la decisión de objetar la Ley de la JEP nos una en vez de dividirnos.» expresó la representante a la Cámara, Juanita Goebertus quien fue la vocera del mensaje. «¡Todolocontrario! Con su decisión de objetar el Gobierno nos devuelve a las discusiones de Octubre de 2016 entre los del Sí y los del No.» añadieron. «Pero más grave aún, nos distrae de los temas de la agenda nacional que son verdaderamente importantes para que el país prospere.» «La paz de Duque es limitada» Los movimientos opositores señalaron que «el Gobierno Duque ha demostrado que le apuesta a una concepción mucho más limitada de paz. Insiste en que la paz es una política de Gobierno y no de Estado, y renuncia a implementar de buena fe el Acuerdo de Paz como lo establece la Constitución. «En 2017 Colombia tuvo la tasa de homicidios más baja de los últimos 30 años en el país, y logramos reducir el número de muertes por el conflicto en un 97%, el desplazamiento en un 79%, y las víctimas de minas en un 99%». «Un Plan Nacional de Desarrollo sin recursos para las víctimas» En cambio, el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque no incluye los recursos del Pacto por la construcción de paz en el Plan Plurianual de Inversiones, y las metas trazadas hasta la fecha no permitirán transformar los territorios más afectados por la guerra, ni satisfacer los derechos de las víctimas.» Este es el video de la declaración de los partidos de oposición como respuesta a las objeciones del Gobierno a la Ley Estatutaria de la JEP

Por: Redacción Pares Ante la decisión del Gobierno Nacional de objetar una parte de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la sociedad civil ha programado los siguientes eventos para demostrar su solidaridad con este mecanismo de justicia transicional. Se espera una gran participación ciudadana en defensa del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. BOGOTÁ Este 13 de marzo se está convocando una movilización que saldrá a las 4 p.m. desde el Centro Nacional de Memoria Histórica en la calle 26 y llegará hasta la Plaza de Bolívar. En el municipio de Chía las personas también se encuentran convocando a un plantón que se llevará a cabo en el Parque Principal Santander a las 4 de la tarde. MEDELLÍN El lugar de encuentro será el Parque de los Deseos a las 6 de la tarde. BARANQUILLA: Se realizará una movilización y la cita será en el Parque Monumento a la Bandera (Carrera 54 con Calle 58) a las 4 de la tarde. CALI: Se está convocando a un platón en la Plazoleta San Francisco a las 5 de la tarde. BUCARAMANGA: El miércoles 13 de marzo, se llevará a cabo el plantón «Yo defiendo la JEP», que tendrá como hora de encuentro las 6:30 pm y partirá desde el Parque Guillermo Sorzano, San Pio. Allí se espera que las personas participen con velas blancas, en defensa de la paz.

Por: Redacción Pares Según denuncia realizada por el portal de investigación periodística La Liga Contra el Silencio, el representante a la Cámara Gustavo Londoño García, del Centro Democrático, se apropió de siete mil hectáreas de baldíos a través de un fallo judicial. Un fallo judicial viciado Señala la investigación periodística, para adquirir la tierra, en 2014 Londoño interpuso ante el juzgado de Puerto Carreño una demanda “contra indeterminados”; es decir contra desconocidos, donde pedía la propiedad de esa tierra. En el argot legal esto se conoce como una demanda de “prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio” sobre un predio rural. El 30 de agosto de 2017, la jueza Derlis Vega Perdomo ordenó entregar la propiedad a Londoño García. En dicho fallo, se desconoce un dato fundamental que ella misma adjuntó al expediente: una constancia del registrador de Puerto Carreño, según la cual el predio “carece de inscripción en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos”. Esto significa que se presume como tierra baldía, propiedad exclusiva de la Nación. Un caso de despojo de tierras Ariel Ávila, subdirector del Fundación Paz y reconciliación Pares, ha analizado este fenómeno. Según Ávila existen al menos dos grandes debates sobre este asunto: el primero tiene que ver sobre si el despojo de más de 5 millones de hectáreas a campesinos fue algo planeado, es decir, se hizo de forma sistemática con el fin de apoderarse de la tierra o si por el contrario, como opinan algunos académicos, fue una consecuencia no esperada del conflicto. El segundo debate, es responder la pregunta quien despojó y quien se quedó con la tierra de los campesinos. Sobre este segundo tema los datos son bastante reveladores. Al hablar de hectáreas perdidas por los campesinos se puede hacer dos clasificaciones. Por un lado, el abandono de la tierra y por otro, el despojo. El primero, es aquella situación en la que una familia o propietario se vio obligado a abandonar su tierra debido a situación de riesgo extremo producto del conflicto armado, como por ejemplo fincas enteras minadas, o bombardeos cerca a la casa o combates fuertes. El despojo por el contrario, hace referencia a una situación más o menos planeada de quitar una tierra a una familia o propietario, es decir, hubo una intencionalidad clara para, por medio de trampas y trucos, quedarse con la proiedad de la tierra. ¿Quiénes se quedaron con la tierra? La Liga contra el Silencio en su investigación periodística contactó al representante Gustavo Londoño, quien negó haber obrado fuera de la ley. Londoño aseguró que en su departamento no hay baldíos. “Esos son mal llamados baldíos, un baldío es una tierra donde no existe nada, donde no hay nadie”, les dijo el político uribista. En ese sentido, la Fundación Forjando Futuros publicó recientemente un informe bastante revelador con el nombre ¿QUIÉNES SE QUEDARON CON LA TIERRA? Este informe contiene las 25 empresas que han sido condenadas a devolver la tierra o a suspender títulos de explotación o exploración minera, en 3.500 sentencias proferidas por los Magistrados de restitución de tierras entre el año 2012 y marzo de 2018. Además, el estudio revela el nombre de las personas que deben ser investigadas por la Fiscalía según sentencias de Restitución de Tierras. En 135 sentencias los Jueces y Magistrados ordenaron a la Fiscalía se investigue a las siguientes personas por hechos relacionados con el despojo de tierras. La verdad es su enemiga Los dueños de estas tierras, señala Ariel Ávila, en su mayoría no son guerrilleros, o paramilitares, por el contrario son personas del mundo político, empresarios rurales y hasta multinacionales. “Muchas de estas personalidades se oponen al proceso de paz, pues saben que bajo la Jurisdicción Especial para la Paz deberán decir la verdad y devolver lo que se robaron.”

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El anuncio de las seis objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP por parte del presidente Iván Duque, fue la continuación de más de ocho meses en la que la JEP ha sido atacada por el Centro Democrático, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez y el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira. Hoy, más unidos que nunca contra la JEP y el acuerdo de paz. Contrario a la idea de que la atmósfera para objetar la Ley Estatutaria se reduce a las últimas semanas, lo que se ha desarrollado es un constante y sistemático ataque a las competencias de la JEP. A pesar que el presidente Duque en su discurso señaló que no es un choque de trenes, la decisión es un reversazo a la sentencia de la Corte Constitucional que, después de un detallado análisis, declaró exequible la Ley Estatutaria. Un ataque contra el Acuerdo de Paz De hecho, ese capítulo en el que se vio salpicada de presunta corrupción deja con muchos interrogantes sobre la forma en que opera la Fiscalía contra la JEP. Recién se produjo la captura, la Fiscalía aseguró de forma categórica que Bermeo el exfiscal tenía una relación directa con el caso Santrich. Sin embargo, este lunes Martínez Neira ya se retractó, después de haber puesto en entre dicho al Tribunal. “No tenemos ninguna prueba para relacionar a Santrich con el exfiscal de la JEP”: señalo la Fiscalía. El Presidente con su anuncio de objeción abre un capítulo de debate alrededor de Justicia Transicional frente a la justicia ordinaria. “El fuero que me corresponde como presidente es el de la conveniencia para la sociedad y en esa línea presentamos estas seis objeciones. «Adicionalmente, quiero informarle a Colombia que existen al menos tres aspectos del actual ordenamiento constitucional sobre la Justicia transicional que debemos avanzar para ser modificados y que, estoy convencido, son necesarios para el país”. Cabe recordar que con el Acuerdo de Paz que se adelantó con las FARC-EP, se crearon mecanismos que desde su formulación buscaron “satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera”. Para ello dispusieron de dichos mecanismos autónomos e independientes del gobierno y la clase política tradicional; dándole vida a la Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Bloqueos contra la JEP Justamente, dicha independencia se ha visto bloqueada cuando la JEP está abriendo casos delicados para actores estatales como lo es el caso de las Ejecuciones Extrajudiciales ‘falsos positivos‘ y sobre el genocidio de la Unión Patriótica. De hecho, según las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Ejército Nacional ha estado vinculado a 1065 casos en desaparición forzada, 2988 casos en asesinatos selectivos, 219 masacres y 126 en casos de violencia sexual. ¿Qué viene para la JEP? Al medio día, el Gobierno Nacional radicó el texto que consagra las seis objeciones por inconveniencia que le realizó Duque a la Ley Estatutaria. Es decir, en este momento el texto se encuentra en poder de la Secretaría General del Congreso de la República. Una vez inicie el periodo de sesiones ordinarias, se creará una comisión que será la encargada del estudio de las objeciones planteadas por Duque. De ese estudio saldrá un informe que se someterá a las plenarias para decidir su viabilidad. La ruta posterior a la del Congreso es la revisión de la Corte Constitucional quien volvería a sentar posición. Así las cosas, la disputa se dará en el Congreso y para que las intenciones del mandatario se materialicen necesita lograr la Cámara de Representantes 85 votos para aprobar las objeciones y en el Senado, el Gobierno requiere de 54 votos. Ahora, Duque tendrá que sortear cómo alinea mayorías, puesto que el partido de gobierno, en este momento, solo cuenta con el partido Conservador, Colombia Justa Libres, el Mira. Es decir, buscará votos en las toldas del Partido Liberal, Cambio Radical y —aunque de gobierno— del Partido de la U que se encuentra fragmentado. Visos del debate Según la Representante a la Cámara de Representantes por Alianza Verde, Juanita Goebertus, la decisión de objetar atenta contra la separación de poderes y “viola de manera flagrante” la decisión que había emitido la Corte Constitucional. Además, precisa que la objeción sobre la reparación por medio de los bienes de las Farc ya estaba resuelta por la Corte. Entre otras cosas, se refirió a la objeción de que la JEP no pueda practicar pruebas para decidir sobre la extradición, sin embargo, ya se había estipulado por la Corte Constitucional que la JEP debe disponer de las pruebas para determinar si los delitos señalados tuvieron lugar antes o después de la firma del Acuerdo de Paz. Para el subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación, Ariel Ávila, con las objeciones presentadas representará un choque de trenes que se extenderá hasta finales de 2019, presentará una inseguridad jurídica con el hecho de que las amnistías no las revise la JEP, sino que el Alto Comisionado para la Paz tenga mayor facultad de hacerlo y, finalmente, para el analista con esta decisión el gobierno nacional está yendo en contra del Estado de Derecho. ¿Cómo opera actualmente la JEP? En este sentido, la JEP, que está conformada por tres salas en la que participan 18 magistrados, un Tribunal para la Paz integrado en total por 20 magistrados y una Unidad de Investigación y Acusación, que hace las veces de Fiscalía. Es importante entender que la estructura que compone la JEP trabaja sobre tres tipos de pena y sobre todas las conductas delictivas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre del 2016; por penas propias, alternativas y ordinarias. En este sentido, las penas propias contemplan a aquellos que cuenten toda la verdad y reparen a las víctimas de los hechos, las penas alternativas a quienes contribuyan con la verdad y reparación de forma tardía. Por último, las penas ordinarias para quienes sean vencidos en juicio como resultado de la demostración de que incurrieron en una verdad nula o incompleta y que, no intercedieron dentro de sus posibilidades para reparar. Adicionalmente, para las penas ordinarias se contemplan aquellas que oscilan entre 8 y 20 años sin libertad anticipada. En definitiva, si el presidente Duque sanciona la Ley Estatutaria permitirá optimizar los canales de justicia y garantizará la verdad para las víctimas y la sociedad colombiana. Acá puede encontrar la cronología de los ataques más llamativos hacia la JEP

Por: Redacción Pares El Estado de Derecho en Colombia pretende garantizar los derechos de los ciudadanos, superar los conflictos, alcanzar la paz social y sancionar efectivamente las conductas delictivas. En la Constitución Política, al consagrar el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia, se considera esta función pública que cumple el Estado como esencial para construir convivencia y el respeto básico de los derechos. Altos índices de desconfianza en la justicia De acuerdo con el último informe ‘Estudio sobre la Calidad de la Ciudadanía en Colombia 2018’, realizado por la Registraduría Nacional, respecto a la pregunta, “¿qué tan probable es que un delito sea sancionado y castigado por la justicia en Colombia?”, la probabilidad de que un delito sea sancionado es considerada por los ciudadanos, baja; tan sólo el 18% de los encuestados lo consideran probable y el 35% creen que es improbable. Analizando este dato por regiones, las más pesimistas respecto a la probabilidad de que un delito sea sancionado son Valle de Cauca (14%), Bogotá (16%) y región Pacífica (12%), mientras que la región Oriental (21%) y Atlántica (21%), es donde creen que hay mayor probabilidad de que en Colombia, un delito sea sancionado o castigado por la justicia. Impunidad en Colombia, entre las más altas de la región En el Índice Global de Impunidad 2017, que mide los niveles de impunidad en el mundo, a partir de una metodología cuantitativa estructurada desde el análisis de los sistemas de seguridad y justicia, así como el respeto a los derechos humanos, se señaló a Colombia como uno de los cinco países del continente americano con mayor índice de impunidad (México, Perú, Venezuela, Brasil y Colombia). A nivel global, los trece países con mayor impunidad fueron: 1) Filipinas (75.6 puntos), 2)India (70.94 puntos), 3) Camerún (69.39 puntos), 4) México (69.21 puntos), 5) Perú (69.04), 6) Venezuela (67.24 puntos), 7) Brasil (66.72 puntos), 8) Colombia (66.57 puntos), 9) Nicaragua (66.34 puntos), 10) Federación de Rusia (65.49 puntos), 11) Paraguay (65.38 puntos), 12) Honduras (65.04 puntos), 13) El Salvador (65.03 puntos). Estos resultados llevaron a que el actual Fiscal General de la Nación, en agosto de 2016, al tomar posesión de su cargo, expresara de forma categórica: “La impunidad en Colombia ronda por el 99%”. Ineficiencia y desconfianza, los dos motivos principales En cuanto a la percepción de los encuestados sobre las cuatro razones que más dificultan su acceso a la justicia, se encontró en el estudio que el 65% del total de encuestados considera que la demora en los procesos es lo que atenta contra una administración de justicia pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento. La falta de confianza en la autoridad (57%) y de recursos y tiempo para movilizarse hasta las entidades correspondientes (48%), son las otras causas manifestadas por los encuestados como aquellas que dificultan su acceso a la justicia. En el análisis por regiones, la demora en los procesos se mantiene como la primera razón que dificulta el acceso a la justicia por parte de los encuestados. Bogotá (77%) y la región Oriental (75%), se destacan por tener el mayor número de encuestados que hacen esta afirmación. ¿Vivimos resignados ante la injusticia? A la pregunta, en los últimos dos años ¿usted se ha defendido de alguna una injusticia?, se evidencia que apenas el 18% de los encuestados sienten haberse defendido de alguna injusticia, mientras que el 82% restante no lo siente así. Por regiones la situación es similar, siendo Bogotá con 24% y la zona Oriental con 23%, los que presentan un mayor porcentaje de afectación. La situación por género también es muy equitativa pues el 20% de los hombres se han defendido de alguna injusticia, mientras que el porcentaje de mujeres alcanza un 16%. Por estrato socio económico, el estrato que presenta mayor porcentaje es el estrato tres, con un 21% y el menor es el estrato uno, con tan solo un 14%. Curiosamente entre los encuestados, quienes no se sienten cercanos a ninguna religión son quienes más marcan en esta pregunta con un 25% y los que menos, son los católicos con un 16%. En cuanto al acceso a la justicia, sobresalen tres grupos de motivos: 1) las personas que indican que no tienen los recursos (48%) y quienes desconocen los derechos o las formas para acceder a la justicia o a los trámites (45%). En segundo lugar están los que sienten falta de confianza en la justicia (57%) y quienes consideran que hay demora en los procesos (65%); y finalmente, aquellos que no denuncian por vergüenza con sus familiares o amigos (12%) o que creen que pueden tener represalias por denunciar (43%). La cultura del ‘vivo’ Estos hallazgos aportan a la reflexión sobre los bajos niveles de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones encargadas de recibir las denuncias por hechos delictivos y de ayudarlos en el procesamiento de las mismas, reitera la urgencia de acciones para recuperar la confianza en las instituciones. Una de las discusiones que se repiten en Colombia tiene que ver con la presencia de una cultura cotidiana que manifiesta el quiebre entre la conducta y el cumplimiento de la ley y su observancia, la debilidad institucional para castigar esas conductas y la falta de una fuerte sanción social que la rechace. Esto conlleva a la consolidación de un Estado de Derecho en el cual se vive en una suerte de aprobación de la cultura del vivo o del atajo.