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Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana La Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presenta su Boletín de Violencias Basadas en Género – Comparativo agosto 2021 y 2022, en un ejercicio de contraste entre los meses de agosto 2021 y agosto 2022 con el fin de identificar tendencias de incrementos o decrecimientos en las principales aglomeraciones y áreas metropolitanas del país. Para ello se hace una comparación entre los datos que son registrados en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO) durante estos periodos. El presente boletín hace un balance a nivel nacional de las Violencias Basadas en Género (VGB), a saber, feminicidios delitos sexuales y violencia intrafamiliar en los periodos indicados; seguido de unas breves conclusiones. Este boletín hace parte de una serie de publicaciones que describen y analizan las cifras del SIEDCO a partir de 4 ejes: violencias basadas en género, ciberdelitos, resultados operativos y delitos de alto impacto. ­­­­­ Feminicidios: El registro total de feminicidios reportados en agosto de 2022 tuvo una disminución de -54,55% con respecto a los reportados en agosto de 2021: 10 casos registrados en 2022 frente a 21 en 2021. Mientras que en agosto de 2021 estos hechos se concentraron en los departamentos de Antioquia (33,3%), Cundinamarca (25%), Cauca y Valle del Cauca (16,67% c/u) y Bolívar (8,33%), para agosto de 2022 los casos se repartieron de manera pareja en Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Valle del Cauca y Bolívar (25% c/u). Los municipios que concentran los feminicidios en 2022 son: La Ceja (Antioquia); Cartagena (Bolívar); La Dorada (Caldas); Puerto Tejada (Cauca); Bosconia (Cesar); Villavicencio (Meta); Francisco Pizarro (Nariño); Bucaramanga (Santander); Floridablanca (Santander) y Tuluá (Valle del Cauca). Con respecto a la zona en la que se reportaron los hechos también se presentan variaciones. En 2022 el 90% de los casos se concentraron en zonas urbanas y apenas un 10% en zonas rurales. No obstante, el año 2022 presentó una disminución del total de casos reportadas en cada una de las zonas señaladas: en zonas urbanas se evidenció una disminución del 40% y en zonas rurales una disminución del 85,71% con respecto a los casos reportados en 2021. Con respecto a los sitios donde se reportaron este tipo de hechos, en 2022 los registros se concentraron en solo dos sitios: Vías Públicas (87,50% de los casos) y Casas de Habitación (12,50%). Por último, en cuanto al reporte del arma empleada para la comisión de feminicidios, se evidencia que en 2022 el arma blanca fue utilizada con mayor diferencia que las demás (70%), seguida por el arma de fuego (20%) y las armas contundentes (10%). Es decir, de los 10 casos registrados, 7 se registran con arma blanca-cortopunzante; 2 con arma de fuego y 1 feminicidio con objeto contundente. Grafico No1. Feminicidios registrados en Colombia en agosto de 2021 y agosto de 2022 Elaboración: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: SIEDCO Delitos sexuales El total de casos de delitos sexuales en agosto de 2022 presentó una reducción de -27,79% con respecto a los reportados en agosto de 2021, esto quiere decir que en agosto de este año se han reportado 786 casos menos que en el mismo mes de 2021 en el que se registraron 2.828 denuncias. Los hechos registrados se concentran a nivel departamental en Cundinamarca (28,6%); Antioquia (13,57%); Valle del Cauca (6,71%); Santander (4,75%) y Bolívar (4,51%). En 2022 estos delitos se repartieron principalmente en las ciudades de Bogotá (60,82% de los casos), Medellín (17,53%), Cartagena (8,38%), Cali (7,6%) y Barranquilla (5,67%). Con respecto a los reportes de agosto de 2021 esto supuso un alto decrecimiento en ciudades como Cali (54,26%) y Medellín (39,82%), un decrecimiento algo menor en Barranquilla (15,38%), y un aumento significativo de los casos reportados en Cartagena (20,37%). Por su parte Bogotá reporta un crecimiento leve (0,85%). En cuanto a las zonas en las que se reportaron los delitos, es válido afirmar que la tendencia se mantuvo. En 2022 la zona urbana concentró la gran mayoría de casos (94,12%) con respecto a las zonas rurales (5,88%), la principal diferencia está en la reducción de casos totales que también significó una disminución de los casos en cada zona. En la zona urbana hubo una reducción del 25,22% y en la zona rural del 53,49% de los casos con respecto al reporte de 2022. Para 2022, los sitios que concentran estos hechos son Vías Publicas, con el 73,46% de la informacion y Casas de Habitación, con el 7,98%. El tipo de arma utilizada para el delito tuvo variaciones. En agosto de 2022 la mayoría de los casos continuaron siendo sin empleo de arma, aunque con una diferencia un poco menos abultada (77,50%), seguido de arma blanca (14,37%) y de armas contundentes (8,13%). Vale la pena resaltar que el uso de arma blanca tuvo un crecimiento del 425% con respecto a lo reportado en agosto de 2021. Es decir, de los 2.042 casos que ocurrieron en agosto de 2022, 1.602 fueron realizados sin empleo de armas, 217 con armas contundentes y 203 con arma blanca cortopunzante. Finalmente, en cuanto al género que reportó ser víctima del delito se registró que para 2022 hubo una mayoría de casos de víctimas femeninas (77,68%) y una minoría de casos de género masculino (22,32%). En ambos casos se reportó una reducción con respecto a las cifras de 2021, la más notoria en el caso del género femenino (21,09%) y una menos marcada del género masculino (2,29%). Grafico No2. Delitos Sexuales registrados en Colombia en agosto de 2021 y agosto de 2022 Elaboración: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: SIEDCO Violencia Intrafamiliar Los casos totales de violencia intrafamiliar en agosto de 2022 presentaron una disminución del -17,84% con respecto a agosto de 2021. Esto se traduce en una diferencia de 1.858 casos entre ambas periodicidades, al pasar de 10.412 casos en 2021 a 8.554 en 2022. Tanto en agosto de 2021 como en agosto de 2022 los reportes tuvieron una distribución similar principalmente en cinco departamentos del país: para 2021 Cundinamarca concentró el 52,16%, Antioquia el 24,24%, Valle del Cauca el 11,29%, Santander el 7,71% y Atlántico el 4,61%; en 2022 hubo algunas variaciones, Cundinamarca concentró el 61,84%, Antioquia el 18,88%, Valle del Cauca el 8,97%, Atlántico el 5,26% y Santander el 5,03% del total de los casos del mes. Vale la pena destacar que en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Santander se presentaron las disminuciones más notorias (reduciendo los casos en 33,97%; 32,63%; y 44,66% respectivamente). De igual forma, tanto en agosto de 2021 como en agosto de 2022 los delitos se concentraron mayoritariamente en cinco ciudades: en 2022 Bogotá aumentó la concentración de los casos reportados (68,12%), seguido igualmente de Medellín (13,46%), Cali, (8,48%), Soacha (5,16%) y Cartagena (4,79%). Vale la pena destacar que Medellín reportó una disminución del 39,12% de los casos, siendo el caso más representativo. Contrariamente, Bogotá fue la única ciudad que presentó un aumento de casos de exactamente 12, 04%. Por otro lado, del 100% de los casos registrados de violencia intrafamiliar, el 96,50% de los casos se concentra en zonas urbanas, frente al 3,50% en zonas rurales. Los sitios que más concentran casos registrados en 2022 son Vías Públicas, que concentra el 76,09% de los caos y Casas de Habitación con el 18,44%. Del 100% de los hechos registrados en 2022, el 83,49% de los casos fueron cometidos sin el uso de armas y el 15,48% con armas contundentes. Por último, con respecto a los reportes de las víctimas en razón de su género, hubo una mayoría de víctimas de género femenino (73,02%) sobre víctimas de género masculino (26,98%) durante agosto de 2022. Con respecto a los reportes de agosto de 2021, esto supuso una disminución de los casos tanto femeninos (20,59% menos) como masculinos (10,32% menos). Grafico No3. Violencia Intrafamiliar registrados en Colombia en agosto de 2022 Elaboración: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: SIEDCO Conclusiones: El mes de agosto de 2022 presenta una reducción significativa de las Violencias Basadas en Género (VGB) frente a la misma vigencia de 2021. Gran parte de los casos registrados se comenten sin el uso de armas, lo que podría indicar la cercanía de los victimarios con la víctima, es decir, generalmente las víctimas de VGB son violentadas por miembros de su círculo social y familiar más cercano. A diferencia de la violencia intrafamiliar y de delitos sexuales que se concentran especialmente en ciudades capitales, los feminicidios se registraron en municipios que no cuentan con la misma oferta y capacidad institucional para prevenir estos hechos que ciudades más grandes, es decir, municipios en los que no hay oferta institucional que brinde garantías mínimas de seguridad ante las VGB y que ayude a prevenir los feminicidios a nivel nacional. Se deben reforzar estrategias especialmente en las ciudades capitales para reducir los delitos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.

Por: Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana En los últimos años Colombia ha venido avanzando en políticas que buscan blindar a la mujer de cualquier tipo de violencia. La protección constitucional del escrache como mecanismo legítimo de denuncia de violencias basadas en género, el reconocimiento de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la tipificación del feminicidio como un delito penal autónomo y además la llegada a la presidencia de Gustavo Petro, quien en campaña señaló la necesidad de cambiar de manera estructural el machismo imperante, constatan que los tiempos están cambiando. Pero está lejos de ser suficiente. Los feminicidios siguen siendo una constante. Este informe no sólo enciende la alerta sobre la necesidad de imponer medidas legales efectivas sino también una transformación profunda de las actitudes y prácticas sociales que perpetúan la desigualdad de género. Hasta el 7 de febrero del 2024 la Procuraduría General de la Nación llevaba reportados 20 casos de mujeres víctimas de feminicidio (consumado o no consumado) y 84 alertas desde Medicina Legal por agresiones como violencia intrafamiliar, una cifra que, sumada a las 848 alertas emitidas en el 2023 por la amenaza de feminicidio, indica un creciente riesgo para la seguridad de las mujeres. El rango de edad en donde las mujeres son más atacadas es la población que va entre los 18 y 59 años, acaparando el 88% de los casos de feminicidio en el 2023. En el 2023 la ciudad en donde más se reportaron feminicidios fue Bogotá con un total de 149 casos, lo que supuso un aumento del 31,8% con respecto a los 113 casos registrados en 2022. Valle del Cauca ocupa el segundo lugar con 82 casos. Antioquia, con 73 casos, ocupa el tercer lugar. Lo preocupante es la demora de la justicia. Los casos están en un 54% en fase de indagación, el 8.6% en fase de investigación, un 47.3% de los casos se encuentra en la etapa de juicio, y solamente el 7.3% se encuentra en ejecución de penas. Esa lentitud es el caldo de cultivo de la impunidad. Estos números no apoyan el autobombo del ExFiscal Francisco Barbosa al final de su gestión lanzando una cifra de 96% de casos resueltos en lo que feminicidios se refiere durante su administración. Uno de los grandes problemas con la información de feminicidio, como muestra este informe, es la no unificación de los datos. Esta es una limitación que debe resolverse a la mayor brevedad. Según datos de la Policia Nacional se registraron en el 2023 109. 674 casos de violencia intrafamiliar de las cuales el 70. 9% fueron víctimas femeninas y 28.8% fueron víctimas masculinas, durante 2023, al menos 213 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar cada día. En cuanto a los departamentos que más casos de violencia intrafamiliar reportaron en el año, se tiene en primer lugar a Bogotá D.C. con 32.530 casos, de los cuales el 59,4% corresponde a víctimas femeninas; seguido de Antioquia con 15.941 casos, de los cuales el 74,8% afectó a las mujeres; Cundinamarca, con 8.979 casos y un 72,8% de víctimas femeninas; Valle del Cauca con 8.664 casos y 75,7% de víctimas femeninas; y Atlántico con 4.310 casos de los cuales 75,2% fueron mujeres. Resulta preocupante que en las gobernaciones de Bolívar, Santander, Boyacá, Caldas, Magdalena y en ciudades como Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Pereira, y Bucaramanga, no se cuente con secretarías especializadas en atender este tipo de casos. Según datos del SIEDCO, en 2023 se registraron 23.366 víctimas de delitos sexuales, lo que supuso una reducción del 15,5% con respecto al año 2022, en el que la cifra fue de 27.666 casos. Los delitos con más casos reportados durante 2023 fueron actos sexuales con menor de 14 años con un 39% de los casos totales, seguido de acceso carnal abusivo con menor de 14 años con un 22%, acceso carnal violento con un 17%, acto sexual violento con 12% y acoso sexual con 10%. El turismo sexual en ciudades como Medellín, Bogotá y Cartagena es creciente. Y en tanto, ¿Petro está cumpliendo con sus promesas de proteger los derechos de las mujeres? La creación del Ministerio de la Igualdad, con todo lo que implica y la creación de la Patrulla Púrpura, pueden ser un paso importante. El problema es que aún no hay indicadores que evidencien su eficacia. Además, los canales de ruta y de protocoles de atención claros y eficaces, no presentan avances significativos en este gobierno. Este informe en su segunda parte, despeja dudas sobre la verdadera eficacia con la que el gobierno está atacando la violencia de género. ¿Le alcanza?

Por: ODEVIDA Venezuela Desde el observatorio para la defensa de la vida se hace este llamado de auxilio: el gobierno de Nicolás Maduro está extremando las medidas contra defensores de derechos humanos. Su intolerancia a la diferencia se está traduciendo en detenciones arbitrarias y largas como la que sucedió con la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel quien lleva detenida ocho meses en el temible helicoide de Caracas, tratada por el fiscal venezolano, Tarek William Saab como una terrorista, reducida su humanidad a la mínima expresión. A pesar de que Amnistía Internacional expresó su rechazo ante esta detención, al Regímen simplemente no le importa nada. En el primer semestre del 2024, con una elección en ciernes, 6 activos defensores de derechos humanos están detenidos arbitrariamente, y sometidos a procesos judiciales violatorios del derecho al debido proceso, acusados por delitos tales como traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir, terrorismo e incitación al odio. Nunca en Venezuela se había detenido a defensores de derechos humanos, lo que sin duda es una señal de alerta para la comunidad nacional e internacional.   El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) en su informe “Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Primer semestre 2024” [1]  documentó 592 ataques e incidentes de seguridad durante el primer semestre de 2024, reflejando el agravamiento de la criminalización, represión y control social en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos. Preocupa a ODEVIDA que los 592 ataques e incidentes documentados en el período comprometen y afectan derechos de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, representen un incremento del 92% en comparación con el mismo período del año 2023, en el cual se según el CDJ registraron 39 pre situaciones.   A pesar de las cifras que se presentarán en este informe existe una preocupación latente desde ODEVIDA y es el caso de subregistros. Se tiene la certeza de que, por miedo, por intimidaciones, no se está llevando el número exacto y el nombre de los torturados, los amenazados, los detenidos, los agredidos. Defender los derechos humanos en una dictadura es un delito de alto riesgo y eso es lo que estamos denunciando acá.   Uno de los puntos sobre los que se ha focalizado el régimen es en atacar a PROVEA. Así viene sucediendo por lo menos desde hace una década. Durante lo que llevamos de 2024 se han conocido por lo menos tres acciones que han puesto en riesgo a algunos de sus integrantes. El 9 de septiembre del 2024, después de los desafueros cometidos durante las elecciones, Amnistía Internacional elevó una solicitud para que se tomen medidas urgentes contra los crímenes de lesa humanidad que están sucediendo en Venezuela.   Como parte de esta contraofensiva para detener la barbarie presentamos este informe desde el Observatorio para la Defensa de la Vida, ODEVIDA, al que titulamos “Defender derechos es un derecho, no un delito” ataques, patrones de agresión, presuntos responsables y liderazgos más afectados en Venezuela durante 2024” que espera pueda ayudar a los cientos de personas que aún no pierden la fe en el vecino país y creen que puede ser posible defender derechos sin caer preso y torturado. La democracia en Venezuela hace rato murió. Este es el informe: [1]  Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ): Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela – Primer Semestre 2024. Consultado el 24.09.24 en https://centrodefensores.org.ve/?p=623

Por: Redacción Pares Ha circulado información de los nombres que van a conformar la delegación de diálogo del ELN en la mesa próxima a instalarse con el gobierno del presidente Gustavo Petro, delegación que es presidida por Pablo Beltrán, segundo comandante y Aureliano Carbonell, miembro de la dirección nacional. Ambos trabajaron en el anterior proceso con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en la mesa instalada en febrero de 2017, en Quito, y suspendida desde agosto de 2018. Ambos estuvieron al frente de la delegación que permaneció en La Habana hasta el pasado 02 de octubre y repetirán en esta nueva delegación que tiene rostros ya conocidos y otros por conocer. Del listado que circula en medios sobre la delegación de 16 personas del ELN, hay cuatro nombres que vienen de la anterior delegación que hemos conocido en los últimos años, dos mujeres y dos hombres. Las dos mujeres son María Consuelo Tapias y Silvana Guerrero, ambas han tenido protagonismo en la delegación anterior. De María Consuelo se sabe, por sus palabras, que tuvo interés en conocer la guerrilla desde joven, que en su familia hay tradición de militancia de izquierda y familiares con vínculos con el Partido Comunista Colombiano, aquí sus declaraciones. Tapias ingresó al ELN entre finales de los años ochenta y principios de los noventa, es del Bajo Cauca Antioqueño y en estas tres décadas de militancia en la guerrilla ha permanecido en las estructuras del Área Darío Ramírez Castro, de la que sobresalen los Frentes José Antonio Galán y José Solano Sepúlveda; el primero un frente histórico que se ha movido entre el nordeste antioqueño y el Bajo Cauca, y el segundo la estructura más poderosa, luego del Frente Domingo Laín, ambos hoy muy disminuidos, a diferencia del Laín. Esta mujer ha hecho toda la escuela guerrillera: para llegar a ser un mando importante le tocó vivir la década de los noventa, siendo una veinteañera, cuando el conjunto del ELN –a excepción del Frente Domingo Laín– se debilitó de manera considerable. En esa década aprendió el ABC de la acción guerrillera y con constancia y disciplina se forjó un lugar en los mandos nacientes del Área Darío Ramírez Castro, unas estructuras con mucho arraigo y conocimiento del Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar. Para principios de los años 2000 fue asignada a las escuelas de formación de nuevos combatientes y se especializó en comunicaciones y sanidad, manteniendo constancia y compromiso al interior del ELN, por lo cual ha ganado un lugar como parte de la nueva generación de mandos con respeto al interior de esta organización que ya está por completar seis décadas de existencia. Silvana Guerrera es catatumbera, se le nota en su carácter esa cultura de hablar franco y directo, es recordada así en su desempeño en los diálogos con la delegación del gobierno Santos. Ingresó al ELN a finales de los años noventa, en medio de una dura confrontación del ELN con el paramilitarismo en la que la guerrilla fue debilitada. Para sobrevivir debió cruzar la frontera. Es una gran conocedora de su región y dice con orgullo que ha caminado todo el Catatumbo y conoce sus trochas y vericuetos. Silvana es una mujer con formación académica, se dice que estudió ingeniería y fue maestra, lleva más de dos décadas en el ELN y procede de ese mundo campesino organizado y con arraigo en su territorio, así habla de sus orígenes y motivaciones para vincularse al ELN. María Consuelo y Silvana Guerrero, e Isabel Restrepo (quien igualmente indica que es Norte Santandereana) son tres mujeres que repiten en la delegación de diálogo por parte del ELN. Los dos hombres que repiten son Gustavo Martínez y Bernardo Téllez, el primero come años y el segundo tiene aspecto de hombre mayor a pesar de ser mucho menor que Martínez. Gustavo Martínez es de Piedecuesta, se vinculó al ELN a mediados de los años setenta y está llegando a sus setenta, aunque parece un cincuentón. Pasó por la cárcel, a finales de los setenta y principios de los ochenta; al salir de prisión se vinculó como hombre de confianza al pequeño grupo donde Manuel Pérez trabajaba en la reconstrucción del ELN, en el año 1983. Juntos trabajaron la pequeña dirección del ELN asentada en el Bajo Cauca, desarrollaron trabajo político con el campesinado de la zona y conformaron el Frente Compañero Tomás, del cual fue integrante de su dirección. Se le conoce por su capacidad de relacionamiento con el mundo campesino, del cual procede, su discreción, perseverancia y calidez en el trato. Tiene un gran sentido de orientación en el terreno, siempre era consultado por Manuel Pérez cuando se trataba de trazar el rumbo de la marcha guerrillera, por lo cual se le apodó Américo Vespucio, tiene contacto con Pablo Beltrán y Antonio García desde los años ochenta y es un jefe sereno en su hablar, sin protagonismos ni estridencias. Esa larga carrera en el ELN lo llevó a ser nombrado parte de su dirección nacional en el IV Congreso realizado en 2005. Aquí pueden escuchar a Gustavo Martínez. Bernardo Téllez cuenta que participaba con su padre en las marchas de mayo del año 87, que fueron promovidas por el movimiento político A Luchar. Para ese entonces era un joven, quizás sobre los quince años. De esa procedencia campesina y de organización vienen sus raíces y de allí se vincula a la guerrilla del ELN, muy probablemente a principios de los años noventa. Bernardo Téllez, es un mando importante del Frente de Guerra Norte y conoce todas sus estructuras, ha permanecido entre el Frente Camilo Torres Restrepo, otra estructura histórica en el ELN, con asiento en el sur del Cesar, y el Frente José Manuel Martínez Quiroz, entre el norte del Cesar y el Sur de la Guajira. En el último congreso del ELN en el año 2015 llegó a su dirección nacional. Aquí pueden escuchar a Bernardo Telléz. De la anterior delegación de diálogo del ELN ya no están Alirio Sepúlveda, mando del Frente Domingo Laín, ni Tomás García Laviana, quien en la delegación trabajaba en comunicaciones. De los integrantes del ELN que dieron la cara en el proceso con el expresidente Juan Manuel Santos han muerto María Vásquez, conocida como “Paula” –muy cercana de Antonio García–, la única mujer integrante de la dirección nacional que se conozca. Estuvo en la firma de la agenda vigente en marzo de 2016 y luego sufrió un accidente cerebral, del cual no se recuperó. Aquí su voz. Otra de las personas muertas es Alejandro Montoya, muerto en un bombardeo en Montecristo, sur de Bolívar, en mayo de 2020. Así lo anunció el ELN: "informamos al país y a la comunidad internacional la pérdida del compañero y negociador de paz Alejandro Montoya, quien junto con Fredy y otros tres guerrilleros murieron en el bombardeo realizado por las Fuerzas Militares del Gobierno en Montecristo, sur de Bolívar (norte)". Alejandro Montoya, dice el mismo comunicado del ELN, "integró la subcomisión que redactó los protocolos para el cese al fuego bilateral nacional temporal, que se cumplió entre el 01 de octubre de 2017 y el 09 de enero de 2018”. A Alejandro Montoya se le conocía como “Gallero” al interior del ELN. En el equipo del gobierno Santos que negoció el cese bilateral se le reconoce su voz con rigor al abordar los temas militares, igualmente lo recuerdan como parte del equipo “Triple A”, porque los negociadores por parte del ELN de este crucial punto fueron Aureliano, Alirio y Alejandro. Veremos las caras no conocidas de esa delegación de 16 integrantes del ELN que conforman ese nuevo grupo del cual el país ya ha visto a Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Gustavo Martínez, Bernardo Téllez, María Consuelo Tapias, Silvana Guerrero e Isabel Restrepo. En los próximos días es posible que conozcamos los rostros de: Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Edwin Restrepo, Américo Trespalacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán y Simón Pabón.

Por: Luis Eduardo Celis Instalada la mesa este lunes 21 de noviembre. Ya hay algunos acuerdos: habrán países garantes y acompañantes, habrá presencia permanente de la Misión de la ONU y la Iglesia Católica, se asumirán los delicados temas humanitarios, y se constituirá un equipo conjunto para comunicar el desarrollo del proceso. Las dos delegaciones siguen trabajando en Caracas. Posiblemente veremos nuevos anuncios en la segunda semana. Es probable que estén trabajando sobre ajustes a la agenda firmada el 30 de marzo de 2016, igualmente en Caracas, asuntos de funcionamiento de la mesa, cese bilateral, definiciones sobre participación, etc. La delegación del Gobierno la conforman ocho mujeres y ocho hombres. La delegación del ELN, diez hombres y seis mujeres. Entrevistas a Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno Colombiano: - Historia (privada) de la violencia, entrevista del 2017: https://www.youtube.com/watch?v=DSPE7XV5m5E - Otty Patiño habla desde Caracas y dice que la negociación avanza a la velocidad de un Ferrari, entrevista del 25 de noviembre de 2022: https://www.youtube.com/watch?v=XTaZ6hvy4O8 5. Entrevistas a Pablo Beltrán, jefe de la delegación de diálogos del ELN: - Pablo Beltrán sobre retos para alcanzar la Paz Total: https://www.youtube.com/watch?v=W8OQKsSVDNk - Entrevista de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) a Pablo Beltrán en Caracas: https://www.youtube.com/watch?v=i8O6Obq6wps&t=2s Gratitud con todas las personas, instituciones y gobiernos que siguen trabajando por una Colombia en paz.

Por: Luis Eduardo Celis La delegación de diálogo y negociaciones del Gobierno Colombiano se reunió con el presidente Gustavo Petro, el lunes 28 de noviembre. Desde el martes 29 de noviembre las dos delegaciones han continuado el trabajo. No hay pronunciamientos conjuntos. Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno, y Pablo Beltrán, jefe de la delegación de diálogo del ELN, enviaron mensajes a la Convención Campesina reunida en Bogotá: https://www.dailymotion.com/video/x8g0ei4?s=09 El sábado 3 de diciembre, el presidente Gustavo Petro informó que Gobierno y ELN llegaron a acuerdos para retorno de comunidades indígenas Emberas a sus territorios. No se conocen detalles sobre este retorno El domingo 4 de diciembre la delegación de diálogo del ELN sacó un pronunciamiento Entrevista con Aureliano Carbonell, negociador de paz del ELN https://www.youtube.com/watch?v=1Q0n7kigdMI&t=674s Entrevista a Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno https://www.youtube.com/watch?v=Wlli8Lq1NqQ Hay expectativa por los desarrollos que las partes han logrado. De manera extraoficial se dice que este ciclo de negociaciones va hasta el 12 de diciembre, esperemos pronunciamientos conjuntos. Gratitud con todas las personas, instituciones y gobiernos que siguen trabajando por una Colombia en paz.

Por: Luis Eduardo Celis Este lunes 12 de diciembre, termina el primer ciclo de diálogos y negociaciones. Es posible que la rueda de prensa sea a la 1 de la tarde de Colombia. Poco a poco se han conocido los delegados tanto de la comunidad internacional que se desempeñarán como garantes y acompañantes, así como los de la Iglesia Católica. El secretario general de la ONU designó a Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU en Colombia, como su delegado para el proceso de paz entre el Gobierno Colombiano y el ELN. El presidente de Chile, Gabriel Boric, designó a Raúl Vergara como su enviado para el proceso entre el Gobierno Colombiano y el ELN. El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, en comunicación al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, al jefe de la delegación de Gobierno, Otty Patiño, y a Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell, de la delegación de diálogo del ELN; informó que la Iglesia Católica, desde la Conferencia Episcopal, seguirá acompañando este proceso de diálogos y negociaciones y que junto a Monseñor Héctor Fabio Henao, estarán los obispos Omar Alberto Sánchez y Darío Monsalve. Ya el gobierno suizo nombró su enviado especial para este proceso, pero aún no se ha hecho público, lo que se sabe es que es una persona con amplio conocimiento de Colombia y de este reto de paz. El expresidente Juan Manuel Santos, afirmó que tiene la convicción de que este proceso de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN será exitoso ( https://www.youtube.com/watch?v=fYLWkAKSnAo). Se habla que el próximo ciclo será en México ( https://www.noticiasrcn.com/colombia/esta-seria-la-proxima-sede-de-los-dialogos-con-el-eln-435691) Veremos qué tanto han logrado avanzar las dos partes en este primer ciclo de diálogos y negociaciones. Agradecemos a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la comunidad internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista Con la llegada del nuevo gobierno de Gustavo Petro, arrancó la política de Paz Total. Una propuesta que presentó desde su campaña y a la cual su gabinete le ha apostado todo el trabajo. La reanudación de los diálogos con el ELN, el pasado 21 de noviembre, en Caracas, Venezuela, fue el primer gran paso que dio el gobierno en dirección a la Paz Total. El reinicio de estos diálogos se dio a conocer en un comunicado conjunto entre el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán. El último proceso de diálogo con esta guerrilla empezó con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, fue interrumpido en el mandato del expresidente Iván Duque, en 2018, y posteriormente, en 2019, suspendido definitivamente, debido a un atentado contra una escuela de policía en Bogotá, que dejó un saldo de 22 muertos. Duque no solo suspendió el proceso de negociación, sino que ordenó la captura de los delegados del ELN en Cuba, exigiendo su entrega por parte de la isla, orden que rompió y distanció a las partes de este proceso de paz. Sin embargo, casi cuatro años después, las órdenes de captura y extradición en contra de los negociadores del ELN fueron suspendidas por orden de Petro como muestra de buena voluntad para retomar las negociaciones actuales. 17 representantes del ELN se beneficiaron con la suspensión de estas órdenes de captura y extradición, entre ellos: Nicolás Rodríguez Bautista, Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Eduin Restrepo, Américo Trespalacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán y Simón Babón.  Posteriormente, el 21 de noviembre, los diálogos iniciaron de manera oficial siguiendo la misma agenda de seis puntos acordada con el gobierno de Juan Manuel Santos: participación de la sociedad civil; democracia para la paz; transformaciones para la paz; víctimas; fin del conflicto; e implementación. “Partimos de lo ya existente, partimos de lo ya pactado, no nos estamos inventando nada”, mencionó en ese momento Danilo Rueda, Alto Comisionado de Paz, desde Caracas. Antes de la reanudación de este proceso de paz, el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmaron los nombres de sus delegados que acompañarán esta mesa de negociación. Equipo negociador del Gobierno Colombiano José Félix Lafaurie: líder del principal gremio de ganaderos en el país, Fedegán, político uribista, fue presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar y director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar). Lafaurie es esposo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal. La invitación de Petro para él fue algo sorpresiva, debido a su inclinación política, sin embargo, mencionó que el sector ganadero ha sido uno de los que la violencia más ha golpeado. Otty Patiño Hormaza: antiguo militante de la guerrilla del M-19 y negociador de ese movimiento en varios procesos de paz (con los gobiernos de Betancur y Barco). También es politólogo y experto en conflicto, y es por esto que ha escrito varios libros relacionados al tema. Ha sido profesor en varias universidades, como la Pedagógica Nacional y la de Manizales . Patiño es un hombre cercano al presidente Gustavo Petro, pues el mandatario también estuvo en el mismo grupo armado. Iván Cepeda Castro: defensor de los derechos humanos y trabajador por la paz, quien se ha dedicado a luchar por la reparación a las víctimas de la violencia y a buscar una salida negociada y pacífica de la guerra. Cepeda fue facilitador de las negociaciones de paz con las guerrillas de las FARC y el ELN durante el gobierno Santos. Viene de una familia de izquierda, ya que su papá, Manuel Cepeda, fue un político de izquierda que pertenecía a la Unión Patriótica, partido que fue perseguido por militares y paramilitares. Actualmente Iván Cepeda es senador de la República. María José Pizarro: activista a favor de la paz, quien llegó al Congreso hace cuatro años como parte de la lista que encabezó Gustavo Petro al Senado, Colombia Humana. Pizarro trabajó con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, y en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Danilo Rueda: actualmente es el Alto Comisionado para la Paz, defensor de los derechos humanos y excoordinador de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP). Rueda también ha sido maestro de universidades de Bogotá, como el Externado y la Javeriana, fue miembro de Colombianos y Colombianas por la Paz y ha sido uno de los más interesados en hacer la Paz Total en el país. Dayana Paola Urzola Domicó : indígena perteneciente al pueblo Embera Katio. Urzola es antropóloga, coordinó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Actualmente hace parte de la Secretaría Técnica de la Mesa Interétnica PDET Sur de Córdoba. Olga Lilia Silva Lopez: penalista , defensora de los derechos humanos tanto de niños y niñas, como campesinos e indígenas. Representó a las víctimas de Tame, Arauca, en 2010, cuando menores fueron asesinados y violados. Rodrigo Botero García: tiene un gran conocimiento del medio ambiente, en especial en la Amazonía, por ello, lideró el Sistema de Parques Nacionales en la Amazonía y la Orinoquía de 2007 a 2010. Botero tiene una maestría en desarrollo sostenible de la Javeriana y ha sido reconocido por estos conocimientos, en especial por su trabajo para frenar la deforestación en el Amazonas. Carlos Rosero: líder social afrocolombiano del Proceso de Comunidades Negras (PCN). Es antropólogo de la Universidad Nacional, cercano a la vicepresidenta Francia Márquez, también fue una persona clave para la creación de la Ley 70 de 1993, la cual reconoce los territorios colectivos afros. Horacio Guerrero García: desde hace más de 25 años ha sido defensor de los derechos humanos, en el gobierno de Juan Manuela Santos lideró asuntos indígenas del Ministerio del Interior y fue alcalde local de Ciudad Bolívar. Álvaro Matallana Eslava: fue coronel del Ejército Nacional, participó en la toma de Marquetalia, la operación militar contra campesinos que derivó en la creación de las FARC. Matallana ha sido una de las personas que ha insistido en que el Ejército construya puentes de comunicación con las comunidades, gran interés que ha tenido Gustavo Petro con las instituciones. Orlando Romero Reyes: hizo parte de la delegación del Gobierno con los diálogos con las FARC, también fue veedor en el proceso de verificación de la dejación de armas de esta guerrilla. Rosmery Quintero: experta en temas relacionados con el análisis sobre economía, finanzas, empresas y negocios de Colombia, es directora del gremio de los pequeños industriales. Quintero ha trabajado en los gremios durante más de 30 años, actualmente representa al sector productivo en las negociaciones. Equipo negociador del ELN Pablo Beltrán: su nombre , Israel Ramírez Pineda, segundo comandante de la guerrilla, fue jefe de la delegación para los diálogos que se realizaron con el expresidente Santos en 2016. Entró a la guerrilla en los años 70 y ha sido integrante del Comando Central (COCE) desde 1989. Aureliano Carbonell: su nombre , Víctor Cubides, fue estudiante de sociología en la Universidad Nacional. También es conocido por el alias de “Pablo Tejada”. Según El País, Carbonell es considerado uno de los intelectuales fuertes de esta guerrilla. Nicolás Rodríguez Bautista: alias “Gabino” , hizo parte del ELN desde sus 14 años, fue el máximo comandante de este grupo armado que para 2021 renunció a este puesto debido a sus problemas de salud. Violeta Arango Ramírez: alias “Violeta” , fue señalada por la Fiscalía por haber presuntamente participado en el atentado con explosivos en el Centro Comercial Andino de Bogotá en el año 2017. Arango fue liberada para poder ser gestora de paz en estas negociaciones. María Consuelo Tapias: ha sido parte de la guerrilla desde los años 90, normalmente ha sido la encargada en asuntos de comunicaciones y ha sido delegada de los diálogos desde 2016 Gustavo Martínez: a inicios de los 80 fue el hombre de confianza de Manuel “El Cura” Pérez, a partir de 2005 hizo parte de la dirección nacional del ELN y fue también delegado en las negociaciones con el expresidente Santos. Bernardo Téllez: desde 2015 pertenece al grupo armado y opera en los territorios del Cesar y La Guajira. Fue delegado en los diálogos con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Silvana Guerrero: desde hace más de 20 años hace parte del ELN, es licenciada en educación básica, estudió ingeniería e hizo parte como delegada en las negociaciones de 2016, allí lideró un proceso de audiencias preparatorias para la mesa, el cual, según el medio El País , fue el punto de conexión con la sociedad civil. Desde el 21 de noviembre, fecha en la cual se iniciaron estas negociaciones, los negociadores de ambas delegaciones han dado declaraciones limitadas, intentando no revelar los temas que se están tratado al interior. Al respecto, Iván Cepeda mencionó que “trabajar en un proceso de diálogos de paz implica, entre otras exigencias, apegarse a la más estricta confidencialidad   y no prestar caso a las especulaciones que circulan en la opinión”. Según Luis Fernando Celis, coordinador de la Línea Migración, Región y Frontera de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), este ha sido el sexto intento de una negociación con el ELN. Celis mencionó que la comunidad internacional ha mostrado su respaldo, esperando que estos diálogos de paz sean exitosos. “Sin duda se requiere un proceso de paz, la construcción de una visión compartida de país entre el Gobierno y el ELN, por esto hay que persistir”, el investigador de Pares asegura que se ha sentido un ambiente de optimismo en esta primera etapa de reanudación. Cabe mencionar que, Cuba, Noruega y Venezuela son los primeros países en acogerse como garantes de estas negociaciones de paz. Dichos países expresaron su apoyo y esperanza con estos diálogos y esperan que se llegue finalmente a un buen acuerdo. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su compromiso con la paz en Colombia. Noruega, por su parte, también expresó su apoyo a estos diálogos, que consideró como “un paso importante hacia la paz en Colombia”. Y finalmente Venezuela mencionó que espera que con estas negociaciones se pueda superar el conflicto armado y se logre una Paz Total. Hay una muy amplia participación y respaldo de la comunidad internacional frente a estas negociaciones, teniendo en cuenta que aparte de los países garantes, también se escogieron a cuatro países acompañantes, los cuales son: Alemania, España, Suiza, Suecia, y la presencia de la comunidad internacional de las Naciones Unidas. Celis explicó también que ambas delegaciones solicitaron a Estados Unidos que envíen un observador a la mesa de diálogo, lo cual sería una “buena noticia”. Al cierre del primer ciclo de estas negociaciones, en un comunicado conjunto, las partes emitieron los acuerdos a los que llegaron: el primer acuerdo es sobre la   agenda de diálogos, pues se retomará a partir de lo firmado en 2016 con el expresidente Santos, ya que en ese entonces se firmó una guía de agenda y sus ejes esenciales; el segundo acuerdo es sobre la   institucionalización de la mesa de diálogos de paz, pues ambas partes elaboraron una normativa que tendrá unos protocolos con una reglas claras para el proceso de los diálogos; el tercer punto tiene que ver con las acciones y dinámicas humanitarias, pues a partir del próximo año habrá atención de emergencia que estará enfocada en algunas zonas específicas para atender la violencia que se presenta; y el último acuerdo consiste en desarrollar una estrategia y plan de comunicaciones y pedagogía, con el fin de fortalecer el apoyo tanto de la sociedad como de la comunidad internacional. Finalizando esta primera etapa, los negociadores invitaron a la República Federativa de Brasil, al igual que a Chile y México para definir su participación como países garantes y también a países como Alemania, Suecia, Suiza y España como países acompañantes. Invitación que estos países ya confirmaron, a excepción de Brasil. Estas delegaciones de negociación también conformaron un equipo conjunto de comunicación, con el fin de informar de manera clara, transparente y objetiva sobre el desarrollo y avance de este proceso de negociación que se seguirá llevando a cabo. Acciones que para el Senador Iván Cepeda se pueden ver con optimismo, ya que el Gobierno ha logrado cumplir algunos acuerdos en un periodo corto, teniendo cuenta que hasta hace poco se terminó este primer ciclo de negociación. Luis Fernando Celis de Pares compartió esta opinión, ya que para él las partes han avanzado en los puntos acordados, entre ellos, el acompañamiento internacional; asumir los temas humanitarios como prioritarios; estar al frente de las malas condiciones en las que están los integrantes del ELN que se encuentran en las cárceles; y la definición de algunos temas de pedagogía de las comunicaciones. “Este primer ciclo deja ya unas bases. Igualmente, las partes informaron que están ajustando las agendas y están en un proceso de redacción, siendo un muy buen balance de lo que se avanzó en esta primera etapa”, mencionó Celis. El pasado 11 de diciembre, la Conferencia Episcopal de Colombia informó que la Iglesia Católica aceptó ser acompañante permanente de la mesa de paz con el ELN, petición que había hecho la oficina del Alto comisionado para la Paz. El Monseñor Héctor Fabio Henao, monseñor Omar Sánchez y monseñor Darío de Jesús Monsalve, serán los representantes de la Iglesia en estos diálogos. Tras la finalización de este proceso, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó al Gobierno y al ELN por haber culminado estas negociaciones "de manera exitosa”. Luego de culminar en Caracas el primer ciclo, el Gobierno Nacional anunció que en enero de 2023 se retomará una segunda mesa de diálogos entre ambas partes. Tal como estos negociadores habrían anunciado en su momento, la mesa de diálogo será rotativa. Por esta razón, fue confirmado que estas conversaciones se llevaran a cabo en México, país garante.  Hasta el momento se desconoce el día específico en el que se retomarán estos diálogos. Sin embargo, México está trabajando para tener listo todos los requerimientos logísticos que garanticen la seguridad de ambas delegaciones en el marco de los diálogos de paz.  Hay varias expectativas frente a esta segunda ronda, pues Pablo Beltrán mencionó que uno de los temas que espera que se traten en esta segunda etapa sea la del cese al fuego, dado a que en esta primera etapa, según Beltrán, no fue mencionado. "Sobre el cese, ese tema ha sido tocado por el presidente. Él, en su oportunidad, dijo que vamos a trabajar por un cese bilateral, tenemos una idea parecida y esperamos que ese sea un tema que en un siguiente ciclo abordemos. En este no fue abordado", dijo el jefe de la delegación del ELN, alias "Pablo Beltrán”. Para Celis hay muchas expectativas con esta segunda etapa, teniendo en cuenta que en la primera se vieron algunos resultados positivos, es por esto que se espera que estas negociaciones sigan avanzando, principalmente en los temas relacionados a lo humanitario, con el fin de finalmente llegar a la Paz Total en Colombia.

Por: Katerin Erazo, Periodista La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este lunes una sentencia en contra del Estado colombiano por el exterminio del grupo político Unión Patriótica (UP). Durante la audiencia, el presidente de la Corte, Ricardo Pérez Martínez, concluyó la responsabilidad del Estado en la violación de derechos como la vida, la libre expresión y la asociación política, y el derecho a la honra y la verdad para el caso de la UP. La Corte reconoció que más de seis mil miembros de la UP fueron víctimas de graves y sucesivas violaciones de derechos humanos que iniciaron a partir de 1984 y fueron extendidas por más de 20 años. "La CIDH declaró que Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica (…) como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido y sus integrantes", expresó el juez Ricardo Pérez. El tribunal halló que el Estado colombiano fue responsable de asesinatos, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas. Por esta razón, determinó durante la audiencia que el Estado deberá reparar a las víctimas. Algunos puntos mencionados para esta reparación fueron: El Estado tendrá un plazo máximo de dos años para que se impulsen y se reabran las investigaciones sobre los crímenes. Tendrá que organizar un acto público en el deberá reconocer su responsabilidad. Deberá construir un monumento en memoria de las víctimas y asimismo instalar placas conmemorativas en al menos cinco lugares públicos. Tendrá que instaurar un día nacional de homenaje a las víctimas de la UP. Además, para evitar una repetición, deberá realizar actividades de sensibilización al igual que un documental en el que rinda homenaje a las víctimas. "El Estado realizará una campaña nacional en medios públicos con la finalidad de sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia, persecución y estigmatización a la que se vieron sometidos los dirigentes, militantes, integrantes y familiares de los miembros de la Unión Patriótica", se precisó en el fallo. Tras la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), algunos integrantes del partido y entidades que han acompañado a las víctimas se pronunciaron. Heidy Sánchez, concejala de Bogotá por la Unión Patriótica y el Pacto Histórico, le dijo a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que este es un día histórico para el país, dado que se escucharon, después de muchos años, las peticiones de una sociedad que esperaba “justicia por el intento de exterminio de un partido político”. “Lo que ha hecho la CIDH es darle una respuesta a la historia, memoria, verdad, justicia, reparación y a las garantías de no repetición en nuestro país, nunca más un exterminio”, dijo Sánchez. Asimismo, Gabriel Becerra Yáñez, secretario general de la Unión Patriótica y representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, le dijo a Pares que se ha logrado un objetivo importante que es “superar la impunidad que se quiso imponer en el ámbito nacional”. Becerra señaló que ahora se debe luchar para que los contenidos que se plasmaron en la audiencia se cumplan y presentar un precedente para que estos hechos no se repitan. Becerra mencionó que el gobierno Petro cuenta con la voluntad política para acatar el fallo. “Esperamos que esto no sea fallo de papel, un fallo que simplemente quede consignado en una hoja, sino que tenga efectos en la sociedad y de esta manera haya memoria”, puntualizó Becerra. La Corporación Reiniciar, que está conformada por los sobrevivientes al extermino y trabaja por la defensa de los derechos de los integrantes de la UP, mencionó que por 30 años ha estado con las víctimas y que por tal motivo pide que se cumplan los puntos que la Corte impuso al Estado colombiano. Por su parte, el presidente Gustavo Petro dijo: “Un Estado asesino que no debe retornar más , una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio”, refiriéndose a este hecho por el que se ha luchado por años para que haya justicia. León Valencia, director de la Fundación Pares, aseguró que Aída Avella, presidenta de la UP, y Jael Quiroga, defensora de derechos humanos y sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica, han sido pilares para que se honrara a las víctimas y sobrevivientes de la UP y que este caso no quedara en el pasado. Cabe mencionar que La Unión Patriótica nació en 1985, luego de que integrantes de las FARC decidieran unirse a la política, esto, tras la firma del Acuerdo de Paz de la Uribe-Meta que se dio en 1984, pactado con el gobierno de Belisario Betancourt. La estigmatización y la criminalización fueron algunas de las razones por las que muchos de los integrantes de la UP fueron asesinados. Sin embargo, los que pudieron salvaguardar sus vidas se vieron obligados en ese entonces a exiliarse del partido. Según Heidy Sánchez, concejala de Bogotá por la Unión Patriótica y el Pacto Histórico, el Estado no quiso proteger la vida de estas personas, por el contrario, actuó de una manera poco interesada. Ante los hechos violentos contra los integrantes de este partido, el Estado solo se ha hecho responsable de 219 víctimas, entre las más de seis mil que se mencionaron en la Corte. Actualmente la Unión Patriótica sigue siendo un partido vigente que recuerda a aquellas personas que dieron su vida por una idea de cambio en nuestro país. Este partido hace parte de la coalición del Pacto Histórico, lo que quiere decir que junto con la Colombia Humana, el MAIS y el Polo Democrático, son partido de Gobierno.

Por: Katerin Erazo, Periodista El lunes 23 de enero, las autoridades reportaron el asesinato de tres personas en Medellín. Una de las víctimas fue Mario León Artunduga, miembro de la comunidad LGTBIQ+ y exfuncionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Con estos asesinatos, Medellín sumó 22 homicidios en lo corrido de 2023 , un aumento del 15,8% respecto al mismo periodo de 2022. Durante este periodo (01 de enero al 23 de enero), las autoridades registraron el asesinato de cinco mujeres, lo que ha ocasionado gran preocupación, debido a que en el mismo periodo del año pasado no se había registrado ningún caso. Por esta razón, el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, convocó un consejo de seguridad en el que se analizaron y tomaron acciones frente a los casos de asesinatos. Una de las medidas tomadas fue ofrecer hasta $100 millones de pesos por información que lleve a la captura de los responsables de homicidios y hasta $200 millones de pesos por casos de feminicidios o de asesinatos contra población LGBTIQ+. A pesar de los hechos violentos reportados por las mismas autoridades de Medellín, el 24 de enero la oficina liderada por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sacó un comunicado informando que durante cuatro meses, el Gobierno ha tenido acercamientos con grupos delictivos que operan en esta ciudad, y que por tal motivo, “han reducido actividades violentas” como torturas, desapariciones y asesinatos. Dichos acercamientos que, según el comunicado, han tenido con más de 12 grupos delincuenciales urbanos, tienen el propósito de construir una “paz urbana”, teniendo en cuenta la política de Paz Total a la que el Gobierno quiere llegar.  Para Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), esta propuesta de “paz urbana” deja abierta muchas dudas, especialmente de lo que significa una paz urbana en el marco de la Paz Total. “Para mí es bajarle a las hostilidades y a los enfrentamientos que hay entre organizaciones delincuenciales que se disputan territorios, no solo en Medellín sino en las grandes ciudades del país y en otros territorios urbanos de Colombia”, dijo el coordinado r de la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Este primer proceso de contacto entre el Gobierno y las organizaciones ilegales, llamado “fase de acercamiento”, ha tenido acompañamiento internacional, nacional, eclesial y académico, y en el marco de este se han sosteniendo compromisos por parte de ambas partes, compromisos que cuentan con mecanismos de verificación de reducción de la violencia.   La oficina enfatizó que este proceso de paz urbana se ha realizado de manera discreta y es por esto que en el comunicado se reitera que todo este proceso de construcción de paz se dará a conocer con más detalles en un momento oportuno.  “La ciudadanía conocerá la arquitectura de la conversación sociojurídica cuando se cuente con una hoja de ruta finalizada. Así, tanto ciudadanos como grupos participantes contarán con todas las garantías de un proceso de paz urbana eficaz y transparente”, concluyó la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Isaac Morales mencionó que este comunicado da nuevas “luces” de que también se están avanzando diálogos y acercamientos con organizaciones delincuenciales de otro nivel, más allá de las organizaciones ilegales que se han mencionado comúnmente en los anuncios de Paz Total. Sin embargo, deja algunas incógnitas sobre cuáles son esos 12 grupos delincuenciales con los que el Gobierno ha estado teniendo un acercamiento en Medellín. La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se comunicó con el alcalde de Medellín para saber su postura frente a este comunicado. Sin embargo, no fue posible una respuesta, pues según su jefe de prensa, este es un tema que por el momento está manejando el Gobierno Nacional. Cabe mencionar que Medellín y su área metropolitana ha sido una de las zonas mas complejas en temas de seguridad del país, esto se debe al control de economías ilícitas asociadas sobre todo con el narcotráfico y el microtráfico. Según el informe “ Delincuencia organizada en áreas metropolitanas ”, publicado por la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares, en los últimos cinco años, el SIEDCO reportó un total de 3.920 homicidios ocurridos en los 10 municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Además, esta Línea ha registrado que durante el periodo 2022, en Medellín hubo 14.782 capturas, 28.275 hurtos a personas, 1.824 amenazas, 453 extorsiones y 381 homicidios. Por esta razón, en temas de seguridad uno de los principales retos que tiene el Gobierno en esta ciudad, y en general, es reducir todos los indicadores de seguridad, que para la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares no solo se trata de reducir los números, sino también de que haya una presencia mucho más integral de la institucionalidad en los territorios alejados y periféricos de las grandes ciudades.

Por: Luis Eduardo Celis Este lunes 13 de febrero inicia en México el segundo ciclo de diálogos y negociaciones entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN. Será un encuentro de transcendental importancia para el proceso que se inicia, pues es la proa del barco de la política de Paz Total, algo todavía en fase de montaje, en medio de una diversidad de procesos de tramitación de las violencias organizadas que persisten, y siendo el ELN la última de las organizaciones de nuestro viejo alzamiento armado de los años 60. Las partes llegan al ciclo de México luego de sortear una crisis por las interpretaciones que suscitó el cese bilateral erróneamente anunciado por el presidente, en un tuit suyo del 31 de diciembre y desmentido por el ELN. Este impasse ya fue superado hace tres semanas en una reunión extraordinaria en Caracas y las dos partes continúan con el reto de avanzar. Son cuatro los aspectos que se van a tratar en este ciclo en México, que puede durar entre 21 días y un mes de trabajo. La agenda En el ciclo de Caracas, que se llevó a cabo entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022, Gobierno y ELN abordaron la agenda firmada por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el ELN, el 30 de marzo de 2016. Esta agenda tiene la lógica de ser pensada y diseñada para un proceso de participación que lleve a concertar unas transformaciones como sustento de una visión compartida de la paz. Una agenda que comparten el gobierno Petro y el ELN, pues ambas partes tienen plena identidad sobre la participación ciudadana y la pluralidad social para avanzar en la Paz Total, con vocación y compromiso de transformaciones. La intención es llevar a la mesa de diálogo la más amplia diversidad social y política. El documento que muy seguramente se firme al final del ciclo de México pondrá énfasis en la participación de mujeres, jóvenes y pueblos étnicos, así como en temas de transición energética y asuntos socioambientales. Participación para la paz El punto de participación para la paz tiene desarrollos importantes en lo ya trabajado, que sirven de herencia para este nuevo momento. Ya hay unas definiciones logradas entre Santos y el ELN en las que se estableció que la participación puede transcurrir por un “carril” regional y otro temático. Son definiciones, si se quiere elementales, que tienen el valor de que han sido construidas por un Gobierno Colombiano y el ELN. Una participación para la paz se debe desarrollar de manera plural, teniendo como base la tramitación de conflictos territoriales no resueltos bajo el principio de una permanencia digna de quienes han habitado los territorios y han sido sometidos a la vulneración sistemática de sus derechos, bajo lógicas de exclusión y ejercicio de violencias para expulsarlos y despojarlos. La participación para la paz que deben proponer el Gobierno y el ELN puede apoyarse en los procesos territoriales en los que hay comunidades organizadas, gremios comprometidos con este esfuerzo de paz y gobiernos locales que tienen responsabilidades constitucionales para trabajar por sus regiones. La participación que acuerden tiene en el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) una oportunidad de instrumento de gestión pública de gran potencialidad transformadora, y lo que quede en el PND no solo será prioridad, sino que debe contar con recursos para que la gestión del Gobierno se convierta en acción de la sociedad. La participación hay que asumirla entonces como el desarrollo de un mandato constitucional que establece que la democracia colombiana es participativa. Y ligarla a la definición de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. La participación tendrá a las regiones como escenarios y como protagonistas a los sectores sociales que quieran presentar sus formulaciones y propuestas. Que Gobierno y ELN se constituyan en gestores y mediadores de una amplia participación hacia el gran esfuerzo de la construcción de la paz y de un nuevo país. Una articulación entre regiones y sectores sociales alrededor de ciertos temas nodales puede darle sustento a esa participación. De esta manera, en México hay que lograr unas definiciones precisas de participación, insistiendo en que se incluyan puntos que puedan ser incorporados al PND, lo que ubica a los meses de marzo, abril y mayo como el tiempo a aprovechar. Cese bilateral del fuego y de hostilidades Gobierno y ELN coinciden en adelantar la negociación en medio de una distensión que sirva a las comunidades que sufren la continuidad de la violencia y se genere “un ambiente de paz”. Ya hay el antecedente del cese bilateral de los 100 días transcurridos entre octubre de 2017 y enero de 2018. Este debe ser tomando en cuenta como experiencia sobre la cual se pueda partir para la construcción del nuevo acuerdo. El presidente Petro ha manifestado que el interés de su Gobierno no está exclusivamente parar la confrontación con el ELN, lo cual, por supuesto, es muy importante; sino que ha hecho énfasis en su interés en que la población no sufra los estragos de la violencia. Las dos partes deben establecer con claridad el delicado tema de las “hostilidades”, pues aquí hay un campo por acotar de comprensión y precisiones para establecer con claridad los compromisos a cumplir. En los últimos días se ven más hechos que involucran acciones del ELN y contra el ELN por parte de la Fuerza Pública. En Buenaventura surgieron graves denuncias por parte del ELN sobre supuestas ejecuciones fuera de combate de sus combatientes, hecho que es motivo de investigación. O los hostigamientos a integrantes de la Policía por parte del ELN en Chocó o Segovia, y la voladura del oleoducto Caño Limón Coveñas, por mencionar hechos recientes. Vamos a ver si esta tendencia a mayores hechos de acciones armadas se mantiene ahora que se acerca la efeméride de la muerte de Camilo Torres Restrepo, el próximo 15 de febrero, que es cuando el ELN adquiere mayor visibilidad por sus acciones pasadas. Hay que mencionar que las acciones militares en las que está más comprometido el ELN son contra otros irregulares: Clan del Golfo en Chocó y Valle, o estructuras disidentes de las FARC en Arauca, Sur de Bolívar, Cauca y Nariño. Este es un reto para las partes negociadoras, pactar un cese bilateral en el que también hay que tener en cuenta estas confrontaciones en curso. Es fundamental pactar un cese bilateral del fuego y de hostilidades que pueda ser verificado por instancias internacionales, con el acompañamiento de la Iglesia Católica, otras iglesias y los procesos comunitarios territoriales. Acciones humanitarias El Gobierno y el ELN tienen interés y compromiso en trabajar por resolver las dificultades humanitarias que padecen ciertas comunidades ante la persistencia del conflicto armado. Este es un asunto urgente que debe ser atendido con prontitud y eficacia. Las dos partes, con la participación de organizaciones comunitarias, iglesias y comunidad internacional, adelantaron la Caravana Humanitaria en el Bajo Calima y el Medio San Juan (Ver: Caravana humanitaria del Gobierno y el ELN finalizó con éxito ), y de esta experiencia se debe aprender para seguir desplegando iniciativas humanitarias. En lo humanitario hay mucho por hacer, marcando como prioridad la situación de confinamiento que viven ciertas comunidades, así como el desplazamiento, amenazas de zonas con artefactos explosivos, la reclusión de los presos del ELN, etc. Sobre este conjunto de situaciones, Gobierno y ELN pueden trabajar de manera mancomunada. A manera de síntesis Este segundo ciclo de conversaciones en México entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN debe constituirse en la proa de una política de Paz Total que logre arribar a buen puerto. Ambas partes deben lograr: firma de la agenda del proceso, definiciones sobre participación para la paz, el cese bilateral de fuego y hostilidades, y acciones humanitarias conjuntas. Los mejores deseos para las dos partes y gratitud con el Gobierno y el pueblo de México por su trabajo y compromiso, al igual que para los países de la comunidad internacional que actúan como garantes y acompañantes.

Por: Luis Eduardo Celis Inició el año movido por el trino de medianoche del 31 de diciembre en el que el presidente Gustavo Petro anunciaba: "Hemos establecido un cese bilateral de fuego", mencionando entre los comprometidos en ese cese bilateral al ELN, lo que fue desmentido por el grupo guerrillero en un pronunciamiento del 03 de enero y ratificado en otro pronunciamiento de su Comando Central el 09 de enero, y definiendo la situación resultante de este desencuentro como "crisis". A pesar del pesimismo de algunos y de los titulares alarmistas de los medios de comunicación, debe resaltarse que este es un proceso que viene por buen camino desde el comienzo del nuevo gobierno y que, habiendo aprendido las lecciones necesarias, la negociación con el ELN sigue teniendo buen viento y buena mar para este 2023. En la primera semana del nuevo gobierno, exactamente el jueves 11 de agosto se fueron a La Habana el canciller Álvaro Leyva Durán, el senador Iván Cepeda y el Alto Comisionado de Paz Danilo Rueda, acompañados del director de la Misión de Acompañamiento y Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, y Monseñor Héctor Fabio Henao. Su tarea: establecer el primer contacto con la delegación del ELN que había permanecido en la isla durante los cuatro años del gobierno del presidente Iván Duque y ofrecer las debidas excusas al solidario gobierno del presidente Miguel Díaz Canel ante tanto atropello por parte del expresidente Duque y las duras circunstancias afrontadas por el gobierno cubano al ser incluidos por la administración Trump en una lista de supuestos patrocinadores del terrorismo por la presencia del ELN en su territorio. Esta primera visita del gobierno colombiano cumplió plenamente los objetivos: reconocimiento a Cuba por todo su trabajo y compromiso, y un mensaje claro a Colombia y al mundo: el Gobierno Colombiano y el ELN van a adelantar un proceso de paz para concluir el largo esfuerzo de paz iniciado en 1990 por el M-19, organización de la cual proviene el presidente Petro. El domingo 02 de octubre, la delegación del ELN salió de Cuba, acompañados por el Gobierno Colombiano, Noruega y Venezuela, rumbo a Caracas. Allí se anunció el martes 04 de octubre en sesión solemne que se instalaría una mesa formal de este proceso de paz, lo que se hizo el 22 de noviembre, sin duda una gran noticia, sólo con un reparo, esta mesa se debió instalar en la primera semana de noviembre y se hubiera contado con tres valiosas semanas adicionales de diálogo al final de 2022. El Gobierno Colombiano conformó un equipo negociador un poco a las carreras. Todo parece indicar que el equipo fue seleccionado entre la última semana de octubre y las dos primeras semanas de noviembre, lo cual ha dado como resultado un equipo que no ha tenido el tiempo de conocerse y apropiarse de una estrategia de negociación o construirla y acometer esta importante tarea con el rigor desde el inicio de lo que implica este enorme e importante desafío para la política de Paz Total. Las tres semanas de trabajo del primer ciclo sin duda que dejan las bases de un proceso de diálogos y negociaciones: hay un grupo de países que van a jugar un papel de garantes y acompañantes, siempre clave e importante este trabajo; se cuenta con un conjunto de protocolos para el funcionamiento de la mesa; se estableció un mecanismo para las comunicaciones; y se dio una revisión a la agenda firmada en marzo de 2016 entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el ELN. Queda por definir la agenda de estas nuevas negociaciones en el próximo ciclo. Igualmente, y de enorme importancia, las dos partes trabajaron en el delicado y urgente asunto de los múltiples temas humanitarios que sufren cientos de comunidades en los territorios donde persiste la violencia, acordando que van a iniciar de manera conjunta y con el apoyo de la Iglesia Católica y otras iglesias, y la comunidad internacional, acciones en el Bajo San Juan y el Calima Darién, al igual que frente al retorno de comunidades Emberá a sus territorios. También fue establecido el interés y compromiso frente a la población en situación de cárcel de integrantes del ELN, tema clave sobre el cual hay mucho por hacer. El balance del primer ciclo es altamente favorable y deja un proceso que inicia en un ambiente de cordialidad y trabajo productivo, y que pudo tener un segundo ciclo si no se hubieran perdido tres semanas al inicio de noviembre. La pequeña tempestad del trino del 31 de diciembre es una buena campanada de alerta para la continuidad de este proceso. Y ante un año 2023 que va ser crucial para el desarrollo de este proceso, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) plantea las siguientes consideraciones y propuestas para un trabajo tan exigente e importante para la política de Paz Total: El gobierno del presidente Gustavo Petro y su delegación deben trabajar en la cohesión del equipo negociador y en la estrategia y contenidos para llevar adelante este proceso. Las dos partes deben asumir el impasse del 31 de diciembre y tramitar las lecciones que les deja esta primera piedra en lo que va a ser un caminar conjunto durante los próximos 43 meses. Del segundo ciclo debe salir claramente establecida la agenda del proceso, iniciar el trabajo para establecer el cese bilateral y en lo posible definir el inicio del proceso de participación de la sociedad para lo cual deben retomar lo planteado en las audiencias de Tocancipá en octubre de 2017 y lo trabajado en el último ciclo de julio y agosto de ese mismo año. Pará el próximo ciclo sería muy importante si las partes definen la conformación de unas comisiones de trabajo para avanzar en el diseño sobre: participación de la sociedad, asuntos humanitarios y cese bilateral. Esta metodología le daría agilidad a las definiciones por tomar y que deberían ser asumidas en el segundo ciclo. Es urgente iniciar la dinámica de participación social, la cual debe tener como prioridad el Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno debería proponer que el primer conjunto de transformaciones a acordar en dinámicas de la sociedad tenga como destino el Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno del presidente Gustavo Petro está en mora de darle ritmo y dinámica al Consejo Nacional de Paz como una de las principales instancias ciudadanas en la cual apoyarse para el desarrollo de la política de Paz Total en general y para el proceso del ELN en particular. Gobierno y ELN tienen en este 2023 el reto de darle ritmo, dinámica y resultados concretos a un proceso de paz que tiene el buen derrotero de que se puede ir acordando e implementando. Este proceso de paz tiene buen viento y buena mar y todas las pequeñas o grandes tempestades que vendrán se podrán asumir porque hay convicción y compromiso de paz tanto en el Gobierno como en el ELN, y hay urgente necesidad de paz en la sociedad colombiana.