Por: Daniela Quintero. Redacción Pares. El presidente Iván Duque, realizó este miércoles el lanzamiento de la política de defensa y seguridad que implementará durante su mandato. En ella se observan nuevas medidas que fortalecen el aparato militar, proponen crear redes cívicas y que cierra las puertas a una negociación con el ELN. Son varios los puntos que componen dicha política, pero tres llaman la atención por las experiencias que se han tenido en el conflicto armado colombiano. El primero es el aumento en el presupuesto en Defensa, con 33.4 billones de pesos, dos más que en el 2018; segundo son las redes de participación cívica, por la experiencia de las llamadas Convivir, que fueron la base para el surgimiento paramilitar; y el tercero es la clasificación de los grupos armados organizados, que pondría al ELN al mismo nivel que el Clan del Golfo. Con esta serie de decisiones, cada vez más se desdibuja esa paz del acuerdo pactado con las Farc prometía llegar a todos los territorios. Por lo tanto, estas medidas van en contravía con las políticas impulsadas por el gobierno anterior que desde el 2012 lideró en un trabajo interinstitucional para promover una agenda de paz. “Este gobierno cree profundamente en la seguridad como vehículo en la construcción de la paz”, expresó Duque. Por lo tanto, en su alocución dejó ver como en su mandato se le dará prioridad al sector defensa, como estrategia para garantizar la seguridad por medio del aumento del pie de fuerza, caso tal del anuncio sobre la incorporación de 14.000 nuevos soldados. En ese sentido, se observa el contraste con la estrategia del gobierno de Juan Manuel Santos, en cuyo gobierno se establecieron las bases para una reestructuración de las Fuerzas Militares para postconflicto, abogando por un reenfoque de estrategia militar y la reducción del personal de las FFMM. Ciudadanos al servicio de la policía Ahora bien, otra de sus políticas consiste en la conformación de una Red de Participación Cívica. En Colombia esta propuesta es dramática, teniendo en cuenta nuestra reciente historia en la creación del paramilitarismo Además, expresó que esta red está creciendo en todo el país semana tras semana, y consiste en que las personas trabajen con los soldados, con policías, “para que construyamos ese triángulo exitoso de la seguridad”. Por otra parte, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación – Pares, dijo en un debate en Semana en Vivo que “el estado debe mejorar su respuesta y no crear seguridad privada, el problema de esto es que así comenzó el paramilitarismo en Colombia”. Agregó que promover “que la gente haga justicia por mano propia no es Estado de Derecho, lo que habría que llevar son los mecanismos para que les respondan a los ciudadanos”. El presidente también dijo que en el 2019 se espera llegar al millón de ciudadanos para darle apoyo a la policía. Sin embargo, existen hechos concretos que demuestran que la creación de estas fuerzas paraestatales en medio de zonas de confrontación armada suele ser perjudicial para esas comunidades. La historia de Colombia nos lo muestra, ya hemos pasado por experiencias similares. Por ejemplo, cuando los ganaderos en los años 60 decidieron armarse y produjeron un fenómeno más grave: el despojo de tierras a cientos de colonos. Cabe destacar que estas expresiones armadas privadas, también fueron caldo de cultivos para los posteriores grupos de seguridad privada, tales como Acdegam. Para Luis Celis, analista de conflicto y paz, la última experiencia que más se acerca a la planteada por Duque, fue la Red de Cooperación Ciudadana impulsada por el ex mandatario Álvaro Uribe Vélez, en su política de Seguridad Democrática (SD). ¿Se podrá negociar con el ELN? En la transición de mandatos se esperaba que el nuevo presidente suspendiera definitivamente las conversaciones de paz con el ELN, que se venían realizando desde febrero del 2017, sin embargo, hubo un silencio entre las partes que parecía el final de la mesa. El 18 de enero del presente año se confirmó la ruptura de los diálogos tras el atentado cometido a la Escuela de Cadetes General Santander. Ahora bien, con las nuevas políticas del gobierno Duque, se ve aún más desdibujada la idea de retornar a una mesa de diálogo con el ELN. Según explicó Duque, para realizar procesos de disolución de un grupo armado organizado al margen de la ley, se deberán cumplir dos condiciones: “concentrar toda la estructura armada en espacios geográficos delimitados y cesar todo tipo de actividad criminal”. En el actual gobierno hay una fuerte controversia, puesto que, hasta el año pasado se reconocía al ELN como la última guerrilla del país, sin embargo, con el cambio de mandato todo indica que este grupo es considerado como un Grupo Armado Organizado, lo cual le quitaría su estatus de insurgente alzado en armas. De acuerdo con Celis, con esta decisión es totalmente inviable que esta guerrilla tenga voluntad de retomar conversaciones con el gobierno. “Veo muy lejos al ELN de querer ubicarse en un territorio y eso no está en el formato del ELN y creo que de ninguna fuerza que tenga desconfianza con el Estado, esto parece más un sometimiento que a una negociación y en un escenario de negociación esto es totalmente inviable”. El gobierno también señaló que ya no validará la figura de los llamados “ceses al fuego bilaterales”, pues está en contravía de la obligación constitucional que tienen las autoridades de garantizar permanentemente la vida, honra y bienes de los colombianos. “Este es un gobierno autoritario y un gobierno de derecha y está apostando por eso, porque por supuesto que todos los estados requieren políticas de seguridad, la pregunta es si esas políticas de seguridad son democráticas o autoritarias, en el caso nuestro todas esas políticas son autoritarias”, concluyó el analista.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió prorrogar por 20 días hábiles el plazo para que la justicia de Estados Unidos presente pruebas sobre el caso de solicitud de extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias ‘Santrich’. La decisión de la JEP, es producto de una votación que adelantó la Sección de Revisión y que dejó un marcador de cuatro votos en favor de la prórroga de 20 días y uno en contra. La razón de la decisión, para la JEP, tiene que ver con que fue ‘un hecho ajeno a la jurisdicción que entorpeció́ el buen funcionamiento de la labor de administrar justicia en el contexto de los acuerdos de paz y no atribuible al destinatario de la solicitud de la asistencia judicial, sino a quien fungía como intermediario o canal diplomático entre los diferentes estados y a la empresa de mensajería que se utilizó́ para la remisión de la carta rogatoria’ Como resultado, la JEP compulsó copias de esta decisión a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que órgano acusador investigue una posible falta disciplinaria en el proceso del envío por parte del Ministerio de Defensa y funcionarios de la Empresa de Servicios postales Nacionales 4-72. En definitiva, la solicitud de investigación la tiene el Procurador Fernando Carrillo Flórez, quien catalogó como “insólito” el hecho de que la carta rogatoria que nunca llegara a los Estados Unidos, situación de la que fue informado el país —el 31 de enero— por medio de la Ministra de Justicia, Gloria María Borrero. Del mismo modo, Carrillo ya advertía que el Ministerio de Justicia tiene que explicar claramente lo que pasó En este sentido, se han perdido alrededor de 44 días entre la prórroga original que inició el 10 de diciembre de 2018. Esta vez, parece que puede ser distinto el procedimiento de prórroga, ya que la ministra Borrero confirmó, el 1 de febrero, que la misiva rogatoria ya se encuentra en Estados Unidos. Así las cosas, Santrich deberá esperar 20 días más para conocer la conclusión de este capítulo. Sin embargo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha decidido generar una presión frente al caso a pesar de las decisiones que había dispuesto la JEP, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría. Para la vicepresidenta ya existen suficientes pruebas contra Santrich que deberían ser razón suficiente para su extradición y que la JEP debería facilitar el trámite parta que Hernández Solarte comparezca ante la justicia estadounidense. Jesús Santrich está detenido desde el 9 abril de 2018 y actualmente permanece en la cárcel de La Picota, sumando así 305 días sin que se califique oficialmente su detención. Pares le presenta la línea del tiempo de lo que ha acontecido en el caso más polémico después de la firma del Acuerdo de Paz:

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. La incertidumbre crece por las fallas en el proyecto Hidroituango, debido a que el rio Cauca – el segundo río más importante de Colombia – podría perder el 20% de su caudal. Este río alimenta el territorio nacional desde la lengua del Buey —en el Macizo Colombiano— hasta llegar al Brazo de Loba cerca del municipio de Pinillos, en Bolívar. Por estos días está en veremos si la ruta de su desembocadura continuará llegando al río Magdalena o perecerá en Ituango, Antioquia. Esto, en razón a que Empresas Públicas de Medellín (EPM) cerró este martes 5 de febrero la compuerta uno de casa de máquinas del proyecto hidroeléctrico Ituango, que pone en riesgo medioambiental al río Cauca. El anuncio oficial lo hizo —en horas de la mañana— el gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM; ante la expectativa de los más de 800 habitantes de Puerto Valdivia y la amenaza latente de la sequía del rio Cauca. Según lo dio a conocer EPM, durante los días siguientes al cierre de la compuerta, el caudal del río Cauca se verá significativamente afectado debido a que pasará de 500 metros cúbicos por segundo, a tan solo 100 metros cúbicos. Por otra parte, informaron que se cerraron las conexiones con las ciénagas en el municipio. Dentro del panorama de impactos con el cierre de la compuerta, se contemplan afectaciones socioeconómicas sobre las comunidades. Dichas afectaciones, se desprenden del atrapamiento y muerte de peces por disminución del caudal; afectando las dinámicas de pesca. Asimismo, la hay una posible deshidratación de las ciénagas de la zona y riesgo en el suministro de agua potable, es decir, afectación de la calidad y disponibilidad del agua para consumo humano, actividades agropecuarias y agrícolas. Por otra parte, cabe recordar el proceso sancionatorio que le abrió la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a Hidroituango. Según la ANLA, el proyecto hidroeléctrico incurre en “no garantizar aguas abajo de la presa del proyecto… para asegurar la integridad de los servicios ecosistémicos y los bienes de protección ambiental que hacen parte de la fuente hídrica Río Cauca”. Justamente, en octubre de 2018, EPM le envió un documento a la ANLA en el que le planteó cuatro fechas para el cierre de compuertas; diciembre de 2018, febrero de 2019, mayo de 2019 y agosto de 2019. Precisamente, frente a la fecha de febrero, la misma EPM señaló que en ese mes se incumpliría el mínimo caudal del río cauca por un espacio de 37 días. Frente al cierre de la compuerta, continúan los interrogantes, ¿Por qué EPM no cerró la compuerta en época de invierno, cuando tenían presupuestado que no se incumpliría el mínimo caudal? El cierre de la compuerta Para Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, fue necesario el cierre debido a que «la infraestructura de captación del Proyecto Ituango es incierta. Por eso es prioritario conservar el control de las aguas para brindar seguridad aguas abajo del proyecto». Según Londoño, la prioridad de EPM es conservar la vida de la población aguas abajo. Sin embargo, hace 22 días el geólogo y profesor de la Universidad Nacional, Modesto Portilla, advertía que el cierre de la compuerta de casa de máquinas uno iba a ser de los momentos más críticos del proceso, conllevando afectaciones medioambientales. Según el geólogo “En el momento que se cierran las compuertas el problema es que el agua deja de pasar por el único ducto que tiene para hacerlo aguas abajo, el nivel del agua va a subir hasta el nivel del vertedero y esos 60 u 80 metros adicionales van a generar una presión sobre el macizo rocoso y en últimas van a desestabilizar inicialmente las laderas contiguas al embalse” El informe de emergencia que obligó al cierre de la compuerta, según EPM, tiene que ver con que “la ventana de entrada del agua está recibiendo presiones superiores a la resistencia de diseño y la puede destruir en cualquier momento”, tal como lo había diagnosticado el geólogo Portillo. Así las cosas, el túnel por dónde pasa el río Cauca no estaría diseñado para recibir la totalidad del caudal y la decisión de enero de 2018 de cerrar la compuerta 2; recrudeció la presión hasta hacerla insostenible. Para Portillo, se debería reforzar el macizo evitando la perforación y desembalsar el agua —reabriendo uno de los túneles— para mitigar la posibilidad de una emergencia de grandes proporciones con repercusiones irreversibles. La erosión que se está generando en la montaña y que mantiene en incertidumbre a las comunidades, obedece a que “a medida que va transcurriendo el tiempo, el agua está ingresando al macizo rocoso a altas presiones”, según el geólogo. ¿Qué planes de choque hay con el cierre de la compuerta? A pesar a las recomendaciones de implementar un plan de evacuación, las autoridades optaron por prescindir la evacuación y mantener alerta roja para Puerto Valdivia y Puerto Antioquia, Tarazá. Por su parte, mantendrán alerta naranja para las poblaciones de aguas abajo del proyecto. EPM verificará el movimiento en la montaña interna y externamente, a su vez, el comportamiento en casa de máquinas de la que se cerró la compuerta, mediante sismógrafos. También, se instaló un puesto de Mando Unificado e integrantes de Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para monitorear los efectos. Por otra parte, se ha dispuesto de 21 carrotanques, 33 tanques y 82 bidones para mitigar la afectación del suministro de agua potable. Frente a la afectación de fauna, producto de la disminución del caudal, ubicaron 700 pescadores en la zona para el rescate de los peces a lo largo de 14 tramos del río. El proyecto y el Rió Cauca La mega obra en su en su pretensión suministrar el 17% de la energía del país, no solo le que cambió el caudal del río Cauca con una antesala de desastre medioambiental, sino que también ha afectado a los habitantes de cañón del Rio Cauca, por las obras que ha adelantado el proyecto Hidroituango. Además, las dinámicas que ha implicado el proyecto en el cañón, según las comunidades, mantienen sin hogar y trabajo a muchos de los pobladores. Asimismo, en noviembre de 2018, han denunciado que se sienten amenazados por los reclamos que adelantan y que los ejercicios de memoria en busca de los desaparecidos se han visto truncado. Recordemos que —según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica— en los 17 municipios que rodean el río Cauca en Antioquía se han perpetrado alrededor de 110 masacres y 2.345 desaparecidos.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares. El Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 con la ex guerrilla Farc auguraba la disminución de la violencia, al menos en las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Sin embargo, las zonas dejadas por este grupo poco a poco han sido cooptadas por distintas bandas criminales que actualmente tienen amenazadas a las poblaciones, caso tal de la subregión del Bajo Cauca Antioqueño. De acuerdo con la Unidad Nacional de Víctimas (UNV) desde finales de 2018 se han presentado desplazamientos masivos en esta zona que está integrada por seis municipios: Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza, y en los cuales habitan alrededor de 319.000 personas. La salida del grupo guerrillero de estas zonas auguraba la llegada del Estado, pero no solo por la llegada de la Fuerza Pública, pero de todas sus instituciones; sin embargo, la implementación de los acuerdos se ha dado a pasos lentos, que ya se ven las consecuencias de su mal manejo. La situación de desplazamiento en la zona cada vez es más problemática debido a las amenazas a la población por parte de distintos grupos armados que están en constante disputa y control territorial como la Autodefensa Gaitanista de Colombia (AGC), los Caparrapos, grupos postfarc, neoparamilitares y ELN. “Hay un hecho victimizante que está aumentando: hecho victimizante por amenazas (…). Así mismo, tenemos más de 1.500 declaraciones que se han recibido en los últimos cuatro meses del Bajo Cauca, principalmente de Tarazá, lo que equivale aproximadamente a 5.000 personas”, expresó a la prensa Ramón Rodríguez Andrade, director general de la institución. De acuerdo con registros de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el año pasado 8.983 personas fueron expulsadas de estos municipios, mientras en 2016 la cifra fue de 4.139, lo cual deja demostrado, en parte, la incapacidad estatal de retomar el control de estas zonas y mitigar la violencia. Así mismo lo expresó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en una carta dirigida al presidente Iván Duque en la que señaló que el Bajo Cauca era una “zona de guerra” que había superado la capacidad del Estado. Dos grupos dominantes Son diversos los grupos que se han confrontado por el control de las zonas tanto rurales y del casco urbano, sin embargo, las AGC y los Caparrapos, disidencias de la misma AGC, son los dos grupos que actualmente tienen mayor dominio, territorial y mantienen una lucha por el control de los cultivos de coca y las rutas de narcotráfico. “Ambos (grupos) están en disputa por extender su dominio territorial. Disputa que a febrero de 2018 ya llevaba 3 desplazamientos masivos que sumaban 822 personas desplazadas en Cáceres”, según información de Pares, tras una investigación adelantada en terreno. Asimismo, se conoció de una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en la que advirtió el aumento de este fenómeno. Antes de la confrontación entre las partes, el Bajo Cauca estuvo gobernada por el narcotraficante José Bayron Piedrahita, conocido como el “Barón Comercial” o el “Zar de la Droga”, en connivencia con la AGC. Actualmente se encuentra preso en Bogotá y a la espera de ser extraditado. Su captura generó el reacomodamiento de nuevas estructuras criminales, que aún intentan retomar el control de la zona. A diferencia de los ya mencionados municipios, en Caucasia han hecho fuerte presencia grupos paramilitares a lo largo de su desarrollo social, político y económico. Por lo tanto, luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quedaron diversos reductos que conllevaron a la conformación de estructuras como las AGC, Los Rastrojos, y ahora los Caparrapos, entre otros, quienes comenzaron a pelearse las rutas del narcotráfico. Algunos habitantes de la comunidad de Caucasia explicaron a los investigadores de Pares que ya no sólo están obligados a pagarles la extorsión a las AGC, sino que también deben hacerlo con los Caparrapos para “evitar muertes y amenazas”. Foto: Andrea Aldana El motor de guerra Tanto la AGC, como los Caparrapos son estructuras que se benefician de todas las economías ilegales tales como la extracción ilegal de minerales, el narcotráfico y el microtráfico. Como se ha mencionado, ambos grupos ocupan la mayor parte del Bajo Cauca aunque se ha notificado la presencia del ELN y nuevas estructuras: Paisas, Zorros y Limpieza Social, que no están de acuerdo con la sustitución de cultivos de coca, pactadas en el acuerdo de paz del gobierno y la ex guerrilla Farc. A los desplazamientos, se suman las amenazas a las que están siendo sometidos los campesinos que quieren acogerse a los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que pretendían reducir los sembradíos de coca en la región. De acuerdo con información del sino la UNODC, este territorio produce el 46% de la coca que se da en la región Central del país. “En El Bagre hay 3 grupos en disputa por el territorio: AGC, Caparrapos y Limpieza. Y todos le dieron la orden a los campesinos del municipio de no integrarse al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis)” pactado en el Acuerdo de Paz entre el gobierno y la exguerrilla Farc. Según denuncian, ambos grupos los están extorsionando antes de recibir el pago del PNIS y les están exigiendo el 10% de ese pago bajo amenaza de muerte si se desobedece, esto viene siendo cerca de 200 mil pesos. Colombia es el principal productor de coca en el mundo, con 171.000 hectáreas sembradas, según el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU. Cabe destacar que la presencia de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca no es poca. Sin embargo, el estado actúa muy lento pese a las alertas tempranas desde varios frentes en especial la Defensoría del Pueblo.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. El pasado domingo 3 de febrero, el Ejercito de Liberación Nacional – ELN, liberó el Maxwell Joya, Carlos Quinceno y Julio Díaz, quienes habían sido secuestrados por el grupo armado el pasado 11 de enero en el municipio de Hacarí, en Norte de Santander. Justamente, esto ocurre en el marco de los 17 días que han pasado desde que el presidente Iván Duque decidiera levantar la mesa de negociaciones con el ELN. Cabe recordar, que el secuestro se dio después de que las unidades guerrilleras del Frente de Guerra Nororiental del ELN derribaron el helicóptero de trasporte de valores donde se transportaban los contratistas, en el corregimiento de San José del Tarra en Hacarí. De esta acción, es produjo el secuestro de 24 días de la tripulación y el robo de 1.700 millones de pesos. La liberación, por su parte, se hizo por medio de una comisión de la Defensoría del Pueblo y Gabriel Ángel Villa, arzobispo del municipio de Ocaña. El arzobispo, después de que el ELN se atribuyera el secuestro, se ofreció para adelantar trabajos de mediador y garante en las comunicaciones hacia la guerrilla; velando por la liberación de los tres tripulantes del helicóptero. Tanto la comisión de la Iglesia Católica y la comisión de la Defensoría del pueblo, fueron contactadas por integrantes del ELN en la madrugada del 3 de febrero, quienes le manifestaron que necesitaban de su intermediación para una acción humanitaria. Rafael Navarro, coordinador del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, reveló que la liberación de Díaz, Quinceno y Joya, se produjo alrededor de las 11:30 de la mañana en medio de las espesas selvas del Catatumbo. Además, se dio a conocer ante la opinión pública que el ELN, antes de hacer efectiva la entrega, leyó un comunicado en el que le manifestó al gobierno nacional que esta guerrilla tiene la intención de que se reabra el diálogo para una salida pacífica. El comunicado entre otras cosa, respondió a las declaraciones del gobierno, manteniendo que  “Al recrudeciendo de la guerra anunciada por Iván Duque, el ELN responde con su accionar político y militar, al tiempo que reitera su voluntad de buscar caminos de solución política que conduzcan al país hacia un futuro de cambios y transformaciones”. ¿Se reabrirá la mesa de diálogo? Para Luis Eduardo Celis, experto en conflicto armado interno, la liberación de Maxwell Joya, Carlos Quinceno y Julio Díaz tiene claros visos de diálogo por parte de la guerrilla. Adicionalmente, resaltó el trabajo desempeñado por la Defensoría del Pueblo y el apoyo de la Iglesia Católica. Referente a la forma en que se llevó a cabo la liberación, según Celis, es “una muestra por parte del ELN de capacidad para la resolución de asuntos humanitarios de este tipo, sin la necesidad del gobierno nacional”. La visión de Celis se hace más evidente en razón a las declaraciones que Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz sobre a las conversaciones que reveló Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN en Cuba. Ceballos dijo «Las varias conversaciones que yo sostuve con el señor Beltrán eran especialmente orientadas a temas humanitarios relacionados con protocolos que exigía en su momento el ELN para liberar a varios soldados, policías y civiles y de ninguna manera pueden entenderse como un espacio oficial de diálogo». Así las cosas, el Alto Comisionado hace entender que los canales de acercamiento, por parte del gobierno nacional, están cerrados. Sobre los liberados, el comunicado indica que “se les ha brindado un trato digno y respetuoso” y que la liberación obedece compromiso público manifestado hacía los familiares de Díaz, Quinceno y Joya; por medio de un comunicado que data del 16 de enero. En dicho comunicado, expresamente, dicen “Les comunicamos a las familias de los tripulantes que ellos se encuentran bien y tenemos la voluntad de liberarlos, gestiones que estaremos organizando con los organismos humanitarios pertinentes”. Precisamente, dicho comunicado se dio un día antes del ‘carrobomba’ en la Escuela de Cadetes General Santander, al sur de Bogotá (17 de enero). Después de este atentado, el 18 de enero, Iván Duque levantó la mesa de conversaciones, y reestablecio la orden de captura de los diez miembros negociadores del ELN que residen en Cuba, al tiempo que le solicitó su captura al gobierno cubano, en lo que ha sido un capitulo tenso para las relaciones internacionales de ambos países. La tensión internacional de la que ha sido protagonista este gobierno del presidente Iván Duque, obedece a la negativa del gobierno de ceñirse a los protocolos en caso de una ruptura de la mesa de negociación. Es preciso recordar que dichos protocolos son producto de la negociación de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos que iniciaron en 2017 en Quito, Ecuador y que fueron trasladados en mayo de 2018 a La Habana, Cuba. Los protocolos dictaminan que los países garantes y las partes contarían con 15 días desde la ruptura del diálogo, con el fin de crear un corredor que permita el retorno a Colombia de los diez negociadores del ELN. Frente a estos protocolos el discurso tanto de canciller Carlos Holmes Trujillo y de Miguel Ceballos, es que tras el atentado perpetrado por el ELN no se deben respetar dichos protocolos que el gobierno Duque dice no reconocer. Según estos portavoces del gobierno, Duque no ha incumplido ningún protocolo, debido a que el mandatario no firmo nada con el ELN y que ese era un compromiso de gobierno (Santos) y no del Estado colombiano. La incertidumbre aún invade la situación con el ELN, aunque la guerrilla busca abrir una puerta para un devenir con salidas negociadas, el gobierno de Iván Duque le apuesta a la mano dura y al plan ‘El que la hace la paga’. Luis Celis, ha reiterado que el gobierno tiene que actuar responsablemente y “no convocarnos a un baño de sangre”. Justamente, según la investigación adelantada por la Fundación Paz & Reconciliación en el informe ‘Cómo va la Paz: la reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz’, el ELN tiene presencia en 115 municipios en el país, una expansión en 19 municipios con respecto del año 2016. Este informe señala también que, en la región del Catatumbo, desde el año 2017, la disputa con Los Pelusos se intensificó y dio lugar a graves afectaciones humanitarias.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares. El presidente Iván Duque confirmó el fin de semana que fue dado de baja “Rodrigo Cadete”, uno de los icónicos y más temidos jefes de la ex guerrilla Farc , y quien fuera líder de uno de los frentes disidentes que no se acogieron al acuerdo de paz. Surge entonces la inquietud si estas estructuras se están fortaleciendo o debilitando en su afán por de expandirse a las zonas donde las Farc tenían injerencia militar, social y económica. Cadete, de 52 años de edad, con alrededor de 40 años en las filas guerrilleras hizo parte de al menos seis frentes en zonas del sur y oriente de Colombia, fue dado de baja el sábado tras una operación conjunta entre las fuerzas militares y la policía en el municipio de San Vicente del Caguán, zona históricamente controlada por esta guerrilla y donde actualmente operan tres frentes de las extintas Farc. La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en su más reciente informe de Cómo Va la Paz, señaló que estos grupos Postfarc tienen en sus filas unos 1.600 hombres en armas, de los cuales 830 habían desertado del pacto de paz entre las FARC y el gobierno, como lo hizo Edgar Mesías Salgado, más conocido por su alias “Rodrigo Cadete” a finales de 2017. Por su parte, el ministro de Defensa explicó que Cadete estaba “reagrupando a antiguos militantes de las de las Farc, para montar un nuevo movimiento”, que conllevó a que se adelantara con más rapidez el operativo. “Golpe Durísimo” En 2016, Cadete se acogió al proceso de paz y alcanzó a presenciar los diálogos en La Habana pero un año después decidió apartarse. Entonces se alió con las disidencias de alias “Gentil Duarte”, principal cabecilla de las disidencias Postfarc que opera en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas. De acuerdo al subdirector de la Fundación Pares, Ariel Ávila, Cadete fue designado por Gentil Duarte para la expansión territorial en esas regiones al sur de Colombia. Por lo tanto, la muerte del segundo al mando de esta estructura “es un golpe durísimo”, pues es considerada la disidencia más fuerte frente a las restantes que operan en 13 departamentos del territorio colombiano. Si bien esta operación no tiene efectos directos sobre el resto de disidencias, sí va a incidir en la disputa por el control del territorio y la administración de los cultivos ilícitos en estas zonas, según Ávila. En el caso del Putumayo es problemático pues hace parte de los tres territorios que concentran el 60% de sembradíos de coca en el país, motor del conflicto armado colombiano. Según información oficial, Cadete es responsable de homicidios selectivos en más de cinco departamentos y sus actividades militares también estaban acompañadas del financiamiento ilícito. ¿Qué viene para esa estructura? En Putumayo y Caquetá el acuerdo de paz ha traído beneficios pese a la continua presencia de actores armados. Actualmente se disputan el territorio el grupo de Gentil Duarte y otro grupo denominado la “Constru”, un reducto paramilitar de los Rastrojos. “La disidencia de Gentil Duarte tiene más fuerza frente a la ‘Constru’, definitivamente la desmovilización sí funcionó, la dejación de armas funcionó”, añadió Ávila, puesto que es complejo reemplazar a Cadete y ninguna estructura armada ha logrado tomar control total de las zonas. En ese sentido, lo que podría producirse es un fenómeno de bandolerismo. La muerte de Cadete representa la debilidad que tienen estos grupos Postfarc, catalogados por el gobierno como Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-r), al momento de la expansión territorial, puesto que, cada vez están siendo cercados por la inteligencia militar de las fuerzas armadas. Adicionalmente, esta disidencia se queda sin su líder para llevar a cabo la expansión, puesto que, este se debe conectar con las bases sociales en estos departamentos, tener alianzas, administrar las vías del narcotráfico y por ahora no se tiene conocimiento de quién podría ser el reemplazo de Cadete.

Por: Ariel Ávila Martínez. Subdirector Pares. Al menos hay dos cosas claras sobre el tema de victimización a líderes sociales. Por un lado, que todo lo que ha intentado hacer el Estado colombiano ha fracasado. Se debe reconocer que ha habido iniciativas positivas como el cuerpo élite en la Policía Nacional o los pilotos de protección comunitaria. Sin embargo, en el territorio el impacto es casi que nulo. Lo segundo, es que el año 2019 muestra una tendencia a empeorar, es decir, no solo la victimización seguirá sino, sobre todo, podrá aumentar en los meses que vienen, por tres razones: 1. se celebraran elecciones locales. 2. La justicia transicional avanzará en su búsqueda por la verdad y la restitución de tierra. 3. La guerra por las zonas que las Farc ocupaban continuara. Como lo he escrito en otras ocasiones, el 65% de los perfiles victimizados tienen tres características: 1. Son líderes reclamantes de tierra o verdad. 2. Son líderes que quieren participar en política y 3. Líderes comunales que apoyan procesos de sustitución de económicas ilegales o se oponen a mercados ilegales en sus territorios. En ese sentido, es claro que el gobierno debería, por lo menos, crear unos planes de emergencia para proteger estos perfiles de líderes sociales y garantizar una mayor eficiencia ante el surgimiento de riesgos en las comunidades. Hacer estas dos cosas supone, perfeccionar un sistema de alertas tempranas que permitan una rápida reacción ante un riesgo y, además, que las comunidades, ciudadanos y líderes sociales deben tener confianza en que, ante denuncias de riesgo, la información suministrada por ellos no se filtrará. Es decir, que debe existir una buena contra inteligencia para evitar casos de corrupción. En muchas zonas del país, como en el Urabá, más demora el ciudadano en una oficina institucional, que el criminal en enterarse que se interpuso una denuncia. Desafortunadamente, el gobierno no ha entendido esta situación. Siguen con la vieja lógica militarista que no soluciona la victimización a líderes sociales, además siguen negando la sistematicidad y lo único que se dedican a hacer es a anunciar medidas para luego retractarse de las mismas. El mejor ejemplo fue lo ocurrido con el General Barrero, quien considera que los líderes sociales son guerrilleros, no cree en la victimización, está involucrado en el escándalo de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales y aun así lo colocaron a dirigir el plan de protección a líderes sociales. En su cargo apenas duró unas horas, pues ante las críticas nacionales e internacionales el gobierno reversó la decisión. La falta de visión en el gobierno nacional es increíble. Una mezcla entre prejuicios políticos, ineptitud y falta de conocimiento del territorio es la mejor combinación para que no pase nada y todo siga tal cual como está: contando líderes sociales asesinados cada dos días.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. “Soñar también es resistir, otro vídeo es posible” dice una pancarta en el salón del Instituto Cerros del Sur en el barrio Potosí de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. En ese salón se dictan talleres de creación de una escuela de cine popular. Jeffrey Rodríguez de 22 años, por ratos, coordina las proyecciones en la cinemateca (Potocine) de su querido barrio Potosí. Él quien es el encargado de proyectar las películas, cuenta que se enganchó con el hábito de narrar camellando con los niños del barrio en los talleres de cine popular, —pese a que le han matado amigos en el trayecto—. Para Jeffrey, el salón es mas un “lugar en el cual se cocinan las ideas, los colores son maleables, los sueños son conversables y la vida parece ser algo más que una simple espera”. Jeffrey cuenta que ha visto todo el proceso de la Escuela y Festival Ojo al Sancocho, ese aprendizaje lo llevó a ganarse una beca para estudiar un tiempo en Sao Pablo. Estando allá en Brasil, Jeffrey pensó que “de nada sirve aprender si eso no se le entrega al barrio, además, yo nunca quise ser ese caso de que se ‘sí puede salir de Potosí’, sino de que se puede aprender más con el barrio”. Potosí es un barrio que limita entre lo urbano y rural hacia el suroeste de la capital. Este barrio fue fundado en los años 80 y se caracteriza por una vasta presencia histórica de víctimas de desplazamiento forzado, producto del conflicto armado de Colombia. La confluencia de regiones hace de Potosí un ´sancocho’, esta metáfora dio la idea del nombre del Festival de cine popular ‘Ojo al Sancocho’, según dice Jeffrey. Este festival no solo nació por la necesidad que la comunidad tenían de contar su historia, pero también por las ganas de ingresar a festivales de cine a nivel Distrital, en el usualmente quedaban rezagados por presupuesto y temas técnicos, señala Jeffrey. Potocine – la cinemateca de Potosí y primera sala de cine comunitario en Ciudad Bolívar – es una iniciativa comunal y popular, que cree en la alternativa social a partir de un espacio convocado por el séptimo arte. Es un espacio de congregación para que la ‘muchachada del barrio’, no solo pueda asistir a las proyecciones, sino también puedan crear nuevos relatos, esto último es lo más importante para Jeffrey. La Construcción de Potocine es una iniciativa de Arquitectura Expandida y La Escuela Audiovisual y Festival Ojo al Sancocho. Aunque este proyecto no sería nada sin la ayuda y complicidad de los habitantes, de los colectivos; ‘No le saque la piedra a la montaña’, ‘Potorap’, Monstruación’, ‘Golpe de Barrio’, ‘Esquizofrenia Crew’, Instituto Cerros del Sur, el Centro Cultural ‘Airu Bain’, la embajada de España en Colombia y The Design Museum Londres. En las calles del Potosí se encuentran pintadas en los postes las indicaciones del camino que uno debe seguir para llegar a la cinemateca. Esa misma sala que fue inaugurada el 9 de octubre de 2016, de la cual su proceso de construcción duró alrededor de 4 meses. La construcción se llevó a cabo en un predio que cedió el Instituto Cerros del Sur y los materiales se pensaron, según ‘Arquitectura Expandida’, con guadua para la estructura de la cinemateca y teja termoacústica conforme a la demanda de sonido de las proyecciones y talleres. Para el exterior, utilizaron policarbonato alveolar que, entre otras cosas, dejan a la vista los detalles en razón a visibilizar el proceso de autoconstrucción como forma de ‘posicionamiento político’, según la intención del proyecto arquitectónico. La producción de los sillones de la sala de cine, es una muestra que el proceso articuló a la comunidad, puesto que, varias mujeres del barrio cocieron los textiles de las “sillas playeras”. Esta idea se desarrolló a partir de la prolongación de la estructura de las cerchas que definen el graderío. Además de la realización de la sala de proyección, el proyecto dejó dispuesto unos espacios para la sala de talleres y la sala de producción audiovisual y de sonido. Un actor importante, indiscutiblemente, es el Instituto Cerros del Sur que se fundó en 1984 y que no es dependiente del Estado, señala Jeffrey, quien cuenta que este ha sido una apuesta organizativa desde el territorio y que se mantiene con la asamblea del concejo vecinal de Potosí. El proceso ha generado empoderamiento social, cultural, pedagógico, económico y educativo se ha podido sustentar a través de las narrativas del cine y los medios audiovisuales. Jeffrey recuerda que él comenzó este proceso con amigos que ya no están. Ese el caso de un amigo que llamaremos, Ramón, quien escribió un corto que se llama ‘Antes de las diez de la Noche. El corto trata de la mal llamada ‘limpieza social’ que azota al barrio y a la localidad de Ciudad Bolívar. Según el informe ‘Limpieza Social: una violencia mal nombrada’ del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en la localidad de Ciudad Bolívar el exterminio social —así tipifica el informe la denominada ‘limpieza social’— los jóvenes son las mayores victimas de esa violencia. Además, Ciudad Bolívar es la localidad que más registra este tipo de asesinatos y el actor que más perpetra esta violencia son los ‘grupos de limpieza ´y el paramilitarismo; tanto en la localidad como en Bogotá. Jeffrey dice que recuerda las cambiantes épocas en la que los días no podían durar más de las diez de la noche, esas noches en las que “solo se escuchaban, hasta el cansancio, a los perros ladrar”. Pero ahora su mente está dispuesta en crear con los niños y aprender y, que mientras algunos guiñen el ojo para matar, ellos estarán guiñando para grabar… para soñar y para crear.

Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares En 2019 el caso Santrich ha cambiado de rumbo, debido a la inconsistencia en la existencia de las pruebas en su contra. El pasado lunes 28 de enero, se vencieron los 40 días de plazo que la justicia estadounidense tenía para presentar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las pruebas que sindican a Seuxis Paucias Hernández Solarte por conspiración para traficar drogas. Sin embargo, en la mañana del jueves 31 de enero, Gloria María Borrero —Ministra de Justicia— afirmó que la carta con pedido de pruebas del Caso Santrich a la justica de Estados Unidos, que fue enviada el pasado 10 de diciembre, nunca le llegó a la justicia de los Estados Unidos. Borrero, señaló que el envío se hizo a través del Servicio de Envíos de Colombia ‘4-72’. En el comunicado del 28 de enero, la JEP sostiene que al no recibir información “se procederá a continuar con el trámite de garantía de no extradición y se adoptará la decisión que corresponda con base en los medios obrantes en el proceso”. Casi diez meses después, el caso sigue sin definirse. Aún no se tiene una respuesta oficial de la justica estadounidense sobre la solicitud de la JEP que hizo el pasado 23 de octubre —por medio del auto 059— por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia. Llama la atención que la ministra Borrero tuvo 40 días para pedir la trazabilidad de la carta rogatoria, sin embargo, al consultar recientemente sobre el trámite, la respuesta de la directora de encargada del servicio de envió 4-72, le notificó que la carta aún estaba en Panamá. La carta sí fue enviada el 10 de diciembre, tal como se evidencia en el documento y de la cual el gobierno nacional no ha aclarado porque se encuentra en Panamá. Justamente, la misiva estaba dirigida al director de la oficina de asuntos internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos —Vaughn A. Ary— por parte de directora de asuntos internacionales del Ministerio de Justicia de Colombia, Natalia Muñoz Labajos. Cabe recordar que ya son 297 días desde ese 9 de abril de 2018, en el que, por orden de una corte de Estados Unidos, Jesús Santrich, fue detenido al ser acusado de narcotráfico o conspiración para cometer narcotráfico. En ese momento, el Fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró tener material probatorio e irrefutable contra el exguerrillero. Una atmósfera enrarecida ha caracterizado el Caso Santrich, ahora con este capítulo que se abre con la ‘carta perdida’ queda en entre dicho un proceso que ya estaba en va en los alegatos que deben dar la Procuraduría, Santrich y su abogado. ¿Qué viene para Santrich? Redacción Pares habló con los abogados defensores de Seuxis Paucias Hernández Solarte, quienes explicaron el proceso que ha significado el Caso Santrich Para Gustavo Gallardo —abogado defensor de Santrich por el caso que de narcotráfico o conspiración para cometer narcotráfico— el anuncio de la JEP “cierra la etapa probatoria, encontrando que no existe una prueba de cargo que sindique que, a mi defendido como actor, coautor o participe de alguna conducta que le sindicaba la justicia de los Estados Unidos”. Así las cosas, para Gallardo, “la JEP está notificando un auto, mediante el cual, corre el traslado común para las partes, por cinco días comunes”. Es decir, a partir del 28 de enero empezaron a contarse cinco días hábiles para el alegato de las partes; por un lado, la Procuraduría General de la Nación y por el otro, Santrich y su defensa. Según Gustavo Gallardo, este periodo está dispuesto para que se radiquen los argumentos de conclusión que, en el caso de la defensa, apuntan la garantía de no extradición que lleva la Sección de Revisión. Gallardo se muestra positivo sobre el caso de su defendido: “Tenemos la confianza que la JEP va a actuar en derecho y en razón a que no tienen ninguna prueba (…) Por ende, quedaría sin piso la orden de captura con fines de extradición, lo conllevaría a la libertad inmediata de Jesús Santrich.” Por su parte, Arilio Uribe —abogado defensor por el caso de pérdida de investidura en el Congreso— la defensa de este caso “no solamente es por el derecho de participación política de Santrich, sino por la defensa de los Acuerdos de Paz en su núcleo básico. En otras palabras, la concepción sobre la posibilidad de dejar las armas para hacer política desde las palabras”. Uribe, se refirió al comunicado que expidió la JEP y afirmó que “la JEP tenía 120 días, desde la captura de Santrich, para pronunciarse en una calificación previa para mirar si procede o no con la extradición”. Uribe se basa en lo pactado en el Acuerdo de Paz y lo que está previsto en el Acto Legislativo — art 19 transitorio de la constitución— como una cláusula de no extradición. Además, el abogado señala que “según la Constitución y el procedimiento penal, nadie puede estar detenido más de 36 horas sin que un juez califique la detención. Sin embargo, Santrich lleva casi 10 mese detenido.” Por otra parte, Uribe explicó que Santrich no tiene en Colombia ni una investigación ni proceso penal y que la captura que tiene el exguerrillero es de orden administrativa. Es decir, según él abogado, esto ha permitido que “no exista control judicial y por esta razón, no procedieron los Habeas Corpus, ni las tutelas “ Asimismo, Uribe, explicó que con el acto legislativo que generó el Acuerdo de Paz, hubo una modificación al procedimiento de extradición, que indica que, “si no se dan las condiciones para que se autorice la extradición, no puede efectuarse y en ese caso, se tiene que producir la libertad”. Para este abogado, la JEP con el comunicado del 28 de enero está “ambientando la decisión que van a tomar”. El caso Santrich, un punto de inflexión Jesús Santrich en libertad y asumiendo la curul como Representante a la Cámara por el partido Fuerza Revolucionaria del Común (FARC), significaría —en palabras de Gustavo Gallardo— “un panorama mucho más positivo para la paz, sumado a un nuevo ambiente político y un escenario para retomar la confianza de los reincorporados en el marco del proceso de paz y en la implementación de los acuerdos”. Por otro lado, Alirio Uribe señaló que “se le mintió al país para sabotear el proceso, no es un secreto para nadie, que Iván Márquez, y otros comandantes de las FARC, están escondidos esperando si van a respetar o no la cláusula de no extradición”. Uribe, finalizó diciendo que diciendo que “Lo que se hizo con este caso fue descabezar las listas al Congreso; en Cámara sacar del juego a Santrich y en senado a Iván Márquez” (…) “para mí no fue accidental sacar a ellos dos quienes, precisamente habían estado en la construcción de los Acuerdos de Paz y hubiesen podido trabajar en la defensa de la implementación de los mismos”.

Por: Redacción Pares A las 7:27 p.m. del 30 de enero, en la página de aspirantes a ocupar cargos públicos de la Presidencia, apareció la hoja de vida de un nuevo opcionado para dirigir el Centro Nacional de Memoria Histórica: Rubén Darío Acevedo Carmona. Acevedo, profesor emérito de la Universidad Nacional e historiador, ha llegado a afirmar que la Comisión de la Verdad “es fruto del interés político de las guerrillas por imponer una explicación justificadora de sus aventuras y crímenes en ropaje académico”. Su postulación no es un riesgo menor. El historiador sigue el mismo camino que Álvaro Uribe: negar que en Colombia lo que se vivió fue un conflicto entre el Estado y las guerrillas y el de satanizar a los movimientos de izquierda. Posición extraña, como menos, teniendo en cuenta que, en los años 70, su nombre resonaba en los movimientos de izquierda y era sabida su cercanía con el Partido Comunista Colombiano Marxista Leninista (PCC-ML), semilla de la guerrilla del EPL. Sobre la conformación de la Comisión de la Verdad Acevedo también afirmó que “le abrió campo a uno de los sueños más preciados de las guerrillas comunistas: imponer su verdad definitiva del “conflicto armado””. Si estas posiciones resultan preocupantes, el hecho de que haya afirmado que “si lo que el país quiere es estudios académicos sobre la violencia política y el “conflicto armado” lo correcto, lo adecuado y lo pertinente es que se cree una línea macro de investigación dirigida por Colciencias”, resulta peligroso. Esta idea pone de manifiesto su creencia de que ni el trabajo de la CEV ni del CNMH es válido en términos académicos e históricos. Acevedo, además, no considera que en Colombia el Estado haya impulsado una política de violación de derechos Humanos, ¿y los mal llamados ‘falsos positivos’? Sobre los Acuerdos de Paz, a los que Acevedo llama de “Santos-FARC”, ha propuesto modificarlos a través de un Acto Legislativo, de una asamblea constituyente o de un referendo revocatorio, pues considera que, de no hacerlo, se estarían “validando nuevos levantamientos armados”. Darío Acevedo se suma la lista de personas, todas con marcada tendencia uribista y negacionistas de los crímenes de Estado, que Iván Duque ha pretendido poner a cargo de la entidad. Primero fue Mario Pacheco, pero, ante la polémica, terminó siendo reemplazado en la aspiración por Fernando Vargas Quemba, quien tampoco logró quedarse con el cargo. El último de los intentos del presidente fue nombrar como director del CNMH a Vicente Torrijos, pero solo duró un día en el cargo luego de que La Silla Vacía revelara que su hoja de vida mostraba un doctorado que no tenía. En sus columnas de El Espectador, Darío Acevedo también se ha despachado contra la Jurisdicción Especial para la Paz, los Acuerdos de Paz, el movimiento estudiantil y toda movilización social y política que no lleve la marca del uribismo. Incluso, ha escrito sobre el papel que jugó la sociedad en el hecho de que ni Pacheco ni Quemba ni Torrijos hubiesen sido nombrados en el CNMH, afirmando que lo que se tiene es un “veto” contra personas que piensen distinto al exdirector de la entidad, Gónzalo Sánchez, a quien le cuestiona su trabajo académico.

Por: Daniela Vargas Ramírez, Línea Conflictos Asociados al Desarrollo Drawdown: The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming es un libro que investiga y presenta una compilación de las 100 soluciones más efectivas para combatir el calentamiento global. En el libro se hace una descripción de cómo funciona cada solución planteada; se describen sus impactos, sus costos y sus reducciones en carbono. Su propósito es plantear posibilidades para reversar la acumulación atmosférica de carbono en un lapso de 30 años. La lista de soluciones incluye opciones variadas que tiene sentido tomarlas, incluso al margen de su aporte contra el cambio climático. Estas traen beneficios como nuevos trabajos, la reconstrucción de ecosistemas, mejorías en seguridad, generar resiliencia y avances en la salud humana. Estas son producto de la sabiduría de individuos, comunidades, agricultores, ciudades, compañías y gobiernos que se han preocupado por los espacios y las personas en el planeta. 80 de las propuestas ya han sido revisadas, analizadas y puestas en marcha en distintas partes del mundo. 20 son apenas planteamientos que están en proceso de evaluación. En el libro se modelan las primeras 80 soluciones y se expone la información relacionada con costos, beneficios e impactos climáticos. En cada caso, se recurrió a fuentes altamente citadas que permitieran dar aproximaciones sobre su crecimiento e impactos, y así modelar la solución. El modelo consta de pequeñas modificaciones (estimaciones de cambio en los próximos 30 años) a un caso donde se esté poniendo en marcha la solución presentada. La lista de soluciones se divide por sectores de la siguiente manera: producción de electricidad, alimentos, mujeres y niñas, edificios y ciudades, uso del territorio, transporte materiales y atracciones por venir. Las soluciones asociadas a cada sector plantean innovaciones generar impactos positivos en el medio ambiente y la vida. A continuación, se explorarán algunas de las soluciones ya puestas en práctica. Manejo adecuado de refrigerantes: Los químicos utilizados en refrigeradores y aires acondicionados para regular la temperatura (HFC) tienen la capacidad de calentar la atmosfera entre 1,000 y 9,000 veces más que el dióxido de carbono (CO2). En el 2016, tras la reunión en Kigali, Ruanda, se propuso remplazar paulatinamente estos químicos por refrigerantes naturales como el propano y el amonio. Estos refrigerantes ya están en el mercado y su instauración tiene un costo aproximado de $903 billones de dólares americanos. Este cambio implicaría una reducción 89.74 gigatones de CO2 en la atmósfera y representa un ahorro de $902.77 billones de dólares americanos. Dieta rica en plantas: Hacer la transición a este estilo de dieta va en contra de la dieta carnívora del occidente que cada vez se expande más al resto del mundo. Sin embargo, el cambio dietario trae consigo una reducción significativa en las emisiones de gases de efecto invernadero: hasta un 70% menos si se adopta una dieta vegana y hasta un 60% menos si la dieta es vegetariana,que incluye leche, queso y huevos. Aproximadamente, se tendría un ahorro anual de $1 trillón de dólares americanos en salud pública y en producción. Educación para niñas: La educación es una herramienta fundamental para mejorar la vida de las niñas, sus familias y sus comunidades. También permite una curvatura en el crecimiento poblacional, pues al tener un nivel más alto de educación, hay menos probabilidades de embarazo no deseado, ellas tienen menos hijos y más saludables. Adicionalmente, se reduce la tasa de mortalidad en embarazadas y en bebés recién nacidos. La mayor educación permite que estas mujeres reciban salarios más altos y contribuyan al crecimiento económico. Se calcula que se obtendría una reducción en CO2 de 51.48 gigatones en el 2050. Agricultura regenerativa: Estudios en relación a la productividad de la tierra señalan que el mundo no puede ser alimentado a menos que la tierra no haya sido alimentada. Esto se refiere a que la tierra debe recibir ciertos nutrientes para ser productiva. La agricultura regenerativa permite la restauración de carbón en la tierra. Permitir a microbios vitales crecer hace que las raíces lleguen más profundo, mejora la toma de nutrientes y la retención de agua, las plantas son más resistentes a las pestes y la fertilidad de la tierra se compone. Se evidenciaría una reducción de CO2 de 23.15 gigatones. La operación tiene un costo de $57.22 billones, y la representa un ahorro de $1.93 trillones de dólares americanos. Energía geotérmica: La tierra tiene reservas subterráneas de agua caliente y vaporosa. Esta energía es hasta 100 mil millones de veces más de la que se consume en la tierra. Por medio de tubos, el calor subterráneo es llevado a la superficie para impulsar turbinas productoras de electricidad. Se estima que la energía geotérmica llegue a producir el 4.9% de la electricidad mundial en el 2050. También, habrá una reducción de 16.6 gigatones de CO2, cuesta $155.48 billones, y se ahorra $1.02 trillones de dólares americanos. Estufas de cocción limpias: Alrededor de 3 billones de personas en el mundo preparan sus alimentos en cocinas que funcionan con madera, carbón, estiércol animal, residuos de cultivos, y otros combustibles. Ya existen estufas con tecnología mejorada que pueden llegar a reducir hasta un 95% de la emisión de gases de efecto invernadero. Su implementación tiene un costo de $72.16 billones y un ahorro de $166.28 billones de dólares americanos. Bosques de bambú: Siendo una planta que los seres humanos hemos usado para tantas cosas –desde la construcción hasta el papel-, el bambú también puede ser usado contra el calentamiento global. Esta planta aísla rápidamente el carbono del suelo y la biomasa retirándolo del aire. El bambú puede sobrevivir hasta en áreas bastante degradadas. Se calcula una reducción de 7.22 gigatones de CO2. Plantar todo ese bambú tiene un costo de $23.79 billones, pero significa un ahorro de $264.8 billones de dólares americanos. De las soluciones que, por ahora, solo son ideas, se destacan: Hojas artificiales: Una réplica al proceso de fotosíntesis donde, con CO2, agua y energía solar, se alimenta una bacteria para así crear combustible de alta energía energética. Edificaciones de madera: Materiales enmadera de alta tecnología debería ser usada en construcciones para así aislar y almacenar el carbono y reducir las emisiones del cemento y el acero. Caminar las vacas en la playa: La digestión de ciertos animales rumiantes es fuente de altas producciones de metano, que calienta la atmosfera 34 veces más que el CO2. A través de la experiencia de agricultores en Queensland, Australia, se comprobó que cuando las vacas se alimentan de algas marinas, el metano que producen es menor.

Por: José Roberto Acosta, aliado PARES La supuesta venta de Medimás EPS es un nuevo capítulo de una complicada novela protagonizada por empresas privadas y que va desde Saludcoop a Cafesalud, a quienes el gobierno de turno les ha escrito un libreto con leyes, decretos y resoluciones para que se aprovechen de billonarios recursos del sistema público de salud. El gobierno intervino a Saludcoop EPS en el año 2011, recibiendola con pérdidas por $320.000 millones y la entregó a Cafesalud EPS con pérdidas por más de $2 billones. En las dos entidades nombró a Guillermo Grosso como interventor. Hoy, Grosso está preso por por petición de la Fiscalía General de la Nación y es acusado por la Contraloría General de la Nación de irregularidades fiscales por un monto de $ 269.808 millones y ordenó indagación preliminar por $720.000 millones adicionales. Después del saqueo en manos del Gobierno de estas dos EPS, se decidió vender los cinco millones de usuarios de Saludcoop-Cafesalud a Medimás por un valor de $1,2 billones en junio del año 2017, a pesar de que sus socios nunca certificaron experiencia en actividades de aseguramiento en salud ni tampoco garantizaron el debido pago del precio acordado. A la fecha, Medimás no ha pagado las cuotas desde julio del año 2018 y adeuda a Saludcoop-Cafesalud $123.260 millones, siendo causal suficiente para que se solicite echar para atrás la venta ante un Tribunal de Arbitramento, pero no se actúa en una actitud cómplice con un incumplimiento abiertamente perjudicial en lo económico y con los usuarios de Medimás. La presidenta de las Junta Directiva de Cafesalud es la Sra. Lia Heenan, socia del cuestionado Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en la trama de corrupción relacionada con los ‘bonos agua’ y que perjudicaron las finanzas de 117 municipios. Ahora, el gobierno ha propuesto hacer el pago de las deudas en el sistema de salud a clínicas y hospitales que bordean los $8 billones de pesos, pero sin aclararle a los ciudadanos sobre los casos de corrupción que abarca también a otras EPS como Coomeva y Cruz Blanca. Ante los incumplimientos de Medimás con su contraparte en el negocio, con sus usuarios que siguen en un inaceptable maltrato por el pésimo servicio que atenta contra sus vidas y con sus empleados, médicos, enfermeros y personal administrativo, pareciera que trata de escaparse mediante una venta a un inversionista extranjero, el cual solo se reconoce por su experiencia en temas de software pero poco o nada en temas de aseguramiento de salud. En esta maniobra de vender a Medimás a un extranjero, se tendría un nuevo comprador de “buena fe” contra el cual las reclamaciones se tendrían que plantear en la jurisdicción norteamericana, en donde la preferencia no será la protección del derecho fundamental a la salud, la moralidad administrativa o la protección de los recursos públicos y de los derechos de empleados y proveedores de Medimás EPS, sino los intereses mercantilistas del nuevo inversionista. Los últimos estados financieros de Medimás EPS reportan activos totales por $1,95 billones, deudas por $2,2 billones y pérdidas acumuladas por $716.147 millones. Cifras que configuran causal de liquidación y ha justificado su sometimiento al control de la Superintendencia de Sociedades desde octubre del año 2018 por la “clara existencia de una situación crítica de orden contable, financiero, administrativo y jurídico que pone en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones”, mientras que la Superintendencia de Salud y el anterior Ministro de Salud guardaron silencio y fueron cómplices de este saqueo a los dineros públicos, tal y como lo han documentado detallados informes de la Contraloría y Procuraduría General de la Nación. Tan errática novela ha venido siendo ventilada en un complejo debate jurídico ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desde junio del año 2017, donde cursa una Acción Popular que contra la venta de activos de Cafesalud a Medimás entablamos junto con el Senador Jorge Robledo, y en el que ha logrado vincular a los asesores privados como Posee Herrera Abogados, Lazard Banca de Inversión y Price Waterhouse Cooper. El pasado 23 de enero, la Magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno ordenó parar la venta de Medimas hasta que se falle de fondo este proceso de Acción Popular. En su desespero, algunos trabajadores de Medimás consideraron que haber parado la venta a un extranjero frustró la esperanza de que les pagaran sus sueldos atrasados desde el pasado mes de noviembre, pero esa promesa es solo un engaño más de Medimás EPS, pues de lo poco que se conoce de los términos de tan sospechoso negocio, no se deja en claro la inyección de recursos nuevos y en efectivo y, tal vez, se repita la historia de Saludcoop que aún debe billones a empleados y proveedores. A pesar de la presión ciudadana, de los usuarios, de la Contraloría, de la Procuraduría y de la Superintendencia de Sociedades, hasta la fecha, la acción del actual Ministerio de Salud y Superintendencia de Salud se parece bastante al actuar complaciente del anterior gobierno, permitiendo que Medimás siga disponiendo de $330.000 millones mensuales de recursos públicos de la salud como se le dé la gana.