Por Priscila Zúñiga Jiménez - Fundación Paz y Reconciliación -Pares Actualmente, la ciudad de Santa Marta se encuentra en medio de una peligrosa disputa entre varios grupos de actores armados ilegales. En lo que va corrido del año ya se han presentado 14 homicidios, y el 90% de ellos han sido cometidos por sicarios, lo que señala la activación de una modalidad de violencia que prende las alarmas. La situación es tan grave, que esta semana el alcalde la ciudad, Rafael Martínez, convocó un consejo de seguridad extraordinario para adoptar medidas especiales para solucionar esta crisis de seguridad. La posible disputa por el control del puerto de la ciudad, involucraría al Clan del Golfo en sus intenciones por entrar al territorio.El asesinato de la lideresa social Maritza Quiroz Leiva, el de Wilton Fauder Orrego, contratista del Parque Nacional Tayrona y más recientemente el de José Benito Villarreal Ramírez alias Echeverry, reconocido narcotraficante y quien había sido capturado en el 2011, señalado como hombre cercado a la organización liderada por Maximiliano Bonilla alias ‘Valenciano’, nos indica que el territorio podría estar en medio de una disputa entre actores armados ilegales y narcotraficantes. ¿Qué se disputan en la región? En primer lugar el puerto de Santa Marta, anclado en la bahía. De esta manera, no solo estarían en la mira de estos grupos los 80 Km de puertos naturales sobre la Troncal del Caribe (corregimiento de Guachaca), sino también el puerto de la capital. Esta dinámica de control territorial incluiría, no solo el acceso y salida de la ciudad de Santa Marta, sino el acceso a municipios de la zona bananera, territorio en donde ya se han conocido casos de narcotráfico camuflado en el negocio del banano para exportación. Estos hechos también afectan al sector productivo, ya que el sector corre el riesgo de sufrir severas sanciones internacionales que afectarían sensiblemente la actividad económica de la zona. La amenaza de desplazamientos forzados, advertida en un artículo reciente del subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación -Ariel Ávila, se cumplió. El desplazamiento masivo de siete (7) núcleos familiares a finales de enero, en el sector de Playa Salguero, ocurrió luego de que fuera asesinado uno de los miembros de su comunidad, Carlos Ospino Navarro. En el hecho resultó herida otra persona. Según las familias, fueron desplazados por los ‘Pachencas’, quienes están reclamando un predio de 1.600 metros cuadrados, avaluado en cerca de 5 mil millones de pesos. Ya habían sufrido un atentado en el mes de diciembre y con el asesinato de Ospino, el temor se apoderó de la pequeña comunidad quien decidió desplazarse. El Clan del Golfo, una amenaza real para la ciudad El último trimestre, muy a pesar de los esfuerzos adelantados por el gobierno distrital en coordinación con la fuerza pública y el aparato judicial, los homicidios por sicariato se han vuelto recurrentes. La disputa por las plazas de comercio de estupefacientes en barrios como Pescadito, San Jorge y Villa Tabla, todos cercanos al puerto de la ciudad, han contribuido también al incremento de homicidios en la ciudad durante el último trimestre del año inmediatamente anterior. También se ha presentado fleteo y las denuncias por extorsión van en aumento. En diferentes barrios se han entregado panfletos señalando el intento del Clan del Golfo por ingresar en alianza con una estructura local de narcotráfico en la ciudad. La presencia de desmovilizados y ex narcos que regresan luego de la extradición y los homicidios por sicariato, sumado a la reciente incautación de una caleta con droga y armas de fuego, entre ellas una mini uzi y abundante munición en la vereda de Buritaka (Guachaca), al parecer perteneciente a los ‘Pachencas’, obliga a mantener como prioridad número uno a la Troncal del Caribe así como a la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta. Antecedentes de violencia El Distrito de Santa Marta, a lo largo de su historia reciente, ha sufrido de ciclos de recrudecimiento de la violencia. Contando con un período de tiempo comprendido entre 2014 -2018 donde se vivió un período de tranquilidad para sus moradores. Lo anterior no busca desconocer la presencia o la existencia de ilegales en la ciudad. Todo lo contrario, la capital se encontraban dentro de un pacto producto de la guerra por el control territorial que venía desde el periodo 2012-2013. En este, se estableció en el territorio la hegemonía de los ‘Pachencas’, que no son más que una versión del Clan Giraldo. El papel del Batallón de Alta Montaña ubicado en la región es vital para el control del territorio, contribuyendo a mejorar la presencia institucional; así como, a restaurar la autoridad legítima en el corregimiento de Guachaca. En ese sentido a la policía Metropolitana de Santa Marta deben devolverle su capacidad instalada. Es necesario el retorno del Emcar, que al salir del territorio disminuyó la capacidad de la policía en sus funciones en la zona rural de la ciudad. Por otra parte la alcaldía de la ciudad debe subir el valor de la recompensa por ‘Chucho Mercancía’ y sus secuaces, así como mantener el seguimiento a los nuevos liderazgos o seudoliderazgos que nacen en la zona. También es clave fortalecer a la fuerza pública, mantener el trabajo conjunto, combinando unidades tácticas por objetivo de alto valor y establecer la estrategia de contención al ingreso de un nuevo actor armado ilegal. Es una prioridad devolverle la paz y tranquilidad a la ‘perla’ del caribe.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La crisis económica, política y humanitaria que vive Venezuela ha desatado todo tipo de rumores frente a una posible intervención militar de Estados Unidos en ese país. Mientras el gobierno de Colombia mantiene su posición de ejercer una presión diplomática para obligar el retiro de Nicolás Maduro del poder, en otros sectores hay preocupación de que se utilice el territorio colombiano como una plataforma para llevar a cabo una acción militar norteamericana contra el gobierno de Maduro. En ese sentido, un grupo de 22 congresistas, diversas organizaciones y personalidades de la sociedad civil colombiana le enviaron al presidente Iván Duque, previo a su encuentro con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, una carta en la que manifestaron su “preocupación por la actitud complaciente del Gobierno Nacional con relación a una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, y a la participación que tendría nuestro país en ese propósito”. Según la misiva, ha habido seis (6) episodios en los que Colombia no ha dejado sentada una postura clara sobre si apoya o no la llegada de tropas americanas al territorio, pero el más polémico, ocurrió a finales de enero de este año cuando el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dejó ver en su libreta de apuntes una nota escrita con su puño y letra en la que se leía “5.000 tropas a Colombia”. Colombia insiste en el bloqueo diplomático Después del encuentro entre países, el presidente colombiano habló sobre los tres temas más importantes con respecto a Venezuela: Por una parte, la entrega de la ayuda humanitaria a Venezuela. Como segunda medida, la mencionada intervención militar sobre el vecino país y por último, el apoyo externo e interno que debería recibir el autoproclamado presidente Juan Guaidó. Por eso, Duque hizo un llamado a la comunidad en el que aseguró que impedir el acceso de ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad por parte del dictador Nicolás Maduro. Guaidó propuso que las ayudas ingresen el 23 de febrero, por lo tanto, si llegase a haber una restricción, esto debería ser considerado un delito. Por otro lado, se refirió a la ruta a seguir para darle la muerte política a Maduro. Existe la intención de “trabajar juntos (con Estados Unidos) para combatir la dictadura”. Pero según el mandatario esto sólo corresponde a darle apoyo total en materia económica, más no con armas. “El dictador Maduro siempre ha tratado de crear fantasmas de intervención militar para tratar de ganar legitimidad y en el caso mío, (…) he sido un gran promotor del bloqueo diplomático como un mecanismo para aislar al dictador y este bloqueo diplomático está siendo exitoso, ha sido exitoso y esperamos que sea además más exitoso en las próximas semanas porque es la mejor forma de llevar a ese régimen a su fin”, apuntó en una entrevista tras su encuentro con Trump. Según el mandatario, para cercar la dictadura de Maduro, los países deben continuar apoyando la investidura de Guaidó y asegurar que los militares venezolanos lo reconozcan como el Jefe de Estado para expulsarlo finalmente. ¿Es posible la llegada de tropas a Colombia? León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares señaló que, de tres salidas para derrocar a Maduro, dos de ellas negociadas; la más probable es la última: la militar, aunque todas sean inciertas. “Si esto se prolonga y Maduro no se cae por su propio peso en el interior de Venezuela, la apuesta de Estados Unidos sería la intervención militar”. Valencia destacó que Duque ha puesto a Colombia en el intermedio de Trump y Maduro y el problema es que esto es muy grave para el país porque “nosotros recibiríamos los grandes problemas de ese triunfo militar”. Colombia y Venezuela comparten una frontera de unos 2.200 km, por lo tanto, la intervención militar tendría efectos negativos en el control territorial en ambos países. Hasta el momento, un poco más de un millón de venezolanos viven en Colombia. Intervención o no, Estados Unidos no se pone de acuerdo Entre los países y organismos más importantes que apoyan a Guaidó se encuentran Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Por lo tanto, se ha puesto en debate si estos países debiesen o no intervenir militarmente. Experiencias internacionales demuestran que no es la mejor salida. Sin embargo, James Inhofe, líder del Comité de Servicios Armados del Senado en Estados Unidos dijo el martes todo lo contrario a periodistas, y expresó que la intervención militar estaba puesta sobre la mesa y podría producirse. Al día siguiente, Eliot Engel, Jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores en la cámara baja, indicó que Estados Unidos no planea ninguna entrada con tropas a territorio venezolano. Pero no se ponen de acuerdo. Al término de la reunión entre ambos países, el presidente Trump fue cuestionado sobre las posibles tropas que llegarían a suelo de Colombia y el mandatario respondió: “ya veremos”. A su lado estaba Duque, quien solo guardó silencio. Pero en lo que sí enfatizó fue en la salida diplomática, mientras Estados Unidos sigue sin una decisión final frente a la invasión militar. “Yo estoy viendo al presidente Guaidó primero designar embajadores, estoy viéndolo a él tomar posesión de activos de Venezuela en el exterior con el apoyo de otros gobiernos como ha sido el caso de los Estados Unidos”, puntualizó Duque, lo cual, según él sería suficiente para darle fin al régimen de Maduro.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Un grupo de más de 300 reclusos que fueron combatientes de las guerrillas de las Farc, del ELN, del EPL, de las extintas AUC, así como también algunos militares, manifestaron este miércoles su voluntad de contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto colombiano. Este anuncio se presenta en medio de un panorama político dividido: un sector del país está comprometido con la búsqueda y explicación de lo que pasó durante el conflicto armado, mientras otro sector se empecina en negarlo. Ex integrantes de estos grupos, así como algunos militares recluidos en la cárcel La Picota de Bogotá, firmaron una carta dirigida a La Jurisdicción Especial para la Paz JEP, a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas, en la que solicitan que la JEP escuche sus relatos sobre cuál fue la verdad sobre su participación en la guerra. Cada uno de estos testimonios sería una contribución fundamental en el trabajo que viene realizando cada una de estas entidades. “Les manifestamos a ustedes nuestro deseo de contribuir a la paz total de la nación, acogiéndonos al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR, toda vez que hemos sido autores, testigos, y/o participantes activos de la guerra fratricida”, declaran en la misiva. Algunas trabas a la justicia La JEP, columna vertebral del acuerdo de paz firmado entre el anterior gobierno y las Farc, ha sufrido varias reformas desde el momento de su creación en 2016. La bancada del Centro Democrático, partido político al que pertenece el presidente Duque, propuso diversos cambios. Uno de ellos, y que generó el rechazo de algunos sectores de oposición y víctimas, fue el del sometimiento de los militares en una sala especial para ser juzgados. Otro punto de quiebre fue el del juzgamiento a terceros que participaron en el conflicto armado. En principio, ellos debían presentarse a la justicia, sin embargo, se resolvió que depende de la propia voluntad el de presentarse o no a la JEP. Pese a las discordias, el texto pasó, primero a conciliación en el Congreso de la República el año pasado y posteriormente a revisión por parte de la Corte Constitucional; sin embargo, el presidente Duque aún no le ha dado el visto bueno. Esta ley de procedimiento sigue sin ser aprobada y ha generado inquietudes sobre el porqué la demora en su sanción presidencial. Sin miedo a la verdad El excongresista y promotor de paz, Álvaro Leyva Durán, dijo a Fundación Paz y Reconciliación-Pares que hay temores en algunos sectores políticos, “a nadie le gusta que le llegue la hora en que se sepan cosas, que quisieran guardar y que preferirían evitar que se conocieran”. Es por eso que esta iniciativa de quienes durante más de 50 años se enfrentaron a sangre y fuego a lo largo del todo el territorio nacional, significa la posibilidad de reconciliación y esclarecimiento. Agregó Leyva Durán en su cuenta de Twitter “todo el ataque a la JEP, incluyendo la supuesta inconveniencia de su ley estatutaria es por miedo a la verdad”. Cabe recordar que la posible llegada a la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica del historiador Darío Acevedo, quien ha cuestionado el conflicto en Colombia, y en cambio ha solicitado que de ahora en adelante se le denomine “amenaza terrorista”, ha generado un fuerte rechazo por parte de un amplio sector de la sociedad. Reescribir la historia para silenciar la verdad de las víctimas es una grave afrenta , y además se convierte en un obstáculo que impide superar el conflicto y encontrar el camino de la no repetición. Una luz de esperanza para las víctimas “La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas saluda esa carta porque es muy importante en términos de mandar un mensaje de personas que tienen la voluntad de entregar información, que tienen una gran potencialidad de aliviar el sufrimiento de miles de familia que buscan a sus seres queridos”, expresó a Pares Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Alrededor de 82.000 personas han desaparecido de manera forzada. Por lo tanto, la UBPD creada también tras el pacto de paz, ha trazado una metodología para poder reparar lo más pronto posible a las familias. Según Monzón, este proceso consiste en consultar fuentes, recopilar información, cruzarla, y verificarla para que el análisis de esas fuentes sustente el plan de búsqueda para encontrar las personas desaparecidas. En ese sentido, esta iniciativa por parte de los reclusos es un espaldarazo a la verdad. “Sin duda, es absolutamente indispensable no guardar más en secreto cómplice los hechos de violencia y guerra interna, las circunstancias propias de los mismos, los nombres de actores participantes sin consideración de su sexo, raza, estirpe, oficio o condición económica, social o profesional, y de los sitios geográficos a donde todo tuvo lugar, lo mismo que el origen de las fuentes de financiación”, agregaron los ex combatientes. La directora de la entidad que tendrá una vigencia de 20 años prorrogables por ley, también indicó que si los excombatientes y militares están dispuestos a entregar información individual o de manera colectiva la van a recibir con total agrado para poder identificar mayor número de personas. En conclusión, la misiva es esperanzadora para todas las víctimas y las organizaciones que actualmente trabajan por encontrar la verdad, pese a las políticas y medidas que se han implementado desde el gobierno para frenar el acceso a la verdad. “Estamos convencidos que nuestra obligación en este momento de la vida nacional es aportar sin temor, a la historia de Colombia y a la solución del conflicto, contribuyendo con confesiones, develaciones y señalamientos, sin escatimar nuestra responsabilidad”, señalaron en la carta.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. A falta de un mes para ser debatido el proyecto que busca regular las redes sociales en Colombia, esta propuesta, impulsada por el senador de Cambio Radical, Antonio Luis Zabaraín Guevara, ha despertado polémica y ha configurado un escenario de debate sobre los riegos de una posible restricción a la libertad de expresión. Desde ya se han levantado voces en contra de este intento por diseñar una regulación que limita los contenidos que circulan en las redes sociales, y sobre todo hoy, cuando ha sido la sociedad civil está jugando un papel fundamental, desde estos espacios virtuales, como un contrapeso al poder y la versión oficial de la realidad nacional. “Las redes no pueden ser un instrumento de resentidos” Zabaraín, quien además es el presidente de la Comisión Sexta Constitucional del Senado, ha manifestado que su objetivo obedece a regular las condiciones básicas para “garantizar la honra y el buen nombre de los ciudadanos”. Justamente, este senador es recordado por el debate de control político en contra del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, pues a raíz de su peculiar intervención, en redes sociales el senador fue tendencia por su presunto estado de alicoramiento. El mismo Zabaraín ha manifestado a la opinión pública que “Regularemos uso de redes sociales. Legislaremos para que estas no sean un instrumento al servicio de resentidos sociales y sicarios morales”. Lo que dice la -FLIP Para Pedro Vaca, Director Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), y quien ha investigado sobre este tema de los límites a la libertad de prensa, regulaciones de medios y libertad de expresión en internet, declaró sobre este asunto que “La pregunta que habría que hacer en primer orden es, ¿estos derechos están desprotegidos? No. El derecho a la honra y el buen nombre ya están consagrados por la constitución de 1991”. Es decir, no se necesitarían más normas para proteger este derecho. Ya existe un antecedente en el que se protege el derecho a la honra y arroja luces acerca de este espinoso asunto. En fallo de tutela proferido por la Corte Constitucional (T-695 del 2017), se establece que “Implica al mensaje, al dato, noticia o comunicación difundido que sea contrastado con las fuentes y fundamentado en hechos reales (…) pues de lo contrario, al presentar información sustentada en rumores, invenciones o malas intenciones (…) se atentaría contra los derechos a la honra y al buen nombre de terceros”. Según Vaca, hay que escudriñar sobre el verdadero objeto de este proyecto de ley , teniendo en cuenta que “en Colombia, quien limita la libertad de expresión o sanciona un discurso por traspasar un límite, es un juez de la República, es un fuero que no se le ha entregado a nadie más, ni al Legislativo, ni al Gobierno, ni a la Procuraduría, ni a la Fiscalía. El único que puede decidir sobre estos asuntos es un juez de la República”. ¿Prohibición o autorregulación de los contenidos? Sin embargo, el Ministerio de las Comunicaciones ha declarado que “corresponde a las redes sociales establecer una autorregulación”. Precisamente, estos proyectos pretenden que estas facultades de regulación sobre los limites de libertad de expresión pasen a las plataformas digitales, que no es un detalle menor. Frente al hecho de que las denuncias sobre las opiniones expresadas en redes sociales y, que presuntamente atenten contra la honra y buen nombre, el proyecto busca que estas lleguen al Ministerio de las TIC, y que en un plazo de 72 horas se proceda a la interrupción del contenido. Para Vaca, esta propuesta de regulación es pretensiosa y además ilusoria, ya que sería casi imposible que se pueda controlar y detener la emisión de contenidos falsos o que trasgredan los límites de la libertad de expresión. En este sentido, este proyecto de ley de Zabaraín está inspirado en una presunción de daño a la honra. Según Vaca, “este hecho lo hace completamente incompatible y por consiguiente, la ruta que sigue el proyecto de ley no es otra que la de censurar”. Educar a una ciudadanía digital, un camino indispensable Según el director ejecutivo de la FLIP, el hecho de que el Estado quiera entrar a moderar y regular las conversaciones de los ciudadanos en internet, “es propio de régimen autoritario”. Sería mejor, añade Vaca, plantear una discusión donde el Estado le permita a la sociedad herramientas para entender un nuevo entorno. Para la FLIP, las discusiones a nivel internacional, lejos de ubicarse en el punto de la regulación, se están ubicando en el punto de la alfabetización digital, lo cual advierte una hoja de ruta para el Estado colombiano. En este momento, no hay un programa serio que desde el Ministerio de las Comunicaciones y el sector educativo estén ejecutando para realizar pedagogía a los ciudadanos acerca de un óptimo uso de redes sociales. Al parecer, la estrategia de algunos sectores políticos, en cabeza del senador Zabaraín, no es educar las destrezas para un óptimo consumo de contenidos digitales, sino restringir su uso. Por ahora, el debate acerca de las consecuencias de una regulación de las redes sociales está sobre la mesa. No solo para el periodismo, y la libertad de expresión en general, estas autopistas virtuales han sido un mecanismo incomparable para la difusión de contenidos, ideas e información, sino también se han convertido en una herramienta de articulación de una sociedad civil productora de conocimiento y de propuestas políticas diversas.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares. A un mes del atentado con un carro bomba activado por el ELN en la Escuela de Policía General Santander, se ha cuestionado, no solo la capacidad de inteligencia de este gobierno tras la serie de contradicciones que se fueron descubriendo con el paso de los días, sino también la cada vez más lejana posibilidad de una paz completa. Todo el proceso de investigación del ataque ha sido lento y esto se debe a dos razones: la primera es que el gobierno no se esperaba un hecho de tal magnitud, que se traduce en la falta de eficacia por parte de las fuerzas de inteligencia del Estado para prevenirlo. Y la segunda, es que siempre se pensó que el atentado se había planeado en Bogotá, pero lo cierto es que el responsable no fue el Frente Urbano del ELN y esto ha demorado mucho más las pesquisas. “El Frente Domingo Laín pasó por encima el Frente Urbano, es decir, el responsable del atentado fue una fuerza del ELN que vino desde afuera de Bogotá”, indicó Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Esto significaría que cualquier ciudad es vulnerable, y cualquier estructura delictiva bien organizada podría cometer este tipo de ataque. Un mar de confusiones El día de la explosión, ocurrida el 17 de enero del presente año y que dejó 22 víctimas mortales, la Fiscalía General en su afán por señalar al responsable indicó que el autor principal del atentado había sido José Aldemar Rojas, integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según el ente investigador, Rojas viajó desde el departamento de Arauca hasta la ciudad de Bogotá con el vehículo con el cual ingresó a la escuela de policía y detonó los explosivos. Primero se habló de un atentado suicida, sin embargo, aquellas versiones fueron desmintiéndose con la información de nuevos testigos y la propia rectificación del gobierno. El mismo día de los hechos se presentó a la Fiscalía Wilson Arévalo Hernández. Este relató que había sido quien le vendió el campero, con el que se cometió el atentado, a un joven en Saravena, Arauca, pero no tenía responsabilidad en el delito. En su momento fue dejado en libertad. Al siguiente día del atentado, el fiscal Néstor Humberto Martínez, junto con el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijeron que el homicida había ingresado de manera intempestiva a la escuela, pasando por encima de todos los esquemas de seguridad previstos. Sin embargo, varios medios de comunicación consiguieron los videos de las cámaras de seguridad del lugar que comprobaron lo contrario: Rojas tuvo todo el tiempo para recorrer tranquilamente la escuela de policía y posteriormente activar los explosivos. A partir de estas versiones encontradas, este proceso ha sido un mar de confusión. En cuanto a las investigaciones judiciales todavía se tiene poco conocimiento. Hasta ahora hay sólo un detenido, y lo curioso del asunto es que se trata de Arévalo “alias Chacho”, quien en un comienzo no fue señalado por la Fiscalía, pero en el transcurso del proceso al parecer se pudo constatar su participación en el hecho. Por ahora, a Arévalo Hernández se le imputarán los cargos como presunto responsable, según la Fiscalía, de los siguientes delitos: terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. De acuerdo con Ariel Ávila, “Todo parece indicar que en la operación de inteligencia para cometer el ataque participaron al menos 20 personas y tenían la información de alguien adentro. El carro iba a llegar a la ceremonia de graduación de cadetes y seguramente se iba a activar en el momento que terminara. Esto habría podido causar 80 o 100 muertos”. Adiós a la mesa de diálogo Tras el atentado, el gobierno de Iván Duque decidió suspender la mesa de diálogos con esta guerrilla. Esto conllevó a que se rompiera cualquier tipo de expectativa sobre el futuro de un posible acuerdo y a una postura más combativa frente a este grupo armado, y hasta la fecha no se sabe con exactitud cuál será el destino de los comandantes guerrilleros tras su posible regreso al país. La primera solicitud que realizó este gobierno, fue la de capturar a la cúpula del ELN que se encuentra en La Habana, Cuba, sede de los diálogos. Sin embargo, hay quienes apoyan esta postura y otros que la contradicen, debido a que traiciona los protocolos que se establecieron en una eventual ruptura del proceso de paz, tal y como sucedió. En ese sentido, si se acordaron y aceptaron unos protocolos, estos se tienen que cumplir de acuerdo con las características que los enmarcan “Es una posición un poco absurda del gobierno colombiano; es tan absurdo como decir que cada cuatro años un presidente tendría que ratificar las decenas de compromisos internacionales que tiene el Estado colombiano”, indicó Ávila. El ELN en la mira En uno de los puntos de la política de defensa y seguridad que lanzó el gobierno, se descartó cualquier tipo de negociación con los Grupos Armados Organizados (GAO) al margen de la ley, el presidente Duque dio a entender que este grupo será considerado de ahora en adelante como tal, quitándole así su estatus de agrupación insurgente. Esta postura complica mucho más el panorama del postconflicto, pues con los acuerdos de paz firmados con la ex guerilla Farc, más los diálogos que se estaban adelantando desde el 2017 con el ELN, se estaba buscando el fin definitivo del conflicto armado interno. En definitiva, el atentado a la escuela de cadetes en Bogotá, la serie de más de 80 ataques a oleoductos, en particular al de Caño Limón Coveñas y la práctica de secuestros hacen ver cada vez más lejos la posibilidad de una paz completa.

Por Ariel Ávila Martínez . Subdirector Pares Mucho se ha hablado sobre el incremento de los cultivos de hoja de coca en Colombia. El abanico de temas para el debate ha sido amplio: desde culpar al proceso de paz por el incremento de los cultivos, hasta el regreso de las fumigaciones aéreas. Sin embargo, el último informe de la Fundación Paz y Reconciliación – Pares “Cómo Va La Paz 2018”, señala algunos hallazgos sorprendentes sobre esta materia. Lo primero que destaca el informe es que Colombia no ha sido el único país donde han aumentado los cultivos de hoja de coca; de hecho, Perú y Bolivia han tenido una tendencia similar, tal y como se aprecia en la siguiente gráfica: Incremento de cultivos de coca en el área andina Tradicionalmente, cada vez que en Colombia se registraba un aumento de las hectáreas cultivadas con coca, en Perú y Bolivia disminuía la cifra, asimismo, cuando en Colombia disminuían los cultivos, en estos dos países andinos aumentaban las hectáreas con coca. Sin embargo, a partir del año 2015 la tendencia cambió y ahora en los tres (3) países se han presentado aumentos del área cultivada de manera simultánea. Lo segundo que destaca el informe es, que a diferencia de lo planteado en el debate político, el aumento de los cultivos de coca no tiene una explicación solo en la realidad nacional, como lo es la de culpar al proceso de paz, sino que estas cifras dependen directamente de dinámicas en los mercados internacionales, y en este caso específico se destacan tres de ellas: la primera es el fortalecimiento del dólar. Hace seis (6) años un dólar podría llegar a costar $1.800 pesos, actualmente cuesta poco más de $3.000 pesos. Todo parece indicar que esto provocó un aumento en el pago que se hacía a los campesinos por la pasta base de coca. A continuación, se ve la gráfica en la cual el color rojo indica el incremento de los cultivos de coca y el color azul el precio del dólar correspondiente: En la siguiente gráfica se ve con claridad el incremento de los cultivos de coca y el pago por kilogramo de la pasta base de coca. Desde el año 2013 comenzó a pagarse mejor la pasta base a los campesinos: La coca y la minería ilegal, una relación estrecha La segunda explicación es aún más sorprendente. Todo parece indicar que por lo menos 400.000 familias en Colombia viven de las economías ilegales, ya sea de los cultivos de coca, de la minería ilegal o redes de contrabando. Dentro de este grupo de familias, hay una rotación de acuerdo a las dinámicas del mercado. Así, cuando el precio de la onza de oro ha subido, muchas familias dejaron de sembrar coca y se fueron a trabajar en la minería de aluvión, y cuando el precio del oro ha caído, sucedió lo contrario, es decir, miles de familias pasaron a sembrar coca. En la siguiente gráfica se ve cómo a finales de la primera década del siglo XXI el número de hectáreas de coca comenzó a disminuir, y el precio del oro a aumentar. Sin embargo, desde el año 2013 ha ocurrido lo contrario: En consecuencia, lo que demuestra el informe es que las familias dejaron la minería y se pasaron a la coca. Este fenómeno disparó de inmediato los cultivos en la costa Pacífica nariñense, y en general, lo mismo ha pasado en varias zonas de esta región, en donde la minería ha sido un renglón muy importante de la economía. Un tercer factor que ha modificado la dinámica del mercado es el aumento del consumo. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNDOC, el consumo de droga a nivel global podría llegar a 275 millones de personas; y en la mayoría de los países prevalece el consumo de cocaína, como se puede apreciar en la siguiente gráfica: Número de consumidores de droga a nivel global. Histórico Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: UNODC Oferta y demanda, la regla de oro en el aumento de los cultivos Así las cosas, el mercado de la cocaína funciona, como cualquier otro mercado, bajo el principio de la oferta y la demanda. Por ejemplo, países como Brasil, Argentina y algunos países europeos han aumentado el consumo de cocaína, y eso ha elevado la presión para aumentar los cultivos de coca en la región Andina. Es decir, el aumento del precio del dólar, la caída del precio del oro y el aumento de la demanda han sido los principales motores para el crecimiento de estos cultivos. Estos factores, como puede apreciarse, no tienen ninguna relación con el proceso de paz, y tampoco son un asunto que esté bajo el control absoluto de Colombia. Simple y sencillamente son dinámicas de mercado que afectan la región. En todo caso, el informe reconoce que hubo familias en varias zonas del país que sembraron coca bajo la condición de recibir ayudas para proyectos productivos. Pero eso se dio con cultivos de máximo una hectárea, de hecho, en las zonas aledañas a carreteras había cultivos de media hectárea. Pero esto no es lo que explica la presencia de cultivos industriales de 50 0 100 hectáreas en zonas como Tumaco. Esto lo que nos indica es que, como es sabido desde siempre, la realidad es más compleja de lo que parece.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), y otros sectores políticos del país, denunciaron un grave incumplimiento en la asignación presupuestal para la implementación de la paz. Al parecer, el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, no es claro al respecto. actual . El pasado miércoles, el presidente Iván Duque Márquez presentó ante el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo (PND) denominado “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”. La reacción por parte de algunos sectores políticos no se hizo esperar. Al parecer, los recursos para la paz no quedaron especificados en dicho documento. De acuerdo con lo estipulado en el acto legislativo 01 de 2016, debe existir, para los próximos 20 años, un Plan Plurianual de Inversiones para la Paz. Por ahora, dichos recursos aparecen disueltos en el presupuesto general, es decir, no aparecen señalados con nombre propio en el PND de los próximos cuatro años de gobierno. “Lo que hemos conocido del Plan Nacional de Desarrollo es que se entran a desconocer los compromisos del Estado con la implementación. No se le asignan unos recursos específicos tal como está convenido en el Plan Plurianual de inversiones, por lo tanto consideramos que evidentemente ese planteamiento de Iván Duque en la campaña de que iban a hacer trizas los acuerdos, está en este momento en plena marcha”, expresó el senador por el partido Farc, Carlos Antonio Lozada. Otros sectores políticos también reaccionaron frente a esta propuesta gubernamental de no proteger los recursos destinados a financiar las inversiones para la paz previamente acordadas en 2016. La bancada del partido verde, en cabeza de la senadora Juanita Goebertus, manifestó que “El artículo 4 del PND no contempla el Plan Plurianual de Inversiones. No incluye ni una sola sección específica de paz, ni recursos adicionales para financiarla”. La respuesta del gobierno Por otra parte, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) indicó que este componente para la paz sí está dentro del Plan Nacional. Sin embargo, será objeto de debates: primero en la Cámara de Representantes y el Senado, y posteriormente deberá someterse a una revisión por parte de la Corte Constitucional. Según la Directora Nacional de Planeación, Gloria Alonso, es errada la lectura que se le está dando al PND, puesto que, en la base de cada uno de los artículos que lo componen, se desprende un punto para la paz que correspondería a 37 billones. El problema es, según la funcionaria, que en el acto legislativo mencionado en párrafos anteriores, quedó determinado que no debe mezclarse el presupuesto para la paz con el de otros sectores. ¿Y la reincorporación? En el acuerdo de paz entre la ex guerrilla Farc y el anterior gobierno, un poco más de 13.000 combatientes entregaron las armas. Por lo tanto, el paso a seguir fue su reincorporación y posterior reintegración a la vida civil, que según el punto 3.2, incluye también la económica, social y política. La dificultad con este asunto es que estas últimas van a paso lento, pues el PND tampoco fijó una meta clara sobre el tema de reincorporación. Por su parte, Lozada señaló que la dirección del partido Farc envió una carta a la Naciones Unidas para notificar los incumplimientos del gobierno en la implementación de los acuerdos. En la comunicación agregó que, este partido iniciará a partir de esta semana una campaña nacional “buscando generar las condiciones para que en los territorios se cumpla el mandato del acuerdo”. En ese sentido, el gobierno nacional manifiesta, una y otra vez, que tiene toda la voluntad para apoyar la implementación de los acuerdos, pero propuestas como estas estarían demostrando que se avanza, pero en el sentido contrario.

Por: Ariel Ávila Martínez. Subdirector Pares. Para entender mejor el argumento de esta columna, se debe comenzar por un recuento de los hechos que han ocurrido alrededor de la JEP; 1. El partido de gobierno presenta un Proyecto de Acto Legislativo para sacar a los militares de la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, que la JEP no los pueda juzgar. 2. El mismo partido de gobierno, el Centro Democrático, promueve abiertamente que la JEP no pueda conocer, procesar y juzgar, los denominados terceros, es decir, todos los políticos, empresarios y civiles que se beneficiaron de la guerra, que promovieron masacres, secuestros y que se encuentran en la total impunidad. 3. Dentro de la discusión de la ley de presupuesto, se promovió la desfinanciación de la JEP y toda la justicia transicional. 4. El presidente del Senado, Ernesto Macías, esconde la ley Estatutaria de la JEP y no la envía a Casa de Nariño, para evitar que el presidente Iván Duque la firme. 5. Cuando estalla el escándalo sobre ocultamientos de leyes, aclarando que esta ley había pasado por la revisión de la Corte Constitucional, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dice que el presidente podría objetar la ley. Todo esto se ha hecho manejado el discurso de que la JEP trae impunidad, pero a la vez, intentan garantizar que ninguno de sus apoyos políticos y económicos, apoyos que tuvieron que ver con el conflicto, vayan a la JEP. Así las cosas, acusan a la JEP de traer impunidad, pero los amigos del gobierno que quieren salir impunes de los hechos ocurridos en el marco del conflicto no quieren ir a la JEP, es decir, es una contradicción increíble: Pues si quieren impunidad, y según ellos la JEP la trae, deberían ir corriendo. Todo lo anterior muestra el engaño que está haciendo el expresidente Uribe, el Centro Democrático y el gobierno Duque. En la vida real saben que la JEP no trae impunidad, trae mucha justicia, por eso le tienen miedo. Sin embargo, han engañado a muchos colombianos haciéndoles creer que su odio a la JEP es porque promueve la impunidad. Increíble, como una estrategia tan burda y simple, tiene tanto éxito. Entendiendo el engaño al que han sido sometidos tantos colombianos, la pregunta central es, ¿cuáles son los criminales que el gobierno quiere proteger? Tanto saboteo a la JEP, solo se justifica por la existencia de pesos pesados que intentan salir impunes de todos sus crímenes en el marco del conflicto. La respuesta es obvia. Los empresarios y políticos que se beneficiaron de la guerra, que se quedaron con la mayoría de las hectáreas despojadas a campesinos y que en su mayoría votaron y fondearon el Centro Democrático, saben que si hay justicia les toca decir la verdad y devolver lo que se robaron. Esa es la razón del saboteo a la JEP.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares. Desde 2016 hasta inicios de 2019, la Fundación Paz y Reconciliación – Pares, ha registrado el asesinato de 211 líderes sociales. Las investigaciones de Pares, han señalado que el perfil de las víctimas corresponde a líderes reclamantes de tierra, líderes que quieren participar en política y, líderes comunales que apoyan procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito o se oponen a mercados ilegales en sus territorios. ¿Qué dicen los líderes y lideresas? “A pesar de todos los que siempre nos han querido callar, no estamos solos. Nos tenemos a nosotros mismos y a nuestras comunidades que confían en el trabajo hecho con profunda convicción a pesar de que nos siguen matando”, expresó Soraya Bayuelo lideresa a nivel nacional y fundadora de la Corporación Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21, en su intervención durante la reunión entre defensores de derechos humanos y el gobierno desarrollada en los Montes de María. Bayuelo, también pidió el cumplimiento de lo pactado en La Habana, Cuba y sobre todo la garantía a la verdad, justicia y reparación para la no repetición. “Nosotros como víctimas nos tomamos muy en serio este objetivo que nos obliga a todos a seguir trabajando porque esas vidas que se han perdido ayer, una semana atrás, un mes atrás, un año atrás, cinco, diez, quince y cuarenta años atrás no sean solo cifras”, puntualizó. Dicho encuentro se realizó en el marco de la llamada Mesa por la Vida en el Carmen de Bolívar, uno de los 15 municipios que integran dicha subregión que fue azotada durante décadas por el conflicto armado y que ahora intenta salir de ese pasado de violencia. Hace más de veinte años ese territorio fue testigo de al menos 50 masacres por la disputa territorial entre guerrillas y paramilitares, sin embargo, aún hacen presencia grupos armados como el Clan del Golfo, principal banda narcotraficante; y el ELN, última guerrilla del país. ¿Qué hace el gobierno? Desde el año pasado la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 026 del 2018 en la que señaló todos los municipios en los que había un riesgo leve para la seguridad de los líderes sociales. Según la entidad, el 80 % de los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos se presentaron en los lugares que fueron advertidos. Tras el aumento de asesinatos, el gobierno decidió reunirse con las comunidades pues, “el asesinato de líderes sociales todavía persiste”, dijo el defensor del pueblo, Carlos Negret. Además indicó que en zonas como los Montes de María es importante que el estado haga presencia todos los días hasta que la causa que lleva a la muerte de los lideres sociales no vuelva a suceder. “Las alertas tempranas deben ser atendidas con mayor rigurosidad porque somos una entidad que vivimos todos los días en terreno escuchando a la comunidad y diciéndole al gobierno que el tema no es solamente de seguridad, lo que se vive en esta zona es un problema de hambre, la gente no tiene qué comer, fuentes de empleo o una casa”, agregó. En ese sentido, hay sectores que critican el nuevo Decreto 2137 que lanzó en noviembre del 2018 la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, con el fin de hacerle frente a este flagelo. Puesto que, ya estaban en funcionamiento otras cinco resoluciones del gobierno anterior que estipulaban la protección y garantías a los defensores y que nacieron producto del pacto de paz. Se trata del Plan de Acción Oportuna (PAO), integrado por funcionarios del alto gobierno y que pareciera no entender las dinámicas de los líderes sociales pues deja por fuera a las organizaciones y ciudadanos que trabajan por los derechos humanos. De acuerdo con investigadores de Pares, este es un proyecto de corte ofensivo y que al final no termina solucionando las problemáticas sociales en las comunidades. En la declaración final de la Mesa por La Vida, tanto gobierno como representantes de la comunidad reconocieron la necesidad de reestructurar la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero lo curioso es que con el decreto lanzado por Duque no se sabe entonces con exactitud cuál es la ruta para seguir protegiendo a los líderes, puesto que hay diversas medidas pero pocas que terminen funcionando. Por lo pronto, los luchadores por los derechos humanos siguen alzando su voz para intentar prevenir más hechos victimizantes. Como expresó Bayuelo, “lo único que todos quieren es que no vuelva la guerra, por lo que exigen garantías de no repetición”. Colombia vive con más de 7 millones de víctimas producto del conflicto armado interno. Ahora lo que quieren diversas organizaciones de derechos humanos es que esa cifra no siga aumentando, sin embargo, este gobierno ha mostrado poca voluntad de paz: con la implementación de los acuerdos de paz, con la protección de líderes sociales y las medidas de defensa y ofensa.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. Steven Najar de 25 años, nació en el mítico barrio de Egipto de Bogotá, que, como él mismo cuenta, ha tenido una marcada presencia de pandillas que ha cobrado muchas vidas, ha imposibilitado alternativas y ha estigmatizado el barrio. Steven lleva tiempo trabajando para la trasformación del barrio desde procesos que vinculen a la comunidad; propiamente desde el “graffitour” en lo que se denomina ‘turismo comunal’. Steven organiza los graffitour, desde la Fundación Univivir, una organización cuyo objetivo es impulsar alternativas para generar una nueva narrativa sobre el barrio. La iniciativa, según Steven, permite socializar la historia del barrio y empezar a reconstruir el tejido social con las actividades que vinculan a los niños del barrio, pero también a niños de los barrios que colindan Egipto. Cabe recordar que el barrio Egipto, está ubicado la localidad La Candelaria, la número 17 de la ciudad y es la más pequeña de Bogotá. La localidad tiene una extensión de 183.89 hectáreas, según datos del Departamento de Planeación Distrital; y está conformada también por los barrios, Las Aguas, Santa Bárbara, La Concordia, Centro Administrativo, Catedral y Belén. Sobre el recorrido El recorrido empieza en el Chorro de Quevedo, allí cuentan sobre cómo fue la historia de Bogotá y, como eso configuró y tuvo incidencias en el barrio Egipto. Después se dirigen a la iglesia de Egipto —en la entrada del barrio— donde narran la constitución del barrio y, posteriormente, por las calles van parando en cada graffiti explicando los múltiples significados los mismos. De igual forma las reflexiones en torno a poder hacer recorridos, aun cuando la violencia había generado no solo fronteras invisibles dentro del mismo; sino aislando a Egipto de Bogotá y estigmatizándolo. Para Steven, la violencia que arreciaba al barrio por las pandillas, estaba generando profundas limitaciones en la forma de vivir para la comunidad; con las fronteras invisibles “la gente no podía transitar ciertas calles, las rencillas entre las personas eran una suerte de tradición familiar, ahora, se pueda caminar y compartir por calles que antes no. Eso, entre otras cosas, permite que los niños puedan entablar relaciones con más niños del barrio y permiten nuevos conocimientos y experiencias”, dice Steven. Históricamente ha habido una pandilla en el barrio Egipto— La Diezma— y pandillas de barrios aledaños, sin embargo, la dinámica se transformó y las pandillas iban siendo un tema familiar. Es decir, las familias iban teniendo un sentido sobre el territorio, sobre las cuadras y la violencia caía en un circulo repetitivo, producto de la venganza entre las muertes; perpetuando un espiral de violencia en el barrio. Es así como la iniciativa nació por medio de reuniones con la comunidad, en las que participaban ex integrantes de pandillas de las generaciones mayores que quedaban, puesto que la mayoría han muerto o están en prisión. Ellos, ‘la vieja escuela’ —como se refiere Steven— fueron los que empezaron a “dar el ejemplo del cambio y la necesidad de la búsqueda de alternativas de vida para las nuevas generaciones, lejos de la violencia que deja el mundo de las pandillas”. Por otra parte, el proyecto le apunta a la importancia del relato en el recorrido y así presentarle a los niños de la comunidad cuales fueron las implicaciones que tuvo la violencia en el barrio y que la importancia de que existan para que el barrio se narre distinto, se viva distinto y sea visto de otra forma. “Yo tengo familiares y amigos que fueron de la pandilla de Egipto, de la diezma, y la mayoría de ellos que ahora tienen hijos, han decidido cambiar sus vidas y dedicarse a otros rollos. En el barrio mucha gente ha quedado presa, y esos cambios de vida impulsados desde la fundación permite que se genere procesos de resignificación”, señala Steven. Del mismo modo, la gente del barrio ha estado muy presta a las iniciativas que se adelantan, asegura Steven, debido a que los cambios que ha tenido el barrio son significativos. “Cuando estábamos en la época de conflicto fuerte, uno no podía estar por fuera de la casa después de las seis de la tarde; las balaceras podían durar hasta dos días”. En términos generales, el graffitour del barrio busca permitir actividades alternativas que le permitan a la comunidad vivir Egipto de otra forma, siendo a su vez un ejercicio de memoria con las actividades que cobijan entre 300 y 500 niños. Los ocho fundadores, todos jóvenes, lideran la iniciativa que busca vincular con el rap nuevas formas de pensarse el territorio. Al mismo tiempo, pretenden hacer una huerta comunitaria en la que se articule a la población de adulto mayor. ¿Qué viene para el proyecto? El pasado viernes 8 de febrero, los fundadores del proyecto se dirigieron a Medellín, específicamente a la Comuna 13, donde esperan conocer el proyecto y hacer un compartimiento de experiencias para poder ver como siguen potenciando el proyecto acá en Bogotá, en el Barrio Egipto. El encuentro será con el colectivo Agroarte —que trabaja los temas de memoria, arte y agricultura—, en apoyo con el CNMH y ACDI VOCA, que le apuesta a la construcción de tejido social generando murales y siembras en alusión a las vivencias y la resistencia frente a las manifestaciones urbanas de violencia. Steven espera poder reflexionar a partir de las prácticas en la Comuna 13, para poder articular la memoria del territorio y resignificar las experiencias con alternativas que cambien los paradigmas y mitiguen la estigmatización. En consecuencia, será un proceso de aprendizaje con Agroarte, quien trabaja el proceso de construcción de memoria en el Cementerio de La América, ubicado la Comuna 13. La importancia de este proyecto es que vincula a niñas, mujeres, jóvenes y adultos; para repensarse los sucesos de conflicto armado.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares. Un espectro político radical que solicita flexibilizar el porte de armas, civiles que piden armarse y una red de ciudadanos cooperantes; es el panorama del actual del gobierno que abandera una política fuerte de seguridad y defensa. Sin embargo, hay que tener sumo cuidado en la aplicación de estas iniciativas porque pueden terminar siendo catastróficas si se juntan, pues en el pasado significaron la apertura al fenómeno paramilitar. A principios del 2019, el senador Álvaro Uribe Vélez en una reunión privada de su partido en la ciudad de Montería, expresó que “la ciudadanía lo que está pidiendo es una flexibilidad en los permisos especiales” de porte de armas “porque entonces le dicen (a uno) en Valledupar: ‘nosotros ya salimos para Bosconia, nos atracan en el camino, no tenemos con qué defendernos y nos matan’”. Meses atrás los partidos del Centro Democrático y el Conservador, abrieron un debate sobre el tema y le presentaron al presidente Iván Duque una petición firmada por más de 50 congresistas en la que solicitaron flexibilizar el decreto que regula el uso y porte de armas. El mismo Uribe se adelantó al mandatario con la publicación de la resolución en su cuenta de Twitter y sorprendió a la opinión pública pues era deber del presidente. Luego Duque lo expuso, y para sorpresa de algunos políticos de centro e izquierda le fue añadido un parágrafo en el que le dio la facultad al ministerio de Defensa para decidir quién puede o no acceder a los permisos especiales para el porte de armas. Por lo tanto, los exministros del Interior Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, y el exviceministro Luis Ernesto Gómez, radicaron una demanda, pues según ellos esto reabre la puerta al rearme de ciudadanos. Ganaderos en busca de armas En contraste, el presidente del Fondo de Ganaderos, Hernán Araujo, pidió la necesidad del porte legal de armas en su región. Sin embargo, días después aseguró en medios que esta información había sido utilizada fuera de contexto. Lo curioso es que Uribe señaló en los días posteriores al pronunciamiento de Araujo que los ganaderos en el departamento del César estaban siendo víctimas de extorsión y asesinato, por lo tanto, le habían solicitado el derecho para portar armas como derecho a la defensa. Lo problemático es que Colombia ha tenido políticas nefastas en materia de seguridad privada. Un caso particular es la creación de la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM) en 1984, que a pesar de tener una personería jurídica, fue esa entidad a través de la cual se preparaban, coordinaban y operaban los grupos de autodefensa, según Carlos Medina Gallego en su texto “Autodefensa, Parmilitares y Narcotráfico en Colombia”. Ciudadanos cooperantes con el Estado Como se conoció el miércoles, el presidente Duque pondrá a funcionar durante su gobierno una nueva política de seguridad y defensa en la que contempla una red de ciudadanos de participación. Sin embargo, hay expertos que la critican y otros que la consideran importante para el desarrollo de la seguridad en el país. Cabe destacar que esta medida es similar a la Red de Cooperantes implementada en 2002 por el gobierno de Uribe. Y aunque aún no se sabe con exactitud cómo va a funcionar internamente lo que se debe “evitar es que se comentan los mismos errores del pasado”, señaló Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación – Pares. “El Estado no se puede negar a recibir información del ciudadano y el ciudadano tiene que acudir al Estado cuando necesita información”, agregó, pues según él, la política es fundamental y no debe ser estigmatizada. En conclusión, estas redes de participación cívica son positivas siempre y cuando no se mezclen con los otros dos escenarios planteados que a través de la historia colombiana han demostrado ser contraproducentes. Armar a poblaciones podría derivar en la creación de grupos de seguridad privada o expresiones similares al paramilitarismo, que en consecuencia traen olas de criminalidad.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. Ya suman 50 días desde a Corte Constitucional, el 19 de diciembre de 2018, enviara la Ley Estatutaria de la JEP para que sea firmada por el presidente Iván Duque. Pero hasta el momento, parece que la ley estuviera en un laberinto sin salida entre el despacho del presidente del Senado Ernesto Macías y el despacho del presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón. Mientras no se conozca el paradero de la Ley, seguirá dilatándose un proceso clave para que la JEP pueda funcionar de manera integral. La Corte Constitucional había adelantado la revisión del texto final que fue entregado al Congreso en diciembre del año pasado, justamente, Alejandro Linares —presidente de la Corte Constitucional— esperaba que el documento de 700 páginas fuera enviado para sanción presidencial. Cabe recordar, que el texto final se elaboró conforme a la aprobación de la sala plena en el mes de agosto de 2018. Para ese entonces, el magistrado Antonio José Lizarazo presentó un texto de 800 páginas. Los trámites parecen ser un dolor de cabeza para el gobierno nacional, la polémica aumentó después de que la bancada del Partido de la U publicara un comunicado en el le solicitara la aprobación de la Ley Estatutaria de la JEP. El partido de la U —por medio del denominado “sector independiente de la U”— manifestó que resulta insólito que una ley que fue aprobada hace siete meses, lleve 50 días en un trámite que no debería superar los 8 días. Posteriormente, la bancada instó que la demora del ´simple trámite’ entre el Capitolio y la Casa de Nariño, “puede interpretarse como una maniobra dilatoria en momentos de trascendentales decisiones que debe tomar la JEP y que gravitan sobre el futuro del proceso de paz y su seguridad jurídica”. ¿Qué implica la Ley Estatutaria de la JEP? Es importante entender que la estructura que compone la JEP trabaja en clave a tres tipos de penas sobre todas las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre del 2016; por penas propias, alternativas y ordinarias. En este sentido, las penas propias contemplan a aquellos que cuenten toda la verdad y reparen a las víctimas de los hechos, las penas alternativas a quienes contribuyan con la verdad y reparación de forma tardía y, por último, las penas ordinarias para quienes sean vencidos en juicio como resultado de la demostración de que incurrieron en una verdad nula o incompleta y que, no intercedieron dentro de sus posibilidades para reparar. Adicionalmente, para las penas ordinarias se contemplan penas que oscilan entre 8 y 20 años sin libertad anticipada. En definitiva, la sanción de la ley permitirá optimizar los canales de justicia y garantizará la verdad para las víctimas y la sociedad colombiana en general; frente al debido proceso. ¿Qué viene para la sanción presidencial que espera le Ley Estatutaria de la JEP? Patricia Linares, presidenta de la JEP, le solicitó a Iván Duque darle prioridad al trámite de sanción de la Ley Estatutaria, conforme a la importancia y trascendencia de la norma. Por su parte, tanto el mandatario y Macías deberán proceder con prontitud para mitigar las criticas que advierten un complot para engavetar la Ley Estatutaria. Así las cosas, han trascurrido 14 meses desde que el Congreso aprobara la norma, sin embargo, Alejandro Chacón informó que hasta hace 8 días —31 de enero— llegó la norma a la Cámara de Representantes. Debido a esto, el texto está siendo analizando por la Cámara desde este lunes 4 de febrero y espera ser firmada para ser enviada al Macías, quién proceda a hacerla llegar a la Casa de Nariño. No obstante, la representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, Juanita Goebertus, se encuentra comparando el texto enviado por el Senado y la Corte Constitucional, un ejercicio para cerciorarse de que el texto no haya sufrido modificaciones sustanciales.