Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Dos jóvenes futbolistas de la Selección Colombia sub-17 femenina denunciaron ante la Fiscalía que fueron víctimas de acoso sexual y laboral por parte del director técnico, Didier Luna, y el preparador físico, Sigifredo Alonso. Este episodio de violencia abrió de nuevo el debate sobre la desigualdad de género y abuso contra las mujeres que se vive al interior de un deporte que tradicionalmente se asocia con lo masculino. Por ahora, aterra el silencio de los directivos del fútbol. En este caso, se espera que las denuncias sean investigadas de manera inmediata por las autoridades y sancionados los responsables. El fútbol femenino va en alza, y el llamado a los directivos es a que rechacen cualquier abuso contra las mujeres y le metan el hombro a su fortalecimiento como deporte profesional. Las primeras denuncias de prácticas machistas En diciembre de 2018, la capitana del equipo femenino del Atlético Huila, Yoreli Rincón, fue una de las que más celebró haber ganado, por primera vez para la historia de este deporte femenino, de la Copa Libertadores. Sin embargo, en medio de la euforia, Yoreli hizo una denuncia: alzó la voz en contra de la manera en la que se repartieron los dineros correspondientes al premio en el fútbol femenino colombiano. “Somos campeonas continentales. Pero no crean que a las campeonas femeninas también nos dan premio. Por ser campeonas nos ganamos 55 mil dólares los cuales nunca van a llegar a nosotras, lastimosamente. Eso llega al Huila masculino que tiene un presidente diferente al de nosotras, que es Diego Perdomo”, expresó Rincón. Esta denuncia dio apertura a más reclamos por parte de otras jugadoras que habían estado en silencio por varios meses sobre este asunto abiertamente discriminatorio.. El empresario y presidente del Deportes Tolima, Gabriel Camargo, se despachó contra las futbolistas ‘opitas’ y aseguró que el fútbol femenino “no va bien”. El dirigente deportivo le envió este mensaje a las futbolistas ganadoras de la Copa Libertadores: “Pregúntele a los del Huila cómo están de arrepentidos de haberle invertido tanto. Y fuera de eso, el fútbol femenino es un caldo de cultivo de lesbianismo” Por su parte, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, indicó lo siguiente refiriéndose a la denuncia de la jugadora campeona «El premio lo da Conmebol al equipo, las decisiones administrativas son del equipo, entonces no sé qué problema interno hubo. Pero está prohibido que se den este tipo de declaraciones, sobre todo temas monetarios, porque esto hace mucho daño» Según cifras aportadas por ONU Mujeres, entre el 2008 y el 2017, la participación laboral de las mujeres en Colombia dio un salto importante pasando de 46.4% a 54.5%. Sin embargo, la brecha con respecto a los hombres se ha mantenido con una diferencia que supera los 20 puntos porcentuales. “Nos sentimos amenazadas” “Los deportes modernos son considerados socialmente masculinos, son espacios de homosocialización, es decir, que son lugares y momentos para entablar relaciones de amistad, de esparcimiento entre hombres, allí, la presencia femenina tradicionalmente ha sido cuestionada e interrumpe con el orden de estos ambientes de los hombres”, explicó Angélica Gutiérrez a la Fundación Paz y Reconciliación. Ella es antropóloga de la Universidad Externado de Colombia y miembro del colectivo La Maquinaria Girls Skate. “Esto funciona exactamente igual que con los salarios y con el ámbito laboral, hay un imaginario y un estereotipo de que por ser mujer, trabajamos menos, no jugamos bien fútbol, o en mi caso, no patinamos exactamente igual que los hombres y que por eso entonces debemos ganar menos. El esfuerzo y la dedicación que empleamos las mujeres en los deportes es el mismo, por lo tanto, la retribución económica debería ser igual”, apuntó Gutiérrez. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señaló el año pasado que en Colombia, a pesar de que las mujeres poseen más altos niveles de educación frente a los hombres, “tienen menores tasas de empleo y un mayor riesgo de no ser empleadas”. Las colombianas Melissa Ortíz e Isabella Echeverri, jugadoras de la Selección Colombia, expresaron la semana pasada, en un video publicado en redes sociales, los reparos que tienen contra la Confederación. No paran las denuncias “Hoy queremos hablar de algo muy importante. Nos sentimos amenazadas. No nos pagan. No hay vuelos internacionales. Los uniformes son usados. La Federación ha cortado (sacado) jugadoras por hablar”, señalaron. Tres días después, el portal periodístico Liga Contra el Silencio hizo pública una denuncia de dos jugadoras de la selección Colombia, que por su seguridad no revelaron la identidad, en la cual acusaron al DT y al preparador físico por acoso sexual y violencia de género. A su vez Carolina Rozo, fisioterapeuta del equipo, salió en defensa y apoyo a las denunciantes y fue llamada por la Fiscalía para ampliar la información en ese caso. “Tenía una afectuosidad con las niñas que no era normal, intentaba besarlas, coger su cara y hasta cogerles la cola”, dijo Rozo en W radio. Por su parte, Álvaro González Alzate, vicepresidente segundo del comité ejecutivo de la Federación, dijo que los reclamos y denuncias se estaban dando en un momento en el que se contempla acabar con la liga femenina de mayores. El fútbol, un espacio de segregación para la mujer De acuerdo con la analista, estos comportamientos en el fútbol se deben a que los deportes modernos nacieron en el siglo XIX. ¿Y dónde estaban las mujeres en ese momento de la historia?, estaban cocinando y lavando. Sin embargo, “aun así hayan pasado 200 años estas estructuras casi que se mantienen intactas” agregó, “Por eso vemos que la selección femenina tiene los uniformes más precarios, no les pagan, mientras la selección masculina sí está totalmente apoyada”. También explicó que lo que sucede es un problema estructural de la sociedad que está en función de reproducir “esas dinámicas discriminatorias y segregadas hacia las mujeres que están en espacios públicos”, añadió. Según la Casa de la Mujer, el 82,1% de las mujeres víctimas de violencia sexual no denuncian. Y del total de denuncias que interponen las mujeres por acoso sexual y laboral en Colombia, el 98% resultan ser ciertas. Por su parte, Ángela Cerón, directora de la Fundación Iniciativa de Mujeres por la Paz, dijo a Pares que “en el escenario laboral casi siempre por los contextos de las mujeres, los jefes tienden por esta sociedad patriarcal a presionar a las mujeres para que accedan a sus intereses sexuales”. Los escándalos de este tipo proceden de una raíz que es la forma sexualizar a las mujeres. “Esto lleva a que el técnico o el encargado de entrenarlas (…) emplea su relación de poder, entonces al ratificar su poder sobre la jugadora lo que hace es desvalorizar completamente sus capacidades futbolísticas”. “Siempre hay quienes defienden al agresor» Tras la serie de acusaciones contra el técnico del seleccionado femenino, cinco jugadoras del equipo salieron a defender al entrenador y crearon un numeral en sus redes sociales #PorTuBuenNombreDidierLuna en señal de apoyo. En instagram expresaron que en ningún momento fueron acosadas por Luna. De acuerdo con Cerón, “siempre hay quienes defienden al agresor muchas veces porque siguen bajo el poder del agresor o en otras ocasiones por beneficios económicos”. Sin embargo, resaltó que hasta no haber una condena, el acusado tiene presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. El periódico El Tiempo señaló que Luna se pronunciará hasta el próximo viernes por recomendación jurídica. Y le dijo al medio que “en 40 años de vida profesional nunca ha pasado por una situación similar”. Por su parte, Gutiérrez expresó que muchas personas no denuncian o no apoyan por miedo a perder su trabajo. En este caso, por miedo a que la Federación tome represalias en su contra. Además, explicó que para que este sistema discriminatorio funcione “tiene que tener aliadas a las mismas oprimidas.» La igualdad de hombres y mujeres no es solo un derecho humano fundamental, sino también la base necesaria para conseguir una sociedad pacífica, democrática, próspera y sostenible. El juego debe continuar por el bien de todos y todas.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares La organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, Human Rights Watch -HRW, sacudió este miércoles a Colombia con el informe en el que se revelan los vínculos de la nueva cúpula militar, nombrada el pasado 10 de diciembre por el presidente Iván Duque, con casos de ejecuciones extrajudiciales o llamados ´Falsos Positivos’. Hace tres meses PARES ya había advertido del riesgo que implicaba que el presidente Iván Duque recurriera afanosamente al espejo retrovisor de la ‘Seguridad Democrática’. De hecho, el 11 de diciembre, Duque le entregó a la Fuerzas Militares el ‘Plan de Guerra’, un documento secreto que señala cómo será la estrategia militar durante su gobierno. Nueve oficiales involucrados con los ‘falsos positivos’ Según el mandatario, la nueva cúpula militar era prenda de garantía para asumir la vigilancia y protección del territorio nacional, “son un grupo de militares con gran experiencia en inteligencia y contrainteligencia para recuperar territorios para que los colombianos sientan el más puro de los bienes públicos, la ausencia de miedo y la ausencia de violencia” señaló el presidente en ese momento. Sin embargo, el informe de Human Rights Watch señala que son nueve nombres de esa cúpula militar ‘ejemplar’, según Duque, que están involucrados con las ejecuciones extrajudiciales. Dentro de los nombres se encuentra el del Comandante del Ejército Nacional, Nicacio Martínez Espinel y quien fue el encargado de nombrar la estructura encargada de dicho ‘Plan de Guerra’, que completan los ocho polémicos oficiales mencionados por la investigación de HRW. El nombramiento y las funciones que tiene que desempeñar cada uno de esos oficiales mencionados por HRW, no son un aspecto menor. Dentro de las responsabilidades que tendrán los ocho oficiales que son señalados, se encuentran: la supervisión de varios Comandos del Ejército, incluyendo los de personal, reclutamiento y logística. Además, bajo su cargo tendrán la supervisión de diversos Departamentos del Ejército, como el de inteligencia y contrainteligencia y de educación militar; asesorar al comandante del Ejército sobre políticas para modernizar la fuerza, así como la supervisión de cursos especializados a soldados. Asimismo, hay nombres que estarán a cargo de comandar la Unidad Especial que opera en el Bajo Cauca, y la Unidad Especial que opera en el Catatumbo, frontera con Venezuela. «Las autoridades deberían investigarlos» HRW Precisamente, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, advirtió que “Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”. Frente a quienes se deberían iniciar las respectivas investigaciones, son los mismos oficiales que estarán encargados de llevar a cabo el ‘Plan de Guerra’ o como lo llama el ejército “Plan de Campaña Bicentenario Héroes de la Libertad”, manifestado en el comunicado de prensa del Ejercito Nacional, con fecha de 21 de diciembre de 2018. Los encargados del nombramiento del 21 de diciembre, fueron el ministro de Defensa Guillermo Botero y el general Nicacio de Jesús Martínez Espinel, quienes designaron a los nuevos comandantes que conforman la estructura con funciones determinantes dentro del Ejército Nacional. Así pues, trascurrieron solo 68 días para que la comunidad internacional expresara la delicada advertencia en la que se vincula, a los designados por el general y el ministro, con las ejecuciones extrajudiciales. La premisa de Human Rights Watch, que se ampara en el derecho internacional dice lo siguiente, “es que los comandantes no solo son responsables por los crímenes de guerra o de lesa humanidad que ordenen o cometan en forma directa. También deben ser penalmente responsables si sabían o deberían haber sabido que subordinados bajo su control efectivo estaban cometiendo estos delitos, pero no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o castigar estos actos”. Martínez Espinel, el polémico nombramiento de Duque La cabeza de este escándalo es el general Nicacio Martínez Espinel, quien fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada entre 2004 y 2006, en el primer gobierno de Álvaro Uribe. Según el informe, la Fiscalía General de la Nación le ha abierto investigaciones alrededor de 23 ejecuciones presuntamente perpetradas por soldados, de la Brigada que comandaba en 2005. El informe revela un documento al que Human Rights Watch tuvo acceso, donde aparece la firma de Martínez Espinel que certifica el pago de 1.000.000 de pesos a un informante, el cual según el ex coronel fue fundamental para llevar a cabo dos operaciones militares. Documento en el que aparece la firma de Martínez Espinel que certifica el pago de 1.000.000 de pesos a un informante que fue clave en una operación donde resultaron asesinados una niña y un hombre indígenas. En una de las mencionadas operaciones, los soldados dieron un reporte con un NN femenino y otro masculino que sindicaban como pertenecientes al frente 59 de las Farc. Posteriormente, los tribunales determinaron que no eran subversivos. Se trataba de Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años y Enrique Carrillo Arias, un hombre también de una comunidad indígena. Para 2011 dos soldados y un paramilitar fueron condenados por dichos homicidios y según el tribunal, los cuerpos fueron dispuestos con armas para ser pasados por miembros de Farc muertos en combate. Para 2013, un tribunal superior pidió a la Fiscalía que investigara “la posible conducta por omisión de controles en que hayan podido incurrir los superiores”. La labor de Human Rights Watch ha demostrado que entre 2002 y 2008, varios militares fabricaron documentos ficticios en busca de beneficios económicos por bajas reportadas, incluidos casos de falsos positivos. En la investigación que adelantan sobre Martínez Espinel, se ha dificultado atar cabos debido a que la mayoría de muertos han sido reportados como N.N. Sin embargo, Human Rights Watch develó dos inconsistencias en documentos firmados por Martínez Espinel, donde “los fiscales determinaron que los nombres y los números de cédula de los presuntos informantes no coincidían” y fechas de operaciones que tampoco coinciden. «El 17 de mayo de 2005, Martínez Espinel autorizó el pago de 1.000.000 de pesos colombianos (USD 400) como recompensa por información que, según el mismo documento, facilitó una operación militar que se llevó a cabo el 20 de mayo–es decir, tres días después» señala la investigación de HRW. Estos son los ocho nombramientos polémicos realizados por Martínez Espinel:

Por: José Roberto Acosta, aliado PARES Pasados tres años desde la venta de Isagen, el destino de los $6,2 billones recibidos hay que seguir vigilándolos. El 10% de esos dineros fueron al Fondo Nacional de Pensiones de Entes Territoriales (FONPET) y los restantes $5.6 billones hoy están invertidos en la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), que es un banco en el que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es accionista mayoritario junto con otros socios extranjeros. El propósito de la FDN es financiar proyectos de infraestructura pública contratados mediante la modalidad de Asociación Público Privada (APP) en los que el contratista privado, que es el que corre los mayores riesgos y pone el dinero en la etapa de diseños y construcción, para después poder usufructuar la obra pública mediante peajes o rentas por un lapso que le permita recuperar su inversión inicial mas una rentabilidad. Antes de recibir los recursos de Isagen, el patrimonio de la FDN era apenas de $750.000 millones, pero con la inyección de los $5.6 billones de recursos públicos y un aporte menor de los socios extranjeros, la posibilidad de préstamos es muy importante, y busca suplir el apalancamiento de obras como carreteras, puertos, escuelas y hospitales que se estiman con un valor superior a los $60 billones. Sin embargo, como el dinero de Isagen entregado a la FDN no parece ser suficiente, el gobierno expidió el Decreto 1385 del 22 de junio de 2015 que autoriza los autopréstamos con los recursos de ahorro privado de pensiones a los conglomerados financieros que controlan su administración, siempre y cuando se destinen esos prestamos a obras de 4G. La idea de las APP es que los contratistas pusieran de su bolsillo en cada obra por lo menos el 30% del costo y el 70% lo consiguieran con créditos para lograr el difícil cierre financiero que, como pasó con el cuestionado caso del consorcio Navelena para garantizar la navegabilidad del Río Magdalena, puede no lograrse llevando a la caducidad o terminación abrupta del contrato. El frustrante caso de Navelena se quiso realizar con la ayuda del Banco Agrario, que de manera irregular prestó $120.000 millones a este consorcio que solo había puesto de su propio dinero apenas $500 millones y cuyo principal socio, Odebrecht, estaba en causal de disolución por tener patrimonio negativo. Es decir, estaban haciendo el negocio con la cédula, sin arriesgar casi nada y usando la banca pública para apalancar financieramente la obra. Lo sucedido con Navelena es un ejemplo de los riesgos en los que está inmersa la FDN, que hoy constituye la principal fuente de recursos los contratistas privados en las obras de 4G que se adelantan mediante APP. En estas, se supone que el Estado no corre con los riesgos ni pone dinero sino hasta que la obra esté operando o en funcionamiento. Hasta hace un año la FDN ya había desembolsado recursos por $3.4 billones de pesos, entre los que llama la atención la entrega en febrero de 2018 de un crédito por $400.000 millones al Consorcio Coviandina, responsable de la obra Chirajara-Villavicencio y cuyo dueño es Corficolombiana del Grupo Aval, tambien propietaria del Consorcio Coviandes. Cabe recordar que un mes antes del desembolso de dineros públicos, se le había caído el puente de Chirajara dejando nueve trabajadores muertos. Esta trágica circunstancia debió, por lo menos, consignarse como adversa en la matriz de riesgo crediticio de la FDN. Fué con el dinero de Isagen en manos de la FDN que el Consorcio Coviandina logró el cierre financiero, a pesar de pertenecer al conglomerado finaciero mas importante del país y que debería apalancarse con recursos provenientes de la banca privada nacional y/o internacional. De un total de 14 cierres financieros logrados desde febrero de 2016, hasta el último logrado el pasado mes de octubre, 9 contratos APP bajo la modalidad de 4G han contado con el apoyo financiero de la FDN, que les ha desembolsado mas de $2,5 bilones. Es decir que, sin la existencia de los recursos públicos provenientes de la venta de Isagen, la mayoría de las obras públicas de 4G hubieran quedado solo en el papel, como le sucedió al Consorcio Navelena. La preponderancia de los recursos públicos de la FDN para financiar las obras de 4G, desfiguran el espíritu inicial de esta modalidad de contratos en los que, se supone, es el contratista privado quien debe asumir los riesgos financieros; y aunque la FDN se ha cubierto con garantías contractuales como prendas y fiducia en garantía, es en últimas esta la que está arriesgando en la díficil etapa de construcción de las obras. Por lo anterior, la FDN constituye, no solo la joya de la corona, sino también la punta de lanza para la ejecución del ambicioso plan del gobierno de desarrollar la infraestructura pública que tanto necesita Colombia para salir del perjudicial atraso, que en ese estratégico tema, pesa tanto para la economía nacional. En cabeza de la Junta Directiva de la FDN reposa una gran responsabilidad con el país y desde ya, el nuevo gobierno ha asumido el control nombrando a Andrés Pardo Amézquita, antiguo Director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, entidad beneficiada con créditos de la FDN; Rodrigo Galarza, abogado que representa a ASOFONDOS ante el Consejo de Estado en la demanda de nulidad contra el Decreto 1385 que autoriza los autupréstamos con ahorros pensionales; Julio Torres García, vinculado con Tecnoglass, empresa sancionada en Bolsa por incumplir con la entrega oportuna de información; y la Sra. Luisa Fernanda Lafaurie, cuñada de la senadora María Fernanda Cabal y hermana de José Felix Lafaurie, a quien el Ministerio de Agricultura acaba de otorgarle nuevamente el manejo del Fondo Nacional del Ganado. En esa medida, vigilar el manejo de los recursos de la FDN debe ser una prioridad y un compromiso que debemos asumir todos los ciudadanos. @jrobertoacosta1 jrobertoacostaopinion@gmail.com

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El alcalde de Bogotá ha prometido la construcción del metro en la capital desde el inicio de su administración, hace ya dos años. Esta semana, Peñalosa anunció que siete grupos internacionales oficializaron sus solicitudes para participar en la Licitación Pública Internacional para construir y operar la Primera Línea del Metro elevado de Bogotá. Sin embargo, hoy hay más dudas que certezas sobre el proyecto. Nuevos estudios, más demoras De acuerdo con Peñalosa, hubo dos razones por las cuales su administración decidió apartar lo que había adelantado su antecesor Gustavo Petro. Por un lado, el metro por abajo iba a tener un mayor costo; y por otro, se iban a necesitar diversos tipos de maquinarias, debido a que, hay lugares en el suelo bogotano que con el proyecto subterráneo necesitaría de otro tipo de tuneladoras. En su momento varios sectores políticos salieron a rechazar la propuesta de Peñalosa. Así lo hizo el concejal de Bogotá del partido Polo Democrático, quien expresó que el alcalde “de una manera irresponsable botó a la basura unos estudios avanzados para la construcción del metro subterráneo y terminó dilatando todo el proceso. Todo parece indicar que este año tampoco se va a abrir la licitación”. Desde el 2012 Petro había avanzado con los estudios del metro y se había encaminado por el subterráneo, puesto que, en varias ocasiones recordó que en las capitales del mundo este es el medio de transporte más usado. Para Fernando Rojas, experto en gestión urbana y temas de Bogotá, esta fue una decisión más política que técnica. “Yo creo que teníamos información avanzada para el metro subterráneo y lo que Peñalosa tenía que hacer era ajustar lo que había que ajustar e iniciar su construcción”. “Al tomar la decisión de cambiar la estructura obviamente generó un retraso que ya está casi de cuatro años frente al proyecto inicial. Estamos al borde de tener una situación de tener un metro que cuando empiece a funcionar o le quede pequeño a Bogotá, o que quien venga -si Peñalosa no alcanza a adjudicarlo- termine echando todo para atrás y otra vez tengamos que volver a arrancar”, puntualizó. ¿Por qué todavía sin metro? Rojas dijo que la razón por la que aún Bogotá está sin metro es una mezcla de tres cosas: “La primera efectivamente hay un tema político, a lo largo de casi seis, siete décadas se ha hablado de tener un metro para Bogotá pero eso no se logra concretar porque no se logra a un consenso entre el gobierno nacional y el distrital para hacerlo realidad”. “Segundo, el proyecto siempre ha resultado más caro de lo que en principio la ciudad y el gobierno nacional pueden poner, el problema es que ahí finalmente el remedio ha terminado más caro que la enfermedad. Entonces no hay plata para el metro y se sigue invirtiendo en esos proyectos, pero tampoco resuelven el tema de movilidad”, agregó. Luego añadió un tercer aspecto, y dijo que en Bogotá ha habido una dificultad para tratar de formular situaciones de fondo a problemas que tiene la ciudad. ¿Qué ha hecho o dejado de hacer Peñalosa? La capital lleva más de cien años en controversias políticas y económicas que no han dejado llevar a buen puerto la construcción del metro. Mientras las principales ciudades de América Latina avanzaron en materia de movilidad desde el siglo pasado, en Bogotá pareciera que apenas se está dando el paso más sólido para mejorar el sistema de transporte. Luego de debates en el congreso, presentaciones al Ministerio de Hacienda, y reuniones con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el alcalde tuvo pista para continuar con el nuevo estudio. En 2017 el consejo de Bogotá aprobó el presupuesto y se firmó un acuerdo interinstitucional para un desembolso de 6 billones de pesos. Para ese año ya se había creado la empresa Metro de Bogotá, S.A, dirigida actualmente por Andrés Escobar, la cual se constituyó como una “sociedad por acciones de orden distrital que opera como empresa industrial y comercial del Estado”. Y que desde su conformación ha librado varios altibajos. Sin embargo, el martes tanto Peñalosa como Escobar anunciaron que siete grupos internacionales oficializaron sus solicitudes para participar en la Licitación Pública Internacional, con el fin de construir y operar la Primera Línea del Metro de Bogotá. Según la empresa pública, en septiembre quedaría lista la adjudicación con alguno de los consorcios y en seis años estaría listo el primer tramo. «La inversión total para nuestro metro serán USD4.200 millones, de los cuales USD1.100 serán invertidos por el concesionario que desarrolle la obra»: expresó Escobar en su cuenta de Twitter. De su lado Peñalosa dijo que “La llegada a Bogotá de empresas tan importantes, con el respaldo de sus respectivos países, es una muestra más de la solidez del proyecto y confirma que, como habíamos dicho, nuestro metro avanza y no tiene reversa”. Las cuentas alegres del alcalde Sin embargo, para el analista, “Esas son las cuentas alegres de la administración porque todo lo han ido corriendo”. En un inicio dijeron que se entregaría en 2021, luego en 2022 y ya van en el 2025. “Hasta que no se adjudique y no se inicie lo que se tiene que hacer es muy difícil que se tenga un estimativo de cuándo se debería estar entregando”, añadió. En caso de que todo marche con normalidad, el consorcio debe hacer algunos ajustes en los estudios para saber cómo va a arrancar, presentar un cronograma detallado del paso a paso de la construcción, la llegada de los materiales, explicar finalmente cuál será la tarifa y mientras tanto se debería estar avanzando en la construcción. “El problema es que Peñalosa está en el borde del tiempo, si tiene algún contratiempo no va a tener margen de maniobra para corregir cualquier situación, entonces digamos que eso podría poner en riesgo todo el proceso”, agregó. El metro de Bogotá no da espera De acuerdo con el analista, existe un estándar internacional que señala que el metro podría estar llevando 60.000 personas hora/sentido, mientras Transmilenio puede estar en 70.000 hora/sentido. “Pero el problema no es la capacidad hora/ sentido, sino en la calidad del servicio que se presta y en el tamaño de la red. Mientras que la mayoría de los metros ya funcionan como una red amplia y robusta, en Bogotá el Transmilenio ha logrado llevar ese mismo número de pasajeros con una sobreocupación gigantesca”, indicó. Por lo tanto, Bogotá necesita un sistema más robusto como el metro, y que a su vez siga operando Transmilenio como un servicio complementario. Una especie de sistema de cable integrado y que conecte con la periferia. “Está claro que en un solo modo de transporte Bogotá se revienta”, resaltó. En conclusión, si en septiembre se adjudica el proyecto, la siguiente administración no podría ajustar nada y tal como quede, deberá continuar la promesa del metro.

Por: Naryi Vargas, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto Este martes en Tumaco (Nariño), siete erradicadores de coca cayeron en un campo minado. De ellos hay un policía muerto y 6 heridos, de los cuales 4 están muy graves. Esta tragedia se repite año tras año y su epicentro vuelve a ser Tumaco, el municipio con más cultivos de coca en el país. El último informe de La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC, reportó que para 2017 solo este municipio concentraba el 11% del total de cultivos del país, esto equivale, aproximadamente a 19.517 hectáreas de coca. Una de las razones que explica este fenómeno es que los grupos criminales dedicados al narcotráfico han buscado convertir las zonas fronterizas, como Tumaco, en grandes concentraciones delictivas ya que allí pueden desarrollar a sus anchas toda la cadena del narcotráfico: producción, transformación y comercialización del producto. En la mira de los narcotraficantes Este no es un fenómeno nuevo en esta región nariñense. Desde hace más de 10 años, Tumaco encabeza la lista de afectación por cultivos de coca. Los centros poblados en los que se concentra el problema corresponden a Inda Zabaleta, La Balsa, Llorente y Guayacana y el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera. La lucha del gobierno contra esta problemática parece ser inútil. Estrategias como la erradicación forzosa terrestre no han tenido resultados alentadores, y por el contrario, ha conllevado a pérdidas humanas como lo ocurrido este martes. Sin embargo, esta no es la única situación de violencia que se presenta en las labores de erradicación. Con la salida de las Farc del territorio, se generó un vacío de poder que, debía ser suplido por el Estado, pero que en la realidad no ocurre. Para el año 2018, la Fundación Paz y Reconciliación identificó que los grupos armados más poderosos que lograron hacerse al control de gran parte de este territorio son: el Clan del Golfo, las Guerrillas Unidas del Pacífico y el Frente Óliver Sinisterra, éste último también tiene presencia en la Provincia de Esmeraldas, frontera con Ecuador. Es muy común en esta región del país que los grupos criminales siembren minas antipersona en las zonas de cultivos o de laboratorios, y de esta manera evitan el ingreso de la Fuerza Pública. En 2018, cuatro integrantes de la Policía Antinarcóticos y cuatro miembros del ejército perdieron la vida en estas labores, además 51 resultaron heridos. Asimismo, se han presentado graves violaciones a los derechos humanos. En octubre de 2017 ocurrió una masacre cometida contra un grupo de campesinos en la vereda El Tandil (Nariño), donde ocho campesinos resultaron muertos y un número indeterminado de personas resultaron heridas. Los habitantes de la vereda no dudan en señalar a la Fuerza Pública como responsable de la masacre perpetrada el día 5 de octubre. Duque da un reversazo a los avances en sustitución Para el mes de diciembre de 2018, alrededor de 18.703 familias que cultivaban 16.177 hectáreas de coca habían suscrito Acuerdos de Sustitución en Tumaco. De esta manera, trabajando de la mano con las comunidades, se estaba avanzando en la búsqueda de una solución para los cocaleros que habitan el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS, es una apuesta para resolver el fenómeno de las drogas ilícitas contando con el acuerdo y la colaboración voluntaria de las familias. Para el último año de medición de cultivos, UNODC registró una disminución del 16% de los cultivos en ese municipio, pues en 2016 estaba afectado con 23.147 has. Pero las noticias hoy no son nada alentadoras para este rincón del país. Con el Decreto 179 de 2019 expedido por el gobierno nacional, la existencia y ejecución del PNIS queda en un limbo jurídico, pues por medio de este acto administrativo se elimina la Dirección de Sustitución de Cultivos, la cabeza encargada implementar el PNIS. Al parecer, el gobierno de Iván Duque ha decidido volver a la estrategia de mano dura para afrontar el problema del narcotráfico, una que ha probado hasta el cansancio, su ineficacia. Desde 2003 hasta 2015 fueron fumigadas 1,5 millones de hectáreas aproximadamente, y la reducción fue de tan sólo 16.000 hectáreas. El PNIS, actual estrategia de sustitución, incluye acciones que resuelven este problema y propone una acción integral e incluye al territorio como eje principal de intervención aunque también incluye a las familias como sujeto beneficiario en una primera fase. Con la propuesta del actual gobierno para combatir la situación de cultivos de uso ilícito en el país, se espera que casos tan dolorosos como el de este martes con los erradicadores que cayeron en un campo minado, se sigan presentando. Para las comunidades como la de Tumaco, la esperanza es que se priorice la sustitución, por encima de la sangre y el dolor que promete la erradicación y la fumigación.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Jorge Ramos Ávalos, periodista mexicano-estadounidense de la cadena Univisión, ya es reconocido por incomodar a los mandatarios de la región con sus preguntas e intervenciones. El último episodio se registró con el presidente Maduro en Venezuela. Lo que ocurrió allí la noche del lunes, fue la retención y el intento de censura de manera arbitraria por parte del gobierno venezolano contra un equipo periodístico. Ramos y Maduro, otro episodio de censura contra la prensa Este lunes, después de los violentos episodios del fin de semana en la frontera colombo-venezolana con la entrega de ayudas humanitarias, y la posterior reunión del Grupo de Lima para tomar decisiones con respecto a esos acontecimientos, Jorge Ramos y su equipo de Univisión se dirigieron al palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, para entrevistar al presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, cuando transcurrían 17 minutos de entrevista el mandatario venezolano decidió cancelarla de manera inmediata. Ramos contó a Univisión, que la entrevista se estaba desarrollando en un aire tenso, esto debido a las preguntas puntuales que le formuló el periodista a Maduro sobre la grave crisis que está atravesando el vecino país. Sin embargo, el punto de quiebre del encuentro periodista-presidente fue un video que Ramos mostró a su entrevistado. En las imágenes que indignaron al presidente Maduro, se aprecia a unos jóvenes esculcando basura en unos contenedores, para luego extraer comida de las bolsas y llevársela a la boca. Justamente, después del altercado por el video, llegó Jorge Rodríguez, ministro de comunicaciones de Venezuela, quien le aseguró a Ramos que la entrevista no estaba autorizada. Acto seguido, Ramos fue conducido a un cuarto de vigilancia en donde lo despojaron del material de trabajo y de los celulares. Ramos y su equipo de trabajo fueron retenidos entre las 19.00 y las 21.30 hora local. A esta hora, el periodista denuncia que su material fue robado por el gobierno venezolano y recibió la orden de deportación inmediata impartida por el presidente Maduro. Este es el mensaje que Jorge Ramos le envía a los periodistas: «Hoy vengo aquí a pedirles -no, más bien a rogarles- que no sigan las instrucciones de sus gobiernos, que se rehúsen a creer muchas de las cosas que aprendieron en las escuelas de periodismo, que no siempre le hagan caso a sus padres y maestros, y que no sigan al pie de la letra los preceptos de lo que se supone debe ser un reportero respetable. Hoy vengo a pedirles que desobedezcan». Otros casos: Uribe molesto y Trump lo expulsa de rueda de prensa Esta no es la primera vez que un mandatario continental interfiere en el trabajo periodístico de Ramos. Para octubre de 2012 ya habría sufrido la increpación del expresidente Álvaro Uribe, en una entrevista sobre el libro “No hay causa perdida”. En dicha entrevista, Uribe se enfureció cuando Ramos le preguntó “La realidad, señor Uribe, es que usted ha sido el presidente colombiano con más funcionarios procesados, cerca de una decena. Es difícil de creer que estuvo tan mal acompañado y que usted nunca se enteró”. El expresidente y senador por el Centro Democrático le reprendió diciendo “No, mira, Jorge, lo que pasa es que parece que no me estuvieras entrevistando sino acusando”. Cinco años después, en el marco del Festival Gabo en Medellín —en donde Ramos recibió ‘El Premio a la Excelencia Periodística’— el periodista de Univisión se refirió a la entrevista que sostuvo con Uribe, de la cual dijo “Nunca más volví a conversar con él. Nunca más. Pero nuestro trabajo es hacer preguntas difíciles, y si tú no las haces, nadie más las va a hacer (…) En los casos de gente con mucho poder, como Uribe, creo que esa es la actitud más saludable”. El periodista también sufrió la furia del presidente más poderoso del mundo, Donald Trump. El actual presidente de Estados Unidos echó de una rueda de prensa a Jorge Ramos. En esa oportunidad, la pregunta que molestó al magnate estadounidense fue sobre el tema de estigmatización de la comunidad latina, justamente con los discursos que abanderaba Trump en su campaña ‘Make America Great Again’. El suceso se desató cuando Ramos señalo que tenía una pregunta sobre inmigración, a lo que Trump respondió «Ok, ¿quién es el siguiente?»(…) «Siéntate, no te di el turno. Siéntate, siéntate». Jorge Ramos le respondió que él estaba en su derecho a preguntar, sin embargo, Trump le decía que se regresara a Univisión mientras Ramos era retirado por un guardaespaldas. León Valencia, director de la Fundación Pares, envió a través de su cuenta en Twitter el siguiente mensaje: «Jorge Ramos ha demostrado una vez su independencia y ahora ha logrado que lo defiende la derecha que no dijo nada cuando Donald Trump lo expulsó de uno de sus eventos.» Pronunciamiento de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP A través de un comunicado, las Organizaciones en defensa de la Libertad de Expresión y el periodismo a nivel mundial, condenan la intimidación y la censura de Nicolás Maduro a periodistas de Univisión. “Esta detención constituye una violación grave a la libertad de prensa y afecta el derecho a la libertad de información en el desarrollo de hechos que son de interés global.” Enfatizan las organizaciones. En ese sentido, el pronunciamiento condena con vehemencia lo ocurrido contra el periodista Jorge Ramos y su equipo de trabajo “La arbitrariedad de este acto de censura se agrava al ocurrir en el curso de una entrevista con el mismo Nicolás Maduro y en la sede histórica del gobierno venezolano y el decomiso del material periodístico, incluyendo cámaras y teléfonos celulares, configura un acto de censura continuado en el tiempo hasta tanto no se proceda a su devolución.” ¿Quién es el dueño de la entrevista? Daniel Coronell, periodista colombiano y compañero de Ramos en la cadena Univisión, plantea el debate a través de la pregunta ¿quién es el dueño de la entrevista? “Lo más importante es la vida de las personas. En segundo lugar quiero invitarlos a que opinen quién es dueño de una entrevista? ¿El entrevistado? ¿El entrevistador? ¿Los ciudadanos?” dice Coronell a través de su cuenta de Twitter. Otros comunicadores ya han intervenido en el debate planteado. Felix de Bedout, periodista y presentador del noticiero Univisión, manifestó “Un entrevistado tiene derecho a molestarse con una pregunta, a no responder alguna pregunta, a levantarse y terminar la entrevista. A lo que no tiene derecho, en democracia, es a retener periodistas y quitarles su material de trabajo.” Lo anterior teniendo en cuenta que el respeto por la libertad de prensa es un requisito imprescindible y prioritario en la práctica y desarrollo de la democracia en los países.

Por: Ariel Ávila Martínez. Subdirector Pares. Hace algunos días, el presidente Iván Duque lanzó la Política de Defensa y Seguridad (PDS), tal vez el documento más esperado por el mundo político, pues su campaña la basó en el miedo, en la promesa de luchar contra el crimen y combatir “fantasmas” por doquier, entre ellos, Venezuela y en general la seguridad fronteriza. El documento deja cinco grandes conclusiones. Por un lado, al menos en la parte inicial, de identificación de amenazas y en la caracterización de riesgos, se percibe una integralidad en la política. Se lee un enfoque multidimensional, donde, por ejemplo, se describen como riesgo para la seguridad los efectos del cambio climático, se pone la protección del agua como prioridad dentro de la política. Igualmente, en uno de los campos de acción, se coloca la construcción territorial del Estado como prioridad, es decir, se entiende la seguridad más allá de la mera presencia militar y policial. En segundo lugar, al momento de identificar las amenazas, estas se podrían agrupar en tres categorías. Unas internas, donde se encuentra el ELN, el Clan del Golfo, las organizaciones criminales y en general las economías ilegales. Luego, hay unas amenazas de nueva generación, donde se incluyen la ciberseguridad, la protección de los sistemas de información y de los puntos vulnerables para el funcionamiento del país. Por último, se identifican unas amenazas externas. Allí se incluye el crimen trasnacional, pero también se habla de la amenaza que representa los regímenes no democráticos y de la injerencia de potencias que no son del hemisferio. Es decir, se refiere a Venezuela, China y Rusia. En tercer lugar, cuando se discute el control territorial del Estado, se divide al país en tres tipos en zonas: A. Zonas estratégicas de intervención integral. Son las zonas con mayor complejidad en materia de seguridad. Aquellas que la exguerrilla de las FARC abandonó luego del proceso de paz. B. Zonas de construcción de legalidad. En estos territorios se logró un mínimo de seguridad y se requiere instituciones civiles. C. Zonas de legalidad, emprendimiento y equidad. La amenaza es la delincuencia común y la responsabilidad de la seguridad está en manos de la policía. Son zonas urbanas. Para el primer y segundo tipo de zonas se contempla crear un Plan de Acción Integral del Estado. Se dice que tendrá una estructura civil. Es prácticamente igual al Plan Consolidación que se creó en las dos administraciones Uribe (2002-2006 y 2006-2010). Este plan fracasó porque los civiles nunca tuvieron el control, fue administrado en la realidad por los militares, quienes veían a la población como potenciales enemigos y solo los consideraban para sacarles información. El nuevo plan parece igual, una estrategia que se utilizó hace más de una década y que fracasó. Esta vez se piensa repetirlo y se cree que tendrá éxito. En cuarto lugar, la PDS trae una serie de iniciativas bastante cuestionables por su impacto en materia de derechos humanos. Entre otras, plantea crear la Red de Participación Cívica, la cual es la misma Red de Cooperantes que se creó en la era Uribe. En su momento esta Red de Cooperante provocó todo tipo de desmanes. Entre ellos los denominados «falsos positivos» o ejecuciones extrajudiciales. Además, se encarcelaba personas sin un mínimo de criterio investigativo. En el departamento de Arauca, por ejemplo, se llegó a capturar centenares de personas en tan solo días. Más del 90%, un año después, quedaban en libertad, pues no había pruebas. El Estado colombiano pagó miles de millones de pesos en indemnizaciones. Lo que sucedió fue que un campesino que quería la tierra de su vecino, lo acusaba de ser miliciano o auxiliador de la guerrilla y la Fuerza Pública lo captura sin siquiera contrastar información. Igual se puede decir de otros programas que se plantean en la PDS. Por último, la nueva Política de Defensa y Seguridad parece más un documento para engrandecer al expresidente Álvaro Uribe y para vengarse del expresidente Juan Manuel Santos y no un documento que permite construir sobre lo construido. Por ejemplo, apenas en las primeras líneas se dice que los logros más importantes en materia de seguridad se dieron en las dos administraciones Uribe, no se nombra ninguna de las estrategias desarrolladas por el gobierno Santos, tampoco la reducción increíble de indicadores de violencia que se lograron con el proceso de paz. En fin, un documento de venganza. Esta columna de opinión apareció publicada originalmente en el diario El País

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Este fin de semana se hizo viral un video en redes sociales que dejó ver las medidas represivas utilizadas por parte de la policía y algunos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá en contra de vendedores ambulantes. En las imágenes se aprecia cómo, luego de decomisar unas empanadas en un puesto callejero, los funcionarios del distrito, custodiados por la policía, las rociaron con detergente clorox. Este episodio se suma a la polémica desatada desde el pasado lunes cuando se conoció que la dueña de un puesto de empanadas y su comprador fueron multados por más 800.000 pesos por incentivar la compra y venta de productos en espacios públicos. Mala interpretación del Código de Policía “Yo creo que hubo una mala interpretación del artículo 140. Ese artículo está tan mal redactado que se presta para cualquier interpretación”, dijo a la Fundación Paz y Reconciliación-Pares el experto en seguridad urbana y nacional, Hugo Acero. De acuerdo con Acero hay dos aspectos para señalar en el tema de los vendedores por los cual se ha vuelto de interés público. Algunos se preguntan si comprar en la calle es ilegal, y si eso podría acarrear multas. Ahora bien, otros se preguntan, por qué en Bogotá se aplica con más fuerza la norma que en otras ciudades. “Lo primero es que, como cualquier norma, existen distintas formas de interpretación. Los esfuerzos que hay que hacer en materia legal es por tratar de ser lo más claro posible a la hora de escribir cada uno de los artículos”, agregó. “Lo segundo es que la norma se expide para aplicarla. Estamos acostumbrados en Colombia a sacar normas que nunca aplicamos”, sentenció, pues según él, esta no es la única norma que se pasa por alto. Pero destacó que no se puede pretender que el espacio público llegue a ser completamente libre. “Lo que sí hay que hacer es que el espacio público se debe convertir en un lugar donde el Estado regule su uso, es decir, que arriende el espacio público para unos vendedores ambulantes, pero en buenas condiciones.” En Bogotá intentaron implementar esta propuesta. Sin embargo, las “casetas” o espacios que fueron alquilados quedaron muy mal diseñados. Los vendedores ambulantes quedaban a la intemperie y en muy malas condiciones de seguridad. ¿Las multas son un negocio para la ciudad? El polémico artículo, que ya han sufrido en carne propia varios vendedores ambulantes, corresponde al 140 del Código de Policía expedido en 2016. En este se señala que “ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes” iría en contra de la ley. Apoyándose en este articulado, la policía ha impuesto una serie de sanciones económicas desde la semana pasada. Pares habló con algunos vendedores ambulantes y hubo dos posiciones contrarias: por un lado, hay quienes dicen que ellos tienen el derecho de utilizar el espacio libremente sin ningún costo; y por el otro, hay quienes consideran que está bien que el gobierno de la ciudad los reorganice en ciertos espacios, pero con precios ajustados a su bolsillo. De acuerdo con Acero, las multas impuestas no ascienden a grandes cifras para la administración del alcalde Enrique Peñalosa. Según información que citó del diario El tiempo, alrededor de 500 mil multas se han aplicado al primero de enero de este año. Pero solamente de las multas impuestas han pagado el 0,8%, “entonces ese es un recurso muy bajo si alguien dijera que la administración se está llenando o que los alcaldes o los gobernadores o que las autoridades se están llenando los bolsillos a punta de multas porque la verdad el pago es de lo más bajo”, expresó. Acero también explicó que estos recursos entran a la tesorería de los municipios y se utilizan para programas preventivos y para temas de convivencia. Hasta dos millones por metro de espacio público Aunque ninguno de los vendedores que hablaron con Pares contó sobre las supuestas cuotas de extorsión que les cobrarían las autoridades para dejarlos vender a sus anchas en el espacio público de la capital, Acero explicó que, si se termina con este tipo de delitos, incluso les saldría más económico a los vendedores pagarle una mensualidad al gobierno para vender, que una supuesta extorsión quincenal o mensual a la policía o a las mafias del espacio público. “Se deben hacer unos diseños en donde unos vendedores ambulantes puedan pagar un arrendamiento y pagar unos impuestos y utilizar el espacio público. Esto es más económico que los miles y algunas veces millones de pesos que cobran las mafias del espacio público”, aseguró. De acuerdo con el experto, en Bogotá hay territorios en donde al mes, por un metro cuadrado, le cobran de 1 a 2 millones de pesos a los vendedores de la calle para que puedan permanecer en el espacio público. La OCDE señaló en un informe que en Colombia los profundos problemas estructurales del mercado laboral se evidencian en la elevada tasa de “autoempleo” con el 52% de la población en comparación con el 27% en México. Ariel Ávila, subdirector de Pares, dijo que desde el gobierno nacional, por medio del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, se buscan alivianar esas cifras para disminuir las del desempleo. Por eso, una medida es sacar a los vendedores del espacio público y que paguen arriendo en locales comerciales. “Se dice que los que ganen menos del salario mínimo van a poder cotizar a pensiones”. Según el analista, eso significa que los van a formalizar a la fuerza. Corrupción de las autoridades Aunque Acero se refirió a las mafias que viven de economías ilícitas, ha habido casos en los que las mismas autoridades se han visto implicadas en estos casos de corrupción. En 2017 el intendente Jamir Chavarro Andrade y el patrullero José Roberto Marín Villa fueron capturados y enviados a la cárcel “como supuestos autores del delito de concusión en concurso homogéneo y sucesivo”, de acuerdo con información de la Fiscalía. El episodio ocurrió en agosto de ese año cuando los uniformados, pertenecientes al CAI del barrio Modelia, y quienes realizaban patrullaje, comenzaron a pedirle dinero a los vendedores ambulantes de la zona, para permitirles trabajar en el espacio público. “Al parecer exigían 700.000 pesos mensuales, y se conoció que un puesto de venta alcanzó a pagar $400.000 pesos; sin embargo, los amenazaban con levantarlos del lugar”, señaló el texto del ente judicial. Pese a las distintas mafias “hay también funcionarios corruptos claro, pero que desde luego hay que atacar todos los frentes”, concluyó Acero.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares En una confrontación entre gobiernos y líderes políticos que terminó en tablas, el balance para la gente, el ciudadano del común es doloroso. Volvieron a perder los venezolanos de a pie. Desde el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, sobre el río Táchira, este fin de semana hubo varios intentos para ingresar la ayuda humanitaria como lo había previsto el autoproclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó. Sin embargo, una serie de disturbios e incendios dejaron en vilo la llegada de alimentos y medicinas. No hubo ganadores en este pulso entre países, pero sí perdedores: los ciudadanos. La propuesta fue liderada por Guaidó, quien aseguró que haría todo lo que estuviera a su alcance para pasar el sábado la ayuda a territorio venezolano. Un día antes de la entrega, se realizaron dos conciertos en la frontera de ambos países como una intención “filantrópica y de paz”. A raíz del concierto, donde se proclamaron las buenas intenciones y la buena voluntad de quienes participaron en tarima, se creyó que el sábado iba a haber un estado de aparente calma; pero sucedió todo lo contrario. Tan pronto hubo un intento para pasar la tan mencionada ayuda humanitaria, los camiones fueron incinerados. Jorge Rodríguez, ministro de comunicaciones de Venezuela, acusa a jóvenes colombianos de ser los responsables de atentar contra los camiones. Del lado colombiano, el gobierno de Iván Duque, Juan Guaidó, autoproclamado presidente y los medios masivos de comunicación, aseguraron de forma unánime que el ataque contra los camiones provino del lado venezolano. Señalaron a la Guardia Nacional de ese país de ser la responsable del ataque. Ante los desmanes, este lunes se reunió el Grupo de Lima, conformado por 14 países, entre ellos Colombia, y que tiene como objetivo buscar una salida pacífica a la crítica situación de Venezuela. “El intento (de entrar la ayuda) produjo unas escenas dolorosas: 285 heridos. No hay el número preciso de los muertos, pero en la frontera con Brasil algunas fuentes incluso aseguran que hay 14 muertos”, dijo León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares. “Veo que ellos aceptan que no tuvo la contundencia tanto el concierto como la búsqueda de penetrar Venezuela con drogas y con alimentos. Ellos pensaban que podían dividir de manera importante, producir una fractura de las fuerzas militares y de policía de Venezuela y no lo lograron”, expresó Valencia. Agregó que, aunque desertaron algunos militares, fueron muy pocos, frente al poder que tienen hoy las fuerzas armadas que se mantuvieron en la lealtad con maduro. Según información oficial, 167 militares han pedido protección en Colombia. Catorce países dicen No a la intervención militar “Hoy demostramos que la diplomacia, el cerco diplomático y la acción multilateral es mas fuerte que las amenazas o los discursos bravucones que tratan de resquebrajar o de fracturar el sentimiento de unidad que tenemos todos los países aquí reunidos”, expresó el presidente Iván Duque al término de la reunión. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, había dicho con anterioridad que el país se mantiene en la idea de una salida diplomática para terminar con el régimen de Nicolás Maduro y que se descartaba una intervención militar. “El grupo de Lima se reúne en Bogotá para evaluar esa jornada y lo que veo es que van a continuar en la línea de la presión diplomática lo que ellos llaman un poco abusivamente en el lenguaje ‘cerco diplomático’”, explicó Valencia. De acuerdo con el analista, el Grupo de Lima seguirá presionando para que las fuerzas militares venezolanas se pongan del lado de la asamblea y del lado de Guaidó. “Van a apretar las sanciones más en la región. Duque ha llamado a que todas las cuentas del gobierno de Venezuela, todas las cuentas oficiales se le entregue a la asamblea popular”, indicó. La cuestión es que, según el director de la Fundación Pares, dicho grupo tiene una debilidad enorme porque es un grupo que si bien representa un poco intereses de la región está bajo la decisión que tome Estados Unidos. ¿Buen balance para Maduro? “Creo que en el lado de Maduro tienen una evaluación distinta de los eventos de la frontera, para ellos es un triunfo porque no dejaron entrar esta ayuda humanitaria que para ellos era una interferencia, una invasión, una presencia de extranjeros en su territorio indebida”, agregó Valencia. Actualmente hay un grupo de contacto internacional que está en Caracas, para entablar una relación entre Maduro y los que se oponen a su gobierno. “El contacto internacional busca un acuerdo para conformar un gobierno de transición y citar a elecciones. Vamos a ver qué espacio le da Maduro, de eso depende, de que Maduro se comprometa a una transición y que plantee un gobierno de coalición, y esa es la otra opción que está”, remarcó. Un empate muy doloroso En conclusión, “yo creo que se produjo un empate muy doloroso porque es un empate de dos fuerzas en confrontación, pero los que pierden y los que han perdido son los ciudadanos, la gente pobre que buscaba una salida”. A la crisis humanitaria y política, se suman los problemas generados por el intento de ayuda humanitaria porque Maduro no cede y el gobierno de Colombia cerca cada vez más ese país. “Cada uno canta victoria. Maduro por haber repelido la ayuda, y estos porque lograron trasladar al mundo unas imágenes y lograron hacer publicidad a su idea de intervención”, concluyó.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares De manera simultánea a la reunión del Grupo de Lima que se llevó a cabo este lunes en el Palacio San Carlos de Bogotá, centenares de ciudadanos se congregaron en la Plaza de Bolívar, a pocas cuadras del lugar, para manifestar su voz de protesta contra la manera en la que el gobierno de Trump y el presidente Iván Duque están liderando la crisis institucional en Venezuela. La ciudadanía se reunió en la Plaza de Bolívar para exigirle al Grupode Lima que cesen los planes de guerra contra Venezuela. «No a la guerra por petróleo. #LaGuerraNoEsElCamino«No a la guerra. Defendamos la vida» fue el llamado que ciudadanos y ciudadanas elevaron esta mañana en protesta por los anuncios de una posible intervención militar en Venzuela.

Por Redacción PARES. Este lunes 25 de febrero está reunido en Bogotá el recientemente conformado Grupo de Lima, con el fin de exigir una escalada en la presión diplomática y el uso de la fuerza contra el gobierno de Nicolás Maduro. El Vicepresidente de EE.UU, Mike Pence, llegó esta mañana al país para participar de las deliberaciones, junto con los líderes regionales que buscan adoptar una declaración con relación al momento de crisis que está atravesando la democracia en Venezuela. Con Estados Unidos a la cabeza, hoy se definen en el Palacio de San Carlos las acciones que se implementarán por parte de los 14 países que conforman el Grupo, con el fin de forzar la salida de Nicolás Maduro del poder. También están presentes en la reunión los presidentes de Panamá, Guatemala, el vicepresidente de Brasil, el vicecanciller de Perú, el el secretario general de la Organización de Estados Americanos -OEA Luis Almagro, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo -BID Luis Alberto Moreno. Hablan los líderes del Grupo «Expresamos solidaridad nuestra solidaridad al Grupo de Lima por la libertad y contra Maduro. Es hora de una Venezuela libre y democrática.» manifestó Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos. Por su parte, en su intervención este lunes el vicepresidente estadounidense manifestó que «El presidente (Donald) Trump me envió aquí para estar con ustedes y estar de pie con nuestros amigos y aliados de Venezuela. Estamos con usted al 100 %», dijo Pence a Guaidó.» «Les traigo saludos de libertad del presidente Donald Trump». Así comenzó su intervención Pence, y expresó que «Estamos de pie con ustedes hasta que la libertad y la democracia sean restauradas en Venezuela. Estamos agradecidos con Colombia y Brasil por el compromiso con Venezuela libre». Y anunció que en los próximos días entregarán 56 millones de dólares para respaldar «a nuestros aliados en la región». A su vez, Iván Duque, presidente de Colombia y anfitrión de la reunión de países, manifestó «El legítimo gobierno de Venezuela se integra formalmente al Grupo de Lima» dejando en claro el respaldo absoluto de su gobierno hacia el autoproclamado presidente de Venezuela, y añadió que «el cerco diplomático contra Venezuela y el gobierno de Maduro es irreversible.» «Hay que dejar abiertas todas las opciones contra Maduro» expresó Guaidó, jefe del Parlamento venezolano y autoproclamado presidente, luego de la frustrada operación de entrega de ayudas humanitarias que se realizó este fin de semana en la frontera. Además, Guaidó comenzó su intervención este lunes en Bogotá, solicitando un minuto de silencio por la masacre, que según él, se perpetró el sábado en su país y expresó que el de Maduro es un régimen forajido sostenido por grupo de de delincuentes como el ELN (…) No esperen que se pierda la esperanza de ser libres» concluyó. Cabe recordar que tres países integrantes del Grupo de Lima, México, Guyana y Santa Lucía, no reconocen a Juan Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela. Llamados a una salida negociada Por su parte, la Unión Europea hizo un llamado a evitar una «intervención militar» en Venezuela y su apuesta por una salida «pacífica, política y democrática». En ese sentido, el presidente de Bolivia, Evo Morales, elevó la siguiente solicitud «Les pido, con mucho respeto, que busquen una solución mediante el diálogo como opción para salvar vidas y evitar que la guerra», El Grupo de Lima se había reunido el 4 de febrero en Canadá, y desde allí hicieron un llamado para que se lograra un cambio pacífico de gobierno en Venzuela.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura y Desarrollo durante el gobierno de Álvaro Uribe, se mantiene prófugo de la justicia colombiana. El jueves se conoció que Colombia tenía el permiso para extraditarlo, pero la defensa del exfuncionario logró detener dicha decisión. Arias fue condenado en el año 2014 a 17 años y 5 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia de Colombia que lo declaró culpable en el marco del escándalo del programa Agro Ingreso Seguro (AIS). “El doctor ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA fue acusado por la Fiscal General de la Nación como presunto autor responsable de los punibles de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación”, reza la sentencia. “Los convenios especiales de cooperación técnica y científica (…) de 2009 permitieron que de manera injustificada, particulares se apropiaran de dineros del Estado destinados a la política estatal Agro Ingreso Seguro”, indica la decisión de la Corte Suprema colombiana. Antecedentes del caso En septiembre de 2011, la Fiscalía General radicó la acusación a la Alta Corte, ante quien, en la audiencia del 12 de octubre del mismo año, acusó formalmente al mismo ex funcionario como presunto autor responsable de los ilícitos mencionados. De acuerdo con el fallo, la fiscal general en ese momento, Vivian Morales, dispuso investigar la asignación, en apariencia irregular, de apoyos económicos destinados a cofinanciar proyectos de infraestructura de riego y drenaje entre 2007 y 2009 en cumplimiento del programa AIS, por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo titular en ese lapso fue el doctor Andrés Felipe Arias. Para ese mismo periodo, la Procuraduría General ya había recolectado información sobre la responsabilidad de Arias en el mismo caso y en 2011 lo inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos. Después de cuatro años de extensas audiencias, la magistrada María del Rosario González, ponente del proceso penal, leyó la decisión en la que Arias fue declarado responsable de los delitos anteriormente mencionados. El escándalo tuvo gran impacto en la opinión pública debido a que se conoció que los subsidios del programa AIS fueron entregados a familias adineradas, es decir, se destinaron grandes recursos para ayudar a los que más tiene, y no a los que más necesitan. Prófugo de la justicia En 2011, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dictó la medida de aseguramiento contra Arias. Sin embargo, en junio de 2013 fue dejado en libertad. En julio de 2014 se conoció que él y su familia se habían ido a Estados Unidos, y desde aquél momento su defensa ha estado en confrontaciones legales con Colombia. En noviembre, el gobierno colombiano solicitó formalmente la extradición; pero en 2015 Estados Unidos le brindó el estatus de asilado por persecución política en Colombia. Fueron varios meses así, en los que la justicia colombiana lo solicitaba y la defensa del ex ministro de Uribe interponía un nuevo recurso para alargar su partida. Así las cosas, en el 2017 el abogado de Arias empezó a solicitar la no extradición debido a que podría correr peligro en Colombia. Sin embargo, Estados Unidos dio luz verde para que viniera al país a cumplir con sus deudas penales. En diciembre de 2017 se conoció una polémica carta que envió al Departamento de Justicia de Estados Unidos el embajador Francisco Santos, quien pidió la libertad bajo fianza del exministro Andrés Felipe Arias para poder compartir las fechas especiales de fin de año con su esposa e hijos. El envío de la solicitud, según Francisco Santos, fue una petición del canciller Carlos Holmes Trujillo. Esto confirma explícitamente que el actual gobierno está buscando la manera de frenar el proceso de extradición de Arias a Colombia. Al final, la solicitud no fue tenida en cuenta por la justicia norteamericana, lo que significó una vergüenza diplomática. ¿Y ahora, qué sigue para ‘Uribito’? Este jueves, la defensa de Arias recibió una carta del Departamento de Estado de Estados Unidos en la que señalaron que luego de una revisión exhaustiva, el subsecretario de Estado decidió autorizar la entrega del exministro Arias a Colombia. “Nosotros recibimos el jueves la carta del Departamento de Estado autorizando la extradición y de inmediato enviamos un mensaje urgente a la Corte de Apelaciones para que detenga la extradición”, explicó el abogado defensor David Markus. “La razón por la que ellos nos enviaron esa carta, es porque el gobierno de Estados unidos está muy preocupado y con miedo de que ganemos la apelación”, agregó. Pese al visto bueno para ser extraditado, la Corte de Apelación de Estados Unidos le concedió a la defensa de Andrés Felipe Arias suspender el proceso de extradición hacia Colombia hasta tanto no se cumpla la audiencia que estaba programada para el próximo 14 de marzo. En ese sentido, habrá que esperar a la siguiente cita que tenga Arias con la justicia norteamericana para saber el rumbo de este caso tan polémico. Él sigue insistiendo en su inocencia, y algunos congresistas de la bancada del Centro Democrático, incluido Uribe, lo apoyan y desconocen lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia.