Por: Redacción Pares El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció su rechazo a la decisión presidencial de objetar seis (6) artículos de la Ley Estatutaria de la JEP. Al parecer, y contrario a lo prometido por el presidente Duque este domingo en alocución nacional, sí existe un choque de trenes en respuesta a su polémica decisión acerca de la JEP. Carrillo Flórez afirmó esta mañana que soslayar el cumplimiento del principio de respeto a decisiones autónomas de la justicia, pone en alto riesgo la institucionalidad de Colombia como Estado de Derecho,ya que es una vulneración a la separación de poderes y a la independencia del poder judicial. «La ruta propuesta por el Presidente conduce a agudizar la fractura política en la que se encuentra Colombia» En ese sentido, el Procurador General indicó que esta decisión presidencial general un enfrentamiento innecesario entre los poderes públicos y abre un espacio a la inseguridad jurídica sobre el cumplimiento a los compromisos del acuerdo de paz. «La decisión del Presidente Iván Duque genera el GRAN debate: si el Congreso debe dar trámite a esas objeciones o no, por ello, la Procuraduría General cree que debe haber una salida ante esta encrucijada. A situaciones excepcionales, salidas excepcionales institucionales», añadió el funcionario. Para finalizar, Carrillo enfatizó en que «Levantar la voz en defensa del Orden Jurídico y de la institucionalidad es nuestra obligación como Procuraduría General y no permitiremos que se confunda nuestra actuación con la defensa a ultranza de nadie o bajo el sofisma de hacerle juego a la impunidad».

Por: Redacción Pares La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, aseguró que el tribunal seguirá en funcionamiento. En declaraciones dadas en BluRadio, la magistrada explicó que “Tenemos que seguir porque esa es la tarea de un juez que no puede denegar justicia arguyendo que no existe norma especial”. «Hay preocupación, pero el país podrá superar esta discusión» En entrevista realizada por la emisora, la funcionaria añadió, dando un parte de tranquilidad, que confía en que el gobierno de Duque cumpla los compromisos internacionales y constitucionales “Hay, desde luego preocupación, pero estoy segura que, en tanto se mantengan esos debates, el país podrá superar esta discusión.» Asimismo, en un mensaje difundido por la JEP, su presidenta declaró que «tenemos la tranquilidad que brinda la afianzada tradición democrática que ha caracterizado nuestro país, de pleno respeto a la autonomía de los poderes públicos» La JEP sigue en marcha Linares concluyó su mensaje manifestando que «A las víctimas, a los comparecientes, a la sociedad y a la comunidad internacional queremos reiterarles que la Jurisdicción Especial para la Paz seguirá funcionando plenamente, ejerciendo a cabalidad todas y cada una de sus competencias y funciones, como lo ha venido haciendo desde el 15 de enero del pasado año.»

Bogotá D. C., 11 de marzo de 2019. Señor António Guterrez Secretario General de las Naciones Unidas Nueva York Apreciado señor Secretario: El 17 de septiembre de 2016, el entonces presidente de Colombia llevó a la Organización de Naciones Unidas dos copias del acuerdo de paz que el Estado colombiano firmó con la guerrilla de las FARC-EP “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; una de ellas se le entregó al Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, y la otra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal como había sido convenido por los equipos negociadores. El quinto punto de ese acuerdo está consagrado a los derechos de las víctimas y, en particular, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El Congreso de Colombia incorporó a la Constitución Política los elementos estructurales del mencionado Sistema y de la Jurisdicción Especial para la Paz, ratificando así que ésta sería la institución encargada de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos ocurridos durante y en relación con el conflicto armado. El 24 de enero del presente año, luego de examinar el informe de la Misión de Verificación de la ONU para el proceso de paz en Colombia, los miembros del Consejo de Seguridad “[r]eiteraron la necesidad de respetar plenamente la independencia y la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz y subrayaron la importancia de que se le de apoyo político y práctico que le permita alcanzar su objetivo de garantizar los derechos de las víctimas. También expresaron su apoyo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cuyo papel es esencial para el establecimiento de la verdad y la reconciliación”[1]. De la misma manera, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, ha respaldado la construcción de la paz entre el Estado y las FARC-EP, y ha afirmado que el Acuerdo Final “[r]econoce el lugar central de las víctimas en el proceso y sus legítimas aspiraciones de justicia”. También ha recordado que “[e]stas aspiraciones deben ser atendidas plenamente, a través de medidas que aseguren que los responsables de sus sufrimientos sean genuinamente puestos a disposición de la justicia”, y que “[s]e espera que la Jurisdicción Especial para la Paz […] lleve a cabo esta función y que se centre en los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Esta promesa de rendición de cuentas debe volverse una realidad para asegurar que el pueblo de Colombia aproveche plenamente los beneficios de la paz”[2]. En desarrollo del examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la CPI con relación a la situación colombiana, en diversos pronunciamientos ha llamado a las autoridades de nuestro país a que sin dilación ni obstáculos se impulse el funcionamiento de la JEP. De esta forma, el señor James Stewart, vicefiscal de la CPI, en visita realizada a Colombia el 1º de noviembre de 2018, insistió en la necesidad de permitir “que los magistrados de la JEP hagan su trabajo»[3]. A pesar de la claridad de todos estos mensajes de influyentes instancias de la comunidad internacional, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez persiste en formular nuevos obstáculos, o en intentar revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento del recién inaugurado sistema de justicia transicional. La más reciente de esas trabas es el conjunto de objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP que ha presentado el Presidente de la República al Congreso, pese a que dicha ley ya fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Esto es especialmente preocupante porque buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley. En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica. El pasado 20 de febrero, frente a lo que entonces era solo una posibilidad de que la ley fuera objetada por el presidente Duque, el vicefiscal Stewart subrayó “la importancia de que la JEP tenga un marco legal definitivo”, y fue enfático en advertir que “[d]e no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”[4]. Desafortunadamente, el asunto no se limita a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, que de hecho ya es muy grave. El Gobierno y su bancada en el Congreso han anunciado la radicación de proyectos de reforma constitucional y legal para modificar la nueva jurisdicción, lo que no solo supondría una variación unilateral del acuerdo de paz, sino el desconocimiento de las normas constitucionales que consagran los principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de la JEP. Uno de los temas en los que quieren hacer ajustes es en el concerniente a la investigación y juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública. El Centro Democrático, partido de gobierno, ha dicho de tiempo atrás que los miembros de la Fuerza Pública no tienen garantías de imparcialidad en la JEP. Tanto el Acuerdo de Paz como la Constitución Política de Colombia establecen el carácter inescindible de la JEP, por lo que ésta sería la única competente para investigar, juzgar y sancionar tanto a los excombatientes de la guerrilla como a los integrantes de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en desarrollo del conflicto armado. Si bien es cierto que la Constitución también dice que al interior de la JEP el tratamiento de los miembros de las fuerzas armadas deberá ser simétrico, equilibrado, equitativo, simultaneo, y diferenciado en algunos aspectos, la Corte Constitucional ya precisó que el alcance de esta última expresión no significa que se pueda crear una jurisdicción ad-hoc encargada exclusivamente de investigarlos y juzgarlos a ellos. Para que la JEP logre su objetivo de llamar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra, y, en general, de graves violaciones a los derechos humanos a rendir cuentas judiciales, debe contar con todas las herramientas institucionales, financieras y legales que necesite de acuerdo con la envergadura de su tarea. De no ser así, habría riesgos para el pleno ejercicio de sus competencias y podrían presentarse escenarios en que la falta de herramientas jurídicas favorezca la impunidad y limite la garantía de los derechos de las víctimas. Como ejemplo de los riesgos que lleva consigo la actitud del presidente Duque, vale la pena recordar que es en esa ley que ahora está objetando, donde se garantiza la autonomía financiera de la JEP, cuyo presupuesto ya ha sido cuestionado por el partido de gobierno calificándolo de exageradamente alto. Señor Secretario: Quienes suscribimos esta comunicación somos integrantes de las delegaciones que en nombre del gobierno de Colombia y de las FARC-EP elaboramos el Acuerdo de Paz; congresistas que hacemos parte de las comisiones de paz del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; exministros y exfuncionarios de gobierno; víctimas del conflicto armado, dirigentes de representativas organizaciones e instituciones de la sociedad civil colombiana, académicos, columnistas de opinión e intelectuales, ciudadanas y ciudadanos que trabajamos por la paz y la reconciliación nacional. Le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas. Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional. Por todas estas razones, pedimos que en el próximo informe de la Misión de Verificación de la ONU al Consejo de Seguridad se de cuenta de los hechos mencionados en esta misiva. PS. Remitimos copia del presente escrito a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y a la Fiscal de la Corte Penal Internacional. Atentamente, Equipo Negociador del Gobierno Nacional en los Diálogos por la Paz – Humberto de la Calle Lombana Exjefe del equipo de paz y exvicepresidente de la República – María Ángela Holguín Exnegociadora de paz y excanciller de la República – Juan Fernando Cristo Bustos Exnegociador de paz y exministro del Interior – Rafael Pardo Exnegociador de paz y exministro – Frank Pearl Exnegociador de paz y exalto comisionado para la paz – Roy Leonardo Barreras Montealegre Exnegociador de paz y senador Partido U Equipo Negociador de FARC en los Diálogos por la Paz – Rodrigo Londoño Echeverri Presidente del partido FARC – Pablo Catatumbo Exnegociador de paz y senador del partido FARC – Pastor Alape Exnegociador de paz y dirigente del partido FARC – Julián Gallo Cubillos Exnegociador de paz y senador partido FARC – Victoria Sandino Exnegociadora de paz y senadora del partido FARC – Marcos Calarcá Exnegociador de paz y representante del partido FARC – Rodrigo Granda Escobar Exnegociador de paz y dirigente partido FARC Otras personalidades que suscriben: – Abad Colorado Jesús Periodista y fotógrafo documental – Antequera José Activista defensor de derechos humanos – Arévalo Julián Decano Facultad de Economía Universidad Externado – Arias Wilson Senador Polo Democrático Alternativo – Avella Esquivel Aida Yolanda Senadora Coalición Lista de la Decencia – Ávila Martínez Ariel Subdirector Fundación Paz y Reconciliación – Barrios Alejandra Directora Misión de Observación Electoral (MOE) – Bejarano Guzmán Ramiro Columnista de opinión y abogado – Bernal Luz Marina Líder de las madres de las víctimas de los ‘falsos positivos’ – Bolívar Gustavo Senador Coalición Lista de la Decencia – Borja Díaz Wilson Alfonso Exrepresentante a la Cámara y dirigente político – Botero Catalina Exrelatora Especial de Libertad de Expresión de la CIDH/OEA y abogada – Cabrera Mauricio Economista – Cala Suarez Jairo Reinaldo Representante Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC – Cárdenas Jhon Jairo Representante Partido U – Carrascal Mafe Activista política – Castilla Alberto Senador Polo Democrático Alternativo – Castillejo Alejandro Docente Universidad de Los Andes – Celis Luis Eduardo Analista en temas de paz y conflicto armado – Cepeda Castro Iván Senador Polo Democrático Alternativo – Cerón Ángela Defensora de Derechos Humanos – Cristo Bustos Andrés Senador Partido Liberal – De Gamboa Camila Profesora universitaria – Díaz Uribe Eduardo Exdirector de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos – Duque Lisandro Director de cine y columnista de opinión – Dussan Jaime Exsenador de la República y dirigente político – Escobar Ángela María Coordinadora Red de Mujeres Víctimas y Profesionales – Estupiñan Liliana Profesora universitaria – Fries Martínez Bertha Lucia Víctima del atentado al Club EL Nogal – Galán Juan Manuel Exsenador y dirigente político – Garcés Córdoba Mariana Exministra de Cultura – García Lidio Arturo Senador Partido Liberal – García Peña Daniel Exalto comisionado para la paz y columnista de opinión – García Realpe Guillermo Senador Partido Liberal Colombiano – Gaviria Alejandro Exministro de Salud – Gil Andrés Presidente Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – Gil Savastano Laura Gabriela Directora Portal La Línea del Medio – Goebertus Estrada Juanita María Representante Partido Alianza Verde – Gómez Londoño Luis Ernesto Exviceministro del Interior – González Arana Roberto Historiador y profesor universitario – González Benedicto de Jesús Representante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – González Posso Camilo Exministro e investigador – González Roberto Profesor universitario – Henao Juan Carlos Expresidente de la Corte Constitucional – Herrera Botta Adriana Empresaria – Hommes Rudolf Exministro de Hacienda y columnista de opinión – Juviano Catherine Periodista y activista social – Kohon Mariela Exasesora de la delegación de paz de las FARC y exdirectora de Justice for Colombia – Lara Salive Patricia Escritora y columnista – Leal Buitrago Francisco Profesor e investigador universitario – León Magdalena Socióloga y Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional – Leyva Durán Álvaro Exministro y exconstituyente – López Alexander Senador Polo Democrático Alternativo – López Montaño Cecilia Exministra de Trabajo – López Obregón Clara Exministra de Trabajo – López Claudia Dirigente del Partido Alianza Verde y exsenadora – Lozada Vargas Juan Carlos Representante Partido Liberal Colombiano – Lozano Correa Angélica Lisbeth Senadora Partido Alianza Verde – Mantilla Ignacio Exrector de la Universidad Nacional de Colombia – Márquez Mina Francia Elena Integrante del Proceso de Comunidades Negras y Ganadora del Premio Goldman de Medio Ambiente – Martínez Diego Integrante Comisión Jurídica constituida en las conversaciones de paz – Marulanda Gómez Luis Iván Senador Partido Alianza Verde – Medina Henry General (r) – Miranda Peña Katherine Representante Partido Alianza Verde – Mockus Antanas Senador Partido Alianza Verde – Monsalve Darío de Jesús Arzobispo de Cali – Muñoz Lopera León Fredy Representante Partido Alianza Verde – Navarro Antonio Dirigente del Partido Alianza Verde y exsenador – Navas Talero Germán Representante Polo Democrático Alternativo – Orejuela Libardo Exrector de la Universidad Libre del Valle – Pardo Alberto Director MundiPaz – Paz Carlos Arcesio Empresario – Parra Gabriela Periodista – Pizarro Rodríguez María José Representante Partido Alianza Verde – Quintero Calle Daniel Exviceministro – Racero Mayorca David Ricardo Representante Partido Alianza Verde – Ramírez Sandra Senadora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – Restrepo Álvaro Director del Colegio del Cuerpo – Reyes Alvarado Yesid Exministro de Justicia – Ríos José Noé Exviceministro y exnegociador de paz con el ELN – Rivera Flórez Guillermo Exministro del Interior – Robledo Gómez Ángela María Representante Colombia Humana – Robledo Jorge Enrique Senador Polo Democrático Alternativo – Rodríguez Roosvelt Senador Partido de la U – Rojas Jorge E. Exsecretario de Integración Social – Romero Marco Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Nacional y director de Codhes – Rozo Rengifo Juan Sebastián Exministro de TICS – Sáez de Ibarra María Belén Directora de Patrimonio de la Universidad Nacional – Salcedo Doris Escultora – Saldarriaga Óscar Académico e investigador de la Universidad Javeriana – Sanabria Luis Emil Director de Redepaz – Sanguino Páez Antonio Senador Partido Alianza Verde – Sánchez Gonzalo Exdirector del Centro de Memoria Histórica e investigador universitario – Sánchez María Eugenia Casa de la Mujer – Sánchez Olga Amparo Casa de la Mujer – Sanín José Luciano Director de Viva la Ciudadanía – Santiago Enrique Integrante Comisión Jurídica constituida en las conversaciones de paz – Serpa Horacio José Senador Partido Liberal – Socarrás Reales Fredys Miguel Exviceministro de Trabajo – Toloza Francisco Javier Exvocero de paz – Ungar Bleier Elizabeth Exdirectora de Transparencia por Colombia – Valencia Agudelo León Director Fundación Paz y Reconciliación – Vargas Velásquez Alejo Director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz – Universidad Nacional – Velasco Luis Fernando Senador Partido Liberal [1] Comunicado de prensa del Consejo de Seguridad, Nueva York, 24 de enero de 2019: https://colombia.unmissions.org/comunicado-de-prensa-del-consejo-de-seguridad-sobre-colombia. [2] Recuperado de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16689738. [3] Recuperado de: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Comunicado-019-de-2019—Corte-Penal-Internacional-insiste-en-que-JEP-tenga-un-marco-legal-definido.aspx. [4] Comunicado 019 de 2019: “Corte Penal Internacional insiste en que JEP tenga un marco legal definido”: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Comunicado-019-de-2019—Corte-Penal-Internacional-insiste-en-que-JEP-tenga-un-marco-legal-definido.aspx.

Por: Redacción Pares Miembros del equipo negociador del Estado Colombiano y de las FARC-EP, congresistas de diversas formaciones políticas, exministros, víctimas, académicos y líderes de la sociedad civil, enviaron una misiva a António Guterrez, secretario general de la ONU. La comunicación surge en respuesta a las objeciones anunciadas por el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la JEP . Bogotá D. C., 11 de marzo de 2019. A través de una carta, los integrantes de las delegaciones que en nombre del gobierno de Colombia y de las FARC-EP elaboraron el Acuerdo de Paz; congresistas de de las comisiones de paz del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; víctimas del conflicto armado, académicos y dirigentes de representativas organizaciones e instituciones de la sociedad civil colombiana, le expresaron a António Gutérrez, Secretario General de las Naciones Unidas, su “preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como del sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas”. La carta, que surge como respuesta a las objeciones que el dìa de ayer hizo el señor presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, pese a que esta ya fue objeto de revisión por la Corte Constitucional. “Buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley. En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica”, anotan los defensores del acuerdo de paz que firman la carta. La razón por la cual la comunicación fue enviada a Gutérrez, tiene que ver con que el entonces presidente de Colombia llevó a la Organización de Naciones Unidas dos copias del acuerdo de paz que el Estado colombiano firmó con la guerrilla de las FARC-EP “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; una de ellas se la entregó al Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, y la otra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal como había sido convenido por los equipos negociadores. Finalmente, los firmantes de la carta piden al Secretario Gutérrez y al Consejo de Seguridad de la ONU, instancia a la que le suscriben copia, a que sigan desarrollando una estricta observación de la situación colombiana. “Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional”, aseguran.

Por: Redacción Pares Como lo habían señalado con anterioridad analistas y expertos consultados por Pares, este domingo el presidente Iván Duque se dirigió al país anunciando que su gobierno objeta seis (6) artículos sobre la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial par ala Paz -JEP. El presidente Duque tomó la decisión de realizar objeciones por razones de inconveniencia y en su alocución invitó a que el Congreso de la República las debata. Según el Presidente, cada una de las observaciones hechas con el fin de modificar la Ley Estatutaria, buscan la mejora y la corrección de la Justicia Transicional. Por su parte, ante el anuncio hecho por el gobierno, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, respondió que la JEP seguirá trabajando plenamente pese a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria. La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz añadió que «La JEP seguirá ejerciendo a cabalidad todas y cada una de sus competencias y funciones (…) ello para cumplir con el compromiso de contribuir a la obtención de la verdad plena, a la reparación integral de las víctimas y a la construcción de garantías de no repetición, aplicando al efecto justicia restaurativa y aportando a la reconciliación del país.» «Otra decisión de Duque de ir para atrás» Por su parte León Valencia, Director de Pares reaccionó frente al anuncio del gobierno y declaró «Las objeciones a la ley de funcionamiento de la JEP es otra decisión de Duque de ir hacia atrás para tratar de enterrar la justicia, la verdad y La Paz, pero no podrá, no tiene las mayorías para hacerlo, el país no se quedará quieto.» En ese mismo sentido, Ariel Ávila, Subdirector de Pares manifestó que este anuncio es dañino para la seguridad jurídica del país «Increíble, aunque la Corte Constitucional declaró exequible la Ley Estatutaria de la JEP, el presidente Iván Duque objeta parte de esta ley. Es decir, va en contra del Estado de derecho y hace algo no ajustado al ordenamiento jurídico.» Artículos de la Ley Estatutaria objetados por Duque Según Duque, se trata de «construir una paz bien hecha» y no de desconocer el Acuerdo con las Farc. «Estas objeciones nos permiten apaciguar los justificados temores de un gran número de compatriotas frente a la impunidad, y también cumplirles a aquellos que genuinamente han escogido la ruta de la legalidad». 1.El Artículo 7: según el gobierno, porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. 2. El inciso octavo del artículo 63: dice el gobierno que no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado de Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz. 3. El inciso tercero del literal j del artículo 79: no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. 4. El Parágrafo 2 del artículo 19: que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. 5. El Artículo 150: referente a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo Final es inconveniente, debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. 6. El Artículo 153: porque se condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Esto, según el gobierno, produce un incentivo para el ingreso a la JEP de terceros bajo supuestos ofrecimientos de verdad. Esa ambigüedad puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la Justicia de otros Estados, manifestó el presidente Duque. Dentro del paquete va una reforma constitucional Adicionalmente, el gobierno presentará ante el Congreso una reforma constitucional para modificar el acto legislativo 01 de 2017 Existen al menos tres aspectos del actual ordenamiento constitucional sobre la Justicia Transicional que el Presidente considera que deben ser modificados. Primer punto es la exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la Justicia transicional. Segundo punto, esta iniciativa de reforma constitucional debe dejar claro que quien reincida en actividades criminales perderá todos los beneficios. Tercer punto, el acto legislativo debe dejar claro que todas las conductas delictivas que hayan iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 y que continúen ejecutándose después de esa fecha serán competencia de la Justicia ordinaria. Tan pronto se reanuden las sesiones ordinarias del Congreso de la República será radicado este acto legislativo para que sea discutido por los congresistas. Conozca el texto original de los artículos objetados Entre aquí para conocer la sentencia de la Corte Constitucional que decidió sobre el proyecto de Ley Estatutaria de la JEP. En el anexo 1 de este sentencia encontrará el texto original del proyecto de Ley Estatutaria.

Por: León Valencia, director – Pares La historia es así. Había ocurrido algo excepcional: al cumplir cien días de gobierno, Duque tenía una favorabilidad promedio de 30% en las encuestas y no tenía mayorías en el Congreso y decidió, por sugerencia del expresidente Uribe y de su partido, el Centro Democrático, emprender una fuga hacia atrás. Esa fuga lo ha llevado a convertir la política exterior en un mero insumo para la política doméstica; a proclamar estrategias de seguridad y defensa ancladas en los postulados de la seguridad democrática de principios del siglo; a volver a la discusión sobre la existencia o no del conflicto armado; a las disputas sobre el resultado de las negociaciones de paz con las Farc; a insistir en el uso del glifosato en las fumigaciones y a incentivar la polarización del país. Duque había logrado ilusionar a los sectores que acompañaron a Santos en su gobierno y a muchos formadores de opinión con ideas de pasar la página de la polarización, no dividir el país entre partidarios de la paz y partidarios de la guerra, unir a Colombia en torno a nuevos propósitos de equidad, emprendimiento y desarrollo, llevar a una nueva generación al gobierno y desterrar la mermelada y el clientelismo de su administración. Desafortunadamente nada de eso está ocurriendo. Ha llevado a Colombia al borde de una confrontación bélica con Venezuela y se ha puesto bajo el alero de Donald Trump en las disputas que atraviesan a Latinoamérica, poniendo en práctica una diplomacia al servicio de la seguridad y la defensa interna. Para ello, se ha inventado una peligrosa retórica de amenaza externa juntando a Venezuela, a Cuba y a las fuerzas irregulares que hacen presencia en la frontera con el vecino país. Los medios de comunicación, aún los más sofisticados, están haciendo eco de esta locura. De la mano de Rafael Guarín, asesor de seguridad nacional, se lanzó recientemente la política de seguridad y defensa citando expresamente el ejemplo de Uribe en sus dos mandatos y, a su estilo, hacer una nueva versión de las redes de informantes, las zonas de rehabilitación y la ocupación militar del territorio. En un país que empezaba a acariciar la idea de una intervención del Estado en el territorio en clave de posconflicto, reconciliación y convivencia, con ambiciosos programas sociales, con estrategias para romper las brechas entre regiones marginadas y desarrolladas y con la apuesta de fortalecer a la sociedad civil. Volvieron al despropósito intelectual de negar el conflicto armado después de que la comunidad internacional, en pleno, les dio el aval a las negociaciones de paz de La Habana y de que se produjo la desmovilización, el desarme y la conversión en partido político de las Farc. En esa disputa han dispuesto todo para cercar a la JEP, a la Comisión de la Verdad y al Centro Nacional de Memoria Histórica con la expresa intención de enterrar la verdad y conjurar la esperanza de no repetir, una y otra vez, la tragedia de la guerra en Colombia. Quieren además retroceder a las fumigaciones con glifosato de los cultivos de uso ilícito, a la persecución a los campesinos cocaleros, a poner el acento en la represión y en el castigo al consumo. Es el retorno a una política que fracasó y dejó una estela de muertes, golpes a la democracia y a la naturaleza. En estas lides, Duque ha encontrado en Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, un aliado fundamental. Entre ambos están combinando todas las formas de lucha. Las artimañas judiciales, la deslegitimación pública de los acuerdos, la desfinanciación de los compromisos, la contrarreforma de las medidas ideadas para el postconflicto. En esta fuga hacia atrás a Duque le ha ido bien en los primeros kilómetros. Se le ve feliz con los nuevos aliados internacionales. Feliz con algún repunte en las encuestas. Feliz con titulares de prensa que hablan del nuevo Duque. Feliz con la aprobación del expresidente Uribe y con el aplauso de los sectores más radicales de la derecha. Pero es probable que en esa carrera hacia atrás se estrelle con la nueva realidad del país. Un sector importante de las élites que saborearon los réditos de la disminución de la violencia en Colombia, que se sentían cómodos con una política exterior más independiente y plural, no quieren acompañar a Duque en esa marcha hacia atrás. La izquierda tiene un respaldo que nunca había tenido, ha madurado, y está buscando alianzas con esas élites propensas a la reconciliación. Las fuerzas sociales, empezando por los campesinos cocaleros, los maestros y los estudiantes están en camino a la protesta.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Este viernes 8 de marzo se congregaron miles de mujeres en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación. De allí partió la marcha de antorchas que recorrió la calle 26, la carrera 19, la calle 24, la carrera 17, la calle 19 y la carrera séptima hasta llegar a la Plaza de Bolívar. Inequidad de género De esta forma, la marea se tomó las calles con un mensaje generalizado: rechazo absoluto a cualquier tipo de violencia contra la mujer. Cabe recordar que, según cifras de Medicina Legal, a diario se registran 2,3 feminicidios en Colombia en lo que va corrido del año, de hecho en 2018 se registraron 960 y en 2017; 960. Con arengas, pancartas, graffiti y demás puestas en escena, las mujeres denunciaron las profundas inequidades en materia laboral, de educación, de salud, seguridad social, marco legales para derechos de la mujer; fueron algunas de las consignas que le hicieron al gobierno del presidente Iván Duque. Tanto al presidente como al alcalde Enrique Peñalosa, les exigieron condiciones dignas en materia laboral para las mujeres. De hecho, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), al cierre de 2018; el desempleo de las mujeres en el país fue del 12,74 % . Conforme a esta situación alertan sobre la cantidad de violencia que genera un sistema que mantiene unas brechas enormes entre los hombres y las mujeres. «Repudiamos las prácticas machistas» La marcha pasó por la ‘Zona de Tolerancia’, en el Barrio Santa Fe, las arengas llegaron a un sitio al cual las marchas no llegaban. La apuesta fue certera, una marea de mujeres exigiendo derechos y repudiando las prácticas machistas y violentas contra la mujer, justo al frente de los burdeles. De las ventanas se asomaban los brazos de las mujeres en señal de aprobación y compañía desde su trabajo y sus dinámicas. Para Juana Acuña, asistente a la marcha, el tramo por el Santa Fe significó “reconocer y caminar por lugares donde las mujeres están siendo oprimidas por el patriarcado, viendo amenazada su libertad sexual. Hay mujeres que luchan desde la prostitución, no se puede hablar desde el privilegio sino que esta lucha es de todas”. Justamente en las consignas las manifestantes expresaban sobre la necesidad del reconocimiento de las múltiples exclusiones y que era necesario la inclusión de cada una de ellas y sus complejidades. Las cifras demuestran una grave problemática Para el 2018, Colombia registró 138.440 denuncias de violencia intrafamiliar, 109.697 de lesiones personales contra la mujer, 1.966 feminicidios y 50.458 delitos sexuales, según las cifras del observatorio de la Policía Nacional. Por otro lado, la Universidad Libre —en una investigación realizada en 2018 por la Facultad de Derecho— determinó que en el país cada 28 minutos una mujer es víctima de violencia de género y alrededor del 70% de los casos no son denunciados. Estas cifras, más la cantidad de casos que no son registrados o denunciados, retratan un panorama exponencial que esconde no solo muchas más víctimas, sino más tipos de violencias. Cundinamarca, Antioquia y Valle son los tres departamentos en donde más se presentaron denuncias de violencia intrafamiliar (VI). Misma tendencia que se repite en las capitales, pues Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades en donde más casos fueron registrados. El año pasado, además, se registraron 7187 casos registrados como denuncia según el Observatorio de la Policía Nacional.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares “Nosotros tenemos una posición firme de defensa de la JEP porque creemos que Colombia tiene que cumplir con el acuerdo de paz, y porque creemos que es una oportunidad para las víctimas de este país.” ICTJ es el Centro Internacional para la Justicia Transicional, una organización no gubernamental internacional que asesora a los gobiernos, a la sociedad civil y a los sectores de las sociedades que están buscando caminos para enfrentar el legado de graves violaciones a los derechos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario – DIH ocurridos durante conflictos armados. Pares habló con María Camila Moreno, directora del ICTJ en Colombia; antropóloga especializada en el planeamiento del uso de la tierra en la Universidad de la Habana. Tiene experiencia en instituciones públicas tales como la Presidencia, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, y en agencias internacionales como el IIDH, la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, ACNUR y PNUD. Pares: ¿Qué es el ICTJ y qué funciones cumple? María Camila Moreno: El ICTJ es el Centro Internacional para la Justicia Transicional, una organización no gubernamental internacional, que tiene su sede en Nueva York, y que fue creada en el año 2000. Está actualmente en 15 países y brinda asistencia a los gobiernos, a la sociedad civil, a los sectores de las sociedades en diferentes países que están buscando caminos para enfrentar el legado de graves violaciones a los derechos o infracciones al DIH ocurridos, bien sea durante conflictos armados o regímenes autoritarios. Estas sociedades de una u otra manera están haciendo un tránsito de la guerra a la paz o se encuentran en situaciones políticas complejas, que de alguna manera interpelan los sistemas ordinarios de justicia o las políticas públicas ordinarias deben pensar en alternativas para atender a las víctimas o luchar contra la impunidad siempre en contextos políticamente muy sensibles. Yo siempre insisto en que estamos hablando de política, estamos hablando de cómo garantizar los derechos de las víctimas en su mayor nivel posible, derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición en contextos de enorme sensibilidad y complejidad políticas. Esos contextos, que son distintos en cada lugar, son los que llevan a la búsqueda de mecanismo alternativos, de mecanismos especiales para enfrentar estas situaciones también especiales o extraordinarias. Pares: ¿En qué circunstancias llega el ICTJ a Colombia? M.C.M: El ICTJ llega a Colombia en el año 2007 cuando en el marco de la implementación inicial de la primera fase de la ley de Justicia y Paz, después de la negociación de las AUC con el gobierno del expresidente Uribe. Y el ICTJ llega porque en ese momento la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación nos hace una solicitud para hacerle una asistencia técnica y un apoyo en su planeación, en la definición de sus tareas. En ese contexto llega el ICTJ y estamos hasta hoy. Durante buena parte de nuestra presencia en Colombia estuvimos muy concentrados en el seguimiento de la ley de Justicia y Paz porque fue la primera experiencia en el país de una agenda cercana a la justicia transicional. De todas maneras la ley de Justicia y Paz fue un mecanismo extraordinario en el marco de un acuerdo político que buscaba satisfacer los derechos de las víctimas, entonces podría ser como una primera experiencia colombiana en justicia transicional y por eso el ICTJ llega y ha acompañado al país a partir de esa época. Luego, cuando se va a iniciar la negociación con las Farc, el mismo presidente Santos le hace una solicitud al ICTJ para hacer una asistencia técnica y un apoyo a los diferentes actores en la búsqueda de un modelo de justicia transicional que pudiera responder a las necesidades particulares del país en ese momento. Nosotros estuvimos muy cerca del proceso de negociación en un diálogo permanente con las dos partes, el ICTJ siempre se planteó que el apoyo sería a la mesa de negociación, no a ninguna de las dos partes exclusivamente. No fuimos asesores del gobierno ni de las Farc, siempre planteamos que nuestro apoyo era a la mesa, es decir, a las dos partes y obviamente estuvo concentrado en el punto 5 que era el punto de víctimas aportando experiencia internacional. Pares: ¿Cuál fue el papel que jugó el ICTJ en el diseño del Sistema de Justicia Transicional en Colombia? M.C.M: Lo que viene después de la firma del acuerdo corresponde a esos dos mandatos que se nos pide tener ya en la fase de posacuerdo. Efectivamente, el ICTJ hizo parte de ese componente de selección con otras entidades: Naciones Unidas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia y el SUE Sistema de Universidades Estatales. Las cinco entidades nombran a una persona para que hiciera parte de este comité de selección. Por otro lado tuvimos una participación en todo el desarrollo legislativo del punto 5, participamos en el proceso de alistamiento al que nos invitó el gobierno, en cabeza de la Oficina del Alto Comisionado y el Ministerio de Justicia, a hacer parte del grupo asesor para el diseño inicial de las normas que tendrían que llegar al Congreso. Ahí también hicimos aportes técnicos; una vez iniciado el funcionamiento de las tres unidades del Sistema, hemos estado desde el principio en su puesta en funcionamiento brindando asistencia técnica, apoyando en varios aspectos y eso es lo que seguimos haciendo. En el caso de la JEP nosotros allí estamos trabajando y apoyando en la asistencia técnica y tenemos varias acciones. Por ejemplo estamos ayudándole a fortalecer su estrategia de comunicaciones, estamos ayudándole a construir a la Secretaría Ejecutiva, la estrategia de pedagogía a los comparecientes que incluye a las Farc y a la Fuerza Pública. Además estamos haciendo asistencia técnica o diálogo técnico con los magistrados de las diferentes salas en temas especializados de Derecho Penal Internacional y de Derecho Internacional Humanitario. «El ICTJ está apoyando unas organizaciones de la sociedad civil en la formulación de sus informes a la JEP.» Foto: Pares También estamos apoyando a la Comisión de la Verdad, estamos trabajando con ellos en la estrategia de responsabilidades y reconocimiento de víctimas, y los estuvimos apoyando en el diseño de la estrategia de trabajo con colombianos víctimas en el exterior, que ya está en marcha. Pares: ¿La experiencia del proceso de Justicia y Paz con las AUC sirvió en el diseño del Sistema de Justicia Transicional surgido de la mesa de diálogo de La Habana? M.C.M: Nosotros en Justicia y Paz trabajamos en distintos niveles. Nos interesaba poder hacer asistencia técnica, aportar asistencia internacional para fortalecer las capacidades nacionales. En esa época trabajamos con diferentes actores que tenían que ver con Justicia y Paz: la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de las salas de Barranquilla, Bogotá, Medellín y Bucaramanga y de las salas de los tribunales de Justicia y Paz. Cuando empezó, nadie sabía qué era eso de investigar crímenes de carácter internacional, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad; tanto los fiscales como los magistrados tuvieron que cambiar el paradigma, pasar de la investigación del caso aislado, del hecho al hecho, del caso a caso donde se establece un crimen un responsable y una víctima, a tener que afrontar la masividad de víctimas, la masividad de hechos y la masividad de perpetradores. Eso fue un desafío enorme para el sistema de justicia, no era solamente investigar el hecho aislado, sino tener que adaptar la lógica investigativa a investigación de organizaciones criminales complejas en contextos también complejos. Yo creo que el aprendizaje de Justicia y Paz es un aprendizaje absolutamente valioso para este país; tenemos casi 50 sentencias que tienen una información muy importante que permite tener una mejor comprensión de lo que ha sido el fenómeno paramilitar en Colombia. El hecho de que se hayan hecho visibles las responsabilidades de otros actores que no eran propiamente los que participaban en las estructuras armadas, sino que haya develado la dimensión política y financiera, la relación con la fuerza pública del paramilitarismo es importantísimo, y eso de una u otra manera ha tenido algún eco en la justicia ordinaria, no como lo que esperábamos, pero ha habido resultados gracias a lo que dijeron los paramilitares en las versiones libres. Ha habido también un aprendizaje en términos judiciales muy importante de los fiscales lo que el trabajo ha hecho la Fiscalía para adoptar por ejemplo el enfoque de la investigación en contexto, eso es producto de Justicia y Paz y hay que valorarlo. Es un activo para el sistema de justicia de este país. Pares: ¿Esos aprendizajes y experiencias cómo quedaron plasmados en el diseño de la JEP? M.C.M: Cuando se estaba diseñando la JEP, uno de los temas era reconocer las lecciones aprendidas de Justicia y Paz, reconocer los éxitos y las grandes frustraciones. Un problema de entrada fue el diseño que se trató de corregir con la reforma a la ley 1592 y los decretos que vinieron después. Pero digamos que el pecado original de Justicia y Paz es que se pretendió que un mecanismo de justicia penal garantizara la verdad, la reparación, la justicia e incluso las garantías de no repetición; le pedimos al mecanismo de justicia penal que se encargara de todo, y por supuesto eso era inviable. Esa es la principal lección aprendida de Justicia y Paz que se retoma en el diseño del Sistema Integral. Ahí viene un aprendizaje muy interesante que se retoma en el diseño de la JEP, y es que Justicia y Paz no era un procedimiento especial dentro de la justicia ordinaria, estaba inserto y tenía que actuar con las herramientas de la justicia ordinaria. Es decir, tenía que imputar con base en el código penal y el código no estaba pensado para este tipo de cosas, entonces los magistrados, en este aprendizaje en la marcha, se enfrentaron a un delito de carácter internacional como el reclutamiento forzado de menores y tuvieron que remitirse a los instrumentos internacionales, al Derecho Penal Internacional, al Derecho Internacional Humanitario sin vulnerar el principio de legalidad, ese era el gran reto. Ese fue un aprendizaje importantísimo y eso es lo que quedó en la JEP con el sistema de fuentes, que es lo que le dice al magistrado usted en primer lugar tiene el código penal, la legislación nacional, pero además, y se lo dice la Constitución, tiene otro sistema de fuentes que puede usar que es el DIH, el Derecho Penal Internacional y puede usar esas categorías para imputar. Ese es un aprendizaje que viene de Justicia y Paz. Luego vienen otros desafíos y es cómo enfrentar la masividad y cómo entender la complejidad, no solo del conflicto armado, sino de las estructuras paramilitares, de las alianzas que tenían y de las personas que hacían parte de la organización pero no eran los combatientes propiamente dichos. Eso implica un desafío en términos metodológicos y de investigación tanto para los fiscales como para los magistrados. Ahí empiezan a adoptar la metodología de la investigación en contexto para poder entender un fenómeno que hundía sus raíces en las estructuras legales del país. «Las acciones de los paramilitares eran planes criminales que tenían unos objetivos que iban más allá de matar gente, sino también despojar tierras e intereses económicos geoestratégicos.» Foto: Pares Para entender eso fueron muy útiles para los magistrados los libros que salieron en esa época de León Valencia, de Claudia López, las tesis de Luis Jorge Garay porque les daban la posibilidad de tener ese contexto, entonces el derecho penal empieza a nutrirse de la sociología, de la antropología de la ciencia política, de la historia porque era eso lo que les permitía entender que no eran delitos cometidos aisladamente. Pares: ¿Qué características tiene la JEP que la hacen diferente a la Ley de Justicia y Paz del gobierno del expresidente Uribe? M.C.M: Lo primero que hay que insistir con la JEP es que es el producto de un acuerdo político y es la primera vez que en una negociación política para terminar un conflicto armado, las dos partes que se enfrentaron acuerdan el mecanismo para rendir cuentas por los errores o los excesos que cometieron durante el conflicto armado. Lo que nos señala la experiencia internacional es que los tribunales para enfrentar los delitos que se cometieron en conflictos o en regímenes autoritarios, no fueron acordados por las partes sino que fueron impuestos. Aquí las dos partes acuerdan someterse voluntariamente a un sistema de justicia como parte del compromiso con el acuerdo, y además las dos partes diseñan el mecanismo y eso es absolutamente innovador. A esta JEP no están llegando las partes a someterse, sino que aquí lo que hay es una decisión política, sobre todo de las Farc, de que se va a comprometer a rendir cuentas y eso esta sociedad no lo termina de entender ni de digerir. Las Farc van a la JEP porque fue su compromiso político, está honrando un compromiso y eso no se ha terminado de entender ni siquiera dentro de la JEP, con gente que viene de la justicia ordinaria con otra lógica. Pares: Hasta el día de hoy ¿cuál ha sido la bitácora de vuelo de la JEP? M.C.M: La JEP es un sistema complejo con dos rutas, una de reconocimiento y otra de no reconocimiento, además de todo el proceso de amnistía, que es un eje central. Para poner a funcionar eso se requiere un esfuerzo importante, primero para darle vida jurídica, y acordémonos que una cosa fue lo que quedó en el acuerdo y otra fue lo que salió del Congreso, porque en ese sentido la correlación de fuerzas políticas había cambiado, esa fue una primera fase. Una segunda fase, cuando ya los magistrados están nombrados y es que se inicia la puesta en marcha de la Jurisdicción, ahí hay enormes desafíos, porque al mismo tiempo que la JEP se está creando con todos sus mecanismos legales y está en diseño y puesta en funcionamiento su operación, al mismo tiempo tiene que empezar a tomar decisiones. Eso no pasó en ningún país con un tribunal internacional, lo que significa que estamos en un proceso de ensayo y error porque es algo completamente nuevo. Una tercera fase es que, por ser una Jurisdicción nueva, no solamente la JEP tiene que ponerse a funcionar al mismo tiempo que tiene que ir resolviendo, sino que también es un desafío para todos. Es nuevo para el sistema de justicia ordinario, para la Corte Suprema de Justicia, para la Corte Constitucional, para el Consejo de Estado, para la Fiscalía General, para la sociedad, para los comparecientes y para las mismas víctimas, todos nos tenemos que adaptar a esta situación. Luego hay otro tipo de desafíos que tienen que ver con que la sociedad entienda qué es la JEP, ahí sigue habiendo muchos vacíos pedagógicos. Pares: ¿Hay sectores interesados en que la JEP no funcione tal y como está previsto en el acuerdo de paz? M.C.M: Claro, digamos que es normal que a una herramienta tan nueva le cueste ponerse a funcionar, pero hay que sumarle que en este país hay sectores que no están de acuerdo con la JEP, porque es hija del acuerdo de paz, que a su vez no fue el resultado de un consenso del país. Es decir, aquí no hubo un consenso sobre la necesidad de la salida negociada del conflicto, lo que pasa es que en ese momento teníamos un gobierno que se dio la pela y lo sacó adelante, pero aquí no hubo consenso sobre lo que se firmó en La Habana y no ha habido consenso sobre la implementación de lo que se acordó con la JEP como una columna vertebral del acuerdo. La JEP hereda esa falta de consenso y está siendo blanco de ataques que son al acuerdo y eso es complejo porque la debilita mucho y es complejo porque la Jurisdicción es el componente de justicia de nuestro sistema integral, nuestro modelo de justicia transicional; un modelo de justicia que es la JEP, un componente de verdad que es la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas que tiene un programa de reparación. «Hay que impulsar y acompañar al Sistema de Justicia Transicional ahora, en este momento en el que el país está tratando de hacer ese tránsito de la guerra a la paz.» Foto: Pares Pares: ¿Y en ese tránsito de la guerra a la paz, qué papel juega la JEP? M.C.M: Un elemento central es la palabra confianza. Es la palabra clave en todo este proceso de implentación, es decir, uno de los objetivos más importantes de la JEP, además de que se rindan cuentas por lo que pasó en el conflicto y que las víctimas tengan justicia, es que los colombianos volvamos a creer en el sistema de justicia de este país. Con un sistema de justicia con unos niveles de impunidad enormes, la JEP aparece como una promesa de lucha contra la impunidad y como el mecanismo que va a hacer posible que las víctimas y la sociedad colombiana en su conjunto vuelvan a creer en la justicia. Por eso la legitimidad de la Jurisdicción es tan importante, y eso lo han entendido los detractores, y por eso los ataques van dirigidos a deslegitimarla. La JEP tiene que demostrar que hace justicia en serio y que las sanciones sean genuinas, que es el término que usó la fiscalía de la Corte Penal Internacional cuando se refirió a la JEP, y genuinas quiere decir que se cumpla con el rigor necesario, porque aquí lo importante no solo es ser, sino parecer. Y tiene que ser legítima para la sociedad, en esa medida es muy importante la participación de las víctimas para que los procesos sean rigurosos, que se garantice el debido proceso, ya que al final el que tiene que quedar fortalecido es el Estado de Derecho Pares: ¿Cómo va a hacer la JEP para hacer un trabajo riguroso y responsable si sobre ella están puestos todos los reflectores políticos y mediáticos? M.C.M: Precisamente, esta JEP no se puede dar el lujo de aplazar las primeras sentencias para dentro de cinco años, como pasó con Justicia y Paz porque las víctimas han estado esperando justicia por décadas, entonces la Jurisdicción tiene que encontrar un balance entre brindar una justicia oportuna, rigurosa, de calidad e imparcial, pero al mismo tiempo no dejarse presionar por el contexto; por culpa de la presión política no puede salir con cualquier decisión de cualquier manera. Es lo que está pasando con Santrich, una presión feroz pero el procedimiento tiene sus tiempos y sus trámites y la decisión tiene que llegar cuando se hayan cumplido todos los trámites. La sociedad tiene que entender que la JEP no es un tribunal de retaliación ni de venganza, pero eso es difícil de entender para un país que ha vivido en la impunidad y está ávido de ver que la justicia funcione. El gran desafío es que si las víctimas y la sociedad no tienen confianza desde ya en la JEP, imagínese cuando salgan las sanciones, si desde el principio se socava su legitimidad va a ser muy difícil que esta sociedad acepte las sanciones restaurativas. Pares: ¿Hay temor a la justicia transicional, a la JEP? M.C.M: Se le tiene miedo a la JEP porque va a aportar verdades que este país está reclamando desde hace mucho tiempo. A la JEP irán todos aquellos actores que hayan tenido una participación directa o indirecta en el conflicto, y la Jurisdicción busca la mayor cantidad de verdad posible de todos los actores para todas las víctimas, independientemente de qué lado vengan. Hay una enorme demanda de verdad y de justicia en este país y eso asusta especialmente a unas élites que tradicionalmente se han sentido inmunes a la justicia y saben que va a llegar gente a hablar y los van a señalar. La JEP está diseñada para a mayor verdad, menor punibilidad, es decir, está diseñada para que mediante una serie de incentivos en todos los procedimientos se logre la mayor cantidad de verdad. Por ejemplo, cuando la persona dice yo no acepto decir la verdad y no acepto responsabilidad y se va al juicio adversarial, incluso ahí tiene el recurso de la última palabra ya que antes de la sentencia la persona tiene la posibilidad de decir sí voy a decir la verdad y ahí, por haberla dicho tarde pero haberla dicho al fin, no tiene los 20 años de cárcel sino máximo 8. Pares: ¿Qué pasa si el presidente Duque este lunes objeta la ley estatutaria de la JEP? M.C.M: Si el presidente Duque objeta la ley estatutaria, en términos de funcionamiento de la JEP, no tiene un efecto directo porque la Jurisdicción ha venido funcionando sin ley estatutaria pero sí con la Constitución en el acto legislativo con la ley de procedimiento, y lo que debería resolver la ley estatutaria, la JEP lo está resolviendo remitiéndose al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal. Además, tiene la posibilidad de acudir a ese sistema de fuentes del Derecho Penal Internacional y el DIH. La JEP no se queda sin herramientas. Sin embargo, por supuesto que la ley estatutaria es importante porque regula unos aspectos que están sin regular. Por ejemplo el régimen de sanciones, es decir, cómo se tazan las sanciones, eso está en la ley estatutaria. La participación de las víctimas está desarrollada en la ley estatutaria y aunque está mencionada en el acto legislativo y en las reglas procesales, lo grueso está en la ley estatutaria. El tratamiento diferencial a los militares en aspectos como la definición de la responsabilidad de mando está en la ley estatutaria. Sin todas esas herramientas lo que vamos a tener son unos magistrados interpretando según su criterio, es decir, 38 criterios distintos y eso en términos de seguridad jurídica es peligroso. Pares: ¿Qué análisis se puede hacer sobre la posición del gobierno acerca de negar la existencia del conflicto armado colombiano? M.C.M: Ese debate me parece retórico y ‘chimbo’. La Constitución dice mediante los artículos transitorios que están en el acto legislativo 01 de 2016 que la competencia material de la JEP son los hechos cometidos durante y con ocasión del conflicto armado, por lo menos del primero de diciembre de 2016 hacia atrás no se puede negar el conflicto. Pero el debate es interesante hacia adelante. Entiendo que el Consejero de Derechos Humanos dijo en Ginebra, durante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que no hay conflicto armado con el ELN. Ese es el debate hoy, si seguimos en conflicto armado. Aunque si uno se atiene al DIH e incluso al análisis que hace el Comité Internacional de la Cruz Roja, seguimos en conflicto armado, no por capricho sino porque hay unos factores objetivos, medibles que lo determinan. Pero para atrás no hay discusión. Pares: ¿Le preocupa la posición adversa del Fiscal General frente a la JEP? M.C.M: No se puede reducir el asunto a que el Fiscal General es un enemigo de la JEP. Decir eso da mucha popularidad en redes sociales, pero creo que no refleja realmente lo que está pasando. El Fiscal ha planteado un conflicto de competencias con la JEP para una zona gris. El Fiscal no ha cuestionado la competencia de la JEP desde el primero de diciembre de 2016 hacia atrás, no se ha metido con eso. Las críticas y las discusiones que ha planteado son, uno, con los delitos de ejecución permanente, es decir, el delito que realmente le interesa es el de narcotráfico, ni siquiera se ha metido con la desaparición forzada. Él está reclamando competencia sobre eso, lo que pasa es que la Corte Constitucional ya lo resolvió porque ella dice que si el delito se empezó a ejecutar antes del primero de diciembre de 2016 es competencia de la JEP, si es después es competencia de la justicia ordinaria; pero el Fiscal insiste que no porque ese tema, como el de la extradición, tiene que ver con la agenda gubernamental de la lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo el tema de bienes de las Farc también es zona gris. Lo que el Fiscal discute sobre este asunto es que los bienes que no aparecen en la lista y que según él son de las Farc, por no haber estado en la lista desde el principio y por él saber que son de las Farc, entonces nuevamente la competencia recae sobre la Fiscalía General. La extradición, la extinción de dominio y la lucha contra el narcotráfico son temas sobre los que él se ha pronunciado y ahí hay una disputa de cuándo termina la competencia de la JEP. Pares: ¿Qué gana Colombia con la consolidación de la JEP como un tribunal de justicia transicional? M.C.M: Nosotros tenemos una posición firme de defensa de la JEP porque creemos que Colombia tiene que cumplir con el acuerdo de paz, nosotros defendemos el acuerdo por sobre todas las cosas porque es un compromiso del Estado y porque creemos que es una oportunidad para las víctimas de este país, y es una oportunidad para cerrar la brecha de impunidad. Démosle el tiempo para que funcione, el espacio para que sea capaz de convencer a la sociedad que ese es el camino, démosle la oportunidad. Lleva un año y medio y ha logrado mucho si la comparamos con tribunales internacionales que en la mayoría de los casos se tardan entre dos y tres años para empezar a funcionar. La JEP empezó a funcionar desde el día uno y ya tiene siete casos abiertos en un año, ha resuelto amnistía, ahí podría ir un poco más rápido, pero ahí va tomando decisiones. La Jurisdicción no ha estado cruzada de brazos y tiene ante ella unos retos enormes y esto va a ser un proceso largo de consolidación. Hay que dejarla trabajar.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La artista colombiana Doris Salcedo está empecinada en hacer crítica a la vida social y política de Colombia por medio de sus obras. Ha hecho exposiciones en los museos más importantes en el mundo y desde que inició su carrera, lo más importante en su obra ha sido la construcción del tejido social del país. Nació en Bogotá y aún vive en esta ciudad. A sus 61 años continúa esculpiendo un legado, ahora, con la situación política que transita Colombia. A lo largo de su carrera siempre ha puesto en escena elementos que significan la transición del dolor al perdón. Las historias de las víctimas En la década de los 80, vivió en Nueva York, pero siempre pensando en regresar al país. La vida misma la fue llevando a zonas en Colombia donde empezó a conocer historias de víctimas y familiares que lloraban a sus muertos en el marco del conflicto armado colombiano. Atrabiliarios (1991-1996), Casa viudas (1992) y Tenebrae Shinnoleth o la grieta (2007-2008) entre otras, son algunas de sus obras que representan la guerra. En la primera, en Atrabiliarios, Salcedo utiliza un mural compuesto por zapatos de mujer, según ha señalado, trabajó durante unos tres años escuchando a los familiares de víctimas de desaparición forzada. En la segunda, quiso expresar la violencia doméstica que viven miles de mujeres. Y en la última tuvo un mensaje contra el racismo, y las diferencias que existen entre el llamado primer mundo y el resto. Las armas fundidas delas Farc Como siempre lo ha manifestado, la artista colombiana prevalece su privacidad por encima de cualquier cosa, evita a la prensa y a las multitudes. Pese a que es reconocida internacionalmente prefiere el anonimato, al menos en su vida privada. Su obra más reciente, que está relacionada con el acuerdo de paz con la exguerrilla Farc, fue polémica. A Salcedo le dieron la labor de crear un monumento con 37 toneladas de armas fundidas que fueron propiedad de ese grupo armado. Estuvo meses reflexionando cuál sería la mejor forma de dignificar a las víctimas sin aplaudir la guerra. Entonces decidió hacer un “contramonumento”, quería una pieza que se opusiera a la noción misma de un monumento, pues este jerarquiza, y presenta una vison triunfalista del pasado bélico de una nación. La obra “Fragmentos” representó, según la artista, un resultado neutral. Son unas láminas de metal que al pararse sobre ellas, reflejan que se pisan lo que alguna vez fueron elementos de guerra. Actualmente es integrante del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad, mecanismo extrajudicial creado a partir del pacto de paz. Recientemente ha dicho que los artistas deben comprometerse con la sociedad colombiana y no deben ser indiferentes con las experiencias tan extremas que ha sufrido el país. Por eso, este corto homenaje a una persona que ha visivilizado las voces de cientos de mujeres y ha hecho una larga labor por Colombia.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares En esta ocasión presentamos las narraciones de cuatro mujeres que desde su cotidianidad luchan en una América Latina, que según la ONU, es la región más letal para las mujeres y donde cada tres horas hay un feminicidio. Para este 8 de marzo ellas son un símbolo de la lucha por la equidad, la justicia y los derechos de la mujer. Quise traer a Ida Vitale, poetisa uruguaya de 95 años, traductora, ensayista, profesora y crítica literaria miembro del movimiento artístico denominado «Generación del 45». Ida Vitale, recibió el Premio Cervantes 2018, quinta mujer en ganar el premio. Antes que ella también lo recibieron las españolas María Zambrano (1988) y Ana María Matute (2010), la cubana Dulce María Loynaz (1992) y la mexicana Elena Poniatowska (2013). Vitale, es recordada por enseñar Literatura, hasta que la dictadura militar (1973-1985) la obligó a irse exiliada a México. Estos versos del poema ‘Llamada viva’ “acompañar la soledad, no negarse a las quimeras remansarse en el tomado, ir de lo ceñido a lo vasto desde lo opaco a la centella, de comisión al sueño libre, ofrecerse a lo parco del día si morir una hora tras otra volver a comenzar cada noche”. *** Aquí están sus historias: Laura Cano “Habitar una ciudad como Bogotá siendo mujer es un ejercicio reflexivo diario, constante… Hace unos días me preguntaba porqué el reconocernos como feministas, estaba marcado por situaciones que física y psicológicamente nos han marcado mucho, y claro, es que los contextos en los que vivimos hacen que llegar a ese tipo de escenarios no sea nada difícil. Sin embargo, creo que el ejercicio de reflexión que trae el feminismo llegó a la vida de muchas y muchos en el día a día, aún sin ponernos el título de feministas. Pienso en mi mamá y ella es el mayor ejemplo de eso en mi vida; ser mujer trae luchas diarias, inherentes y no hay mejor forma de ser consciente de eso que a través de otras mujeres. Así que ese transitar más que etiquetas me ha traído mucha fuerza femenina, fuerza que se ve reflejada en espacios donde sacar la voz y crear entre nosotras es reivindicativo. La Poderosa ha sido para mí ese espacio, donde he aprendido y desaprendido, donde he comprendido que la mejor forma de ser consecuente con este caminar es actuar juntas, escucharnos, no volver a quedarnos calladas y celebrarnos siempre la lucha”. Luisa “Es complicado ser mujer en un país como Colombia; desde la crianza nos van encauzando en qué debemos o no hacer en razón a nuestro género, y la cotidianidad nos demuestra que nos encontramos en una posición de vulnerabilidad, dónde nos da miedo salir a la calle vestidas de cierta manera porque nos van violentar o donde vemos que los hombres ganan más por el mismo trabajo. En un país conservador y tradicionalista como Colombia, donde uno de cada cuatro días ocurre un feminicidio, a las mujeres se nos hace más difícil romper la brecha de género, y aunque tengamos estudios y experiencia siempre nos van a menospreciar por el simple hecho de ser mujer y tenemos que cargar con unos roles de género que ya no se ajustan a la realidad de las mujeres colombianas. Todas estas situaciones hicieron que desde niña me preguntara la razón de estas desigualdades y empezara a estudiar sobre el feminismo y su importancia en la actualidad. Cuando llegué a la universidad me di cuenta de que hacía falta un espacio donde se pudiera hablar de género y dónde se motivara a la mujer a ser lo que ella quisiera ser sin necesidad de cumplir con algún paradigma social. Es por eso que creé el colectivo Labios de Orquídea, el cual me ha permitido compartir con varias mujeres y aprender de cada una de ellas, llegando a la conclusión de las mujeres somos diversas, diferentes y plurales y eso es lo que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de feminismo.” Lorena Sanabria “Mi nombre es Lorena y tengo 27 años, actualmente me encuentro intentado terminar una etapa de mi vida y trabajando. Cuando pienso en mi vida y como llegue hasta donde estoy intentando llegar hoy, no pienso en mi sino en las personas que he conocido, que me han marcado, que son lo realmente importante en mi vida. Las primeras en las que pienso son en Kelly y María Fernanda, fueron las primeras que escuché, con las primeras que fui a una marcha y las oí debatir y pararse duro en el espacio que junto con otros compañeros construimos, cuando yo estaba en el colegio, y para mi ahí empezó todo, aunque en su momento yo no lo notará y no fuera tan consciente. De ahí en adelante me dediqué a buscar un espacio que me recogiera y cuando lo encontré, ese espacio se convirtió en mi vida y le debo todo a él, porque ha sido ahí donde me he formado y tenido inmensas alegrías pero también grandes decepciones, me ha hecho cuestionarme muchas cosas pero además me ha enseñado que hay que entregarlo todo, que no es una etapa de la vida sino que es la vida misma, que hay que comprometerse y eso significa muchas veces  estrellarse duro. Poder conocer a unas mujeres que lo dejaron todo por pensarse otra realidad, que nunca pensé que fuera a conocer porque las veía tan lejanas, pero al contrario ahora están ahí al lado mío en las reuniones y yo las miró y pienso ¿es en serio?; estoy a lado de ellas, hablando, riéndome, llorando, peleando, abrazándonos, compartiéndose realmente lo que me ha construido como mujer”. Juliana Vargas “Desde mi historia, una reflexión sobre el feminismo es una experiencia que se transforma en práctica cotidiana. Espero entonces dar algunas luces sobre lo que ha significado feminismo en mi vida, sobre todo en un día que amerita reflexiones diversas sobre los feminismos y que precisa conmemoraciones profundas para las mujeres. Para las que nos precedieron y las que estamos. Debo empezar recordando mi infancia y adolescencia, donde comencé a percatarme de las violencias sistemáticas ejercidas sobre nosotras. Violencias que se hacían cada vez más diversas y así mismo, cada vez más duras. Allí, abrirme al feminismo me dio un respiro para entender -y combatir- las estructuras patriarcales; este acercamiento teórico me sigue dando debates -cada vez más plurales-, en los que convergen fuerzas potentes como la interseccionalidad, pero no es mi forma principal de llegar al feminismo. Entonces, quiero apelar a mi idea inicial y concentrarme en la manera en que el feminismo se ha ido posicionando como una de las formas centrales de mi práctica de vida, desde la forma de mirar la feminidad: entender su multiplicidad para reinventar la mía y entender la de las otras, para juntar esas fuerzas y valorar tal juntanza, para encarnar la sororidad desde la amistad y trascenderla como apuesta política, llegando hasta mi relación conmigo misma, con mi cuerpo, con mis ciclos, con mi propia deconstrucción. No es un proceso sencillo porque es un debate diario, una pelea tan personal como colectiva, un constante cuestionamiento, a veces nudo en la garganta, a veces ira en el estómago, pero ha valido las penas y las alegrías. Hoy es un día para seguir mirando las condiciones de estos cuerpos femeninos: honrar a las madres solteras -como la mía-, a las amigas incondicionales, con las que sanas y creces -por más opuestas que se hagan las ideas porque igual están luchando contigo codo a codo-, a las mujeres trabajadoras que día tras día sufren las asimetrías violentas del salario, de las oportunidades, de las condiciones laborales, del trabajo no remunerado y por último, las que pagan las consecuencias de esas mismas asimetrías en sus relaciones personales, las víctimas del amor. Reivindicar el dolor que inspira esta lucha y reivindicar a las demás y a mí misma para seguir un camino que mujeres fuertes empezaron y que nosotras heredamos con amor y rebeldía es una de mis mayores apuestas feministas. Para cerrar, porque amo esta poeta, la frase con la que comencé este día: “Miradnos. Decidimos cambiar la dirección del puño porque nosotras no nos defendemos: nosotras luchamos”.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares De pie, sin importar que llueva o haga sol, así se mantienen todo el día miles de mujeres que en su mayoría son madres cabeza de familia y trabajan como vendedoras en la calle para sostener a sus hijos. Cuando termina el día salen con prisa, guardan su mercancía, hacen cuentas y atraviesan toda la ciudad para retornar a sus hogares: así es la dura labor de las mujeres vendedoras informales. Según el Ministerio de Trabajo, en Colombia hay más de 15 millones de vendedores informales, pero en su mayoría son mujeres. A continuación, tres historias de mujeres trabajadoras: La calle: “un ambiente pesado” La alarma suena a las 6 de la mañana. Astrid Rincón Fernández se despierta y empieza a prepararse mentalmente para un nuevo día. Toda su vida ha trabajado como vendedora informal, desde que tiene memoria, y aunque ya está acostumbrada asegura que es un entorno masculino, casi machista. En las mañanas arregla a sus pequeños y espera a que abran el jardín para poder irse a trabajar, sale corriendo al Transmilenio y ya son casi las 8 de la mañana. Creció en la ciudad de Bogotá vendiendo todo tipo de productos. A sus 42 años tiene seis hijos, tres de ellos mayores de edad que ya responden por sí mismos y los otros de diez, cuatro y dos años, por los que trabaja todos los días. Actualmente se ubica cerca al Planetario de Bogotá en un módulo que le rentó a la Alcaldía donde lleva once años instalada. Mientras atiende a los clientes, sentada en una silla de plástico y con la fortuna de que el cielo estaba despejado cuenta cómo es su día. “De acá salgo corriendo para la casa para darles la comida, yo vivo en Usme entonces me demoro mucho. Yo cierro el módulo acá a las 5 o 6 de la tarde porque tengo que cuidar a mis hijos, lo máximo es cuando hay eventos en el Planetario e intento quedarme por acá pero nadie me cuida a mi hijos en la noche”, expresa Rincón. “Este gremio de la calle es un ambiente muy pesado, entonces se encuentra de todo. Para uno de mujer es muy difícil uno siente machismo. Me han faltado el respeto, que si uno se hace en un lugar comienzan a hacerle propuestas indecentes, es pesado, pero se ponen en su sitio a esas personas”, agrega. De acuerdo con Rincón, nunca ha habido unión entre los vendedores. Quizás cuando la policía llega pero unión en protección hacia la mujer no. Manifiesta que es muy organizada con el dinero, pues el padre de sus hijos no aporta suficiente dinero para ellos. Mensualmente debe llamarlo y llamarlo e insistirle para las cuotas mensuales. “Él me da 150.000 pesos o 200.000 pero tengo todavía tres hijos pequeños, y solo el jardín vale 100.000 pesos, a eso súmele los pañales, el tetero, a los otros niños pues las onces”, explica. Sin importar el trajín de su trabajo su objetivo final es que los hijos estudien, que exploren el mundo, así lo dice. “Afortunadamente el mayor ya está en la universidad, el segundo está buscando trabajo y el tercero de los grandes también quiere estudiar”, cuenta con una sonrisa mientras atiende a un comprador. “Yo quiero estudiar” Con el sudor en su rostro, mientras asa arepas, bate los huevos y recibe los pagos, está Aidé Torres de 39 años junto a uno de sus hijos, el menor y quien la acompaña a trabajar. Tiene un puesto en el que vende arepas, empanadas y bebidas calientes. Torres vive en Bosa y se levanta a las 4 de la mañana de lunes a domingo, sin descansar un solo día. Prepara todos sus elementos de trabajo: agua, tinto, termos, los ingredientes de todas sus recetas y sale con su hijo a trabajar. Se va en bicicleta desde Bosa hasta el centro de Bogotá, lugar donde tiene su carro de ventas. Aproximadamente gasta 50 minutos que parecen a veces más con todo el peso que carga en su espalda. A los 17 años migró de Boyacá a la capital. Quedó embarazada muy joven y decidió buscar empleo en la ciudad lejos de casa. Llegó con su bebé en brazos, una niña que ahora ya está por terminar su bachillerato. “Acá llevo trabajando 6 años y llevo 23 años trabajando. Antes vendía solo tintos, pero ahora intento vender lo que sea. El trabajo en la calle es duro, claro, pero no he sufrido de machismo afortunadamente, por eso no me quejo”, relata. Se acercan al menos 10 personas mientras conversamos. El humo se esparce en el lugar y ella sigue muy activa alistando sus pedidos. “Cuando no vendo tanto es muy complicado porque o sino uno no lleva el diario, lo difícil es tener el producto y no venderlo”, asegura. Según ella, lo bueno que tienen los carritos que da la Alcaldía es que se trabaja tranquilo en la calle, pero tiene un costo mensual. “No me parece justo que uno tiene que pagar harto y caro, son 90.000 pesos mensuales y le toca pagar el parqueadero, no hay luz, no baño y no me parece que eso se una ayuda”, añade. Además, explica que muchas mujeres vendedoras informales son madre cabeza de familia. “En mi caso yo sola los he sacado adelante siempre. Los papás no sirvieron para nada”, dice con sarcasmo. “Yo no quiero que ellos trabajen en lo que yo trabajo pero con esto los he sacado adelante a ellos. Uno acá está al sol, al agua. Mira como está el piso, tengo que correrme porque como no soy dueña de nada, mira estoy en la tierra”, describe mientras señala el suelo donde tiene su puesto. Justo al frente está una construcción pero es el lugar donde al menos no la han sacado. “Entonces uno acá no tiene nada seguro. Pero ahorita voy a ir al IPES (Instituto Para la Economía Social) a ver si me ayudan, quiero estudiar mantenimiento para lavadoras. El año pasado terminé el bachillerato y quiero buscar otra alternativa porque esta alternativa está muy fea”, agrega. Torres asegura que gana un poco más del mínimo, y ese mínimo no sirve para vivir. Recalca que tiene dos hijos que estudian, que les debe pagar transportes y el transporte es muy caro. El pasaje del transporte público en Bogotá está en 2.400 pesos, en ese sentido, al mes una persona gasta 148.800 pesos con los tiquetes de ida y vuelta. Ahora bien, si se multiplica por tres el gasto es de unos 446.400 pesos, y el salario mínimo es de 828.116, y en este caso, solo un miembro del hogar asegura el ingreso para poder vivir. “Todo es demasiado caro, yo gastaba mucho en transporte, por eso decidí montar en bici. Yo tengo que trabajar de domingo a domingo, no tengo prestaciones de ley, entonces es muy difícil. Si yo me enfermo de malas, párese y trabaje. Y el alcalde solo molesta con sacarnos de los espacios”. En las últimas semanas, la Policía en Bogotá aumentó su fuerza con los vendedores ambulantes, debido a que, según ellos están implementando el artículo 140 del nuevo Código de Policía, expedido en 2016 por la utilización indebida del espacio público. «Con este trabajo no soy desagradecida» Luz Marina Martínez López es una mujer de 52 años. Nació en Bogotá y lleva trabajando 27 años como vendedora ambulante. Cuando su esposo se fue de la casa tuvo que salir a conseguir más dinero. Tuvo cuatro hijos, y desde aquél momento cuando su esposo abandonó el hogar buscó los medios para “sacarlos adelante”, así lo relata. “Yo vivo en el barrio Juan Rey, salgo de mi casa a las 6 de la mañana y vuelvo hasta las 7 de la noche”, narra, mientras mueve su “carrito”, el que dio la Alcaldía. Ella paga una mensualidad de 90.000 y 4.000 para el parqueadero, puesto que, no se lleva la mercancía hasta su casa. El beneficio, explica, es que la policía no molesta porque tiene un chaleco y un carro con el logo de la institución. Afortunadamente ya sus hijos están grandes: el mayor tiene 34, le sigue la hija de 26 y su último hijo de 22. Por eso, cuenta que puede pagar, con mucho esfuerzo, mes a mes la cuota para vender sus producto con tranquilidad, pero con hijos a bordo no hubiera sido posible años atrás. “Mientras mi hija está sin trabajo yo le ayudo, pues porque ella tiene hijos pequeños y el papá tampoco responde” Cuando sus niños eran pequeños su labor fue también de vendedora pero de fruta. Según cuenta esto le permitía llegar temprano a la casa y sino, entonces salía con todos a vender porque no había quien los cuidara. “Con este trabajo no soy desagradecida con esto trabajo para el diario, para mis transportes, mi comida”, agrega. Como Astrid, Aidé y Luz Marina hay miles de mujeres que salen a buscar empleo para sobrevivir. Sobrevivir, efectivamente, porque no se vive, se lucha diariamente, así lo sostienen mientras hablamos. Aunque lo dicen con fuerza, pues no hay tristeza en sus rostros, también expresan que es un trabajo difícil porque nada está garantizado: no tienen salud, educación, ni empleo seguro.

Por: Redacción Pares El 8 de marzo de 1857 tuvo lugar una gran marcha, la de las trabajadoras de la industria textil que caminaron por las calles de Nueva York denunciando las miserables condiciones en las que trabajaban. Medio siglo después, 129 mujeres murieron calcinadas durante su manifestación en la fábrica textil para la que trabajaban en New York también. En la protesta alegaban condiciones infrahumanas de trabajo, jornadas de más de 12 horas y salarios muy bajos, las puertas de la fábrica estaban cerradas para evitar robos y nadie pudo salir. El primer Día Internacional de la Mujer (1911) reunió a más de un millón de personas en Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza a favor del sufragio y los derechos laborales de la mujer. Hoy se celebra cada año el 8 de marzo. En sus inicios, la conmemoración sirve de protesta contra la I Guerra Mundial. Por ejemplo, en Rusia, una gran manifestación liderada por mujeres exige “¡pan y paz!”. Cuatro días más tarde, el zar abdica. Actualmente, este día es fiesta nacional en Rusia, y hay especialistas que opinan que fue el detonante de la Revolución rusa. Tras la devastación de la II Guerra Mundial, se forman las Naciones Unidas en 1945 para fomentar la cooperación internacional. La Carta de las Naciones Unidas consagra la igualdad de género: “Nosotros los pueblos… reafirmamos la fe… en la igualdad de derechos de mujeres y hombres”. Este año, en el Día Internacional de la Mujer, celebramos las contribuciones de las mujeres a la sociedad, especialmente en el espacio digital, y reflexionamos sobre la manera en que podemos garantizar que las mujeres disfruten plenamente de sus derechos. La fuerza de las mujeres: el activismo de las mujeres ha dado forma al mundo tal como lo conocemos hoy. Antecedentes Es una de las muchas medidas que adoptan las Naciones Unidas para defender los derechos de las mujeres: en 1946, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se convierte en el primer órgano intergubernamental mundial dedicado exclusivamente a la igualdad de género; y, en 2010, ONU Mujeres se convierte en el primer organismo de las Naciones Unidas en trabajar exclusivamente por los derechos de la mujer. En la sesión inaugural de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1946, la norteamericana Eleanor Roosevelt lee la famosa “carta abierta a las mujeres del mundo”. Insta a aumentar su participación en los asuntos nacionales e internacionales. Conocida como la “Declaración de Derechos de la Mujer”, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (también conocida por sus siglas en inglés CEDAW) es el tratado internacional más exhaustivo para proteger los derechos humanos de la mujer. El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. Pensemos en igualdad Este tema del Día para este año, «Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio», se centra en las formas innovadoras en las que podemos abogar por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, en especial en las esferas relativas a los sistemas de protección social, el acceso a los servicios públicos y la infraestructura sostenible. La tecnología y la innovación tienen un papel fundamental en nuestras vidas diarias, por lo que es difícil imaginarse el desarrollo del siglo XXI sin ellas. El tema para el Día Internacional de la Mujer de este año (8 de marzo), “Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio”, analiza las maneras en las que la innovación puede aliarse con la igualdad de género, impulsar inversiones en sistemas sociales sensibles al género y mejorar servicios públicos e infraestructuras que satisfagan las necesidades de mujeres y niñas. La innovación y la tecnología brindan oportunidades sin precedentes; sin embargo, las tendencias actuales indican que la brecha digital se está ampliando y que las mujeres están insuficientemente representada en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y el diseño. Esto les impide desarrollar e influir en el desarrollo de innovaciones sensibles al género que permitan lograr beneficios transformadores para la sociedad. «En este Día Internacional de la Mujer, asegurémonos de que las mujeres y las niñas contribuyen a configurar las políticas, los servicios y las infraestructuras que afectan a la vida de todos. Apoyemos a las mujeres y a las niñas que están derribando barreras para crear un mundo mejor para toda la humanidad». — António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas “La innovación está cambiando y reconfigurando la forma en la que las personas viven en todas partes del mundo por lo que debemos actuar deliberadamente sobre su uso para impactar de manera positiva la vida de las mujeres y las niñas”, dijo la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka. “La innovación es un componente clave para el desarrollo, una necesidad básica para quienes viven en la pobreza y un habilitador de derechos. Las mujeres y las niñas deben tener oportunidades de contribuir tanto al diseño como a la ejecución de soluciones que afectan sus vidas. Ellas están más que listas para hacerlo”. Hay que cerrar la brecha entre hombres y mujeres Con poco más de una década restante para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluido el Objetivo 5 relativo a la igualdad de género, todas las indicaciones apuntan a que al ritmo actual de cambio, se necesitará la asombrosa cifra de 108 años para cerrar la brecha de género mundial y de 202 años para lograr la paridad de género económica. Según datos de investigación: 740 millones de mujeres actualmente se ganan el sustento en la economía informal con un acceso limitado a la protección social, los servicios públicos y la infraestructura que podrían aumentar su productividad y seguridad de ingresos. Las mujeres realizan 2,6 veces más trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres; además, a nivel mundial sólo el 41 por ciento de las madres con bebés recién nacidos recibe prestaciones de maternidad. La probabilidad es de que una de cada tres mujeres se enfrente a la violencia a lo largo de su vida, y, sin embargo, los servicios públicos, la planificación urbanística y las redes de transporte raramente se diseñan teniendo en cuenta la seguridad y la movilidad de las mujeres. Para satisfacer las necesidades de las mujeres y de las personas más marginadas en la base de la pirámide social, los servicios públicos, la infraestructura y la protección social requieren enfoques innovadores. Este 8 de marzo, únete a todas las mujeres Es necesario abordar las limitaciones a las que se enfrentan las mujeres cuando acceden a dichos servicios como consecuencia de la mayor carga que soportan en cuanto a tareas domésticas y trabajo de cuidados no remunerado, y garantizar que las mujeres puedan obtener fácilmente la información y los recursos que necesitan para aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Asimismo, las mujeres y las niñas también deben poder expresarse respecto a la forma que adoptan las innovaciones, a fin de que puedan beneficiarse genuinamente y contribuir al cambio real. Este 8 de marzo, únete a todas las mujeres y celebra con nosotras construir un futuro en el que la innovación y la tecnología creen oportunidades sin precedentes para que las mujeres y las niñas desempeñen un papel activo en la creación de sistemas más inclusivos, servicios eficientes e infraestructuras sostenibles para acelerar la igualdad de género.