Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares En horas de la noche de este lunes 18 de febrero, la Corte Suprema de Justicia dio un no rotundo a la solicitud de nulidad que habían presentado los abogados del senador y expresidente Álvaro Uribe en el caso contra Iván Cepeda. A partir de este momento, la Corte tiene vía libre para investigar al expresidente por presunta fabricación de testigos en contra del senador y miembro del Polo Democrático. La decisión fue tomada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, rebatiendo así la argumentación jurídica de los abogados de Uribe quienes alegaban una violación de la segunda instancia. Justamente Jaime Granados, abogado del expresidente y quien había presentado un recurso de reposición en un texto de 129 páginas, buscaba la nulidad del proceso en razón a que Uribe, según sus argumentos, no había tenido la oportunidad de defenderse. Falló la defensa del expresidente Granados buscó tres cosas: anular la decisión final del fallo, revocarla y que en consecuencia se abriera una investigación formal contra Cepeda. Además, el abogado también pretendía frenar la compulsa de copias que ordenó la Corte en contra de Uribe. Sin embargo, la firma de tres magistrados de la Corte negó la totalidad de las peticiones realizadas por la defensa. La decisión fue “ajustada a la legalidad”, debido a que no se incurrió en “arbitrariedad, extralimitación ni desafuero del magistrado que la ordenó, sino que, contrario a ello, se realizó en una práctica probatoria licita y legal”, señalan las consideraciones hechas por los magistrados. Se había anunciado, por parte de los abogados de Uribe, un grupo de nuevos testigos para probar la supuesta responsabilidad de Iván Cepeda en la fabricación de testimonios, sin embargo, la decisión de la Corte también negó el análisis de esos testimonios en razón a que estos no son considerados parte material probatorio. Corte Suprema avala concepto de la Procuraduría El acontecimiento más reciente sobre este caso fue el viernes 1 de febrero, cuando la Corte Suprema de Justicia reconoció a Iván Cepeda como una víctima en el proceso de manipulación de testigos. La acusación que recae contra el senador Uribe y el representante Hernán Prada, tiene que ver con haber incurrido en convencer a Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y principal testigo contra el expresidente, para que se retractara de sus declaraciones y argumentara que estas respondían a ofrecimientos y dádivas prometidas por el senador Cepeda. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación ya se había referido a las visitas del senador Cepeda a las cárceles “Si bien es cierto (…) asistió a la cárcel de los internos, esto correspondió a la labor de control político (…), así como, con la labor humanitaria que la Cámara de Representantes realizó”, aclara el informe de la Procuraduría Cabe resaltar que han pasado cinco años de un proceso, que empezó con la denuncia de Uribe contra Cepeda. Hoy, varias jugadas después el tablero ha cambiado, y ahora es el expresidente quien tiene que rendir indagatoria frente a la justicia por fabricación de testigos; en otras palabras, pasó de ser acusador, a tener que sentarse en el banquillo de los acusados.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Desde su creación en 2017, el tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ha convertido en un campo de tiro para los opositores del Acuerdo de Paz. A pesar de que ya está en funcionamiento, aún le hace falta la aprobación presidencial a su ley de procedimiento. A varios sectores del uribismo que le piden al presidente Duque que la objete, ahora se sumó el Fiscal General de la República. Según Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, hay cuatro (4) puntos del proyecto que van en contravía de la Constitución. Lo curioso es que la misma Corte Constitucional, quien vela por el cumplimiento de la carta magna, ya había declarado exequible dicha ley. Las razones del Fiscal General “Estas personas que están poniendo estos obstáculos, no saben lo que fue el sufrimiento de los campesinos colombianos y de la gente que sufrió esto durante 50 años”, expresó a Fundación Paz y Reconciliación-Pares, el senador Iván Marulanda del partido Alianza Verde. Vale la pena recordar que la JEP es el mecanismo que tiene la función de administrar justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Por esta razón, es de vital importancia que se apruebe con urgencia la ley que la reglamenta. Según Martínez, hay cuatro (4) inconsistencias en la ley que reglamenta el funcionamiento del tribunal: 1. No se sabe quién se encargará de revisar los delitos cometidos después del pacto de paz, 2. No se cumplan las garantías de no repetición, 3. Se suspendan las investigaciones sobre conductas cometidas durante el conflicto, y 4. Existe impunidad por parte de los responsables de los crímenes de guerra. En ese sentido, el expresidente, senador y cabeza del Centro Democrático, Álvaro Uribe, señaló que la ley debería ser objetada, sin embargo, son decisiones presidenciales. El problema para Iván Duque, manifiesta Ariel Ávila, subdirector de Pares, es que se está quedando sin capital político y la mayoría de los miembros de su partido le han solicitado que no sancione la ley, Por ahora, el presidente Duque cuenta con 20 días para analizar el documento y tomar decisiones. De acuerdo con analistas, el presidente sólo podría considerarla inconveniente por temas de orden económico o social, más no inconstitucional; puesto que, ya tiene la aprobación del máximo tribunal. La Corte Constitucional ya dio luz verde “Señor Fiscal. Usted como ciudadano puede estar en desacuerdo con las decisiones de la Corte Constitucional, pero como funcionario público le corresponde acatarlas. Sus objeciones no son otra cosa que insistir en temas en los que la Corte no le dio la razón”, señaló desde su cuenta de Twitter Juanita Goebertus, Representante a la Cámara . De acuerdo con la congresista, cada uno de los puntos controvertidos por el Fiscal General tienen una sustentación jurídica. En el mismo orden expuesto por Martínez, Goebertus le responde: primero, que los delitos cometidos antes del pacto estarán a cargo de la JEP, y si existe reincidencia, se abrirá un incidente de incumplimiento y por último el caso se remitiría a la justicia ordinaria. En segundo lugar, la Corte Constitucional y la Corte Suprema resolvieron la relación entre la Fiscalía y la JEP, por lo cual, la primera puede investigar y decretar pruebas hasta la resolución de la JEP. Lo estipulado es que la Fiscalía no puede capturar, determinar responsabilidades, ni citar a diligencias. Un tercer punto resuelto por la Corte Constitucional, es que a los ex combatientes que reincidan en actos delictivos, que no digan la verdad y no reparen efectivamente a las víctimas, perderán beneficios de rebajas sobre las penas aplicables. Por último, frente al tema de impunidad, Goebertus explicó es que “es posible concentrar la acción penal en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. Investigar hecho a hecho, caso a caso genera impunidad”, de acuerdo con la sentencia. La encrucijada de Duque Por su parte, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, indicó que Martínez lo que busca es reabrir un debate político que ya se había dado en el Congreso, por lo tanto, resultaría innecesario cuando la máxima Corte ya avaló el proyecto. “En esa medida la reapertura de esos debates políticos corresponderá a desarrollarla en el ámbito político, porque en el ámbito jurídico ya fue revisado por la Corte Constitucional”, señaló Linares. Este proyecto de ley lleva más de dos años en trámite. Pasó por los debates correspondientes en ambas Cámaras, posteriormente llegó a manos de la Corte quien lo declaró exequible. Ahora le corresponde a Duque decidir cuál es la ruta de esta ley. Según Linares, el contenido de la ley ya fue analizado de manera exhaustiva por parte de la Corte que es el órgano de cierre en estos asuntos. En ese sentido, ya interpretó el alcance y el contenido de esas normas. Pero dado el caso que Duque decida objetarla, el paso a seguir es que el texto sea regresado al Congreso y pase a segundo debate. Allí podrían ocurrir dos escenarios de acuerdo con lo que está establecido en la ley. Ambas partes discutirán cada artículo en plenaria y si se avala todo, el presidente sólo deberá sancionarlo sin ningún reparo. El otro panorama podría ser que no lleguen a un consenso y en definitiva con “una sola cámara que no acepte las objeciones la ley queda en firme, el estatuto queda en firme”, aseguró Marulanda. “Esto sería rápido en la legislatura ordinaria, en marzo seguramente. De lo que no estoy seguro es de las mayorías”, puntualizó. En conclusión, Duque se encuentra en una encrucijada: su partido le pide repetidamente que objete la ley, mientras poco a poco se queda sin apoyo político. Sancionar la ley podría dejarlo sin el respaldo de una bancada uribista en el Congreso que le exige, no solo abandonar las iniciativas de paz que se venían ejecutando en el gobierno anterior, sino torpedear el mecanismo creado para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación.

Por Claudia Carrión y Camilo Andrés Peña En el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, diseñado por el gobierno de Iván Duque para sus cuatro años de mandato, se insiste en la descentralización y el fortalecimiento de las entidades territoriales. Incluso, hay un capítulo completo llamado ‘Pacto por la descentralización’. Uno de los sectores que tradicionalmente tienen un espacio importante en esta discusión son las comunidades indígenas. Como lo establece la Ley orgánica del Plan de Desarrollo en sus principios generales, se reconoce la autonomía de los entes territoriales y por consiguiente los de las entidades territoriales indígenas, así como se apela a hacer efectivos los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad. El centralismo en las políticas públicas En el PND 2014-2018 se concertó un presupuesto indicativo de 8 a 11 billones de pesos para su ejecución, inclusión de seis artículos en la Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan y 169 acuerdos con los Pueblos Indígenas incluidos en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. Sin embargo, en la práctica no ve cómo se va a lograr ese propósito; es más, el documento lo que verdaderamente refleja es que las decisiones de política pública, sus marcos regulatorios y la asignación de recursos de inversión seguirán dependiendo de una orden central que los define y regula de principio a fin. Esto quiere decir que la tan anunciada autonomía territorial, desde la Constitución de 1991, es una ilusión. En este gobierno a través de su PND las entidades territoriales indígenas tampoco son tratadas con el rango de autoridad que constitucionalmente la Carta Magna les otorga. El PND está compuesto por una parte general y un plan de inversiones. La primera parte contiene los objetivos, las metas y estrategias, así como presentará las formas de armonización de la planeación de todas las entidades territoriales. El plan de inversiones por su parte contiene los recursos financieros y los presupuestos plurianuales de los programas y subprogramas. En la consulta realizada para el plan anterior no se lograron acuerdos en temas cruciales para la conservación del territorio como la política minero-energética, el cambio climático y la reforma a la Consulta previa, el consentimiento previo, libre e informado; por lo tanto, cuando se habla del nivel de incumplimiento a los acuerdos se menciona un 92%, justificando así la disminución del presupuesto designado para estas políticas. También se diseñó la creación de una bolsa de fomento para el desarrollo propio de los Pueblos Indígenas con un monto inicial de $4.000 millones con un incremento hasta alcanzar $5.000 millones anualmente según la gestión y ejecución del mismo. Pero como este programa no tuvo ningún seguimiento, la Mesa Interinstitucional (DNP, Ministerio del Interior y Programa Presidencial para los Pueblos Indígenas) evalúa que sólo se logró un 31% de cumplimiento. Mucho ruido, pocas nueces En el ‘Pacto por la equidad de oportunidades para los grupos étnicos’ que corresponde al capítulo XII del PND del gobierno actual, se incluye a la población indígena y se habla de temas de manera general mencionando como metas aspectos tan generales y repetidos como: “fortalecer las capacidades y habilidades de los territorios étnicos y de entidades territoriales para articularse a los procesos regionales de ordenamiento y planeación”, tarea pendiente con urgencia cuando ya hay territorios que manejan recursos de manera directa, pero lo penoso es que se presenta como si eso fuera una novedad. En este capítulo se habla de educación, salud, primera infancia, seguridad alimentaria, inclusión productiva y vivienda, y sobre estos asuntos se diseñan planes como si fuera la primera vez que se el Estado lo hiciera, es decir no se toman en cuenta los muchos enfoques que se han propuesto para planear en territorios étnicos. Asimismo, cuando se habla de salud se hace énfasis en la prevención, no en la enfermedad y cuando se plantea la necesidad de repensar el territorio y la ampliación y saneamiento de resguardos, estos aspectos apenas si se mencionan. Por último, el debate en el Congreso de la República se realizará en el mes de marzo, en ese escenario se espera que no se desvanezcan los esfuerzos por incluir en el PND, realmente, una mirada intercultural y plurinacional que contribuya a la construcción del Estado por parte de los pueblos indígenas.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El rompimiento de la mesa de diálogos entre el ELN y el gobierno de Iván Duque ha despertado preocupación en materia de seguridad en las zonas donde tiene presencia esa guerrilla, especialmente en Arauca. En los últimos días, se han presentado una seguidilla de ataques por parte de esta guerrilla contra la infraestructura y la fuerza pública en esta zona limítrofe. Antes de la posesión del nuevo gobierno, analistas ya daban por muerta la mesa de diálogo con el ELN. El presidente Iván Duque expresó en repetidas ocasiones que las condiciones para retomar conversaciones con esa guerrilla eran detener el secuestro, liberar a las personas retenidas, y que cesaran las acciones armadas de manera unilateral. Sin embargo, esto nunca ocurrió y sí se intensificaron las operaciones armadas de ambas partes. “Hoy está agudizada la situación, pero cuando estaban las Farc el conflicto era tres veces mayor del que estamos viviendo ahora. Todo mejoró en el periodo (de gobierno) anterior, fue como una luna de miel; y por supuesto, esa luna de miel se rompió una vez se posesionó el gobierno de Duque”, expresó Martín Sandoval, líder social del departamento de Arauca a la Fundación Paz y Reconciliación-Pares. De acuerdo con Sandoval, de los siete municipios que componen dicho territorio Tame, Saravena y Fortul, son los más afectados actualmente por las acciones armadas por parte del ELN y ahora por las disidencias de la exguerrilla Farc, quienes no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016. “En Arauquita está más tranquilo. Sin embargo, la presencia del ELN se observa en las zonas rurales, y en las cabeceras pues se presentan son los milicianos”, agregó. El informe de Pares ‘Cómo va la Paz’ publicado en 2018, señaló que hubo zonas, como Arauca, donde “el copamiento no significó aumento de la violencia homicida, debido a que el copamiento no trajo disputas con otros actores”, por su control histórico. Pero lo que sí va en aumento son los ataques directos a la fuerza pública, a la infraestructura petrolera y los reclutamientos. Lo que dice el ELN Mientras el jefe máximo del ELN, Pablo Beltrán, asegura que el ELN tiene toda la voluntad para reabrir la mesa de diálogos, en Arauca demuestran su poderío. Desde allí se planeó el atentado contra la escuela de cadetes que dejó a 22 personas muertas hace un mes. Desde la semana pasada también empezaron a circular dos panfletos en redes sociales. Uno firmado por las disidencias de las Farc, el otro por el ELN. Sin embargo, Beltrán desmintió que estuviera circulando algún comunicado por parte de su estructura. “En cuanto a que haya unos frentes del ELN indispuestos o que no quieren una salida de paz eso es falso. Todos los acuerdos que hemos firmado en el ELN los han cumplido todas las estructuras. En el ELN sí hay dudas e incertidumbres por el mal trato que le han dado a la implementación de los acuerdos con las Farc, en eso sí hay dudas pero que haya dudas a que haya frentes contrarios a la paz hay una distancia bastante grande”, expresó Beltrán en una entrevista. Señaló además que el ELN sigue esperando al gobierno en La Habana pero hay un interlocutor cuya “agenda principal es la guerra”. Por su parte, Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca ha señalado en medios que dichas disidencias y el ELN en esa zona decidieron unirse para controlar la frontera con Venezuela de unos 2.200 km aproximadamente. Según el funcionario, las acciones ocurridas el fin de semana que dejaron al menos seis uniformados heridos y una estación de policía afectada correspondieron a una connivencia entre estos dos grupos alzados en armas. Beltrán insistió que “el principal error del gobierno actual es negarse a dar continuidad a la salida política, a cumplir acuerdos a cumplir protocolos, a cumplir la implementación de los acuerdos con las farc y a negar la realidad de un proceso de paz que debe andar”. Se incrementarán acciones bélicas Sandoval expresó que el periodo 2012-2018 fue de mayor calma en Arauca. Según él, cuando empezaron los diálogos con las Farc el comercio se reactivó y las personas fueron retomando actividades que antes parecían irrealizables. “Antes era imposible que funcionarios públicos visitaran las zonas rurales para ejercer sus funciones. Cientos y cientos de familias que estaban desplazadas también retornaron a las regiones por el acuerdo de paz, y pues las muertes violentas bajaron”. La incertidumbre es a largo plazo por la ruptura de la mesa. De acuerdo con información de Pares, el ELN cometió alrededor de 22 acciones armadas en 2018 en contra de la infraestructura petrolera y es muy probable que aumenten este año debido a la ruptura de diálogos con el gobierno. Sin embargo, “no va a haber un estado de guerra. Lo que sí va a pasar es que el ELN va a incrementar las acciones”, indicó Ariel Ávila, subdirector de Pares. «Todo el pie de monte llanero: Saravena, Tame, Fortul y un poco Arauquita se verán más afectados, pues es donde pueden hacerlo para mostrar que están en guerra, pero no tienen la capacidad de lanzar una ofensiva», resaltó el analista. Por su parte, el gobierno insistió este lunes que en Colombia “no habrá más excusas para dejar las armas por parte de la criminalidad, no más excusas para no liberar a los secuestrados”, pues el ELN no es considerado por el mandatario como un grupo subversivo alzado en armas sino un grupo del crimen organizado. En definitiva, ataques como los ocurridos el fin de semana seguirán ocurriendo en departamentos como Chocó, Nariño, Norte de Santander y Arauca. Sin embargo, sus principales objetivos seguirán siendo la infraestructura petrolera y las fuerzas estatales.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Ahora la lupa está puesta sobre la gestión del alcalde Enrique Peñalosa y el manejo que le ha dado al tema en la capital. Debido a los altos niveles de contaminación que se presentaron el pasado viernes, el alcalde declaró la Alerta Ambiental. Sin embargo, pese a las drásticas medidas de movilidad tomadas desde el fin de semana, el panorama de este lunes 18 de febrero sobre la calidad de aire sigue siendo crítico. Así lo registró hoy en la mañana el Índice de Calidad del Aire ICA. Dos (2) de las 13 estaciones estaciones con las que cuenta la Secretaría de Ambiente en Bogotá marcan este lunes una medición de alerta roja, es decir, con un aire ‘muy dañino para la salud’. Es más, la zona del sur de la ciudad donde se registras la alerta naranja, tiene índices de emisiones de partículas finas en el aire cercanas a los del viernes 15 de febrero, a pesar de las medidas tomadas por el distrito. Medición del ICA correspondiente al sector Carvajal, suroriente de Bogotá, lunes 18 de febrero a las 10 a.m. Alerta ambiental, no es la primera vez La respuesta del distrito sobre la contaminación de los últimos días, es que predominan unas fuertes inversiones térmicas, en otras palabras, que hay capas de aire frío en la atmósfera lo que estaría impidiendo el ascenso del aire caliente contaminado. En este sentido, esto es lo que ha generado que persista en el aire de la capital la alta concentración del material particulado, que tiene en riesgo la salud de sus habitantes. Sin embargo, la alerta naranja ya había sido declarada anteriormente en las localidades de Tunjuelito, que tiene 1.187.315 habitantes y que corresponde al 14,88% de Bogotá; en Bosa, con 709.039 habitantes; en Kennedy con 1.187.315 habitantes y en la localidad de Puente Aranda con 225.220 habitantes, que corresponde al 2,82% de Bogotá, según cifras de la Alcaldía. El plan de acción del distrito, después de tener cuatro (4) localidades en alerta naranja y las 16 restantes en alerta amarilla, fue de cambiar la medida del ‘pico y placa’ desde este sábado 16 de febrero, que, entre otras cosas, incluyó la restricción a motocicletas. Por ahora, el plan de choque de la administración dispone que los carros y motos tendrán una restricción desde las 6 a. m hasta las 7:30p. m., además de los fines de semana. Buses de transmilenio, un factor clave de contaminación Hoy más que nunca se recuerdan las declaraciones del alcalde Peñalosa “El problema de la calidad del aire es el polvo, no la combustión de los buses” Sin embargo, las cifras sobre la calidad del aire que se registra actualmente en la capital están contradiciendo estas razones del funcionario. Hace 10 meses, a pesar de la solicitud hecha por la Procuraduría General de la Nación para que el alcalde incluyera tecnologías limpias en la nueva licitación, Enrique Peñalosa se inclinó por los motores Euro V. Para el cierre de 2018, el alcalde adjudicó la compra de 1.143 buses nuevos para Transmilenio, de los cuales el 59,7% serán Volvo, alimentados por diésel. El alcalde había manifestado que su decisión estaba motivada por beneficios económicos, según las cuentas del mandatario prescindir de los buses eléctricos reduciría el precio y eso se vería traducido en la tarifa para el usuario. Sin embargo, desde que empezó la alcaldía ‘Bogotá Mejor Para Todos’, el pasaje de Transmilenio ha aumentado un 40%. Precisamente ya en 2019 el servicio tuvo un incremento en el precio. Como si fuera poco, la Procuraduría volvió a advertir que los vehículos que hoy integran la nueva flota de buses de Transmilenio están incurriendo en un riesgo ambiental, pues los cálculos de la alcaldía sobre los beneficios de los Euro V están desfasados. Autoridades ambientales ya habían advertido al distrito Resulta que los niveles de emisión de gases que advertían una mejoría en el aire de la capital, están basados en estándares viejos. Es decir, los cálculos de esta alcaldía se estaban haciendo con base de los Euro V 2007 y no estaban actualizados bajo la norma Euro VI 2009, donde la emisión de gases no es permitida. El Ministerio de Ambiente, también se había sumado a mediados de 2018 a las advertencias al distrito. Este le había solicitado a Peñalosa que adoptara medidas para mejorar el aire a corto, mediano y largo plazo. Para que esto sucediera, según el ministerio, era una gran oportunidad que las licitaciones sobre el transporte público fueran pensadas para reducir las emisiones de contaminantes. Y eso no ha ocurrido en la capital. «Era necesario renovar la flota de transporte público» De acuerdo con el investigador Omar Ramírez, investigador del Estudio y del Departamento Civil y Ambiental, el principal componente químico del PM10 en Bogotá son las partículas de carbono que son producto de incendios forestales, las fuentes de combustión industrial y las emisiones vehiculares a gasolina y diésel. Según Ramírez, era necesario reducir la contaminación del aire en Bogotá, renovando la flota del transporte público, así como las volquetas y los camiones de carga pesada. Con el primero había que realizar una conversión a transporte con tecnologías más limpias: eléctrica y gas natural. Para Manuel Rodríguez, profesor de la Universidad de los Andes, la crítica situación ha generado una violación por parte del mandatario de los ciudadanos “en su deber de garantizar a los bogotanos el derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente sano”. Además, advierte sobre el alto riesgo para más de 1.5 millones de usuarios y empleados de Transmilenio que están expuestos diariamente a niveles tan altos de contaminación. Esta crítica situación que está viviendo la ciudad da lugar a una profunda revisión de la efectividad o ineficacia de las medidas que está tomando la Alcaldía Mayor. Por ahora, la realidad indica que estas restricciones a la movilidad que afectan a millones de bogotanos, no estarían mitigando la grave situación de contaminación en la capital.

Por: Giorgio Londoño Medina – Conflicto, Paz y Postconflicto PARES El conflicto armado y social en el norte del Cauca ha estado atravesado por la disputa de la tierra. Tan solo en el primer mes del año, cerca del 20% de todos los hechos violentos contra líderes y lideresas del país se han concentrado en esta parte del suroccidente del país. Desafortunadamente, esta tendencia tampoco es nueva. El norte del Cauca concentra la mayor cantidad de hechos de victimización a nivel departamental en los últimos años. Incluso, si se analiza desde la firma de los Acuerdos de Paz entre las Farc-ep y el Estado colombiano, el 24 de noviembre de 2016, la región presenta las más brutales formas de violencia de los actores armados sobre quienes lideran los procesos sociales territoriales. ¿Qué está pasando en el norte del Cauca? En este escenario, la salida de las Farc-ep de la ecuación de la guerra en 2016, la entorpecida implementación del Acuerdo de Paz y la recomposición de estructuras armadas enfocadas en fortalecer su capacidad de control sobre distintas economías ilegales, han contribuido en gran medida, con el recrudecimiento de los altos niveles de victimización contra líderes y lideresas sociales. De acuerdo con esta dinámica, actualmente se ha registrado la presencia de grupos armados Postfarc-GAPF que están organizados en cuatro (4) estructuras de excombatientes pertenecientes a los extintos Frentes 6 y 30 y de las columnas móviles Jacobo Arenas y Miller Perdomo, al mando de alias “Mordisco”, alias “Juvenal” y alias “Pija”, este último capturado a mediados del 2018. Igualmente, según investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación el ELN se ha expandido a municipios como Caloto, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Miranda, y se sabe que el EPL (también conocido como ‘los Pelusos’) ha venido haciendo presencia en municipios como Corinto. Para agravar la situación que se vive en esta región atravesada por todos los conflictos y relaidades del país, continuamente circulan panfletos con la firma de las Águilas Negras, los Rastrojos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC, y se sabe que en municipios como Suárez y Buenos Aires hay presencia del Cartel de Sinaloa. Las dinámicas de conflicto armado y social en el Norte del Cauca han estado atravesadas por una cuestión central: la disputa por la tierra y el territorio. Criminales sin identificar De acuerdo con las investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación, desde la firma del Acuerdo de Paz, en el norte del Cauca el 51,4% de los asesinatos registrados se concentran en Corinto, Buenos Aires y Caloto. Además, los distintos tipos de victimización, incluyendo los no letales, apuntan principalmente a quienes impulsan procesos de defensa de derechos étnicos y colectivos, a líderes y lideresas involucrados en procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, a quienes trabajan por la implementación del Acuerdo de Paz y a quienes promueven o participan en candidaturas y procesos políticos alternativos. Por su parte, los indígenas encabezan la lista de líderes asesinados con un poco más del 40% de todos los hechos registrados, la mayoría ocurridos en municipios como Corinto, Buenos Aires y Santander de Quilichao. Los grupos que cuentan con más víctimas son las comunidades afrodescendientes, las comunidades campesinas, así como líderes y lideresas comunitarios que encabezan procesos sindicales, culturales, comunales y de defensa de los Acuerdos de Paz. Al comparar distintas fuentes y de acuerdo con el sistema de información de la Fundación Paz & Reconciliación, SIPARES, una conclusión preocupante es que en la mayoría de estos crímenes no se sabe quiénes son los autores. Por lo menos un 72,5% han sido cometidos por agentes no identificados. En esta tendencia, el grupo armado post Farc del Frente Sexto, el Clan del Golfo y la Policía Nacional, según versiones recogidas en el territorio, son algunos de los responsables reconocidos. Por otra parte, las amenazas circulan continuamente a través de panfletos, llamadas y mensajes -entre otros-, y han sido mayormente atribuidas a las Águilas Negras, que agrupan un 47% de todos este tipo de acciones. Líderes y lideresas, las principales víctimas Las victimizaciones actuales a líderes y lideresas sociales guardan una siniestra continuidad histórica. Hay una tendencia a impedir que las comunidades organizadas fortalezcan su capacidad de construir territorio y autonomía. Tristemente, los ataques a líderes y lideresas en el caso del norte del Cauca hay que verlas, por un lado, a través del acumulado histórico de décadas de persecución a los procesos sociales que reivindican el derecho a decidir sobre sus territorios y, por otro, de cara a una realidad histórica que mezcla las nuevas dinámicas sociales y comunitarios y los viejos conflictos que siguen palpitando en la región. Como dijo un líder indígena Nasa: “Nosotros no utilizamos las armas para defender nuestro territorio. Aquí es el bastón de mando, el que utilizan los Kiwe Thegnas. Con eso hemos podido enfrentar a diferentes grupos armados. Eso es lo que nos diferencia. Siempre pensando en la defensa de nuestro territorio, en el derecho a la vida. Este territorio nos pertenece. Esta lucha es milenaria y por eso es que vamos a continuar luchando hasta que se nos apague el sol.”

Por: León Valencia, director – Pares Desde Washington han dicho que el 23 de febrero se iniciará la entrada a Venezuela de la ayuda humanitaria desde Colombia, Brasil y otro lugar que mantienen en reserva los coordinadores de estas actividades. Desde Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro, ha insistido en que no permitirá que entren a territorio venezolano las toneladas de alimentos y medicinas que han dispuesto varios países para aliviar la situación de algunos sectores de la población del vecino país. No se sabe en qué va a terminar este pulso entre Maduro y los países y las fuerzas que lo quieren tumbar, pero la situación no pinta bien. Podría ser que, a última hora, el gobierno de Caracas decida colaborar de alguna manera con la operación y esta sería la mejor salida para que la confrontación no se escale. Pero es improbable que esto ocurra. Es más probable que se produzca una violación del territorio de Venezuela y que se desaten incidentes violentos en la frontera. La ayuda desde luego no tiene un carácter exclusivamente humanitario. Es una operación de alto calado político y así lo ha advertido la Cruz Roja Internacional que se negó a participar en estas operaciones. Para empezar, Estados Unidos, Colombia y Canadá, que están a la cabeza de esta ayuda, eligieron como interlocutor a Juan Guaidó a quien le han reconocido la condición de presidente legítimo de los venezolanos. En las semanas previas a esta ayuda se produjo el bloqueo económico que agudizó la grave crisis humanitaria de Venezuela con el colapso económico, el desabastecimiento de los mercados, el cierre de los hospitales, el hambre a lo largo y ancho del país. El mismo Maduro ha reconocido la difícil situación que viven los venezolanos y ha señalado que primero les quitan el pan y luego les ofrecen limosnas. El columnista de El diario el Tiempo, Gabriel Silva Luján, en su columna del lunes 14 de enero, señala que el desenlace de esta crisis tiene tres posibles escenarios a corto o mediano plazo: una implosión del régimen por efecto de las divisiones en sus filas, la acción de la oposición y una decisión de las Fuerzas Armadas para apartar a Maduro del poder; una intervención militar extranjera; o una negociación auspiciada por uno o varios países de confianza entre las partes. Dice que la más probable y la más deseable es la negociación. Sobre estos escenarios ha habido mucha discusión en las últimas semanas. Extrañamante la mayoría de los expertos dice que no hay ambiente en Estados Unidos para una intervención militar, pero la pregunta sobre esta opción es la primera en todas las entrevistas y la que más tiempo consume en los debates. Lo cierto es que las otras dos opciones no aparecen con fuerza hasta el momento. Es verdad que el gobierno ha perdido apoyo social y la desesperanza es el signo en las calles y en los campos venezolanos, pero quienes conocemos un poco la vida política del vecino país sabemos que el “Chavismo” aún tiene mucho arraigo en sectores de la Venezuela profunda y sabemos también que no es fácil hacer virar a las fuerzas armadas hacia el lado de la oposición. Una implosión interna puede demorar largo rato y una negociación supondría que las partes aceptan la conformación de un gobierno de transición compartido para citar a unas elecciones debidamente monitoreadas por la comunidad internacional. Maduro y su grupo más cercano han dado señales de que podrían aceptar este tipo de negociaciones, pero esto significaría que Juan Guaidó y el gobierno de los Estados Unidos declinan la posición de una salida sin el chavismo. Esta opción en todo caso se ha fortalecido en los últimos días con la conformación del Grupo de Contacto Internacional integrado por la Unión Europea y varios países latinoamericanos. El 23 de febrero será quizás un día clave para el futuro inmediato de Venezuela. No conocemos los secretos de esta operación, pero el despliegue mediático ha sido intenso y el activismo del gobierno colombiano y de los funcionarios de los Estados Unidos ha sido impresionante. ¿Será que estamos ante una avanzada de la intervención militar? ¿O será apenas una medida de aceite para ver cómo reacciona el gobierno venezolano?

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el tribunal creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP y tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Este componente es parte fundamental de los acuerdos de paz con la ex guerrilla de las Farc. Sin embargo, han aparecido en el escenario sectores políticos del país que se oponen con fiereza a la JEP, y le exigen al presidente Duque que objete y devuelva al Congreso de la República el marco legal para su funcionamiento. Dicha normatividad ha sido objeto de revisiones y debates desde el año 2018. El trámite normal que tiene una ley como esta se surtió. En un primer escenario fue presentada y aprobada en el Congreso que la pasó a la Corte Constitucional para el control previo. La Corte la declaró exequible en el mes de noviembre. El viernes pasado, finalmente, esta ley estatutaria fue enviada para sanción presidencial; pero hay serios indicios que apuntan a que la secretaría jurídica de Casa de Nariño estaría pensando en objetarla por inconveniencia. Tres opciones para la JEP El Representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, miembro del partido Centro Democrático, entre otras personalidades, envió una carta al presidente Duque en la que le manifestó las razones por las cuales se debería objetar dicha ley. El principal motivo que esgrime este sector político, en cabeza de Uscátegui, es que la violencia sexual que se ha cometido contra los niños en el marco del conflicto armado, sería juzgada por este organismo y por lo tanto, los responsables obtendrían las rebajas en la condena establecidas. Según Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, hay tres escenarios posibles sobre este asunto. El primero es que el Presidente objete toda la ley, el segundo que el Presidente la sancione, y el tercero que la firme pero con una petición adicional para modificar ciertos puntos en el Congreso. En ese sentido, “si el Presidente objeta la ley, hay una especie de limbo porque la Corte Constitucional ya la declaró exequible”, entonces “entraríamos en una especie de inseguridad jurídica, lo que llamamos choque de trenes”, expresó Ávila. Por lo tanto, como la JEP ya está funcionando y lo que está a la espera es una ley de procedimiento para la Jurisdicción, entonces el texto regresaría al Congreso hasta llegar a un consenso. “La segunda opción es que el Presidente sancione la ley, pues muchos en el Centro Democrático dicen que es mejor tener esa ley, a no tener nada, porque entonces la JEP se mandaría sola”, agregó. Por último afirma que “la opción que parece más viable, es que el Presidente la firme, pero va a firmar además un documento donde le va a pedir al Congreso que modifique una serie de cosas, por ejemplo, el tema de delitos sexuales que se está reclamando el sector uribista.” Camilo Bernal Sarmiento, docente de la Universidad Santo Tomás y experto en temas de Derechos Humanos y Justicia Transicional, expresó a Pares que algunos sectores opositores al proceso de paz y a los mecanismos de justicia transicional están intentando dilatar el proceso. “Están utilizando esta facultad presidencial para ambientar políticamente la necesidad de reformar a la JEP en el Congreso, demorando su puesta en marcha”, apuntó. De acuerdo con Bernal, hay molestias en los puntos que la Corte declaró constitucionales, como por ejemplo, la elección de los magistrados por parte del Comité de Escogencia. El tema de la discordia La JEP, un mecanismo judicial creado por el Pacto de Paz, tiene por objeto juzgar a los responsables en el marco del conflicto armado y rebajar las penas. Por ejemplo, aquellos que cuenten toda la verdad y reparen a las víctimas de los hechos, tendrán penas alternativas. Quienes participen de manera tardía, o no mientan en sus declaraciones, recibirán entre 8 a 20 años de prisión. En ese sentido, los opositores a la ley dijeron que se están violentado los derechos de los menores de edad, puesto que estos beneficios de rebajas en la pena también los tendrían quienes confiesen un delito sexual contra los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado. Sin embargo, Bernal indicó que es “eso es completamente falso”. Según la Corte Constitucional, si se aplicara la justicia ordinaria, eso desincentivaría a los responsables a contar toda la verdad, afectando los objetivos de la jurisdicción especial, y sobre todo, dejando en la impunidad los delitos contra los menores de edad. “Tal como esta Corte ha señalado en otras oportunidades, los delitos sexuales perpetrados por actores armados en el marco del conflicto armado, y especialmente contra niñas, niños y adolescentes, presentan un bajo nivel de confesión por sus autores y son poco denunciados por sus víctimas, debido al temor a represalias por parte de los perpetradores, la estigmatización social y las barreras institucionales de acceso a la justicia”, señaló la Corte Constitucional en una sentencia de control previo. En definitiva, la JEP solo puede imponer las sanciones a los delitos “cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, de acuerdo con el acto legislativo 01 de 2017. ¿Un Presidente sin capital político? De acuerdo con Ávila, lo más probable es que el Presidente sancione la ley, pero con algunos reparos. En ese caso, el proyecto de ley objetado total o parcialmente por el Gobierno volverá al Congreso a segundo debate. Posteriormente el Presidente deberá sancionar sin poder presentar objeciones el proyecto. Sin embargo, Duque “le dice a la comunidad internacional que él va a cumplir y que él no va a sabotear (la paz). Fue a Europa diciendo lo mismo”, expresó el analista. También señaló que hay sectores dentro de la bancada de su partido que están haciendo todo lo posible por tumbar la JEP y esto demostraría que en este momento está sin capital político y podría depender en su decisión de lo que le impongan desde el Centro Democrático “Yo creo que lo que él va a tomar como camino es que se va a ajustar a la ley lo más que pueda, y va a justificar todo lo que haga con esa premisa”, puntualizó. En definitiva, lo que parece más probable para académicos y analistas, es que Duque sancione la ley estatutaria con algunos reparos, se debata nuevamente en el Congreso y sea sancionada, pero en un tiempo más lejano. Al parecer, la justicia, la verdad y la reparación para millones de víctimas del conflicto armado colombiano, tendrá que seguir esperando.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. “Yo he visto el mar. Pero no era el mar retórico con mástiles y marineros amarrados a una leyenda de cantares (…) Era el mar de los caracoles, mar prisionero, mar distante, que llevábamos en el bolsillo como un juguete a todas partes”. Estos versos hacen parte de un poema de Gabriel García Márquez que lleva por nombre ‘Poemas desde un Caracol’. Una profunda revelación sobre lo propio, lo que nos define y lo que nos identifica, como lo es para una comunidad de Barranquilla su radio comunitaria: Vokaribe, que por casi 25 años ha promovido los contenidos hechos por su gentes con el objetivo de que suenen en clave de ciudad y así puedan escuchar su cotidianidad, la de un caribe que llevan encima. Jóvenes que cuentan A propósito de Día Mundial de la Radio que se celebró el pasado 13 de febrero, las Naciones Unidas lo dedicaron este año al «Diálogo, tolerancia y paz” de los pueblos. Precisamente, esta historia tiene que ver con la construcción y fortalecimiento del tejido social que encarna la radio comunitaria. Vokaribe es, sencillamente, una apuesta por narrar el suroccidente de Barranquilla de una manera libre y auténtica. Para Walter Indigo, músico, comunicador social, miembro cofundador del colectivo músico-visual Systema Solar y de la Asociación de Radiodifusión Comunitaria Vokaribe, el objetivo de esta radio es fortalecer las participación de todo un entorno vecinal en el suroccidente de Barranquilla, una zona que tiene aproximadamente 600 mil personas, en más de 70 barrios. Walter Hernández, codirector del colectivo visual-musical Systema solar y fundador de la emisora comunitaria Vokaribe. “Nuestro objetivo, desde los 89.6 del FM, es vincular a los jóvenes en procesos de formación; que ellos participen en la construcción de contenidos. Lo cual, entre otras cosas, auspicia la oportunidad de expresión para tejer ciudad, debido a que la zona del suroccidente de Barraquilla es un punto bajo el estigma de peligro. En donde los medios comerciales narran selectivamente solo cuando hay situaciones adversas y complejas”, dice Walter. Vokaribe le apuesta a crónicas y reportajes que relaten las historias de conflicto, desplazamiento, violencia, memoria y esperanza que ocurren en los barrios del sector. En este sentido, Vokaribe, a partir del precepto de ´tejer ciudad’, busca conectar a la urbe y a las personas de la zona del suroccidente de Barranquilla, por medio de relatos incluyentes y trasformadores y en eso; la población joven es protagonista de primer orden. Una construcción desde lo comunitario se hace a través del sentir y el saber de los vecinos, dice Walter, quien asegura que “el mensaje está en seguir atreviéndonos a decir la verdad (…) la vamos a decir con humor, con los diferentes colores y sabores, que tiene la gente del caribe colombiano”. La memoria y la tradición oral en Vokaribe Un espacio imprescindible del proyecto radial es ‘Métete en el cuento”, un espacio de convivencia y reconciliación para la comunidad. Este proceso ha vinculado instituciones educativas para pensar la importancia en la construcción y consolidación de la memoria. Cuenta Walter que el proyecto se lleva a cabo por medio de un taller en el cual hacen reconocimiento de lugares, de historias, procesos, partiendo de los imaginarios sobre las experiencias de quienes han sido afectados por el conflicto armado. Así pues, sobre los testimonios de quienes quieren compartir sus experiencias, se construyen relatos de entre 6 y 10 minutos. Relatos que se convierten en un espacio para las reflexiones y las resignificaciones de aquellas experiencias de la violencia y así, apostarle a nuevas narrativas simbólicas de paz. Vokaribe se enfoca en exaltar las historias de las comunidades y crear un vínculo entre las personas y su territorio. ‘Pazeando por la historia del barrio la paz’ es un programa que se ha construido con relatos de personas mayores, grabaciones dónde los abuelos cuentan diversas historias sobre el barrio, sucesos, cambios, entre otros. Para Walter, “es fundamental contar con estas historias donde la tradición oral es el punto de encuentro de la escucha, de personas de 70 y 80 años que tienen mucho por contribuir a la comunidad” Estos proyectos también permiten una riqueza histórica para los barrios, ya que en el segundo piso de una biblioteca popular del sector del suroccidente, están estos documentos sonoros donde reposan sus palabras, sus acentos, sus cadencias y anécdotas. Cuando la radio se toma las calles Para Walter “la clave es la formación; por ejemplo, #90MinutosDeRadio lo hemos llevado a un nivel donde las comunidades son protagonistas en los barrios, en lo que configura un aprender haciendo”. #90MinutosDeRadio es un programa que se realiza en vivo y en las calles del suroccidente de la capital del Atlántico. Con este programa, Vokaribe busca visibilizar la diversidad del patrimonio cultural, articulando el trabajo de líderes y lideresas que desarrollan diversas actividades en territorio con incidencia en niños y jóvenes. Para la realización de este programa se realiza una búsqueda que identifique las experiencias de las comunidades donde se va a grabar al aire “Se dispone la mesa con los micrófonos, mejor dicho, la radio se va a la calle. La puesta en escena dura una hora y media y permite que todos podamos jugar a hacer la radio juntos. Es decir, un espacio propicio para entrevistas, música… un lugar para la enunciación de lo cotidiano”, señala Walter. Un ejemplo del año pasado (2018), fue la realización de diez emisiones, en diez barrios diferentes por medio de alianzas con las Juntas de Acción Comunal (JAC). Esta plataforma articulada le permitió a la comunidad, entre otras cosas, mostrar la inquietudes e ideas de las juventudes, lo que funciona y lo que no, “ejercer ciudadanía” como ellos lo llaman. Vokaribe, una apuesta juvenil Fundamentalmente, la programación de Volkaribe es construida por población joven, un ejemplo de ello, es el caso de la Red Juvenil. Este programa creó una serie que se llama ‘Pazabordo’, iniciativa implementada por la Red Juvenil Del Suroccidente de Barranquilla que ha sido ganadora de varias convocatorias, porque han construido un relato donde se fortalece lo que ellos hacen, sus apuestas de paz y también, ha fortalecido las narrativas de las comunidades en donde viven. El objetivo de la emisora también es limpiar el nombre de barrios que en el común de la ciudad solo figuraban cuando se hablaba de peligro. Hay otra apuesta que se llama Calentando el Picó, en el que los jóvenes encuentran un espacio de expresión para contar todo lo referente al mundo de la cultura picotera, de la cual se desprende lo que es la champeta y todo ese entramado de sentido frente a las dinámicas barriales. La radio comunitaria, una expresión democrática Para Diego Santamaría, comunicador social, docente y productor radiofónico, la radio comunitaria es una herramienta trasformadora debido a su carácter de empoderamiento en razón, a que las comunidades son las creadoras y artífices del contenido de la parrilla de programación. Según Santamaría, las comunidades en el proceso de la realización de los programas de la radio comunitaria construyen tejido social, no solo porque individualmente reconocen en su voz una importancia que tiene incidencia, sino que la comunidad empieza a tener un reconocimiento por su entorno, por sus prácticas, por sus tradiciones y sus formas de entender la realidad. Uno de los elementos clave para Santamaría, es que la radio es dinámica, y en este sentido, permite reinventar las distintas manifestaciones como comunidad. Por ejemplo, los jóvenes que se vinculan a los procesos así logran mitigar las condiciones de violencia o de economías ilegales de las zonas porque el desafío de la radio comunitaria es mejorar el mundo en que vivimos y democratizar la palabra.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares A una semana de haberse conocido que el historiador y profesor emérito de la Universidad Nacional, Rubén Darío Acevedo, acérrimo opositor al acuerdo de paz, ocuparía el cargo como nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), varios sectores de la sociedad han manifestado su oposición. Ahora, en la Universidad Nacional de Medellín, también lo acusan de intentar censurar cursos a algunos profesores por razones ideológicas. Este viernes, un importante grupo de académicos y estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, rechazaron el eventual nombramiento de Rubén Acevedo en el CNMH, debido a que, en repetidas ocasiones, ha desconocido la existencia del conflicto armado interno colombiano. Los firmantes del comunicado expresaron dos preocupaciones. La primera acerca del desconocimiento que Acevedo le da al conflicto armado, y la segunda que durante su proceso como directivo en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas (FCHE) de la UN, en el cargo de vicedecano académico, intentó censurar el desarrollo de cursos de algunos docentes por discrepancias ideológicas. En ese sentido, “nos unimos al llamado de la Red colombiana de Lugares de Memoria y exigimos criterios de idoneidad académica y respeto por la memoria de las víctimas del conflicto armado en Colombia”, concluyeron. “Como parte íntegra de la academia colombiana y conociendo de primera mano la gestión del señor Rubén Darío Acevedo Carmona en el ámbito universitario, consideramos que su designación como encargado del CNMH pone en peligro la multiplicidad de voces que busca integrar la memoria del conflicto armado”, reza la carta firmada por alrededor de 20 docentes, 50 estudiantes y egresados y 5 de los representantes estudiantiles, así como otras 10 organizaciones pertenecientes a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, sede Medellín. En contravía del CNMH Partidario del Centro Democrático, una serie de columnas de opinión en contra de los mecanismos creados tras el acuerdo de paz entre el gobierno anterior y la exguerrilla Farc, más la seguidilla de trinos en su cuenta personal de Twitter, le han costado caro. Su posición frente a lo sucedido durante los más de 50 años de guerra va en contravía con los trabajos que ha venido desarrollando esa institución. Acevedo también ha dicho que la Comisión de la Verdad “es fruto del interés político de las guerrillas por imponer una explicación justificadora de sus aventuras y crímenes en ropaje académico”. De tal magnitud han sido sus comentarios que personalidades de la sociedad civil, políticos y analistas han pedido su salida. Sin embargo, para el docente “una cosa es cuando uno como ciudadano expresa sus opiniones eso esta estipulado en la constitución la libertad de opinión y otra cosa es cuando está desempeñando un oficio especial donde la opinión política o la ideología no tienen por qué ser inmiscuidas”. El CNMH, fundado en 2011 bajo los principios de la Ley 1448, ha llevado a cabo informes y trabajos de investigación extensos en los que se expresa el reconocimiento del conflicto armado. En la naturaleza del organismo está la validación de la conflagración entre guerrilleros, paramilitares ya agentes estatales. “Rubén Darío Acevedo Carmona, por el contrario, se ha caracterizado por negar la existencia del conflicto armado y desprestigiar la institucionalidad que se ha creado a partir del proceso de paz con la antigua guerrilla FARC-EP”, indicó el texto. Acevedo ha sido el tercer intento realizado por el gobierno para ocupar ese cargo. El primer postulado fue el periodista Mario Javier Pacheco, pero fue rechazado por sus posiciones políticas e ideológicas. Luego, el docente Vicente Torrijos, pero renunció a su designación por un escándalo debido a irregularidades en sus títulos académicos. “Es incongruente e ilegal dirigir el CNMH negando el conflicto” En los últimos días, Acevedo y el jurista Rodrigo Uprimny han tenido opiniones encontradas. Tanto así que el primero lo acusó de ser un jurista de izquierda y no haberse declarado impedido para ocupar un cargo en el pasado. Sin embargo, Uprimny le respondió vía twitter: “mi objeción a que usted dirija la CNMH no es por sus posturas políticas sino porque es incongruente, incluso ilegal, que alguien que niega el conflicto armado dirija una institución que tiene, por ley, que documentar las atrocidades ocurridas con ocasión del conflicto armado”. Luego planteó que los rectores de las principales universidades acreditadas le propongan al presidente Iván Duque un nombre o una terna para director del CNMH. Aún no se sabe con certeza si Duque definitivamente va a ratificar a Acevedo como el nuevo director, pues tras la serie de rechazos el gobierno volvió a quedar en silencio.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Al presidente Iván Duque le siguen lloviendo críticas ante sus nuevas políticas de gobierno. Esta vez, se trata de las medidas en materia de impuestos y subsidios que ha eliminado para beneficiar a los más ricos y perjudicar a los más pobres. “El Plan de gobierno del presidente Duque se llama ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, pero las últimas movidas en el plan de desarrollo y del Ministerio de Hacienda no tienen nada de equitativo, sería un Plan por la Inequidad”, expresó Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Reducir impuestos a los más ricos A finales de diciembre de 2018 y tras una serie de debates, finalmente fue firmada la llamada “Ley de Financiamiento” de la reforma tributaria en la que se aprobó, entre otras cosas, la reducción de impuestos a las personas con más recursos económicos. Según el gobierno esto creaba más trabajo e inversión “lo cual no está comprobado en el mundo, pero esa era la lógica”, advirtió Ávila. Por lo tanto, según el analista, el gobierno tuvo que tapar ese déficit en el presupuesto y por esta razón propuso el aumento del IVA a la canasta familiar en octubre del año anterior. Sin embargo, tras una fuerte polémica en la opinión pública, más el rechazo de la mayoría de las bancadas en el Congreso, este punto fue descartado de la ley. “Al final se armó tanto escándalo que lo único que se aprobó prácticamente en la reforma tributaria era reducirles impuestos a los ricos”, aseguró Ávila. Apretón al bolsillo de los estratos bajos En el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) quedó contemplado reducir los subsidios de energía en los estratos 1 y 2, mientras que para el estrato 3 la idea es desmontarlos por completo. La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, había señalado en noviembre del año pasado que se mantendrían estas ayudas, sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Esto significa que a una familia se le aumentaría en unos 12.000 pesos la factura mensual. Sin embargo, el subdirector de Planeación, Rafael Puyana, señaló que esta medida no es un castigo a las clases media y baja de Colombia. Según el funcionario, la disminución de los subsidios corresponde a la reconversión en los electrodomésticos, pues en su mayoría son viejos y poco eficientes entonces en ese cambio se reduciría también el costo en el recibo mensual. Puyana agregó que se pretende volver al porcentaje de subsidios que existían antes del 2003: 50% de subsidios al estrato 2 y un 40% al 1. En la actualidad estas ayudas operan con un 10% de más respectivamente. Por su parte, Ávila destacó que esta medida se da por dos razones: la primera “para poder tapar el hueco fiscal”, como respuesta a la reducción de impuestos aprobada con anterioridad, es decir, “los pobres financian a los ricos”. Y segundo para pasar de manera camuflada una reforma tributaria en la llamada ley de financiamiento. Esta medida es dramática para el bolsillo de las familias. Que la energía suba entre 12.000 a 18.000 pesos es problemático, pues esto representa “una cubeta de huevos para los hijos de estas personas que viven en los barrios periféricos de Soacha o de Bogotá, así que como lo oyen, los pobres financiando a los ricos”, puntualizó Ávila. ¿Qué dirá el Congreso? El presidente Duque radicó este proyecto el pasado miércoles, por lo tanto, deberá ser debatido en ambas Cámaras. Desde su publicación algunos ex funcionarios públicos y congresistas han rechazado varias de las propuestas, una de ellas el tema de subsidios. “Viene el trámite en el Congreso del Plan Nacional de Desarrollo, relleno de temas sin armonía ni sentido, desparramados en arrumes de páginas, puestos en tal montonera que no le dicen a la inteligencia del lector cuál es el rumbo que se le quiere trazar a la nación. Tiempo perdido”, expresó en su cuenta de Twitter el senador del partido Verde, Iván Marulanda. Cabe destacar que la cámara baja solicitó en su momento algunos cambios en las preposiciones de la mencionada ley de financiamiento. Duque radicó la ponencia en octubre y fue consensuada en plenaria hasta el 19 de diciembre de 2018. En ese sentido, queda la percepción de que en el PND podría suceder lo mismo y tardarse en su aprobación debido a que ha recibido fuertes críticas en muchos de los puntos. Por lo pronto, los representantes a la Cámara por Bogotá se reunieron el jueves para analizar lo estipulado en el PND y asimismo convocar a una audiencia pública antes de iniciar los debates. Queda entonces la sensación en el ambiente de que el gobierno ha puesto más impuestos para los pobres y menos para los ricos. Sin embargo, aun le falta a la polémica propuesta un largo camino por recorrer en el Congreso.

Texto y fotografías: Sergio Saavedra. Redacción Pares. En el marco de la marcha de este jueves que concentró en la capital a alrededor de 300 mil maestras y maestros, la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (FECODE), radicó un pliego de peticiones en el que advierte la pobre inversión presupuestal que el Gobierno Nacional contempla para el funcionamiento del magisterio. Días previos al paro, FECODE anunció que salía a las calles a protestar porque el presente Plan nacional de Desarrollo PND, contempla un presupuesto insuficiente para el funcionamiento del sector educativo. Según los educadores, el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno anterior tenía previsto cubrir el 50% de la demanda de los jóvenes y niños en términos de educación, en cambio, en el Plan propuesto por este gobierno, el presupuesto asignado alcanzará, a lo sumo, para cubrir el 25% de las necesidades del sector. Incluso, uno de los asuntos que más inquieta al magisterio, tiene que ver con que en este DNP hay unas ‘facultades extraordinarias’ que se le otorgan al presidente de la República. Para Nicolás Alarcón, presidente del sindicato, crece la incertidumbre debido a que “no sabemos qué va a hacer Iván Duque con esas facultades especiales ¿privatizar la educación pública? ¿entregarla a operadoras privados?”. Mejoras en la salud y seguridad para los maestros Asimismo, FECODE adjudicó el valor de la protesta en defensa de la vida. Cada vez son más las amenazas y los ataques que han sufrido los líderes sociales y sindicales. El magisterio advierte que se debe velar por mejorar las condiciones de seguridad de los profesores que trabajan en a lo largo y ancho del territorio nacional. Por medio del pliego presentado al gobierno, el magisterio busca que se garanticen los derechos a los niños y niñas del país, ya que la baja inversión del PND afecta las condiciones que permitan impartir, en cada aula del país, una educación de calidad. En otras palabras, la inversión se traduce en calidad, dignidad e inclusión para los niños, generando así, el progresivo cierre de la brecha de acceso a la educación. Por otra parte, los maestros buscan sembrar en el debate público el tema de el sistema de salud que los cubre y que está en una crisis preocupante. Según lo ha manifestado por el presidente del sindicato, ya que existe una deuda de más de $700.000 millones con los operadores del servicio de salud que los atienden. Igualmente, hay un fondo de prestaciones sociales desfinanciado y con deudas de varios años atrás. En el paro de este jueves los maestros y maestras le exigen al gobierno realizar una reforma constitucional, fundamental para disponer de presupuesto y la modificación artículos 356 y 357 de la Constitución Política, y de esa manera tener mayor participación y veeduría sobre monto del Sistema General del Participaciones. Voces del paro Para Leida Perea, profesora de la Institución Educativa Ismael Perdomo, en la localidad de Ciudad Bolívar, “Cuando salimos a paro los maestros los que ganan son los niños, porque estamos defendiendo la educación pública y estamos exigiendo las garantías para que sea una educación de calidad y transformadora”. Los maestros nos ganamos nuestros derechos en las calles, en la lucha y por eso hoy se ha desarrollado una jornada muy importante” Ya estando frente a las instalaciones del Ministerio de Educación, Leila asegura que van a radicar pliego de peticiones y que de ser necesario harán un paro nacional indefinido, “porque lo está en juego es la educación de nuestros niños y niñas”. Ricardo Linares, otro participante de la marcha, es profesor de la Institución Educativa Girón de Blancos en Cáqueza, Cundinamarca. El paro de este jueves en Bogotá también vinculó a los municipios de Cundinamarca, sobre el caso de Girón de Blancos, manifiesta Ricardo “nosotros estamos buscando mejor alimentación para los muchachos, tener elementos y útiles para que ellos cuenten con las herramientas necesarias para su aprendizaje”. “No nos podemos quedar callados” Según Ricardo, en Cáqueza hay deficiencias de infraestructura y hay una demanda para recibir una mayor cantidad niños, mayor presupuesto para la alimentación. “Nosotros ante esta situación, no nos podemos quedar callados, ponemos a disposición nuestra voz porque los niños con hambre no estudian y no permitiremos que lo hagan en esas condiciones”. Marta Quito, es otra profesora que estuvo en el paro, ella trabaja en el Instituto Técnico Benjamín Herrera, de la Ciudad de Bogotá. Para Marta, “nuestra lucha en cada marcha es por apostarle a un presupuesto que vaya a la educación y no a la guerra, es decir para una Colombia transformadora, donde las escuelas sean un territorio de paz”. Marta advierte que este paro sea una oportunidad para debatir temas de fondo sobre la seguridad del ejercicio de los maestras y maestros en la Colombia profunda, la lejana a las grandes ciudades. “Urgen medidas de protección y seguridad nosotras tenemos casos en donde mujeres están siendo violentadas con completa impunidad en los municipios y veredas del país. Esta es una violencia que debe parar, nosotras, las maestras, somos mujeres que le apostamos a la transformación de realidades. Hoy más que nunca, ni una más”.