Por: Redacción Pares Una comisión de la Contraloría General de la República por la Mojana Bolivarense, pudo verificar directamente que la disminución del caudal del río Cauca tras el cierre de la compuerta de Hidroituango, ha producido graves afectaciones en la vida socioeconómica de la región. La situación más preocupante se presenta en el corregimiento de Guacayamayo, del municipio de Achí, en el sur del departamento de Bolívar, que está literalmente sin agua y no está recibiendo alimentación para los menores de edad. La disminución de los caudales del río Cauca ha sumado 57 centímetros, desde el 16 de enero pasado, cuando se cerró la primera compuerta en Hidroituango, con lo que la actividad pesquera y cultivos como el de arroz se han afectado de forma sensible. Llamados de atención a EPM La Contraloría hace un llamado de atención a EPM para que se preste atención a los afectados. Además, se solicita que la empresa cense a los damnificados, haga un inventario de los daños ambientales y se definan acciones de contingencia para mitigar el riesgo derivado de la disminución de caudal del río Cauca. El organismo de control anunció que continuará el recorrido por toda la zona de influencia del río Cauca. El objetivo es recopilar las denuncias de los pobladores que necesitan atención ante la emergencia generada por el proyecto Hidruitango. «Hay tramos que se cruza caminando» Según el equipo de la Contraloría General que se desplazó la semana pasada por el río Cauca, “en la zona de los municipios de la Mojana bolivarense hay tramos que se pueden cruzar a pie”. Los Gobernadores de los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba han venido denunciando la disminución del caudal del río Cauca tras el cierre de la compuerta de Hidroituango, lo que ha producido graves afectaciones en la vida socioeconómica de las subregiones de las mojanas sucreña y bolivarense. Al finalizar el recorrido la Contraloría General de la República instaló en Magangué una mesa técnica.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El Consejo de Estado decidió el pasado viernes mantener la curul del exjefe guerrillero Seuxis Paucias Hernández ‘Jesús Santrich’, privado de la libertad desde el año 2018. Sin embargo, el mismo día, un presunto caso de corrupción hizo que esta decisión pasara a un segundo plano. La Fiscalía General capturó a cuatro miembros de la JEP que estaban recibiendo un millonario soborno supuestamente para favorecerlo en el proceso de extradición hacia Estados Unidos. Pares habló con Alirio Uribe, abogado defensor de Santrich. Una cadena de hechos El viernes en la mañana se conocieron dos hechos relacionados al exjefe guerrillero: el fallo a favor de Santrich por parte del Consejo que le dio luz verde para participar en política y la decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de no brindar más pruebas a Colombia. Santrich se encuentra en prisión desde el 9 abril del año pasado tras una orden de captura por parte de Estados Unidos por supuestos delitos de narcotráfico. Entonces, la Alta Corte negó el recurso interpuesto por la Cámara de Representantes para darle muerte política a Santrich. Desde octubre del año pasado, la Cámara expresó que debido a que el exguerrillero no se posesionó en los tiempos que estipula la Constitución, debía perder su investidura. Sin embargo, el Consejo decidió “Denegar la solicitud de pérdida de investidura del congresista Seuxis Paucias Hernández Solarte y, por lo tanto, declarar probada la situación de fuerza mayor en relación con su inasistencia a tomar posesión del cargo, de conformidad con el numeral 3 del artículo 183 de la Constitución Política”, reza la sentencia. El futuro de Santrich Tanto la Procuraduría General como la defensa de Santrich expresaron que en este caso hay una fuerza mayor que no ha permitido que el exguerrillero se posesione en la Cámara de Representantes. “Una vez cesara la fuerza mayor, que era la que debía haber cesado el viernes después de que Estados Unidos dijera que no iba a mandar más pruebas, él podía comparecer en el Congreso y tomar sus curul”, expresó a la Fundación Paz y Reconciliación Pares Alirio Uribe, actual defensor de Santrich en el caso de la pérdida de investidura. Sin embargo, con este episodio de corrupción en el que están involucrados el fiscal Carlos J. Bermeo de la JEP y el exsenador Luis A. Gil entre otros funcionarios públicos para favorecer presuntamente la no extradición de Santrich, pone en tela de juicio el futuro del exjefe guerrillero. Uribe explicó que desde el momento de la captura de Santrich, los procedimientos han estado fuera de lo estipulado por ley. “Jurídicamente el fiscal jamás debió detener a Santrich, se debió haber iniciado el proceso, debió haber ido al Congreso”, sentenció. “A mí me parece que esto es una trampa porque Santrich no tiene hoy en Colombia ningún proceso abierto, ninguna medida de aseguramiento vigente. Él estaba amnistiado, de hecho, es de los mandos que no tienen procesos abiertos en Colombia”, agregó Para el abogado defensor, si la Fiscalía encuentra pruebas de que este episodio de sobornos fue ordenado por él o era para favorecerlo a él significaría el cierre de un proceso de extradición pero, la apertura de otro, pues podría ahora terminar detenido por un soborno o un concierto para delinquir. “Entonces para eso es que van. Queda en libertad porque no es posible extraditarlo, es decir, la detención fue administrativa y arbitraria, pero quedaría vinculado a un proceso donde seguramente le impondrían una medida de aseguramiento”, añadió. De su lado, el partido Farc, creado a partir de los acuerdos de paz entre el gobierno anterior y la exguerrilla, dijo el fin de semana que todo se trata de “un montaje” por parte de la Fiscalía para retener más tiempo a Santrich y quitarle legitimidad a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se vio envuelta en el escándalo por parte de unos de sus funcionarios. ¿Por qué se mantuvo la curul? El Consejo de Estado señaló que Seuxis Paucias Hernández Solarte obtuvo su curul como Representante a la Cámara como consecuencia de la implementación del pacto de paz, sin embargo, el demandado no pudo tomar posesión del cargo en cumplimiento de la orden de captura internacional. Asimismo, reconoció que se encuentra privado de la libertad, “pese a que no existe un proceso penal vigente en su contra en el país y, por consiguiente, actualmente no es sujeto de una medida de aseguramiento”. Por su parte, Uribe expresó que en Colombia cualquier persona que sea detenida debe pasar por un juez dentro de las 36 horas siguientes. En este caso, Santrich va a completar un año detenido y ningún juez ha podido revisar la captura judicialmente porque es un trámite de naturaleza administrativa. En ese sentido, este es un caso de fuerza mayor por el que Santrich no ha podido ejercer como congresista, pese a las múltiples solicitudes a la Fiscalía para que lo dejaran posesionarse desde la cárcel. «El Fiscal le mintió al país» “El Fiscal le mintió al país. Dijo que tenía pruebas contundentes y resulta que no había ninguna prueba”, agregó Uribe. Por otro lado, un argumento central de la defensa y que el Consejo recogió, es que parte central del proceso de paz es la participación política. “Entre otras cosas en este proceso más que defender la curul de Santrich lo que defendí fueron los acuerdos de paz y el núcleo de la participación política”, dijo el abogado. “Ese era el espíritu del alegado, es decir, defender el derecho de participación política en virtud del acuerdo de paz”, explicó. No hay silla vacía Así las cosas, la Presidenta del Consejo de Estado, Lucy Bermúdez, dijo en rueda de prensa que “el partido sigue conservando la curul. La decisión lo que lleva es a decir que hasta aquí (…) no hay lugar a decretarle la pérdida de investidura es decir la muerte política, es decir, que no está inhabilitado por una decisión de pérdida de investidura para posteriormente postularse a cargos de elección popular”. Por lo pronto y de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución cuando un congresista tiene una medida de aseguramiento, caso tal de Santrich, este tiene una “falta temporal”, por lo tanto, se posesiona el que sigue en la lista de aspirantes. Por ahora el excombatiente Benedicto de Jesús González, ya está oficiando como Representante a la Cámara en la curul de Santrich, tras una serie de tutelas, y mientras se sabe el rumbo del caso Santrich él estará reemplazándolo. Con la decisión del Consejo de Estado y el pronunciamiento de Estados Unidos, Santrich estaba más afuera que adentro de las rejas, sin embargo, este episodio de corrupción deja en vilo una vez más su llegada el Congreso.

Por: Redacción Pares Según informe dado a conocer este lunes, 16 miembros de la fuerza pública se han acogido a la Jurisdicción Especial Para la Paz – JEP por hechos relacionados con la Unión Patriótica, y otros 4 miembros han solicitado su acogimiento por las mismas razones. Además, 13 exagentes del DAS han solicitado su acogimiento por hechos que podrían estar vinculados con este caso. Los generales José Jaime Uscátegui y Rito Alejo del Río fueron vinculados por el tribunal en este caso de de magnicidio. La Corporación Reiniciar y el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH coinciden en afirmar que se trata de más de 6.000 víctimas. El partido perdió su personería jurídica en septiembre de 2002 y solo la recuperó en el 2013 con una sentencia del Consejo de Estado que tuvo en cuenta la violencia sistemática contra los miembros de la UP. Las víctimas y la Corporación Reiniciar han insistido en expresar que la victimización de la que ha sido objeto «se denomina genocidio por razones políticas». Más de 6 mil víctimas del genocidio contra la UP El informe de la Fiscalía General de la Nación entregado a la JEP establece un universo de 1.620 víctimas de la UP. Por su parte, la Corporación Reiniciar identificó 6.613 víctimas entre 1984 al 2002, que corresponde a un total de 9.359 violaciones (esto debido a que una víctima puede haber sufrido más de un hecho victimizante). El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) estima este universo en 6.201 para el mismo período: documentó 4.153 víctimas de la UP asesinadas, desaparecidas o secuestradas, en hechos ocurridos entre mayo de 1984 y diciembre de 2002. Señala además que, entre ellas, «3.122 fueron víctimas de asesinatos selectivos, 544 lo fueron de desaparición forzada, 478 fueron víctimas de asesinatos en masacres, 4 secuestradas y 3 más en otras modalidades de violencia». La JEP tomó esta decisión a partir de dos informes: «¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional», de la Corporación Reiniciar, y «Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002», del Centro Nacional de Memoria Histórica. Los presuntos responsables La JEP estableció que 16 miembros de la fuerza pública se han acogido a ese tribunal híbrido expresamente por hechos relacionados con victimizaciones sufridas por miembros de la UP. Entre estos se encuentran un brigadier general, tres mayores, un capitán, un teniente, un subteniente, dos sargentos viceprimeros, tres sargentos segundos, un cabo segundo, dos soldados profesionales y un agente de inteligencia. Así mismo, se identificó a i) un mayor y un sargento mayor, cuyo acogimiento por las mismas razones está siendo decidido por la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas (SDSJ), ii) otros dos miembros más de la fuerza pública –de alto rango– quienes solicitaron acogimiento y cuya participación en hechos relacionados con la victimización a miembros de la UP se está investigando, y iii) 13 exagentes y funcionarios del antiguo DAS que han solicitado su acogimiento ante la Jurisdicción. Territorios donde se concentra la violencia contra la UP Los tres informes analizados identifican que los principales hechos victimizantes contra integrantes de la Unión Patriótica se concentraron en el Magdalena Medio, entre 1984 y 1988; en Urabá, entre 1986 y 1998; Meta, entre 1988 y 1992; Costa Caribe, entre 1996 y 2002; en el nororiente y nordeste antioqueño y el sur del país. Según la Fiscalía «el fenómeno se dio en, por lo menos, 27 departamentos». Y, como lo señala el Centro Nacional de Memoria Histórica, la violencia contra los miembros de la UP se presentó en 367 municipios, de los cuales 40 «concentran el 63,4 por ciento de las víctimas, es decir, 2 de cada 3». A pagar una deuda histórica El Estado colombiano, a través de la Unidad para la Reparación de las Víctimas, ha reconocido a la UP como sujeto colectivo de reparación. El caso sobre las victimizaciones sufridas por miembros de la UP cumple el criterio subjetivo de impacto relativo a la «afectación de sujetos colectivos». De hecho, el Consejo de Estado declaró dicho daño colectivo al señalar que la persecución por razones políticas sufrida por los miembros de la UP tuvo como propósito deshacer el partido para impedir su participación política, lo que configura un atentado contra el pluralismo y la democracia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado la existencia de un déficit de justicia frente a la victimización de la UP caracterizada por «una impunidad con múltiples facetas: fallas en la respuesta investigativa, impunidad delictuosa y metodologías de investigación inadecuadas para responder a los crímenes; y una relación estrecha entre impunidad y repetición de los hechos violentos».

Por: Redacción Pares Al parecer, por incurrir en un conflicto de intereses por el caso del mega proyecto arquitectónico Proscenio, denunciado por el periodista Daniel Coronell, se conoció que la Procuraduría General de la Nación ordenó abrir una investigación disciplinaria contra Enrique Peñalosa Londoño, alcalde de Bogotá. La denuncia periodística El periodista Daniel Coronell, a través de la columna de opinión «Lo que Peñalosa no quiere explicar» publicada el 23 de febrero en la Revista Semana, denuncia que el proyecto de construcción denominado Proscenio, pretende intervenir 7.000 metros cuadrados en la zona de La Cabrera, en el norte de Bogotá y consiste en un gran complejo arquitectónico con viviendas, oficinas, teatro y locales comerciales. Las firmas constructores del mega proyecto: Amarilo y Arpro de la familia Neme, aportaron fondos para la campaña del actual mandatario capitalino. Frente a estas acusaciones, el alcalde Peñalosa solicitó a los organismos competentes que hicieran la investigación necesaria y la Secretaría Jurídica del Distrito aseguró que él no ha incurrido en alguna falta. La Defensoría del Pueblo ya había advertido El pasado mes de enero, el Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, le había solicitado a Enrique Peñalosa revocar el decreto que modificó el proyecto de la constructora Amarilo, empresa que financió la campaña del alcalde. Tras las reiteradas omisiones e irregularidades en el trámite que surtió el controvertido proyecto, la Defensoría le solicitó al alcalde Enrique Peñalosa revocar el decreto que modificó el plan parcial Proscenio para el desarrollo de un proyecto urbanístico a cargo de Amarilo, empresa constructora que le donó dinero a la campaña política del actual mandatario. La Defensoría señala que la modificación no fue concertada con la autoridad ambiental competente, omisión que desconoce el Decreto 1077 de 2015 según el cual este trámite debe surtirse cuando los planes parciales que colinden con áreas de interés ambiental como el Parque El Virrey. La entidad también cuestiona que el nuevo decreto desconoce el régimen de usos del suelo y de los índices de ocupación. Por último, el oficio advierte la existencia de inconsistencias técnicas que pueden generar importantes traumatismos a la población habitante de la zona debido al caos vehicular que generaría el proyecto. ¿Qué es un conflicto de intereses? Un conflicto de interés surge cuando, como resultado de otras actividades o relaciones, un funcionario no puede tomar decisiones imparciales porque su objetividad se ha visto afectada por cuestiones personales y, en ese caso, la organización o empresas tienen una ventaja competitiva injusta frente a las demás.

Por: León Valencia, director – Pares Es posible que Jesús Santrich sea culpable de cometer delitos de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno de Colombia. Es posible que Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, haya entregado a las autoridades de Estados Unidos pruebas fehacientes de esos delitos. Pero los principales acontecimientos que rodean este caso resultan inverosímiles para cualquier observador imparcial. Ni la lógica, ni el sentido común, pueden aceptar como normales, como evidentes, los siguientes hechos: Un señor ciego, que está al cuidado de 60 policías en una casa de Bogotá, que debe ser acompañado hasta al baño para hacer sus necesidades, ha organizado la exportación de 10 toneladas de cocaína -óigase bien, diez toneladas- a los Estados Unidos. Esa fue la acusación pública que supimos el día de la captura de Santrich y todo el mundo la repite como si nada. Nadie, siquiera, se pone a pensar cuántas veces en los tiempos de Pablo Escobar o del Cartel de Cali, apareció una noticia de este tamaño en la prensa colombiana. Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, es detenido junto a Jesús Santrich y a los pocos días recibe en el lugar de detención una visita de las autoridades estadounidenses y logra que, en una charla, sus visitantes le den plena credibilidad. Entonces, rápidamente le levantan la orden de detención de Interpol y la justicia colombiana, a su vez, obvia varias acusaciones sobre fraudes en fondos para la paz y lo deja libre. De la noche a la mañana aparece en Estados Unidos como testigo protegido que entregará pruebas de los delitos de Santrich. Tan fácil todo. Tan fácil que alguien comprometido con una exguerrilla, que tiene un familiar en la cúpula de esa organización, inmediatamente lo detienen decida colaborar con una justicia que no conoce, una justicia con la que por primera vez tiene tratos. Tan fácil que los avezados investigadores de Estados Unidos crean instantáneamente en la palabra de un tipo al que ven por primera vez. Un tipo que se supone no tiene, en la celda de reclusión, los elementos materiales probatorios para mostrar y hacer creíbles sus acusaciones. Nadie se pregunta si el señor Marín, en realidad, conocía a sus visitantes de tiempo atrás y tenía vínculos más estables que simples palabras dichas en medio del desespero de una orden de extradición. La Justicia Especial para la Paz -JEP- le envía una carta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través del Ministerio de Justicia de Colombia, en la que le solicita las pruebas que inculpan a Santrich de participar en una trama de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz. El Ministerio de Justicia envía la misiva por medio de una empresa que transporta correspondencia llamada 4-72. Pasa el tiempo y no se produce ninguna respuesta de las autoridades estadounidenses. Ante algún requerimiento, contestan de Estados Unidos que la carta no ha llegado a su destino. Se sabe luego que se quedó varada en Panamá y la empresa transportadora hace un comunicado sorprendida y dispuesta a investigar qué pasó. No se tiene noticia de casos parecidos en el pasado. El primero de marzo es detenido en el hotel Marriot de Bogotá Luis Alberto Gil, alias el Tuerto Gil, junto a Julián Bermeo Casas, fiscal de la JEP, y dos personas más. La noticia dice que estas personas estaban recibiendo dinero para ayudar a que Santrich no fuera extraditado. Luis Alberto Gil había sido condenado hace algunos años por parapolítica, en lo tiempos en que ejercía como senador de la República. Fue reconocido como un gran aliado de los paramilitares en el departamento de Santander. El grupo político que ha liderado, bajo diversas denominaciones, siempre ha estado del lado del expresidente Uribe. Julián Bermeo es integrante de este grupo, y ha sido su candidato a cuerpos colegiados. Ahora resulta que enemigos jurados de Santrich están dispuestos a ayudarlo para que no termine en una celda en Estados Unidos, arriesgando a que los pillen y vayan a la cárcel. Resulta además, que una persona de la astucia y la experiencia del Tuerto Gil va a recibir dinero -no sabemos aún de quién- al hotel más vigilado de Bogotá que tiene cámaras en cada metro de sus zonas comunes.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares “Llevo más de 30 años trabajando por la paz de Colombia, contra viento y marea. Y no me arrepiento un solo instante por eso.” El Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc-Ep, el 24 de noviembre de 2016, puso fin a un cruento conflicto armado interno que duró más de 50 años, y Álvaro Leyva Durán fue uno de los artífices de dicho pacto. Ha sido reconocido por haber adelantado gestiones de paz con las guerrillas a lo largo de su vida pública. Fue secretario privado del expresidente Misael Pastrana, concejal, representante a la Cámara y senador. Cumplió un papel importante como miembro de la Asamblea Constituyente de 1991. Hoy en día sigue en su empeño por contribuir para construir la paz en Colombia. Pares: Acerca de la grave crisis que estamos viviendo por estos días con Venezuela ¿cuál es el origen de ese desajuste que tanto le preocupa a los países del continente? Álvaro Leyva Durán: La urgencia en Venezuela no es restablecer la democracia. Donald Trump no pide elecciones libres en Corea del Norte para hablar con el Jefe de Estado de ese país, tampoco pide elecciones libres, ni el reino de la democracia en Arabia Saudita. No. Lo que hay por encima de todo son unos intereses comerciales que dependen de la zona geopolítica. Estados Unidos está buscando su patio trasero y quiere recuperar sus mercados económicos naturales. Cuando eligen al nuevo presidente de Brasil, lo primero que hace Trump es mandar a su Secretario de Estado y le llama la atención sobre la necesidad de revisar sus relaciones con la China, porque se estaba creando un nuevo bloque Brasil, Sudáfrica, India, China y Rusia. Ese bloque se viene a manifestar ahora alrededor del tema de Venezuela. Por ejemplo la India comenzó inmediatamente a comprarle petróleo y a enviar productos de primera necesidad a los venezolanos. Esa realidad que se ve hoy no es un afán por democracia, sino es una estrategia de recuperación de mercados. Hoy no se habla por parte de los Estados Unidos sobre el tema de la urgente democratización de Venezuela, porque ellos ya comenzaron a renegociar y a llegar a un acuerdo con China sobre los aranceles. Esa realidad mueve inmediatamente su geopolítica hacia otra parte. Pares: ¿Cómo analiza el tema de la ayuda humanitaria que Colombia y Estados Unidos querían ingresar por la frontera en contra de la voluntad de Venezuela? A.L.D: Se intentó tumbar a Maduro, cuando existen los mecanismos multinacionales, comenzando por Naciones Unidas, que tienden puentes para darle una salida política al asunto. Terminamos hablando de invasión y de guerra y de ayuda humanitaria, cuando la ayuda corresponde hoy a unas normativas, eso tiene que ver con lo que se llama hoy el derecho a la injerencia. Se ha desarrollado toda una normativa que, incluso para intervenir, se requiere informar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por esa razón, organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que eso no era humanitario. Entonces, por franca ignorancia y por un pésimo manejo de nuestra Cancillería, no se establecieron unas reglas claras. Esto no se podía manejar a cabezazos. El espíritu es señalar mecanismos de solución política conminando al Estado a que repare su situación y se busquen soluciones políticas para mantener unido el Sistema Interamericano. Por eso después del intento de asistencia forzada del pasado fin de semana, viene ese freno el lunes en Bogotá con el Grupo de Lima. Con la secuela del invento de un gobierno paralelo con un mandatario reconocido por algunos países que termina por fuera de su país y hoy no sabemos qué va a ocurrir con él. «Entonces, por franca ignorancia y por un pésimo manejo de nuestra Cancillería, no se establecieron o se definieron unas reglas claras en el caso de Venezuela» Foto: Pares Pares: Entonces ¿ha habido un mal manejo del tema de la crisis con Venezuela por parte de Colombia? A.L.D: En esta situación hubo una falta de comprensión de lo que está ocurriendo en el mundo y un pésimo manejo. Falta de comprensión sobre todo de Colombia porque fuimos quienes tomamos el liderato de esto y me parece que Trump cogió al presidente Duque como de conejillo de indias de todo esto. El problema que teníamos antes lo seguimos teniendo, pero mucho más agravado porque hubo violencia el fin de semana, una circunstancia deplorable para todos los países que de alguna forma hicieron presencia. Por ejemplo, yo no veo qué tenía que hacer ese día en la frontera el señor Almagro, secretario general de la OEA, porque lo que a él le correspondía era ponerse por encima de las situaciones de hecho. Cuando se manifestó por parte de los países el rechazo hacia Maduro, en la OEA no se logró un consenso al respecto lo que suscitó una gran confusión. Es deplorable la situación porque se perdió autoridad moral y política. Ahora se dificultan todos los canales de comunicación para llegar a un entendimiento. Ni siquiera hay cómo conversar. Pares: ¿Quiénes desde Colombia han alentado esta crisis? A.L.D: Ha habido un camino, esto no apareció de la noche a la mañana. Algunas figuras nacionales han exacerbado los ánimos; por ejemplo vemos a la vicepresidente. Su preocupación permanente es por Venezuela, y el señalamiento constante que hace y cómo lo hace. El expresidente Uribe también ha azuzado de manera precipitada, por no decir absolutamente irresponsable. Yo creo que ahora se han dado cuenta que se equivocaron porque nunca habíamos estado tan cerca de un conflicto armado en donde el mayor poder del mundo, desde el punto de vista militar y económico, está tan involucrado. Y es la primera vez que estando a las puertas de una situación tan difícil, no se convoca a los partidos, ni a los gremios, no se llama a los sindicatos, ni a las organizaciones de base. No hay un llamado nacional a la unidad, y eso es muy grave. Pares: ¿Por qué el presidente Duque no ha hecho ese llamado nacional que usted reclama? A.L.D: Cuando uno pone al país en riesgo, lo primero que debe hacer es convocar a su propio país. Hay una profunda falta de visión por parte del presidente Duque. Se le está indicando a la opinión pública con esta situación, que hay un enredo del que le han dejado totalmente por fuera. No hay un consenso en la nación, el presidente no se ha dirigido al país para explicarle lo que está ocurriendo y cuáles son los compromisos que se han adquirido con otros jefes de Estado, particularmente con Trump. Esto es lo que nos convierte en un país lotería, porque bajo estas circunstancias aquí puede pasar cualquier cosa y naturalmente eso vicia los comportamientos de la administración. No hemos visto al presidente rodeado por el Congreso, ni por su bancada. Nada. Lo que hemos visto es algo azaroso, no por la situación misma, sino por una falta de conducción clara por parte del Presidente, que es quien representa a la República de Colombia. Hay carencia de liderazgo, carencia de convocatoria y de conducción, y eso es muy grave. «Esto es lo que nos convierte en un país lotería, porque bajo estas circunstancias aquí puede pasar cualquier cosa y naturalmente eso vicia los comportamientos de la administración.» Foto: Pares Pares: ¿Cómo analiza la situación actual del gobierno con la guerrilla del ELN? A.L.D: Estamos en la consolidación de un proceso de paz mirando nuevos instrumentos para proseguir en ese camino con el ELN y con otros grupos al margen de la ley, pero desde el gobierno no han sido claros con respecto a la paz nacional, y a esa falta de claridad se le suma un caos como el de la frontera con Venezuela, pues el panorama que se pinta deja mucho que desear. El presidente Duque debería hacer una gran convocatoria nacional para articular al país. Las instituciones no están operando en función de lo que el Presidente está viendo porque finalmente no sabemos qué es lo que quiere, no conocemos cuál es el norte y mucho menos la meta, y si uno no tiene una meta entonces arranca, pero no llega. Lo digo de manera constructiva, no quiero de manera gratuita golpear al presidente Duque, pero él va a tener que posesionarse, asumir lo que le corresponde que es la jefatura única del Estado, no una jefatura compartida con el expresidente Uribe. Hay un cogobierno, y eso es dañino para el país. En cada cartera hay un desarreglo. Por ejemplo, muchas decisiones que se toman en el Ministerio de Relaciones Exteriores van en contravía de los más elementales principios del derecho internacional público, como es el no aceptar unos protocolos en el caso del ELN para poner a Cuba una sin salida. Es imposible que un hombre como Holmes Trujillo, que ha transitado los campos internacionales, venga a decirnos que no hay protocolo con el ELN. No deja de ser risible, pero es grave. O lo hace por ignorancia o porque hay una intención dañina. Y así está pasando actualmente en todos los campos del Estado. Pares: ¿Qué va a pasar ahora que el gobierno del presidente Duque desconoce el protocolo firmado por el ex presidente Santos con el ELN? A.L.D: Se pueden dar el lujo de no cumplir el protocolo con el ELN, pero hay unos acuerdos que benefician a la comunidad no combatiente, como el desminado; es una vergüenza que se quiera pasar por encima de eso. El Estado está para reconocer y exaltar derechos, no para golpearlos, y la paz es en la actualidad el derecho cúspide, porque si no hay paz, no se pueden garantizar los demás derechos. El proceso con el ELN hay que sacarlo al otro lado. Se le exigen unos comportamientos previos que son de ángeles para llegar al cielo; pero el Gobierno es el que tiene es que aproximarse al enemigo, al bravo, al que está equivocado. Dicen los entendidos que el texto de cabecera del Comisionado de Paz, que a propósito nadie sabe si sigue yendo a la oficina, es ‘El arte de negociar sin ceder’ de Roger Fisher, y eso es una enorme equivocación. En estos momentos difíciles con la guerrilla, se requiere estatura. Pares: ¿Negar el conflicto interno va en esa dirección de refundar la historia de los últimos 60 años y además ‘hacer trizas la paz’? A.L.D: Todo el engranaje del proceso de paz está cimentado en la realidad de que en Colombia hay un conflicto interno. Hay situaciones claras que lo manifiestan, por ejemplo el Protocolo de Ginebra y todos los doctrinantes dicen que cuando se utiliza el Ejército, La Fuerza Aérea y la Armada al interior de las fronteras quiere decir que se vive un conflicto interno. Esa es la prueba reina. El artículo 213 de la Constitución Nacional dice que cuando una situación interna no se puede manejar a través de la Policía, hay que dictar el Estado de Conmoción Interior y aquí lo normalizamos. Los Estados vanidosos podrán decir que eso es bandolerismo y terrorismo, no aceptarán que hay conflicto interno. Pero aquí la prueba reina existe de acuerdo con las normas internacionales, la doctrina internacional y de acuerdo con los usos del Derecho Internacional Humanitario. Por supuesto que con esta teoría lo que se busca es darle un golpe al proceso de paz. Hay ignorancia y desconocimiento de obligaciones internacionales, desconocimiento de las normas, desconocimiento de la misma Constitución y eso es gravísimo. Estamos frente a una situación de desinstitucionalización del país. Cuando digo que aquí hay un cogobierno, un gobierno compartido con otra cabeza, obviamente eso molesta y puede afectar la sensibilidad del Presidente, pero es la realidad. Es como cuando a usted le toman una radiografía del pulmón y le dicen que hay una mancha; yo llevo 30 años comprometido con la paz y lo que hago, sin ningún interés político o partidista, es tomar radiografías, y en este momento considero que hay una falla estructural en el manejo del Estado. Pares: ¿Por qué sostiene que la JEP ha sido atacada sistemáticamente por el actual gobierno? A.L.D: El sistema de justicia transicional ha venido siendo menoscabado por el Gobierno. Hay una falsa interpretación y una equivocación de fondo porque no se han hecho las lecturas correspondientes de la realidad nacional. Aquí estamos en los primeros meses de un gobierno que se supone que va a durar cuatro años, entonces lo que pude darse es una tragedia, no para Santos, ni para los que intervinimos en el proceso de paz, sino para la República de Colombia. El Acuerdo de Paz ha sido saludado por la Comunidad Internacional como un ejemplo para el mundo, por su vocación de reconciliación, la rapidez con que fue alcanzado, su rigurosidad y por la consistencia de las técnicas jurídicas empleadas. La JEP no es un tribunal nacional, sino un híbrido donde se conjugan principios de Naciones Unidas, normas de Derecho Internacional, normas de Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Estatuto de Roma. Hay una visión de fondo de una tragedia que padeció Colombia durante muchos años. En La Habana se rechazó la jurisdicción ordinaria porque se decía que el Estado, que había sido parte, no tenía la condición suficiente para ser juez ¿cuándo se comprobó que teníamos razón?, cuando aparece el cartel de la toga. Uno no puede mantener y sacar al otro lado el sistema de justicia transicional cuando su máxima Corte de Justicia está en manos de un cartel. Además, cuando el Fiscal General es un contradictor de todo lo que se ha hecho por la paz, y él lo hace por vocación o porque le está haciendo un mandado a los enemigos del proceso. «Lo que hay es un gran temor a la verdad, y si no hay verdad no puede haber reconciliación, ni arrepentimiento, ni reconocimiento de las víctimas y reparación.» Foto: Pares Pares: ¿Es un ataque contra la verdad de este horror que hemos sufrido durante más de 60 años y que puede surgir del sistema de justicia transicional del que hace parte la JEP? A.L.D: Lo que hay es un gran temor a la verdad y si no hay verdad no puede haber reconciliación, ni arrepentimiento, ni reconocimiento de las víctimas y reparación. Si no hay un conjunto de definiciones en las que participen todos, no puede haber compromiso de no repetición. Por eso se llama Sistema Integral de Justicia, perdón, verdad y no repetición. Sin la verdad no puede haber gobierno, y es la gran realidad sobre la cual tiene que navegar el presidente Duque. Los acuerdos de paz no los pueden destruir, hacer eso es hacer en el interior lo que se pretendió hacer con Venezuela, es una declaratoria de guerra, es traicionar una esperanza. Lo que se hizo fue un sistema de paz en donde el hombre es la finalidad y no la norma por encima del hombre. Si no es así, terminamos dependiendo de si el Presidente sanciona o no una norma, no. Lo que está de por medio que es la paz de Colombia, aplasta esa necesidad de lo normativo, no puede estar por encima de las víctimas ni por encima de la verdad. Si se hace trizas el Acuerdo de Paz, el Presidente incurriría en una responsabilidad internacional, aquí la responsabilidad del Estado es frente a la comunidad internacional porque estas son normas de universal acatamiento. Los crímenes de lesa humanidad y contra el DIH no son locales, son un atentado contra la comunidad internacional. Si esto no se encauza de forma correcta, si no hay un liderazgo de Estado, si no hay una capacidad en la majestad presidencial en función de Colombia, de la humanidad y la civilización. No hacerlo tiene un costo grande, pero sobre todo un costo histórico que el presidente Duque tendrá que cargar.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Este viernes, después de conocerse que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no va a brindar más pruebas a Colombia en el caso del ex guerrillero Jesús Santrich, la Fiscalía General informó sorpresivamente un supuesto caso de corrupción que iba a incidir en el trámite de la extradición. “Capturado el fiscal Carlos J. Bermeo de la JEP, junto con 4 personas más, incluido el exsenador Luis A. Gil en operativo adelantado en 2 hoteles al norte de Btá., en momento en que recibían 500 mil dólares a cambio de oferta para incidir en trámite extradición de Zeuxis Hernández”, señaló el ente judicial en su cuenta de Twitter. El caso Bermeo, un nuevo elemento en la historia Santrich Lo curioso del caso es que Bermeo fue candidato a la Alcaldía de Popayán en 2015 por el partido Opción Ciudadana; y por su parte Luis Alberto Gil, fue condenado por parapolítica pero dejado en libertad tras cumplir las tres quintas partes de su condena, ambos de tendencia conservadora. Sin embargo, el viernes, según la Fiscalía, fueron capturados por pretender interceder en el caso Santrich. El ex guerrillero de las Farc fue capturado en su residencia en abril de 2018 por delitos relacionados al narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz firmado dos años antes. El 7 de mayo fue solicitado a extradición por Estados Unidos, sin embargo, desde ese momento ha habido una batalla entre tres frentes: Norteamérica, la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los dos primeros han insistido que tienen las pruebas para llevarlo a juicio. Por su parte la Fiscalía dijo haberle enviado audios a la JEP. Sin embargo, el tribunal especial, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP, decidió solicitarle más pruebas a ese país para dar o no el aval de extradición. Dicha petición fue negada este viernes. “Ahora la JEP tiene unos días para responder si hace una nueva petición -una especie de apelación-, o si decide qué pasa en el caso Santrich”, expresó Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. ¿Qué sucede con la extradición de Santrich? “Más allá de eso hay en este momento tres cosas ciertas. Lo primero, según la Corte Suprema de Justicia y según la jurisprudencia colombiana, está primero el derecho de las víctimas de saber la verdad y la justicia, que la extradición”, agregó. En segundo lugar, explicó que hay muchos mandos medios que han reincidido en los grupos “PostFarc o disidencias” ya que ellos alegan inseguridad jurídica sobre todo después de la captura de Santrich. “Yo no sé si el señor santrich sea culpable o inocente, lo cierto es que si (…) lo extraditan, muchos más mandos medios van a reincidir y los problemas de las disidencias se nos van a agrandar”, añadió. Por último, señaló que la prueba de fuego de Santrich comienza en unos días cuando tenga que colaborar con la JEP donde él tiene que contar todo con respecto “a secuestros, ataques a fuerzas militares, los temas de pescas milagrosas. Todo lo que él sepa para que las víctimas sean resarcidas en su memoria o en la reclamación de verdad, en el tema de justicia y sobre todo en la petición de perdón”. Lo que dice la JEP Antes de conocerse de la captura del ex senador y el fiscal, el foco mediático estaba centrado en el futuro que tendría Santrich luego de que Estados Unidos decidiera abstenerse de brindar más información. También el Concejo de Estado decidió mantenerle la curul, de acuerdo con el cumplimiento de los puntos del pacto que les permitía participar en política. De acuerdo con el analista, tras el episodio de presunta corrupción estas tres consecuencias de la extradición no se modifican, pero sí es un golpe muy duro a la credibilidad de la JEP. Según el pronunciamiento del tribunal, Bermeo hace parte de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, la cual “no tiene ninguna participación en los procesos donde se estudian las solicitudes de garantía de no extradición, contemplada en el artículo 19 transitorio de la Constitución Política”. En ese sentido, en el proceso de Seuxis Paucias Hernández, la UIA no desempeñaba ningún rol. Lo cual genera más inquietudes de por qué la Fiscalía los capturó en flagrancia para interceder en la extradición. “La sección de revisión solicita a la fiscalía general de la nación que” se de “mayor celeridad a la investigación que se adelanta por los hechos informados hoy y rechaza y condena cualquier acto de corrupción que afecte a la administración de justicia”, sentenció el alto tribunal. Por lo pronto, la Fiscalía se dedicará a investigar quiénes son los demás implicados en este caso de presunta corrupción. Sin embargo, Santrich aún no ha sido absuelto y sus detractores seguirán pidiendo su salida del país, mientras las víctimas claman por la verdad.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares “De las ilusiones que me hago a alguna llego./ Yo no nací para morir antes de estar muerto. Olvídese/ (…) me he planteado otras consignas para ser feliz entre la realidad cotidiana”. Estos versos son de Helí Ramírez, poeta colombiano que —entre otras cosas— llevó la poesía al lenguaje barrial, es decir la puso de frente a la gente, la hizo real, palpable, tangible. Fotografía participativa Estos versos tienen que ver con la historia de este artículo, que está inspirado en el proyecto ‘Relatos Internos’, una propuesta de fotografía participativa. Esto se debe a que el proceso está pensado para jóvenes y adolescentes entre los 14 y 21 años, privados de la libertad en Centros de Atención Especializada (CAE). El equipo del proyecto expresa la importancia de los relatos contados a través de la cámara, para plantarle cara a las brechas y buscar la construcción de paz. Justamente, trabajan con los ‘pelados’ en el Centro Juvenil Amigoniano de la ciudad de Tunja, desde la ‘fotografía estenopeica’. Este tipo de fotografía es una técnica casi inverosímil, porque con los elementos más básicos demuestran que sí se puede hacer una cámara capaz de lograr fotografías a placer del fotógrafo. *** “Con unas cajas de cartón y con un tarro de leche Klim, que de hecho recuerdo que decía apto para niños de 3 años, fueron los materiales con los que más adelante generé mis cámaras”, dice Luis Felipe Duarte Hincapié, quien hizo parte del proyecto, mientras estuvo recluido por algo más de un año en el Centro Juvenil. Duarte no se reconoce como una persona a la que se le facilita expresar con palabras lo que siente, sin embargo encontró en el lenguaje fotográfico la forma para soltarse. Por ejemplo, según Duarte, la fotografía cambia la forma de estar consigo mismo, porque como dice él, el engome de la fotografía lo llevaba  pensar todo el tiempo en los encuadres y más aún cuando “allá dentro a uno siempre le hace falta algo y los talleres me permitieron darme algo en que pensar y ver la vida irremediablemente de otra forma, porque ya uno empieza a ver fotografía en las cosas que uno antes ignoraba con los ojos (…) es que uno va caminando y  piensa… ¡Uy aquí saldría severa foto!”. Un proyecto que pone a los jóvenes en una paleta de grises, de matices Para Francesco Tetti, tallerista de la técnica de la fotografía estenopeica, las actividades tienen una importancia en ese carácter didáctico, pues la construcción de las cámaras permite que los jóvenes se relacionen directamente con la forma en cómo funciona una cámara. Francesco, quien se define como fotógrafo italiano, porque nació en el país con forma de bota, también se siente, por adopción, parte del continente latinoamericano. Tal como lo cuenta Francesco, “a lo largo de los ocho talleres de construcción de las cámaras, nos confrontamos para buscarle solución e ir potenciando las fotos y que estas vayan siendo más fieles a lo que buscan revelar”. El tallerista, a lo largo de sus intervenciones, fue muy enfático en que no hay una sola rúbrica a seguir ceñidamente, debido a que la fotografía estenopeica permite explorar diversas posibilidades que van arrojando los materiales que son prospecto de cámara. «La fotografía nos permite la libertad de expresarnos» Francesco, visiblemente emocionado señala que el proceso, tal como lo ha podido constatar con los jóvenes, les ha brindado la sensibilidad que demanda la fotografía. “La fotografía nos permite la libertad de expresarnos, eso es liberador aun en presencia de los muros, ya cuando se vuelven dueños de la técnica al entender cómo funciona la luz, el diafragma, la exposición, etc.; ellos entran en el proceso que auspicia la conciencia de sí mismos”. Ya con los insumos, indica Francesco, empieza a generarse la narrativa desde las experiencias que han vivido y de qué manera buscan representarlas en la fotografía, “esto evidentemente sin la pretensión forzada de que quien mire el trabajo, entienda a pleno su intención”. Además, el proceso es ganado para el tallerista cuando los jóvenes acceden a la reapropiación de la materialidad de la fotografía, rompe la variable inmediatez-fotografía “porque ya no solo es mostrarla en una pantalla, sino que se necesita un ‘estar físico’. Tener físicamente la fotografía en la mano, me parece, que regala otro tipo de tiempos y experiencias”. *** ‘El camino antagónico’, la fotografía de Duarte “Lo primero que habría que decir, es que a pesar de que uno está todo el tiempo relacionado con imágenes, uno no piensa más allá de lo que uno puede representar en una fotografía o por lo menos no de la forma en que lo pensé en los talleres de Relatos Internos. La primera sorpresa fue cuando Francesco nos dijo que nosotros teníamos que crear nuestra propia cámara, ahí me surgieron muchas dudas de cómo íbamos a plasmar la imagen, porque si de hecho me parecía complejo generar una fotografía pues más me pareció crear una cámara”, cuenta Luis Felipe Duarte. El proceso se iba haciendo más interesante en la medida en que entraban en relación directa con los materiales, conforme a ver qué incidencia tienen los mismo para el funcionamiento de la cámara. “Hacíamos las cámaras con los materiales que teníamos a la mano en el centro de reclusión. Por dentro todo debía ser negro para que entrara únicamente la luz pequeña que suele hacerse con una aguja”. Conforme a como lo iban construyendo, Francesco la medía y ahí podían establecer cuánto tiempo de exposición de luz debían tener para lograr la fotografía. “Yo quería relatar la convivencia, de lo que nosotros vivíamos internamente porque nosotros no somos personas malas, de hecho, en este proceso me permitió reconocerme y reconocer personas con las que uno convivía”. Duarte cuenta que mientras pensaba en sus fotografías, quería lograr plasmar alegría, movimiento, color. Por ejemplo, me cuenta que buscaba plasmar la naturaleza, porque para él “lo que transforma un lugar es la belleza natural”. Antes de realizar la fotografía, Francesco les daba un papel para hacer la prueba, si quedaba bien ya iban por el papel grande y la idea era plasmarla exactamente igual. Después, cuenta Duarte, se postergaba la espera de lo que sucedía en el cuarto oscuro. Si habían logrado la fotografía o no. Ensayo-Error “Por ejemplo la primera vez a mí se me quemó porque por algún lado entró luz, entonces tocaba ir y volver a sacar la fotografía. Como la primera vez se me había quemado, esta vez la dejé menos expuesta al sol, sin embargo, cuando la fuimos a revelar no se veía nada. Eso fue a ensayo y error, hasta ver cómo eran los tiempos de mi cámara, ver que tanta exposición me servía para lograr mis fotografías”. “La emoción cuando empezamos a ver que el papel ya se revelaba las fotografías que queríamos lograr, era una sensación muy extraña casi como irreal. Pues, uno ahí sujetando su primera foto, parece bobo, pero cuando uno camella en el proceso tiene resto de sentido”, le resultaba una paradoja sentir libertad, estando adentro. *** Ahora Duarte está estudiando Administración de Empresas, pero sigue insistiendo en que eso tampoco lo define a él, como no lo definió nunca el estar en ese centro de reclusión. “Yo cuando llegué al centro de reclusión sentí miedo porque uno piensa que la gente que está ahí es mala, pero en los talleres yo redescubriendo que las cosas eran distintas. Lo que puedo decir es que lo que nos definía no era un rótulo sino más bien lo que nos definía lo estábamos buscando en la fotografía, ahí había más cosas reales de nosotros de lo que se dice de nosotros”. Para Duarte, el taller fue dignidad entre tanto aturdimiento.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Aún no se sabe con certeza qué camino va a tomar el presidente Iván Duque con la ley de procedimiento que le da vida a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, tribunal creado por acuerdo entre el gobierno y la exguerrilla de las Farc. Algunos expertos apuntan a que Duque va a objetar algunos temas. Desde el Centro Democrático, partido político del mandatario, le han solicitado expresamente que objete completamente la ley. Según la bancada de derecha, esta ley de procedimiento debe ser modificada porque da impunidad a los excombatientes que cometieron delitos de violencia sexual contra menores. «El uribismo quiere enterrar la verdad» Sin embargo, los congresistas que apoyan el Acuerdo de Paz han dicho que estos beneficios penales aseguran una verdad más completa en el momento en el que, los victimarios, empiecen las audiencias para relatar lo sucedido durante el conflicto armado. El expresidente y actual senador Álvaro Uribe “le ha pedido a Duque, le ha pedido a toda la derecha en las columnas (de prensa) del fin de semana que objete la ley. Ahí tenemos un nuevo pulso entre esta nueva corriente histórica de buscar la verdad y la paz, y tenemos una corriente dura que se enfrenta a eso y quiere enterrar la verdad”, expresó León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. Uribe visitó el fin de semana el departamento del Quindío, donde expresó que “la realidad del país muestra que no es posible eliminar (la JEP) pero sí reformarla. Le agregaría que solamente fuera competente para delitos que se hubieran cometido hasta el primero de diciembre del 2016”. Valencia aseguró que el uribismo quiere enterrar la verdad, la memoria, y la justicia transicional. Por lo tanto, ha encontrado el pretexto para demorar la ley que reglamenta la JEP. El Congreso ya la aprobó desde el año pasado, salió derrotado el uribismo y luego fue a la Corte Constitucional. Ahora el texto está a una firma del presidente. Pugna por los acuerdos de La Habana Después de varios trámites legislativos y el aval del máximo tribunal de justicia a la ley estatutaria, esta quedó en suspenso tras la serie de peticiones por parte de la bancada uribista. Si Duque la objeta habrá un choque de trenes y entrará en un limbo, si no lo hace su mismo partido ya tiene varias opciones para hacerle reformas a dicha ley. En el 2019, cuando ya se creería lista esta ley normativa, “se volvió a discutir la posibilidad de que el presidente Duque objete esa ley o parte de esa ley estatutaria, y deje sin reglamentación por un tiempo más a la JEP”, añadió Valencia. Según el analista, los actores que le hacen oposición a la paz siguen siendo los mismos. “La derecha por todos los lados tratando de enfrentarse a la memoria, a la verdad, a la justicia que trajo el acuerdo de paz, esta vez la arremetida es dura es fuerte, pero también hay unos defensores del derecho de los acuerdos que se hicieron, y también de la labor que cumplió el Congreso de la República y luego la Corte Constitucional”. De acuerdo con la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, si Duque sanciona el texto entonces presentarán un proyecto de ley en el Congreso para hacerle cambios. De manera paradójica dijo que lo haría con el apoyo del gobierno, puesto que, según la congresista el mandatario “dijo muchas veces (en campaña) que los delitos contra los menores no serían susceptibles de la justicia transicional”. También aseguró que Duque “repitió incansablemente que los criminales de lesa humanidad tendrían que pagar penas privativas de la libertad, aunque sea en colonias agrícolas”. Ahora bien, si no pasa la ley, acudirán a la ciudadanía para recoger firmas y convocar a un referendo. “Está vivo el debate de la paz» “Esa discusión lo que está demostrando es que está vivo el debate sobre la paz, que esto no ha terminado, que vamos a seguir en una pugna dura durante todo el tiempo y claro, ahora a Duque le toca tomar una decisión”, expresó Valencia. Y añadió que el presidente debe pronunciarse sobre si objeta o no la ley en los próximos 10 días. Esta ley fue discutida y aprobada en el Congreso y aunque salieron derrotados los detractores de la paz, las fuerzas mayoritarias que estaban por el sí y por la paz, sacaron esta ley con muchas dificultades. “Si la objeta volvemos a un círculo vicioso, vuelve al Congreso, se vuelve a discutir y es posible que vuelva a la Corte según la manera como la objete el presidente Duque. Y vamos a estar en esta discusión en estos días y es una discusión clave, es la discusión por la justicia de la paz, por la memoria, por la verdad”, agregó. “Ya vimos que el uribismo quiere enterrar la verdad, enterrar la justicia y salir de este conflicto como si no hubiera habido conflicto”, dijo Valencia. Esto se refleja en lo expresado por el nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, elegido por Duque. Acevedo ha manifestado en varias ocasiones que desconoce el conflicto armado y, por lo tanto, ha generado el rechazo total de las víctimas y de su propia alma máter. Por ahora continuarán las disputas entre los que están a favor y en contra de implementar todo lo acordado en 2016 entre el gobierno anterior y las Farc. Mientras tanto, la ley estatutaria seguirá en el escritorio del presidente Duque, pero todo apunta a que regresará al Congreso.

Por Daniel Parra Villamizar. Colaborador PARES Hace una semana Cúcuta volvió a estar en el radar de todos: dirigentes, políticos, artistas, y sobre todo, los grandes medios de comunicación del país. Sin embargo habría que analizar con profundidad porqué solo ante una eventualidad política, o un hecho trágico, las plataformas mediáticas y las empresas de comunicación tradicionales centran su atención en esta ciudad fronteriza. Para esta ocasión, el concierto ‘Venezuela Aid Live’ era la razón suficiente para hacer un cubrimiento periodístico de grandes dimensiones. Era un concierto diferente, tenía esa esencia política e informativa que huelen y perciben los periodistas –además de ser un, autoproclamado concierto humanitario-. Desde que anunciaron la realización del evento y la confirmación de ciertos artistas, en Cúcuta predominaban dos sensaciones: alegría y entusiasmo, pero también desinterés y temor. Del concierto se hablaba hasta en las busetas La primera se basaba en la oportunidad de “conocer”, ver, y escuchar a esos cantantes de talla internacional que suscitan pasión y emoción entre algunos ciudadanos. La segunda, orientaba sus justificaciones hacia el tedio que produce la multitud, la inseguridad de la ciudad, y un posible enfrentamiento bélico con Venezuela. Así entonces, en las calles se oía “qué rico, vamos a ver a Maná, a Fonsi, y a Juan Luis Guerra”, y “eso estará llenísimo, qué miedo ir por allá a que lo roben a uno, o qué tal que caiga un misil”. El tema estuvo presente toda la semana, era el punto en común que tenían los ciudadanos para dialogar e interactuar entre sí. Del concierto se hablaba en las busetas, en los colegios, en las universidades, en el trabajo, en los parques, y en los restaurantes. Literalmente, se escuchaba en todas partes a la gente hablando de él. Esa misma semana también llegaron medios nacionales e internacionales que querían cubrir el evento. La expectativa crecía, y los asistentes empezaban a llegar desde el día anterior para obtener una mejor ubicación y poder “estar cerca a la tarima”. Fue por esta razón que desde el jueves en la noche ya se podía observar a la gente llegar a los alrededores del Puente Internacional Tienditas. El viernes a las 6:15 de la mañana empezó el ingreso de personas, y siendo las 7:20 AM se mencionaba, entre la logística del evento, que habían ingresado 3 mil y que esperaban a 250 mil personas. Y empezó el ‘show’ El ambiente era movido, además de las decenas de personas caminando por el anillo vial, también se podía observar a los vendedores informales que, preparados desde el día anterior, habían cargado sus baterías para aprovechar el concierto y ofrecer sus productos al público. En su mayoría, se veía a los comerciantes ofrecer agua, bebidas gaseosas, y energizantes. Unos llegaban con sus hieleras de plástico o icopor, otros con sus zorras y carretas. La oferta al público en comidas y bebidas estuvo variada, se podía encontrar desde mango con sal, hasta pasteles de garbanzo, chuzos y perros calientes. El calor, como todos los días en Cúcuta, fue el invitado principal y, desde muy temprano, el sol se erguía sobre la ciudad. Variable que aprovecharon otros para vender gorras, sombreros y sombrillas. Entre la planificación del evento se consideró disponer de 1.500 uniformados para brindar el apoyo necesario . Y ahí estuvieron, entre agentes de tránsito, policía, y grupos antiexplosivos, se podían notar los 1.500 que mencionaban. Las autoridades se movilizaron hacia el lugar. También se vio al Grupo de Operaciones Especiales (GOES), y a la Defensa Civil. Todo debía estar plenamente controlado, y en especial, porque a las 7:25 arribaría Richard Branson en su caravana de camionetas blancas, y sus escoltas a pie rodeándolas. Branson iba sentado de copiloto en la primera camioneta. Llevaba el vidrio abajo y lo fue subiendo en la medida en que iban llegando espectadores a intentar tomarse fotos con él. Sus escoltas que iban a pie, mantenían distantes a los que llegaron eufóricos por la foto. Finalmente, Branson subió el vidrio e ingreso por la entrada VIP (donde se ubicarían patrocinadores, prensa, figuras públicas, y los ricos de la ciudad). Asistentes de primera y se segunda clase Para ingresar al evento habían dos entradas: la VIP ya mencionada, y la General, donde entrarían todos esos espectadores que desde la noche anterior guardaban puesto esperanzados de ver cercanamente a sus cantantes favoritos. Al entrar, la idea de estar cerca a la tarima se fue cercenando. La división entre las dos ubicaciones era visible. Al público general lo separaban 50 metros del público VIP, y a unos 100metros de la tarima. Para algunos, la división fue mal vista. Aludían a razones clasistas y xenófobas. Otros, justificaban la separación por temas de logística y seguridad. No obstante, el concierto transcurrió sin inconvenientes. Las presentaciones empezaron a las 11 am y terminaron al finalizar la tarde. Muchos asistentes se fueron pero otra parte del público decidió hacer una vigilia en un lugar cercano. Su intención obedecía al plan de dirigirse “en caravana” hasta el paso fronterizo y ayudar a ingresar las ayudas humanitarias estancadas en Cúcuta. Entrega humanitaria, el ‘show’ debe continuar El sábado en la mañana PARES encontró el campamento en el que había un letrero de TUR Colombia Group (Quality Strategies And Solutions) –empresa que ofrece servicios de maquinaria amarilla-, en él decía “Paz y Libertad para Venezuela”. El espacio estaba acondicionado con baños portátiles, una tarima con sonido, y algunas carpas en las que durmieron los intrépidos voluntarios. A diferencia del día anterior (día del concierto), en esa mañana del 23 de febrero, y en esos alrededores del paso fronterizo, la custodia militar fue más visible. Sobre el anillo vial se encontraban ubicados soldados del ejército en intervalos de 200 y 300 metros. Esto alertó medianamente a la comunidad, a los ciudadanos, y más, porque en la noche del 22 de febrero, el Comité Permanente de Derechos Humanos de Norte de Santander (CPDH) había denunciado la presencia de tanques de guerra y militares en el barrio Cerro Pico de Cúcuta. Toda la atención se centraba en las ayudas humanitarias que intentarían ingresar a la fuerza ese 23 de febrero a las 10 de la mañana. Pero, como era previsible, la operación no fue posible y trajo consigo alteraciones de orden público en el puente fronterizo. Enfrentamientos y violencia, un saldo lamentable Entre enfrentamientos con piedras y palos, la temperatura subió al punto de que empezaron a lanzar bombas molotov. Una de las tractomulas que llevaba la mercancía fu incinerada. Inicialmente se le atribuía el hecho a la Guardia Venezolana, luego pudo establecerse que fueron los mismos manifestantes en un intento de agudizar la violencia. Las protestas continuaron y se trasladaron a territorio venezolano. En Ureña, capital del municipio Pedro María, en el estado Táchira. A la jornada de protestas también se le añadió un hecho simbólico, varios guardias venezolanos cruzaron la frontera (desertando de sus tropas) para “jurar lealtad a la asamblea y al Presidente Guaidó”. Adiós Cucuta y el regreso a la realidad El domingo 24 de febrero, el Presidente Duque estuvo recorriendo el paso fronterizo y siguió insistiendo, en declaración a medios, en la necesidad del cerco diplomático hacia el gobierno de Nicolás Maduro. La visita duró poco pero los enfrentamientos continuaron luego de irse Juanes, Carlos Vives, Fonsi y el Presidente. La intriga crece. Y la ciudad fronteriza, como el país, necesitan atención para resolver sus problemas de desempleo, falta de cubrimiento en servicios básicos, y sobre todo paz, mucha paz.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Hoy sabemos que Empresas Públicas de Medellín -EPM asignó a dedo el contrato de adjudicación de las obras del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, que pretendía suministrar, para el año 2022, el 17% de toda la energía que consume el país. Esta mega obra no solo cambió el caudal al río Cauca siendo un desastre medioambiental anunciado, sino que también afectó las vidas de los habitantes del cañón del río. Además, el daño sobre la memoria histórica del país es enorme. El proyecto borró del mapa una zona en la que, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, se han perpetrado alrededor de 110 masacres y yacen 2.345 desaparecidos. ¿Qué pasó en el proceso de contratación de Hidroituango? La Fiscalía General de la Nación reveló detalles acerca de estas irregularidades que se presentaron en el año 2011, además, solicitó una audiencia de imputación de cargos contra Luis Guillermo Gómez Atehortua y Luis Javier Vélez Duque, exgerentes de EPM. Los exgerentes, dice la Fiscalía, deberán responder por incumplimiento y violación de los principios de transparencia y selección objetiva en el proceso contractual de Hidroituango. Además, la Fiscalía General citará a indagatoria sobre este mismo asunto de irregularidades en la contratación del proyecto a Álvaro Villegas Moreno, Ana Cristina Moreno Palacios, Hugo Alejandro Mora Tamayo, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, Jesús Arturo Aristizábal, Maximiliano Valderrama Espinosa, Luis Javier Vélez Duque— en calidad de gerente EPM Ituango— y Juan Esteban Calle Restrepo —gerente de EPM E.S.P—. Según lo dio a conocer Martínez Neira, Hidroituango abrió una licitación publica que se configuraba como una convocatoria para empresas internacionales con experiencia en construcción de hidroeléctricas. Las empresas descartadas Para 2010 las cosas transcurrían sin mayores contratiempos, hasta que, sin ningún aviso previo, en marzo del mismo año se suspendió el proceso que posteriormente fue adjudicado de forma directa a EPM. Había seis empresas más que estaban participando del proceso de licitación: Consorcio Kepco, empresa encargada de suministrar el 93% de energía en Korea, China Three Gorges Corporation, una de las empresas más grandes del mundo y que, entre otras cosas, construyó la hidroeléctrica más grande del mundo; Three Gorges Dam. Por otra parte, se encontraban tres firmas brasileñas, Electrobrás que cuenta con amplia experiencia en la suministración de energía en Brasil, Odebrecht de la cual el país conoce su efecto negativo en los escándalos de corrupción más dramáticos a lo largo del continente en la historia reciente. Constructora Camargo Correa, ¿una nueva Odebrecht? De la tercera empresa, Constructora Camargo Correa -CCC, llama la atención que ha sido, hace más de 20 años, la empresa constructora del proyecto central hidroeléctrica Porce III, al nordeste antioqueño y la planta de aguas residuales de San Fernando, en Itagüí. Hace exactamente dos años, el gerente de CCC, Miller Soares Rufino Pereira, aseguró que el consorcio trabajaba únicamente en las obras civiles en Hidroituango con una participación del 55%. Las otras firmas que adelantaban trabajos eran la Constructora Concontreto con el 35 % y el 10 % restante lo manejaba Coninsa Ramón. Cabe decir que estas últimas firmas son antioqueñas. La asignación de este proyecto al consorcio fue en el año 2012 cuando Aníbal Gaviria Correa era alcalde de Medellín. Para hacerse a la asignación de la operación, construcción y mantenimiento de las obras de construcción de la presa, central de máquinas y demás obras asociadas, el consorcio CCC resolvió presentar la propuesta más económica: 1.900 millones de dólares. Con esta cifra, se generó una reducción del 13 % frente al presupuesto de 2.200 millones de dólares que había presentado EPM. Es decir, la estrategia fue presentar valores inferiores al umbral de presupuesto de EPM, aun cuando se calcula que el costo final de las obras que adelantó el consorcio CCC osciló entre los 5.300 millones de dólares, una cifra muy superior a lo prometido para ganarse la licitación. El ojo de la Fiscalía ya estaba sobre el proyecto Justamente, hace un año la Fiscalía General le abrió investigación preliminar al consorcio CCC después de que se conocieran casos de corrupción en Brasil y Perú. El fiscal Martínez advirtió en 2017, que un grupo de la polémica unidad anticorrupción había sido dispuesto por la fiscalía para recopilar información en el proceso de contratación con el proyecto Hidroituango. Este proceso de investigación comenzó a partir de una denuncia que fue interpuesta por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. En ese momento, Martínez Neira le comunicó a la opinión pública que se proyectaron dos líneas de investigación sobre los presuntos pagos irregulares en la contratación del proyecto de Hidroituango. El trabajo de investigación ha puesto la lupa sobre dos aspectos. el primero es la fase precontractual de la adjudicación del proyecto y el segundo, la fase de celebración de contratos, que hasta hoy, empieza a arrojar algunos nombres de directivos que tendrán que dar explicaciones frente a la mencionada operación contractual del ambicioso proyecto antioqueño. Frente al consorcio CCC que se proyecta como un actor relevante en el caso Hidroituango, su gerente en Colombia, Miller Soares Rufino Pereira, sostiene que cumplió todas las exigencias que estaban en los pliegos. Con respecto a las responsabilidades, señaló que la Constructora Camaro Correa no es responsable de la ejecución de Hidroituango. Contraloría y Procuraduría también ponen la lupa El Vicecontralor General, Ricardo Rodríguez Yee, reveló que la auditoria de más de 200 contratos, va en una primera inspección —específicamente— sobre la infraestructura física, es decir la presa, los túneles y las obras conexas. Rodríguez Yee sostuvo que “la finalidad exclusiva de nosotros es identificar la gestión fiscal y nos ha llamado la atención los elementos de contratos que evidenciaban un retraso y también estamos viendo unas desviaciones de unos costos a partir de esos retrasos”. Por su parte, ayer 27 de febrero se llevó a cabo una audiencia de control político convocada por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, que pretendió la presencia de los actores involucrados en el proyecto energético. Además, Carrillo, advirtió que “Hay que solicitar una comisión de investigación independiente, una comisión con expertos nacionales y extranjeros, que no sea contratada por Empresas Públicas de Medellín, sino por el Gobierno Nacional, porque esto es un problema de Estado”. Un desastre que crece La incertidumbre sobre este megaproyecto crece. El río Cauca, desde la lengua del Buey —en el Macizo Colombiano— hasta el Brazo de Loba cerca del municipio de Pinillos, en Bolívar, podría perder el 20% de su caudal y todos los colombianos tendríamos que asumir, no solo este crimen ambiental de proporciones incalculables, sino el inmenso descalabro financiero de un proyecto fallido.

Por: Redacción Pares Continúan las manifestaciones de rechazo y desconfianza frente al reciente nombramiento que hizo el gobierno nacional de Darío Acevedo Carmona como director del Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH. A los cientos de corporaciones de víctimas que rechazan dicha elección, ahora se suman la Universidad Nacional de Colombia y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. ¿Son los coletazos de una mala decisión del presidente Duque? Expertos en Historia manifiestan su desacuerdo Los profesores del Departamento de Historia de la Universidad Nacional manifiestan, a través de un comunicado público, su profunda preocupación por el destino del CNMH en manos de Acevedo, a quien aseguran conocer en sus facetas académicas e intelectuales. De forma unánime, los historiadores rechazan lo que llaman el negacionismo de Acevedo con respecto al conflicto armado interno colombiano. Para los académicos, el CNMH cumple con una tarea fundamental de preservar los archivos de las víctimas del reconocido conflicto armado colombiano, según lo determina la Ley 1448 de 2011 que le dio vida a dicha institución. «Por el derecho a la paz y el deber de la reconciliación, esperamos que usted respete la memoria de todas las víctimas y no solo de las que ‘supuestamente’ no han sido escuchadas, como concluyó sus palabras inaugurales.(…) Estamos de acuerdo con sus palabras en la ceremonia de posesión cuando dijo que ‘las memoria no puede servir para estimular las venganzas.’ Ojalá proceda así» finalizan diciendo los profesores universitarios. Colectivo de Abogados retira todos sus archivos del CNMH En ese mismo camino trazado por las víctimas del conflicto armado, los profesores universitarios de la Universidad Nacional de Medellín, y ahora también sus colegas de la Sede Bogotá, el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo – Ccajar, anunció este miércoles que deciden retirar la totalidad de material entregado al CNMH. Esta determinación, señala la Organización defensora de Derechos Humanos y uno de las primeros colectivos defensores en Colombia, se debe por «la falta de garantías reales para su salvaguarda y buen uso en la reconstrucción de la Memoria encaminada a la consecución de la verdad que Colombia merece.» «Ratificamos nuestra falta de confianza y el retiro de nuestros archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica.» Según el Ccajar, Acevedo ha demostrado posturas de negación del conflicto armado así como de rechazo y estigmatización a víctimas y organizaciones. Enfatiza la ONG «(…) a todas luces van en contravía del espíritu misional de esta institución, rompiendo la confianza sobre la objetividad que bajo su dirección se pueda tener en la reconstrucción de la memoria nacional.» Para los colombianos que han sufrido el drama del desplazamiento forzado de sus hogares, de la desaparición forzada de seres queridos, del asesinato, del secuestro y de todas las violaciones contra los derechos humanos y la dignidad, el CNMH ha sido una esperanza de que el Estado garantice que se conozca la verdad para que esos hechos no se repitan y que se comprometa a la construcción de una paz sostenible.