Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Tras una serie de denuncias por acoso sexual y laboral contra futbolistas de la Liga profesional femenina por parte de miembros del cuerpo técnico de la Federación Colombiana de Fútbol – FCF, se rumoró la cancelación del seleccionado femenino de mayores y de la Liga profesional de fútbol femenino. Este miércoles la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que solamente se armará un plantel para la competencia sub-23. Hay indignación frente a la abierta discriminación económica y el maltrato que han sufrido las jugadoras. El presidente de la FCF, Ramón Jesurún, aseguró que esto es una consecuencia de la inversión a la selección femenina, que generó pocas ganancias y sí perdidas. Según él, se decide quedarse con un solo plantel para promover las generaciones más jóvenes. Como reacción a la decisión del ente rector del fútbol, las jugadoras dieron una rueda de prensa rechazando la decisión de la FCF. Ellas no se habían pronunciado en conjunto desde que la Fiscalía General abrió una investigación contra Didier Luna y Sigifredo Alonso Peña, exintegrantes del cuerpo técnico; pero sí habían estado circulando testimonios de la fisioterapeuta, Carolina Rozo, que declaró en contra de Luna; y también por parte de algunas de las denunciantes. ¿Qué dicen las deportistas? «Tenemos las pruebas del pago de tiquetes por parte nuestra a convocatorias que la Federación tenía que pagar. Falta de viáticos nacionales cuando a los futbolistas masculinos sí les dan. Desprotección de salud con jugadoras como yo, que residimos en Estados Unidos”, expresó Melissa Ortiz, jugadora de la Selección. También agregó que tras el premio del mundial de Canadá 2015, la Federación se comprometió a pagarles 10 millones de pesos y todavía les debe 3 millones. De esta manera, las futbolistas decidieron dar a conocer a la opinión pública las pruebas que delatan los manejos desiguales por parte de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol entre hombres y mujeres. La FCF expresó que va a mantener “un torneo sub-23. Felices de que apoyen un semillero para las mujeres que están creciendo (…) pero a los 24 años nos van a decir adiós o les van a decir adiós a ellas, entonces en qué momento vamos a generar una afición, en qué momento vamos a hacer un cambio”, dijo por su parte, Oriánica Velásquez, otra futbolista de la Liga de Mayores. Por su parte, Yoreli Rincón, referente del fútbol femenino nacional, expresó que todo el plantel femenino sabía que esta medida se iba a tomar. “Después de todo lo que hemos venido diciendo a ellos nunca le gustó que les reclamáramos absolutamente nada, pero éramos unas niñas de 15 o 16 años y les gustaba que trabajáramos gratis”, relató la futbolista a RCN Radio. “Ahora que tenemos 25 años y hemos logrado todo por el país (…) y estamos exigiendo solo unos pequeños derechos lo más fácil para ellos es hacernos a un lado”, agregó. Según han manifestado las deportistas desde la semana pasada, esta situación no es nueva. Ellas habían denunciado los hechos con sus mismas directivas, pero el proceso quedó archivado y no se les prestó la atención necesaria. “Estos son los simples derechos (que pedimos) que nos den unos viáticos que nos paguen mientras estamos con la selección”, agregó Rincón. «La Federación les está dando la espalda» La Fundación Paz y Reconciliación-Pares habló con Martha Ordoñez Vera, activista por la defensa de las mujeres y ex consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, quien señaló que la decisión de la Federación de Fútbol de eliminar la liga profesional de Fútbol causa indignación. “No es fácil entender cómo hace unos meses las mujeres futbolistas del país ganan el principal torneo de clubes en el continente, demuestran que están en un alto nivel de competencia y la respuesta de la Federación y del mundo del fútbol en general es darles la espalda. Definitivamente esto es una clara muestra de discriminación e invisibilización de las capacidades de las mujeres, es una decisión basada en discriminación por género”, aseguró. La Selección de mujeres en Colombia fue fundada oficialmente en el año 2016 y actualmente está compuesta por futbolistas de los 25 clubes femeninos y otras que juegan a nivel internacional. En el torneo nacional los equipos que han salido victoriosos son Independiente Santa Fe y el Atlético Huila que se coronaron como campeones de la liga femenina. En tanto, en el 2018 el segundo equipo mencionado, ganó la Copa Libertadores de América. La experta dijo que la sociedad por lo general no valora muchas de las actividades de las mujeres. Por ejemplo, el público no asistió a los estadios de partidos femeninos, la prensa y medios de comunicación nunca hicieron el cubrimiento y seguimiento, los patrocinadores nunca se hicieron presentes. “El deporte es un claro ejemplo y en el caso de la Liga femenina hay que decir que se dejaron completamente solas a estas mujeres valientes, profesionales y competitivas”, aseguró. Un dato adicional es que esta es una situación que se vive en todo el mundo deportivo. De acuerdo con Ordoñez hay investigaciones sobre inversión en publicidad en las que se estableció que de los 62 mil millones que se invierten en patrocinio para el deporte en el mundo, sólo el 0,4% se destina a pauta para competiciones femeninas, porque se considera que no tienen audiencia y no generan interés. Llegó el respaldo de los colegas El martes los jugadores de la selección masculina se pronunciaron brindando respaldo a sus colegas. En un comunicado de cuatro puntos condenaron “cualquier acto que vulnere la integridad física, mental o emocional de una mujer”. También expresaron que estarán atentos a las investigaciones pertinentes, por los organismos judiciales ante los casos denunciados por acoso sexual y laboral. “El fútbol femenino debe seguir creciendo y desarrollándose con todas las garantias y en todas las categorias, y para eso siempre tendrán los directivos y las jugadoras todo nuestro apoyo”, reza el corto texto. Sin embargo, este jueves ya se sabe que el fútbol de la liga de mayores femenina llegó a su fin. Por su lado, el periodista deportivo Antonio Casale, dijo en el mismo medio radial que “es una obligación de la Conmebol tener una liga femenina. Es que no es que si quieren, es que toca. Eso está planteado en el manual de la FIFA”. “Lo que plantearon ayer fue que mujeres mayores de 23 años no pueden jugar en Colombia”, sentenció. Por lo pronto, se espera que la Conmebol se pronuncie frente al tema, aunque los expertos aseguran que la decisión ya está tomada. Por ahora, hay 400 mujeres de más de 25 años que quedaron desempleadas ya que los contratos con los clubes de fútbol ya no serían válidos.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El pueblo volvió a tomarse la plaza pública el 6 de marzo. Este es el día de quienes, desde la dignidad, luchan para hacer memoria sobre las víctimas de Estado. A propósito, quise recurrir a unos versos de Gabriel García Márquez quien, coincidencialmente, cumplía años en esta fecha. García Márquez escribió “Si alguien llama a tu puerta una mañana/sonora de palomas y campanas/ y aún crees en el dolor y en la poesía./ Si aún la vida es verdad y el verso existe/”. Porque la vida existe y la palabra sigue siendo dicha aun cuando el Estado esté empecinado en negarla. Las organizaciones de víctimas, las organizaciones sociales y las organizaciones de Derechos Humanos convocaron a la cita. Además de la consigna de hacerle frente al desconocimiento del Estado sobre su responsabilidad en la violación de derechos humanos y el desconocimiento del Acuerdo de Paz, en lo que llaman una resistencia a la verdad y la reconciliación; cierra las puertas a una salida negociada al conflicto armado y no adopta las medidas que se requieren para frenar el asesinato de líderes sociales. En total fueron 127 organizaciones que se sumaron a la iniciativa del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en la Plaza de Bolívar. Según cifras de la Fundación Paz & Reconciliación Pares , desde agosto de 2018, cuando el presidente Iván Duque llegó a la Casa de Nariño, han sido asesinados 41 líderes y lideresas en el país. En este sentido, las organizaciones instan al Estado ya que no ha promovido medidas que garanticen la protección en un problema que resulta estructural, profundo y complejo. Frente a esta consigna las organizaciones señalan “la libertad para el porte de armas, la militarización de los programas de protección, el desfinanciamiento de los programas de reparación a víctimas, y la utilización del territorio nacional para promover la confrontación en vez del diálogo.” En total fueron 127 organizaciones que se sumaron a la iniciativa del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. La Plaza de Bolívar alumbrada por las velas de los asistentes y por todas partes, fotografías de aquellos que hacen falta en las familias de las víctimas que exigen verdad y garantías de no repetición. La importancia de reivindicar su historia Relatos, rostros y recuerdos sobre el recuerdo de la dignidad. En la plaza de Bolívar las personas cantaron los versos de Mercedes Sosa; le cantaron desde la memoria a quienes hacen falta. “Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso que el amor es simple” María del Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán Puentes desaparecido en la toma y retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. “Hoy conmemoramos a las víctimas del Estado, hoy, especialmente, hablamos de la importancia de reivindicar su historia, su memoria para que no los asesinen más y también para que los lideres sean recordados y no los continúen asesinado. Soy Lucía Osorno Ospina, hermana de Pedronel Osorno quien fue detenido y desaparecido el 13 de mayo de 1989. “Hago parte de Movice , venimos adelantando un homenaje a los líderes sociales que han defendido el medio ambiente, las tierras, la educación. Estamos llamando al pueblo colombiano para que se de cuenta que estamos viviendo un genocidio y un horror. Estos líderes los necesitamos y seguir buscando que Colombia tenga una paz con justicia social” Luz Marina Bernal, madre de Fairl Leonardo Bernal asesinado por la brigada móvil de Ocaña, Norte de Santander. “Nos encontramos para exigir el no asesinato de los lideres sociales y recordarle al Estado colombiano que debe responder por los crímenes de Estado que se han perpetrado a en el país, porque aun existen mucha incertidumbre sobre los mecanismos para por fin saber la verdad”. ¿Quién podrá defendernos?, los que están no son prenda de garantía A lo largo del territorio nacional, las personas se concentraron en Barranquilla, Cali, Manizales, Sincelejo, Villavicencio, Barrancabermeja, Ibagué, Medellín Sogamoso y Bogotá; en rechazo a la impunidad de los crímenes de Estado y los asesinatos de líderes y lideresas. En esta exigencia por la verdad, dentro de los señalados están el actual Ministro de Defensa Guillermo Botero, quién acusó a los y las lideresas del Cauca de financiar sus movilizaciones con dineros ilegales. El ministro dijo “Entonces cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana o ayer que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas, pero mafias de verdad, mafias supranacionales”. Por otra parte, está el General Leonardo Barrera, cuestionado por investigaciones que lo salpican por ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) y por sucesos de corrupción dentro del Ejército Nacional. También alzaron su voz en rechazo al nombramiento como director y ahora enlace del Programa Gubernamental de Protección a líderes sociales (PAO). A su vez, hubo un rechazo unánime para el Fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, quien obstinadamente negó la sistematicidad de los crímenes contra las y los líderes sociales. Además, para Movice representa el silencio que niega la responsabilidad del Estado en múltiples vejámenes.

Por: Redacción Pares La experiencia colombiana demuestra que la solución al problema de las drogas ilícitas implica un esfuerzo integral, intenso y sostenido en el corto, mediano y largo plazo sobre cada una de las partes que componen el sistema del narcotráfico: cultivos de uso ilícito, producción, y comercialización. Se trata de un problema complejo que se debe a factores como la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, razón por la cual la solución a este implica un abordaje desde diferentes enfoques: económico, de desarrollo territorial, descentralización y gobernabilidad. Un análisis desapasionado sobre el problema Hay un vacío de poder que se generó con la salida de las Farc de sus zonas de operación y ello llevó al surgimiento y llegada de diferentes estructuras criminales, quienes aumentaron la presión para que los campesinos sembraran más hoja de coca. Sumado a ello, en varias regiones del país, pero no en todas, familias de cocaleros aumentaron la siembra ante la expectativa de recibir beneficios en el marco del acuerdo de paz. Como se ve, las razones son múltiples, pero resulta claro que mientras los precios estén altos y la demanda aumente, será difícil doblegar este mercado ilegal. Pares ha señalado que el aumento de los cultivos de coca no se puede adjudicar a que el Gobierno nacional hubiese bajado la guardia en la lucha contra las drogas, de hecho, la realidad es más compleja. Se podrían dar cuatro explicaciones, sin embargo, una de ellas es la más importante y es la explicación económica. Con la revaluación del dólar, el precio de la hoja de coca se incrementó casi un 40 por ciento, igual sucedió con la base de la pasta. Un gramo de pasta base pasó de valer 1.200 pesos o 1.400, dependiendo de la región, a valer 1.900 pesos. Como en cualquier mercado el incentivo para cultivar aumentó. Pero el precio no solo aumentó por el dólar, también por la demanda cada vez más grande de nuevos actores en el mercado, particularmente Brasil. De hecho, según investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares el precio de la pasta base de coca llegó a estar a 1.200 pesos en zonas como el Putumayo y desde 2013 comenzó a aumentar el precio, actualmente está cercano a los 1.900 pesos, incluso en zonas como Guaviare en 2017 se pagó a 2.400 pesos el gramo de pasta base de coca. Era obvio esperar un aumento de los cultivos con esta dinámica en el mercado. La economía del narcotráfico funciona bajo las reglas de cualquier mercado mundial. Audiencia en la Corte Constitucional Este jueves se llevó a cabo una audiencia pública en la Corte Constitucional, en la que el Gobierno indicó cuáles son sus planes en la política contra las drogas y el uso del glifosato. En ese sentido, el Presidente en su intervención indica que el narcotráfico afecta los derechos de millones de colombianos a la vida, la libertad, la seguridad, el medio ambiente. Constituye una amenaza al orden constitucional en los territorios y por eso necesitamos de todas las herramientas para combatirlo. Duque hace un llamado a la Corte Constitucional «para que podamos usar todas las herramientas en la erradicación de cultivos ilícitos y enfrentar las graves afectaciones a la seguridad nacional, la salud y al medio ambiente.» Y manifiesta que «La modulación de la sentencia T-236 de 2017 le daría un fortalecimiento al orden público y a la defensa de los derechos fundamentales. Este diálogo busca reconocer la amenaza de los cultivos ilícitos. Esta no es una causa ideológica; es la defensa de nuestra Constitución.» Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos declaró «Colombia ha luchado contra las drogas como ningún otro país. Una guerra que no se ha podido ganar en medio siglo es una guerra fracasada o, por lo menos, destinada al fracaso. Mientras haya consumo y prohibición, habrá mafias que se lucren de las rentas ilícitas.» Y finalizó señalando que «se debe combatir el narcotráfico con pragmatismo y eficacia, en lugar de volver al pasado con estrategias ya ensayadas que fracasaron. La sustitución voluntaria ha sido exitosa, así lo demuestra la cifra de 0.6% de resiembra del último informe de verificación de UNODC» Autoridades han advertido sobre los peligros del glifosato “Todas las razones para la prohibición de las aspersiones aéreas con glifosato se mantienen vigentes”, expresó en su momento el ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, en respuesta a la propuesta de reiniciar estas fumigaciones manifestada por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Las aspersiones aéreas con glifosato para la erradicación de los cultivos de coca fueron suspendidas en octubre de 2015 como resultado de la evaluación de un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que calificó el glifosato como “probablemente cancerígeno para los humanos” y el cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional en el sentido de que se aplicara el principio de precaución en caso de que no se encontrara una conclusión definitiva sobre la inexistencia de riesgos derivados del uso de este herbicida. El glifosato fue clasificado como “probablemente cancerígeno para los humanos” tras una reunión de expertos de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) –que hace parte de la OMS–, cuyos resultados fueron publicados el 20 de marzo de 2015 en la revista científica The Lancet Oncology. A partir de la evidencia disponible, la IARC concluyó que la exposición al glifosato podía estar relacionada con la generación de linfoma no hodgkiniano (un tipo de cáncer del tejido linfático) en humanos, y señaló que en experimentos con animales la exposición al herbicida aumentó la probabilidad de otras enfermedades, como carcinoma tubular renal, hemangiosarcoma (un cáncer que comienza en el revestimiento de los vasos sanguíneos), tumores en piel y adenoma pancreático (tumores en el páncreas).​ Adicionalmente, en las aspersiones sobre cultivos ilícitos la población no tiene la posibilidad de expresar su voluntad de exponerse o no al riesgo, a diferencia de lo que ocurre en las aspersiones sobre cultivos lícitos. «Hemos envenenado a los campesinos con la fumigación» Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, ha indicado que desde el inicio del Plan Colombia en el año 2000, «se han fumigado más de un millón de hectáreas de coca, con el famoso glifosato, que contiene el roundup, una sustancia cancerígena y considerada en muchos países como altamente peligrosa.» Es decir, señala Ávila, por casi 20 años envenenamos nuestros campesinos y zonas rurales. Además, se han erradicado durante los últimos años centenares de miles de hectáreas de coca y se han mandado a la cárcel miles de campesinos. Invito a cualquier parroquiano a que visite las cárceles en Putumayo, Caquetá, Guaviare, llenas de campesinos que dicen: “Me cogieron por Ley 30” Pero otra de las situaciones que llama la atención es que de las cerca de 200.000 hectáreas de hoja de coca, el 49 por ciento se concentra en 10 municipios de los 1.122 que tiene el país. Estos municipios, en los últimos años, han estado en los primeros lugares con hectáreas de coca, lo que varía es el número de hectáreas, pero el bajo Putumayo y el Pacífico nariñense siempre han punteado. La conclusión es también simple: a pesar del Plan Colombia, el Plan Consolidación, la situación no ha cambiado. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS El PNIS es un capítulo especial del acuerdo sobre Reforma Rural y fue formulado con el objetivo de que contribuya a la generación de condiciones y oportunidades que permitan a comunidades y campesinos cultivadores desvincularse definitivamente de los cultivos de uso ilícito y transiten de manera sostenible hacia un modo de vida digno. Por esa razón contempla medidas de carácter estructural y de largo plazo, como el desarrollo social y económico de las zonas afectadas con cultivos, pero también una serie de beneficios dirigidos a la población vinculada a esta economía y que tienen un tiempo de implementación de tan sólo dos años. El 10 de diciembre de 2018 se realizó una audiencia pública en el Congreso de la República sobre el estado de la implementación del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito). Delegados campesinos de 13 departamentos, integrantes de la Junta de Direccionamiento Estratégico y del Consejo Permanente de Dirección de PNIS, así como de organizaciones de la sociedad civil, alcaldías y congresistas del partido FARC. En esa audiencia, los asistentes reiteraron mensajes que se han transmitido en múltiples escenarios: hay compromiso y cumplimiento de los campesinos que suscribieron los Acuerdos, pero hay muchos retrasos, incumplimientos, decisiones unilaterales, mensajes contradictorios en territorios y una gran incertidumbre proveniente del gobierno. Hay que definir conjuntamente los territorios, con presupuesto socializado y rendición de cuentas que no se ha hecho, y la ruta de intervención en municipios con Acuerdo o sin Acuerdo pero con voluntad: no hay territorio del país que no merezca ser tenido en cuenta. Por eso más que recursos para el PNIS son recursos para la vida y el desarrollo. Sustitución Voluntaria frente a fumigación con glifosato Para el mes de septiembre de 2018 la Alta Consejería para el Posconflicto había firmado 101 acuerdos colectivos en 89 municipios de 14 Departamentos, y se habían inscrito al programa 97.967 familias. Para finales del año pasado, se habían reportado 30.265 has erradicadas con un porcentaje de cumplimiento del 90%. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC ha manifestado su compromiso con un trabajo integral y de sustitución de cultivos ilícitos. “La transformación de los territorios sigue siendo el camino más claro para lograr la paz y el desarrollo en las zonas más afectadas por los cultivos de coca. Esa transformación es posible si se supera la mirada centrada en el lote y se entiende y actúa sobre las complejidades de los territorios y las comunidades.” Sin embargo, el gobierno del presidente Duque ha replanteado la estrategia de lucha contra el narcotráfico. Esto afecta de manera grave la estrategia de la Alta Consejería y de la Dirección de Sustitución de cultivos. Si bien, se ha repetido en diferentes ocasiones que se les cumplirá a las familias, parece que está se verá afectada por la implementación de acciones lideradas por el Ministerio de Defensa en materia de la lucha contra el narcotráfico, que ha afirmado que la sustitución será obligatoria, es decir, se priorizará la erradicación y que regresará a las fumigaciones. Aquellos que creen que la fumigación es la solución están equivocados, la situación es mucho más compleja y el reto es crear una estrategia de lucha contra las drogas que involucre la persecución y seguimiento al lavado de activos, al tráfico de insumos para el procesamiento de la cocaína y a los agentes estatales corruptos, pero fumigar y encarcelar campesinos lo hemos hecho los últimos 20 años y no ha funcionado.

Por: Redacción Pares La Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, investigará los hechos denominados como reclutamiento de menores de edad ocurridos entre el 1 de enero de 1971 y el 1 de diciembre de 2016. Frente a 4.219 investigaciones que aparecen en los sistemas de información de la Fiscalía General de la Nación, apenas se reportan diez sentencias condenatorias. Según los informes aportados a JEP, el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado hacía parte de las políticas y prácticas de las Farc-EP y, en consecuencia, su responsabilidad podría imputarse a quienes comandaban esa guerrilla. Un delito con un alto índice de impunidad De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, esta entidad ha abierto 4.219 investigaciones sobre estos hechos. De estas, 1.291 se encuentran activas, 1.001 inactivas y 1.927 no registran estado. La totalidad de estos casos corresponden a conductas cometidas presuntamente por miembros de las Farc-EP y arrojan un total de 5.252 víctimas y 5.043 procesados. Este fenómeno cuenta con un elevado nivel de impunidad en el país con apenas diez sentencias condenatorias en la justicia ordinaria. Para esta primera etapa de investigación, la Sala de Reconocimiento de la JEP acogió la noción amplia del reclutamiento que se halla en la Declaración de Principios de Ciudad del Cabo del 30 de abril de 1997. Esta doctrina internacional considera a los niños reclutados bajo la denominación de niño soldado: «[t]oda persona menor de 18, que forma parte de cualquier tipo de fuerza o grupo armado regular o irregular en cualquier función distinta a la de ser únicamente un miembro de familia.» La priorización del reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado se desprende de razones constitucionales que imponen la obligatoria investigación del reclutamiento en los escenarios de justicia transicional, como lo establecen las sentencias C-579 de 2013, C-007 de 2018 y C-080 de 2018. Otros abusos contra los niños en la guerra La Sala de Reconocimiento también investigará comportamientos que pudieron haber puesto en riesgo la vida, la integridad física o psicológica y el desarrollo de niños y niñas, y que afectan sus derechos. Harán parte de la investigación iniciada por la JEP la violencia y esclavitud sexual, la planificación y abortos forzados de los cuales las niñas fueron las principales víctimas; la imposición de trabajos incompatibles con su condición de niños; la limitación a su libertad para abandonar las filas, y la imposición de castigos o penas crueles, inhumanos o degradantes Los departamentos donde se concentran la mayoría de los hechos de reclutamiento son: Meta, Antioquia, Caquetá, Guaviare, Tolima, Putumayo, Cundinamarca y Cauca. Informes y datos iniciales sobre este delito Además, el tribunal tomó la decisión de abrir esta investigación a partir del informe ‘Una Guerra sin Edad. Informe Nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano’ del Centro Nacional de Memoria Histórica. También se tuvo en cuenta el informe ‘Infancia transgredida: niñas, niños y adolescentes en la guerra’, de la Coalición Coalico. También se tuvieron en cuenta las bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Sistema de Información de las Afectaciones a los Pueblos Indígenas de Colombia, de la ONIC, y la base de datos entregada por el Centro de Cooperación Indígena.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La Comisión de la Mujer del Congreso convocó este miércoles una sesión extraordinaria para debatir la situación en la que están las mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo -PND. El debate fue crucial para exponer las críticas al Plan que, a todas luces, muestra relegado al género femenino. Preocupa que el Gobierno brilló por su ausencia en el Congreso. «Esperábamos que vinieran los ministros» “Tenemos la presencia de un viceministro. Con tristeza digo que esperábamos contar con la presencia de los ministros. Esperábamos que se le diera la importancia que este tema tiene en el país”, expresó la senadora Ana María Castañeda, presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso, antes de dar inicio a las intervenciones. “La violencia contra el género femenino cada día es mayor. Quiero recordarles que cada tres (3) días una mujer es asesinada por su pareja o por su expareja”, añadió. Los únicos asistentes del gobierno nacional fueron la ministra de Trabajo, Alicia Arango, y el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Carlos Alberto Baena, adscrito a la misma cartera. Panorama laboral, una brecha que preocupa Castañeda dio apertura a la sesión con los puntos críticos del Plan llamado “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” con relación al punto de la mujer. Entre ellos se destacaron la carencia del presupuesto en proyectos y el desconcierto en los articulados del texto final del PND frente al tema de la mujer. Posteriormente, invitó a Arango para exponer la postura del gobierno. Según cifras del Ministerio de Trabajo, un hombre gana más de 17% que la mujer en zonas urbanas. En cambio, en el campo la brecha es aún más amplia: el hombre gana un 45% más que las mujeres. “A los niveles directivos solamente llegan el 18% de las mujeres y a los niveles de presidencia el 7%”, sostuvo la ministra mientras daba un diagnóstico de la desigualdad salarial entre géneros. También explicó que se debe tener en cuenta que en Colombia hay un 60% de informalidad urbana y un 85% de informalidad rural. De 24 millones de trabajadores aproximadamente, 8.700.000 son los formales y los que cotizan; el resto son los que están fuera del sistema y los que están fuera del sistema son la mayoría mujeres, agregó. Sin embargo, expresó que el presidente Duque es un convencido de la equidad de género y, por tanto, el primer mensaje que le dio el país fue un gabinete parital. Asimismo, dijo que se tienen contemplado invertir 762.000 millones de pesos para los proyectos relacionados a la mujer, de todas maneras, no quedó clara cuál sería la ruta de distribución y en qué proyectos. ¿Sin dinero para las mujeres? Cuando Arango finalizó su intervención pidió excusas por retirarse, puesto que debía ir a la Comisión Cuarta a otro debate del PND. A su paso, subió al estrado la exguerrillera y actual senadora del partido Farc, Victoria Sandino y le pidió a Arango que se quedara en el recinto. Hubo alegatos de las partes y finalmente Arango se fue. “Siempre solicitamos la importancia de que el gobierno nos acompañe. Definitivamente es una invitación, pero nos preocupa que los funcionarios del Estado no escuchen las voces de las mujeres”, expresó Sandino, mientras la ministra de Trabajo se retiraba del Salón Boyacá. La Fundación Paz y Reconciliación-Pares habló con Sandino quien dijo que “a pesar de que el PND menciona aspectos muy importantes como el reconocimiento del derecho a la salud, de la educación, del trabajo a las mujeres, cuando uno entra al desarrollo del pacto no se señalan acciones concretas no hay nada que indique que de verdad sí va a apostarle a que se logren esos niveles de igualdad para las mujeres”. “Otro problema es que no aparece un presupuesto específico. Por ningún lado aparece el tema del presupuesto y en un artículo se elimina el tema de la política pública para las mujeres rurales”, explicó. No hay un presupuesto especial Pares buscó en las bases del Plan de Desarrollo y en el articulado que pasará a ser debatido en el Congreso y encontró dos características: la primera, es que en el texto solamente aparece dos veces mencionada la palabra mujer. La segunda, es que de la línea de pactos de desarrollo donde aparece el “Pacto por la equidad de las mujeres” no se desprende un presupuesto especial para las mujeres. En la “Distribución por Pactos del PND”, que se ejecutan a través de los diferentes programas, se desprenden 12 secciones y ninguna de ellas habla del género femenino. Quizás estaría en “otros”. Por su parte, la senadora del partido Unión Patriótica (UP) Aída Avella le dijo a Pares que “casi que estamos desaparecidas en el Plan de Desarrollo, pero también están desaparecidos los campesinos y en el campo la mitad son mujeres”. “Le pedimos al gobierno que incluya las propuestas que estamos planteando y sobre todo que saque esos artículos que definitivamente es regresivo a los derechos de las mujeres”, añadió.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Han pasado 76 días desde el momento en que la Corte Constitucional envió la Ley Estatutaria de la JEP para que el presidente Iván Duque la sancione o la objete. Ya han pasado 15 meses desde que fue aprobada por el Congreso y, a pocos días de que el mandatario tome una decisión, el jefe máximo y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, se ha pronunciado de manera contradictoria y airada sobre el devenir de la Ley Estatutaria de la JEP. A raíz de los escándalos y los enredos por las capturas y las imputaciones en el caso de Carlos Bermeo y la Fiscalía General, el expresidente Uribe ha tendido un manto de duda sobre la integridad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por ahora, Uribe ha llegado incluso a plantear la posibilidad de eliminar la JEP. «Hay que derogarla» Precisamente, frente a este hecho el senador antioqueño señaló que “Lo que hasta hace pocos días parecía que no tenía condiciones para ser derogado, uno no sabe hasta dónde estos hechos bochornosos de la JEP, previsibles por su origen, lleguen a decirles a los políticos y la opinión pública que hay que derogarla”. En este sentido, la atmósfera está creada para que la decisión que tome el presidente Iván Duque incida directamente en la concepción de la JEP. De hecho, Uribe ya había hablado hace casi un mes que las derogaciones eran despropósitos y que incluso era mejor eliminarla. Ahora bien, las manifestaciones que ha hecho Uribe sobre la Ley Estatutaria de la JEP no plantean un camino de concertación. Es más, en entrevista con Bluradio este miércoles el expresidente reconoce que esta ruta de presentar ocho reformas a la Ley, tiene que ver con que quienes se oponen a ella no cuentan con mayorías en el Congreso para tener éxito en las pretensiones de eliminarla. Sin mayorías en el Congreso para derogar la Ley Así las cosas, Uribe expresó que mientras logran una consolidación de mayorías, el partido Centro Democrático presentará ocho reformas a la JEP. De dichas reformas, cuatro son producto de las observaciones que hizo el fiscal Néstor Humberto Martínez. Este capítulo es recordado porque revive el debate sobre los puntos que ya están aprobados por la Corte Constitucional. El hecho de retomar las objeciones que tiene Martínez Neira significaría revivir un debate jurídico, o mejor, una maniobra dilatoria para la JEP teniendo en cuenta casos a los que han asistido comparecientes a contar la verdad sobre su participación en hechos violentos y de los cuales están pendientes las innumerables víctimas del conflicto armado colombiano. Por otra parte, el Centro Democrático señaló cuáles son las luchas que pretende jugarse con la JEP. Por una parte, la eliminación de la conexidad del narcotráfico con el delito político y el no tratamiento de pena alternativa a delitos contra menores de edad. ¿Fuerza Pública fuera por fuera de la JEP? Un tema en el que ha sido enfático el senador, tiene que ver con que los miembros de la Fuerza Pública no sean juzgados por la JEP. Sobre este tema, a pesar que muchos militares en retiro han manifestado su deseo de contar la verdad sobre casos que implican masacres, ejecuciones extrajudiciales y demás vejámenes de la guerra, Uribe alega que no se les puede comparar con los “terroristas de las FARC”. Además, el expresidente Uribe pretende unas condiciones de juzgamiento y garantías diferenciadas a los miembros de la fuerza pública, como el caso de que puedan recuperar la libertad si los militares han estado presos por cinco años. Implicaciones de la Ley Estatutaria para la JEP Es importante entender que la estructura que compone la JEP trabaja sobre tres tipos de pena y sobre todas las conductas delictivas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre del 2016; por penas propias, alternativas y ordinarias. En este sentido, las penas propias contemplan a aquellos que cuenten toda la verdad y reparen a las víctimas de los hechos, las penas alternativas a quienes contribuyan con la verdad y reparación de forma tardía. Por último, las penas ordinarias para quienes sean vencidos en juicio como resultado de la demostración de que incurrieron en una verdad nula o incompleta y que, no intercedieron dentro de sus posibilidades para reparar. Adicionalmente, para las penas ordinarias se contemplan aquellas que oscilan entre 8 y 20 años sin libertad anticipada. En definitiva, si el presidente Duque sanciona la Ley Estatutaria permitirá optimizar los canales de justicia y garantizará la verdad para las víctimas y la sociedad colombiana.

Por Daniela Vargas Ramírez. Colaborador Pares Colombia es uno de los países líderes en América Latina en cuanto a la definición e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por esto es importante que dé ejemplo a las demás naciones. Estas metas son un conjunto de logros globales que buscan un equilibrio entre las dimensiones económica, social, y ambiental del desarrollo. En los temas relacionados con el medio ambiente y la protección a la primera infancia la región debe redoblar esfuerzos. Divorcio entre estrategias regionales y plan nacional Para tal fin, el Gobierno Nacional incorporó los ODS en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”. Las Estrategias Regionales aquí planteadas se relacionan con el contenido de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) 2016-2019. Sin embargo, esta relación aún no se refleja en los PDT de la región de los llanos orientales. Desde el Gobierno Nacional se elabora un documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas para alcanzar los objetivos del Gobierno. Este es el Plan Nacional de Desarrollo. Los Planes de Desarrollo Territorial buscan cumplir la misma labor, pero a nivel territorial (departamental, municipal). Dado que Colombia está suscrito a la lucha por la consecución de las metas de los ODS. Su contenido se divide en dimensiones social, económico, ambiental, y una dimensión transversal que son las instituciones. Los PDT deben concordar con lo planteado en las Estrategias Regionales del PND. En 5 de las 6 regiones reconocidas en el PND, se evidencia esta concordancia. Los PDT de los llanos no reflejan la Estrategia Regional. A redoblar esfuerzos por los niños y el medio ambiente En la región, de acuerdo con los Planes de Desarrollo Departamentales (PDD), se focalizaron las políticas públicas sobre temas como la lucha contra el hambre y la generación de empleo. Sin embargo, no se hizo énfasis en temas relacionados con el medio ambiente, lo cual muestra una falta de coherencia con lo planteado en el PND. El trabajo de cuidado y protección de la región es muy débil en cuanto a la tasa de mortalidad infantil, niveles de atención integral a primera infancia, y hectáreas de áreas protegidas. Si bien, se encuentran características positivas en los PDD, estos no son un ejemplo de buenas prácticas. Por otra parte, la región se destaca en aspectos como la cobertura en salud, que es del 60%, y los bajos índices de homicidios, ya que fue la zona con menor incidencia en el país. Halar todos para el mismo lado El cumplimiento de estos objetivos busca conseguir mayores niveles de bienestar en una escala universal, sin dejar a nadie atrás. Es importante que los PDT estén alineados con el PND para asegurar efectividad en sus impactos. Para esto, es crucial que las entidades departamentales y la nacional tengan un entendimiento claro de las necesidades y fortalezas del territorio, pues, a final de cuentas, el fin último es aumentar el bienestar social y comunitario de esta región del país.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El Plan Nacional de Desarrollo – PND (2018-2022), radicado en el Congreso a inicios de febrero, ha provocado críticas de diversos sectores políticos. Esta vez son los alcaldes, gobernadores y algunos congresistas quienes rechazaron una serie de artículos que obligarían a que las regiones le pasen una cuenta de gastos y necesidades al gobierno nacional a través de los ministerios, lo que significaría una grave pérdida de autonomía regional. “Uno de los grandes debates en el plan de desarrollo será por los artículos 27 y 28 que básicamente cambian las reglas de juego en la distribución de los recursos de regalías (…) ya que la decisión presupuestal en su mayoría y su capacidad de veto va a estar en los ministerios”, señaló Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares. Descentralización o recentralización de los recursos Aunque el plan denominado “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” aún no ha comenzado a ser debatido en el Congreso, al parecer en dos semanas comenzarán las sesiones en ambas cámaras. El retraso ha sido, precisamente, por la serie de inconformidades que hasta sectores políticamente opuestos han refutado contra el texto y pedido modificaciones, por lo tanto, aún se encuentra en la etapa de socialización, pero según analistas habrá un gran recorte en el texto. “Para el gobierno es un tema de administración de recursos y coherencia, y sobre todo evitar que se pierdan en corrupción. Pero el debate en Colombia se ha abierto nuevamente entre aquellos que piden la descentralización, profundizarla; y los que piden la recentralización”, agregó Ávila. De acuerdo con analistas de Pares, la descentralización y la autonomía territorial son dos características de la Constitución de 1991. De acuerdo con la carta magna, el poder y los recursos del Estado deben ser distribuidos territorialmente. Pese a que este modelo ha tenido altibajos, los expertos aseguran que un proceso de recentralización tiene consecuencias nefastas para la provisión de soluciones a los problemas de las poblaciones más alejadas del centro que no están al alcance del desarrollo económico y social del país. Pérdida de la autonomía territorial El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa junto con otros gobernadores y congresistas de los departamentos de Boyacá, Meta, Cundinamarca y Tolima que conforman la Región Administrativa de Planeación Especial – RAPE Región Central, solicitaron modificar dos artículos que no reflejan las metas para las regiones e impiden su avance económico y social. Tanto el artículo 27 como el 28 pretenden regresar a un modelo de fondo nacional de regalías, lo cual significaría un modelo de centralización. Es decir, “paralizar la inversión por las demoras en los tiempos de los trámites de los Ministerios”, explicó la RAPE. Por su parte, Fernando Flórez Espinosa, director de la RAPE-Región Central destacó en el encuentro que en el Plan Nacional de Desarrollo debe prevalecer la descentralización regional. “No vemos reflejado en el articulado todo el esfuerzo que hemos venido adelantando las regiones a partir de la constitución de 1991 en el camino de la descentralización; y por el contrario, vemos cómo se va perdiendo la autonomía territorial y el enfoque de las regiones, desconociendo la realidad diversa y pluricultural de los territorios”, expresó Flórez. Regiones condenadas al atraso “Si se aprueban esos dos artículos, el gobierno contará con un poder de veto impresionante que hará arrodillar prácticamente a los entes territoriales”, expresó el analista. Según Ávila, el gobierno ha dicho que esta decisión de recentralización de los recursos es para evitar que se pierdan en corrupción. De acuerdo con un informe publicado en 2018 por la Contraloría, en Colombia se pierden alrededor de 50 billones de pesos al año por este flagelo. Sin embargo, este modelo “no solo no evita la corrupción, sino que acaba con el principio de las regalías que son compensaciones a las regiones de las que se traen recursos”, añadió. También aseguró que no capacitar a los funcionarios públicos en los entes territoriales, y además quitarles el dinero no soluciona el problema de la mermelada, pero sí “se condena a las regiones a que nunca salgan del atraso”. En últimas, el gobierno lo que busca “es tener la plata para tenerla de cajón propio, el argumento que utilizan es el de las regiones”. En ese sentido, con el dinero en un bolsillo, “se pretende chantajear a los entes territoriales y arrodillar senadores, gobernadores y alcaldes”, auguró. En definitiva, son varias las voces que han pedido cambios al texto presentado por el presidente Iván Duque. En cuanto al tema de centralización o descentralización, según los analistas, es poco probable que pase los debates tal y como como viene redactado. Por ahora el país tendrá que esperar y estar atento a la decisión que tomen ambas Cámaras tras los debates que están por arrancar.

Por: Redacción Pares Organizaciones de víctimas, sociales y de derechos humanos hacen un llamado a la sociedad colombiana a manifestarse este 6 de marzo en contra de la política de muerte y guerra que se ha instaurado en el país. Durante los primeros siete meses de gobierno, han sido asesinados cerca de 60 líderes sociales. Pese a esta realidad, el Estado ha promovido medidas que, en vez de garantizar su protección, profundizan los riesgos que enfrentan. Por lo anterior, hacemos un llamado a la sociedad colombiana a movilizarse este 6 de marzo en las siguientes ciudades: Bogotá – Plaza de Bolívar (2 pm actividades de memoria y 6 pm velatón) Barrancabermeja – Parque de la vida (6 pm) Barranquilla – Plazoleta Alfredo Correa de Andreis/ Casa de la Memoria (3 pm). Velatón (5 pm) Cali – Plaza de Caicedo (5pm) Ibagué – Parque Murillo Toro (6 pm) Manizales – Torre del Cable (5pm) Medellín – Parque de los Deseos (6pm) Sincelejo – Parque Santander (3 pm) Sogamoso – Plaza de la Villa (6 pm) Villavicencio – Parque Flores de la Memoria (2 pm) / Parque Los Libertadores (6 pm) Listado de organizaciones que convocan

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Después de tantos interrogantes que surgieron a partir de los videos que se dieron a conocer desde el viernes por la Fiscalía General sobre el caso del fiscal de la JEP Bermeo recibiendo fajos de dólares; la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, la misma Fiscalía General de la Nación y la Justicia de Estados Unidos están envueltas en lo que resulta ser un auténtico y confuso choque de trenes. Los reflectores sobre los juzgados de Paloquemao La audiencia de este martes rápidamente trajo a la escena un presunto caso de narcotráfico en el que Carlos Bermeo pretendía enviar 120 kilos de cocaína a Roma. En este asunto también está implicado Luis ‘el tuerto’ Gil, quien se encuentra hospitalizado a pocos kilómetros del complejo judicial de Paloquemao, pero le falla la señal de internet para conectarse vía Skype y realizar la diligencia judicial. La defensa precisa que no hay claridad en la imputación debido a que se estaría tratando de dos hechos distintos para investigar. A Bermeo le imputaron los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias. Al exsenador Luis Alberto Gil, le imputaron concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias en servidor público. A Ana Cristina Solarte, esposa de Bermeo, le imputan concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias en servidor público en calidad de partícipe interviniente; ninguno de los imputados aceptó los cargos y alegaron ser inocentes. Según el fiscal del caso, Bermeo habría ofrecido a cambio de remuneración, retardar por al menos tres (3) meses más la extradición de Santrich. El trabajo de Bermeo tuvo que ver con retrasar el envío de la carta con la solicitud de información que hizo la Justicia Especial a los Estados Unidos en el caso Santrich. Según el investigador, se solicitaron USD 2 millones y de esta suma; USD 500 mil eran para Bermeo. Bermeo y sus secuaces Hay dos cosas más que emergieron de la audiencia. Por un lado, Bermeo les habría presumido a los agentes infiltrados que tenía contacto con magistrados de la JEP y por otro, la fiscalía admitió que el dinero entregado en el momento de la captura de Bermeo, efectivamente, sí salió del fondo del ente investigador. Frente al contacto que tenía Bermeo en la JEP, aún despiertan dudas las pruebas presentadas que supuestamente prueban esos señalamientos. Otras de los escenarios en los que la Fiscalía no logró disipar dudas, tiene que ver con lo que señaló El Espectador horas previas a la audiencia. No hubo claridad sobre el papel y proveniencia “del hombre que se hizo llamar Asaf, de acento mexicano, quien habría buscado al exsenador Gil para expresarle su inquietud por el proceso de extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich”. A pesar que la Fiscalía asegura que Bermeo tendrían relación con el caso Santrich en un asunto que debe demostrarse, no se advirtió sobre el papel de Asaf y Gil con respecto a los señalamientos que resultaban categóricos por parte de la Fiscalía de algo que definió como «incidencia en el trámite de Zeuxis Hernández». Sigue la confusión. Caso Santrich, un entramado con la Fiscalía protagonista El viernes 1 de marzo se conoció el contenido de la carta que le envío la justicia de Estados Unidos al gobierno colombiano, en la que manifestaba que no mandaría las pruebas sobre la solicitud de extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias ‘Santrich’. Para ese momento, todo advertía estar a favor de Santrich quien ya completa 332 días privado de libertad. Sin embargo, horas después de que la opinión pública conociera que no enviarían las pruebas, la Fiscalía General de la Nación vía Twitter publicó el siguiente mensaje: “capturado fiscal Carlos J. Bermeo de JEP junto con 4 personas más incluido el exsenador Luis A. Gil, en operativo adelantado en 2 hoteles norte de Bogotá, en el momento en que recibían 500 mil dólares a cambio de oferta para incidir en trámite extradición de Zeuxis Hernández” La Fiscalía a través de videos iba contando sobre la forma en que fueron capturados Carlos Bermeo y Luis Gil, en los trinos, el órgano investigador aseguró de forma categórica que el operativo arrojó la captura de Yamit Prieto Acero y Luis Orlando Villamizar, tras recibir un pago de 460 mil dólares en lo que era un acuerdo de pago de 500 mil dólares para incidir en la extradición de Santrich. Frente a esto, es necesario hacer hincapié en los detalles revelados por el Fiscal Néstor Humberto Martínez sobre el operativo. La Fiscalía contó con la presencia de agentes infiltrados de la DEA, quienes ofrecieron dinero a Gil para que incidiera desde la JEP en el trámite de extradición de Santrich. La Fiscalía puso la trampa En este sentido, la modalidad que utilizó la Fiscalía es la del entrampamiento, en el que se puede inducir a las personas en cuestión a cometer un delito, una clásica estrategia que utilizan las autoridades estadounidenses es su país. Sin embargo, en suelo colombiano está prohibida esta modalidad por medio de las sentencias C – 176 de 1994 y C – 156 de 2016 de la Corte Constitucional y el artículo 243 del Código de Procedimiento Penal. Específicamente, tanto el articulo 243 y el 242 indican que “está prohibido al agente encubierto sembrar la idea de la comisión del delito en el indiciado o imputado”. Ahora bien, con respecto a los detalles revelados por Martínez Neira, en medios ha circulado la versión que conduce a que la Fiscalía habría dispuesto de un fondo especial para contar con los 500.000 dólares que posteriormente fueron entregados en los videos que expuso la Fiscalía. Como lo dio a conocer en Caracol Radio, la Fiscalía habría presentado un recibo por medio del cual se autorizaron su uso para fines del operativo de captura. ¿Qué viene para el caso Santrich? Hoy la JEP, decidió cerrar la etapa práctica de pruebas y continuar con el estudio sobre la garantía de no extradición de Santrich. Así las cosas, desde hoy se cuentan cinco (5) días hábiles para que las partes puedan presentar alegato, en este sentido, desde el próximo martes 12 de marzo se empezará a definir si la Sección de Revisión le concede o no la garantía de no extradición. La Jurisdicción, a las 6 de la tarde y por medio de un comunicado de la Sala Plena descartó en “términos absolutos” que el ex funcionario de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), hubiera podido incidir directa o indirectamente en trámite de garantía de no extradición de Seuxis Paucias Hernández, que está bajo la responsabilidad de la Sección de Revisión de la JEP. A su vez, la JEP le solicitó al director de la Unidad de Investigación, Giovanni Álvarez Santoyo, un informe completo sobre la vinculación de sus colaboradores y los procedimientos meritocráticos aplicados. Patricia Linares, directora de las JEP, aseguró que la Sala Plena avala la decisión y la extiende a todos los órganos y dependencias de la Jurisdicción. Cabe agregar que Giovanni Álvarez fue quien nombró al exfiscal Carlos Bermeo.

Por: Ariel Ávila Martínez. Subdirector Pares. La Registraduría Nacional de Colombia lideró el informe sobre la Calidad de la Ciudadanía y la Democracia. Los resultados son llamativos en algunos acápites. En la encuesta, una de las primeras preguntas que se hizo fue: “Para usted, ¿qué tanto se cumplen las leyes en Colombia?”. El 52% de los colombianos dicen que las leyes no se cumplen nada, un 7 % dicen que se cumplen, mientras que un 41% manifestaron que se cumplen medianamente. Obviamente el resultado confirma lo que diferentes investigaciones mostraban en varias ciudades: hay una crisis en las instituciones de justicia y seguridad del país. En lo fundamental, la población percibe una corrupción alta. Además, ante robos, homicidios o agresiones, las instituciones del Estado tardan en responder y la justicia por mano propia comienza a surgir como una posibilidad. Un 15% de los encuestados confirmaron la posibilidad de hacer justicia por mano propia y un 74% estarían dispuestos a retener algún criminal hasta que las autoridades llegaran. Ligado al anterior tema, ante la pregunta “¿Qué tan probable es que un delito sea sancionado y castigado por la justicia en Colombia?” el resultado es desastroso. Solo un 18% considera que es probable, un 46% medianamente probable y un 35% nada probable. Demoras en el proceso y falta de confianza en las instituciones son las principales barreras para acceder a las instituciones de justicia. Luego se preguntó sobre si la presencia de la policía hace los barrios o comunas más seguras. Los resultados son igualmente desalentadores: el 26% considera que la policía sí hace más segura su comunidad mientras un 36% dijo estar en desacuerdo con esa afirmación. Sobre el tema de la salud de la democracia colombiana, hay temas alentadores sobre la participación política, pero otros donde aún falta un largo camino por recorrer. Una de las preguntas interesantes fue: “¿con qué frecuencia se puede expresar libremente lo que uno piensa?”. La respuesta fue que el 54% de los encuestados manifestó siempre poder hacerlo, el 32% medianamente y el 13% nunca poder hacerlo. Seguidamente se indagó “¿con qué frecuencia se puede votar libremente por el partido que se quiera?”, esta vez, el 72% de los encuestados manifestó poder hacerlo siempre, el 21% medianamente y el 6% nunca. Sin embargo, fue en el comparativo regional donde hay diferencias alarmantes. En la respuesta de “se puede expresar libremente lo que uno piensa”, en Bogotá la cifra llegó al 51% y en Antioquia al 49%. Luego, en la respuesta de “se puede votar libremente por el partido que se quiera”, todas las regiones del país están por encima del 70%, algunas cercanas al 80%, por ejemplo, Bogotá está en 79%, solo Antioquia está en el 59%, una diferencia impresionante. El estudio concluye que: “En cuanto al análisis regional, fue posible identificar que es en Bogotá (89%) y en la región Central (83%), donde existe la creencia de que con la democracia la gente puede elegir a sus líderes a través de elecciones populares (independientemente de su raza, género, religión…), mientras que la región Antioquia (52%), es la que menos está de acuerdo con esto”. Pareciera que en Antioquia existe un proceso que en la Ciencia Política se denomina de homogenización política, donde el disenso es castigado de manera férrea y los factores de distribución del poder son administrados por una sola estructura política. De hecho, hace algunas semanas, en la marcha contra el terrorismo, se presentaron varias agresiones a personas que pedían la paz y criticaban lo que ellos denominaban la política guerrerista del actual Gobierno de Duque. Entre los agredidos hubo un menor de edad y la persona que lo hizo ni siquiera sufrió un llamado de atención por parte de las autoridades. También se indagó sobre la posibilidad de que en medios de comunicación asistieran personas con opiniones diferentes. En general, a nivel país, el 82% estuvo de acuerdo. En Antioquia, la cifra cayó al 63%, mientras que en Bogotá se situó en el 88%. Hay regiones del país, como Antioquia, donde la salud de la democracia es preocupante. A todo lo anterior se le suma la percepción de la población sobre la transparencia en las elecciones. Los resultados muestran que el 46% de los encuestados manifiestan que no son nada trasparentes, el 40% medianamente transparentes y solo un 13% las consideran muy transparentes. Así las cosas, con los actuales niveles de polarización y violencia política, la salud de la democracia debe estar en las prioridades esenciales del establecimiento y en general del mundo político. Se debe comenzar a debatir en universidades, en opinadores y centros de investigación sobre este asunto. Y claro, se debe intervenir esta situación. Esta columna de opinión apareció publicada originalmente en el diario El País

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El corregimiento El Saladito, en el departamento del Valle del Cauca ha sido epicentro de una fuerte polémica debido a que su Biblioteca Pública Comunitaria, bautizada originalmente como Mario Wagner (líder comunal), y que se fundó hace 15 años, hoy por hoy cambió de nombre. Ahora se llama Álvaro Uribe Vélez ¿Cuáles son las razones de ese cambio? El caso de la biblioteca de El Saladito no puede ser reducido a un asunto de debate en redes sociales entre uribistas y antiuribistas. De tajo, están en disputa, no solo la inversión en bibliotecas rurales, sino también cómo “garantizar la recuperación, preservación y acceso a la memoria colectiva del país, representada por el patrimonio bibliográfico y hemerográfico en cualquier soporte físico; así como la promoción y fomento de las bibliotecas públicas”, tal como está estipulado en por el Ministerio de Cultura. Irregularidades en el nombre de la biblioteca Frente a la atmósfera enrarecida que desató la situación de la biblioteca, el expresidente Álvaro Uribe señaló que nunca ha autorizado que algún sitio lleve su nombre, sin embargo, aún registra la página de la Alcaldía de Santiago de Cali: “El señor Mario Wagner Giraldo (q.e.p.d.) líder comunitario y en ese entonces presidente de la JAL, se dirigió al entonces presidente de la República doctor Álvaro Uribe Vélez solicitando su apoyo en la dotación de la biblioteca, de allí su nombre en agradecimiento al aporte realizado a la cultura del Saladito”. En este caso se manifiestan algunas anomalías. Por ejemplo, con respecto a las bibliotecas de los corregimientos aledaños— La Leonera, La Buitrera, Pance y Felidia— la biblioteca de El Saladito es la única que no tiene el nombre del corregimiento, además tiene la particularidad de que no es un nombre de carácter póstumo. Sobre la representatividad y el carácter simbólico Justamente, según como lo indica la Política de Lectura y Bibliotecas del patrimonio bibliográfico y documental, del Ministerio de Cultura: “Situarse en lo cultural permite concebir la cultura desde una perspectiva dinámica y en permanente configuración, la cultura como algo vivo que se crea y se recrea permanentemente, dependiendo de las necesidades de su contexto […] implica preguntarse por lo que se ha modificado, por lo que debe ser reconocido, por lo que debe ser recordado”. Allí radica, en gran medida, un debate que va más allá de lo ‘viral’ y que permite evidenciar la consigna manifestada por la comunidad en el sentido de expresar su deseo de cambiar el nombre de la biblioteca, ya que han manifestado que el expresidente Uribe no los representa, tal como ha dado a conocer la vicepresidenta de la JAC de El Saladito, Ana Ortega. Otra voz que se ha sumado a la discusión de fondo, proviene de la Secretaría de Cultura de Cali, que, por un lado, indica que es política local que no se nombren como personas a las bibliotecas, sino como el lugar donde funcionan, como puede constatar en los corregimientos que colindan con El Saladito. Sin embargo, por otro lado, la Secretaría ha manifestado que ha prescindido de realizar el cambio por considerarlo un acto “con tinte político”. ¿Cómo ha sido la lucha por conseguir una Biblioteca más grande para el corregimiento? Según está estipulado en el Plan de Desarrollo de 2008 a 2011, se buscaba una ampliación de la biblioteca pensada como un espacio cultural. Para ese momento, la comunidad había manifestado una ausencia de adecuación y dotación del espacio cultural ‘biblioteca – centro cultural’; como fue estipulado. La comunidad del corregimiento denunciaba que la falta de presupuesto y voluntad política eran problemas causantes de esta situación. Había una clara crítica a la insuficiencia de los escenarios adecuados para las pretensiones de los habitantes del corregimiento de El Saladito. ¿Qué viene para la Biblioteca de El Saladito? Como lo indica el documento de Política de Lectura y Bibliotecas del patrimonio bibliográfico y documental “los departamentos no asignan recursos para la labor patrimonial de sus bibliotecas. De hecho, menos de la mitad de los 32 departamentos del país tienen biblioteca departamental y de estos sólo tres asumen la responsabilidad de recuperar su patrimonio a través de la divulgación y recepción de colecciones por depósito legal según lo establecido en la legislación colombiana”. Precisamente, según la encuesta “Diagnóstico Cultural Preliminar en comunas y corregimientos”, la comunidad de El Saladito reconoce a la biblioteca como “patrimonio cultural, identidades y memoria”, pero según el diagnostico hay equipamiento cultural limitado y la comunidad ha tenido que recurrir a espacios no convencionales para la realización de actividades culturales. Según el informe más reciente del Plan de Desarrollo de El Saladito de 2016 a 2019, estas son las inversiones que se venían adelantando entre 2012 a 2015 a nivel general, por dependencia y el nivel de ejecución. En esta tabla se puede observar la inversión y ejecución del corregimiento de El Saladito, previo al Plan de desarrollo de 2016-2019. En esta tabla se puede observar la inversión desagregada por dependencias. En el caso de la Secretaria de Cultura, hay un bajo cumplimiento por medio del cuál no se puede llegar a determinar si se focalizó el presupuesto para la ampliación de la biblioteca Pública. Para finales de 2019, tal como lo estipula el Plan Nacional de Desarrollo en materia de Cultura, se espera que en el próximo mes de diciembre se hayan realizado cuatro intervenciones para el mantenimiento y adecuación de la biblioteca pública. Así las cosas, a falta del balance de inversión y ejecución de los más recientes años, la comunidad espera la ampliación de este espacio cultural y definir de qué manera quieren ser representados con la designación del nombre de su biblioteca. El decreto de Uribe Para 2010, a pocos días de que Uribe dejara la Casa de Nariño, se firmó el DECRETO 2907 DE 2010, con la firma presidencial, la del ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga y la ministra de Cultura de la época; Paula Marcela Moreno Zapata. En dicho documento se determinó que al Fondo para el Fomento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y Biblioteca Nacional, ingresarían las donaciones en dinero que efectúen “las personas jurídicas obligadas al pago del impuesto sobre la renta, con destino a la construcción, dotación o mantenimiento de las bibliotecas públicas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y de la Biblioteca Nacional”. Dicho fondo quedó estipulado para ser administrado por el Ministerio de Cultura, sin embargo, se priorizó la focalización de los recursos a los proyectos bibliotecarios ubicados en municipios de categorías 4, 5 y 6, en el marco del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. En el caso de la biblioteca de EL Saladito, de haber recibido donaciones estas tenían que haber sido avaladas previamente por el Ministerio de Cultura y la biblioteca Wagner Giraldo o Álvaro Uribe Vélez, como dice su letrero. En este procedimiento también tenía que estar detallado el presupuesto y las estrategias dispuestas por la biblioteca para llevar a cabo el proyecto. En este caso sería ‘la ampliación de la biblioteca para convertirla en un centro cultural’. Otro aspecto que llama la atención es que, en el decreto firmado por Uribe, en el ocaso de su segundo mandato, es que “los donantes amparados con el Certificado de Donación Bibliotecaria podrán deducir el 100% del valor donado respecto de la renta a su cargo correspondiente al período gravable en el que se realice la donación o, a su elección, amortizar dicho valor hasta en un término máximo de cinco (5) años gravables desde la fecha de la donación”. Cabe precisar que el donante debe escoger una de las dos opciones. Por otro lado, la deducción del valor donado también aplica si la misma fue en especie, según se dio a conocer, en el gobierno del expresidente Uribe habrían donado sillas y libros a la biblioteca. Sin embargo, la vicepresidenta de la JAC de El Saladito, Ana Ortega, ha manifestado que «El señor acá no ha hecho nada. Lo justo sería que fuera el nombre de una persona que dejara huella por sus ayudas», refiriéndose a Uribe. Además, en el mensaje referente al tema de la Biblioteca Uribe ni confirmó, ni desmintió haber donado.